Resultaría lugar de lo
más común el tópico “crónica de una muerte anunciada” para describir lo
que acaba de pasar en el Mar Menor, apenas tres años después de la gran
crisis eutrófica en 2016 o de la “sopa verde”.
El caso es que el anuncio
de lo que presenciamos ahora viene de hace cinco o seis lustros, como
acaban de recordar ANSE, Ecologistas en Acción RM (EeArm), Pacto por el
Mar Menor, y demás. Y como perfectamente reflejó la semana pasada, premonitoriamente, un especial de este diario.
Tampoco
debería perder el tiempo con las necias palabras del presidente López
Miras, al borde de la laguna, exigiendo al Gobierno de Madrid que
solucione el asunto. Es fácil imaginar lo que haría este “buen chaval”
––Rajoy dixit–– si en La Moncloa estuviera instalado su partido, ese tan
podrido como lo están las aguas de la laguna. Crítica común de todos
quienes se horrorizan ante lo que acabamos de ver es que el Gobierno
regional y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no han hecho
nada por evitar lo que se viene anunciando que pasaría desde hace tanto
tiempo.
Pero han hecho, vaya que si han hecho. Y mucho. El
problema no ha sido la inacción gubernamental y administrativa, sino
todo lo contrario: tanto las políticas dirigidas desde San Esteban desde
1995, como las toleradas desde la CHS también desde entonces han
impulsado el deterioro ambiental que ha culminado en el desastre actual.
Muchos
de quienes lo han hecho o han participado políticamente de esos
malhechos tienen nombres y apellidos. Algunos ya se sabe o se intuye
quiénes son. Antes incluso, en 2016,
de que el fiscal jefe Díaz Manzanera imputara a finales de 2017 a toda
una retahíla de posibles causantes del deterioro del Mar Menor, alguno
de cuyos nombres quedaron bien puestos negro sobre blanco.
Entonces
observé que en los reportes del texto de la querella del fiscal se
señalaban con nombres y apellidos a los responsables políticos de la
Consejería de Agricultura del inolvidable Antonio Cerdá y de la CHS
regida tanto por PP como por PSOE a lo largo de las legislaturas. Pero
no se reflejaban los nombres de los 24 agroindustriales imputados por el
fiscal y que podrían ser en el futuro acusados de vaya usted a saber
qué delitos, aunque aquí lo que está en juego es el medioambiente.
De
momento, todos son inocentes, pero no estaría de más conocer quiénes
son, además de los “políticos”, los agroindustriales que están envueltos
en el asunto. Cuando se troceó la macroquerella del fiscal
por la juez Miriam Martín, unos pocos meses después de que Díaz
Manzanera la presentara, bastaba con repasar el texto del Ministerio
Público para encontrar que de las 24 empresas relacionadas algunas
podían ser fácilmente identificables. En el sexto párrafo las tienen.
Pero
seguimos sin que se conozca oficialmente a qué empresas
agroindustriales corresponden las 24 siglas de la querella. Aunque sí
sabemos que las acciones judiciales emprendidas no han detenido el curso
de los acontecimientos, como demuestra que otros procedimientos han
sido iniciados desde entonces.
Sin ir más lejos,
mañana mismo, miércoles 16, a las 11 de la mañana, la que fue ex
consejera de Agricultura tras el egregio Cerdá, Adela Martínez Cachá, está citada como investigada por el juez Ángel Garrote
para explicar por qué se construyó una tubería sin evaluación de
impacto ambiental, que costó 1,7 millones y no funciona, para desviar a
Cabo de Palos y arrojar al Mediterráneo los vertidos agrícolas que
bajaban, y siguen bajando, por la rambla del Albujón directamente al Mar
Menor.
En el texto del acuerdo firmado el 31 de marzo de 2017 para construir esa tubería están las firmas de la ex consejera ahora refugiada en la UCAM,
por supuesto, y los directivos de la poderosa Comunidad de Regantes
Arco Sur Mar Menor, entre ellos los representantes de Agrícola Sarete
S.L.; Antonio García Pedreño y Mariano Roca Inglés, de Inmobiliaria Vano
S.L.; Antonio Conesa Albaladejo, de ANS Inversiones Mediterráneo S.L.; o
Antonia Martínez Lambertos, de Agrícola Martínez Lamberto, entre otros.
El
asunto era tan urgente que en la Consejería no se consideró oportuno
hacer la evaluación de impacto ambiental pertinente. Resultado: sin ella
y sin permiso de vertidos al Mediterráneo, ahí se quedan los 1,7
millones de euros.
Y la cosa sigue en paralelo porque
el próximo día 23, una semana después, la cúpula directiva al completo
de Portmán Golf irá al juez a declarar como imputada por no haber
sellado convenientemente la balsa Jenny de Portmán en… ¡2005! Era cuando el cénit de Valcárcel.
Y ahora resulta que la Benemérita encontró restos de los tóxicos de esa
balsa en las ramblas de Mendoza y Ponce que, tras pasar junto al Llano
del Beal, desembocan en… Adivine el lector. Seguro que acierta. Que se
sepa, Portmán Golf pertenece a los grandes empresarios Mariano Roca
Meroño y Alfonso García, desde que la adquirieron a la minera Peñarroya y tiene un amplio historial “medioambiental”.
En todo
este maremágnum y con el llanto por el Trasvase por bandera, también se
sigue intentando ampliar la sobrexplotación del entorno del Mar Menor.
EeArm acaba de alegar contra una transformación pretendida por la
pachequera Corporación Agroalimentaria del Mediterráneo S.L. en la zona
de Lo Poyo, a un kilómetro y medio de la laguna. C.A.M. S.L.,
representada por Simón Conesa Albaladejo, pretende convertir 90
hectáreas cultivos herbáceos de regadío en cultivos de limoneros bajo
malla, lo que aumenta el uso de fertilizantes y otros productos
fitosanitarios y contribuye a aumentar las escorrentías de agua de
lluvia.
Es decir, aumenta la presión ambiental sobre la laguna. Pero
todos somos inocentes de la muerte del Mar Menor, mientras no se
demuestre lo contrario. Vale.
(*) Periodista
