Por lo tanto, éstas han de seguir calculándose en base a las previsiones de ingresos del año pasado, con el consiguiente perjuicio para las comunidades autónomas, cuyos ingresos se situarían unos 5.000 millones de euros por debajo de lo previsto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que fue rechazado hace unos meses en las Cortes.
Las comunidades, por su parte, sostienen que tienen derecho a recibir esos ingresos adicionales durante el año en curso (y no dentro de dos años cuando se practique la correspondiente liquidación) y han llegado incluso a amenazar con recurrir a los tribunales para reclamarlos.
El
problema de fondo no debería exagerarse, pues se trata únicamente de un
retraso en la llegada de determinados fondos y no de su desaparición,
pero podría acabar teniendo consecuencias desagradables para las
comunidades autónomas.
Ante una caída artificial de sus ingresos durante
el ejercicio en curso, éstas podrían verse forzadas a elegir entre dos
malas opciones: adoptar de forma precipitada recortes de gasto
significativos sin que exista una necesidad real de hacerlo, o incumplir
sus objetivos de déficit, activando así las medidas correctivas
previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
exponiéndose a una posible penalización de los mercados si la situación
no se percibe correctamente.
Afortunadamente, hay margen suficiente para
evitar que un problema básicamente contable termine teniendo
consecuencias reales.
La Ley del Gobierno establece
en su artículo 21 que un Gobierno en funciones ha de limitarse «al
despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar,
salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés
general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras
medidas».
Puesto que lo que se persigue con la actualización de las
entregas es únicamente que las comunidades autónomas reciban sin
retrasos los ingresos que les corresponden por ley, no está nada claro
que esta medida no tenga encaje dentro del despacho ordinario de los
asuntos públicos o de las excepciones por razones de interés general.
Pero si así fuera hay otra opción que pasaría por revisar los objetivos
de déficit y ofrecer financiación puente a las CC.AA. mientras llega la
liquidación. Se trataría, en particular, de elevar el objetivo de
déficit de las autonomías para 2019, reduciendo el del Estado en la
misma cuantía, y hacer lo contrario en 2021.
Al mismo tiempo, habría que
financiar el margen adicional de déficit autorizado mediante anticipos o
préstamos a interés cero del Fondo de Financiación a
comunidades autónomas. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
permite expresamente (en su disposición adicional séptima) que un
Gobierno en funciones modifique los objetivos de déficit. Existe al
menos un precedente: en 2016 el Gobierno del PP, entonces en funciones,
revisó al alza los objetivos del año en curso y los inmediatamente
posteriores.
Una
vez solventado el problema inmediato, convendría seguramente revisar la
ley de financiación autonómica para evitar que éste pueda repetirse.
Con este fin, habría que desligar la actualización de las entregas a
cuenta de la aprobación de los PGE, al menos en lo que respecta a los
ingresos autonómicos por tributos cedidos, que no forman parte de los
ingresos del Estado. Trasladar a las autonomías los problemas que genera
la inestabilidad del Gobierno central que padecemos no es buena idea.
(*) Director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)
