Después de la sentencia, elecciones. Este es el escenario
realmente existente. Después de la resolución más trascendente de los
tribunales españoles en las últimas décadas, repetición de las
elecciones generales dentro de cuatro semanas.
No es una fatídica
casualidad. Es la decisión estratégica adoptada por Pedro Sánchez en
agosto, sellada y timbrada a finales del verano después de haber
participado, por invitación francesa, en la cumbre del G-7 que tuvo
lugar en la ciudad balnearia de Biarritz.
Después de la sentencia, una campaña electoral que no cesa
desde hace seis meses. Una batalla que en realidad no descansa desde el
triunfo de la moción de censura a Mariano Rajoy , el 1 de junio
del 2018. Una fibrilación que no se acaba desde que las elecciones
europeas del 25 de mayo del 2014 pusieron de manifiesto la existencia de
una grave avería en el sistema político español, como consecuencia de
los estragos de la crisis económica.
Una situación de excepcionalidad
que no ha conocido un solo día de tregua desde que el nacionalismo
catalán tradicional vio en riesgo su reconquistada hegemonía, al
comprobar la envergadura de las protestas sociales por los recortes.
Junio del 2011.
Ahí empezó todo, mientras aún humeaban los ríos de lava
de la sentencia del Estatut en una sociedad que en apariencia iba bien
mientras fluían las plusvalías inmobiliarias de principios de siglo.
Cuando las plusvalías se estrangularon, todo se complicó. Primavera del
2011. La Assemblea Nacional Catalana se originó en aquella primavera,
mientras los indignados acampaban en la plaza de Catalunya de Barcelona.
La matrioska del procés concluye ahora con
una condena penal de alto impacto jalonando la campaña electoral más
áspera y antipática desde 1977. No es una casualidad. Es la más
arriesgada decisión estratégica del hombre que ayer compareció en la
Moncloa para anunciar en castellano e inglés que velará por el
cumplimiento íntegro de las penas. (Traducido del mediático, Sánchez
quiso decir lo siguiente: no estoy dispuesto a que me hablen de indultos
antes del 10 de noviembre).
Sentencia y campaña. Tensión sobre tensión. Brocha gorda
cuando haría falta pincel fino. Este es el marco realmente existente, en
el interior del cual se inscriben todas las estrategias y todas las
reacciones, incluida la convocatoria para colapsar el aeropuerto de El
Prat.
Nada escapa al perímetro electoral en un país que habrá
vivido cuatro elecciones generales en cuatro años. Un aplazamiento de la
sentencia hasta después del 10 de noviembre podía haber ofrecido un
marco más sereno, pero no es función de los jueces alfombrar los
calendarios de la política. El juez Manuel Marchena , el hombre
de moda en la España de orden, no quería arriesgarse a que, dentro de
unos años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recriminase al Estado
español un uso abusivo de la prisión provisional.
Mañana se cumplen dos
años del encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart .
De no haberse emitido la sentencia, hoy deberían ser puestos en
libertad, o efectuarse una vistilla para prolongar la prisión cautelar.
Es razonable suponer que en verano, cuando Sánchez y su gabinete
escogieron la repetición de las elecciones como la mejor opción
estratégica a su alcance, conocían las lógicas reticencias de Marchena a
aplazar la publicación de la sentencia.
¿Por qué tomaron esa decisión? En verano existía en La Moncloa el
convencimiento de que el PSOE podía aspirar a los 140 escaños, como
consecuencia de una natural decantación de la sociedad española en favor
de la “gobernabilidad”. La acumulación de situaciones tensas en otoño
–la sentencia de Catalunya, la posibilidad de un Brexit salvaje, los
augurios de recesión económica...–, podían propiciar la coagulación de
una Mayoría Cautelosa alrededor del Gobierno socialista. O nosotros o el
caos. En pocas palabras, Sánchez se ha metido él solo dentro de la
jaula de Faraday, creyendo que las descargas eléctricas de octubre,
lejos de hacerle daño, aumentarán su talla de gobernante en noviembre.
La sentencia es compleja. Por un lado desarma el teorema de
la rebelión y desautoriza a los halcones del nacionalismo español, y
por el otro aplica penas severas por sedición, penas cuyo cumplimiento
material dependerá de la política penitenciaria, a su vez supervisada
por el Tribunal Supremo. Como siempre, las escrituras deben ser
interpretadas.
Con un gobierno sin unas elecciones por delante, el clima
interpretativo sería otro. Hoy podríamos escribir que vuelve el tiempo
de la política. Con sentencia y campaña, lo único que veremos es
agitación y propaganda.
Antes del 10 de noviembre, Sánchez no puede
plantear otra cosa a la sociedad catalana que no sea orden y retórica.
No puede insinuar nada que pueda erosionar al PSOE en el resto de
España.
Paradójicamente es el Partido Popular el que ha decidido modular
su lenguaje. De Albert Rivera puede que no queden ni las costillas a finales de noviembre. La distancia entre PSOE y PP se está acortando en los sondeos.
Sentencia y elecciones. Rayos y centellas en la jaula de Faraday. El PSC es el fusible.
(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia
