MURCIA.- Los máximos dirigentes de PSOE, PP y Ciudadanos están negociando incorporar las medidas de los socialistas al decreto ley de Protección Integral del Mar Menor, que el Gobierno regional tiene previsto aprobar el próximo jueves.
Fuentes
conocedoras de la negociación han señalado que el presidente del
Gobierno regional, Fernando López Miras, el secretario general del
PSRM-PSOE, Diego Conesa, y la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico,
Isabel Franco, han mantenido conversaciones durante este fin de semana
para llegar a un entendimiento.
El
objetivo es que el texto, que entrará en vigor un día después de su
aprobación por el Consejo de Gobierno, tenga el apoyo del PSOE para
salir adelante en la convalidación que debe realizarse por la Asamblea
Regional en el plazo de un mes desde que San Esteban dé luz verde a la
normativa.
Además, la mayoría que representa PSOE, PP y Cs en la Cámara autonómica haría innecesario el apoyo de Vox, que ha presentado una batería de medidas que estos partidos no respaldan, como la apertura de las golas en La Manga del Mar Menor.
En
declaraciones a los medios, Conesa ha aclarado que las medidas que
proponen al Gobierno regional son "de mínimos y básicas" para contar con
el apoyo de su grupo, de forma que haya "más coordinación", se acometa
un "tratamiento de choque" y se "intensifique la protección" para crear
un "cinturón verde". "No es nuestra ley", ha subrayado el dirigente
socialista.
En este sentido, el
PSRM-PSOE ha comunicado este lunes que tienen una "voluntad inequívoca"
y un "compromiso firme" con la aprobación de este decreto ley, para lo
cual han reconocido que están trabajando "a marchas aceleradas" para que
salga adelante.
Tras recordar que "todas las medidas del pasado han fracasado" en esta materia,
los socialistas han considerado que "no vale" una ley "continuista e
imprecisa", sino un texto que debe ser un punto de inflexión "nítido".
"Es necesaria una ley valiente, clara y con garantía jurídica para todos los sectores y
transparente para toda la sociedad", ha añadido el PSRM-PSOE, quien
propone medidas recogidas en reuniones con colegios profesionales y
colectivos sociales, económicos, vecinales y ecologistas.
Los
socialistas han propuesto sustituir el Comité Social de Participación
por el Consejo del Mar Menor, que estará formado por un tercio de
representantes de las tres administraciones; un tercio por el Comité
Científico, y un tercio por la sociedad civil: colectivos y
asociaciones. Además, apuestan por que los informes de este consejo sean
vinculantes en algunos puntos porque debe ser un "auténtico órgano de
control".
Respecto al Comité de
Asesoramiento Científico, el PSOE quiere que un tercio corresponda a
las administraciones públicas y dos tercios sean nombrados por centros
de investigación, colegios profesionales y las universidades. Este
órgano podrá emitir informes a instancias de la Comunidad, del Consejo
del Mar Menor o a iniciativa propia.
Asimismo,
para el desarrollo del reglamento de los agentes agroambientales, será
precisa una consulta a los colegios profesionales. También se creará un registro público de expedientes sancionadores en materia de protección integral del Mar Menor.
Respecto a la protección de la laguna, el PSOE propone ampliar de 500 a 1.500 metros de la línea de costa la prohibición del uso de todo tipo de fertilizantes y que el ámbito de actuación de la norma abarque a toda la cuenca vertiente.
Además, la ordenación territorial se amplía al ámbito de toda la cuenca, reduciendo el plazo de cinco a tres años,
se incluye a todas las actividades ganaderas, y no solo la porcina en
la zona 1, al tiempo que se establece como medida de prevención de
escorrentías e impacto paisajístico una exclusión temporal de nuevos
invernaderos.
Los presupuestos
regionales deben recoger la dotación de recursos materiales y humanos
necesarios para la aplicación de este decreto-ley, según el PSOE, que
también apuesta por eliminar las imprecisiones que, en su opinión, tiene
el borrador que le ha presentado el Gobierno regional con el fin de que
haya "normas claras que no permitan incumplimientos".
Disminuir el plazo para hacer el plan de ordenación territorial de 5 a 3 años, periodo en el que no se permitirán nuevos desarrollos urbanísticos más allá de los ubicados en suelo urbano consolidado;
y fijar un plazo de seis meses para el programa de control y mejora de
las redes de aguas pluviales de saneamiento y depuradoras son otras de
las medidas propuestas.
Finalmente, el PSOE apuesta por fijar un plazo de un año para evaluar todos los puertos deportivos,
con el objetivo de realizar el estudio de afecciones a la dinámica
litoral, para que en 5 años, como máximo, se eliminen las escolleras.
Por
su parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, Antonio Luengo, ha apuntado que los técnicos de su
departamento están estudiando las propuestas del PSOE para ver su
viabilidad.