El tercer operador de turismo ruso a España anula todas sus reservas

BARCELONA.- El operador ruso Natalie Tours, el tercero en el 2017 en envío de turistas rusos a España, ha anunciado la anulación de todas sus reservas en España y otros países hasta septiembre. La compañía, que atraviesa problemas de liquidez, ha visto como sus principales socios en destinos como España o Turquía rompían relaciones con la empresa al no cobrar. revela El Periódico.

"No podemos hacer volar a los turistas porque no controlamos la situación con los socios, por lo que nos vemos obligados a anular las reservas", afirmó el jefe y cofundador de Natalie Tours, Vladímir Vorobiov, en declaraciones a la emisora de radio 'Eco de Moscú'. 

Más tarde, la compañía colgaba una nota en su página web, donde informaba de que debido a la "desfavorable" relación con varios socios, la agencia no podía "garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en los viajes turísticos en el presente". 

Debido a ello, "todas las reservas serán canceladas en el periodo comprendido entre el 4 de julio y el 30 de septiembre del 2018".

El lunes, el propio Vorobiov colgó un mensaje en su perfil de Facebook en el que describía la "difícil" situación que travesaba su empresa. "Debido a diferencias financieras, nuestro socio español W2Meet dejó de cooperar con nosotros y comenzó a cancelar reservas. Para no causar más problemas, hemos decidido poner fin a los vuelos chárter a España", destacaba. En la publicación, anunciaba que la empresa seguiría llevando a los turistas en vuelos regulares, mientras buscaba un nuevo socio y soluciones como la devolución del importe de las reservas a los afectados. 

El problema no era únicamente con España, pues la empresa canceló la semana pasada todos sus vuelos chárter a Barcelona, Rimini, Catania, Nápoles, Antalya y Heraklion.

Vorobiov, ya este miércoles, reconoció que su empresa atravesó "una crisis de liquidez hace unas semanas", cuando la firma se quedó sin fondos para pagar algunos servicios. 

Según él mismo, la cifra de deudas es de "varios millones de dólares". Según otras fuentes, algunos de sus socios europeos decidieron romper la relación con el turoperador ruso al acumular ya numerosas deudas. 

El turoperador lleva tiempo buscando un socio financiero, y también plantea la venta de la empresa al completo. Vorobiov anunció que desde este jueves devolverá el dinero a los clientes afectados.

España

La presidenta de la Asociación de Turoperadores de Rusia (ATR), Maya Lomidze, confirmó que varios socios del operador en el extranjero han informado en los últimos dos días de que no alojarán a los turistas de Natalie Tours. "Como poco, la situación afecta a España, Turquía, Emiratos Árabes, Chipre y Cuba", precisó Lomidze.

El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, se mostró "preocupado" por el anuncio de Natalie Tours, aunque "aún es pronto" para saber la afectación real. 

Según el propio Vorobiov, actualmente había en España "entre 300 y 400" turistas rusos que volverán a Rusia en breve. Algunos turistas llegados a destino en Catalunya esta misma semana, veían como en los hoteles se les informaba de que su reserva había sido anulada, afirmó la prensa rusa. 

Fuente de la Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda afirmaron que "desde el sábado hasta el miércoles" habían podido volver a sus países "todos" los turistas afectados, sin quedarse nadie "colgado".

Natalie Tours cerró 2017 como el tercer operador con más visados turísticos Schengen tramitados a través del Consulado general de España en Moscú, informaron fuentes consulares. La empresa rusa tramitó un total de 16.099 visados, superada sólo por "Biblio Globus", con 16.876 visados, y Anex Tour, con 38.278.

Según la Agència Catalana de Turisme (ACT), en el año 2017, casi 700.000 turistas rusos llegaron a Catalunya, el 24,4% más que en el 2016, y generaron un gasto por encima de los 1.100 millones de euros, el 15,5% más. En los primeros cinco meses del 2018, Catalunya ha recibido 173.328 turistas rusos, el 2,7% más.

Caída de la empresa

Fuentes de la Embajada de España en Moscú dijeron que siguen de cerca la evolución de la situación y expresaron su confianza en que el operador ruso cumpla con sus compromisos. Natalie Tours, que hasta hace poco era líder en turismo ruso a España, perdió esa posición en los últimos tres años, según confirmaron tanto Lomidze como el Consulado español. 

Es más, ha dejado de ser uno de los 10 principales operadores de Rusia, y ya no es uno de los grandes. Debe mucho dinero a sus socios", explicó Lomidze.

Fundada en 1992, Natalie Tours no ha podido superar la crisis del 2014 (desplome del rublo, sanciones) ni la crisis de la aerolínea con la que trabajaba, Transaero.

Ofensiva judicial contra los seguros vinculados a hipotecas

MADRID.- Las pre­siones que ejercen al­gunas en­ti­dades fi­nan­cieras para que los usua­rios de hi­po­tecas con­traten pro­ductos vin­cu­lados se ha con­ver­tido ya en la nueva trin­chera ju­di­cial del mo­vi­miento con­su­me­rista. No ha sido un par­ti­cu­lar, sino el Colegio de Mediadores de Seguros de Asturias, quien ha ini­ciado un pro­ceso contra dos en­ti­dades por pre­sun­ta­mente forzar a sus clientes a con­tratar una pó­liza de vida con una ase­gu­ra­dora 'amiga', según Capital Madrid. 

La demanda, admitida a trámite por un juzgado de lo mercantil de Gijón, expone que la cláusula que compromete a los hipotecados a contratar un seguro de vida con una empresa ligada a los bancos prestamistas supone una asimetría en la relación cliente-entidad. 

El Colegio sostiene que la cláusula hipotecaria que impone al usuario la empresa aseguradora conculca los derechos de los consumidores y los principios de libre competencia, en lo que constituye un "flagrante atropello". 

La organización denuncia las condiciones generales de este seguro vinculado: "a prima única financiada y con una entidad aseguradora impuesta".

##Demanda colectiva

Espacio Legal, el despacho de abogados de Marcelino Tamargo, es el encargado de representar al Colegio en la demanda, de carácter colectivo. 

En el texto admitido a trámite, se recalca el perjuicio que sufren los clientes, ya que la prima única financiada es más elevada que la que podría conseguirse con otra aseguradora, lo que supone una restricción artificial a la libre competencia y a la prerrogativa del hipotecado de elegir la oferta que mejor se ajuste a sus intereses. 

La firma jurídica que ejerce la asistencia legal añade además que la concesión de la hipoteca "está condicionada a la aceptación de sus condiciones, sin posibilidad de negociación y bajo la sanción de no conceder la financiación solicitada".

Tamargo subraya que "ambas entidades bancarias actúan como mediadoras en la contratación de seguros de vida/protección de pagos vinculados al préstamo hipotecario, por lo que no pueden imponer la celebración de esos contratos. Sin embargo no sólo lo hacen sino que además lo exigen como condición para conceder el préstamo”.

Por otro lado, la financiación de la prima única "aumenta el importe del préstamo", según el Colegio, con lo que se produce un incremento de la base liquidable del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, siendo el bolsillo del cliente el damnificado. 

Por consiguiente, la parte demandante pide a la Justicia que se declare la nulidad de esta condición general de la contratación introducida en los contratos de préstamo hipotecario delas entidades, dado el "carácter abusivo" de ésta, y se condene a ambos bancos a retirarla del clausulado de sus hipotecas.

Asimismo, la demanda presentada recoge que se condene a ambos bancos a devolver a los consumidores afectados el importe de la prima única de los seguros contratados y las cantidades que se hayan cobrado en exceso.

La OCDE advierte sobre el aumento en España de “trabajos mal pagados” y precarios

MADRID.- En España se está creando mucho empleo. Desde que ha comenzado la recuperación económica, es uno de los países occidentales que más puestos de trabajo crea. Sin embargo, tiene un problema grave con la calidad y esto influye directamente en los salarios, según apunta la OCDE y recoge El País. 

La organización de países más industrializados del mundo advierte de que “la importante y creciente proporción de trabajos mal pagados o a tiempo parcial involuntario es uno de los motivos principales que explican la evolución negativa de los salarios en España”.

Estas son las “heridas de la crisis”, como denominó Ángel Gurría durante la presentación del informe en París a una recuperación que no acaba de reducir la desigualdad que se generó durante las recesiones y a la creación de unos empleos con unos salarios que no son los mismos que los de antes de la gran recesión, y que en España tienen especial profundidad.

La OCDE, como otras organizaciones internacionales (FMI y BCE) y muchos economistas, anda preocupada con la debilidad que están mostrando los salarios en los últimos años. Los países desarrollados han salido de la crisis y crecen con fuerza y, sin embargo, las remuneraciones no crecen de igual forma. Incluso hay países en los últimos ejercicios bajan, como España, donde el último dato sobre precios del trabajo divulgado hace una semana mostró una caída del 1,3%.

Esto ha llevado a la OCDE a lanzar una clara advertencia en la presentación de su informe anual sobre empleo, Outlook Employement 2018: “El desempleo ha llegado a niveles bajos en algunos países de la OCDE pero los salarios siguen estancados. A menos que los países rompan este círculo […] la desigualdad crecerá”.

La realidad está poniendo en cuestión la teoría clásica de la relación inversa entre la tasa de paro y la evolución de los sueldos. ¿Por qué? La OCDE ha dedicado el primer capítulo de su informe anual sobre el empleo a tratar de desentrañar este misterio: apunta a las bajas expectativas de inflación, a la debilidad de la productividad y al empuje del empleo a tiempo parcial involuntario, es decir, el subempleo. En este apartado España destaca. Casi el 10,5% de los asalariados trabaja menos horas de las que querría. Solo Italia, por encima del 13%, le supera.

Ambos países aparecen seleccionados en una tabla específica destacada por la organización en la que se aprecia que a finales de 2017 en Italia los sueldos bajaban más de un 1% en términos reales, esto es, descontada la inflación, y en España algo menos del 0,5%, respecto al año anterior.

En la nota específica sobre España de la organización dirigida por el mexicano Ángel Gurría se destaca que el mercado laboral español “tiende a ser inferior a la media de la OCDE en numerosos indicadores referentes a la calidad del trabajo”. 

Entre ellos destaca dos: la tasa de desempleo, históricamente alta en España y que ahora tras cuatro años largos de recuperación está por encima del 16%, y la alta incidencia de los contratos cortos. Sendos síntomas se traducen en un bajo nivel de seguridad en el empleo, “el segundo más bajo de la OCDE, después de Grecia”.

También apunta esta organización que en España “la pobreza es una fuente de inquietud”. “La proporción de personas que vive con menos del 50% del ingreso mediano [el que divide un conjunto en dos mitades iguales desde la mitad justa] es del 15,9%”. De nuevo solo Grecia tiene un dato peor.

Pide rebajar el coste del despido

Para mejorar la situación del mercado laboral, que todavía tiene una alta tasa de paro, la OCDE, como ha hecho en otras ocasiones la Unión Europea, pide a España que profundice en las reformas. Previamente defiende la reforma laboral de 2012, de la que dice que ha contribuido a crear empleo. Nada dice sobre el papel que ésta ha jugado en la devaluación salarial, pese a la advertencia previa acerca de la debilidad de los sueldos.

Para la OCDE resulta injusto achacar la precariedad laboral y salarial a la reforma de 2012. “Soy el primero en decir que sí, que los salarios crecen lentamente. Y puede que no sean los mejores empleos de calidad del mundo, pero pregúntale a ese 10% de la población que ahora tiene trabajo y no lo tenía antes”, ha señalado Gurría, cuando se le ha preguntado por esta contradicción. 

Esa caída del desempleo “es el resultado de la reforma” de 2012, sostuvo Gurría, para quien el problema es que España “perdió mucho tiempo” antes de iniciar una reforma “necesaria” ante una crisis que no quiso reconocer a tiempo.

“La reforma funciona. Pero la pregunta es si esto es lo único que tienes que hacer. Y la respuesta es: absolutamente no”, señaló el jefe de la OCDE. “Ahora la cuestión es, ante nuevos mercados, ante nuevas demandas, con el marco laboral mejorado ¿tenemos a nuestra fuerza laboral preparada? Y la respuesta es no”, ha indicado.

Y, a continuación, señala dos direcciones: la primera es el “desarrollo y coordinación de las políticas de activación regionales y de mejora en el control y evaluación”. La segunda recupera una vieja receta de la organización: la rebaja de los costes de despido. 

Esta vez propone que esta se compense con la ampliación del periodo de preaviso de la rescisión de contrato, lo cual no deja de ser también un coste adicional en los despidos. Este cambio de equilibrios buscaría “la activación” del trabajador afectado “durante el preaviso sin aumentar el coste para la empresa” del proceso.

Volviendo a los sueldos, el director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, ha aplaudido el reciente anuncio de un pacto entre sindicatos y empresarios para poner fin a los ajustes salariales. Es una “buena noticia”, ha opinado, “un acuerdo entre agentes sociales es exactamente lo que recomendamos y es el buen momento”.

El nuevo experto del Gobierno, Jordi Sevilla, propone que los funcionarios "cobren por objetivos"

MADRID.- El nuevo presidente del comité de expertos del Gobierno para reformar la Administración, Jordi Sevilla, propone ya un cambio en las retribuciones de los funcionarios para que cobren en función de objetivos. 

"Hay que evaluar el desempeño de los funcionarios y que cobre más el que cumpla objetivos. No todos trabajan igual y, por tanto, no todos merecen lo mismo", declara a El Mundo el ex ministro. Sevilla asegura que el Estatuto de la Función Pública que impulsó en su etapa de ministro de Administraciones Públicas hace 11 años ya deja abierta esa posibilidad que no ha llegado a desarrollarse después.

El ex ministro admite que es una medida que habrá que adoptar de forma paulatina y que puede haber áreas de la Administración en las que sea complejo establecer objetivos fáciles de medir a los funcionarios, pero considera que es una medida necesaria para mejorar el funcionamiento del sector público. Ya lo defendió como ministro de Zapatero, pero fue relevado antes de ponerlo en práctica.

La ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, anunció ayer el nombramiento de Sevilla, que compatibilizará su labor en el comité de expertos con su actual cargo en el sector privado de vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca.

Sevilla, que fue cerebro económico de Pedro Sánchez en la oposición, quiere presentar su informe "con ésta y otras propuestas muy concretas" antes de final de año; también cree necesario recuperar medidas no concluidas del programa CORA del anterior Gobierno de Rajoy.

Nuevas medidas

Sevilla incorporará al comité de expertos a personas del mundo económico y de la propia Administración con el objetivo de lanzar medidas que puedan adoptarse sin necesidad de nuevas leyes, que son difíciles de sacar adelante por el Gobierno por su fragilidad parlamentaria. 

Además, propondrá una nueva regulación de la función pública, para que la profesionalización esté asegurada a nivel de hasta, al menos, la dirección general, para limitar el vaivén de altos cargos cada vez que hay cambio de Gobierno.

La reducción de las cargas administrativas para ciudadanos y empresas y una mayor digilitalización en el funcionamiento de la Administración son otras propuestas que Sevilla da por seguro que tratará en su informe.

Mientras tanto, los funcionarios recibieron ayer una buena noticia retributiva. En su comparecencia en el Congreso de los Dipuados, Batet anunció la eliminación del descuento en la nómina de empleados públicas por bajas médicas, que era una reducción salarial introducida en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Entonces se estableció que en los primeros días de baja médica, los funcionarios no podrían cobrar la totalidad del sueldo. El absentismo en la Administración pública es mayor que en el sector privado.

Batet aseguró que el Gobierno restablecerá "de inmediato" el "derecho pleno al 100% desde el primer día de la incapacidad temporal".

Ya el anterior ministro, Cristóbal Montoro, se mostró dispuesto a acabar con ese recorte dentro del nuevo clima de mejoras a los funcionarios, pero no llegó a llevarlo a cabo.

Batet calificó también de "prioritaria" la convocatoria de la Oferta de Empleo Público para este año, una vez aprobados los Presupuestos: "Venimos de una época de crisis y de tasas muy limitadas que si no queremos que se descapitalice nuestra Administración, pues tendremos que ir normalizando".

España pierde competitividad pese a la recuperacion

MADRID.- El ímpetu que ha demostrado la economía durante los últimos años ha situado a España cada vez más alto en el ránking de países más competitivos. Pero aunque el entorno macroeconómico ha mejorado, este año España se lleva un jarro de agua fría al ver los resultados del Ránking del IMD World Competitiveness Center, donde cae hasta la posición 36 de 63 países del listado, dos puestos menos que en 2017, según publica Expansión. 

La competitividad de España se ha deteriorado principalmente por dos razones, señaló Arturo Bris, director del World Competitiveness Center del IMD. Por una "pérdida de confianza en el sector privado y una mayor incertidumbre" y por otro, "por la situación política, que está resultando costosa", añadió en la presentación del ránking en España, en un acto en el que también participó el Instituto de Empresa Familiar.

El ránking sitúa a España a la altura de países como Chile, Kazajistán o Arabia Saudí. Y a pesar de liderar el crecimiento económico entre los grandes europeos, en lo referente a competitividad sólo logra superar a Italia.

En junio 2012, el FMI recomendó a España fijar como objetivo prioritario mejorar posiciones en los principales índices globales, teniendo como meta el Top 10. En los últimos cinco años, España ha mejorado notablemente, dando un salto de 11 puestos desde 2013, cuando se encontraba en el número 45, hasta el 34 del año pasado. Pero el podio sigue estando lejos. ¿Cuál es el problema?

El informe mide la competitividad de los países basándose en cuatro factores: la situación de la economía, la eficiencia del sector público, la eficiencia del sector privado y la calidad de sus infraestructuras. España aprueba sólo en el primero. 

En lo referente a la competitividad de su economía, España asciende hasta el puesto 31, desde el 35 donde se encontraba en 2017. "Se trata de una economía adecuada para crecer e invertir". En contrapartida, "el empleo continúa siendo el talón de Aquiles".

En los otros tres puntos, España se mantiene o cae. La eficiencia del sector público español y del sector privado se estancaron en las posiciones 38 y 42, respectivamente. Mientras que la calidad de las infraestructuras -que no mide sólo la obra pública, sino también sectores como la educación- ha empeorado, traduciéndose en una caída al puesto 27.

Por un lado, explicó Bris, está el problema de la productividad. Las medidas económicas emprendidas para lograr la recuperación han impulsado la productividad, hasta el punto de que hoy, "la productividad real de España es mayor que la de Alemania". 

Sin embargo, "los salarios han crecido muy por debajo de la productividad", por lo que considera necesario reducir la brecha entre productividad y salarios. "No a través de impuestos o salarios mínimos, sino con más empleo y fomento del talento en los sectores adecuados".

En ese sentido, apuntó a un "desajuste entre el sistema educativo y productivo", que lastra la competitividad de la educación. Bris apuntó que España debería seguir modelos como el de Singapur (3º en el ránking) donde el sistema educativo proporciona el personal que la economía necesita. 

Para Bris, "no es que nuestro sistema educativo sea pobre. Tenemos los mejores ingenieros de Europa. El problema es que no necesitamos más ingenieros, sino otro tipo de talento".

Otra debilidad es la "pobre calidad del sector público", por cuestiones de falta de talento y porque, añadió, "en los países más competitivos el sector público tira del sector privado". 

En España, sin embargo, considera que el Gobierno está "demasiado involucrado en la economía, sin un sector privado puro" pero no ayuda con inversión en sectores necesarios, como la innovación.

Murcia, la comunidad autónoma que más crece en producción industrial con un 11,4%

MADRID.- La Región de Murcia es la comunidad autónoma con la variación anual de producción industrial más alta de España: 11,4%, seguida por Cantabria (8,7%) y Galicia (7,9%). Murcia se encuentra casi diez puntos por encima de la media nacional, que es un 1,6%. En lo que va de año, la producción industrial ha aumentado en todas las comunidades autónomas, salvo Baleares (3,9% menos) y La Rioja (0,1% menos).

El sector que más repercute en el aumento interanual de la producción industrial es el de la energía con un 41,2% de variación y una repercusión de 10,670, seguido por los bienes de consumo duradero con tasa de 34,7% y 1,021 puntos de repercusión, los bienes intermedios con 1,2% y 0,346 y los bienes de consumo no duradero con 0,5% y 0,172. En sentido contrario, presentan repercusión negativa, de -0,843 puntos, los bienes de equipo con una variación interanual de -8,4%.

La producción industrial nacional creció en mayo un 1,6% con respecto al mismo mes del año pasado, después del incremento de un 11,2% interanual que registró en abril, de acuerdo con los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El ascenso interanual en mayo fue consecuencia del aumento en los sectores de bienes intermedios (4,1%) y de bienes de equipo (3,9%), frente al descenso en la producción que registraron los bienes de consumo (2,6%).

Eliminados los efectos estacionales, el incremento interanual se mantuvo en el 1,6%, 0,5 puntos por debajo del avance desestacionalizado de abril (2,1%).

En comparación con los datos de abril, una vez corregidos los elementos estacionales, la variación mensual fue del 0,9%, frente al descenso del 1,8% registrado el mes anterior.

Por sectores, todos registraron alzas en mayo en comparación mensual salvo la energía, que cayó un 1,4%.

Los mayores incrementos se produjeron en los bienes de consumo duradero (2,1%), los bienes intermedios (1,9%), los bienes de equipo (1,7%) y los bienes de consumo no duradero (0,1%).

Por actividades, las que más influyeron en el crecimiento interanual de mayo fueron la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; la industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería; la fabricación de otro material de transporte; y coquerías y refino del petróleo.

El juez da diez días a los policías del 'caso Cala Cortina' para ingresar en prisión

CARTAGENA.- Los cinco policías nacionales condenados el pasado octubre a cuatro años de cárcel por la detención ilegal y la muerte por imprudencia de un vecino de Cartagena, cuyo cadáver fue encontrado en la playa de Cala Cortina dos semanas después de su desaparición, tienen diez días para ingresar voluntariamente en prisión.

Así se recoge en una resolución del magistrado-presidente del jurado popular, que les concede ese mismo plazo para que depositen los 390.000 euros que aún deben abonar como indemnización a la hija y a los cinco hermanos de la víctima.

El magistrado advierte a los agentes de que si no entran en la cárcel en ese plazo, podría dictarse contra ellos orden de detención.

En cuanto a las indemnizaciones, les indica que como fueron condenados a pagar 450.000 euros y habían adelantado solo 60.000, si no pagan el resto en las fechas señaladas, se acudirá a la vía de apremio.

La resolución comenta que si son insolventes, las indemnizaciones tendrán que ser afrontadas por el Estado como responsable civil subsidiario.

Dispone también en cuanto a los dos años de inhabilitación especial para formar parte de cualquier cuerpo de seguridad del Estado, que fueron condenados a librar oficio de ello al Ministerio de Administraciones Públicas a los efectos oportunos.

Los agentes han sido citados a través de sus procuradores para el 12 de julio con el objeto notificarles formalmente esos requerimientos.

Todas estas medidas han sido acordadas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia desestimara el pasado marzo el recurso presentado por la Abogacía del Estado y uno de los acusados contra la indemnización de 50.000 euros fijada para cada hermano del fallecido, Diego Pérez.

El abogado del Estado sostuvo en la vista que estaba de acuerdo con los 200.000 euros concedidos a la hija de aquel, pero no con la reconocida a sus hermanos, ya que no consideraba probado el vínculo que debía haber existido para que naciera ese derecho.

Los cinco policías fueron condenados en juicio de conformidad en octubre de 2017 a dos años de prisión por un delito de detención ilegal y a otros tantos por homicidio por imprudencia.

Los agentes reconocieron que el 11 de marzo de 2014 recogieron a Diego Pérez en su domicilio y lo trasladaron en un coche policial hasta Cala Cortina, cerca del casco urbano, donde lo dejaron a su suerte y en cuya playa fue hallado su cadáver dos semanas más tarde.

Se retiran más de un centenar de medicamentos para controlar la tensión

MADRID.- El Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada de más de un centenar de medicamentos que contienen el principio activo "valsartán", recetados para controlar la hipertensión, pero advierte a los usuarios de que no dejen su tratamiento sin consultar al médico y que se lo sustituya por otro.

Según han informado hoy fuentes de Sanidad, "es muy importante" que los afectados no interrumpan su tratamiento de golpe sin informar a su médico.

La retirada de estos medicamentos distribuidos por las farmacéuticas y laboratorios Kern Pharma, Alter, Cinfa, Normon, Pensa Pharma, Sandoz, Almus, Aurovitas Spain, Combix, Ranbaxy, Stada, Qualigen, Ratiopharm, Tarbis, Tecnimede España, Tedec-Meiji Farma, afectan a los lotes fabricados en China, según explica en su web la Agencia Española del Medicamento.

Consejero Celdrán: "No hay desarrollo legislativo que diga qué fertilizantes son contaminantes"

CARTAGENA.- El consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha advertido en la Asamblea Regional durante una sesión de control al Consejo de Gobierno que van a tener dificultades para aplicar el artículo de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor que hace referencia a la prohibición del uso de fertilizantes de solubilidad alta o contaminantes porque es una tipología que no existe como tal.

"No hay desarrollo legislativo que diga cuáles son los abonos o tipos de fertilizantes potencialmente contaminantes; los agricultores no sabrán cómo aplicarlo", ha dicho.

Celdrán también ha acusado a los grupos de la oposición de que la mayoría de las medidas "no se pueden aplicar porque cambiaron los plazos; la ley de medidas urgentes dejó de ser urgente por culpa de los partidos de la oposición", les ha reprochado aunque ha insitido que la ley se está aplicando.

El Ministerio de Educación estudia dar 100 euros más de beca a los alumnos de rentas más bajas

MADRID.- El Ministerio de Educación y Formación Profesional estudia conceder cien euros más (1.600 euros en lugar de 1.500 euros como hasta ahora) a la cuantía fija de ayudas al estudio ligada a la renta de los alumnos con menor renta familiar.

Lo han informado este jueves en el Consejo Escolar del Estado representantes del Ministerio de Educación durante la celebración de la Comisión Permanente de dicho organismo, reunida para "emitir por trámite de urgencia" su dictamen al proyecto de real decreto de becas y ayudas al estudio para el próximo curso 2018-19.

Según han asegurado hoy fuentes del Consejo Escolar, Educación ha explicado que la subida de cien euros afectará solo a los estudiantes que están en el umbral 1 de renta, tal y como ha adelantado hoy la Cadena Ser.

El proyecto del real decreto sobre becas para el próximo curso determina que las familias del umbral 1 serían las que, por ejemplo, con dos miembros familiares cobran hasta 7.646 euros al año, con tres miembros hasta 11.143 euros y con cuatro miembros hasta 14.613 euros.

El Consejo Escolar del Estado es el máximo órgano consultivo del Estado en materia educativa y en la actualidad sigue estando presidido por Ángel de Miguel, que fue nombrado por el anterior Ejecutivo.

En su informe sobre el proyecto de becas, el Consejo ha reiterado, como en otros cursos, varias observaciones relativas a la necesidad de estudiar un nuevo modelo de gestión para evitar la tardanza en que los estudiantes conocen el resultado sobre la solicitud de su beca.

Hasta "bien empezado el curso", noviembre y diciembre, el alumno no sabe si va a gozar de su beca y, además, no la reciben hasta enero y febrero, ha criticado el Consejo.

Por su parte, los padres de la Ceapa, los sindicatos de docentes CCOO, STES y UGT y los estudiantes de Canae han emitido este jueves en la Comisión Permanente un voto particular al proyecto ministerial sobre becas, rechazándolo "globalmente" y exigiendo su retirada ya que "persiste en un modelo que compromete la igualdad de oportunidades".

Alertan sobre la "grave situación" de aquellos alumnos (hasta un 10 % de becados) que, al no haber podido aprobar al menos la mitad de los créditos, pierden el derecho a la beca y deben reintegrar el importe.

También han criticado la "congelación en las becas" más si cabe cuando se da en un curso en el que se prevén más de 10.000 nuevos alumnos universitarios.

El pasado mes, la ministra Isabel Celaá garantizó que el próximo curso bastará un 5 (antes era 5,5) de nota para quienes se matriculen por primera vez en estudios oficiales de grado, tal y como ya anuncio su antecesor Íñigo Méndez de Vigo.

La ministra explicó que el tema de las becas para el próximo curso estaba pendiente de debatirse en Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, aunque antes comparecería en la Comisión de Educación del Congreso.

El Gobierno regional apuesta porque el lince ibérico vuelva a la Región de Murcia

CARTAGENA.- La Comunidad Autónoma ha decidido que las mejores zonas para intentar reintroducir el lince ibérico en la Región de Murcia son las 90.000 hectáreas que abarcan los Lugares de Interés Comunitario (LIC) Vega Alta del Segura, Río Alhárabe y Río Moratalla, que ya se ha conseguido en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Así lo ha confirmado hoy el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, durante el pleno de la Asamblea Regional en el que se ha ratificado por unanimidad la adenda al convenio de colaboración suscrito por la Comunidad Autónoma con la Junta de Andalucía en 2014, cuyo objetivo es recuperar la distribución histórica de lince ibérico (Lynx Pardinus) en España y Portugal.

Tras afirmar que este animal habitó las sierras de las comarcas del Noroeste con "casi toda seguridad", Celdrán ha concretado que un técnico de su Consejería y siete agentes ambientales han realizado un censo de poblaciones de conejo, que supone el 80 o 90% de la dieta del lince ibérico, en Yecla, Jumilla, Calasparra, Moratalla y Caravaca de la Cruz.

Con el fin de reintroducir la especie y preparar las áreas de introducción, el departamento de Medio Ambiente ha invertido casi 500.000 euros en evaluar las posibles áreas, la densidad de presencia de conejos, la ausencia de amenazas como los cebos envenenados o la caza furtiva, la calidad del hábitat y la conectividad con zonas adyacentes a Castilla-La Mancha.

Celdrán también ha intervenido en el pleno para responder a Podemos sobre el cumplimiento de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor, aprobada el pasado mes de febrero, culpando a las enmiendas introducidas por la oposición al texto de que la "gran mayoría" de las iniciativas no se puedan aplicar porque se ampliaron los plazos para ser implantadas.

Así, ha detallado que la norma "dejó de ser urgente" con los cambios incorporados por PSOE, Podemos y Ciudadanos, a una ley que sólo tiene vigente el artículo 6, que prohíbe la aplicación de todo tipo de fertilizantes en la franja litoral de 100 metros, mientras que el próximo mes de agosto entrara en vigor el artículo 14, que prohíbe el uso de fertilizantes de alta solubilidad, si bien ha considerado "difícilmente" que se aplique porque no está amparado en ninguna norma estatal o europea.

Además, ha fechado en febrero de 2019 el plazo dado para implantar las barreras vegetales, la prohibición del laboreo a favor de pendiente y de la apilación de estiércol en determinadas condiciones, así como la reducción de "fertilizantes difusos".

Por otra parte, la consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, ha asegurado que su departamento ha instado al Gobierno central a que acometa los trabajos de consolidación en la Batería Fajardo, como estipula la Ley de Patrimonio Cultural, y ha añadido que, en función de la respuesta, su departamento adoptará "las medidas necesarias".
Según ha dicho, ya se realizaron actuaciones para la conservación de las baterías de costa y se ha instado al Gobierno nacional para que adopte medidas para su conservación.

En su respuesta a una interpelación de Ciudadanos, en la que se le emplaza a Guardiola a que su Consejería cumpla la ley y ejecute subsidiariamente las obras e imponga multas coercitivas si Defensa "no obedece" los requerimientos del Ejecutivo murciano, la consejera ha contestado que están "a la espera de la respuesta del Ministerio para adoptar las decisiones que contempla la legislación.

Sin embargo, la consejera ha aprovechado su intervención para advertir a Ciudadanos de que su enmienda introducida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para destinar un millón de euros no podrá ser aplicada porque no incluye un proyecto. "No se podrá licitar el proyecto y se perderá el dinero", ha augurado.

En el hemiciclo también ha intervenido el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien ha asegurado que el refuerzo con otro pediatra en la Unidad de Neonatología del Hospital Virgen de la Arrixaca ha permitido cubrir los horarios de guardia de este servicio, que cuenta con 11 facultativos, varios de los cuales han pasado de eventuales a interinos.

Villegas ha reprochado la generación de "alarma" por parte del diputado socialista Emilio Ivars, quien ha pedido doblar el personal de guardia tras dudar de que un sólo médico de guardia pueda asistir correctamente las urgencias en esta unidad, replicándole el consejero que "no hay necesidad de duplicar" porque hay facultativos residentes y pediatras de otras unidades que pueden ayudar en esas situaciones.

Por su parte, la consejera de Educación, Juventud y Universidades, Adela Martínez-Cachá ha negado que haya habido trato de favor a municipios gobernados por el PP en el plan de desamiantado de las 133 cubiertas de centros escolares de la Región que contienen fibrocemento.

En una respuesta a Podemos, Martínez-Cachá ha asegurado que los criterios seguidos para establecer las actuaciones son "técnicos y no políticos", detallando que se priorizará en función de la antigüedad del centro, el deterioro de la cubierta y la oportunidad que suponga aprovechar obras ya contempladas en el colegio o instituto.
Martínez-Cachá ha explicado como respuesta a una interpelación que el 23% del presupuesto del plan bianual para la retirada de las cubiertas de amianto en centros educativos se va a ejecutar en 2019 porque han sido los concejales de Educación de los municipios los que han "establecido prioridades y órdenes de retirada" de las cubiertas. Aparte, ha puntualizado que hay centros en los que se están aprovechando las obras para retirar la cubierta, según han aconsejado los técnicos municipales.  
Sobre los desahucios en la Región ha hablado el consejero de Fomento, Patricio Valverde, que ha aportado datos referentes a que en el primer trimestre del año han descendido las ejecuciones hipotecarias en la Región un 42,3% frente al 27% de España. 
Además, ha aportado datos del Consejo General del Poder Judicial que sitúan a la Región como la tercera comunidad en la que "más han descendido los desahucios". 
En cuanto a infraestructuras por carretera, el consejero de Infraestructuras, Patricio Valverde, ha manifestado que la autovía del noroeste supone 568 millones de ahorro y de beneficios sociales desde 2001 a 2016. 
"El análisis de costo-beneficio se ha superado con creces la rentabilidad", ha asegurado respondiendo a una pregunta sobre la falta de pago de peaje por el Ayuntamiento de Murcia de la autovía al no computar como inversión en el gasto del presupuesto regional. 
En ese sentido, ha recalcado que actualmente se está llevando a cabo la rehabilitación y acondicionamiento del firme presupuestado con 9,3 millones de euros entre los ejercicios 2015 y 2018. "Su gasto es meramente contable y no tiene repercusión en la decisión de las inversiones en los municipios", ha añadido. 

López Miras remarca que no se va a permitir que el PSOE acabe con los acueductos

MURCIA.- El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado hoy su preocupación porque el Gobierno de Pedro Sánchez cuestione el trasvase Tajo-Segura y ha afirmado que está dispuesto a manifestarse a las puertas de La Moncloa si éste no se garantiza.

Y ha señalado que "bromas con el agua ninguna" y ha emplazado a Sánchez a que le convoque "lo antes posible" para abordar este asunto además de otros como la alta velocidad, con unos presupuestos ya comprometidos con el anterior Gobierno.

El presidente murciano ha remarcado que su Gobierno no va a permitir que Sánchez diga que se van a cerrar los trasvases o que desde el Ministerio de Transición Ecológica se asegure que en España no existen cuencas deficitarias.

A juicio de López Miras, "eso es no tener ni idea de la realidad" y, por ello, ha emplazado a Sánchez a recibirle "cuanto antes".

López Miras ha instado al Gobierno a venir a Murcia y conocer de primera mano su realidad, y ha subrayado que en su comunidad hay un acuerdo firmado sobre el agua, también con los socialistas murcianos, "y el PSOE debe cumplirlo ya".

El presidente regional ha querido trasladar "la inquietud" que hay en su comunidad entre empresarios y sectores agroalimentarios, tanto por las declaraciones de Sánchez como de la ministra Teresa Ribera, "y cuanto antes se aclaren esas inquietudes será mucho mejor para todos".

Respecto a que la Comisión Europea plantee sancionar a España por la catenaria que permitirá que el AVE llegue en superficie a la ciudad de Murcia, López Miras ha afirmado que "espero que no paren la obra y si alguien lo hace se tendrá que enfrentar al Gobierno de la Región de Murcia, sin ninguna duda", ha advertido.

En este sentido, ha recordado que el procedimiento abierto por la Comisión Europea responde a una iniciativa de Podemos. 

El 24% del salario de los murcianos va destinado a pagar el alquiler

MADRID.- El precio medio de alquiler en la Región de Murcia en diciembre de 2017 se situaba en 5,48 euros por metro cuadrado lo que supone que, teniendo en cuenta el salario bruto promedio en 2017 en dicha Comunicad de 1.831 euros mensuales, los murcianos tienen que destinar el 24% de su nómina mensual al arrendamiento de su vivienda, tomando como referencia un piso medio de 80 metros cuadrados.

Son datos extraídos de un estudio llevado a cabo por el portal inmobiliario fotocasa y la plataforma de empleo líder en España, InfoJobs, ambos pertenecientes al grupo Schibsted Spain, según informaron fuentes de estas entidades en un comunicado.

El porcentaje del sueldo que tienen que destinar los murcianos al pago del alquiler es inferior a la media nacional, que se situaba en el 33,5% en diciembre de 2017. 

Este porcentaje tiene, de nuevo, en cuenta el precio medio en España de un piso de 80m2, 652 euros al mes, y el salario bruto promedio, que el pasado año era de 1944,25 euros al mes.

Cataluña es la Comunidad Autónoma que cuenta con el precio de alquiler más alto: 12,39 euros el metro cuadrado. 

En concreto, y de acuerdo al estudio de ambos portales, los catalanes tienen que invertir, de media, la mitad de su sueldo mensual bruto para pagar un piso de alquiler de 80m2.

Los precios se disparan en Barcelona capital, donde el alquiler del metro cuadrado alcanzaba, en diciembre de 2017, los 13,70 euros. En el lado opuesto, la provincia de Lérida, en la que el precio de alquiler se reduce hasta los 5,60 euros m2.

A Cataluña le siguen la Comunidad de Madrid (11,45 euros por metro cuadrado al mes), País Vasco (10,70 euros por metro cuadrado al mes) y las Islas Baleares (9,71 euros por metro cuadrado al mes). Los datos del estudio revelan que, tanto madrileños, como vascos y baleares tienen que invertir más del 40% de su salario mensual bruto al pago del alquiler de su vivienda.

Por su parte, Extremadura repite, un año más, como la Comunidad Autónoma donde resulta más rentable residir. Con un precio medio de alquiler de 373,5 euros para un piso de 80m2 (4,67 euros el metro cuadrado) y un salario bruto promedio de 1.806,33 euros brutos mensuales en 2017, los extremeños tienen que destinar, únicamente, el 21% de su sueldo al pago del alquiler.

Según explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de fotocasa, "el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, está creciendo a un ritmo muy superior al que lo están haciendo los salarios, y no hay que olvidar que los españoles hemos sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo durante la crisis".

"El estudio que hemos elaborado juntamente con InfoJobs muestra el porcentaje de sus ingresos brutos anuales que tienen que destinar los españoles al pago de su alquiler y cómo éste ha crecido en la mayoría de comunidades autónomas. Un total de siete comunidades superan el porcentaje del 30%, el límite de esfuerzo económico que se recomienda no superar a la hora de comprar o alquilar una vivienda", ha señalado.

4,3 AÑOS DE SALARIO BRUTO ÍNTEGRO PARA LA COMPRA

En diciembre de 2017, el precio medio de venta se situaba, en Murcia, en 1.175 euros el metro cuadrado. Eso significa que, teniendo en cuenta el salario bruto promedio anual en Murcia en 2017 (21.972 euros) y un piso de 80 m2 (cuyo precio medio es de 94.000 euros), los murcianos tardarían un total de 4,3 años en pagar su vivienda, siempre y cuando se dedicara a ello el salario bruto anual íntegro.
Castilla-La Mancha (1.087 euros/m2), Extremadura (1.099 euros/m2) y la Región de Murcia son las Comunidades con el precio de venta más bajo de España. 

En concreto, los manchegos tardarían únicamente 4 años en pagar un piso de 80m2 (destinando la totalidad de su salario anual bruto: 21.714 euros), mientras que los extremeños tardarían 4,1 años.
En el lado opuesto, País Vasco en primer lugar (2.747 m2), seguido de la Comunidad de Madrid (2.412 m2), Cataluña (2.310 m2) e Islas Baleares (2.296 m2) son las Comunidades con un precio de venta más alto. 

A nivel provincial, Guipúzcoa es la provincia más cara y la única que supera el precio de 3.000 ? por metro cuadrado. Bizkaia (2.738) y Barcelona (2.711) ocupan la segunda y tercera posición.
En este contexto, los vascos son los que más tiempo tardarían en pagar un piso. Con un precio medio de la vivienda de 219.776 euros en el País Vasco y un salario promedio de 23.405 euros brutos al año, éstos tardarían un total de 9,4 años en pagar su piso.

'Comapa' habla de falsificación de su marca tras retirar 'Carrefour' todos sus jamones

MADRID.- Desde el pasado viernes, Carrefour se ha visto obligado a retirar de sus estanterías cientos de jamones de la marca Oro de la Ermita debido a una alerta sanitaria efectuada por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, vinculada al Ministerio de Sanidad, según ha confirmado El Español. 

Las autoridades sanitarias incautaron el pasado 21 y 22 de junio 490,6 toneladas de productos cárnicos (desde jamón a chorizo, pasando por salami o salchichón) que se encontraban en mal estado y cuyo consumo suponía un enorme riesgo para la salud.

Las marcas retiradas del mercado son Bodega Alto de Aitana, Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita, cuyos productos se distribuían a través de las cadenas de supermercados Family Cash y Kuups Design internacional.

Cuando se conocieron los hechos, Facua exigió de inmediato la retirada de los alimentos de Carrefour, que cumplió las recomendaciones el viernes pasado. La empresa Comapa, proveedora de jamones del supermercado francés, ah asegurado que los problemas con los jamones tienen que ver con una falsificación de la marca y por ello pasarán a personarse como acusación en la causa abierta en los juzgados de Valencia. 

Mientras se resuelve el entuerto, la cadena de supermercados francesa ha optado por tomar una medida drástica y ha decidido retirar todos los productos sospechosos. Asimismo, recomienda que aquellos clientes que tengan productos cárnicos en sus hogares, eviten consumirlos. 

El escándalo de Carrefour con los jamones viene de largo. La investigación policial lleva abierta más de un año y tras la retirada masiva de estos productos el pasado viernes, la policía continúa con las pesquisas oportunas en varios almacenes. 

Concretamente en una nave en Alcira que tiene vinculación con otros almacenes de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades autónomas (Castilla y León, Cataluña, Madrid y Andalucía).

El Ministerio de Sanidad ordenó la retirada de estos jamones y aseguró que actuará para "localizar y retirar del mercado" tanto la marca Oro de la Ermita, que Carrefour utiliza en promociones de "ofertas agresivas". 

De momento, los juzgados investigan un entramado de 30 empresas que se dedicaban a reetiquetar y reenvasar carne destinada a la destrucción para venderla de forma irregular en cadenas de supermercados o en cárceles españolas.

El “Brexit” ha dejado a 'Navantia' sin el contrato del siglo en Australia

MADRID.- España ha pedido una oportunidad histórica para hacerse con el mayor contrato en el extranjero de la historia para una empresa española. El gobierno australiano confirmaba el pasado 28 de junio lo que contaba 'El Confidencial Digital' un día antes: el lobby británico había conseguido decantar la balanza hacia la oferta de BAE y sus fragatas Type 26. Fuentes próximas a la negociación explican las causas del fracaso.

Ha pasado ya casi una semana desde que Navantia conociese la decisión del gobierno de Australia de otorgar el concurso de 9 fragatas a la británica BAE, denominado ‘SEA 5000’. Y en los astilleros consideran que ya ha pasado tiempo suficiente para realizar un primer análisis sobre lo ocurrido en estos últimos meses.

Fuentes internas de Navantia, consultadas por ECD, califican la decisión del gobierno austral de “varapalo” y “decepción”. Consideran que la compañía había puesto “todos sus esfuerzos en conseguir el contrato, con años de trabajo y gente allí desplazada” explican.

“Es una oportunidad histórica perdida, pero la empresa debe seguir adelante con los otros frentes abiertos” aseguran estas voces.  Sobre las causas que llevaron a perder un contrato de 22.500 millones, la decisión del gobierno australiano se entiende en “clave política”.

La alargada sombra del Brexit

Las fuentes consultadas no dudan en señalar al proceso del Brexit y sus ramificaciones como un condicionante clave en el fracaso del negocio. Consideran que han pesado mucho más aspectos puramente políticos que técnicos y económicos, ya que respecto a estos últimos “la oferta española era netamente superior”.

El hecho de que Australia y Reino Unido estén negociando en estos momentos un Tratado de Libre Comercio entre ambos países ha sido “clave” en todo el proceso de negociación. Pero a los representantes españoles “se les prometió que la decisión no se vería influida por esto, algo que finalmente no ha sido así”.

Así, consideran que la firma del contrato con BAE supone “una muestra del acercamiento entre Londres y Canberra” de cara a la consecución del TLC. Destacan, también, que los lobbies británicos “han realizado un trabajo de campo intenso” en este sentido.

No ha gustado a los militares

Las fuentes consultadas aseguran conocer el malestar que ha generado la decisión del gobierno australiano entre altos oficiales de la marina australiana, que apostaban por la elección de un buque basado en las F-100 españolas con gran interoperabilidad con las unidades de la US.Navy.

Cabe recordar que la oferta española fue señalada unas semanas antes de la decisión como “la menos arriesgada” en términos técnicos y económicos de las tres. Y además, explican fuentes de Navantia, se les había trasladado que el buque español llevaba bastante ventaja “por el mero hecho de ser un buque que ya existe, no un proyecto sobre plano como las Type 26”, con los riesgos que ello conlleva para la producción. Gran Bretaña llevaba desde los años 70 sin exportar el diseño de una fragata.

 Además, el contrato requiere que las fragatas futuras equipen el Aegis, el sistema de combate que han implementado Navantia y Lockheed Martin para las fragatas españolas y norteamericanas, un proceso que será complejo técnicamente.

Se echó en falta mayor respaldo institucional

Por otra parte, estas voces creen que habría sido positivo para el contrato un mayor respaldo institucional del Estado en estos últimos meses, definitivos para la conclusión del contrato. La última visita oficial a Australia fue la que realizó la entonces ministra de Defensa María Dolores de Cospedal en junio de 2017, mientras Reino Unido ha mantenido visitas de más alto nivel en los meses decisivos.

Recuerdan, por ejemplo, el viaje el pasado mes de abril del príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camila. O el comunicado de la oficina de Theresa May tras conocerse la noticia, recalcando el “lobby” que había hecho  la primera ministra a Malcolm Turnbull, primer ministro australiano, para conseguir el contrato.

Breve reflexión sobre la muerte de una persona sin hogar en Murcia / EAPN-RM *

El domingo tres de julio, murió una persona sin hogar en el Hospital Reina Sofía de Murcia. No existe discusión posible ante la máxima de que todas las muertes valen lo mismo porque todas las vidas valen lo mismo. Pero precisamente por esto último, la muerte de esta persona merece una reflexión, aunque sea breve ya que, puede ser, que las desigualdades a la hora de vivir sean también desigualdades a la hora de morir.

Murió en un hospital, cierto, pero después de haber estado viviendo en la calle. Esto supone que su muerte tiene una serie de implicaciones sociales. En España hay 31.000 personas viviendo en la calle. El 44% de ellas llevan más de tres años en esa situación. 

Estos datos los ofrece RAIS Fundación que explica: "El sinhogarismo es un fenómeno complejo que tiene su raíz en la desigualdad económica, la exclusión social, la falta de acceso a derechos básicos y la invisibilidad de las personas que lo sufren". 

Que te falte un hogar es terrible. Volverte invisible debe poner en duda todo acerca de ti mismo. En ocasiones, y de manera intolerable, se vuelven visibles solo para ser víctimas de delitos de odio. Odio que reciben exclusivamente por su situación de pobreza.

 Según el informe que en 2015 realizó el Observatorio Hatento, el 47,1% de las personas entrevistadas informaron de, al menos, un incidente o delito relacionado con la aporofobia durante su historia en la calle. Entre estas, el 81,3% de los casos habría pasado por este tipo de experiencias en más de una ocasión. La aporafobia también es machista. 

Mientras que un 60,4% de las mujeres entrevistadas informaron de, al menos, un incidente o delito de odio, este porcentaje es del 44,1% en el caso de los hombres. La violencia, por si no había bastante, tiene otra vía de relación con las personas sin hogar. Otra vía machista y de una crueldad desconcertante: el 26% de las mujeres en situación de sinhogarismo ha sido, previamente, víctima de violencia.

Pensemos ahora, por un momento, en el contexto en el que se produce todo esto. En el espacio y el tiempo.

La ciudad, como espacio habitado por personas, no es una cuestión que se agote en los planes de ordenación urbana. En la ciudad se plasman las consecuencias del mundo globalizado en el que vivimos y de las principales políticas que lo rigen. Las ciudades se construyen en función de necesidades que no siempre coinciden con las de las personas que las viven y sí respondiendo a otros intereses. 

Un ejemplo: cuando un Ayuntamiento pretende regular el uso de los espacios públicos suele provocarse una confrontación entre los intereses de los restauradores, que no quieren ver limitado el espacio que pueden dedicar a sus terrazas, y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de sus plazas y parques. Podríamos poner más ejemplos. Bancos diseñados para que nadie pueda tumbarse en ellos. 

Fuentes públicas que se cortan impidiendo que las familias que no tienen agua corriente en casa, o no tiene casa, puedan conseguirla de ellas, la inexistencia de baños públicos para que sean usados por las personas que están en la calle. Las políticas a las que nos referíamos al comienzo del párrafo dictan el trazado de las calles y permiten que la vivienda se convierta en una mercancía en la que invertir tanto como asumen que el modelo de sociedad que nos hemos dado excluye a un número considerable de personas. Las puede excluir tanto que llegue a dejarlas sin hogar. A volverlas invisibles sin mediación de fórmula química alguna.

¿Para qué sirve entonces el paso del tiempo? Legítimamente, nos podríamos preguntar si no nos estaremos moviendo en un tiempo cíclico, que es el de las cosechas y las fiestas pero también el que nos hace repetir una y otra vez los mismo errores, el que estanca a personas y familias de nuestro aquí y ahora a unas condiciones de vida impropias del siglo XXI o, en todo caso, de la idea que de sí mismo tiene este siglo. 

Frente al tiempo cíclico, está el que avanza, el tiempo al que podemos llamar "histórico", el tiempo que nos debe llevar a un mundo mejor. Un mundo en el que la calle sea un espacio para el paseo, para el encuentro, para la expresión del arte y la política, para el juego. 

Un mundo en el que la calle no sea lo que es ahora: el "espacio exterior" al que se arroja a ciertas personas fuera de la "nave nodriza"; un mundo en el que sufrir todo tipo de agresiones por la única razón de vivir en la pobreza; en el que todos tus derechos, empezando por el derecho constitucional a una vivienda, pueden entrar en el limbo de lo improbable; un mundo que no mate como la más cruel de las enfermedades.

El poeta inglés John Donne escribió: "Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti". Doblan por nosotros, que estamos vivos dentro de una sociedad que permite que la gente muera por tener que vivir en sus calles.

(*) Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión de la Región de Murcia

Alfa vacante / Enric Juliana *

La crisis económica consagró al Partido Popular como el partido alfa de las clases medias españolas. Entre las elecciones municipales de mayo del 2011 y las generales de noviembre de aquel año, la organización política presidida por Mariano Rajoy alcanzó las mayores cotas de poder de la derecha española en régimen parlamentario, desde los tiempos de Cánovas.

El Partido Alfa tenía 186 de los 350 diputados del Congreso. Ciento sesenta y cinco de los 265 senadores. Veinticuatro de los 54 eurodiputados españoles aportaban sus votos al Partido Popular Europeo. Gobernaba en once de las 17 comunidades autónomas. Controlaba la gran mayoría de las diputaciones provinciales y cabildos insulares. 

Suyas eran las alcaldías de casi todas las grandes ciudades –con la excepción de Barcelona, Bilbao y Zaragoza–, y la mayoría de los municipios mayores de 50.000 habitantes. Sumaba 26.500 concejales y 560 diputados autonómicos. Pronto obtendría el control de RTVE. Declaraba tener 800.000 inscritos. Nadie se lo discutía, puesto que la libertad de asociación protege esos datos del escrutinio público.

La sociedad española sólo le pedía una cosa al Partido Alfa: salir de la crisis con el menor daño posible.

La crisis, sin embargo, descarnó la corrupción en el sistema España. El país comenzó a estropearse seriamente y el rey Juan Carlos abdicó, invitando a un amplio relevo generacional. Rajoy hizo ver que aquel llamamiento no le incumbía.

En el 2015, el Partido Alfa sufrió un auténtico descalabro, primero en las municipales y después en las generales. Perdió toda la antigua Corona de Aragón: marginal en Catalunya y segunda fuerza en Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana. Cayó la alcaldía de Madrid y se le escaparon Castilla-La Mancha y Extremadura. En las generales, el cráter se hizo aún más profundo: perdió 3,5 millones de votos y obtuvo 63 diputados menos. Un descalabro cuantitativamente similar al de la derecha griega (Nueva Democracia) ante el puñetazo de Syriza.

La trompada fue enorme, pero al Partido Alfa le funcionó el airbag. Anémico y peleado, el PSOE perdió treinta diputados, quedando a tiro del espectacular fenómeno Podemos. La sociedad pedía cambios pero no indicaba con claridad qué cambios. Experto navegante, Rajoy consiguió forzar una repetición electoral, de la que pudo obtener una trabajosa investidura. La dócil gestora socialista fue su flotador. ¡Qué tiempos!

Sabemos lo que vino después. El ministro de Justicia no pudo embridar a los jueces del caso Gürtel. Desenchufado del poder por una moción de censura inevitable, la expresión partido alfa puede parecer ahora una broma.

El Partido Popular escoge hoy al sucesor de Rajoy en unas primarias con freno de mano. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría dirimen finalmente una enemistad laboriosamente trabajada. 

 Pablo Casado, el más derechista de los tres, aspirar a dar la campanada, gracias al impulso contra los de “arriba” que recorre todos los ámbitos de la sociedad. Casado se propone como el más adecuado contrincante de Albert Rivera y eso tiene gancho. El gran tema del PP menguante es Ciudadanos.

Parecen una sombra de lo que fueron, pero no deberíamos darles omega. Siguen teniendo una notable implantación territorial y nada es sólido hoy en España. Ni en Europa.

(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/politica/20180705/45667332238/alfa-vacante.html 

Al final, la unidad por encima de todo / Ramón Cotarelo *

Mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Cuestión de perspectivas. 

El gobierno minoritario socialista trata de presentarse como renovador y regenerador de la política española. Pero su margen es muy estrecho; en realidad, inexistente. Sánchez ganó la moción de censura gracias a los votos indepes pero formó un gobierno agresivamente antiindependentista poniendo al "desinfectador" Borrell, el amigo de la SCC, en el ministerio de Asuntos Exteriores, reducido a la dimensión real de "Asuntos catalanes". Un energúmeno con un odio ancestral al catalanismo. 

 

Y no solo eso: toda la política del gobierno central va contra Cataluña. Sorprendentemente, aunque rezongando, ERC le vota otra vez a favor para dar la dirección de la RTVE a un enchufado del PSOE.

Se dibujan así los exactos términos de la relación Catalunya - España. Mientras los indepes no sean capaces de votar en contra de un gobierno español que carece de toda voluntad de entendimiento con Catalunya, seguiremos en esta situación ambigua en la que la monarquía española es meramente virtual en Catalunya, pero la República Catalana es meramente virtual en España. 

Con el traslado de los presos políticos catalanes a Catalunya, que el gobierno presenta como un favor y en realidad no es más que el cumplimiento de la ley y racaneando, se abre una nueva posibilidad para que el independentismo haga valer sus derechos. Los presos políticos son hoy, irónicamente, presos al cuidado de la Generalitat. 

 

Son las autoridades catalanas independentistas las que tendrán que mantener encarcelados a compañeros suyos que no han cometido delito alguno. Suena a humillación. Si la Generalitat no los pone en libertad ipso facto, al no reconocer la validez del proceso judicial arbitrario seguido contra ellos, cuando menos haga saber a Sánchez que la liberación de los presos políticos es requisito indispensable para empezar a hablar de otras cosas. 

No es cosa de seguir aceptando arbitrariedades, humillaciones y burlas. El mismo día que el BOE publica el ducado de Franco para la nieta del genocida, el "desinfectador" Borrell anuncia su propósito de que España contrarreste lo que llama las "mentiras del independentismo", esto es la afirmación de que España sigue siendo un Estado franquista.

Él es la mejor prueba.

Aquí el texto castellano.

Cuestión de perspectivas

La moción de censura acabó por fin con un gobierno de España en un grado supremo de incompetencia y sostenido por un partido trufado de ladrones y delincuentes, más habitual de los juzgados que de los despachos oficiales. Algunos dirigentes luchan por salvar su pellejo en los tribunales, otros tratan de alcanzar la presidencia en unas primarias irrisorias y otros, por fin, como Casado, ambas cosas. 

 

Aprovechando la confusión, los esmirriados vencedores de la moción de censura sacan de Cuelgamuros los restos del mayor genocida de la historia hispana y los del “ausente” Primo de Rivera en una ceremonia llena de suspense que debió producirse hace 40 años.

Hay algo simbólico en este episodio. Una especie de clausura de una decrépita dictadura que se ha sobrevivido a sí misma bajo la sombra de esa gigantesca cruz tan ridícula como siniestra.

En lugar de la banda de malhechores, gobierna hoy el mortecino reino de España un partido minoritario con frágil representación parlamentaria y obligado a una política de alianzas contradictorias. El PSOE divide sus lealtades entre la visión de la unidad de España al estilo franquista que profesan su dirigencia y gran parte de su militancia y la necesidad de presentarse ante el mundo como un Estado democrático de derecho y no como la arbitraria tiranía que es.

El gobierno quiere poner fin simbólico al culto al franquismo, que sigue siendo el núcleo esencial del régimen del 78. Igualmente trata de taponar la herida de la inevitable marcha de Catalunya, expulsada por la actitud opresivamente colonial de aquel, recurriendo a otro gesto simbólico: el acercamiento de las presas políticas catalanas.

Es una cuestión de perspectivas. El acercamiento no es una concesión graciable del gobierno, sino un derecho de los presos políticos, sistemáticamente conculcado por unos gobernantes tiránicos y unos jueces prevaricadores que llevan meses aplicando al independentismo catalán el derecho penal del enemigo. 

 

O sea, la amenaza, la extorsión, la persecución y la venganza. Las mismas instancias que impusieron fianzas desorbitadas a los rehenes políticos catalanes en la sórdida esperanza de arruinarles las vidas a ellos y sus familiares y, de paso, destruir un movimiento independentista legítimo, democráticamente sostenido por la mayoría de la población.

Efectivamente, cuestión de perspectivas que algún día se tornarán y permitirán castigar como merecen a quienes han abusado de su poder para perseguir a personas inocentes.

El minoritario gobierno español salido de la moción de censura despliega una curiosa retórica regeneracionista en el terreno ideológico, de derechos y libertades. Su primera decisión es un proyecto de ley de eutanasia porque regular el final de la vida es lo más cómodo cuando uno no sabe ni por dónde empezar para regular sus comienzos y su humano desarrollo intermedio. 

 

Es de risa ocuparse de la eutanasia cuando uno tiene los hospitales colapsados, las relaciones laborales en régimen de esclavitud, los salarios a niveles vergonzosos (no los de los políticos, claro) la libertad de expresión amordazada y multada, los pensionistas esquilmados, la educación en manos de los curas. 

 

Y todo eso mientras los “regeneracionistas” y sus auxiliares de la “verdadera izquierda” se pelean por lo único que en verdad les importa: el control de la TV, la fábrica de doctrina y elaboración de perspectivas.

Este gobierno solo anda seguro y cuenta con el apoyo cerrado del resto de fuerzas parlamentarias en su política anticatalana. La mayoría de los ministros, empezando por el presidente, son nacionalistas españoles que comparten el marco mental de los franquistas de antes y de hoy, el de los de Cuelgamuros y los jueces del Supremo y alguno de ellos, por ejemplo, Borrell, nombrado ministro de Asuntos Catalanes más que de Exteriores, furibundamente catalanófobos.

Cuestión de perspectivas. El gobierno minoritario de la “izquierda” española no es sino un nuevo gobierno anticatalán que trata de engañar a la opinión internacional con caras nuevas, nuevas palabras y las mismas viejas opresiones castellanas. La prueba: no tiene la menor intención de negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque la oligarquía nacional-católica no se lo permite y, aunque se lo permitiera, no lo haría porque es tan gobierno de la oligarquía como el anterior.

No hay juego ni margen para la Cataluña republicana en la España monárquica, administrada por la seudoizquierda. Se impone por tanto una perspectiva exclusivamente catalana. Está bien abrir la polémica sobre las próximas elecciones municipales, articulando las opciones en clave independentista y entenderlas como ensayo de las nacionales catalanas cuando correspondan. Y, mientras la política catalana haya de convivir a la fuerza con la española, habrá de priorizar el espíritu unitario. Tome la unidad la forma que tome.

Porque, cuestión de perspectivas, no es de recibo aceptar como “nomal” una situación en la que hay personas presas, exiliadas y perseguidas en Catalunya por sus opiniones políticas.

 

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Apoyo y reconocimiento a los presos políticos / José Antich *

Siguen presos pero están en Lledoners y Puig de les Basses en lugar de en Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real. No reciben trato de favor pero las dos primeras autoridades de Catalunya, el president de la Generalitat, Quim Torra, y el president del Parlament, Roger Torrent, así como otros miembros del Govern, les han visitado nada más llegar a los centros penitenciarios en que pasarán los próximos meses. 

La injusticia de la prisión no cambia, la exigencia de libertad inmediata que se ha venido reclamando desde el primer momento se refuerza, pero Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva sí han empezado a notar que su condición de presos políticos les es reconocida dentro de la prisión. Lo mismo que Carme Forcadell y Dolors Bassa.

Lledoners y Puig de les Basses han vivido estas primeras horas una situación tan excepcional como anómala. No entran entre cámaras de televisión miembros del Govern, del Parlament y del Ayuntamiento de Barcelona al interior de las prisiones a dispensarles apoyo, afecto y reconocimiento, si no es en medio de una situación política tan brutal como la actual y emocionalmente tan al límite como la que se vive en Catalunya con sus presos políticos. 

Ni tampoco participan después en las concentraciones convocadas por la ANC, Òmnium y los familiares para pedir su puesta en libertad. Lledoners y Puig de les Basses son a partir de ahora espacios de denuncia internacional de una situación insólita de una prisión provisional que en algunos casos ya dura más de ocho meses por unos delitos que no tienen ni la gravedad que se sostiene en el auto acusatorio ni la excepcionalidad que se les aplica desde el Tribunal Supremo.

"Volvemos a estar en Catalunya y estamos muy contentos; la luz, en el Mediterráneo, tiene otro color, parece más amarilla. El relato con el que nos acusan es falso, la libertad llegará", son palabras de Jordi Sànchez al ingresar en Lledoners. "Estoy muy contenta de estar en Catalunya. Con las personas que quiero y me quieren. Con mi gente y en mi país. Pero continúo injustamente en prisión. Cerca de casa no es en casa", ha señalado también desde su cuenta de Twitter Carme Forcadell, ingresada en Puig de les Basses.

 “Pese al grosor de los muros, ahora os escucho con más claridad. ¡Sois imparables! ¡No os rindáis porque nosotros no lo haremos nunca!”, ha dicho Oriol Junqueras después de la manifestación en Lledoners.

No es un trato de favor, sino el cumplimiento de la ley de traslado a prisiones cercanas al domicilio familiar. No hay ningún motivo para dar las gracias y sí para denunciar todas las vulneraciones que se han producido durante los últimos meses de los derechos civiles y políticos de los líderes soberanistas. Hay que esperar que el juez Llarena facilite con celeridad el traslado también a Catalunya de Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn, los tres únicos presos políticos que faltan por llegar. Y seguir reclamando su libertad, una condición sine qua non para hacer política con una mínima normalidad.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-apoyo-presos-politicos_284787_102.html 

La revolución del ciudadano europeo / Félix de la Fuente *

(Lista Transeuropea de europarlamentarios sin sueldo

para las próximas elecciones al Parlamento Europeo)

Convenzámonos de una vez. “La Integración política europea no alcanzará nunca”, si la dejamos en manos de los partidos políticos. No hace falta ser muy inteligente para ver cómo las medidas que se van tomando últimamente par parte de los políticos están fomentando los nacionalismos, la xenofobia y la insolidaridad, y cómo se está desintegrando la UE. 

 

El mismo Parlamento Europeo acaba de aprobar unos requisitos para que los pequeños partidos políticos puedan tener representación en dicha cámara que van en esa misma dirección: “cada país tendrá que fijar un umbral mínimo de entre el 2% y el 5% de voto nacional para que los partidos obtengan representación en la Eurocámara”

El pastel de la Eurocámara solamente quieren repartírselo los grandes partidos. ¡Cuánta prisa por conservar los privilegios!. Los políticos son la burguesía europea que se niega a mezclarse con la plebe, y , por eso les conviene tener divididos a los ciudadanos – el pueblo- para que no se los arrebaten. Pero ellos no son la verdadera Europa, la Europa que queremos.

 

 Son ellos los que están echando abono a los partidos de ultraderecha. Si el barco de la UE hace aguas por todas partes, la culpa es única y exclusivamente de los políticos europeos. ¿Para cuándo va a aprobar el Parlamento Europeo las listas transeuropeas para que los ciudadanos de toda la UE puedan votar a las mismas personas? ¿Para cuándo la circunscripción única europea? 

 

No, los partidos políticos eso no lo aprobarán nunca, porque eso significaría renunciar al monopolio que tienen ahora y que quieren conservar. Eso significaría crear en los ciudadanos la conciencia de una unidad que sobrepasa todas las fronteras, y eso, aunque pueda ser muy bueno para la paz, es malo para los interesas de los partidos.

Pero que no se hagan ilusiones. Los partidos antieuropeos en la Eurocámara son cada vez más fuertes, porque cada vez es mayor el número de ciudadanos que se sienten decepcionados del Parlamento Europeo. Si esto sigue así, pronto ni siquiera tendrán pastel pues se lo habrán arrebatado los partidos ultranacionalistas.

Por eso, ha llegado la hora de la revolución de los ciudadanos europeos que queremos una Europa unida. Queremos la paz y no queremos fronteras de ningún tipo. Es la hora de la revolución pacífica, pero real. ¿No admiten circunscripción única europea? ¿No quieren listas transeuropeas? 

 

Pues debemos crear listas para las elecciones al Parlamento Europeo formadas por ciudadanos de todos o de la mayoría de los países miembros. Unas listas con 705 candidatos y otros tantos candidatos suplentes. Unas listas que correrían por la red y que podrían consultar todos los ciudadanos europeos, lista que el Parlamento Europeo no consideraría válida, pero que sería la expresión y la voluntad de millones de ciudadanos cabreados que quieren una Europa de los ciudadanos y no sólo delos políticos.

Una revolución ciudadana, que no va a utilizar las armas ni el dinero, pero sí la fuerza de las ideas. Una revolución que no pretende participar en el pastel de los europarlamentarios, pues su lista estará formada por candidatos que no querrán cobrar el sueldo de europarlamentarios. El dinero de la UE se precisa para cubrir las necesidades sociales.

En las próximas elecciones al Parlamento Europeo los ciudadanos que estén de acuerdo con esta idea podrán depositar una papeleta que haga referencia a la lista transeuropea.

Creo que sin gastar dinero, podríamos hacer una gran campaña a través de Facebook, WhatsApp y Twitter. Naturalmente, la lista ni las papeletas serían válidas, pero demostraríamos que somos muchos millones de personas los que queremos otra Europa.

 

 

 

(*) Ex funcionario de la Comisión Europea