MURCIA.- El fiscal Anticorrupción del TSJ de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha
atribuido hoy a "altos mandos" del Gobierno autonómico el intento de
conseguir la recalificación de unos terrenos con protección
medioambiental en la finca La Zerrichera, de Águilas, sobre la que se
proyectaba construir 4.000 casas y un campo de golf.
Lozano
ha hecho esa afirmación en la exposición de su informe en el juicio
iniciado el pasado 22 de septiembre en la Audiencia Provincial de Murcia
contra seis exaltos cargos del Gobierno murciano que participaron en el
intento de convertir en urbanizables aquellos terrenos, de 240
hectáreas.
Aunque el fiscal no ha querido concretar a
quiénes se refería en concreto, ha dicho que "desde directores generales
hacia arriba".
Lozano ha sido tajante al señalar que se
trataba de imponer la voluntad de unas personas, aunque ello supusiera
pasar por encima de la ley, y en especial de la salvaguarda
medioambiental de los terrenos, estaban enmarcados en un ámbito
territorial superior declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona
de Especial Protección de Aves (ZEPA), entre otras cuatro figuras de
protección.
Para el representante de la acusación pública, no hay duda de que se partía de una idea predeterminada,
conseguir la recalificación de los terrenos, y hacia ese objetivo se
dirigió la actuación de los acusados.
A uno de ellos, el
exdirector general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado, le atribuye
haberse atribuido competencias que pertenecían a la Dirección General
del Medio Natural para que el asunto no escapara de su control.
"La
decisión favorable estaba predeterminada", comentó, aunque algunos
funcionarios se negaron a suscribir determinados informes, como les
reclamaron sus superiores.
Comentó que el propio Gobierno
murciano había propuesto a la Unión Europea la consideración de la zona
como LIC y ZEPA, "lo que suponía que le reconocía unos valores
ambientales dignos de protección".
Y añadió que cuando el
Ayuntamiento de Águilas hizo una consulta al Ejecutivo autonómico sobre
la propuesta de recalificación de terrenos hecha por el empresario
Trinitario Casanova, se le contestó que no era posible, por lo que el
consistorio procedió a archivar las actuaciones.
Para la
Fiscalía, no tenía sentido por tanto que después, y a instancias de ese
mismo Gobierno autonómico, se procediera a reabrir el caso en un intento
de conseguir recalificar los terrenos.
La vista oral
continuará mañana con la exposición de los informes de las acusaciones
populares, mientras que las defensas lo harán el miércoles.
Los
acusados son, además de Alvarado, Encarna Muñoz, exdirectora general
del Medio Natural; José María Ródenas, exsubdirector general de Vivienda
y Urbanismo; Alfonso Guerrero, exdirector general de la misma dirección
general, y Juan Ignacio Sánchez, jefe del Servicio de Calidad
Ambiental.
Todos ellos están acusados de un delito de
prevaricación. Alvarado y Sánchez también de otro de falsificación. Se
piden distintas penas de prisión y multa.
