CARTAGENA.- El ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel,
ha asegurado esta mañana durante su comparecencia ante la comisión que
investiga la construcción y puesta en marcha de la desaladora de
Escombreras que "ni cuesta 600 millones de euros" como denuncia la
oposición "ni hay entramado societario" en su puesta en funcionamiento.
Durante
su primera alocución, que ha sobrepasado los 40 minutos que tenía
previsto, Valcárcel ha manifestado su intención de "acabar ya con el
bulo" de que la planta cuesta 600 millones. Ha dicho que la planta
cuesta un máximo de 180 millones y que actualmente el Gobierno regional
ya ha pagado 49 millones por la infraestructura.
"Florentino la
vende por 180 millones de euros. Se acabó ya el bulo de los 600
millones, no lo digo yo, sino el que está dispuesto a vender", ha
advertido. El ex presidente regional ha aclarado que los 600 millones
surgen cuando la Comunidad deja de pagar el canon anual a los acreedores
de la desaladora, Hydro Management y Tedagua, "porque no había dinero
para pagar".
En ese momento fue cuando ambas empresas deciden
acudir a los juzgados a reclamar lo que se les debe. "De ahí sale la
reclamación de los 600 millones de euros, que es lo que hubiera costado
el desarrollo de la infraestructura hasta el año 2034", ha reiterado.
A
su vez, ha confirmado que se reunió con el presidente del Real Madrid y
de ACS, Florentino Pérez, propietario del 80 por ciento de la
desaladora a través de Cobra, para alcanzar un acuerdo. Valcárcel ha
querido contrarrestar las acusaciones de los diputados de la oposición
que denuncian "el contrato draconiano" de la desaladora de Escombreras.
"No
existe un contrato draconiano. Los servicios públicos pueden ser más o
menos beneficiarios, pero no suelen ser nunca servicios con superávit",
ha indicado al tiempo que ha afirmado que la desaladora no ha dejado de
producir agua, "cosa distinta es que el Gobierno regional o el Ente
Público del Agua sea capaz de poder colocar esa agua comprometida
mediante convenios con los ayuntamientos".
A su vez, ha reconocido
que los resultados de los primeros años no fueron buenos. En este
sentido ha afirmado que desde el año 2006 la planta produce un déficit.
Ha aclarado que las perspectivas de crecimiento de la desaladora son
distintas cuando comienza la crisis económica. Aunque también cree que
2016 será el año en el que se produzca "la máxima producción y venta"
del agua desalada. Apunta a que la infraestructura está al 76%.
Valcárcel
ha contrarrestado las críticas de la oposición sobre el "despilfarro"
de la construcción y ha defendido la idoneidad de la planta porque sirve
para estar abasteciendo al campo de Cartagena, a mantener 4.000 puestos
de trabajo directos e indirectos y para abastecer de agua potable a los
28 ayuntamientos con los que se suscribieron los contratos.
Durante
su intervención, ha explicado que la Asamblea aprobó por mayoría la ley
para constituir el Ente Público del Agua (EPA), que se constituyó para
promover y ejecutar directamente o a través de otras entidades públicas o
privadas acciones para satisfacer las necesidades de agua. En dicha
norma se estipula que el EPA puede constituir sociedades o participar en
el capital de sociedades que contribuyan a ese fin.
"La ley
regional de creación del EPA es respuesta a la derogación en 2004 del
Plan Hidrológico Nacional para paliar el déficit de agua", ha comentado.
Según dice, el EPA solo puede contratar con los ayuntamientos y
abastecerlos de agua. "Nunca alcanzó ningún contrato con empresarios,
con la excepción de que cuando el agua tiene destino la agricultura,
porque los ayuntamientos no tienen competencia en esa materia".
Tras
la creación del EPA, en 2006 el Gobierno regional decide abordar la
producción de la desaladora de agua "contando con los informes jurídicos
correspondientes", ha advertido al tiempo que ha reiterado que el
proyecto de la desaladora ya estaba en marcha de mano de inversores
privados con la finalidad de poder abastecer a municipios de la Región
con agua potable.
Otra de las cuestiones que ha debido aclarar
tiene que ver con el entramado societario a través del Ente Público del
Agua. El consejo de Administración el EPA se constituyó en noviembre de
2005 y estaba presidido por el ex consejero Antonio Cerdá.
El
Consejo de Gobierno autorizó el 17 de febrero de 2006 al EPA para que
constituyera Hidronostrum y se aprobaran sus estatutos. "Se ajustaba a
las disponibilidades legales de la administración", ha dicho. A su vez
ha añadido que la estructura societaria "es bastante simple".
Ha
aclarado que cuando se constituye Hidronostrum se autorizó la
compraventa de las acciones de la mercantil Cobra y la primera compañía
pasa a ser titular del 25% del valor nominal de las acciones. La
sucesiva cesión de titularidad de la desaladora no es tal, según
Valcárcel. Añade que ahora solo están las empresas Hydromanagement y
Tedagua.
La construcción de esta planta la promovió Hydromanagent
participada actualmente por la compañía Tedagua (Grupo Cobra), la cual
realizó el diseño y la construcción de las instalaciones. La primera es
una empresa de capital murciano que es la que pone en marcha el
proyecto, mientras que la otra es ACS.
"ACS adquirió el 80%, con
lo que era socio mayoritario y firmó un contrato con Hydro Management
para su mantenimiento y cuando se crea el EPA, entra en esas empresas",
ha señalado.
El ex presidente de la
Comunidad llegaba sobre las 9.15 horas. Tras reunirse durante unos
minutos con diputados de su grupo parlamentario y ser recibido por la
presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, Valcárcel ha acudido a
la sala donde debía comparecer. Sobre las 10.15 horas ha comenzado la
comisión.
El diputado del PSOE, Jesús Navarro, ha dado inicio a la
comparecencia de los parlamentarios, quien le ha formulado una extensa
batería de preguntas en las que se ha interesado por los intereses
urbanísticos que existían a la hora de construir la desaladora, qué
conexión tiene dicha infraestructura con la urbanización Novo Carthago,
si se reunió con Florentino Pérez, propietario de ACS, o si lo hizo
alguno de los consejeros del gobierno que presidía.
El siguiente
en comparecer ha sido el diputado de Podemos, Antonio Urbina, que ha
iniciado su intervención agradeciendo que la comisión pudiera ser
pública. El diputado ha advertido que podría haber errores de forma en
los contratos privados que se firmaron y ha instado al ex presidente
regional a reconocer que eso fue así y que se incurrió en alguna "mala
gestión" que permitiera a la Comunidad a denunciar estos contratos y
poder romperlos.
Urbina ha dicho durante su alocución que una de
las claves de la desaladora son los 570 millones que reclamó el grupo
Cobra a la Comunidad por lucro cesante, ya que la desaladora pierde 13
millones al año y costó 117 millones.
El portavoz de Ciudadanos
(C's), Miguel Sánchez, ha coincidido con diputados de los otros grupos
en que "ustedes hacían las cuentas del gran capitán y lo que tenemos
son las cuentas de una mala gestión". Se ha referido a los créditos que
pidieron las constructoras y que luego ha tenido que asumir la
Comunidad.
Por último, el diputado del PP, Juan Luis Pedreño, ha
informado que entre todas las preguntas que le han hecho los grupos
parlamentarios, Valcárcel iba a contestar a 85 preguntas, 48 por parte
del PSOE, 16, de Podemos, otras 16 de Ciudadanos y 3 ó 4 preguntas por
parte del PP.
Los populares solo han inquirido al ex presidente
regional sobre la situación actual de funcionamiento la desaladora y se
han interesado por el número de empresas que han intervenido en su
construcción.
