Las dificultades que se anuncian para la formación del nuevo Gobierno
(y la investidura del futuro Presidente) después de las elecciones
generales del 28-A, parecen a simple vista insalvables.
Y ello por causa de la fractura ideológica y territorial, lo que nos
retrotrae a la situación creada tras los comicios de 2015, una vez que
fracasó el intento de investidura de Pedro Sánchez (que en ese tiempo
apoyó C's) que obligó a la repetición de los comicios en junio de 2016 y en los que Pablo Iglesias creyó erróneamente que superaría al PSOE.
Ahora, por causa del desafío golpista catalán, las divergencias son
mayores. Sobre todo entre los llamados partidos constitucionalistas
nacionales de PP, PSOE y C's, a los que en cierta manera se les pueden
añadir los populistas de la izquierda y derecha, Podemos y Vox,
completando el penta partido hoy vigente en nuestro país.
Y sobre el que resulta muy difícil pronosticar el reparto nacional de
los 325 escaños que les corresponderán, al margen de los otros 25
escaños (hasta los 350 del Congreso de los Diputados) de los
nacionalistas porque. Porque como se vio en Andalucía la irrupción de
Vox en la batalla electoral puede ofrecer grandes sorpresas en las
grandes y pequeñas circunscripciones.
Por todo ello cabe imaginar un acuerdo preelectoral entre PP, PSOE y
C's sobre la no utilización de los escaños del nacionalismo soberanista
en el proceso de investidura (lo que podría aplicarse a los Presupuestos
y a las mociones de censura) para que la mayoría de la gobernabilidad
quedara en los 163 escaños, facilitando con eso los acuerdos para la
formación del nuevo gobierno y su estabilidad presupuestaria en la
legislatura.
Este modelo de pacto lo pudieron haber utilizado el PSOE y el PP tras
las elecciones generales de 1993 cuando Felipe González quedó en
minoría y en las de 1996 cuando José María Aznar ganó con una mayoría
insuficiente.
Ambos dirigentes políticos pactaron, en sus respectivas legislaturas,
con el PNV de Arzalluz (que cumplió lealmente sus compromisos) y con la
CiU de Pujol que utilizó la debilidad de los partidos nacionales para
activar su plan soberanista con insaciables y temerarias demandas que
González y Aznar aceptaron de manera irresponsable.
Ahora y tras la fallida declaración de independencia de Cataluña del
27-O de 2017, el riesgo de los pactos de gobierno con los soberanistas
es mayor tal y como lo ha comprobado Pedro Sánchez con sus peligrosos
acuerdos con Quim Torra que acabaron muy mal.
De ahí la opción que proponemos de la mayoría minoritaria suficiente
de los 163 escaños, para favorecer la gobernabilidad y la estabilidad.
Algo que no será fácil de pactar durante la campaña electoral pero que
sin embargo sería una eficaz e interesante posibilidad para reconstruir
el pacto constitucional entre las fuerzas políticas de ámbito nacional.
(*) Periodista
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