Los rostros de la imagen lo dicen todo.
Las autoridades españolas pasaron la manifestación entera tragando sapos.
Se empeñaron en asistir a un acto en protesta por un atentado que no
fue previsto y en cuya solución no tuvieron nada que ver.
Al tiempo, esa
presencia se concibió, organizó y explicó a la opinión pública como una
muestra de unidad contra el terrorismo. La unidad ¿de quién? La
presencia del Jefe del Estado, el gobierno y la oposición entera, así
como un largo séquito de políticos lo dejaba bien claro: la unidad de la
nación española.
Cuando,
en los prolegómenos de la manifestación, se criticaba la "politización"
de esta por los independentistas y se advertía de que no se llevaran
banderas, en realidad, ya estaba "politizada" desde el momento en que se
ponía al servicio de una idea de nación sin duda mayoritaria en España,
pero quizá no en Cataluña. La CUP, se recordará, bajó las ínfulas al
Rey, negándole la presidencia del acto con razones críticas de mucho
peso. Y la Corona aceptó, prueba de que su máximo interés era poner al
Rey en Cataluña, reconquistar el corazón de los catalanes y reconstituir
la mortecina nación española.
La
manifestación estaba politizada por el nacionalismo español desde su
inicio. Desde el comienzo mismo del acto aparecieron algunas banderas
rojigualdas, casi todas sin crespón, que aspiraban a ser un mar de oro y
fuego. Para ello se había destacado a algunos nacionales que regalaban
banderas españolas de plástico y no las cogía nadie. El mar se quedó en
charco. El fracaso en la politización de la derecha nacional española
fue patente durante todo el recorrido de la manifestación, con abucheos y
pitos al Rey y letreros muy críticos hacia él.
A
su vez, la proliferación de señeras y esteladas, además de ser tan
legítima como la española, pone de relieve que en Cataluña hay una
opinión muy sólida a favor de la independencia y muy crítica con el modo
en que se ha administrado y se administra el país. En realidad,
Cataluña es la única oposición real al gobierno del PP porque lo es
también al Estado del que emana. La izquierda española podría distinguir
ambos momentos, oponiéndose al gobierno, aunque no a su Estado, pero lo
cierto es que no ejerce apreciablemente como tal oposición en ninguno
de los momentos. La cuestión catalana prevalece en la política y, en
ella, el punto fuerte es la unidad nacional española.
Rajoy señala que estamos orgullosos de haber ido a Barcelona. Las afrentas no las escuchamos.
La traducción con un embustero sistemático nunca falla: no están
orgullosos de haber io a Barcelona sino muy irritados y todavía les
zumban los oídos con los pitos, los abucheos, las imprecaciones y los
letreros.
Son
los sapos que han de tragarse quienes gobiernan en provecho propio e
interés de los suyos y en detrimento de la mayoría de la población. Es
verdad que les vota una mayoría, pero también lo es que se trata de una
mayoría relativa exigua, de una tercera parte; que muchos de quienes les
votan lo hacen manipulados por unos medios de comunicación al servicio
del PP; y que, además, ganan con todo tipo de trampas e ilegalidades.
Más sapos por tragar.
Ahora
tienen un problema real. Por mucha que sea su capacidad de tragar
sapos, no están en condiciones de detener el referéndum del 1/10. A la
desesperada la prensa especula con la posibilidad de dividir el bloque independentista de JxS mediante un entendimiento entre ERC, Podemos y los Comunes con
vistas a unas elecciones autonómicas, dando por inviable el referéndum.
Y se advierte que algo así haría trizas al PSOE. Asoma la vieja
querencia.
Lo
anterior es posible, cómo no, tratándose de intereses políticos. Pero
mucho más posible y probable será la destrucción de ERC si esta aparece
como directa o indirectamente responsable del fracaso del referéndum.
Todo lo que vaya contra el referéndum tiene mala prensa en Cataluña.
Subsiguientemente, también quedaría tocado Podemos por adoptar
decisiones prácticamente en secreto.
El independentismo es un río de no retorno.
La comparecencia del de los sobresueldos
La comparecencia del de los sobresueldos
Lleva seis años (cuatro largos con
mayoría absoluta) resistiéndose a dar explicaciones, compareciendo en
plasma, entrando y saliendo de los lugares por la puerta de servicio,
impidiendo preguntas en las ruedas de prensa, amañándolas, negándose a
rendir cuentas o falseándolas sistemáticamente. Seis años ignorando al
Parlamento, gobernando por decreto ley y apoyándose en una maquinaria
mediática pública y privada de falsificación de la realidad, con la
ayuda ocasional de una administración de justicia políticamente
intervenida.
En
todo este tiempo se ha visto obligado -arrastrado literalmente- a
comparecer dos veces en sede parlamentaria. Una, un 1º de agosto de
2014, a propósito de los sobresueldos de los papeles de Bárcenas y otra
hoy, a propósito de la financiación ilegal del PP descubierta a raíz de
la Gürtel. Ya debiera de haber dimitido -como haría cualquier político
demócrata en Europa- en la primera ocasión. Cálculese qué debiera hacer
en la segunda.
La
vergüenza de ver a un presidente de gobierno declarando como testigo en
un proceso penal por financiación ilegal de su partido y dos veces como
compareciente en sendas interpelaciones parlamentarias por
comportamiento impropio. Los demás países deben de estar asombrados.
Conviene
que los grupos de la oposición aclaren de una vez la relación entre las
dos comparecencias y expliquen la historia completa de esta gran
operación de saqueo que ha sido el gobierno del PP. Porque se presentan
como hechos separados e independientes cuando, en realidad, son causa y
efecto mutuos alternativamente. Los sobresueldos están directamente
relacionados con la financión ilegal y esta con aquellos. La aclaración
es importante porque explica muchas cosas de la corrupción del sistema
político.
En
la comparecencia de 2014, Rajoy reconoció haber cobrado los famosos
sobresueldos con dos salvedades: los declaraba a Hacienda y no los
llamaba "sobresueldos" sino "pluses de productividad", como en cualquier
empresa, sostenía nuestro hombre. Era la explicación a la que se
apuntaban los demás dirigentes del PP (un buen puñado) para explicar
estos ingresos. La cuestión de si eso es delito o no depende de los
jueces, sobre todo si los dichos ingresos proceden de fuentes ilicitas o
caja B. Pero aquí es irrelevante.
La
percepción de los sobresueldos es el veneno de esta historia de la
Gürtel. Que no se entienda así y se dé sin más por insustancial, se debe
probablemente a que otros partidos, el PSOE que se sepa, recurren a la
misma práctica, si bien no parece estar financiada ilegalmente. No
obstante, la práctica en sí es política y moralmente inaceptable. Los
representantes reciben unas remuneraciones dignas con cargo al erario.
Los diputados gozan de un privilegio absoluto en este campo porque son
los únicos perceptores de rentas que pueden fijar las suyas y, por
supuesto, las de los demás. Pero sobre todo las suyas, lo cual hace
innecesario probar que son muy dignas; algunos las tienen por más que
dignas. Y no se hable ya de jubilaciones, pensiones y pagos
compensatorios por ceses ocasionales
La cuestión es, ¿por qué perciben esas cantidades extras, según dicen, del partido? Cualquiera
diría que el partido fuera un ente ajeno al Estado y no se financiara
en un porcentaje elevadísimo de los mismos fondos que nutren los
salarios ordinarios de los cargos públicos. La excusa del "plus
de productividad" empresarial solo podía ocurrírsele a Rajoy y la idea
del pago de compensación suscita la pregunta inmediata: compensación
¿por qué? Suele decirse que por la renuncia obligada a los ingresos
privados. Pero, al margen de que esto sea cierto o no -que no suele
serlo- tropieza con el inconveniente de que la representación política
es voluntaria. Quienes quieran ejercerla deberán informarse sobre las
remuneraciones antes de dar el paso y, si lo hacen ya saben lo que
tienen.
Recuérdese
que, si los diputados consideran demasiado bajas sus diversas
retribuciones (salario, gastos de esto y lo otro, compensaciones legales, subvenciones), siempre pueden valerse de su privilegio y subírselas, insisto legalmente.
Otra cosa es el impacto que esto suele tener en la opinión pública,
razón por la que los representantes prefieren trocear sus remuneraciones
para que la cantidad final resulte menos escandalosa.
Por
tanto, ¿a qué se deben los sobresueldos? A un plan de generar una clase
de políticos profesionales que hacen de su militancia en un partido un
medio de vida. Esto que, por desgracia, afecta a otros partidos (y
genera en ellos una especie de "funcionarios" que tergiversan la
autenticidad de todo debate político) se hace insoportable cuando se
produce por medios ilegales, causando perjuicio al erario y daño al
interés público, como sucede con la financiación ilegal del PP durante
más de veinte años.
Así se ha corrompido de arriba abajo el sistema
político de la tercera restauración, entronizando la mentira como forma
de relacionarse con la ciudadanía. Corría el año de 2007 cuando, a
preguntas de un interesado sobre cuánto ganaba al mes, Rajoy no dio la
cifra, pero dijo
"Miro mi cuenta al final de mes porque lo necesito, lo necesito y
muchísimo, y además mi mujer también trabaja, y entonces tengo los
problemas que tienen todos los ciudadanos. No estoy en política por
dinero". Por entonces sus compañeros de partido le calculaban unos
12.000 euros al mes, entre sueldos y sobresueldos. Mentía como un
bellaco
Esta
subclase de vividores del partido tiene que corromperse necesariamente
porque, al entender que su actividad política debe ser lucrativa, acaban
por romper todos los límites dedicándose al saqueo de los fondos
públicos en cualquier momento y circunstancia. Y eso es lo que ha
pasado.
La comparecencia de hoy, centrada en la cuestión de la Gürtel/financiación ilegal y la declaración supuestamente falsa de Rajoy en sede judicial debe
hacerse teniendo en cuenta el telón de fondo de los sobresueldos. Están
en la base de este desbarajuste. A la política "para forrarse", a
pillarlo todo a robar sin más. Y, claro, el PP tiene en estos momentos
700 imputados que no son casos aislados, sino agentes en una estructura
partidista de delito organizado en donde cada uno saca su tajada
mientras el país se hunde, los dependientes no cobran, los parados
tampoco, no hay dinero para la educación pública pero sí para la privada
y esta marca el camino para la privatización (nombre técnico del
expolio de siempre) de todo lo público.
Hay
un propósito, según parece, de preguntar al presidente de los
sobresueldos las incómodas cuestiones que se le plantearon en su
declaración pero un juez atento impidió que se formulasen. De todos
modos, la más destructiva afecta al conjunto de la declaración: ¿por qué
dijo que no sabía nada de los aspectos económicos de las campañas
electorales cuando era él quien las dirigía, siendo así que hay un vídeo
en el que ofrece todo lujo de detalles sobre la financiación de una
campaña concreta? Ese hecho ¿puede calificarse de mentira o no? Si su
pretextada ignorancia es falsa, esa mentira ¿sería un delito?
¿Podría España seguir gobernada por un hombre al que se hubiera imputado un delito?
Me temo que sí.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED