"El separatismo desafía la ley"
clama escandalizado el periódico global dando alegremente por supuesto
que todo el mundo comulga con sus voluminosas ruedas de molino.
¿Qué ley? No hay ninguna ley que prohiba la investidura, toma de
posesión, etc. por vía telemática. Ninguna. Ni la habrá en una época en
que esta vía domina todo tipo de transacciones, comparecencias,
declaraciones, etc., informales, formales y hasta litúrgicas. No es
posible desafiar lo que no existe.
A no ser que se admita que la ley en España es la voluntad de M. Rajoy,
por la misma razón por la que, según el ministro de Justicia del III
Reich, Thierack, en Alemania, la Ley era la voluntad del Führer. En España, la palabra de M. Rajoy, cuyo valor él mismo ajustó a la baja al comienzo de su mandato.
Ni Puigdemont, ni el bloque independentista, ni la mesa del Parlament desafían
la ley, sino una prohibición verbal de Rajoy que carece de base legal.
Puede el presidente -y lo hará- recurrir al Tribunal Constitucional para
que prohíba, suspenda, aplace o haga lo que quiera con la investidura.
Eso no cambiará políticamente nada, salvo para dar nuevos motivos al
activismo persecutorio del Supremo a seguir abriendo piezas judiciales,
algunas secretas, para mayor seguridad del Reino. Sin duda se han
respetado los más estrictos criterios procedimentales. pero eso de
anunciar el secreto no pertenece tanto al campo jurídico como al
literario; casi al dadaísta.
Supongo que todo eso está respondido, pero la chamusquina a procesos
secretos inquisitoriales es cada vez mayor. Eso y la comprobación de
que, para el B155, la ley en España es la voluntad de M. Rajoy que, por
cierto, es el único que, en verdad, esta fuera de la ley por un abuso de
poder equivalente a un golpe de Estado.
Es de justicia
Me he sumado a un acto en favor de los presos políticos promovido por
#WithCatalonia. No sé si lo he hecho según las indicaciones porque ando
muy atareado terminando un libro en el que, por cierto, también se habla
de los presos políticos. En todo caso, he firmado la postal colectiva
que los madrileños simpatizantes (gatos, menos gatos, transeúntes y
allegados) envíamos a los dos Jordis, Oriol y Joaquim. Además, subo el
cartel a la columna de la derecha de Palinuro.
Estas personas deben estar en libertad porque no han hecho nada
perjudicial al interés público (que bastante importa por lo demás a los
actuales gobernantes), no han cometido delito alguno. Luchan
políticamente por una causa que todo demócrata debe admitir como
legítima. La respuesta legítima solo puede ser política. Los tribunales
no pintan aquí nada y su instrumentalización política solo puede
empeorar las cosas.
Entre prófugos anda el juego
Mi artículo de elMón.cat de hoy (día D), titulado Quién está fuera de la ley.
No abusaré de la paciencia de las lectoras y me limitaré a decir que, a
mi modo de entender, el que está aquí fuera de la ley es el gobierno de
España. Y de todas las leyes, las naturales, las humanas y, por si
existieran, las divinas. Fuera de la ley en España está hasta la ley.
Porque viene impuesta por un gobierno que está fuera o por encima o al
margen de ella y no la respeta prácticamente nunca.
Y si de prófugos va la cosa, los hay legítimos e ilegítimos. Puigdemont
es un prófugo legítimo porque lo es de una justicia que actúa
injustamente. Todas las exigencias de que Puigdemont venga a ser
investido presencialmente tratan de fabricar una victoria de la causa
unionista con una imagen del presidente entre rejas, de indudable
impacto político (lo que se busca) pero un desastre jurídico. Eso buscan
las propuestas más ladinas que le tienden una trampa a sabiendas y las
más ingenuas y, sin duda, bientintencionadas, que parten de una ilusión:
la de que España es un Estado de derecho.
El verdaderamente prófugo a los ojos de la ley humana, la natural y la
divina es el presidente del gobierno que ha organizado este monumental
desastre por no haber dimitido cuando le tocaba, al comienzo de su
mandato, en el momento de declarar que no cumpliría su programa
electoral sino su deber, lo que él omnímodamente consideraba su deber,
habiendo prometido a los ciudadanos lo contrario.
La versión en castellano
Quién está fuera de la ley
Una vez los candidatos electos el pasado 21 de diciembre hayan tomado
posesión de sus actas, el Parlament pasará a elegir un gobierno. La
investidura de su presidente podrá hacerse por vía telemática, dado que
no hay norma que lo prohíba. El gobierno central, la oposición unionista
(ciudadanos, socialistas y populares), los medios de comunicación, el
Ibex35, que forman en el mismo frente reaccionario del bloque del 155
(B155) lo niegan. Los tertulianos que tienen en nómina también lo
niegan. Igualmente lo niegan los letrados del Parlament.
Pero la decisión ha de tomarla el propio Parlament en uso de su
soberanía, no vinculado por ninguna de las instancias anteriores. Y es
perfectamente legítimo y legal que el Parlamento decida proceder a la
investidura telemática del Presidente Puigdemont. Si tal cosa se
produce, Mariano punto Rajoy avisa de que lo impedirá a través de los
poderes del artículo 155 que seguirá en vigor. ¿Prevé tales poderes el
artículo de marras? En absoluto. Entonces, ¿por qué impide la
investidura telemática de Puigdemont?
Porque le da la gana, y torciendo el significado de la norma.
No hay fundamento legal ni racional alguno para impedir la investidura
telemática y la prueba más evidente es que puede darse de hecho en
contra de la voluntad originaria del gobierno que ya había anunciado que
se opondría a la decisión del Parlamento. Al comprender que eso es
absurdo y que no puede oponerse a la decisión en sí misma, el gobierno
ha desplazado su negativa a la aplicación de la decisión. El Parlamento
puede decidir la investidura telemática, pero Rajoy no lo permitirá
porque no le da la gana.
No hay otra razón. La aplicación del 155 es puro despotismo,
arbitrariedad y dictadura personal del presidente de los sobresueldos.
El decreto de aplicación del 155 dice que este quedará sin efecto cuando
sea investido el presidente de la Generalitat. El modo de evitarlo es
no aceptar la investidura, darlo por no investido y sostener que solo se
admite la investidura presencial siempre porque a él le da la gana.
Forma parte del saber convencional constitucional en Occidente que las
Constituciones son frenos al poder o no son nada. Con el artículo 155
queda claro que la Constitución de 1978 no es nada puesto que ella misma
se anula a través de uno de sus artículos que la deja en suspenso y
elimina las trabas al poder despótico de un solo individuo. El 155 en el
fondo y aunque pueda parecer absurdo, es un artículo anticonstitucional
si bien no es eel único absurdo que contiene este documento tan alabado
en los discursos como inoperante en la práctica.
Para nada sirve una Constitución que permite un poder absoluto en manos
de quien no tiene escrúpulos de tiranizar a una nación sometida por la
fuerza bruta a base de saltarse los resultados de las elecciones,
perseguir impunemente a las personas, destituir gobiernos
democráticamente elegidos y cerrar parlamentos a su capricho, sin dar
cuenta a nadie. Lo ayudan en el siniestro empeño unos medios comprados y
sometidos a sus designios y unos jueces cuya actuación coincide en la
línea de persecución inquisitorial de los adversarios del poder político
a cuyo servicio están y por cuya impunidad velan, como ese Tribunal
Constitucional que suspende la comisión de la Generalitat encargada de
investigar la brutalidad policial del 1 de octubre.
Hasta ahí el Estado de derecho del B155 del triunvirato Rajoy, Sánchez,
Rivera, dispuesto a restaurar el franquismo en toda su sórdida miseria.
Dice Rajoy que el prófugo de la justicia Puigdemont, debe retornar a
España a la investidura presencial. Es una consideración típicamente
farisea pues se trata de una trampa para detenerlo ilegalmente, como
está pasando con los otros presos políticos, y a continuación exhibirlo
como un trofeo en un acto de venganza que convertiría el franquismo del
B155 en puro fascismo. Quiere humillar a Cataluña encadenando en público
a su máximo legítimo representante. La presencia de Puigdemont en
Bélgica, fuera del alcance de la arbitrariedad española, es la prueba
más contundente de la deriva dictatorial, franquista de la situación
política en España y Cataluña
Puigdemont no es un prófugo de la justicia. La española retiró la orden
de busca y captura en su día, sabedora de que la justicia belga, que sí
corresponde a un Estado de derecho y no a una dictadura como aquí, no
concedería la extradición o y si la concedía, impediría que se le
juzgara por los delitos que unos jueces complacientes se inventan al
servicio del poder político.
En realidad, el único prófugo de la justicia en el Estado español es el
propio presidente de un partido procesado en diversas causas, con más
de 1.000 procesados, entre ellos tres exministros, acusado de cobrar
sobresueldos de la caja B del partido y de avalar las cuentas de un
presunto delincuente en Suiza. Igual que la única ilegalidad están
cometiéndola un gobierno y unos jueces que impiden el normal
funcionamiento de unas instituciones cuando el resultado de las
elecciones no es el que ellos quieren.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
