Acaba de arrancar la campaña electoral
del 21D en condiciones de excepcionalidad. Las propias elecciones,
impuestas de modo ilegítimo e ilegal por un gobierno corrupto, sin más
autoridad que la que le da el uso de la fuerza, son excepcionales.
Todo
aquí es excepcional. Cataluña entera está intervenida, ocupada y
sometida a la arbitrariedad del artículo 155, con el que el bloque
nacional español (PP, PSOE y C's a los que se suma hipócritamente
Podemos) pretende impedir, extirpar, la revolución catalana en marcha.
Unos, las derechas, lo hacen por convicción reaccionaria tradicional;
los otros, las sedicentes izquierdas del PSOE y Podemos, porque no
pueden tolerar una revolución democrática y republicana en Cataluña ya
que esta pone de relieve su carencia de proyecto político propio no solo
para Cataluña sino para España. Y, si ellos no son capaces defender sus
teóricos objetivos, los saca de quicio que los catalanes lo hagan por
su cuenta.
Aparte
del juego sucio que el Estado lleva años practicando en contra de
Cataluña, la excepcionalidad de estas elecciones se ve en la desigualdad
de las condiciones de participación. Todos los candidatos de las
formaciones unionistas tendrán libertad de expresión y movimiento; los
independentistas de JxC y ERC, no, ya que algunos de sus candidatos
están en el exilio o en la cárcel, privados de sus derechos en cuanto
presos y exiliados políticos. Son unas elecciones con handicap para una
de las partes y sin que las otras -excepción hecha de la CUP- pongan de
manifiesto esta desigualdad, este juego sucio, este abuso, pensando que
sacarán ventaja de ello porque son (PSC, C's y PP) ventajistas de la
derecha.
Pero
estas elecciones no dependen tan solo de la actividad de los partidos
políticos (y de los poderes del Estado y medios de comunicación
unionistas), sino, sobre todo, de la movilización de la gente en
Cataluña en defensa de sus dirigentes a instituciones. Los represores
del 155 pensaban que encarcelar a los dirigentes indepes no tendría
coste más allá de una semana de movilizaciones. Llevamos un mes y las
movilizaciones de todo tipo en favor de los presos no solo no se han
apagado, sino que han aumentado. Era evidente, salvo para los
franquistas del gobierno y sus secuaces, que la represión sería acicate
de la acción revolucionaria. Y así ha sido.
Presionado
por el gobierno y las circunstancias, el Tribunal Supremo no ha tenido
más remedio que hacer un gesto, liberando a seis de los encarcelados y
manteniendo otros cuatro en prisión. Un síntoma de debilidad y mala
conciencia porque ahora está claro que, además de presos políticos, los consellers
son rehenes del Estado español. El abismo inquisitorial en que se hunde
la justicia queda de manifiesto leyendo sus razonamientos "jurídicos",
según los cuales, los presos no han acatado de modo convincente la Constitución y el 155. Se les mantiene, pues, la condena por sus convicciones.
Acatar
la Constitución puede ser un requisito para ocupar un cargo público (y
aun así), pero no para ejercer los derechos de ciudadanía, libertad de
expresión y de circulación. Nuestros derechos civiles y políticos no
pueden depender de que se acate la Constitución y mucho menos de que se
haga de "modo convincente" a juicio de un inquisidor cualquiera. Ni la
propia Constitución lo exige. Esos hombres están presos por sus ideas.
Y
esa barbaridad es la que apoyan el PSOE, que lleva su servilismo a
denunciar los símbolos del lazo amarillo, y Podemos que recurre el 155
ante el Tribunal Constitucional pero se declara equidistante entre
carceleros y encarcelados.
La
última moda en golpes bajos dialécticos se da con la afirmación de que
el independentismo catalán ha despertado el fascismo español. La mala
baba de semejante razonamiento tiene tres puntos muy esclarecedores:
1º)
si no hubiera independentismo, el fascismo español continuaría
"dormido" y el PSOE y Podemos podrían obtener algunos réditos para
seguir tirando en mitad de esta podredumbre del Estado fallido de la III
Restauración y repartiéndose prebendas, siendo cooptados en un Estado
que es, de hecho, una dictadura que ellos aceptan.
2º)
de lo anterior se sigue que, según estos estrategas de la izquierda
domesticada y la supuestamente indómita, lo mejor es que se acabe el
independentismo. Y con el independentismo, la revolución democrática
catalana y, sobre todo, la opción republicana que deja bien claro cómo
los partidos españoles, en realidad, son monárquicos.
3º)
contra toda evidencia, se distingue entre fascismo y gobierno. Es claro
que los ministros, los jueces, los curas y los tertulianos a sueldo no
van con esvásticas tatuadas ni cadenas ni puños americanos. Por
supuesto. Esos los llevan los que obedecen sus órdenes o mandatos. El
fascismo bestial invade las calles y se siente amparado por los
discursos de todos los poderes del Estado, todos situados en la extrema
derecha, desde el monarca hasta los periodistas apesebrados, pasando por
los ministros, los políticos o los jueces a su servicio.
En
efecto, las elecciones, en sus condiciones de excepcionalidad, son un
hito en la revolución catalana en marcha que ha puesto de relieve a los
ojos del mundo el fascismo estructural de la monarquía española.
Y
se verá el 21D por muchos sondeos con que el frente demoscópico del 155
bombardee a la opinión pública, tratando de orientar el voto de los
catalanes a la sumisión y la indignidad.
Donec Perficiam.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
