CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez, acusó este lunes al
Gobierno regional de no tener en cuenta las opiniones del Comité
Científico del Mar Menor a la hora de llevar a cabo determinadas
actuaciones, así como de obviar «reiteradamente» algunos de los informes
que emite este órgano de forma «rigurosa» y de intentar «manipular y
tergiversar» lo que dicen sus miembros asumiendo en todo momento su
portavocía, entre otras cosas.
Por todo ello, Podemos presentó
este mismo lunes una moción en la Asamblea Regional en la que pide un
debate «claro y contundente» sobre cuáles deben ser las reglas de
funcionamiento del Comité para que el Gobierno regional «se sienta
interpelado y obligado a cumplirlas escrupulosamente», según anunció
Giménez, quien espera que este debate sea ordenado a la «mayor brevedad
posible».
El objetivo de la
moción presentada por Podemos es «sacar el Comité Científico de las
garras del Gobierno regional y que dejen trabajar a sus miembros con
transparencia y con plena autonomía», según Giménez, quien mostró el
«máximo apoyo» a las investigadoras y científicas que el pasado viernes
decidieron abandonar este organismo «no por causas personales, como ha
querido transmitir el Gobierno regional, como si fuera una cuestión de
incompatibilidad».
Al contrario, recordó que estas científicas han
abandonado el Comité porque «han visto claramente que su trabajo no se
ve claramente reflejado» y que el Comité «no está sirviendo para los
objetivos para los que fue creado, que eran salvaguardar el Mar Menor
con criterios científicos y que el Gobierno regional asumiera las
órdenes de este órgano que él mismo creó».
En concreto, pide al
Gobierno regional que use las conclusiones e investigaciones del Comité
para la toma de decisiones respecto al Mar Menor. «Desde que se creó
este Comité Científico el pasado 29 de julio de 2016, ha tenido una
serie de disfunciones que han sido reiteradamente puestas de manifiesto
por gran parte de sus miembros», según Giménez.
Los miembros han
lamentado «reiteradamente» que no se ha contado con los informes y los
dictámenes que el Comité Científico va elaborando «rigurosamente», según
Giménez, quien critica que tampoco se han tenido en cuenta las
opiniones del Comité a la hora de llevar a cabo determinadas
actuaciones.
Ha puesto como ejemplo, a este respecto, las
recientes obras de dragado que se están ejecutando en las distintas
playas del Mar Menor, así como el Decreto Ley de Medias Urgentes para la
Sostenibilidad del Mar Menor, «que fue transformado en Ley y que
tampoco se envió a los miembros del Comité Científico para que pudieran
evaluar el contenido de la misma».
La
diputada regional de la formación morada consideró «muy importante» que
las funciones del Comité Científico queden «claramente detalladas»,
algo que también han «reiterado» en numerosas ocasiones su miembros. El
objetivo es que este Comité no se convierta en un órgano «manipulable
por el Gobierno regional».
Los miembros del Comité han pedido «que
haya rigurosidad, que haya coherencia y transparencia en toda su
actuación», así como una línea comunicativa «muy clara».
A este
respecto, Giménez propone que los miembros del Comité «deben ser quienes
nombren al portavoz, para que se divulguen todas las opiniones que se
exponen en su seno, incluso la de aquellos miembros que puedan tener una
opinión diferente a la mayoritaria».
De esta forma, los medios de
comunicación podrían tener también acceso «a las distintas opiniones
que puede haber en torno a una determinada actuación», según Giménez.
Y
es que, hasta ahora, los comunicados del Comité los emite el propio
Gobierno regional, de forma que este organismo «no tiene un protocolo
adecuado» para manifestarse de forma pública «con independencia y
autonomía», según Giménez.
La diputada regional de Podemos
entiende que el funcionamiento del Comité «debe ser riguroso» y, en este
sentido, sus miembros denuncian que en las reuniones «suele haber una
gran mayoría de funcionarios de la Comunidad» y que, en la mayoría de
las ocasiones «acuden cargos políticos, como pueden ser el consejero y
el director general».
Los miembros del Comité «piden que estas
reuniones tengan una mayor autonomía e independencia del Gobierno
regional». Sobre todo, Giménez considera «escandaloso» que los propios
miembros que han abandonado el Comité han manifestado que, en muchas
ocasiones, «se convocan las ruedas de prensa de forma previa a que se
realicen las reuniones».
A su juicio, está «claro» que el Gobierno
regional está intentando «tergiversar y manipular las conclusiones del
Comité Científico» a su «antojo». Frente a ello, propone que la línea
comunicativa «sea la que el propio Comité establezca».
Podemos
considera «muy importante» que «se pueda cambiar la estructura, el
funcionamiento y las líneas comunicativas» conforme a los estándares que
ya funcionan en los códigos de buenas prácticas europeos y que son los
propios miembros del Comité Científico «los que los están demandando».
Recordó
que, cuando Podemos presentó las directrices generales que debía de
tener la futura Ley de Gestión Integral del Mar Menor que el Gobierno
regional «se niega a elaborar», la formación morada propuso precisamente
«adaptar el Comité Científico a estos estándares normalizados en el
ámbito europeo».
«No sólo se están incumpliendo los principios
fundamentales para llegar a la adecuada conservación y respeto del Mar
Menor, sino que se está atentando contra el principio y el derecho de
participación que tenemos como ciudadanía tanto la comunidad científica
como las organizaciones sociales», reprochó Giménez.
«No puede ser
que la presidencia del Comité Científico recaiga ahora mismo en un alto
cargo del Gobierno regional», según la diputada regional de Podemos,
que entiende que tanto el presidente como el portavoz «deben ser
nombrados por los propios miembros» del organismo, con el fin de dotarlo
de «independencia y autonomía».
De igual manera, recuerda que los
miembros del Comité Científico «piden asesorar no sólo al Gobierno
regional, sino también a cualquier administración pública que se lo
solicite y a cualquier organización social, incluidos los grupos
políticos y parlamentarios a la hora de plantear iniciativas con un aval
científico».
Recordó que Podemos puso también sobre la mesa la
necesidad de crear la figura del Defensor del Mar Menor, que era «un
órgano absolutamente independiente» que tuviera coordinación con la
Asamblea Regional y con el Ejecutivo autonómico, pero «no bajo las
garras de lo que al Gobierno regional le interese comunicar en un
momento dado».
Y es que el Gobierno regional «ha transmitido en
muchas ocasiones información sesgada y tergiversada de las conclusiones
que el propio Comité ha realizado».
