ALICANTE.- El consejo de administración la empresa estatal Acuamed ha aprobado, dos meses después de sacarlo del orden del día, el riego de socorro de 6,3 hm3 que, de facto, significa la reapertura del trasvase Júcar-Vinalopó y un balón de oxígeno para las 18.000 hectareas
de cultivos en el Vinalopó y para sus agricultores, que preveían una
pérdidas de 30 millones de euros. El agua comenzará a llegar esta misma semana, según publica el periódico Información.
La gestión del presidente Ximo Puig –el Consell paga
los 794.000 euros a los que no podían llegar los regantes- ha sido
clave para desastacar un problemón que ha vuelto a dejar en evidencia el
fracaso de una obra que costó 400 millones de euros, clave para la provincia de Alicante, pero que sigue sin el convenio de gestión definitivo o, lo que es lo mismo, la herida se cierra ¿en falso?.
Bienvenidos
los 6,3 hm3 pero el riego de socorro no deja de ser un parche. Es más,
el consejo no ha activado el trasvase hasta tener ratificación oficial,
negro sobre blanco, de que el Consell pagaría el agua, algo anunciado
por el presidente Puig, pero que en Madrid no han activado hasta tener
el ok del pleno del Consell.
El riego saldrá al final por unos 2,5 millones de euros. El agua no es gratis.
El
presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó,
Andrés Martínez, celebra el paso adelante dado por el jefe del
Consell, Ximo Puig, para desbloquear el envío de los 6,3 hm?3; del Júcar
que salven la cosecha hortofrutícola de este verano (producción
valorada en 30 millones de euros), pero advierte de
que, de momento, la buena voluntad de Puig no resulta suficiente para
detener, de momento, la ofensiva judicial que los usuarios del agua
ultiman contra el consejo de administración de la empresa pública
Acuamed.
En concreto, los servicios jurídicos de la Junta Central
estiman en 200 millones de euros el descalabro patrimonial en las
tierras de cultivo -52.000 hectáreas-, que están en serio riesgo de
desaparición por el bloqueo que sufre el trasvase desde hace cinco años,
cuando acabaron las obras para conectar el Azud de la Marquesa, en
Cullera, con Villena, tras salvar una elevación de más de 800 metros, lo
que dispara los costes.
Además, los regantes han pedido a los alcaldes de Elche, La Romana, Monóvar y Aspe, los
municipios más afectados por la falta de agua y la paralización del
riego de socorro de 6,3 hm3 que soliciten la declaración de zona
catastrófica.
Por su parte, los técnicos que integran la comisión del agua de la Diputación
han alertado de que los recursos hídricos derivados del ciclo natural
del agua propios de la provincia de Alicante (aguas superficiales y
aguas subterráneas renovables) son significativamente menores que las
necesidades actuales. Existe un grave déficit hídrico que se palia con
una explotación insostenible de los recursos subterráneos, y con un uso
intensivo de todos los recursos naturales convencionales y no
convencionales.
Las estimaciones de este son de entre 400 y 600 hm3 al año.
La cantidad está relativamente estable desde hace años, pero podría
agravarse por una eventual reducción de los recursos naturales de la que
comienza a haber indicios significativos derivados del cambio
climático. En lo que va de año hidrológico (octubre de 2017 a noviembre
de 2018), las lluvias han caído un 40% respecto al año pasado, que ya
fue seco.
El cierre del Júcar-Vinalopó el pasado 5 de este junio,
cuando los antiguos rectores del Ministerio de Agricultura sacaron del
orden del día del consejo de administración de
Acuamed el envío de 6,5
hm3 del Júcar, terminó por secar la única zona del embalse regulador
de San Diego (Villena), que estaba operativa para distribuir el caudal
del Júcar por el postrasvase Júcar-Vinalopó.
Seis años se
cumplirán en septiembre desde que Aguas del Júcar -hoy integrada en
Acuamed– vaciara en 2012 el embalse de San Diego, regulador del agua del
Júcar que tenía que llegar a la provincia de Alicante. Se detectaron
grietas y fugas, y se optó por cerrarlo y arreglarlo tras haberse
gastado cerca de 40 millones de euros. No se ha hecho nada y sólo se
activó una pequeña zona para redistribuir agua que ya está seca.
Ubicado
entre los términos municipales de Font de la Figuera y Villena, era el
punto final del Júcar-Vinalopó, tanto si la toma del agua se hiciera en
Cortes de Pallás como en la actual de Cullera.
El Instituto Universitario de Geografía
de la UA ha advertido en reiteradas ocasiones, no obstante, que el
auténtico problema del río Júcar no es que se tenga que trasvasar agua
del Júcar a Alicante. El problema es el acuífero de la Mancha Oriental,
sobreexplotado, del que en Castilla-La Mancha se extraen todos los años
400 hm3 cuando sólo se disponen, como máximo, de 300 hm3 al año.
La falta de lluvia acabó con los Mayas. Tome nota ministra Ribera.
Pleno del Consell
Por otro lado, horas antes de que se celebrara el consejo de Aquamed, el Consell aprobaba concender a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja una
subvención de 794.800 euros para que se pagara el agua, tal y como
anunció el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig hace un par
de semanas.
El importe de la ayuda irá destinado a cubrir la
diferencia entre el precio exigido por Acuamed de 0,356/m3; por el
suministro de los 6,3 hm3/año de caudales procedentes del Júcar para
sustituir los recursos subterráneos, y el importe máximo que puede
asumir la Junta Central de 0,23/m3.
Esta subvención se
concede de forma directa en aplicación de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones, en relación con la Ley 1/2015 de a Generalitat, de
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, así
como de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2018, para concurrir razones de interés público, social, económico o
humanitario.
La subvención regulada en este decreto tiene
carácter singular, derivado del carácter excepcional y único de la
entidad solicitante y del acontecimiento que motiva el procedimiento en
cuestión. Dado el objetivo específico de la subvención, se requiere una
concesión directa y no ha lugar una convocatoria pública.
En
concreto, las razones de interés público, de carácter social y
económico, que justifican el otorgamiento de la subvención solicitada, se deben a que 18.000 hectáreas de cultivos están afectadas en las comarcas del Vinalopó
-especialmente uva de mesa, hortícolas y otras frutas-, así como por el
impacto socioeconómico que tendría la posible pérdida de las cosechas
en el tejido económico de la zona, a través de las empresas y puestos de
trabajo asociados al complejo agroalimentario en los sectores del
transporte, logística, empaquetado y distribución, entre otros.
Por
otro lado, la contribución directa e indirecta de la producción de uva
de mesa del Vinalopó al PIB de la Comunitat Valenciana se estima en más de 30 millones de euros.
En
cualquier caso, el otorgamiento de la subvención queda condicionado a
la firma del correspondiente acuerdo económico entre Acuamed y la Junta
Central de Usuarios, y al hecho de que se obtenga la autorización
coyuntural de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la derivación
de los caudales del río Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí.
La
entidad beneficiaria deberá de manifestar, en el plazo de quince días
hábiles a partir de la publicación de este decreto en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, su conformidad con la concesión de la
subvención y con las bases reguladoras.
