El cambio climático provocará más migraciones y desplazamientos en el mundo

MADRID.- Las causas climáticas ya superan a guerras y factores económicos como motivo de salida. No dan derecho a acceder al estatuto del refugiado, aunque las causas climáticas superan a los conflictos y factores económicos como motivo de los desplazamientos internos. Y si seguimos sin hacer nada, dentro de 30 años habrá 200 millones de migrantes climáticos, uno de cada 45 habitantes del mundo.

La degradación medioambiental avanza a tal ritmo que, desde los años 70, el riesgo de convertirse en un desplazado climático se ha duplicado. "Nos estamos arriesgando a que no haya un solo rincón en el planeta a salvo del cambio climático", augura María Jesús Vega, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en España.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), definen como "migrantes climáticos" a aquellos que, "por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales, o deciden hacerlo, ya sea de forma temporal o permanentemente, y que se mueven ya sea dentro de su país o hacia el extranjero".
Aunque lo normal es que estos movimientos sean internos, hay casos transfronterizos en los que es el país receptor el que tiene que asistir a los migrantes. Y es ahí donde "surge el problema", ya que los refugiados tienen la protección de la Convención de Ginebra, pero los desplazados climáticos no cuentan con un paraguas normativo internacional, quizá alguna convención regional en las que sus situaciones "puedan encajar", aclara Vega.
"La línea de separación entre desplazado climático y refugiado es muy fina", añade. Porque el cambio climático es un "multiplicador de amenazas" que muchas veces lo que hace "es provocar o exacerbar conflictos ya existentes" por la carencia de recursos.
De hecho, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) rechazan de plano el concepto de "migrante climático" porque "alude a un cierto grado de decisión, a un mínimo de voluntariedad y de capacidad de las personas para decidir, ocultando el carácter forzado de estos movimientos", explica Raquel Celis, coordinadora de Incidencia y Participación Social de CEAR-Euskadi.
Además, el cambio climático "se queda muy corto para describir el nivel de degeneración medioambiental que sufre el planeta" y, aunque es cierto que está desplazando a población, hay otras degradaciones no incluidas en este concepto que también fuerzan migraciones: las provocadas por la industria del carbono y otras extractivas.
Un estudio de la organización británica Carbon Disclosure Project desvela que desde 1988 -cuando se creó el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)-, más de la mitad de las emisiones industriales mundiales se pueden rastrear en solo 25 empresas y entidades estatales.
"El cambio climático es la consecuencia última de un modelo que viene expoliando los bienes que son necesarios hoy y para las futuras generaciones y de un sistema en el que las industrias que están esquilmando los recursos juegan un papel muy importante", censura.
La consecuencia es que 2018 batió el récord de nuevos desplazamientos internos: 30 millones. De ellos, 10,8 millones fueron por conflicto y los 17,2 millones restantes por desastres, en su inmensa mayoría (16,1 millones), relacionados con el clima, especialmente tormentas (9,3 millones); ciclones, huracanes y tifones (7,9 millones) e inundaciones (5,4 millones).
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) indica en su último Informe Mundial 2019 que Europa y Asia Central es la zona con menos movimientos de este tipo del mundo, el 0,2% del total. En 2018 fueron 52.000, de los que 41.000 estuvieron asociados a desastres; entre estos últimos, 3.300 se produjeron en España. Solo los incendios forestales de Valencia causaron 2.600 en agosto.
Intermon Oxfam sitúa a nuestro país, por detrás de la República Checa y de Grecia, como el tercer país europeo con mayor riesgo de sufrir desplazamientos climáticos.
Sin embargo, en Acnur consideran que "no hay ninguna constancia de que en España haya desplazados climáticos" porque, aunque sí se pueden notar sus efectos, las condiciones climatológicas duras y el cambio climático son algo que se ceba con las zonas más desfavorecidas como el cuerno de África, el Sahel, Asia y algunos países de Latinoamérica.
Nadie está a salvo del cambio climático, pero sus estragos son más crueles aún con los 70,8 millones de personas que han tenido que huir de la guerra o de la persecución, 30 millones de ellos refugiados, según Acnur.
"Muchas veces los espacios que proporcionan los gobiernos para levantar un campo de refugiados son zonas estériles, sin acceso al agua, aislados y expuestos a inundaciones, sequías y otros desastres", relata Vega.
Es lo que ha ocurrido con 200.000 de los 900.000 rohinyás que, tras lograr escapar de la violencia de Myanmar, tuvieron que salir de sus asentamientos de Bangladesh, anegados por las inundaciones. Es "el desplazamiento dentro del desplazamiento".
Mujeres y niñas sufren de manera diferenciada los impactos del cambio climático en general y de las migraciones climáticas en concreto. Así lo ha puesto de manifiesto recientemente Ecodes en "Perspectiva de género en las migraciones climáticas".
Y es que suelen ser las principales responsables de tareas que son cada vez más difíciles de realizar por el impacto climático, como es la recogida de agua, de lo que se encargan en ocho de cada diez hogares que carecen de ella. Algo que incide en asuntos como su educación o salud.
Por no hablar de que, tras un desastre, están más expuestas a todo tipo de violencias machistas, un peligro ya de por sí alto en cualquier contexto migratorio, en los que las probabilidades de ser violadas, obligadas a casarse o a prostituirse se disparan.

La Ley de Responsabilidad Medioambiental, papel mojado en la Región de Murcia

MURCIA.- «Quien contamina, paga». Es la filosofía con la que nacía, allá por 2007, la Ley de Responsabilidad Medioambiental, una norma que, aunque sigue vigente, se queda, en demasiadas ocasiones, en papel mojado. Fue una de las conclusiones de las jornadas que, con el título La protección del medio ambiente: derechos de la ciudadanía, se celebraron los días 28 y 29 de noviembre en el Teatro Romano de Cartagena, recuerda hoy La Opinión.

Las jornadas estuvieron organizadas por la Comisión de lo Contencioso Administrativo de Juezas y Jueces para la Democracia, y contaron con la presencia de profesores de Ecología y Derecho Administrativo, magistrados y fiscales, que hablaron sobre cómo proteger el medio ambiente.
Al término de las jornadas, la sección territorial de Juezas y Jueces para la Democracia elaboró un documento a modo de resumen en el que se aborda la Ley de Responsabilidad Ambiental, norma que tachan de «gran desconocida». 

En las jornadas disertó sobre la ley el fiscal Manuel Campoy, fiscal de Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la ponencia titulada Acción pública y responsabilidad medioambiental.
Aluden en la asociación lo que pasó, por ejemplo, en octubre en el Mar Menor, donde «se produjo un ecocidio, entendido aquí como cualquier daño masivo o destrucción medioambiental de un territorio, de tal magnitud que puede poner en peligro la supervivencia de sus habitantes».
«Sin embargo, la visión de los miles de seres vivos amontonados en las orillas del Mar Menor asfixiándose hace pensar en algo todavía más dramático: la autodestrucción animal ante una situación de muerte inevitable», explican en el documento, donde añaden que «los expertos parecen estar de acuerdo en que lo ocurrido es la consecuencia de una insostenible situación instaurada durante mucho tiempo, y a la que han contribuido múltiples factores». «Surge la pregunta si entre dichos factores está la inejecución de las previsiones que contempla la normativa de aplicación», apuntan al respecto.
Desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región explican que «en la Región no se ha abierto ningún expediente por este motivo, no ha habido ningún caso que haya generado un problema de contaminación de recursos naturales».
«Cuando reciben las autorizaciones los particulares presentan unas garantías para responder, en caso de que fuera necesario, ante daños que se produjeran», detallan desde este organismo.
Mientras, Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que «la 50ª Reunión Plenaria y la XLIV Jornada Temática de la Red de Autoridades Ambientales tendrán lugar en la primavera 2020 en la Región de Murcia», a lo que añade que «quizá sea ese el momento y el lugar para saber por qué la Ley de Responsabilidad Medioambiental ha sido aplicada en tan pocas ocasiones y, en concreto, saber por qué nunca se ha aplicado en la Región de Murcia».
Y es que, continúan los juristas en su documento, «entre el 30 de abril de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2017 se han registrado únicamente 34 casos de exigencia de responsabilidad medioambiental tramitados por las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana».
De estos asuntos, desgranan los expertos, tres hacen referencia a daños producidos al suelo, uno al suelo y los hábitat; veinte a las aguas y al suelo; tres al suelo, a las aguas y los hábitats; uno a las aguas, al suelo y a la ribera del mar y a las rías, tres a las aguas y tres a las especies y su hábitat.
 

¿Cuál es el objeto de la Ley de Responsabilidad Medioambiental?

Su objeto es regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de 'quién contamina paga'. Con ello se persigue asegurar la reparación de daños medioambientales derivados de actividades económicas, aún cuando estas se ajusten plenamente a la legalidad y hasta si se ha querido prevenir, indica el Ministerio en su web.

¿Qué es la Responsabilidad Medioambiental?

Es la responsabilidad derivada de la Ley 26/2007 que obliga a los operadores dentro de su ámbito de aplicación, a poner en marcha las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales que puedan provocar, para devolver los recursos dañados al estado en el que se encontraban.
La responsabilidad medioambiental se exige al titular de la actividad económica o profesional que ha ocasionado el daño, quien debe asumir la totalidad de los costes de las medidas de prevención, evitación o reparación adoptadas.

La Ley 26/2007 establece dos tipos de responsabilidad medioambiental:

Objetiva e ilimitada, para todas las actividades incluidas en el anexo III de la Ley que obliga al operador a adoptar las medidas de prevención, evitación y reparación necesarias, con independencia de que se actuara o no con dolo, culpa o negligencia.
Subjetiva, para el resto de actividades, en la que se limita la adopción de medidas de reparación a los casos en que exista, dolo, culpa o negligencia. En todo caso, están obligados a adoptar las medidas de prevención y evitación necesarias, y quedarán obligados a la adopción de medidas de reparación si se incumplen los deberes relativos a las medidas de prevención y de evitación de daños.
Es una responsabilidad administrativa, es decir, la exige la administración pública y es independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda exigirse por el mismo hecho.

¿Qué daños medioambientales quedan cubiertos por la ley?

El ámbito de aplicación de la Ley incluye los daños y las amenazas inminentes de daños a las aguas, a la ribera del mar y de las rías, al suelo y a las especies de flora y fauna silvestres, así como a los hábitats.
Además, se aplicará solamente a los daños medioambientales que produzca efectos adversos significativos en estos recursos, con los criterios que se establecen en la ley.

¿Qué daños medioambientales quedan excluidos?

Quedan excluidos los daños al aire y los denominados daños tradicionales, es decir a las personas y sus bienes, salvo que constituyan un recurso natural.
También quedan excluidos los daños medioambientales y las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan cuando hayan sido ocasionados por alguna de las siguientes causas:
Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una insurrección.
Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.
Las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, y las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres naturales.
Los daños medioambientales cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a responsabilidad o a indemnización estén establecidas por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo IV.
Los riesgos nucleares, a los daños medioambientales o a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales cuya utilización esté regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, ni a los incidentes o a las actividades cuyo régimen de responsabilidad esté establecido por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo V.

¿Qué son las medidas de prevención?

Son aquellas medidas que, si se produce una amenaza inminente de daño medioambiental, el titular de la actividad responsable debe adoptar con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daño.

¿Qué son las medidas de evitación?

Son aquellas medidas que, una vez producido un daño medioambiental, el titular de la actividad responsable debe adoptar para limitar o impedir mayores daños medioambientales.

¿Qué son las medidas de reparación?

Son todas aquellas medidas que tengan por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados.

La ley distingue las siguientes medidas de reparación:

Reparación primaria: Toda medida reparadora que restituya o aproxime al máximo los recursos naturales dañados al estado en que se encontraban antes del daño (estado básico).
Reparación complementaria: Toda medida reparadora adoptada para compensar el hecho de que la reparación primaria no haya dado lugar a la plena restitución de los recursos naturales dañados.
Reparación compensatoria: Toda acción adoptada para compensar las pérdidas provisionales de recursos naturales que tengan lugar desde la fecha en la que se produjo el daño hasta la fecha en la que la reparación primaria haya surtido todo su efecto.

El voluntariado de Cruz Roja Cartagena, desmotivado ante la gestión local de la entidad que preside Andrés Ros

CARTAGENA.- Algunos voluntarios de Cruz Roja Cartagena - que desde mediados del pasado mes de agosto preside el 'cartagenerista' Andrés Ros- han manifestado su descontento con la gestión que desde hace un tiempo a esta parte se viene produciendo de la organización sin ánimo de lucro en la ciudad portuaria. 

Y es que, según explican varias de las personas que forman parte de la sede con la que la entidad cuenta en Cartagena, desde hace tres años y coincidiendo con la entrada de Faustino Herrero en la presidencia de la organización a nivel regional se han producido multitud de cambios en el funcionamiento y la jerarquía de Cruz Roja en Cartagena.

«Antes las decisiones que tenían que ver con Cartagena las tomábamos en consenso desde aquí», afirman los voluntarios, «sin embargo, ahora todo pasa por el filtro de Murcia, que desconoce en la mayoría de ocasiones cuáles son las necesidades que tiene nuestra ciudad». 

Del mismo modo manifiestan que cada vez cuentan con menos «poder» a la hora de gestionar tanto las actividades que se llevan a cabo por parte de cada uno de los distintos departamentos, así como los roles que cada voluntario ejerce a pesar de «regalar su tiempo a la entidad de manera altruista», protestan los voluntarios. 

Muchos compañeros han dejado de participar activamente en la organización, al observar este «cambio en la manera de hacer las cosas», explica parte del voluntariado. Según indican, algunos de ellos sí que se han dado de baja, mientras que la mayoría consta a día de hoy como voluntario de la entidad, pero no acude a la realización de tareas por haber tenido alguna disputa con la directiva durante los últimos meses. 

Tal y como indican varios voluntarios, en estos momentos Cruz Roja ha tenido que contratar a personal para realizar las labores que hasta hace poco tiempo venían realizando los voluntarios porque «ahora son cuatro gatos», añadiendo que los dos cambios de directiva que sufrió Cruz Roja en Cartagena en menos de un año también han sido determinantes para que gran parte del voluntariado tomase la decisión de dejar de colaborar con la entidad.

La situación ha llegado hasta el punto de que, tal y como cuentan miembros de la organización en la ciudad portuaria, «durante una de las últimas campañas de recogida de alimentos de Cruz Roja, al no contar con los voluntarios suficientes para realizar el reparto de los alimentos del vehículo que los transportaba, el camión tuvo que regresar hasta Barcelona con comestibles en su interior que estaban destinados a personas necesitadas del municipio de Cartagena», según se revela hoy en La Opinión.

Territorio comanche / Rosa Roda *

En una región como Murcia cuya sociedad civil calla y otorga por miedo a represalias o por puro desinterés (la lucha vecinal por el soterramiento es una anomalía) cobra especial relevancia el informe del Círculo de Economía titulado "Clima y Desarrollo Sostenible". 

 

Un zasca con la mano abierta al gobierno regional de López Miras principalmente que, a base de tuits, intenta imponer su relato político sobre el Mar Menor o los devastadores daños causados por la DANA en Los Alcázares: yo no he sido, la culpa es del Ministerio.

José Ramón Díez de Revenga y Javier Celdrán no escatiman dramatismo semántico a la hora de arremeter contra el Gobierno de España por no haber acometido en un año todas las obras en ramblas que el gobierno de Rajoy no hizo y gobernó desde 2011 hasta abril de 2018, varios de esos años con mayoría absoluta. 

 

Y colaría su verborrea victimista si no fuese porque mientras los vecinos de Los Alcázares achicaban agua y barro de sus viviendas desesperados por el nuevo mazazo en dos meses, el Consejo de Gobierno aprobaba 550.000 euros para que el equipo de baloncesto de la UCAM luzca en la camiseta el logo "Costa Cálida" y el señor Mendoza aplaque su ira. Grosera decisión habiendo tanta gente necesitada de ayuda en el Mar Menor, una de las zonas más castigadas por la pobreza y las inclemencias del clima.

El Círculo de Economía, formado mayormente por directivos de importantes empresas de la región de Murcia, ha denunciado en un informe aprobado por unanimidad de las treinta personas que componen la junta directiva, que ha fallado estrepitosamente el control de la legalidad urbanística en la región de Murcia y eso es competencia directa de la Comunidad Autónoma. 

 

"¿Cómo es posible que en una Comunidad como la de Murcia, con gotas frías tan frecuentes y que tiene competencias sobre ordenación del territorio, no se haya elaborado todavía un Plan de Ordenación del Territorio ante los riesgos de inundaciones?" dicen los directivos que creen que "ni la burocracia, ni la falta de coordinación entre las distintas administraciones, ni la ausencia de desarrollos normativos fundamentales pueden convertirse en coartadas para seguir retrasando las respuestas a situaciones que requieren tomas de decisiones urgentes". 

 

"Cómo es posible que haya viviendas ocupando zonas declaradas inundables cuando la ley es clara y sólo de forma excepcional y con muchas limitaciones de uso, se puede construir en zonas inundables" se preguntan. Pues es posible porque quienes deben velar por el cumplimiento de la ley miran para otro lado. Así ha ocurrido con la expansión de la agricultura intensiva en el campo de Cartagena que ha degradado el Mar Menor hasta el colapso ecológico.

La región de Murcia se ha convertido en una especie de territorio comanche en el que incumplir la legalidad vigente no pasa factura. Lo que ha ocurrido con la denuncia de la Fiscalía contra el ex presidente Ramón Luis Valcárcel por el caso Desaladora que ningún juzgado quería asumir, evidencia en qué tipo de región vivimos. Una especie de Sicilia pero "abonico" en la que el estamento judicial también tiene mucho de lo que avergonzarse con el Mar Menor.

"La excesiva tolerancia sobre prácticas irregulares, cuando no ilegales, han dado cobijo a las desafortunadas actuaciones urbanísticas que hoy lamentamos...." resaltan los directivos del Círculo de Economía que creen que "hace falta, y es triste decirlo, una apuesta decidida por el cumplimiento de la legalidad, que, en este caso puede salvar vidas, patrimonio natural y haciendas".

En la comarca del Mar Menor se han desviado ramblas al antojo de intereses particulares, se han invadido cauces y se ha edificado en zonas inundables aún estando en riesgo vidas humanas. La ordenación del territorio urbanístico y agrícola que compete a la Comunidad Autónoma ha sido desastrosa.

Un informe de Ministerio de Transición Ecológica sobre la inundabilidad sistemática del municipio de Los Alcázares por los distintos episodios de lluvia concluye que "todo el casco urbano se encuentra totalmente en zona inundable siendo un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación". 

 

El informe tiene un pasaje muy interesante: "un aspecto que incide de manera importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizando durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de La Maraña y La Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

"Los cambios tanto agrícolas como urbanísticos han cambiado totalmente la red hidrológica primitiva de la zona. La rambla de La Maraña que pasa por la población ha desaparecido y no tiene cauce lo que provoca el discurso de sus aguas a manta sobre el terreno" concluye el informe del ministerio. La población de Los Alcázares, por tanto, no tiene defensa estructural alguna y se constata un cambio anormal en la climatología de la zona del campo de Cartagena. Razón de más para empezar a poner orden. La población no aguanta más barro y agua y ningún ecosistema soporta la entrada masiva de porquería química dos o tres veces al año.

Se puede decir más alto pero no más claro: cumplan la ley. No pueden aprobar leyes con guías de interpretación que ayudan a su incumplimiento como ha ocurrido con la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor que no se está cumpliendo. No pueden permitir el riego por aspersión de lechugas en el campo de Cartagena mientras exigen al ministerio que drene el acuífero del Campo de Cartagena porque está rebosante de agua. No pueden malgastar ingentes cantidades de dinero público en rampas para embarcaciones que se ha llevado el barro y el agua sin que nadie asuma responsabilidades. No pueden permitir la construcción de nuevas viviendas en zonas inundables aunque sean zonas urbanas. No pueden pretender desmantelar el poco control medioambiental que aún existe en la región de Murcia con la creación del ARCA que exige la patronal murciana CROEM que con la excusa de simplificar lo que busca es desregular. 

 

Eliminen regadíos ilegales, persigan roturaciones ilegales de terreno de secano en regadío, vigilen la contaminación por nitratos en una región con 247.000 hectáreas declaradas como zona vulnerable a la contaminación por nitratos. Ordenen los usos del suelo. Asuman sus competencias regionales antes de lanzar ofensivas políticas estériles contra un gobierno de la Nación con el que están obligados a entenderse y cooperar para salvar el Mar Menor y sus poblaciones aledañas. Y más teniendo en cuenta la muy delicada situación financiera de la región de Murcia donde se habla de intervención por parte del Estado. 

En un contexto de cambio climático probado, el único relato válido es el científico y el legal. El relato político es superfluo y contaminante. Resulta apremiante acometer una ordenación de los cultivos en la zonas suspceptibles de inundación como el campo de Cartagena para minimizar los arrastres de suelo y de productos contaminantes al Mar Menor que, muy probablemente, volverá a escupir miles de peces muertos en los próximos meses. Lo vienen exigiendo los científicos a los que ignoran sistemáticamente. Hagan caso entonces a los directivos del Círculo de Economía a los que, espero, no descalifiquen llamándoles "seres de luz".

La indignación de los vecinos de Los Alcázares es comprensible. Muchos tendrán que abandonar el pueblo para siempre. Exigen soluciones urgentes a un problema complejo tras años de descontrol, inacción, desidia y sinvergonzonería. La CHS, que debiera haber sido más celosa en su labor de vigilancia con la invasión de Dominio Público Hidráulico, trabaja en la recuperación de cauces perdidos como el de la rambla de La Maraña, pero tampoco puede hacer ahora autovías de agua directas al Mar Menor. 

 

La medida 9 del Plan Vertido Cero que con tanta vehemencia exigen los populares de control de escorrentías y transporte de sedimentos contaminados a nivel de cuenca está pensada para flujos de agua ordinarios, en ningún caso para la cantidad de lluvia que trae una DANA. Los técnicos sopesan la posibilidad de hacer "llanuras de inundación controlada" que frenen el agua que inunda los pueblos del Mar Menor. Unos pueblos que los constructores pretenden seguir alicatando hasta el infinito y más allá. Nada menos que la construcción de 2000 viviendas han reactivado en el entorno de la laguna no vaya a ser que al gobierno de López Miras se le ocurra incluir una moratoria urbanística en su Ley Integral para el Mar Menor y les arruine el negocio.

La inacción solo está acarreando ruina, paro y una imagen tan nefasta de la región de Murcia que no habrá campaña publicitaria que la levante. El sector turístico y náutico cifra en 10 millones de euros las pérdidas causadas por el desastre ambiental del Mar Menor. La presidenta de la patronal cartagenera COEC, Ana Correa ha advertido de que la próxima temporada turística va a ser muy mala y que se pueden perder 35.000 puestos de trabajo directos; y el presidente de la Estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos, Luis Cabello lamenta que no se crea en el turismo en la región de Murcia. "Turísticamente estamos improvisando. Todos hablamos de la joya del Mar Menor y hemos dejado que la joya se muera" concluye Cabello que clama en el desierto. Los votos son los votos y el sector agrícola llena con más votos el granero popular.

Un granero que López Miras estaría tentado de abrir de manera anticipada no vaya a ser que a los de Cs les dé por centrarse y apoyar una hipotética moción de censura del PSRM-PSOE. Los naranjas dicen una cosa y hacen otra. Es el partido menos fiable que existe. Y eso de que Fernando López Miras no puede volver a presentarse está por ver. 

 

Fuentes jurídicas muy solventes indican que podría volver a ser candidato "porque la ley habla de dos mandatos y cabe entender que son dos mandatos completos, pues es lo más garantista". ¿Y saben qué? Que el PP ganaría las elecciones, Alberto Castillo se quedaría sin coche oficial y López Miras gobernaría más feliz que una perdiz con el apoyo de su partido hermano Vox en una región pobre y atrasada pero de derechas. Es lo que hay. 

 

 

 

(*) Periodista y Jefa de Informativos en Murcia de Onda Cero

 

 

http://rosarodanews.blogspot.com/2019/12/territorio-comanche.html 

Gobierno regional en funciones / Ángel Montiel *

Si el amor en pareja es, a la larga, conflictivo ¿qué decir del poliamor? Quien lo probó lo sabe. Que se lo pregunten al PP. El PP practica la bisexualidad política. Tiene dos socios, uno de Gobierno (Ciudadanos) y otro parlamentario (Vox), pero ninguno de éstos está dispuesto a hacer cama redonda, aunque ambos permiten, por conveniencia mutua, que el PP se arregle con el otro, aunque solo si esto no cambia las condiciones de la convivencia con cada uno de ellos. Difícil a estas alturas.

El tripartito de derechas pasó la primera prueba, la de investidura. Ciudadanos se hizo el longui y Vox dejó pasar. El test de las elecciones generales sobrevenidas castigó al primero y privilegió al segundo. Mostró que la posición de Cs (extendida a otras Comunidades) merecía el castigo del electorado y que Vox crecía gracias a la oportunidad de influir que aquél le brindaba.

La segunda reválida. Cs ha quedado en off hasta marzo, el plazo que se ha dado para intentar salir de su perplejidad. Largo tramo para lo que hay en juego. Pero la vida sigue, no tiene espera, y llegan los Presupuestos de la Comunidad, que son como una segunda reválida. ¿Qué hacer? Dos opciones: afirmar el pacto con el PP o aprovechar la circunstancia para desmarcarse y animar al PSOE a la moción de censura, ya anunciada, pero aplazada para intentar coincidir con los plazos de Cs. Marzo marcea.

Cs ya atenuó las prisas de López Miras, que habría querido aprobar el proyecto de Presupuestos la misma semana que hoy acaba. No fue posible porque Cs pidió tiempo para estudiar el mamotreto, que le llegó unos días antes. Finalmente, mañana se producirá la reunión definitiva PP/Cs para cerrar el proyecto, que en teoría debiera ser aprobado en el Consejo del próximo jueves.

Pero antes de que eso ocurra, el consejero de Hacienda deberá negociar ese texto con Vox, cuyos votos son decisivos para que los Presupuestos salgan adelante en la Asamblea Regional. Y da la impresión de que ese trámite está muy complicado, pues los de ultraderecha han sacado a relucir su programa máximo, teóricamente incompatible con las propuestas de Cs.

Si Vox se resiste a dar el plácet, resultará inútil la aprobación del proyecto tanto el jueves que viene como el próximo. Todo indica que el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, en previsión de estas evidentes dificultades, ya está poniendo en marcha los mecanismos de prórroga del Presupuesto vigente, que es el último del Gobierno López Miras de la legislatura anterior. ¿Hasta cuándo?

Hay quienes piensan que Cs, a sabiendas de que estos Presupuestos constituyen una percha en la que colgar su reposicionamiento en el centro político, podría marear la perdiz hasta marzo, cuando su congreso nacional alumbre la supuesta nueva política que vendrá de la mano de Arrimadas. Es decir, podría dar largas a los Presupuestos con diferentes pretextos hasta que resulte concluyente si le toca dar un giro o si le conviene persistir en la triple alianza.

Bloqueo Cs/Vox. Pero, de momento, no parece necesario que Cs fuerce las cosas, pues Vox se muestra dispuesto, al menos en la posición de salida, a hacerle este trabajo. Si Vox intenta imponer de manera inflexible sus demandas presupuestarias, no habrá posibilidad alguna de que Cs firme los Presupuestos y se llegará a una situación de bloqueo. En Cs aseguran que gran parte de las exigencias de Vox chocan con la legalidad vigente, y no podrán ser asumidas ni por el PP, si bien descargan sobre éste la responsabilidad de hacérselo ver.

Pero si los ultras insisten en el bloqueo ni siquiera será preciso esperar a marzo, pues el cambio de alianzas vendría por sí solo. La pregunta es: ¿llevará Vox el pulso de los Presupuestos tan lejos como para facilitar que Cs se combine con el PSOE, que ha tomado algo así como una 'iniciativa volante', es decir, permanece a la espera? La experiencia de la investidura demuestra que Vox hasta ahí no llega, pero estamos en otra fase, y ahora están crecidos.

Probablemente entiendan que les beneficia azuzar las contradicciones en los otros bloques de la derecha para emerger como exponentes de la coherencia. De hecho, ya han exhibido esa actitud en algunos escenarios menores, incluso en la constitución de la Mesa del Congreso. Pasan por ser leales al PP, pero no quieren saber nada con Cs, en respuesta a la actitud de éste respecto a ellos.

Irritación en el PP. El problema de estos Presupuestos no es solo la disposición inicial de Vox. Hay que añadir que en el PP cunde una sorda irritación con Cs por la exigencia de éstos de valorar y corregir las partidas que corresponden a las consejerías que no están bajo su mando. Celdrán pudo creer que incrementando la asignación de las cuatro consejerías y media en manos de Cs, éstos se darían por satisfechos, pero quieren supervisar también el conjunto del Presupuesto bajo el pretexto de que el Gobierno es un órgano colegiado.

En el PP argumentan que Cs tenía la posibilidad de incidir en la totalidad de la cuenta general cuando, como en la anterior legislatura, estaban en la oposición y, siendo necesario su apoyo parlamentario, negociaban un acuerdo global, pero entienden que la situación actual es distinta: debieran conformarse con ver satisfechas las asignaciones para la administración de las competencias que les corresponde gestionar.

A pesar de esto, que en el PP sospechan que se trata de un recurso para dilatar el consenso a la espera de que se vaya conformando la nueva estrategia general de Cs, no parece a priori que haya grandes dificultades para que se cierre un acuerdo bilateral en la reunión de mañana. Y es que Cs no necesita arriesgar un debate interno con el PP en la previsión de que éste ya tiene bastante con intentar atraer a Vox al consenso. Digamos que difieren a Vox el trabajo de resignificarlos en el centro.

Arrimadas no baila el Valls. Sobre el rumbo de la 'nueva política' de Cs bajo la batuta de Arrimadas hay todavía ciertas dudas. Ésta se ha abierto a una colaboración parlamentaria con el PSOE, en el ámbito nacional, siempre que el PP también se avenga, lo que todavía supone una relación de concertación y seguimiento al partido de Casado.

El paso de 'bailar el Valls', es decir, atender al mal menor de facilitar un Gobierno PSOE-Podemos evitando la participación de los nacionalistas no aparece ni siquiera esbozado. Y esto a pesar de que los actuales diez diputados de Cs son tan decisivos para facilitar la gobernabilidad como lo era el largo medio centenar de la anterior legislatura. El Cs de Arrimadas quiere dar algún paso hacia el cambio, pero todavía pretende hacerlo emparejado al PP, sin buscar un espacio autónomo.

Sin embargo, hay voces en Cs que perciben la posibilidad de que la Región de Murcia se constituya en 'local de ensayo' para la reconstrucción de la imagen política de Cs. Y dibujan el siguiente croquis: en Andalucía no cabe giro alguno tras los Eres y la crisis local del PSOE; en Madrid, cambiar de socios exhibiría una actitud de enmienda a la totalidad, un giro demasiado brusco y precipitado; en Castilla-León, el líder regional de Cs era proclive al cambio, pero fue obligado por disciplina de partido a aliarse con el PP, con el que suma mayoría sin ninguna otra interferencia parlamentaria y, por tanto, carece todavía de argumentos para romper el acuerdo.

Pero llegamos a la Región de Murcia, una 'autonomía menor' y por esto mismo ideal para realizar experimentos. Aquí, el Gobierno PP/Cs depende del apoyo de Vox (con éste de primera fuerza en las generales), de modo que sería el lugar perfecto para ensayar el regreso a la transversalidad, ofreciendo el guiño de que Cs no está anclado sistemáticamente a la derecha. Además, Arrimadas accedería al liderazgo nacional casi a la vez que se restituyera su compromiso electoral de que la Región de Murcia no siguiera gobernada cuatro años más por los que ya llevaban haciéndolo a lo largo de otros veinticuatro.

Bajar el tobogán. Esta posibilidad, nada descartable, es bien sabida por los populares, de ahí que el argumento principal del consejero Celdrán para intentar que Vox no bloquee el acuerdo presupuestario que mañana firmará previsiblemente con Cs se resume en persuadir a aquéllos de que no faciliten la caída del actual Gobierno, para el que no hay más alternativa que los socialistas apoyados por Cs y ya sin espacio alguno para que los de Abascal influyan directa o indirectamente en la gobernación.

El problema para que los primeros Presupuestos del Gobierno de coalición salgan adelante es que Cs, en su actual situación, está obligado a exhibir las cuestiones que todavía lo diferencian de la derecha estricta y más aún de la ultraderecha. Mientras tanto, Vox, un partido meramente ideológico, puede, como ha venido haciendo, deslizarse por un tobogán en el que un día se sitúa en las alturas esgrimiendo su programa máximo, y otro concede reducirlo a mínimos. La esperanza del PP es que en este caso se comporte como cuando la investidura, pues de otra manera Cs será empujado a cambiar de carril sin siquiera tener que forzar ese movimiento.

Lo cierto es que la situación general de provisionalidad política se puede ver acentuada con la prórroga de los Presupuestos regionales y la consiguiente percepción en la práctica de un Gobierno autonómico en funciones, sometido al bloqueo de parte de uno de sus socios y con la amenaza permanente de sufrir un vuelco en el primer trimestre del año.

El poliamor es divertido. Pero también se rompe de tanto usarlo.

(*) Columnista

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/12/08/gobierno-regional-funciones/1074303.html

¿Reforma de la Constitución o tercera República? / Javier Pérez Royo *

Mariano García Canales, catedrático que fue de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, publicó en 1981 en la Revista de Derecho Político un artículo con el título "Los Intentos de Reforma de la Constitución de 1876". Apenas tres años después de la entrada en vigor de la Constitución de la Segunda Restauración, analizó la experiencia de la Constitución de la Primera, advirtiendo implícitamente del riesgo que supone no hacer uso del procedimiento de reforma de la Constitución para la supervivencia de la misma. Ya se sabe que el desconocimiento de la propia historia condena a repetirla.

Muy buen conocedor de la historia constitucional española en general y de la del primer tercio del siglo XX en particular, tenía autoridad para hacer la advertencia que hizo y para hacerla, además, cuando había que hacerla, cuando se iniciaba la andadura de la nueva Constitución. La reforma de la Constitución no se puede dejar de tener presente nunca en una sociedad democráticamente constituida, porque es la única forma jurídicamente ordenada de renovar el principio de legitimidad en el que descansa el Estado Constitucional.

El Estado Constitucional se articula mediante la combinación de un principio de legitimidad y de un principio de legalidad. El principio de legitimidad está exclusivamente en la Constitución. El principio de legalidad está en el resto del ordenamiento jurídico. El principio de legalidad se renueva diariamente. Los órganos y los procedimientos a través de los cuales se crea el derecho, se lo ejecuta en términos generales y se lo aplica en los conflictos individuales no dejan de actuar en ningún momento.

El principio de legitimidad, por el contrario, únicamente puede renovarse mediante la reforma de la Constitución, que, justamente por eso, es un instituto exclusivamente constitucional. Las demás normas del ordenamiento jurídico no tienen cláusulas de reforma. El mismo órgano que las ha creado a través de un determinado procedimiento puede modificarlas o derogarlas siguiendo ese mismo procedimiento al día siguiente de haberlas creado.

Con la Constitución no ocurre lo mismo. Una vez aprobada la Constitución, deja de existir el órgano constituyente que la engendró. Por eso la Constitución tiene que prever qué órgano y de qué manera podrá introducir cambios en el texto aprobado por el constituyente.

Esta previsión constitucional no es una opción, sino una necesidad. Ninguna sociedad puede vivir indefinidamente de la legitimidad constituyente originaria. Ninguna. La evidencia empírica de que disponemos es concluyente. Las constituciones que no se reforman se mueren. Esto no se puede dejar de tener presente nunca y más en circunstancias como las que presidieron el tránsito de las Leyes Fundamentales a la Constitución de 1978.

La Constitución se hizo como se pudo. Sin la Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes Orgánicas, en la que se definió la composición del Congreso de los Diputados y el Senado, y sin el Real Decreto-ley de marzo de 1977 en el que se definió el sistema electoral de ambas Cámaras, posiblemente no se hubiera podido llegar al acuerdo constituyente al que se llegó en 1978. Parte sustancial de ese acuerdo es preconstitucional y fue definido por la Cortes de Franco y por el Gobierno no democrático presidido por Adolfo Suárez antes de las elecciones del 15 de junio de 1977.

El déficit democrático con el que arranca la Segunda Restauración constitucional de la monarquía es muy notable. La proyección del "Antiguo Régimen" en el Estado Democrático es muy pronunciada. Dicha proyección debería haber sido corregida haciendo uso de la reforma de la Constitución.

Cuando le explicaba el proceso constituyente de 1978 a los alumnos, me remitía siempre a la experiencia constituyente de la Ley Fundamental de Bonn. Los alemanes hicieron su Constitución tras la experiencia del Tercer Reich y la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Aprobaron la Constitución bajo una vigilancia muy intensa por parte sobre todo de los Estados Unidos. Se trataba, en consecuencia, de una norma con un déficit de legitimidad importante, que ha sido compensada con el uso frecuente de la reforma de la Constitución. En 62 ocasiones ha sido reformada la Ley Fundamental de Bonn. 

Y las mayorías exigidas son las del artículo 168 de la Constitución española, dos tercios del Bundestag y del Bundesrat. Esa renovación continuada del principio de legitimidad es la que le ha permitido tener la aceptación que ha tenido y que posibilitó que la "Unificación" tras la caída del Muro de Berlín se hiciera con la Ley Fundamental de Bonn tal como estaba en ese momento. Se añadieron 5 nuevos Länder y punto.

En España hemos hecho todo lo contrario. En lugar de considerar la Constitución como un punto de partida para ir levantando las hipotecas que nos habían dejado los 40 años del Régimen del general Franco, la hemos convertido en un punto de llegada inamovible, en el que se han introducido dos reformas por mandato de la Unión Europea, una de manera limpia, la del artículo 13 para hacer posible el Tratado de Maastricht, y la otra, la del artículo 135, de contrabando, en la agonía del Gobierno Zapatero.

Pero nada más. El único intento de hacer una reforma que protagonizó el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, para acabar con la preferencia del varón en la sucesión de La Corona, incorporar el mapa autonómico a la Constitución, definir las relaciones entre el Derecho comunitario y el derecho interno y hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, no llegó siquiera a tramitarse parlamentariamente.

Han pasado 41 años desde la entrada en vigor de la Constitución. Es obvio que la España de 2019 no es la de 1977-78. Es obvio, además, que desde 2015, si no antes, son notables los síntomas de agotamiento del sistema político definido en la Constitución. La sociedad española no es capaz de hacer una síntesis política de sí misma para poder autogobernarse. Por eso estamos teniendo que repetir elecciones.

En lo que a la reforma de la Constitución se refiere, la Segunda Restauración cada vez se parece más a la Primera. Mariano García Canales finalizó su artículo sobre la Constitución de 1876 con las siguientes palabras: "Su necesaria reforma sobre aspectos concretos ni siquiera se intentó seriamente. La Constitución se convertía así en un escudo de intereses y grupos para los que lo preferible fue siempre el inmovilismo, aunque este resultara suicida".

En esas estamos.

 (*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

https://www.eldiario.es/contracorriente/REFORMA-CONSTITUCION-TERCERA-REPUBLICA_6_971562835.html 

La Meridiana, 56 noches cortada / José Antich *

Como cada día desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo condenando a penas de entre 9 y 13 años a los nueve presos y presas políticas en las cárceles de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses, un par de centenares de personas han cortado este domingo la avenida Meridiana entre las 20 y las 22 horas. 

Llevan así 56 noches, algunas de muy tranquilas y otras, como las de la última semana, con las unidades de las Brimo de los Mossos d'Esquadra intentando impedir la protesta en una arteria importante de entrada y salida de la ciudad.

La de la Meridiana es la única acción diaria contra la sentencia del Supremo que se mantiene viva interrumpidamente desde el 14 de octubre, ya que otras acciones realizadas por los CDR en otras vías de acceso a Barcelona son mucho más esporádicas. 

Y el gran movimiento que lidera Tsunami Democràtic reserva su capacidad de actuación para acciones de enorme impacto mediático, como la que tiene previsto realizar el próximo día 18 en el partido de fútbol Barça-Madrid que se disputará por la noche en el Camp Nou. Unas 10.000 personas ya se habían inscrito a principios de la semana pasada para participar en la jornada de movilización de la que se desconocen los detalles por ahora.

La protesta de la Meridiana y el Tsunami Democràtic son, en el fondo, dos caras de la misma moneda de la organizada sociedad civil catalana reacia a dejar perdida en el olvido la injusta situación judicial. No es fácil. 

La asamblea de la Meridiana debatía esta noche del domingo cómo mantener su protesta y no quedar absorbida —y domesticada— por la cotidianeidad de una simple concentración autorizada y dirigida por las autoridades, donde los manifestantes se convierten en simples testigo de un corte ejecutado previamente por los Mossos. 

Meridiana Resisteix, como se conoce esta acción diaria, intenta evitar que la rutina los devore, que el sistema los integre, como una interrupción programada más de las que diariamente registra de la ciudad. No es fácil.

La próxima semana se cumplirán los dos meses de la sentencia. Poco a poco, el independentismo, o una parte importante de él, ha absorbido el golpe que ha supuesto la sentencia y ha asumido las duras condenas. La lucha de las protestas es ahora también para evitar caer en la resignación.

(*) Periodista y director de El Nacional

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-meridiana-56-noches-cortada_449436_102.html 

La Ley de Violencia de Género y el reseteo de nuestra Democracia / Juan Mariano Pérez Abad *

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue votada el día 7 de octubre de 2004, durante la VIII Legislatura de nuestra Democracia Constitucional, presidida por el Gobierno socialista de Zapatero, y aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Tanto el Presidente, como el ministro de Justicia que la impulsó, como 224 de los 350 diputados electos (el 64 %) eran varones, frente a un 36 % de mujeres.

Era evidente que no estaban votando de una forma consciente y razonada, ya que estaban tirando piedras contra su propio tejado de una forma aparentemente absurda, reconociéndose a sí mismos como seres malvados por naturaleza y agresivos contra la mujer. Así lo dejó bien claro el humillante episodio de aquel ministro de Justicia, López Aguilar, que ni siquiera cuando tuvo que ser sacado de su propia trampa por la puerta de atrás, acusado absurdamente de maltrato por su ex, fue capaz de bajarse del burro.

Desde su implantación, una enorme cantidad de personas que han sido víctimas de las graves injusticias que se han producido por su causa, sus familiares y los activistas sensibilizados por este problema, eran silenciados por todos los grandes medios de comunicación y acusados de “machistas” cuando la denunciaban desde las redes sociales. 

 

Nuestros “Grandes Medios”, representantes de nuestra “Prensa Libre y Democrática”, que sobreviven gracias a las subvenciones y la publicidad corporativa de un “Estado Feminista” que les retiraría el pan ante la menor disidencia. Pero hoy, por fin, las críticas a esta Ley y sus posteriores desarrollos y reformas están encontrando voces capaces de hacerse escuchar ante la opinión pública.

Las protestas, en su mayoría, lejos de ser extremistas o radicales, siempre habían presentado argumentos razonados. El primero fue sobre su legitimidad, pues justificaba la vulneración de varios Derechos Fundamentales (Igualdad ante la Ley y Presunción de Inocencia) mediante Principios Jurídicos tan polémicos e inconsistentes como el de la Discriminación Positiva o la Memoria Histórica. 

 

En segundo lugar, sobre su necesidad, pues España siempre tuvo y sigue teniendo una de las incidencias más bajas del mundo de violencia contra la mujer, muy por debajo de países como Bélgica, Italia o Inglaterra. Después, transcurrido el tiempo, sobre sus resultados durante los más de 15 años que lleva en vigor, encontramos que las tasas de violencia y asesinatos de mujeres a manos de sus parejas hombres no han descendido lo más mínimo.

Junto al fracaso de esta Ley, las voces críticas también llamaban la atención sobre el enorme esfuerzo económico que hemos estado invirtiendo en su desarrollo, sobre el escaso o nulo control sobre ese gasto, así como sobre su continuo crecimiento a pesar de la crisis económica. Resulta extraordinariamente significativo que solo fuera posible llegar a un acuerdo entre partidos para la formación del último gobierno de Rajoy (el que terminó en Moción de Censura) tras obtener el compromiso de todos los partidos representativos para firmar el “Pacto de Estado Contra la Violencia de Género” (que traducido al Castellano no eran sino 1.000 millones de euros más a repartir) 

 

Por eso, esta Ley ha sido señalada por muchos como la legalización de una gigantesca fuente de “financiación paralela” de los partidos políticos, tan grande que algunos la califican como “la mayor estafa jamás cometida por una clase política a su Pueblo”.

Si además la miramos desde el lado contrario, vemos que esta Ley se ha convertido en la segunda causa de encarcelamiento en nuestro país (los auténticos “presos políticos” españoles) el motivo por el que cientos de miles de niños son privados del contacto con sus padres en los procesos de divorcio y su incuestionable relación con el alarmante incremento de suicidios de hombres en proceso de divorcio. Valga el ejemplo reciente el caso del fiscal de menores de Alicante en Valladolid.  

 

https://okdiario.com/sociedad/encuentran-rio-pisuerga-cadaver-del-fiscal-menores-alicante-valladolid-4881603

Probablemente, la causa de la impresionante irrupción de Vox en la vida política de nuestro país se deba a la inclusión, como línea prioritaria en su programa, de la defensa de ese enorme número de personas que han sido víctimas de esta Ley, en mayor medida que a la denuncia que llevó a prisión a los líderes el separatismo catalanista. A su vez, tanto para los afectados como para todos aquellos que no querían ser anatemizados como “machistas”, es ese partido ha sido la punta de lanza que ha conseguido romper el bloqueo informativo al que les sometían los grandes medios de comunicación.

Y ahora, hasta tal punto se ha roto ese cerco de silencio que miembros tan destacados de “la Vieja Guardia” del PSOE, como Alfonso Guerra (19 de noviembre pasado, en la sede de la firma internacional de abogados Ashurst https://youtu.be/rcZO3Oq7WWw ) o Joaquín Leguina (entrevista con Susana Griso en La 4) no han tenido reparos a manifestarse públicamente revelando graves irregularidades en la votación en el Congreso y la resolución del Recurso de Constitucionalidad de esta Ley. 

 

Una vez analizadas, se trata de declaraciones de extraordinaria gravedad que, no solo critican esa Ley, sino que ponen en tela de juicio a nuestro sistema político como “Estado Democrático de Derecho”, pues revelan la inexistencia de la Independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la ausencia de escrúpulos de todos los partidos que han venido ocupando puestos de Poder para burlar las leyes, incluso la Constitución, con engaños pueriles.

Desconocemos la causa que les impulsa a romper esa “Disciplina de Partido” con la que defiende Leguina su actitud de antaño. Ellos representaban una Era, la del “Pelotazo” y el “Ladrillo”, en la que esa “Financiación Paralela” de los partidos era ilegal y ha terminado generando miles de causas judiciales por corrupción. 

 

Quizás lo que se les haya despertado sea el valor para hacernos la confesión del arrepentido, quizás el despecho por haber sido excluidos de este nuevo y sabroso festín, pero en ambos casos, ahora es cuando no parecen dejar ninguna duda sobre su sinceridad. Lamentablemente, eso también demuestra la imperiosa necesidad de un “Reseteo” de los cimientos de nuestra Democracia.

 

 

 

(*) Médico cirujano 

La dirección de Vox confirma el alejamiento del PP en la Región

MADRID.- El inicio esta semana de la XIV legislatura en el Congreso ha puesto de manifiesto la brecha que las elecciones del 10N han abierto en el centro derecha, donde PP y Vox están condenados a entenderse, tras la caída de Ciudadanos, pese a encontrarse cada vez menos juntos y más revueltos.

Mientras las fuerzas de izquierda intentan acercar posturas para un acuerdo de Gobierno, el PP y Vox han empezado a echarse los trastos a la cabeza a causa de una silla más o menos en la Mesa, el órgano que dirige la actividad del Congreso.

El desencuentro sería casi anecdótico si no fuese porque los dirigentes de ambos partidos han azuzado la hoguera del enfrentamiento en las redes sociales con acusaciones mutuas, como si buscasen diferenciarse para no ser metidos en el mismo saco.

Pero también porque pueden poner en riesgo los acuerdos que mantienen en varias comunidades autónomas y ayuntamientos, donde el entendimiento entre ambos resulta vital para sacar adelante los presupuestos.

Los gobiernos de Andalucía, Madrid y Murcia dependen de los votos de Vox, además de numerosos ayuntamientos, como los de Madrid, Zaragoza o Palencia.

Más allá del ámbito autonómico y local, lo que está en liza es la configuración de la oposición nacional, si finalmente el socialista Pedro Sánchez es investido como presidente.

Con un Ciudadanos en sus horas más bajas, sin líder e inmerso en un proceso de sucesión, el difícil equilibrio entre las posturas maximalistas de Vox y la moderación recién recuperada del PP augura un incremento de la tensión en una legislatura ya de por sí complicada.

La próxima semana habrá que abordar el lugar que ocupa cada partido en el hemiciclo del Congreso y si la ubicación de Vox no se acuerda entre estos tres partidos, es el PSOE quien cuenta con la mayoría para sacar adelante su propuesta.

Vox ha apuntado que le corresponde, como tercera fuerza, el sitio que antes fue de Ciudadanos, con su líder, Santiago Abascal, situado junto al del PP, en primera fila, en lo que coincide el planteamiento de los socialistas.

Para resolver esta y otras cuestiones, la mejor baza es la buena relación personal que mantienen el líder del PP, Pablo Casado, y Abascal, aunque la situación no es similar en otros grados del escalafón.

De hecho, en Vox ensalzan la figura de Casado, pero no así la del número dos de los populares, Teodoro García Egea, a quien Abascal ha calificado de "trilero".

García Egea ha sido quien se han encargado de pilotar las negociaciones con Vox en las comunidades y también los intentos de acuerdo para la Mesa del Congreso que han fracasado debido a que, según Vox, en el PP no comprenden que ambos partidos son complementarios y tienen hueco en la derecha.

De momento, en Vox "toman nota" y recuerdan que la continuidad de gobiernos autonómicos y locales dependen del entendimiento entre ellos:

Madrid

En Madrid, el PP necesita los votos de Vox para aprobar los presupuestos tanto en la comunidad como en el ayuntamiento de la capital y la relación entre ambos partidos ha tenido sus más y sus menos en los últimos días, aunque sin que se hayan constatado grandes divergencias en las líneas fundamentales.

El proyecto de ley para los presupuestos municipales ya está presentado y, de momento, la formación de Santiago Abascal no ha puesto demasiados peros. Eso sí, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha advertido que será "más vigilante" para "exigir" el cumplimiento del pacto de investidura.

La situación se presenta más complicada en el gobierno de la Comunidad de Madrid, donde el proceso no se ha iniciado y existe cierto malestar entre los partidos, por cuestiones como la gestión de Avalmadrid o la inmigración.

De momento, no hay contactos entre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, quien ya ha dicho que no hay ningún problema en que las cuentas sean prorrogadas.

Murcia

La posición de los dos partidos en la Región de Murcia ha cambiado sustancialmente tras las elecciones del 10 de noviembre, cuando Vox se situó por delante del PP como fuerza más votada, aunque con el mismo número de escaños, lo que llevará a los de Abascal a intentar "reforzar" sus posiciones.

El Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos aún no ha aprobado el proyecto de presupuestos, aunque el presidente murciano, Fernando López Miras, ha apuntado, en previsión de los votos que necesita de Vox, que contendrá medidas que pueden asumir todos los grupos parlamentarios.

Pero las negociaciones no se presentan fáciles, ya que tras la dimisión de la cúpula de Vox y la creación de una gestora es muy probable que sean pilotadas desde Madrid, además con García Egea como interlocutor en el lado de los populares.

Castilla y León

El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León en coalición con Ciudadanos no necesitó de los votos de Vox, que tampoco son necesarios para aprobar los presupuestos u otras medidas importantes.

Pero las diferencias surgidas a nivel nacional a cuenta de la Mesa del Congreso, puede afectar, entre otros municipios, al de Palencia, donde el PP y Ciudadanos sí necesitan a Vox para obtener una mayoría en el Ayuntamiento.

También en Burgos, aunque en este caso para poder bloquear las cuentas del PSOE y Podemos, ya que los populares y la formación naranja no suman por sí solos.

Andalucía

En Andalucía, las cuentas públicas para 2020 quedaron encaminadas con el acuerdo para las de este año, así que las diferencias entre PP y Vox a nivel nacional es difícil que afecten a unos presupuestos que están en su recta final de tramitación y se aprobarán el Parlamento andaluz el próximo jueves.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha hecho recientemente un balance "positivo" del primer año del Gobierno del PP y Ciudadanos y de la "influencia" de su partido en este Ejecutivo.

También el PP confía en que se mantendrá el buen entendimiento entre las dos formaciones y que las discrepancias con Vox será más bien en Madrid y no afectarán a la comunidad andaluza, porque según ha dicho el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, tienen "buena relación" y esperan seguir con la "senda del cambio".

Las protestas en Francia bloquean carreteras e interrumpen servicio de tren y metro en París

PARÍS.- Los camioneros bloquearon carreteras en una decena de regiones francesas el sábado para protestar contra un plan para reducir las exenciones fiscales al diésel para el transporte por carretera, mientras que el tren y el metro seguían sufriendo disrupciones por una huelga contra la reforma de las pensiones. 

En París hubo enfrentamientos con la policía en la zona de Denfert Rochereau, en la residencial Margen Izquierda del río Sena, donde cientos de “chalecos amarillos” continuaron con sus manifestaciones semanales, aunque los números fueron relativamente pequeños comparado con semanas anteriores, ya que la huelga en el transporte dificultó la llegada a la capital.

La presión combinada de este movimiento en protesta por el costo de la vida y de los sindicatos contra la reforma de las pensiones significan un gran desafío para los intentos del presidente Emmanuel Macron de equilibrar el presupuesto estatal e introducir leyes más amables con el medio ambiente en la segunda mitad de su mandato. 

La federación de camioneros Otre mostró su oposición al aumento de los impuestos al diésel para los vehículos comerciales en el marco del proyecto presupuestario elaborado por el Ejecutivo para 2020.

“Nuestro movimiento muestra la ira contra un castigo fiscal continuado al transporte por carretera que no podemos tolerar más”, dijo Alexis Gibergues, presidente de Otre en la región de Ile-de-France, que circunda París, en el canal LCI.

Gibergues afirmó que el objetivo de los camioneros no es el centro de las ciudades por el momento, pero que eso podría cambiar si el gobierno no responde. 

La televisión francesa mostró imágenes de camiones bloqueando carreteras en varias partes del país, incluida Ile-de-France. Los autos con pasajeros podían pasar lentamente, pero muchos camiones extranjeros fueron obligados a parar.

Las organizaciones de camioneros se quejan de que los camiones foráneos pueden comprar combustible más barato en sus países, lo que les permite operar de manera más eficiente en Francia.

El médico murciano Pedro Guillén tomó posesión como académico de la Real Academia Nacional de Medicina

MADRID.- El doctor murciano Pedro Guillén ha tomado posesión esta semana como Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANM), correspondiente a la plaza de “Traumatología y Cirugía Ortopédica”, por su reconocido prestigio, su dilatada experiencia y por haberse distinguido notablemente en el ejercicio de esta especialidad.

La Sesión Solemne de toma de posesión se celebró en la Real Academia de Medicina de España con un discurso de ingreso por parte de Guillén bajo el título 'Personas y procedimientos ortopédicos que han configurado mi vida profesional'.

"La innovación tecnológica aplicada a la ciencia en beneficio de la sociedad y al servicio de la medicina, la salud y el bienestar de las personas es uno de los retos más hermosos a los que bien merece la pena que dediquemos nuestros esfuerzos", dijo.

El acto contó con la presencia de Académicos Numerarios y Miembros de Honor de la RANM y de la RANF y de otras Reales Academias de la geografía española, además de familia, amigos y compañeros del doctor Guillén y personalidades del mundo de la política y la cultura.

El profesor Jiménez Collado, y en su nombre el profesor Gonzalez Posadas, fue el encargado de contestar a Pedro Guillén tras su discurso de ingreso.

MIEMBRO DE NÚMERO DEL SILLÓN 39 DE LA RANM

Pedro Guillén está considerado como uno de los traumatólogos más prestigiosos del mundo y un referente en traumatología deportiva, además de un destacado investigador. Su carrera ha sido galardonada con numerosas condecoraciones; Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España desde 1996, Académico de Honor de la Real Academia Nacional de Farmacia desde 2016, doctor Honoris Causa de numerosas universidades nacionales e internacionales.

Guillén introdujo en 1977 la artroscopia en España. Ha sido pionero en el desarrollo de esta técnica, de la que ha realizado más de 40.000 intervenciones. En 2007 inventó el artroscopio sin cables (WAD), que reduce los tiempos de intervención y posibilita la realización de cirugías fuera del quirófano. Desde hace años está activamente implicado en el desarrollo de la Medicina Regenerativa y de las Terapias Celulares.

En 2010, desarrolló una técnica de Implante de Condrocitos Autólogos, llamada ICC, para el tratamiento de lesiones de cartílago articular. En este momento, participa en varios proyectos junto al Salk Institute de California y al prestigioso investigador Juan Carlos Izpisúa.

El 18 de mayo de 1998 fundó Clínica CEMTRO, un hospital donde la investigación y la docencia tienen un papel protagonista, y cuyo espíritu asistencial bebe del humanismo del doctor Guillén. Actualmente compagina su labor asistencial y quirúrgica, con una importante labor docente e investigadora.

Las comunidades autónomas se suben a la ola del 100% renovable en sus contratos de suministro eléctrico

MADRID.- Las comunidades autónomas se han subido en los últimos meses a la ola de la electricidad verde, siguiendo la estela de los centenares de ayuntamientos españoles que desde hace años exigen en sus contratos de electricidad certificados de origen 100% renovable.

En lo que va de año, Andalucía, Catalunya, Madrid, Galicia, País Vasco, Galicia, Región de Murcia y Extremadura han sacado a concurso o anunciado su intención de adjudicar contratos de suministro eléctrico con la exigencia de que la electricidad suministrada tenga origen verde.

Estas ocho regiones concentran el 68,5% de la población española (más de 32 millones de habitantes) y su territorio genera el 68,5% del PIB y el 66,7% del consumo eléctrico en España, por lo que puede decirse que este tipo de contratos empieza a ser norma en la administración autonómica.

Los contratos de este tipo que han licitado esos gobiernos regionales a lo largo de este año suman un importe cercano a los 580 millones de euros, lo que da idea del negocio que mueven.

El último contrato fue adjudicado el pasado jueves a Iberdrola, la elegida en el concurso que sacó a licitación en octubre el Gobierno de Íñigo Urkullu para, por primera vez en la historia de Euskadi, cubrir su consumo con electricidad procedente de fuentes renovables. La eléctrica vasca se ha adjudicado los dos lotes por un importe (sin contar el IVA) de 51.185.241,32 euros.

Ese requisito 100% verde también figuraba en la mayor licitación de electricidad convocada este año en España, para abastecer a los más de 5.000 puntos de suministro de los organismos públicos adheridos a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA).

El contrato, valorado en 238,2 millones (el importe de facturación estimado es de 500 millones), tiene una vigencia de dos años (prorrogable por otros dos) y fue adjudicado el 24 de septiembre a Endesa, que suministrará "en torno a 950 GWh (gigavatios hora), el equivalente al consumo de las ciudades de Almería y Jaén en todo un año", tal y como destacó la Junta en octubre.

Las últimas en sumarse a esta moda han sido Extremadura y Madrid, que también en octubre anunciaron su intención de sacar a concurso sendos contratos de suministro con esa cláusula. La Junta extremeña todavía tiene pendiente licitar el suyo. Según anunció el 10 de octubre, incluirá "como condición obligatoria que el cien por cien de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables y cogeneración de alta eficiencia".

Dos días antes, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, anunció también que los 2.273 edificios públicos y centros dependientes de la Comunidad de Madrid consumirán energía eléctrica cien por cien renovable a partir de 2020. El contrato, con un presupuesto de 98,95 millones, está pendiente de adjudicarse. El plazo de recepción de ofertas se cerró el pasado lunes.

También en Madrid, la institución ferial Ifema, que estos días acoge la conferencia climática COP25 (y cuyos accionistas son la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Fundación Montemadrid), adjudicó hace unos meses a Iberdrola un contrato de suministro eléctrico 100% verde por 7,31 millones.

Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia

También ha exigido electricidad 100% renovable Galicia, que el 21 de noviembre adjudicó a Naturgy por 82,6 millones el contrato de suministro eléctrico a 1.790 puntos de consumo de la Xunta con un consumo estimado de 264,7 GWh anuales.

Esta empresa también resultó adjudicataria en julio del contrato de suministro a los edificios de la Junta de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos (excluidos los centros del SESCAM), que estaba valorado en 45,7 millones y exigía también electricidad verde. Esa cláusula también figuraba en el contrato que el Servicio Murciano de Salud adjudicó en junio a Endesa, valorado en 15,6 millones.

La ola renovable en los ayuntamientos empezó en Catalunya, y también ha ocurrido lo mismo a escala autonómica. A principios de año, la Generalitat adjudicó a Nexus por 26 millones un contrato de suministro de energía 100% renovable para 1.678 puntos de consumo con una demanda de casi 170 GWh "que significa el 86% de los puntos de suministro de la Generalitat", según destacó entonces la empresa. 

Y la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) también adjudicó a principios de año otro contrato a Endesa con un presupuesto cercano a los 9 millones también con cláusula de 100% verde. 

Cabe recordar que la ley catalana de Cambio Climático (2017) establecía que "en 2020 un mínimo del 70% del consumo de energía eléctrica total del conjunto de los departamentos de la Generalitat y los organismos dependientes debe proceder de fuentes renovables", porcentaje que fija para el 100% en 2030. La norma apuesta por el modelo "cien por cien renovable a largo plazo, con el horizonte de 2050".

La certificación del origen de la energía que suministran estas comercializadoras se realiza a través del sistema de garantía de origen que expide la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para acreditar la procedencia 'verde' de la electricidad que compran en el mercado para venderla a sus clientes.

Hay quien cuestiona estos anuncios ante la imposibilidad de discriminar el origen de los electrones que llegan al cliente y el hecho de que la producción de las renovables no puede cubrir toda la demanda eléctrica. Pero sus defensores argumentan que estas cláusulas tienen un "efecto arrastre" en la demanda de energías limpias, ya que las comercializadoras certificadas por la CNMC se comprometen a adquirir la electricidad contratada a instalaciones de energía renovable.

Los contratos de este tipo se han multiplicado en los últimos años, tanto en el sector público como en el privado, por el compromiso de muchas empresas de reducir su huella climática. "A este paso, llegará un día en que no haya garantías de origen para tantos contratos verdes", dice una fuente del sector eléctrico.

Los trabajadores de una subcontrata tienen derecho al salario de la empresa principal

MADRID.- Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya afirma que las empresas no pueden recurrir a la contratación de servicios externos "para burlar" las exigencias legales previstas a favor de sus trabajadores cuando interviene una empresa de trabajo temporal (ETT).

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, decretó que los trabajadores de una subcontrata tienen derecho a percibir el mismo salario que los empleados de la empresa principal, lo que avala que se extienda el el convenio colectivo de una empresa, así como sus condiciones laborales, a las empresas externas de contratación de personal, tanto contratistas como a las subcontratas. Entre las condiciones que el tribunal considera equiparables figuran el salario base, los complementos y la jornada anual. 

Según la sentencia, recogida por CincoDías, los magistrados pretenden impedir que las empresas recurran a la contratación de servicios externos "para burlar las exigencias legales tuitivas previstas a favor de sus trabajadores cuando interviene una empresa de trabajo temporal (ETT)". 

Según los magistrados estas empresas tienen la obligación de aplicar las mismas condiciones de trabajo de la empresa principal a los empleados de igual categoría. 

Según la interpretación de los magistrados, "no es más que el reflejo de la aplicación del artículo 14 de la Constitución española", en donde se recoge el principio de igualdad. Esto debe evitar que para desempeñar la misma actividad "haya en la empresa trabajadores con retribuciones diferentes".

La sentencia se dicta tras la demanda interpuesta por dos empresas de limpieza, que pedían la eliminación de un artículo del convenio colectivo de hostelería y turismo, que establece la igualdad de salarios, complementos y jornada a los trabajadores de contratados de forma externa. Según estas empresas, ese artículo podía ser utilizado para otros sectores y les estaba ocasionando altos costes salariales. 

La sentencia no sólo desestima las pretensiones de las empresas demandantes, sino que marcha las pautas y condiciones que deben aplicar las empresas externas “durante el periodo de prestación de los servicios”.

Los profesores de matemáticas se hartan y piden a las autoridades que "se tomen en serio la educación"

MADRID.- Los profesores de matemáticas han pedido a las autoridades educativas que "de una vez por todas se tomen la educación en serio" y adopten medidas "efectivas" que mejoren el rendimiento escolar tras el informe PISA 2018 que muestra que los alumnos españoles han empeorado sus conocimientos de esta materia. 

En un comunicado, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (Fespm) analiza el informe hecho público el pasado miércoles y propone soluciones para conseguir que España "se sitúe al mismo nivel que sus vecinos europeos" en la enseñanza y aprendizaje de esta asignatura.
Según señala, los resultados de España son equivalentes a los de Rusia, Italia, República Eslovaca, Luxemburgo, Lituania, Hungría y Estados Unidos cuando el objetivo es "estar con los países de nuestro entorno" como Francia, Portugal, Reino Unido o Alemania.
Opina que las diferentes leyes educativas españolas han tenido "poca influencia en el resultado" porque si bien los currículos de matemáticas producto de cada cambio educativo contemplan los objetivos del informe, "la realidad del trabajo diario en el aula es otra".
Asegura que el currículo oficial "lo siguen marcando las editoriales y las pruebas externas" y aseguran que los libros de texto "han cambiado muy poco" y tampoco se usan herramientas tecnológicas, como la calculadora, pese a lo que se recoge en el marco teórico para matemáticas de PISA.
En este sentido, sostiene que si se buscan soluciones, "para empezar" hay que conseguir que "los currículos sean menos densos y accesibles" para abordar todos los temas desde una perspectiva de la resolución de problemas "incorporando el uso de las herramientas tecnológicas adecuadas".
También destaca la importancia de la formación de los docentes y apuesta por diseñar programas complementarios sobre matemáticas "cuando cada vez más el profesorado que se va a dedicar a su enseñanza no es titulado en Ciencias Matemáticas".
Esto hay que complementarlo, añade, con la formación específica en didáctica de las matemáticas.