Tenemos un chanchullo que arroja una sombra de duda sobre el magistrado
Marchena, el que presidirá el juicio del procès, el que acaba de firmar
el auto que impide que se investigue el máster de Casado, el que se
postulaba candidato para presidir el nuevo CGPJ.
El escándalo sobre el trato de favor dado a la hija del presidente de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que denuncié el
pasado mes de julio, no ha sido aún aclarado. Este lunes, Sofía Marchena
se incorporó en efecto a la escuela de nuevos fiscales con el orgullo
de ser la primera persona de la historia que ha conseguido empezar curso
en la Escuela Judicial de Barcelona un año y en el Centro de Estudios
Jurídicos de Madrid al otro sin haberse vuelto a examinar.
Un trasvase
entre la carrera judicial y la fiscal inédito y prohibido, con una plaza
creada para ella expresamente y con una alteración presupuestaria para
conseguirlo. Algunos debieron suspirar pensando: "¡ya está hecho y nada
ha pasado!".
A los que llegan tarde porque estaban de vacaciones,
antes de iniciarse en esta segunda temporada les aconsejo que repasen
los episodios previos de La hija de Marchena,
los demás pueden seguir conmigo avanzando en la descripción del muro de
silencio y de complicidad que se ha tejido para tapar lo que tiene
todos los visos de ser un caso de nepotismo flagrante, actual y
comprobable con datos objetivos.
Un caso que afectaría, entre otros, a
Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial y esposa del magistrado
Llarena, al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a todos los que les
han acompañado para beneficiar a Manuel Marchena en la persona de su
hija. Algo que parece interesar bastante menos que chascarrillos del
pasado procedentes de fuentes sucias y averiadas.
A pesar de que, según mis fuentes, tan feo asunto ha
puesto nerviosos y en estado de alerta a muchos de los implicados; no lo
es menos que estaban muy convencidos de que el polvo del estío, los
intentos de desprestigio profesional hacia mí en diversos círculos y la
ayuda de los múltiples escándalos reales o inventados que nos agitan
cada día, harían que todo se diluyera y que plácidamente la vida
siguiera... tal y como ellos la habían diseñado.
Lo
cierto es que a pesar de que haya quien mire a otro lado diciendo que es
un escándalo complejo y “difícil de explicar a la audiencia” (sic)
sucede que para miles de jueces, magistrados y opositores la
irregularidad es tan clara y meridiana como lo es la obligación de dar
explicaciones para poder comprobar la licitud de lo sucedido y en su
caso proceder a la depuración de responsabilidades.
Así que varias
asociaciones de jueces y de fiscales se dirigieron inmediatamente al
Consejo General de Poder Judicial para exigir que se hiciera pública esa
documentación que pormenorizaban. El CGPJ se los pasó por el arco del
triunfo.
La callada por respuesta y a otra cosa mariposa. Esta semana,
sin embargo, a la par que Sofía empezaba el curso, se han producido
varios movimientos más para pedir esa transparencia que el propio
Marchena debería exigir si quiere evitar cualquier sombra de duda sobre
la carrera profesional de su hija, pero también sobre su propia
situación de honorabilidad como presidente de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo y todo ello antes de empezar a presidir el que será el
juicio del siglo en el Caso Procès.
Aunque
inexplicablemente él mismo no instigue esa claridad sino que siga dando
explicaciones vacuas, no va a ser tan fácil enterrar el caso porque no
puede serlo tapar y silenciar lo que tiene visos de constituir una
clamorosa corruptela. Los fiscales y jueces presentaron en julio también
esa misma demanda de información y documentación a la Comisión de
Selección, el organismo mixto encargado de organizar y tutelar todo el
proceso de ingreso de jueces y fiscales, y éste sí les ha respondido.
En
el escrito de respuesta queda palmariamente claro que todos los pasos
jurídico-administrativos que se han dado para ayudar a la hija de
Marchena son tal y como se los conté en julio aunque, al final, tampoco
aportan documento alguno que permita comprobar si las “excepcionalísimas
circunstancias” que se daban en esta persona y que exigían iniciar para
ella todo este trajín inédito, con cambio de partida presupuestaria
incluida, son tales.
La respuesta contiene otra perla sobre la
tumultuosa sesión mantenida por esta Comisión en julio y es que el
objetivo de la misma fue “solventar la situación generada por el acuerdo
de la Permanente del CGPJ” relativo a Sofía Marchena. Al menos dejan
claro que el problema lo generó el propio Lesmes y su Comisión
Permanente para responder a una propuesta de Gema Espinosa y que a ellos
les tocó salvarles la cara. Todo tal y como les conté.
La Unión Progresista de Fiscales no se conforma con la tomadura de pelo
de un escrito vacío de contenido y apelando formalmente a los artículos
1 y 2.1 de la Ley de Transparencia acaba de dirigirse de nuevo
directamente a Carlos Lesmes para exigirle que libere el expediente
completo que permita aclarar si hubo una actuación irregular en torno a
Sofía Marchena.
Además, esta misma semana en el Congreso de los
Diputados, Unidos Podemos volvió a exigir aclarar “el trato de favor
dado a la hija del presidente de la Sala de lo Penal Sr. Marchena, con
la colaboración de la Sra. Espinosa, a la que ahora se promociona al
CGPJ y que ya está eligiendo un buen despacho, para otorgarle una plaza
de fiscal que no existía” y una frase que resonó en la misma cámara en
la que en julio el PSOE unió sus votos a los del PP y Ciudadanos para
impedir que Lesmes tuviera que comparecer y explicarlo.
Aquí tenemos un chanchullo que arroja una sombra de duda sobre el
magistrado Manuel Marchena, el que presidirá el juicio del procès, el
que acaba de firmar el auto que impide que se investigue el máster de
Casado, el que se postulaba candidato para presidir el nuevo CGPJ. Una
posible corrupción institucional que se sustenta sobre un ocultado
escrito de Gema Espinosa, la directora de la Escuela Judicial, la esposa
del juez Llarena, la que es candidata a sentarse en el próximo CGPJ.
Aquí tenemos muchas instancias políticas, judiciales y periodísticas
dispuestas a evitar que nadie controle las actuaciones de los que
controlan a todos. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo algunas togas
tienen tendencia a enrocarse en sí mismas sin que exista medio de
obligarles a dar explicaciones sobre sus actos que ellos mismos han
blindado en apariencia con su propia ingeniería jurídica.
Si quieren seguimos mirando qué ropones tomaban copas hace una década
en el Caribe, pero me parece democráticamente más necesario comprobar si
aquí y ahora hay togas que tienen el poder de utilizar el sistema para
beneficiarse y salir impunes.
(*) Periodista