La negligencia del Gobierno socialista afianza la voluntad de MC-CT de impulsar un sistema de autogestión de las sillas de Semana Santa

CARTAGENA.- El secretario general de MC-Cartagena, José López, acompañado del presidente y la vicepresidente de la formación cartagenerista, Jesús Giménez e Isabel García, han mantenido una reunión de trabajo con el presidente y el secretario de la Asociación de Hosteleros de Cartagena y Comarca (Hostecar), Juan José López, y Rafael Candel, respectivamente.

El tema central de la cita ha sido la necesidad de alcanzar una solución negociada entre los hosteleros y los responsables de las cofradías para que "el Ayuntamiento permita una gestión directa y óptima de las sillas de Semana Santa". 

Con esta conclusión, Isabel García se ha referido al contenido de la reunión y a la medida que pretende "aislar este servicio de las demostradas improvisaciones e incapacidades políticas a las que hemos asistido los últimos días, además de redundar en una mejora de la imagen de nuestros cortejos y una mejor asistencia a los usuarios, con iniciativas como la venta anticipada y electrónica", ha argumentado.

García ha contextualizado la situación al añadir que la propuesta fue encauzada durante la Alcaldía de José López, y de manera más concreta tras la finalización de la Semana Santa de 2017, cuando venció el último contrato. 

En esas fechas, el primer edil, representantes de las cuatro cofradías, empresas especializadas y economistas, abordaron los beneficios de la autogestión, lo que redundaría en una maximización de los ingresos y la optimización del servicio.

MC Cartagena ha recogido las impresiones de la asociación, manifestando su voluntad de estudiar las fórmulas para buscar un consenso mayoritario a través de su debate en el Pleno municipal. 

De cristalizar esta opción, la formación cartagenerista entiende que se garantizaría "la profesionalidad empresarial que aporta Hostecar, mejorando el rendimiento económico del servicio en beneficio de las cofradías cartageneras", ha argumentado la edil de MC.

"Lo vivido durante Semana Santa ha sido la muestra definitiva de la improvisación generalizada del gobierno socialista, producto de una incapacidad que nos sale muy cara", ha lamentado Isabel García, quien ha censurado "la nula inversión en promoción turística en contraposición al incremento de los gastos en publicidad para Alcaldía. Es decir, el dinero de los cartageneros para multiplicar las fotos de Castejón, restando la proyección exterior del municipio".

En relación al proceso de licitación de las sillas de Semana Santa, García ha recordado lo tardío de una gestión "que es otro daño colateral de la situación de caos a la que Castejón llevó al Ayuntamiento tras el incumplimiento del pacto de Gobierno". 

"Una licitación que nació viciada, a la que solo se presentó una empresa y que, a dos días de comenzar la Semana Santa, se encontraba sin adjudicar", ha continuado.

La delirante situación fue solventada "con una negociación in extremis, plegándose a los intereses de una mercantil, con bajada de canon incluida, que se traducirá en un perjuicio económico para la Junta de Cofradías. También se perjudica a los hosteleros, al permitir instalar una fila enfrente de sus terrazas. Es decir, daños para todos".

La vicepresidente de MC ha enumerado lo acontecido a causa del efecto 'caostejón' en Semana Santa, "no permitiendo comprar por adelantado; proyectando una imagen nefasta de organización y limitando la promoción a la propia alcaldesa y a su record del mundo de dar salida a los tronos. Por ver algo positivo de todo esto, al menos a ella, igual que a Noelia Arroyo, les ha nacido un espontáneo amor por nuestra Semana Santa que acogemos con alegría".

Para finalizar, Isabel García ha añadido que el Ejecutivo socialista ya ha adelantado que "compensarán a las cofradías. Por ello, preguntaremos en el Pleno de dónde van a sacar el dinero y qué calle dejarán de asfaltar. También, de qué forma tienen pensado desagraviar a los hosteleros y las pérdidas que les han causado. Que no se preocupen, les daremos la solución".

En otro orden de cosas, MC y Hostecar han abordado otras cuestiones que abundan en la espontaneidad socialista, como la inacción en la festividad de las Cruces de Mayo, la no renovación de las licencias de los chiringuitos, adentrados ya en el mes de abril, y la inquietud en relación a la ordenanza de ruidos.

El PSOE exige la puesta en funcionamiento de la unidad de resonancia magnética en el hospital 'Rafael Méndez', Lorca

LORCA.- La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar ha exigido la puesta en funcionamiento de la unidad de resonancia magnética en el Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca. Desde hace mes y medio, este aparato se encuentra "embalado y almacenado" en el sótano del hospital lorquino, sin que se pueda poner en marcha, debido a la falta de personal sanitario especializado.

La edil socialista asegura no entender por qué la Comunidad Autónoma no ha hecho sus deberes, y no ha procedido a contratar el personal sanitario que requiere la puesta en marcha de este servicio, así como las necesarias obras de acondicionamiento.

Desde julio de 2017, fecha en la que se firmó el convenio por el que la Fundación Amancio Ortega se comprometía a donar la unidad de Resonancia Magnética al hospital Rafael Méndez, se esperaba la llegada de este aparato, por lo que insiste en que es "incomprensible" que hayan dado lugar a que el aparato haya llegado y no se pueda poner en marcha por la falta de personal.

La edil socialista ha pedido al alcalde Gíl Jódar que aunque sea por una vez, sea "exigente" ante sus compañeros del Gobierno regional para advertir la necesidad de contratar el personal necesario adscrito a esta unidad y de exigir la puesta en marcha "inmediata" de esta prueba diagnóstica "indispensable", de la que carece el hospital lorquino desde su apertura en 1989. 

Lamenta que Gil Jódar aún siga sin despertar y sin aterrizar en la Alcaldía para interesarse por los verdaderos problemas para los lorquinos, como éste.

Sánchez Jódar advierte que la dejadez y el hecho de que tanto el alcalde como el Gobierno regional estén puestos en otras cosas que desde luego, no es la mejora de la sanidad pública, es lo que está retrasando la puesta en marcha de esta prestación.

Mientras se atrasa la puesta en marcha de esta unidad, son decenas las personas que, a diario, son derivadas a hospitales fuera del municipio, obligados a realizar un "largo y costoso" peregrinaje por toda la Región de Murcia para la realización de una simple resonancia magnética.

"El SMS reconoce implícitamente el mal funcionamiento del sistema de citación del hospital Rafael Méndez" (PSOE)

LORCA.- La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar ha celebrado el paso "positivo" que el Servicio Murciano de Salud (SMS)  ha avanzado con la aprobación de una resolución dirigida hacia la mejora en la calidad asistencial a los pacientes entre atención primaria y atención hospitalaria, y con ello, hacia la necesidad de agilizar los tiempos de espera "ilegales e inmorales" que soportan los pacientes de la sanidad pública en la Región, especialmente graves en el área III.

Esta resolución viene a reconocer, de manera implícita, la necesidad de cambiar el modelo de citación "propio del área III" responsable del bloqueo de agendas médicas, sobre lo que ha venido reclamando el PSOE de manera incesante durante los últimos años.

Sánchez Jódar insiste en que, junto a la falta de personal sanitario, el actual modelo de citación es el responsable de que miles de personas se encuentren en un "limbo", esperando "sin cita" para primera consulta de especialidades. 

Recuerda que el 40% de los más de 22.000 pacientes de toda la Región de Murcia sin cita para primera consulta se encuentren en el área III de salud, es decir, repartidos entre Lorca y el resto de municipios de esta área.

Entre otras medidas, el director gerente del SMS dicta en su resolución que, a partir de la misma, a cada paciente se le asignará una hora en la que va a ser atendido, evitando así citar a todos los pacientes a la misma hora. 

Además, como novedad, se establece por Ley que las citas para primera consulta con especialista deberán darse en los respectivos Centros de Salud de atención primaria, evitando así "buzones, dietarios y citas diferidas", y desplazamientos a la zona de admisión de consulta del hospital Rafael Méndez en un "continuo trasiego de idas y venidas, en busca de agendas abiertas, donde la única respuesta es deje usted su volante aquí, que ya le llamaremos".

Pese al avance, y a lo "positivo" de esta publicación, Sánchez Jódar duda que la actual gerencia del área III vaya a hacer caso de esta resolución del gerente del Servicio Murciano de Salud. La edil asegura tener constancia de que la gerencia del área III tiene en su haber, desde hace mes y medio, esta resolución sin que, hasta la fecha, hayan adoptado medidas extraordinarias encaminadas a la solución de los tiempos de espera y, por ende, a la mejora de la calidad asistencial.

Por ello, desde el PSOE vuelven a pedir a Gil Jódar que "saque la voz del cuerpo" y "exija a la gerencia del área III el cumplimiento inmediato de la presente resolución del director gerente del Servicio Murciano de Salud", por la que se aprueba las instrucciones para la mejora de la continuidad asistencial a los pacientes entre atención primaria y atención hospitalaria.

¿En qué CCAA se paga más y en cuáles menos a la hora de hacer la Declaración de la Renta?

MADRID.- La declaración de la Renta es el deber de los contribuyentes de ajustar cuentas con la Agencia Tributaria por los rendimientos obtenidos a lo largo de un año fiscal. No obstante, cada ciudadano pagará más o menos en función de la parte de la geografía española en la que esté empadronado. El mapa fiscal español es muy dispar y existe una importante brecha entre comunidades autónomas, que ha hecho que muchos ciudadanos lleguen incluso a modificar sus domicilios fiscales, según El Mundo. 

Así, los contribuyentes catalanes con rentas bajas y medias son los que mayor esfuerzo fiscal tendrán que hacer a nivel nacional para afrontar la presentación del IRPF. Tanto es así que un ciudadano tipo, es decir, menor de 65 años, soltero, sin discapacidad y sin hijos, con una renta común de 16.000 euros anuales tendrá que abonar a Hacienda 1.611,7 euros, una cifra por encima de la media española en este tramo salarial.
De este modo, Cataluña vuelve a coronarse esta campaña como la autonomía con mayor presión fiscal en los ingresos brutos anuales de hasta 30.000 euros, un dato motivado por ser la única comunidad que no ha modificado su normativa impositiva tras la reforma fiscal aprobada por el Gobierno en 2015.  

En la otra cara de la moneda, la comunidad en la que el esfuerzo fiscal es menos acusado en todos los tramos de renta es Madrid, donde por un bruto anual de 16.000 euros habría que abonar 1.434 euros, un 12,3% menos que en Cataluña.
Para salarios medios, Cataluña y Madrid ocupan, de nuevo, los polos opuestos de la lista en tributación al IRPF. Así, un contribuyente catalán con una renta de 30.000 euros pagará a Hacienda 5.102 euros frente a los 4.829 euros que abonará el madrileño.
En los tramos de renta media y alta, Extremadura se consolida como la región donde mayor presión fiscal se ejerce sobre los usuarios por sus rendimientos, con 9.822 euros para ganancias de 45.000 euros y de 19.931 euros para rentas de 70.000 euros anuales, frente a los 9.306 y 18.975 euros de la capital española, respectivamente.

Por otra parte, la región en la que más se castiga las rentas altas es la Comunidad Valenciana, donde se impone el IRPF más elevado de toda España para este tipo de rendimientos. Así, por una renta anual de 90.000 euros, el contribuyente en cuestión deberá abonar al fisco un total de 29.163,2 euros, 1.487,8 euros de diferencia respecto a Madrid.
Después de Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana, las autonomías en las que el pago de IRPF supera la media nacional para la mayoría de los tramos de renta anual son Aragón, Murcia y Andalucía, respectivamente. 

Por su parte, los contribuyentes que más ahorrarán en la declaración de este año son los empadronados, (además de Madrid), en Castilla-La Mancha y Castilla y León, seguidos po Canarias, La Rioja y Cantabria, donde la presión fiscal es más acusada en los tramos de rentas medias y altas.
El ecuador de la lista lo ocupan Galicia, Asturias y Baleares. El contribuyente gallego deberá abonar más impuestos que la media española por su renta en caso de situarse entre los tramos de 32.000 y 100.000 euros brutos anuales, una acción fiscal totalmente inversa al caso asturiano y balear, en los que se tributa menos en rendimientos medios y más en los extremos, es decir, en rentas bajas y altas.
Como novedades a este escenario fiscal, 2018 se presenta con rebajas selectivas al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas en Madrid, Cantabria, Baleares, Murcia, Galicia, Canarias y Castilla y León, cuyas bonificaciones en el tributo incluirán guiños a la condición de familia numerosa o nacimiento de hijos. 

Además, en La Rioja y Extremadura se recogerán las mayores deducciones, con bajadas de tipo impositivo. Fuera de estas rebajas fiscales se quedan Cataluña, Aragón y Asturias que no prevén cambios en el impuesto.

Más renovables e impuesto al CO2, claves en la nueva planificación energética

MADRID.- El comité de sabios creado por el Gobierno para asesorar la estrategia española de energía en la próxima década ya ha puesto sobre la mesa las claves para cumplir los objetivos climáticos: apuesta decidida por las renovables y un nuevo impuesto al CO2, que sustituiría los sobrecostes en el recibo de la luz.

El documento, al que ha tenido acceso EFE-Verde, es fruto de ocho meses de trabajos de 14 expertos designados por el Gobierno a mandato del Parlamento, que lo han aprobado con 11 votos a favor (de los 3 representantes del Gobierno y los de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, CEOE y UGT) y 3 abstenciones de los nombrados por ERC, Podemos y CCOO.

En el texto, de cerca de 500 páginas que se presenta mañana al Ministro de Energía, el grupo de sabios plantea al Ejecutivo los escenarios viables para que España cumpla sus compromisos climáticos a 2030: reducción de emisiones del 26% respecto a 2005 en sectores no industriales, un 27% de energía final consumida de fuentes renovables y un 30% de ahorro energético.

Reforma fiscal

Los expertos consideran que para alcanzar ese objetivo es necesaria una reforma de la fiscalidad energética, sustituyendo los impuestos actuales por otros que interioricen los costes ambientales, y cuya recaudación financie sobrecostes que actualmente soporta el consumidor.

De este modo, plantean crear un impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas (PM) y los óxidos de azufre (SOx).

Precio al CO2

El precio del CO2 debe fijarlo el Gobierno, aunque los expertos recomiendan valores entre los 15 y 30 euros por tonelada emitida, de los cuales la industria ya sometida al comercio europeo de derechos de emisión sólo pagaría la diferencia para llegar a la cifra fijada en España respecto a Europa (donde actualmente se paga 12 euros por tonelada), al igual que ocurre en Reino Unido.

Asimismo proponen eliminar del recibo de la luz todos los sobrecostes incluidos en los peajes actuales (deuda acumulada por el déficit de tarifa o las antiguas primas a las renovables), y la supresión de dos impuestos, el de la generación eléctrica (7%) y el de la electricidad finalista (en torno a un 4,5%).

Esos sobrecostes se pagarían vía Presupuestos Generales, con los ingresos recaudados por los nuevos impuestos ambientales.

Fin del Impuesto al Sol, el futuro es solar

La reordenación fiscal y de los peajes beneficiará el autoconsumo porque se suprime el llamado impuesto al sol y en la mayoría de los escenarios abarataría la factura, si bien los nuevos impuestos ambientales se acompañan de una subida de los del gasóleo y la gasolina, que aumentarían un 29 y en un 2% respectivamente.

Los expertos sugieren que estos cambios sean de aplicación progresiva, y proponen mecanismos de exención o compensación para evitar pérdidas de competitividad de las industrias con riesgo de deslocalización o para otros sectores particularmente sensibles como el transporte.

Otra recomendación clave es que España debe avanzar en renovables tan lejos como técnicamente sea viable hasta 2030, dejando claro que la fotovoltaica será la tecnología de la próxima década.

Su escenario energético base para 2030 propone un 62% de generación renovable para electricidad: 10% hidráulica, 20% eólica (31.000 megavatios instalados, mw), 27% fotovoltaica (47.150 mw), 1% termosolar y 4% otras renovables.

Novedad: Exportamos energía

Ese 62% abastecería un 69% de la demanda eléctrica, lo que implica que España se convertiría en exportador de energía a Francia y Portugal, pudiendo abastecer, en este último caso, hasta el 7% de su demanda con energía limpia.

Este 62% de generación equivale a un 29,7% de energía final total consumida de fuentes renovables, dado el relevante peso que tiene el consumo de petróleo y sus derivados en la factura energética final de un país muy dependiente de los fósiles en el transporte, los usos residenciales y la industria.

Un 29,7% que situaría a España por encima del 27% del objetivo que marca la UE pero por debajo del 35% que está planteando el Parlamento Europeo, cuya consecución, de acordarse, requeriría de mayores esfuerzos en electrificación del transporte y la edificación.

Fin del carbón, nuclear versus gas

Ante las incertidumbres asociadas al desarrollo de las tecnologías de aquí a 2030, sobre todo en almacenamiento renovable, los expertos dejan en manos del Parlamento y del Gobierno decidir qué energía, si nuclear o gas o una combinación de ambas, garantizará un respaldo firme que asegure el suministro y la estabilidad el sistema eléctrico en caso de menos sol o viento.

Su escenario base no contempla el carbón en 2030, al considerarlo inviable con los precios de CO2 esperados.

Advierten de que cerrar las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, a partir de 2023, incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.200 millones anuales según el escenario, y las emisiones contaminantes aumentarían por el mayor uso de gas.

Manteniendo las nucleares en 2030, el 76% de generación eléctrica sería libre de emisiones, pero seguiría haciendo falta un 11% de generación por ciclo combinado y un 12% de cogeneración.

No más pagos por capacidad regulados

Los expertos también proponen sustituir los actuales pagos por capacidad regulados (aproximadamente 1.000 millones anuales para que los ciclos combinados estén disponibles) por un mecanismo de subastas de capacidad.

También proponen un sistema de subastas para la instalación de nueva generación renovable, de potencia como actualmente o de energía, para asegurar las inversiones de acuerdo con los objetivos de la descarbonización, en un marco planificado.

Reconocen, también, que la transición es un reto “colosal” y que habrá perdedores (fundamentalmente el sector petrolero, el del carbón y las zonas con centrales nucleares), por eso dedican uno de sus 8 capítulos a plantear propuestas para una transición justa, destacando que la descarbonización es una oportunidad para la creación de empleo.

El informe dedica otros capítulos a cómo mejorar el funcionamiento del mercado eléctrico, a la movilidad sostenible, la eficiencia, las interconexiones o la mejora de la gobernanza energética.

Trabajo independiente y altruista

Sus escenarios parten de hipótesis conservadoras, en las que no se tienen en cuenta cambios de comportamiento, se contempla un PIB medio del 2% en la próxima década, una penetración modesta del vehículo eléctrico (2,4 millones en 2030, un 10% del total) y de las bombas de calor (1,2 millones en 2030).

El grupo de sabios, de hecho, está compuesto por una mayoría conservadora -y masculina, ni una sola mujer entre sus 14 miembros-, nada sospechosa de plantear propuestas “revolucionarias”.

Aunque el Ministerio de Energía ha cedido su sede para las numerosas y largas tardes de trabajos, los expertos, que han trabajado de manera altruista, reconocen que no les han dado “ni un café”, y que han tenido que recurrir a los modelos de la Universidad Pontificia de Comillas y de Red Eléctrica de España para sus simulaciones porque el ministerio no cuenta con ellos, a pesar de ser socio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que los facilita.

Los autores concluyen que su trabajo supone una base económica y técnicamente viable para que el Parlamento consensúe el primer Plan de Energía y Clima (2021-2030) de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y sitúe a España en la senda hacia una economía libre de emisiones en 2050.

Los 14 expertos

Los 14 expertos que han compuesto la comisión de sabios son, por parte del Gobierno, Jorge Sanz, exdirector general de Energía, que la ha presidido; Ignacio Grangel, presidente del operador del mercado, Omie; Miguel Duvison, director de Operaciones de Red Eléctrica, REE; Francisco Javier Arana, exsubdirector general de Energía Nuclear; Diego Rodríguez (propuesto por el PP); Luis Atienza (PSOE); Pedro Linares (Ciudadanos); Cristóbal José Gallego (Podemos); Óscar Lapastora (Foro Asturias); Txetu Sáenz de Ormijana (PNV); Josep Salast (ERC); José Luis de la Fuente O’Connor (UGT); Jorge Aragón (CCOO) y Guillermo Ulacia (CEOE).

Puede leer nuestro análisis sobre el informe de los experto aquí.

'Consumur' pide que se realicen inspecciones en las barracas huertanas

MURCIA.- La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Consumur, con motivo de la celebración de las Fiestas de Primavera, recomienda a los ciudadanos que defiendan sus derechos como consumidores y usuarios e interpongan una reclamación si consideran que los mismos son vulnerados.

En este sentido, la organización solicita al Ayuntamiento de Murcia que realice inspecciones en las barracas con el objetivo de evitar irregularidades en materia de consumo.

Consumur considera fundamental que los inspectores controlen la higiene en los alimentos que se venden en las barracas y la existencia de vendedores ambulantes sin licencia, ya que sus productos son fundamentalmente alimenticios, por lo que una falta de control sobre estos puede suponer graves problemas si su estado es deficiente.

Asimismo, la organización recomienda especial precaución con la venta de alcohol en las barracas y el resto de establecimientos para garantizar que no se distribuya a menores de edad.

En relación a los precios de los productos comercializados en las barracas, Consumur recuerda a los consumidores y usuarios que estos son libres y pueden variar notablemente de un día para otro, por lo que han de fijarse en las listas de precios, que tanto barracas como establecimientos de hostelería, están obligados a exhibir claramente al público. Estos precios han de incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A).

De la misma manera, ha pedido a la ciudadanía que sea exigente con las condiciones de conservación de los alimentos, aunque en este sentido la organización destaca positivamente la alta calidad de los productos alimenticios comercializados en las barracas, respetando la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria.

En relación al consumo de bebidas, la organización pide prudencia con la bebida y, sobre todo, recuerda que la diversión no se mide por la cantidad de alcohol que se ingiere.

Por último, recomienda a los consumidores y usuarios que denuncien cualquier irregularidad que detecten, acudiendo a la organización, donde podrán recibir información y asesoramiento de manera personalizada a través de su sede social, así como con el Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario ‘968 223082’, y la página web ‘www.consumur.org’.

Otro trasvase del Tajo reaviva la 'guerra del agua'

MADRID.- Lo confirmó en Alicante la ministra Isabel García Tejerina a comienzos de esta semana: el próximo 3 de abril, la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura se reunirá para analizar, según los "parámetros definidos", las existencias y, si procede, determinar un trasvase, recuerda hoy El Mundo. 

Dado que los pantanos de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca) han sobrepasado los 400 hectómetros cúbicos (hm3) embalsados -el umbral mínimo trasvasable-, tanto los municipios de la cabecera del Tajo como los regantes dan por hecho que el Gobierno volverá a abrir la tubería después de un año de cierre por la sequía.

Tras las lluvias de las últimas semanas, las reservas de Entrepeñas y Buendía alcanzan los 460 hm3. De esta forma, pueden pasar del nivel 4 al nivel 3, que permite transferir agua al Segura, tal como consta en el memorándum suscrito entre el Gobierno y las comunidades en 2013. María Dolores de Cospedal, entonces presidenta de Castilla-La Mancha, aceptó elevar la lámina a partir de la cual se permite trasvasar. A cambio, Levante blindó por ley el futuro de la tubería. 

Según publicó el diario murciano La Verdad, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) espera contar con 60 hectómetros cúbicos en los próximos tres meses, por lo que la propuesta de trasvase que haga la comisión el próximo martes podría rondar los 20 hm3.
Para ese día está prevista en Toledo una manifestación de rechazo por el trasvase inminente. Los regantes, empresarios, cooperativas y sindicatos agrarios de Murcia, Alicante y Almería ya estallaron el 7 de marzo con una multitudinaria manifestación en Madrid. Más de 50.000 personas exigieron la reapertura del trasvase ante el riesgo de colapso de la producción hortofrutícola. La cuenca del Segura atraviesa la segunda peor situación de los últimos 40 años.
La protesta larvada durante el último año en Levante inquieta al PP, que en Murcia se encuentra presionado por el auge de Ciudadanos y el acercamiento de esta formación política a las reivindicaciones trasvasistas, históricamente hegemonizadas por los populares. A lo largo de los últimos meses, Lucas Jiménez, presidente de Scrats, no ha escondido su enfado con el Gobierno. 

Los regantes reprochan a Rajoy y Tejerina la falta de previsión para cubrir las necesidades de la cuenca del Segura, el incremento de las tarifas que los agricultores abonan por el agua trasvasada y el hecho de que las desaladoras -especialmente la de Torrevieja- no estén funcionando a pleno rendimiento.
Francisco Pérez Torrecilla, presidente de la Asociación de Municipios de Entrepeñas y Buendía, afirma a El Mundo que "al ritmo que están creciendo los embalses y según arrecian las críticas desde Murcia, Tejerina aprobará este martes un trasvase triple de 60 hm3 para abril, mayo y junio. Así se ahorra las críticas de los dos siguientes". Torrecilla considera que, aunque lo autorice la legislación, va "contra el sentido común" trasvasar con los pantanos de cabecera al 17%.
El Gobierno de Castilla-La Mancha maneja las mismas previsiones. "Mariano Rajoy accederá a todas las peticiones del Levante", señalan a este periódico fuentes cercanas al Ejecutivo que preside el socialista Emiliano-García Page, quien ha pedido a Medio Ambiente establecer una cota provisional de 510 hm3. 

El mandatario castellano-manchego apela a la disposición adicional tercera de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que indica que la cota mínima no trasvasable "podrá revisarse en el futuro, de forma que se garantice el carácter preferente de la cuenca cedente". La Junta calcula que la media de aportaciones a la cabecera ha caído 100 hm3 al año desde 2014.
La reapertura del grifo del Tajo coincide con el 39º aniversario de su puesta en funcionamiento, que se cumplió ayer. Desde entonces se han trasvasado 12,7 billones de litros de agua. Mientras en Levante lo consideran imprescindible para garantizar el abastecimiento, en la cabecera del Tajo lo consideran "insostenible" y denuncian, acogiéndose a un estudio reciente de la Universidad de Castilla-La Mancha, que "hunde la población, la renta y el turismo".
El trasvase sigue siendo, cuatro décadas después, un arma política arrojadiza. Según Page, "no hubiera sido posible en democracia". A su juicio, desde Castilla-La Mancha han sido bastante solidarios y "es hora de cambiar las cosas". 

Ximo Puig, presidente valenciano y también socialista, urgió recientemente a Rajoy a "activar" el trasvase, mientras el popular Fernando López Miras, presidente de Murcia, recordó que la reapertura de la tubería "es una cuestión de legalidad".

Así nos protege la Armada de la basura espacial

MADRID.- La Armada española levanta la vista muy por encima de la mar. Mira hacia el espacio, donde orbitan millones de objetos que pueden llegar a constituir un peligro fundamental. Es la basura espacial, producida por el ser humano, bien por el choque de satélites obsoletos o por los restos de cohetes que, una vez cumplida su misión, permanecen en el espacio. Y la Armada, con su Real Observatorio de San Fernando (Cádiz), nos protege de ella, tal como recoge hoy El Español.

¿Cómo? Contribuyendo en las operaciones de vigilancia espacial de diversas instituciones nacionales e internacionales. Observación es prevención: "Se envían los datos al Centro Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial, donde se calculan las órbitas de los objetos". Hablan el teniente de navío Lluis Canals y el capitán de fragata Manuel Catalán Morollón, jefe de la sección de Geofísica del Real Observatorio de la Armada (ROA): "Eso permite prever, por ejemplo, si un objeto va a reentrar en la atmósfera o si va a colisionar con otro objeto".

La Armada cuenta con dos instrumentos para estudiar toda la basura espacial que nos rodea: un telescopio (conocido con el nombre de TFRM, dotado de tecnología de primer nivel) y una estación de telemetría láser, la única disponible en España (joya de la corona del observatorio).

Catalán y Canals responden a la pregunta de cómo funciona esta estación de telemetría láser: "Emite pulsos de luz que viajan hasta el satélite artificial y son reflejados en unos espejos montados en el satélite, retornando hacia la estación láser. Allí son detectados, y mediante la contabilización del tiempo de ida y vuelta permite conocer la distancia al objeto con gran precisión (del orden de unos pocos centímetros)".

¿Cuánta basura espacial hay?

Muy pocos países en el mundo son capaces de disponer de medidas empíricas del número, posición y características físicas de los objetos espaciales. Según apuntan Catalán y Canals en conversación con El Español, actualmente sólo Estados Unidos ha hecho público un catálogo de unos 19.000 objetos mayores de 5-10 centímetros. 

También existen cálculos estadísticos basados en modelos físico-matemáticos que apuntan a un número cercano a 750.000 objetos de tamaño superior a 1 centímetro de diámetro. Este número se ve incrementado sensiblemente si el tamaño de los objetos es superior a 1 milímetro. En ese caso, la cifra podría ser cercana a 166 millones.

"Son diversas las fuentes que originan la basura espacial. Desde satélites inactivos, o cohetes encargados de su puesta en órbita y que una vez cumplida su misión permanecen en el espacio, hasta fragmentos de todo tipo de tamaño producidos como consecuencia del choque de naves", detallan los dos miembros de la Armada.

El 11 de enero de 2007, China realizó una prueba de interceptación y destrucción de un satélite artificial (Fengyun-1C) mediante un misil. Impactaron de pleno. Una demostración que generó más de 3000 objetos de un tamaño superior a 10 centímetros.

Y el 10 de febrero, los satélites Iridium y Cosmos -norteamericano y ruso, el segundo inactivo- chocaron en el espacio. El resultado: 2.000 objetos de tamaño superior a 10 centímetros y más de 150.000 objetos de menos de 3 centímetros. El teniente de navío y el capitán de fragata extraen una conclusión de este impacto: "Podría haberse evitado maniobrando el satélite Iridium. Esto nos sirve para hacer énfasis en la importancia de mantener estos catálogos actualizados".

¿Por qué la Armada?

En todo este proceso es legítimo que el lector se haga una pregunta. ¿Por qué la Armada? Generalmente se asocia a este cuerpo militar con la patrulla y protección de mares y océanos. Entonces, ¿por qué también del espacio? La historia de la Marina tiene la respuesta, según detallan Catalán y Canals:

"El Real Observatorio de la Armada (ROA) surge como institución a mediados del Siglo XVIII, constituyendo quizás la muestra más clara de lo que se conoce como Marina Ilustrada. Aparece como una institución encargada de facilitar la labor del navegante en la mar, confeccionando un catálogo estelar que permitía a aquellos navegantes situarse en un entorno, como es el océano, carente de referencias geográficas.

Posteriormente ha ido incorporando otras disciplinas a su campo de trabajo e investigación, como es el de las Ciencias de la Tierra, a través de la observación del campo magnético terrestre entre otros. Esta referencia invisible permitía al navegante, una vez que conocía su posición, saber hacia donde debía de orientar la proa de su nave respecto de una aguja magnética, de forma que pudiera arribar al puerto deseado".

Con estos medios, la Armada era la institución con más conocimientos para elaborar no sólo un mapa del espacio, sino también para analizar su contenido. Las primeras observaciones dedicadas a la detección de basura espacial comenzaron en febrero de 2011. 

Militares con alma científica

Los miembros de la Armada destinados en el Real Observatorio de San Fernando están hechos de una pasta especial, con marcadas inquietudes científicas y una profunda sensibilidad medioambiental. Ocho observadores controlan la estación de telemetría láser, respaldados por la labor de cinco técnicos encargados de su mantenimiento. Otras cinco personas se ocupan del mantenimiento preventivo y de la actualización del telescopio TFRM.

Esas características también definían al capitán de fragata Francisco Javier Montojo Salazar, recientemente fallecido en la Antártida tras sufrir un accidente a bordo del buque Hespérides. Antes de incorporarse a esa misión, Montojo fue jefe de la Sección de Astronomía del Real Instituto y Observatorio, dejando huella entre sus compañeros.

"Un militar de alma científica", decían de él quienes lo conocían. Porque esa es la característica que define a los miembros del Real Observatorio de la Armada, institución que nos protege de los millones de fragmentos arrojados por el ser humano que constituyen la basura espacial.

El pobre paro de los autónomos: inferior al salario mínimo y al umbral de la pobreza

MADRID.- El subsidio de desempleo de un autónomo que cesa en su actividad y cierra su negocio supera en menos de dos euros a la pensión de jubilación que le espera al que se retira, 720,56 euros por 718,75 euros: por debajo del salario mínimo en ambos casos (735,90 mensuales), y también inferior al umbral de la pobreza (9.601 anuales) en el del paro, que solo cubre doce mensualidades. Cuando llega a doce, ya que la duración media de la prestación no llega a los diez meses (9,65), recuerda hoy Público.

Son dos de las principales conclusiones que ofrece el informe anual de AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, sobre la gestión de la prestación del CATA (Cese de la Actividad de Trabajadores Autónomos), cuyos seis años de vigencia han supuesto para el Estado una ganancia neta de alrededor de 800 millones.

El informe también explica cómo más de la mitad de las solicitudes son rechazadas y cómo el volumen de peticiones se redujo en 600 con respecto al año anterior. Concretamente, las mutuas desestimaron el año pasado 1.787 de las 3.310 peticiones resueltas (54%, con otras 368 en trámite), a las que se sumaron 255 de las 354 que fueron recurridas.

Otros 156 autónomos desistieron o vieron cómo las mutuas anulaban sus expedientes al considerar que no habían entregado toda la documentación que les requerían, que fue también la causa del 84,3% de las desestimaciones -“no acreditar correctamente el cese en la actividad, de acuerdo con los requisitos de la normativa reguladora de la prestación”. El resto se reparten entre no tener cubierto el periodo mínimo de cotización (56) o tener cuotas pendientes de pago (44), algo que regularizó la mitad de los afectados.

Pese a lo bajo del nivel de aceptación de solicitudes de cese de actividad, en realidad se ha disparado con las 1.616 del pasado ejercicio tras comenzar con un 21% en el primer ejercicio de aplicación, en 2011, y tardar dos años en superar el 25%.

Ceses de actividad por violencia machista y por divorcio

Poco más de 540.000 de los 3,2 millones de autónomos añaden a su cuota el 2,2% de la base que da derecho al subsidio por cese de actividad, lo que supone 20,23 euros mensuales en el caso de la base mínima (919,80 euros) por la que cotiza el 85% del colectivo.

Ese pago da derecho, tras un mínimo doce meses de aportación y antes de la edad de jubilación, a recibir entre dos y doce meses un subsidio de 643,86 euros (el 70% de la base) a 1.096,60 euros (1,75 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o Iprem), siempre que se cumplan una serie de requisitos que incluyen el compromiso de realizar, mientras se recibe la prestación, actividades formativas y de orientación profesional, así como las de promoción de la actividad emprendedora que pueda convocar el Servicio Público de Empleo.

El grueso de los ceses de actividad, con un peso superior al 75%, se deben a motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor y la pérdida de licencias administrativas para el negocio que se explotaba.

Algo más del 20% de los ceses (361) corresponden a Trade (autónomos dependientes), mientras que “en nueve ocasiones, la causa por la que se reconoció el derecho a la prestación fue divorcio o separación, y en cinco expedientes la causa derivaba de violencia de género”, señala el informe. La legislación contempla como una vía de acceso al subsidio por cese de actividad las situaciones de violencia machista y de ruptura matrimonial que conllevan la pérdida de su medio de vida para la víctima.

“Hemos de pasar a hacerlo obligatorio”

“El sistema del CATA está bien estructurado, pero hay que mejorarlo”, sostiene el secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad, quien considera que “hemos de pasar de algo voluntario a algo obligatorio, como ocurre en el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena”.

En este sentido, destaca que la cifra de autónomos que cotiza para cubrir su eventual cese de actividad no llega a suponer la quinta parte del colectivo. “Cuantos más cotizantes haya mayor será el ingreso; eso permitirá ampliar tanto la cuantía como la duración y, por lo tanto, mejorar la protección de quienes tienen situaciones de mayor debilidad”, sostiene.

Sin embargo, las reformas normativas apuntan en otro sentido. El hecho de que el pasado mes de junio dejara de ser una cotización obligatoria para los Trade provocó un descenso de las aportaciones.

Las mutuas, más restrictivas que la Administración

Por otro lado, llama la atención la diferencia entre los resultados del sistema de mutuas, que gestiona el 92,7% de las solicitudes, y el de la Administración, que tramita el resto: un 41,41% de aprobaciones frente a un 65,16%, ya que los Servicios de Empleo “resolvieron favorablemente 187 solicitudes de un total de 287”.

El informe señala que el cese de actividad, en el que el presupuesto de cotizaciones para 2017 se elevaba a 132 millones de euros, con 109 recaudados en los primeros diez meses, volvió a salirle rentable al sistema, ya que los pagos no alcanzaron los 18 millones de euros.

Por una parte, “el importe teórico estimado de las prestaciones reconocidas a abonar por las mutuas, en el ejercicio 2017, ascendería a 11.235.046 euros, lo que supone un descenso interanual del 0,61%”. Y, por otra, las cotizaciones de esos autónomos que cesaron en su actividad se situó, con una media de 321 euros mensuales, en 5.019.070. Eso hace un total de 16,2 millones a los que hay que añadir 1,2 gestionados por la Administración.

La cuantía media del subsidio más la cotización se situó en 1.042,46 euros, con el registro más elevado en Segovia (1.362,64) y el mínimo en Palencia (782,05), mientras que los extremos de la duración se localizaron en esa última provincia, con 5,2 meses, y en Zaragoza (11,57).

La dejadez de las comunidades

UPTA, que mostró su malestar por “el escaso resultado que este sistema está ofreciendo para los autónomos cotizantes que necesitan esta prestación”, insistió en denunciar el “escaso interés” de las comunidades autónomas por gestionar los nueve millones de euros (1,3 de 2017) acumulados para acciones de formación y reinserción laboral de autónomos desde que se puso en marcha el sistema.

“Ninguna comunidad autónoma ha solicitado al Ministerio de Empleo que le transfieran la cantidad que le corresponde” de ese 1% de recaudación, señaló Abad, que criticó cómo “esto se viene repitiendo año tras año” sin que ninguna administración se preocupe de “tratar un tema tan complejo como el de reincorporar al mercado laboral a personas que han perdido su negocio”.

La organización ha solicitado a la Dirección General de Trabajo Autónomo que el Ministerio de Empleo, incluya este asunto en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

Sabadell 'se come' 420 millones de deuda al apostar por la dación en pago de pisos

MADRID.- Cuando la crisis empezó a enseñar su peor cara con familias que, tras meses o incluso años sin atender la cuota de la hipoteca por problemas de desempleo, se veían en riesgo de perder la vivienda, la banca replanteó su política de embargos y el Gobierno impuso reglas para evitar apuros a los hogares más vulnerables. 

El Sabadell buscó una alternativa propia con la decisión de no ejecutar ningún desahucio forzoso. Una década después de que la crisis cambiase el paso a la economía acelerando la destrucción de empleo que está detrás de los impagos, el banco aún formalizó el pasado año 2.592 operaciones de dación en pago por importe de 420 millones de euros, según www.lainformacion.com.

Sólo en los últimos dos años ha resuelto así el problema a 5.634 deudores, aceptando la propiedad de sus viviendas a cambio de condonar 899 millones de euros en deudas, según detalla la entidad en un informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en un ejercicio muy minucioso de transparencia. 

La entidad ha hecho gala de la decisión en algún momento. Es una medida que le evita el impacto social y desgaste reputacional que los desalojos provocaron al sector y entiende que resulta, incluso, la alternativa más efectiva. Imbricado en su política social mantiene a las familias bajo un régimen de alquiler, a menudo económico, y limita costes asociados a esos procesos.

El banco mantiene, de hecho, un parque de 7.500 viviendas en régimen de alquiler social por dicha oferta de soluciones habitacionales a clientes en riesgo de exclusión social afectados por procesos judiciales hipotecarios o daciones en pago. La cifra incluye los pisos aportados al Fondo Social de Viviendas (que en conjunto gestiona unos 10.000 inmuebles) y 850 en régimen de alquiler asequible.

Pudo abrir brecha y atajar la problemática con otras armas desde los albores de la crisis porque contaba con la ventaja de que el grueso de la cartera crediticia era con empresas o clientes de rentas medias y altas. Un margen que le permitió analizar y buscar solución caso por caso. Su iniciativa calaría luego en una mayoría de entidades, aunque sin que hayan divulgado de forma tan pormenorizada los resultados. 

La mayoría sí cifran el número de daciones en pago de vivienda aunque sin detallar la cuantía de deuda específica canjeada (Bankia, por ejemplo, 665 el pasado año y 8.592 desde 2012;  BBVA 16.500 desde esa misma fecha o arranque de la crisis, y Caixabank por encima de los 21.000 en el periodo).

Las estadísticas públicas conocidas son las del famoso Código de Buenas Prácticas (CBP), impulsado precisamente en ese ejercicio 2012 por el Gobierno para encontrar soluciones a deudores en riesgo de perder su casa. Conforme al último balance publicado por el Ministerio de Economía en septiembre del pasado año, en el lustro transcurrido desde esa fecha se habrían resuelto solo 7.324 daciones en pago por su aplicación, junto a 42.600 operaciones de reestructuración de deuda.

La disparidad de datos, entre el registro oficial y entidades constata que el esfuerzo sectorial ha sido muy superior a las cifras del Ministerio de Economía, cuyo Código fue acogido con escepticismo por la industria desde el minuto uno por el restringido perfil socioeconómico que debían reunir los potenciales hogares para beneficiarse de sus medidas y porque el sector dispone desde siempre de herramientas para buscar soluciones a los impagos más efectivas. 

El Código antidesahucios

La banca ha reivindicado, de hecho, en numerosas ocasiones que difícilmente la morosidad hipotecaria se habría mantenido por debajo del 6,5% durante toda la crisis de no haber buscado de manera proactiva soluciones al cliente cuando surgen los apuros financieros con refinanciaciones, plazos de carencia o, incluso, quitas para facilitar al deudor afrontarla, y el drama de los desahucios sería superior. La dación no es, de hecho, la prioridad sino la reestructuración de deuda.

Algo que ha minimizado pero no barrido por completo con los embargos, aunque su censo ha ido, por fortuna, decayendo en los últimos años. Las ejecuciones iniciadas en 2017 sobre vivienda habitual bajaron un 49,4% frente al ejercicio anterior. Aún así, afecta a 10.749 pisos. Y en un porcentaje similar sobre segundas residencias -se inició en 3.353 casas-.

Son menos de un tercio de las actuaciones que se iniciaron en los peores momentos de la crisis, con el nexo común de que proceden todavía de las hipotecas firmadas en pleno boom entre 2005 y 2008, cuando se concedían préstamos por encima del valor de tasación y a muchas personas que han perdido su empleo. No todos las ejecuciones acaban en desahucios. Pero aún así el número de lanzamientos alcanzó el pasado año los 22.330 por ejecuciones iniciadas hasta cuatro años atrás. Sería muy superior sin las soluciones bancarias.

La Universidad de Murcia amplía la oferta de empleo con 51 plazas de profesores

MURCIA.- La Universidad de Murcia (UMU) ha ampliado su oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio 2017 con una plaza de profesor titular más y otras cincuenta de profesores contratados doctores, según una resolución del Rectorado.

El acuerdo señala que esa ampliación fue aprobada en cumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece la posibilidad de ampliar hasta un 90% de aquellas plazas que contando con dotación presupuestaria hayan estado ocupadas de forma temporal al menos durante los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016. La ampliación cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Universidades.

Bernabé estima en 23 millones el ahorro de los agricultores murcianos tras la rebaja fiscal

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, estima en 23 millones de euros el ahorro para los agricultores y ganaderos murcianos tras la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno de España, cuya Orden Ministerial publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A juicio de Bernabé, "es una medida muy importante que muestra el compromiso del Gobierno de España con el sector agrícola y ganadero y que hay que valorar adecuadamente en un contexto particularmente duro de sequía padecido el año pasado".

La medida publicada recoge destacadas minoraciones de la tributación de importantes producciones agrarias, tanto a escala nacional como en determinados ámbitos territoriales.

En la Región de Murcia, el efecto de las reducciones establecidas a escala nacional es muy importante, por tratarse de producciones notables dentro de su ámbito territorial.

En el sector agrícola, cereales de 0,26 a 0,18; leguminosas de 0,26 a 0,18; patata, de 0,26 a 0,13; y fruta de hueso, de 0,37 a 0,20; y en sectores ganaderos, apicultura de 0,26 a 0,13; bovino de leche de 0,20 a 0,16; bovino de carne extensivo de 0,13 a 0,09; bovino de cría extensivo de 0,26 a 0,18; cunicultura de 0,13 a 0,07; ovino y caprino de carne extensivo de 0,13 a 0,09; ovino y caprino de leche extensivo de 0,26 a 0,18; porcino de carne extensivo de 0,13 a 0,09; y porcino de cría extensivo de 0,26 a 0,18.

Otras importantes minoraciones afectan a todo el ámbito provincial son uva de mesa, 0,32 a 0,22; uva para vino con DO de 0,32 a 0,22; uva para vino sin DO de 0,26 a 0,18; y almendro de secano de 0,26 a 0,05.

Además, se establecen importantes reducciones a nivel municipal, entre las que destacan uva de mesa en 3 municipios (con mayor reducción que la provincial); hortícolas varias en 10 municipios; flores y plantas ornamentales en un municipio; almendro de regadío en dos municipios; nuez en un municipio; mandarina en un municipio; y manzana en un municipio.

"La presencia, el compromiso, el desvelo del Gobierno de España por los intereses de la Región es constante y con lo importante que resulta esta nueva medida ministerial no es un caso o una medida aislada, sino que se enmarca en un contexto general que afecta a todos los ministerios y que repercute directamente en el bienestar de todos los ciudadanos", finalizó Bernabé.

Dos fontaneros inventan un dispositivo que ahorra 500 euros en agua al año

VALENCIA.- Un sistema sencillo y silencioso inventado por dos fontaneros valencianos permite un ahorro energético en viviendas particulares de un 33,8 %, además de economizar agua y reducir las emisiones de CO2, según un informe de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

El dispositivo, llamado SmartWater, es el resultado de cerca de 15 años de trabajo de Rafael Rodrigo y Francisco Pelegero que, según han explicado, se plantearon «cómo evitar el despilfarro de agua en el hogar durante la regulación de la temperatura».

Así, en «el 80 % de las viviendas españolas», al abrir el grifo de agua caliente el servicio no es inmediato ya que el líquido tarda en calentarse y «en la ducha, por ejemplo, podemos malgastar cada vez hasta 20 litros del agua fría que llega a través del conducto de la caliente y que dejamos correr» sin utilizarla.

Este agua «potable y útil, pasa a convertirse en fecal una vez en la alcantarilla», por lo que debe ser descontaminada sin haber sido aprovechada.

Para evitar este desperdicio, antes de abrir el grifo Smartwater se activa a voluntad del usuario y desvía el agua con temperatura todavía fría a un depósito de almacenaje homologado, donde conserva su potabilidad.

Cuando empieza a correr a una temperatura elevada por las tuberías, el equipo avisa de forma sonora y visual y el usuario puede disponer de ella inmediatamente en cuanto abre la llave.

Si precisa mezclarla con agua fría para obtener un determinado punto de confort, la primera que se consume es la que ha sido previamente almacenada en el depósito, por lo que «por cada litro que no tiramos, ahorramos dos: el que no hemos tirado y el que reciclamos».

Con este sistema es posible no sólo ahorrar agua y energía sino, también, emisiones de CO2.

El ahorro energético se debe a dos factores: las diferencias de presión que reducen los caudales y por tanto el gasto de agua caliente y el menor uso del calentador, que no necesita funcionar tanto tiempo.

Además, el equipo «no tiene ningún consumo eléctrico para la vivienda, ya que hace su trabajo con cuatro pilas AA estándar» con las que «puede funcionar durante dos años».

Rodrigo y Pelegero, que comercializan su producto a través de la cooperativa Ibérica Desarrollo e Investigación (IDI), han elaborado una comparativa de inversión por amortización con las placas solares que se usan también para calentar agua «y las cifras son claramente favorables a SmartWater».

Según sus cálculos, «la amortización real de una placa solar, en torno al mismo precio en equipo e instalación que SmartWater» está en unos cinco años, «una muy buena cifra, porque su vida útil es de veinte».

Con el nuevo dispositivo esa amortización «estaría en dos años y tres o cuatro meses» en el caso de una vivienda y en un plazo todavía menor «si se trata de un negocio como una peluquería, donde sería de unos seis meses».

Las ayudas para la renovación urbana y rural protagonizan el Plan de Vivienda en la Región

MURCIA.- El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 financiará subvenciones a la vivienda en Murcia por importe de 79,76 millones. De esta cantidad, el Ministerio de Fomento aportará 62,10 millones, mientras que la Comunidad asumirá 17,66 millones, según los porcentajes de reparto aprobados en la conferencia sectorial de Vivienda.

Este Plan Estatal está compuesto por nueve programas que contemplan, por un lado, ayudas al alquiler para distintos colectivos como jóvenes, mayores y personas con ingresos más bajos, así como familias en riesgo de desahucio.

Además, habilita subvenciones para fomentar la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad de las viviendas, así como ayudas para jóvenes que quieran acceder a una vivienda.

El Plan incluye, asimismo, ayudas para la promoción del parque de viviendas en alquiler para personas mayores y con discapacidad entre otras medidas.

La cuantía máxima para las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 23 de marzo y asciende a 1.443 millones de euros.

Los porcentajes de reparto de dichas subvenciones entre las distintas comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla se acordaron en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, celebrada en Madrid el pasado 15 de marzo.

Según informan desde el Ministerio, el Plan plantea la cofinanciación de sus programas de ayuda por parte de las comunidades autónomas, puesto que estas son las competentes en la materia. Para que una comunidad autónoma reciba el 100% de los fondos estatales habrá de cofinanciar actuaciones del Plan con otro 30%. Si la cofinanciación es menor la aportación estatal se reduce.

En este sentido, el Gobierno de la Región comunicó a Fomento que cofinanciará el 28,43% del Plan Estatal de Vivienda con fondos autonómicos.

Así, y según la solicitud recibida en el Ministerio de Fomento, los 79,76 millones de euros previstos por el Plan Estatal de Vivienda irán destinados, inicialmente, a los siguientes programas: programa de ayuda al alquiler de vivienda (10,54 millones), programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual (2,77 millones), programa de fomento del parque de vivienda en alquiler (13,88 millones) o el programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas (13,98 millones).

Se unen el programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas (14,34 millones), el programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural (14,34 millones), programa de ayuda a los jóvenes (5,09 millones) y el Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad, con 4,82 millones.

Durante la vigencia del Plan se podrá modificar la distribución de los fondos entre programas con objeto de adaptarse a las demandas de ayudas sobrevenidas. Esta modificación habrá de ser solicitada por la Comunidad Autónoma y deberá contar con la conformidad del Ministerio de Fomento.

Se estima que con este Plan de Vivienda se concederán más de 20.960 ayudas. Además, la actividad necesaria para realizar los trabajos de rehabilitación y promoción de viviendas para el alquiler generará una inversión global de 61,36 millones, unas cifras que ayudarán a crear aproximadamente 2.912 puestos de trabajo.

Cierran dos miradores de los Chorros del río Mundo tras la muerte de un hombre al ceder una barandilla

ALBACETE.- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cerró este lunes dos miradores de los Chorros del río Mundo tras la muerte de un hombre de 59 años al precipitarse al vacío desde uno de ellos, según fuentes oficiales.

El delegado de la Junta precisó que el Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima permanece abierto al público, pero dos miradores en altura y sus accesos se encuentran cerrados actualmente en la caída de Los Chorros.

Pedro Antonio Ruiz Santos apuntó que "la zona aunque es compleja, está señalizada, y delimitada por motivos de peligrosidad", y subrayó que el incidente se produjo en el mirador más alto".

Por último, el delegado de la Junta apuntó que los técnicos del Parque Natural dependientes de GEACAM, revisan de forma "constante", la señalización y delimitación, y ha puesto la disposición de la Administración regional a las conclusiones que reflejen el atestado.

El suceso ocurría este sábado, cuando un varón de 59 años de edad perdía la vida tras precipitarse al vacío desde uno de los miradores del Nacimiento del Río Mundo, en la localidad albaceteña de Riópar. 

La llamada de aviso se registró a las 14.52 horas alertando de que una persona se había precipitado desde uno de los miradores y había caído varios metros de altura, tras lo que se movilizó un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico de Riópar, un médico de urgencias, bomberos del Sepei, agentes de Guardia Civil, el jefe de servicio prevención de Albacete y una UVI de Hellín.

El delegado de la Junta en Albacete confirmó que la Guardia Civil ha elaborado un atestado tras el accidente ocurrido este sábado en el parque natural de del Nacimiento del Río Mundo en Riópar (Albacete), en el que un hombre de 59 años perdió la vida tras precipitarse al vacío desde uno de los miradores, y que será ese informe el que pueda aclarar "las circunstancias" de lo que ocurrió.

Según aseguró, una vez que se conozca el atestado, se verá si la familia quiere ejercer alguna "acción patrimonial" contra la Junta de Comunidades, ya que el parque natural depende de esta administración.

Ruiz Santos también confirmó que se conoce que "cedió el pasamanos" en el que se estaba apoyando la persona fallecida, y que fue en el segundo mirador de la cascada principal, una zona "accesible pero muy compleja", y que estaba "señalizada" debidamente por los técnicos de Geacam, que son los encargados de inspeccionar el parque natural "prácticamente a diario".

El delegado de la Junta en Albacete también ha aclarado que en estos momentos hay cerrados dos miradores del Nacimiento del Río Mundo en Riópar. "Hay que tener mucho celo a la hora de visitar esta zona, porque hay que recordar que es naturaleza viva, hay humedad, rocas y diferentes alturas", finalizó .

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha explicado que como los 'Chorros' pertenecen al Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima, de titularidad regional, han decidido cerrarlos mientras se investiga lo ocurrido.

Ruiz Santos ha explicado que se trata de una zona de difícil acceso, de la que se desprendió un pasamanos de madera, provocando la caída de este hombre. El delegado asegura que todos los días esta zona es revisada por técnicos de GEACAM, la empresa pública de gestión ambiental.

La Guardia Civil está investigando lo ocurrido. Ha explicado que el atestado que emita el instituto armado determinará las circuntancias de la muerte, el estado de la zona y la responsabilidad o no de la Junta.

López Miras asegura que la Región recibirá al menos 20 hectómetros cúbicos del trasvase

MURCIA.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, recordó este lunes que mañana se decidirá qué volumen de agua recibe la Región del trasvase Tajo-Segura. Serán al menos 20 hectómetros cúbicos, según indicó López Miras, porque así lo marca la ley del Memorándum, aunque insistió en la necesidad de un Pacto Nacional del Agua como solución definitiva.

En declaraciones a los medios de comunicación durante el acto institucional de recepción de las Reinas de la Huerta, López Miras insistió en que el trasvase que se decidirá este martes viene fijado por ley.

Según esa ley del Memorándum, cuando las reservas en los embalses de la cabecera del Tajo superan los 400 hectómetros cúbicos se debe autorizar un trasvase de 20 hectómetros cúbicos, y si las reservas alcanzan los 600 hectómetros, el trasvase será de 38.

Será la comisión del Ministerio de Agricultura la que determine este martes en qué nivel se encuentran esos embalses y, por tanto, la cantidad que recibirá el campo murciano.

En su opinión, este aporte «cambia el panorama» de «incertidumbre, intranquilidad y desasosiego» que hay en el sector tras meses de sequía; no solo para sus trabajadores, sino para toda la Región puesto que el sector agroalimentario supone el 30% de los empleos y el 25% del PIB regional.

No obstante, López Miras indicó que su Gobierno seguirá trabajando para avanzar en una solución definitiva al déficit hídrico estructural de unos 400 hectómetros cúbicos anuales de la cuenca del Segura.

Esa solución definitiva pasa, según López Mras, por un Pacto Nacional del Agua y aseguró que es «optimista» en cuanto a lograr ese acuerdo, puesto que la propuesta de la Región de Murcia «es asumible por todas las demás comunidades autónomas».

Por otra parte, y preguntado sobre posibles cambios en su equipo de Gobierno, reiteró su confianza en todos y cada uno de sus consejeros y valoró el trabajo que hacen, tal y como viene haciendo en las últimas semanas cada vez que se habla de esos posibles cambios.

Los accidentes en las carreteras de la Región durante la Semana Santa dejan un fallecido y 23 heridos

MURCIA.- Una persona fallecida y 23 heridas, tres de ellas hospitalizadas, es el balance de los 20 accidentes de circulación ocurridos en las carreteras de la Región de Murcia durante la Semana Santa, desde el viernes 23 de marzo hasta el domingo 1 de abril, según informó la Delegación del Gobierno.

Así, la Guardia Civil y las policías locales realizaron un total de 7.369 pruebas de alcoholemia, de las que 106 dieron positivo, por lo que el porcentaje de alcoholemia en vías interurbanas fue del 0,98%.

En cuanto a las causas probables de accidentalidad se encuentran salidas de la vía (6), caída fortuita (2), alcance (2), distracción (1), atropello a peatón (1), velocidad inadecuada (2), incorporación vía sin precaución (1), invasión sentido contrario (1), adelantamiento antirreglamentario (1), no respetar prioridad de paso (1) y negligencia (2).

El único accidente mortal que se produjo durante esta Semana Santa sucedió el pasado domingo sobre las 17.05 horas. Un hombre de 51 años falleció al salirse de la vía mientras conducía una motocicleta en la Costera Sur, en Murcia, según informaron fuentes de la Policía Local.

El siniestro se registró sobre las 17.05 horas, a la altura de la Costera Sur. Por causas que se desconocen, una motocicleta se salió de la vía y su conductor falleció inmediatamente. La Policía Local investiga si hay implicado otro vehículo en el siniestro.

Elefantes sueltos en la A-30 tras un accidente en dirección Murcia desde Albacete

ALBACETE.- La A-30 ha quedado cortada esta tarde a su paso por la localidad albaceteña de Pozo Cañada debido al accidente de un camión que ha provocado que los elefantes que transportaba hayan quedado sueltos por la carretera.

La Dirección General de Tráfico ha informado en su página web de que el accidente se ha producido a las 16.24 horas de hoy y que, como consecuencia del mismo, está cortada la carretera A-30 en el kilómetro 22, a la altura del término municipal de Pozo Cañada, en sentido Murcia desde Albacete.
Además, el Ayuntamiento de Pozo Cañada ha informado en su perfil de la red social Twitter de que el tráfico ha sido desviado hacia la N-301 a su paso por la localidad.
En esta misma red social, el Ayuntamiento de Pozo Cañada ha publicado una fotografía en la que se puede ver un camión volcado y cruzado en la autovía y al menos, cuatro elefantes sueltos en los dos carriles de la carretera y en el arcén.

Los murcianos necesitan casi cinco años de sueldo íntegro para adquirir una vivienda de tipo medio

MADRID.- Los murcianos necesitan unos 4,9 años de sueldo íntegro para adquirir una vivienda de tipo medio, situándose así por debajo de la media nacional que se fija en 7,5 años, según el estudio 'Tendencias del Sector Inmobiliario' realizado por Sociedad de Tasación (ST).

En el conjunto nacional, la rentabilidad bruta de las viviendas en alquiler se ha situado en el 8,2% en el primer trimestre del año, según el estudio 'Tendencias del Sector Inmobiliario' realizado por Sociedad de Tasación.
Por zonas, Sevilla, Valencia y Santa Cruz de Tenerife, con incrementos de la rentabilidad del 17,7%, 16,7% y del 16,2%, respectivamente, se han situado a la cabeza en el primer trimestre.
Pese al incremento de la rentabilidad, el riesgo de invertir en este producto es "normal" a nivel nacional. En regiones como Madrid, Valencia o Sevilla se podría decir, según el estudio de ST, que el riesgo es casi inexistente. Por el contrario, en Cantabria, Huelva, Ávila y Teruel el riesgo es más elevado.
Asimismo, la compañía también recuerda en su informe que el precio medio del conjunto de la vivienda nueva y usada ha experimentado un incremento del 4,3% en 2017, tras situarse en los 1.532 euros por metro cuadrado.
Según Sociedad de Tasación, la variación positiva experimentada en estos último cinco semestres confirma la senda de recuperación de precios en el mercado iniciada en 2015. Asimismo, considera que también es significativo que los porcentajes de aumento son ligeramente superiores a los registrados en el primer semestre del año pasado.
Sobre este hecho, cabe destacar que en los últimos dos años se ha producido una aceleración progresiva en el crecimiento del precio de la vivienda pasando de un 0,3% anual en el segundo trimestre de 2016 a un 4,3% en el primer trimestre de 2018.
Para ST, hay una aceleración en el crecimiento de los precios de la vivienda que habrá que seguir de cerca. Además, paralelamente, cree que la doble velocidad en la evolución de los precios de la vivienda en el territorio nacional, con grandes diferencias entre ciudades, sigue siendo la nota "predominante" del mercado español.

7,5 años de sueldo para adquirir un inmueble

Por otro lado, los españoles necesitan unos 7,5 años de sueldo íntegro para la adquisición de una vivienda media, según Sociedad de Tasación.
En concreto, el índice de esfuerzo inmobiliario, que mide el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano necesita destinar para comprar una vivienda de tipo medio, se ha situado en el primer trimestre del año dos décimas por encima de lo registrado en 2017, en línea con el total necesario registrado en 2013.
Sin embargo, la media de años íntegros necesarios presenta diferencias entre comunidades. De hecho, en Baleares son necesarios casi 15 años y en Madrid (8) y Cataluña (8,5) se superan los 8 años.
Por el contrario, por debajo de la media se sitúan País Vasco (7,4 años), Canarias y Galicia (7,2), Cantabria y Andalucía (6,9), Navarra (6,3), Castilla y León (5,8), Comunidad Valenciana (5,6), Castilla-La Mancha (5,4), Asturias y Extremadura (5,3), Aragón (5,2), Murcia (4,9) y La Rioja (4,8 años).
Por su parte, en cuanto al índice de accesibilidad a nivel estatal, que estima la relación entre el poder adquisitivo real de un ciudadano medio y el teórico necesario para la adquisición de una vivienda con una referencia de 100 puntos, se ha situado en 103 puntos de enero a marzo.
También, el índice de confianza inmobiliario de Sociedad de Tasación se ha situado en los 57,7 puntos, sobre un máximo de 100, casi un punto por encima de lo registrado en el último trimestre de 2017. El índice alcanzó su valor más bajo de la serie histórica, 30,6 puntos, en diciembre de 2012.
Por comunidades autónomas, Madrid (63,6), Canarias (62,5) y Baleares (61,9) presentan los mayores índices de confianza. Por contraposición, Castilla-La Mancha (53,2) y Cantabria (52,4) presentan los valores más bajos.
De su lado, Cataluña, que fue la única comunidad autónoma en la que este índice descendió de modo apreciable en el trimestre anterior motivado por la situación de incertidumbre política, ha destacado por su "leve" recuperación a lo largo de estos tres meses.
Este índice se elabora a partir de la opinión de más de 700 profesionales sobre aspectos económico-inmobiliarios de las zonas donde desarrollan su actividad profesional.

Una funcionaria murciana investigará las circunstancias que rodean al máster de Cristina Cifuentes

MADRID.- La Conferencia de Rectores de Universidades españolas (CRUE) ha designado a dos "observadores externos", uno de ellos de la UMU, para apoyar a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en la investigación de las circunstancias que rodean el máster cursado por la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, a petición de la URJC.

Se trata del director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contreras, y de la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia (UMU), Carmen Ruiz, según ha anunciado hoy la CRUE en un comunicado.
Ambos "supervisarán el procedimiento de información reservada abierto por la URJC con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia en el proceso administrativo relacionado con el máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes", detalla la CRUE.
Carmen Ruiz (Murcia, 1952) es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Región de Murcia. Desde 1998, forma parte de la asesoría jurídica de la Universidad de Murcia y actualmente es jefa del Área de Inspección de Servicios de esta institución.
Además, es miembro del Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales.
José Ángel Contreras (Urretxu, Guipúzcoa 1967) es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y graduado en Derecho por la UNED y, tras entrar en el Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos en 2010, en 2012 fue nombrado director del mismo.
Es miembro del Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales y, desde julio de 2016, además es vicegerente de la Universidad de Burgos, agrega el comunicado de la CRUE.
La Conferencia de Rectores responde así a la petición realizada la semana pasada por el rector de la URJC, Javier Ramos, de designar a un jefe o jefa de Inspección de Servicios de una de las universidades de esta asociación para que actúe como "observador externo".
La URJC explicaba que, "dada la repercusión social del caso", el objetivo de la solicitud es el de "promover al máximo la transparencia en este proceso".

Comisiones de investigación, Tribunales y engaños hunden las opciones del PP / José Hervás *

El Partido Popular afronta una se­mana po­lí­tica muy com­pli­cada. El caso más me­diá­tico es la com­pa­re­cencia de la pre­si­denta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que debe de­mos­trar en la Asamblea de Madrid que no ha ha­bido irre­gu­la­ri­dades en la ob­ten­ción de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, o por el con­trario di­mi­tir. Se lo pide su socio de le­gis­la­tura, Ciudadanos, sin cuyo apoyo no po­dría go­ber­nar. Pero no es el único caso que va a volver a poner a prueba la ho­no­ra­bi­lidad de sus lí­de­res. 

Esta semana vuelve a comparecer ante un tribunal el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y el juez del caso Bárcenas en la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a otros cinco testigos por la presunta corrupción de quien fuera el gerente del Partido Popular.

Con este panorama político-judicial resulta lógica la caída en las expectativas electorales del todavía partido de gobierno. A los sondeos del diario ‘El País’ y del ABC que habían anticipado el ‘sorpasso’ de Ciudadanos, se ha sumado este fin de semana la publicación del sondeo elaborado por Sigma 2 para el diario ‘El Mundo’ que confirma con más contundencia que el partido liderado por Albert Rivera ganaría las elecciones de producirse en este momento.

Por eso tiene muy especial relevancia lo que suceda esta semana en la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la asamblea autonómica donde acude forzada por las exigencias de su socio de legislatura.

Las exigencias del líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de que dimita si se demuestra que ha cometido un delito al falsificar los datos de su máster pueden provocar un verdadero tsunami en la política nacional.

Madrid es uno de los feudos tradicionales del Partido Popular y donde los sondeos seguían aportando los mejores resultados para el partido liderado por Mariano Rajoy. Los datos del último CIS, elaborado antes de que se conocieran las presuntas irregularidades en la obtención del máster de la Universidad Rey Juan Carlos, otorgaban un 32 % de expectativa de voto para los populares, que junto a Ciudadanos podrían mantener una holgada mayoría en la Asamblea madrileña.

De no poder demostrar que cumplió con todos los requisitos para obtener el grado de máster, Cristina Cifuentes, llevará a la Comunidad a una situación extrema de incertidumbre. Es importante lo que suceda en su caso personal, pero sin duda es todavía más grave el caso por las consecuencias políticas de ámbito nacional que conllevaría una forzada dimisión debido a la gravísima crisis política que sufre España por la cuestión catalana.

En este sentido sorprende que no haya mantenido ningún contacto con el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, según sus propias declaraciones a los medios, pese a que logró la investidura gracias a los votos del partido naranja.

Esta falta de explicaciones por parte de Cifuentes, habitualmente dispuesta a dar la cara, ha llevado a reconocer a Aguado que pueda existir alguna irregularidad. Por el bien de todos es de esperar que la presidenta presente cuantos datos, testimonios y documentos sean necesarios para dejar a las claras que no ha obtenido su grado de máster de forma irregular.

No es ya por la situación en la que vaya a quedar Cristina Cifuentes, por importante que esto sea en el ámbito personal, es por la situación excepcional en la que estamos viviendo todos los españoles. Ha tardado demasiado en comparecer, lo hace además de forma obligada por las exigencias de sus socios. Es de esperar que ofrezca todos los documentos.

(*) Periodista

El caso Cifuentes huele a difunto político / Fernando G. Urbaneja *

El caso Cifuentes-Universidad Rey Juan Carlos es un típico “cisne negro” que siembra confusión y catástrofe. Si al Partido Popular no le sobraban problemas hace pocos días, el master de la señora Cifuentes ha abierto un boquete que requiere soluciones drásticas y urgentes. 

La tentación de surfear el problema, dejarlo correr, abrir una investigación para ganar tiempo y dejar que éste vaya cicatrizando la herida por la ley de la gravedad (un nuevo problema resta gravedad al anterior y ayuda a olvidarlo) suele ser irresistible, pero también puede ser inútil porque este “cisne” es demasiado negro como para ir diluyéndose con el tiempo.

Mañana Cifuentes tiene una cita en la Asamblea de Madrid para explicar lo inexplicable, pero la acumulación de hechos probados que arruinan las explicaciones construidas por la universidad y la afectada dejan poco margen para poner punto final al caso y empujan a la presidenta madrileña hacia la dimisión y el abandono de la política. 

Si insiste, el seguir el problema se puede complicar una vez que entre la justicia a investigar y armar una acusación de imprevisibles consecuencias para cuantos han gestionado el dichoso master y otros semejantes que pueden entrar en el radar de la investigación y enredar a la Universidad en una madeja peligrosa.

El currículum de la señora Cifuentes luce otro master en Asuntos públicos y gestión de empresas del instituto Universitario Ortega y Gasset (adscrito a la Complutense) sobre el cual nadie ha investigado pero que debilitaría la explicación del interés de la alumna para añadir a su licenciatura otra titulación habilitadora para cursar el doctorado.

La carrera política de Cristina Cifuentes es larga: casi 40 años: empezó a los 16 años como militante de las juventudes de Alianza Popular, figuró en la cola de las primeras listas electorales, para llegar a la Asamblea de Madrid el año 1991 (con 27 años) donde ha ocupado asiento hasta 2012, cuando fue designada Delegada del Gobierno en Madrid. Volvió a la Asamblea el año 2015, como paso previo a ocupar la Presidencia de la Comunidad y luego del PP de Madrid.

Una larga y continuada carrera política que tropieza con una trampa  estúpida por innecesaria e imprudente. Una trampa que pone en aprietos a varios catedráticos de la Universidad Rey Juan Carlos que acumula sospechas de trapacería y favoritismo en su corta y poco ejemplar trayectoria. 

El “cisne negro” Cifuentes estalla en el momento menos oportuno para Rajoy y el PP, en vísperas de una Convención que huele a funeral, con los Presupuestos empantanados y con las encuestas emitiendo música de retirada  en desbandada ante lo que anuncian.

Cristina Cifuentes decidió resistir y combatir, amenazó con una querella (criminal, ¿cómo no?) de la que no hay noticia por ahora. Su entorno advierte que habrá sorpresa mañana, pero huelle a amaño que puede complicar el caso y enredarlo arrastrando cómplices necesarios para sortear requisitos.

Cuantos tienen mínima experiencia universitaria en materia de matriculación, calificación y titulación señalaron desde primera hora que el caso olía a podrido, que las explicaciones eran inverosímiles y que el cisne era negro, negrísimo.

(*) Periodista y politólogo

https://www.republica.com/la-bolsa-o-la-vida/2018/04/02/caso-cifuentes-huele-difunto-politico/