
Cuando actúan estas fuerzas de seguridad, especialidad en investigar presuntos delitos sobre corrupción, con la fiscalía por medio y con intervención judicial, es porque los indicios razonables de grave delito son muy elevados.
Tras la trama de funcionarios y amigos con extraños negocios, parecía lógico que por connivencia o por negligencia, estuvieran cargos públicos al menos en la corporación municipal, por no hablar de la supuesta libertad de actuación de alto técnico del Gobierno Regional.
Sin embargo, en este caso, más sorprendente que la detención de los principales cargos municipales de Librilla, ha sido la reacción de la cúpula regional de los populares murcianos.
Dicen que si en lugar del alcalde y primer teniente de alcalde de Librilla, el esposado hubiera sido un concejal socialista en la oposición, las peticiones de responsabilidades políticas hubieran sido inmediatas, tanto por el nuevo portavoz regional del PP, Ruiz Vivo, que ayer eludía su pronunciamiento al estar en Estrasburgo, pasando por el vicesecretario general, Pedro Antonio Sánchez o el secretario ejecutivo de Justicia regional, el ex fiscal Manuel Campos.
“Apoyo firme a la intervención judicial y apoyo firme a los derechos de los detenidos”. Ni una referencia a una posible suspensión cautelar de militancia o evitar politizar la acción judicial, con movilizaciones vecinales, como en Totana o Torre Pacheco. A “verlas venir”, como sí José Martínez no fuera uno de “los suyos”.
El Defensor del Pueblo puede empezar a buscar despacho
La creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Región supone un ejemplo de agilidad y consenso entre los tres grupos políticos de la Asamblea. La Ley se aprobó ayer, se hará oficial en los próximos días con su publicación en el BORM y el miércoles, con el pleno que incluye el debate presupuestario a la totalidad, se aprobará el nombramiento por cinco años de José Pablo Ruiz Abellán para hacerse cargo de quejas de los ciudadanos de la Región, que se supone serán abundantes.
Nadie se explica porque está figura ha tardado tantos años en sustanciarse. Los populares van para 16 años de mayoría amplia absoluta.
Sin embargo, en este caso, más sorprendente que la detención de los principales cargos municipales de Librilla, ha sido la reacción de la cúpula regional de los populares murcianos.
Dicen que si en lugar del alcalde y primer teniente de alcalde de Librilla, el esposado hubiera sido un concejal socialista en la oposición, las peticiones de responsabilidades políticas hubieran sido inmediatas, tanto por el nuevo portavoz regional del PP, Ruiz Vivo, que ayer eludía su pronunciamiento al estar en Estrasburgo, pasando por el vicesecretario general, Pedro Antonio Sánchez o el secretario ejecutivo de Justicia regional, el ex fiscal Manuel Campos.
“Apoyo firme a la intervención judicial y apoyo firme a los derechos de los detenidos”. Ni una referencia a una posible suspensión cautelar de militancia o evitar politizar la acción judicial, con movilizaciones vecinales, como en Totana o Torre Pacheco. A “verlas venir”, como sí José Martínez no fuera uno de “los suyos”.
El Defensor del Pueblo puede empezar a buscar despacho
La creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Región supone un ejemplo de agilidad y consenso entre los tres grupos políticos de la Asamblea. La Ley se aprobó ayer, se hará oficial en los próximos días con su publicación en el BORM y el miércoles, con el pleno que incluye el debate presupuestario a la totalidad, se aprobará el nombramiento por cinco años de José Pablo Ruiz Abellán para hacerse cargo de quejas de los ciudadanos de la Región, que se supone serán abundantes.
Nadie se explica porque está figura ha tardado tantos años en sustanciarse. Los populares van para 16 años de mayoría amplia absoluta.
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