MADRID.- La exdiputada y exsenadora del PP Ana Torme presentó un escrito en la
Fiscalía en el que acusa a su excompañero de escaño el murciano Vicente
Martínez-Pujalte de engaño y de falsedad. La fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, ha presentado una denuncia contra ambos por falsedad y cohecho, pero Torme ha pedido personarse como perjudicada y denunciante, adelanta El País.
Ambos fundaron juntos la empresa Sirga XXI siendo diputados,
pero Torme asegura que ella no hacía nada, aunque recibía una nómina
que compatibilizaba con el escaño. La exdiputada asegura en su escrito
que "estos simples datos me hacen dudar de la veracidad de las facturas
emitidas, de los pagos efectuados y, por consiguiente, de la realidad de
los trabajos. Reitero: me hacen dudar porque nadie me ha dado
explicaciones".
La denuncia de la fiscalía es la primera de este tipo contra
parlamentarios por actividades realizadas al tiempo que ocupaban un
escaño.
El escrito relata la actividad de la empresa y concluye que llega "a
la certeza de que había sido engañada y teniendo en cuenta las
peticiones infructuosas para que mi socio aclarase que la prestación de
asesoramiento empresarial las había realizado y cobrado exclusivamente
Vicente Martínez-Pujalte, presumiendo un ánimo espurio en sus
intenciones decidí poner los datos de los que dispongo en manos de las
autoridades competentes".
Torme recuerda que el 23 de abril de 2015 El País publicó una información sobre los pagos de una constructora a Pujalte.
La exsenadora del PP asegura, además, que se enteró de los detalles por
esa información que reproduce en el escrito y también de que antes
cobraba de esa empresa Federico Trillo, ahora embajador en Londres.
Casi todo el escrito sirve para explicar que era Pujalte quien captaba clientes y les asesoraba,
y que ella no tenía actividad. A pesar de eso, admite que cobró 19.956
euros en 2009; 27.456 euros en 2010 y 35.380 euros en 2011. Ella era
entonces diputada y en 2011 pasó a ser senadora, hasta diciembre de
2015. Torme llegó a ser entre 2003 y 2008 portavoz adjunta del grupo
Popular en el Congreso.
Torme recuerda que ha descubierto ahora que algunas de las empresas
que pagaron a la sociedad que compartía con Pujalte estaban vinculados a
otros dirigentes del PP como Gustavo de Aristegui y Pedro Gómez de la Serna.
"La evidencia de que mi socio me había ocultado que teníamos clientes
que además eran amigos míos supuso para mí algo más que una
desagradable noticia: fue la constatación de una verdadera ocultación de
datos por parte de quien entonces era mi socio respecto, al menos, a
los administradores y dueños de esas empresas que nos pagaban, pues yo
tenía el pleno convencimiento de que eran empresas de empresarios, no de
políticos", asegura.
Y añade: "Lo verdaderamente trascendente para mí es que disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada,
tres personas vinculadas a mi partido, dos de las cuales eran muy
próximas a mí, facturaban a mi empresa sin que yo lo supiera".
Torme remata denunciando que "no pocos de los administradores de esas
empresas que nos pagaban y a las que pagábamos tienen a sus
administradores, consejeros o familiares de ellos o de personas
vinculadas a los mismos en otras mercantiles, sometidos a escándalos de
corrupción referidos a políticos del PP". Se refiere a Alejandro
Ballesteros, exdiputado del PP y socio de Ana María Córdoba, imputada en
el caso Poniente; Juan Antonio Mora, vinculado al caso Unión
y a la destrucción de pruebas de Gürtel, siempre según su propio
relato; otro detenido por la Operación Jable y Ricardo Romero de Tejada,
imputado por las tarjetas opacas de Caja Madrid, entre otros.
La exparlamentaria explica en varias ocasiones que como licenciada en
Geografía e Historia no podía intervenir en el asesoramiento a
empresas. Torme concluye pidiendo ser admitida "como
denunciante/perjudicada" en las diligencias abiertas tras la denuncia de
la fiscalía, que avala la fiscal general del Estado.
El escrito fue presentado el 15 de junio de 2015 en la Fiscalía,
cuando ya se había iniciado la investigación. Torme, a través de su
abogado Javier Díaz Aparicio, ha ratificado a El País
esta versión aportada por la exparlamentaria a la Fiscalía.
Incumplir el Reglamento del Congreso
El PP en la Comisión del Estatuto del Diputado impidió con su mayoría
absoluta la pasada legislatura que Vicente Martínez-Pujalte fuera
sancionado por sus negocios privados.
El PSOE consideraba que los pagos regulares de una constructora revelados por El País podrían vulnerar el artículo 17 del Reglamento del Congreso que asegura que “los diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional”.
Los socialistas entendían que las declaraciones del empresario que le pagaba asegurando que lo hacía, precisamente, por su condición de diputado confirmaban que había vulnerado ese artículo del Reglamento.
Pujalte asegura que el Congreso avaló esa actividad y la aprobó en pleno. En realidad, el Congreso solo recibe la declaración del parlamentario, en este caso la propiedad y actividad de la empresa, pero no tiene capacidad para verificar y, mucho menos, sancionar. De hecho, aseguran que cumplen la exigencia legal de no contratar con administraciones públicas y en algunos casos se ha demostrado que sí lo hacían, sin que haya habido sanción alguna.
Es decir, los diputados solo pueden tener actividad al margen del escaño si lo autoriza el Congreso, pero la Cámara da el visto bueno casi a ciegas.
El PSOE consideraba que los pagos regulares de una constructora revelados por El País podrían vulnerar el artículo 17 del Reglamento del Congreso que asegura que “los diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional”.
Los socialistas entendían que las declaraciones del empresario que le pagaba asegurando que lo hacía, precisamente, por su condición de diputado confirmaban que había vulnerado ese artículo del Reglamento.
Pujalte asegura que el Congreso avaló esa actividad y la aprobó en pleno. En realidad, el Congreso solo recibe la declaración del parlamentario, en este caso la propiedad y actividad de la empresa, pero no tiene capacidad para verificar y, mucho menos, sancionar. De hecho, aseguran que cumplen la exigencia legal de no contratar con administraciones públicas y en algunos casos se ha demostrado que sí lo hacían, sin que haya habido sanción alguna.
Es decir, los diputados solo pueden tener actividad al margen del escaño si lo autoriza el Congreso, pero la Cámara da el visto bueno casi a ciegas.
