Las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana

ROMA.- Hoy se celebra el primer Día Mundial de las Abejas, celebración declarada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con el propósito de concienciar sobre la importancia que tienen estos insectos polinizadores para el ser humano, las amenazas a las que se enfrentan, como el cambio climático, las enfermedades, la acción de los productos fitosanitarios que se emplean en la agricultura intensiva la contaminación o la pérdida de biodiversidad, así como su gran contribución al desarrollo sostenible.

Con motivo de esta celebración, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) lanza el siguiente mensaje: las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana. La organización insta a que los países realicen un mayor esfuerzo para proteger a las abejas y otros polinizadores, ya que de lo contrario la humanidad se arriesga a sufrir una caída de la diversidad alimentaria.
En este sentido, recordemos que el año pasado los expertos de la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea) que trabajan en el proyecto MUST-B, advertían que la pérdida de la población de abejas suponía una amenaza para la seguridad alimentaria y la biodiversidad. 

Según ha explicado la FAO anteriormente, del 90% de los 100 cultivos principales con los que se abastece la Humanidad, hasta un 71% de ellos son polinizados por las abejas, cuya actividad se traduce en seguridad alimentaria y un valor económico que supera los cientos de millones de euros.

La actividad polinizadora de las abejas está estrechamente asociada a la producción de alimentos, siendo esenciales para el desarrollo de numerosas plantas y árboles, además, en muchos casos existe una completa dependencia de las abejas. 

A esto es necesario sumar que producen un alimento muy valorado, la miel. Desgraciadamente, cada año se reduce el número de colonias y, por tanto, su producción en Europa, por lo que no es de extrañar que la producción comunitaria de miel no cubra el consumo interno y se recurra a la miel procedente de terceros países.

La ceremonia oficial de conmemoración del Día Mundial de la Abeja (World Bee Day) se celebró en Eslovenia, país soberano de Europa Central que ha impulsado esta celebración reconociendo a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. 

La FAO comenta que los países deben cambiar y desarrollar políticas y sistemas alimentarios, que sean amigables con estos polinizadores, recordemos que en Europa se dio un pequeño paso en este sentido al prohibir el uso de tres insecticidas neonicotinoides al aire libre (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam), medida que se hará efectiva antes de que acabe este año.

La FAO explica que no es posible seguir centrándose en el aumento de la productividad en base al uso generalizado de pesticidas y otros productos químicos que amenazan a los polinizadores y a los propios cultivos, por ello, es necesario convertir las palabras en hechos y poner en marcha iniciativas concretas que permitan la conservación de las abejas y otros polinizadores, ya que cuidar su supervivencia es cuidar la supervivencia del ser humano. 

A nivel mundial, más del 75% de los cultivos dependen en mayor o menor medida de los polinizadores, su ausencia eliminaría productos como las almendras, el café, las manzanas, el cacao o los tomates, entre otros.

En este sentido, merece la pena retomar la lectura del post ¿Cómo sería la alimentación humana sin las abejas?, como explicábamos en él, siendo extremistas se podría responder a esa pregunta con la frase atribuida a Albert Einstein: “Si las abejas desaparecieran, a la humanidad le quedarían cuatro años de vida”. 

No sería así, pero la desaparición de los polinizadores supondría cambios profundos que amenazarían seriamente la seguridad y diversidad alimentaria. La perdida de biodiversidad afectaría al equilibrio ecológico, el precio de los alimentos aumentaría considerablemente, no podríamos disfrutar de alimentos tan preciados como la miel, etc.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura explica que todos tenemos la responsabilidad de proteger a las abejas y tomar decisiones que sean favorables a los polinizadores, abejas, mariposas, pájaros, murciélagos, etc. 

Pequeñas decisiones bastan, por ejemplo, cultivar flores que sirvan de alimentación a las abejas. Claro, que en realidad esto sirve de poco si no se acompaña con medidas como la agroecología, recordemos que en este sentido la ONU hace años que apuesta por este modelo de agricultura como el mejor para garantizar el abastecimiento alimentario en las próximas décadas.

La FAO advierte que el número de polinizadores y su diversidad han disminuido en las últimas décadas, las evidencias muestran que las causas principales son las actividades humanas y el cambio climático, de ahí que se abogue por las prácticas agrícolas sostenibles como la agroecología, ya que podría ayudar a proteger a las abejas al reducirse la exposición a los pesticidas y diversificar el paisaje agrícola. 

La organización ha puesto en marcha el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas como un marco para definir las mejores prácticas que pueden ayudar a disminuir la exposición de los polinizadores a los pesticidas.

Sobre la celebración del Día Mundial de las Abejas 2018, la ceremonia oficial se desarrolló en Eslovenia, concretamente en la localidad de Breznica, lugar en el que nació un 20 de mayo del año 1734 Anton Janša, apicultor y pionero de la apicultura moderna, de ahí que se haya elegido el 20 de mayo para la celebración. 

A través de la página oficial del World Bee Day 2018, se pueden conocer más detalles sobre este tributo.

Aumentan un 60% los menores extranjeros que han llegado solos a España

MADRID.- Los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en España bajo tutela del Estado son 6.414, un 60 por ciento más que los registrados en 2016, que fueron 3.997, la mayoría marroquíes y argelinos. Son datos recogidos por la ONG Save the Children en su informe “Los más solos”, en el que advierte de que ese número es superior porque hay niños migrantes que no han sido reconocidos como tales y otros han huido de los centros donde han sido ingresados.

En 2017 España registró 2.417 nuevos menores extranjeros no acompañados, de los que 2.177 llegaron en pateras.

De los tutelados en 2016 por las administraciones, 825 abandonaron los servicios de protección y aparecen “en fuga” porque se desconoce su paradero, ha explicado el director de Save the Children, Andrés Conde.

“Muchos esconden su condición de menor para evitar ser tutelados por una comunidad en la que no desean quedarse” y otros viven en desamparo, como el centenar de niños que se concentran en la zona de los puertos de Melilla y Ceuta con la intención de llegar a la península escondidos en transbordadores.

Más de la mitad de esos menores tutelados por las administraciones se encuentran en Andalucía y Melilla, ha añadido Conde, quien ha reclamado que se impulse el sistema de acogida familiar para estos jóvenes.

“Nuestro país no está preparado para garantizar los derechos de estos niños migrantes”, muchos de ellos acaban en centros de adultos y muchos menores huyen de “un sistema que sienten que no les están protegiendo”, ha explicado Ana Sastre, directora de Sensibilización de Save The Children en la presentación del informe.

A lo largo del documento se exponen testimonios de 65 jóvenes que han pasado por el sistema de protección para menores migrantes, pero también de los que nunca llegaron a ser tutelados.

Como Omar Sylla, un joven senegalés que ha explicado en la presentación del informe, que salió de su país con 17 años y llegó en patera a Tenerife, donde nadie le preguntó si era menor, por lo que fue ingresado en un centro de internamiento de extranjeros, como un adulto más y posteriormente trasladado a Madrid.

“Me preguntan los amigos que quieren venir y les digo que si tengo que volver a mi país en patera para ver a mi familia nunca volvería”, ha dicho este joven, que explica que en Senegal “solo se ve el lado positivo de ese viaje, no que algunas pateras no llegan”.

Omar sigue viviendo en España, gracias al apoyo que recibió en su día de particulares. “Nunca tuve ni formación, ni talleres para integrarme y tener un trabajo, estuve muchos años sin saber por dónde empezar porque las leyes nos impiden entrar en el mercado de trabajo”, ha señalado.

Save the Children reclama que el primer permiso de residencia sea de al menos cinco años y propone establecer criterios iguales que garanticen las condiciones mínimas de acceso y ejercicio a los derechos que deben garantizarles los sistemas de protección.

“La legislación permite que los menores migrantes sean rechazados cuando llegan a los puestos fronterizos, sin conocer su situación particular y su vulnerabilidad”, denuncia la ONG.

Además, la ley permite declarar adultos a los niños “que logran entrar al territorio desafiando todas las adversidades, sin ni siquiera hablar con ellos”, unos niños que han realizado un viaje que puede ser de meses e incluso años.

El informe lamenta que dos de cada tres peticiones de asilo tramitadas por menores sean rechazadas.

La ONG reclama además la reforma de la ley para que ningún niño con un documento que acredite la edad sea sometido a pruebas y que se fije en el futuro reglamento de asilo que los niños puedan pedir protección internacional sin depender de su familia.

Tras la mayoría de edad, propone un plan individualizado de seguimiento y acompañamiento hasta al menos los 25 años.

El Papa Francisco creará en junio 14 nuevos cardenales

CIUDAD DEL VATICANO.- Luego del rezo del Regina Coeli ayer domingo, el Papa Francisco anunció la celebración de un Consistorio para la creación de 14 nuevos cardenales procedentes de 11 países.

«Me alegra anunciar que el 29 de junio tendrá lugar un Consistorio para la creación de 14 nuevos cardenales. Sus orígenes expresan la universalidad de la Iglesia que continúa a anunciar el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra».
«La inserción de los nuevos Cardenales en la Diócesis de Roma manifiesta el inescindible vínculo entre la sede de Pedro y las Iglesias particulares difundidas por el mundo», señaló el Santo Padre.

Entre los nuevos Cardenales están el Patriarca de la Babilonia de los Caldeos, Su Beatitud Louis Raphaël I Sako; el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mons. Luis Ladaria, el Vicario General de Roma, Mons. Angelo De Donatis; y el Delegado Pontificio para la Soberana Orden Militar de Malta, Mons. Giovanni Angelo Becciu.

Esta es la lista completa de los 14 nuevos Cardenales:

1. Su Beatitud Louis Raphaël I Sako, Patriarca de Babilonia de los Caldeos.

2. S.E. Mons. Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

3. S.E. Mons. Angelo De Donatis, Vicario Generale de Roma.

4. S.E. Mons. Giovanni Angelo Becciu, Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y Delegado Especial en la Soberana Orden Militar de Malta.

5. S.E. Mons. Konrad Krajewski, Limosnero Apostólico.

6. S.E. Mons. Joseph Coutts, Arzobispo de Karachi.

7. S.E. Mons. António dos Santos Marto, Obispo de Leiria-Fátima.

8. S.E. Mons. Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo.

9. S.E. Mons. Desiré Tsarahazana, Arzobispo de Toamasina.

10. S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi, Arzobispo de L’Aquila.

11. S.E. Mons. Thomas Aquinas Manyo, Arzobispo de Osaka.

12. S.E. Mons. Sergio Obeso Rivera, Arzobispo Emérito de Xalapa.

13. S.E. Mons. Toribio Ticona Porco, Prelado Emérito de Corocoro.

14. R.P. Aquilino Bocos Merino, Claretiano.

La española 'Navantia' parte como favorita para construir nueve fragatas para la Armada australiana

SIDNEY.- La empresa española Navantia parte como favorita en la licitación para construir nueve fragatas para la Armada australiana por los costes más bajos frente a otros dos competidores y su experiencia en el país, indicó hoy un estudio.

El Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI, siglas en inglés) publicó el informe antes de que el Gobierno australiano licite el proyecto en las próximas semanas.

Navantia compite con la británica BAE y la italiana Fincatieri para hacerse con el proyecto SEA 500 Future Frigate, valorado en 35.000 millones de dólares australianos (26.331 millones de dólares o 22.375 millones de euros).

"El diseño de Navantia probablemente será el más eficiente de implementar en los astilleros de Australia debido a la similitud con los AWD (destructores antiaéreos) y es probable que sea la opción menos costosa, a menos que haya cambios significativos en el diseño para lograr ASW (antisubmarinos) de alto rendimiento", señaló el estudio.

La ASPI destacó que "Navantia tiene las ventajas de la experiencia laboral del programa AWD de la clase Hobart y de haber asumido las lecciones de ese programa, además de haber integrado el sistema de combate Aegis en el diseño".

También señaló las coincidencias en la cadena de suministro militar que tiene la empresa española con otros barcos de la Armada australiana.

Navantia participa en el consorcio local AWD Alliance, al que Australia encargó tres destructores, basados en diseños españoles y construidos en los astilleros de Adelaida, el primero de los cuales, el Hobart, fue entregado el pasado septiembre. 

Anteriormente Navantia construyó los buques anfibios HMAS Canberra y HMAS Adelaida, que entraron en servicio a finales de 2014 y 2015, respectivamente.

Con el Proyecto SEA 500 Future Frigate el Gobierno australiano pretende reemplazar los barcos de la clase Anzac a partir de mediados de 2020, así como reactivar el trabajo de sus astilleros en el estado de Australia del Sur.

La banca gana en comisiones el triple de lo que timó con las cláusulas suelo

MADRID.- Las comisiones bancarias están ganando tal peso en el negocio bancario español que su aumento en los cuatro últimos años supera con creces lo que el sector timó a sus clientes con las cláusulas suelo durante la burbuja inmobiliaria: los 9.637 millones de euros ingresados entre 2014 y 2017 sobre el registro de 2013, cuando el Supremo marcó la doctrina sobre el fraude hipotecario que la justicia comunitaria corregiría a favor de los consumidores, triplican los 3.170 que consignaron las principales entidades para hacer frente a las demandas, según Público.

En esos cuatro años, los bancos que operan en España ingresaron por comisiones cobradas a sus clientes 94.891 millones de euros, con un aumento de 9.704 sobre los 21.572 de 2013, a los que se suman otros 13.430 recaudados por las cajas entre 2014 y 2016 (no hay datos de 2017 todavía), en este caso con una pérdida de 67 sobre el nivel del ejercicio de referencia.

El pago de esas comisiones por servicios financieros, cuya creciente cuantía se sitúa ya en el entorno de los 29.000 millones anuales, está resultando clave para un saneamiento, reestructuración y cambio de modelo de negocio del sector financiero cuyos costes soporta el ciudadano tanto de manera directa como indirecta: a los 42.590 millones de euros en dinero público del rescate iniciado en 2012 que el Banco de España ya da por perdidos se les suman los alrededor de 50.000 millones que las entidades financieras han obtenido en intereses de la monumental deuda pública del Estado, consecuencia del desbocado déficit generado por el Gobierno pese al notable incremento de la recaudación tributaria.

En el caso de los bancos, la partida de ingresos por comisiones ha aumentado en más de 5.000 millones de euros al año si se toma como referencia 2010, el ejercicio en el que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a intervenir en el sector de las cajas de ahorros, cuando la anotación por ese concepto era de 20.207 millones, y 2017, cuando se había disparado hasta 25.361, según indican las cuentas consolidadas de la Asociación Española de la Banca (AEB). La horquilla baja hasta los 3.681 si se toma como punto de partida el 2011, el último ejercicio previo al rescate.

En esos siete años, los bancos españoles ingresaron 160.008 millones de euros por comisiones; 138.328 si el contador se pone a cero en las vísperas del rescate.
Los ingresos por ese concepto se han reducido en las cajas de ahorro, aunque en una cuantía muy inferior al crecimiento que han experimentado en la banca: 803 millones entre 2010 y 2016 (último ejercicio con datos), cuando cayeron de 5.127 a 4.324, y menos de 500 en los dos años anteriores, ya que la recaudación alcanzó los 4.520 en 2014 y los 4.586 en 2015.

A pesar de ese desplome, que coincide con una etapa en la que los bancos han arrebatado a las cajas 100.000 millones de euros en depósitos y casi cinco puntos del pastel del crédito, estas últimas ingresaron 28.476 millones de euros en los seis primeros años de esta década, lo que situará la recaudación conjunta por comisiones en el sector financiero por encima de los 190.000 millones entre 2011 y 2017.

Llama la atención cómo en el caso de los bancos los ingresos por comisiones se dispararon a partir de comienzo de la recuperación de las variables macroeconómicas en 2014. La partida, que ese año creció en 345 millones, lo haría en 1.646, 527 y 1.311 en los siguientes en los bancos. En las cajas, 2014 fue el primer ejercicio en el que se frenó la caída, con un aumento de 21 millones al que le seguirían otro de 66 antes de pinchar con 262 en 2016.

De hecho, las comisiones son hoy uno de los puntales del negocio bancario español tras ganar tres puntos y medio de peso en los ingresos de origen comercial: suponían el 17,74% antes del rescate, con 21.680 millones de 122.162, y ya representan el 21,2%, con 25.361 de 119.619.

El margen que dejan en las cuentas de los bancos se ha incrementado en más de 1.500 millones de euros desde 2011, al pasar de 17.558 a 19.107, mientras el de la otra para principal del negocio, los intereses de los créditos, crecía en más de 8.000 (de 50.726 a 59.009) pese a que el volumen se reducía en más de 6.000 al caer de 100.482 a 93.988.

En ese periodo, el margen bruto de explotación de las entidades bancarias crecía de 75.553 millones de euros a 84.930, mientras las ganancias netas aumentaban de 9.808 a 15.264 y los impuestos pagados por esos beneficios lo hacían de 1.628 a 6.530.

Ese aumento de casi 5.000 millones de euros en la factura fiscal del sector financiero tiene dos causas: la mejora del negocio, por una parte, y, por otra, el progresivo consumo de los descuentos fiscales que las entidades arrastran desde el inicio de la crisis, conocidos como TDA (Activos Fiscales Diferidos, por sus siglas en inglés) y cuya reducción ralentizó el Gobierno al librar a la banca de la rebaja de cinco puntos del impuesto de Sociedades de 2015.

Confrontación entre Bankia y los sindicatos por los cursos de MiFID II

MADRID.- Los cursos que acreditan que los trabajadores de Bankia disponen de los conocimientos necesarios en materia de asesoramiento financiero para cumplir con la directiva MiFID II han despertado un nuevo episodio de tensión entre la dirección de la entidad y los sindicatos, según publica hoy www.vozpopuli.com.

Aquellos empleados del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri que hayan suspendido tres veces la formación de la nueva normativa comunitaria tendrán que pagar de su bolsillo unos 158 euros correspondientes a las tasas de la próxima convocatoria del examen.

Así se lo ha comunicado Bankia a los trabajadores que se encuentran en esta situación, unos 150, según fuentes sindicales. Vía correo electrónico, la entidad les ha avisado de que no serán incluidos en las próximas convocatorias que organiza y les ha informado de que disponen de un plazo de un año para presentar la certificación.

Si los empleados no obtienen el título, Bankia hará constar tal eventualidad en su expediente, por lo que desde UGT entienden que podría tratarse de una amenaza velada de despido. No obstante, los empleados que carezcan de la certificación podrán seguir asesorando y comercializandoproductos financieros, aunque el proceso deberá ser supervisado por un trabajador que sí disponga de tal homologación.

En los últimos doce meses, unos 7.500 trabajadores de Bankia se han presentado a las pruebas de certificación de conocimientos con un 95% de aprobados. El banco dispone de un acuerdo de formación con la Fundación de Estudios Financieros (FEF) para la obtención del título de Asesor Financiero, certificado por la CNMV.

El precio del curso se sitúa en el entorno de los 1.000 euros, a los que se deben sumar 158 euros correspondientes a los derechos de examen. La entidad, de la que el Estado es el principal accionista con una participación del 60% a través del Frob, costea este importe a sus empleados.

Para los que ya hayan suspendido tres veces la prueba, Bankia les permite acceder durante seis meses a la plataforma del curso, pero tendrán que pagar las tasas de la próxima convocatoria a un "precio reducido", en el marco del acuerdo con FEF.

Al aprobar este examen, los empleados de banca acreditan que cumplen con los conocimientos que MiFID II, que regula, entre otros aspectos, la comercialización de productos de inversión, la prestación de servicios de asesoramiento y la gestión de carteras.

Desde UGT exigen a Bankia que los empleados no tengan que abonar nada por la certificación, pues lamentan que sean los propios trabajadores, aunque sean pocos, los que tienen que pagar por su formación.

Por su parte, CCOO critica que no se haya avisado hasta ahora de que el número máximo de convocatorias costeadas por la entidad iba a ser de tres. "Una vez más, la previsión y programación de Bankia brilla por su ausencia", denuncia el sindicato.

Este nuevo episodio de confrontación se produce después de que la entidad y los sindicatos alcanzasen un acuerdo para la salida de 2.000 empleados en el marco del ERE para la integración de BMN. Según informó el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante la presentación de las cuentas correspondientes al primer trimestre, está previsto que el proceso se complete este 2018, antes de la fecha prevista inicialmente.

"Cuando diseñamos el plan de integración pensábamos que parte de de las salidas se extenderían a 2019, pero la idea es que esté cerrado, en términos de personas, antes de 2018, lo que permitirá acelerar la reducción de costes”, indicó Sevilla entonces.

Hasta abril, un total de 1.180 empleados abandonaron la entidad, mientras que entre mayo y junio está previsto que salgan cerca de medio millar de trabajadores. Según los sindicatos, el ajuste, movilizaciones incluidas, podría cerrarse después de verano, en septiembre u octubre, un año antes de la fecha inicialmente prevista.

Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»

SEVILLA.- Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a Abc su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas. 

La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado hechos «sumamente graves».

En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en España?

De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos... En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo y quién.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.

En los primeros años de la democracia se acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?

Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de relevancia.
Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales... Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.

Efectivamente. Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos procesos.

¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?

Con eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los investigados y de los testigos... algo importantísimo para conocer el contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.

Se queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.

Mi decisión de ascender a la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir.

El presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.

¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?

Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del  equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación.
El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de investigación que debían practicarse.

Si hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la Audiencia?

No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.

Se le ha criticado por querer acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros jueces de refuerzo.

Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA. Dicho y hecho.
Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas. Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio... Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-mercedes-alaya-psoe-y-pp-quitaron-miedo-investigara-cursos-formacion-201805202133_noticia_amp.html

Un juez del Supremo vinculado a 'Agbar' rechaza un recurso sobre el precio del agua

VALENCIA.- Hace 7 años que agrupaciones vecinales de Murcia y Cartagena, municipios que pagan el agua más cara de España después de Lorca, empezaron una batalla judicial sin precedentes. Asesoradas por el interventor municipal Fernando Urruticoechea y amparadas por la jurisprudencia del Constitucional, pretendían que el precio del agua fuera reconocido a nivel general como una tasa sometida al control público y no como un tarifa (o precio privado) que las empresas suministradoras establecen a discreción, según publica hoy www.elsaltodiario.com. 

De haber progresado la iniciativa, se hubiera tambaleado seriamente todo el negocio establecido alrededor del suministro del agua en España, que actualmente es el servicio municipal que más beneficios económicos genera y está sometido al oligopolio de Aqualia, Acciona y Agbar. 

Sin embargo, el 10 de mayo las abogadas de estas asociaciones vecinales recogieron las dos sentencias firmadas por Joaquín Huelín (en la imagen), que desestimaban sus recursos de casación, les obligaban a pagar las costas procesales y ponían fin al recorrido de la demandas, al menos a través del Supremo.

Este magistrado fue designado como ponente del caso por la sección segunda de la sala tercera mediante providencia del Supremo en junio del 2017. Sin embargo, Huelín formaba parte en ese momento de la sección primera de la sala, donde ya en 2016 había participado en la admisión de los dos recursos de casación presentados. 

Esta decisión contraviene las normas de reparto de la sala, que impiden que un magistrado de la sección primera que ha conocido la admisión a trámite de un recurso participe más tarde en su deliberación. Pese a ello, se decidió agrupar ambos recursos, señalar la fecha del fallo para el mismo día y entregarlos a un mismo ponente: Joaquín Huelín.

Joaquín Huelín participó y se benefició de un acuerdo firmado entre la empresa Agbar y el Consejo General del Poder Judicial entre 2012 y 2015. Huelín participó junto a jueces de toda España en un convenio que contaba con ponencias y cursos de formación para magistrados organizados por Agbar que tenían como objetivo explícito “contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica” en relación a la gestión del agua.  

La revista Atlántica XXII accedió al texto del convenio y profundizó en un artículo sobre la forma que tuvo hasta 2015, cuando el abogado de Urruticoechea denunció el caso por entender que se estaba adoctrinando a los magistrados para responder a los intereses de las empresas y el CGJP tuvo que ponerle fin. 

Huelín incluso es coautor de un libro titulado “El precio del agua” editado por Agbar en el marco de este convenio. En él firma junto a nombres como Gaspar de la Peña Velasco, uno de los consejeros de EMUASA, la empresa mixta que opera en Murcia y contra la que se dirigía uno de los recursos de casación desestimados por Huelín. 

EMUASA está participada en un 49% por Hidrogea, que pertenece al grupo empresarial de Agbar. Hidrogea es el cambio de nombre que adoptó Aquagest en Murcia a partir del caso Pokemon. 

En el marco de este caso, la jueza Pilar de Lara definió a Aquagest como “una verdadera asociación ilícita”.

En el libro editado y promovido por Agbar, Huelín firma la ponencia titulada “Un sector necesitado de seguridad jurídica” donde defiende de manera contundente el sistema tarifario y afirma que “el mercado del agua está necesitado de una mayor seguridad jurídica que suministre la estabilidad imprescindible para fomentar la participación del sector privado, especialmente en lo que atañe a su régimen financiero”. 

Es decir, en lo que atañe a financiarse mediante tasas públicas o tarifas privadas. 

Ni el escrito de incidencia por nulidad de actuación que presentaron los demandantes por su designación contraria a la normativa de la sala, ni la recusación posterior por entender que la vinculación de Huelín con Agbar (y por extensión con EMUASA) le hacían parte interesada en el caso fueron aceptadas por el Supremo. 

Al contrario, el equipo demandante asesorado por Urruticoechea tuvo que pagar las costas además de una sanción de 2.000 € por mala fe contra el magistrado ponente.

No es todo el rastro que ha dejado Joaquín Huelín en su paso por la batalla judicial del agua. También se le puede encontrar ejerciendo su papel de defensor del sistema tarifario en el voto particular que firma junto a otro magistrado en una sentencia del Supremo de 2015. 

El Tribunal falló en favor del recurso del ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma en defensa de su poder tributario, entendiendo el precio del agua como una tasa que no ha de estar sujeta al sistema tarifario de las empresas sino al poder tributario de las administraciones municipales.

Esta sentencia y otra relativa al municipio canario de Los Realejos, ambas de 2015, fueron parte de la base jurídica de los recursos de casación por Murcia y Cartagena, pues generaban jurisprudencia sobre la obligación de que todos los servicios municipales del agua sean financiados mediante el concepto tasa.

De los magistrados del Supremo que ahora han deliberado sobre las demandas de Murcia y Cartagena solo queda uno de los que aparecía entonces en las sentencias de 2015. Es el mismo Joaquín Huelín que emitió el voto particular, que participó entre 2012 y 2015 en el convenio con Agbar y firma uno de sus libros, y que ha sido designado como ponente de esta última sentencia de forma contraria a la normativa de la sala.

El próximo paso de las asociaciones ciudadanas que están luchando contra los abusos de las tarifas del agua es presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Hasta entonces, estas dos sentencias del Supremo suponen un duro golpe al recorrido judicial de la deliberación del precio del agua, puesto que se hace efectiva esa “seguridad jurídica” del sistema tarifario impuesto por las empresas del agua que el juez Huelín defendía en su ponencia para Agbar.

Según afirma Fernando Urruticoechea, se trata de “un severo castigo por el atrevimiento de enfrentarse al saqueo perpetrado por el lobby del agua”. Un castigo que no solo recae sobre las asociaciones que tendrán que pagar las costas del proceso, que ascienden hasta los 16.000 euros en el caso de Cartagena y 18.000 en el de Murcia, sino sobre todos los usuarios del agua en España. Hasta que el Constitucional no se pronuncie, estarán jurídicamente indefensos frente a las tarifas de los precios del agua.

Toda la batalla jurídica sobre el precio del agua orbita, principalmente, en torno a estos dos conceptos clave: tasa y tarifa. La tesis del lobby de las empresas del agua siempre ha radicado en entender que cuando el servicio del agua se presta mediante concesiones, se aplica el poder tarifario de los concesionarios para marcar los precios. 

 La pretensión es que, por mucho que se trate de un servicio municipal y de primera necesidad, sea la forma de gestionarlo la que marque el régimen de precios al cual debe atenerse. Esta interpretación tiene importantes repercusiones en España, donde alrededor del 60% del agua la gestionan empresas privadas.

La aplicación de las tarifas no solo abre la puerta a que los precios del agua se disparen, sino que también hace casi imposible fiscalizar la actividad de las empresas en tanto que sus gastos e ingresos no figuran en los presupuestos municipales. 

Incluso en el caso de los impagos, la tarifa permite que se dé un corte del suministro de manera inmediata, mientras que cuando se trata de una tasa se requiere un procedimiento de apremio que debe pararse si se prueba la insolvencia del deudor.

Los intentos del lobby por hacer prevalecer las tarifas se remontan a la sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional. En esta sentencia se esclareció, para evitar que se produjeran beneficios por su explotación, que el precio de los servicios públicos de recepción obligatoria o esenciales para la vida digna que se prestan en régimen de monopolio por los municipios (como es el caso del agua, el alcantarillado o las basuras) tienen que financiarse con arreglo al poder tributario de la administración. Es decir, mediante el concepto de tasa.

La sentencia insiste además en que, independientemente de la forma en que se gestione, ya sea directamente por los ayuntamientos, bajo concesiones o en empresas mixtas, lo que prevalece es el carácter del servicio que se presta. 

De este modo, contradice la tesis de las empresas y deja claro que, lo gestione quien lo gestione, el servicio del agua se ha de financiar mediante una tasa, cuya cuantía está limitada a los costes del servicio y su aprobación está muy controlada. 

Esta decisión judicial tardó 8 años ser plasmada en la legislación. En 2003 se aprueba la nueva Ley General Tributaria, que en el segundo párrafo de su artículo 2.2.a) ratifica la sentencia del Constitucional y establece que el agua se ha de considerar siempre una tasa. Sin embargo, en aquellos lugares donde el agua es gestionada por empresas privadas siguen prevaleciendo las tarifas. 

Aunque esta situación se denunció poco, el Supremo falló a favor de las tasas siempre que hubo demandas al respecto.

Pese a todo, las demandas nunca procedieron de asociaciones en defensa de los derechos del agua en vistas a garantizar una regulación pública en todo el Estado, sino que se quedaban en disputas locales. 

No es hasta 2011 que las asociaciones de Murcia y Cartagena se empiezan a organizar con este objetivo. Sin embargo, en ese año se da un paso hacia atrás al aprobarse la Ley de Economía Sostenible.

A través de una enmienda de última hora propuesta por CIU que apenas recibió resistencia parlamentaria, La Ley de Economía Sostenible eliminó el párrafo de la Ley General Tributaria que blindaba la prevalencia de las tasas en el régimen de precios del agua. De este modo, se vuelve a abrir la puerta a considerar las tarifas. 

La aplicación de la ley vino acompañada de una campaña en revistas jurídicas para informar a los interventores municipales, cosa que no se hizo en la modificación legislativa de 2003.

Ante la nueva perspectiva legislativa, los demandantes de Murcia y Cartagena se escudaron en la sentencias del Supremo basadas en hechos previos a la modificación de la ley, y más adelante en las dos sentencias de 2015 que recuperaban y ratificaban la doctrina aplicada por el Constitucional en 1995. 

No obstante, la nueva sentencia del Supremo deshace gran parte del camino realizado, al menos hasta que el Constitucional resuelva el recurso de amparo que presentarán las asociaciones vecinales que llevan 6 años librando esta batalla judicial.

El paso a nivel de la Senda de los Garres cerrará mañana por las obras del AVE

MADRID.- Adif Alta Velocidad (Adif AV) ejecutará durante la noche de mañana martes al miércoles las operaciones para la supresión del paso a nivel de la Senda de los Garres, en Murcia. De este modo, se podrá proseguir con el montaje de la vía provisional en este ámbito y liberar el espacio necesario para avanzar en la construcción de las estructuras del futuro trazado soterrado en la ciudad.

La supresión de este paso a nivel constituye un importante hito en el avance del cumplimiento de los compromisos adquiridos por Adif AV para la ejecución de las diferentes actuaciones, tanto para la construcción del acceso provisional como del proyecto de soterramiento, de acuerdo con el cronograma vigente.

Para el cierre del paso a nivel al tráfico de peatones y vehículos se procederá a desmantelar todas las instalaciones de dicho paso. Una vez suprimido, se realizará el montaje de la vía provisional para garantizar la circulación de los trenes de cercanías, alta velocidad, larga y media distancia y de mercancías, mientras se avanza en la ejecución del futuro trazado soterrado, a una cota de 8 metros de profundidad. La previsión, de acuerdo con los compromisos adquiridos por Adif AV, es finalizar el montaje del acceso provisional el próximo mes de agosto.

En este punto, y al igual que en otras zonas, el espacio liberado en superficie se destinará a usos ciudadanos, según la planificación de desarrollo urbanístico.

Para garantizar la permeabilidad por el cierre del paso a nivel se han establecido rutas alternativas de paso a través de los Puentes de La Tiñosa y de la Ronda Sur, así como el paso inferior de El Rollo y el paso a nivel de Santiago el Mayor, que se mantendrá abierto hasta la puesta en servicio de la nueva pasarela provisional.

Por otro lado, Adif AV sigue avanzando en la construcción de las estructuras del soterramiento, iniciada el pasado mes de noviembre, y hasta la fecha se han excavado 385 metros en la zona de la estación y 75 metros en Senda de los Garres, es decir, un total de 460 metros.

Procesan sólo a tres exconsejeros de Valcárcel por el caso 'Novo Carthago' pero no al ex presidente

MURCIA.- El instructor desde 2009 del caso Novo Carthago de presunta corrupción urbanística en zonas protegidas junto al Mar Menor  ha decidido procesar a diez de los investigados, tres de ellos exconsejeros del Gobierno murciano por prevaricación, y archivar las actuaciones respecto a otros once.

La causa que investiga además en algunos casos los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales va a continuar para los exconsejeros Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana.

Se archivan las actuaciones sobre una hija del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, Rosario Valcárcel, y su esposo, y el exconcejal de Cartagena, Agustín Guillén.

El auto señala que el proyecto urbanístico fue emprendido por la empresa Hansa Urbana, cuyo consejero delegado, Rafael Galea, figura entre los procesados.

Ese plan preveía construir 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo en Lo Poyo, que incluía terrenos con protección medioambiental junto al Mar Menor.

Según los indicios encontrados en la instrucción, se considera que los investigados llevaron a cabo presuntamente actuaciones para modificar los planes generales de ordenación urbana de Cartagena y de los recursos naturales de la zona para que el proyecto fuese viable.

Entre los exaltos cargos del Ejecutivo murciano contra los que continuará el procedimiento abreviado se encuentran también varios exdirectores generales, entre ellos, los del Medio Natural, Carlos Brugarolas y Antonio Alvarado.

Al referirse al expresidente Valcárcel, el auto indica que no se ha encontrado indicio alguno de que hubiera podido ordenar o imponer ninguna de las medidas adoptadas en un intento de que Novo Carthago pudiera salir adelante.

Y añade que del hecho de que asistiera a la presentación del proyecto, llevada a cabo en junio de 2003 en un hotel de La Manga del Mar Menor, no se puede derivar una trascendencia penal.

En cuanto a su hija y a su yerno, llamados a declarar como investigados por si algunos regalos de bodas procedían de donaciones de Galea, el juez señala que tampoco se ha demostrado esa posibilidad, por lo que deben quedar fuera del procedimiento.

Por el contrario, sí considera que puede haber existido un trato de favor por la empresa Hansa hacia el exconsejero y exdelegado del Gobierno central en la región murciana Francisco Marqués en la venta de una vivienda.

El juzgado ha rechazado distintas peticiones de prueba solicitadas a lo largo del proceso por el fiscal y varios de los investigados.

En cuanto a las reclamadas por la fiscalía, que solicitaba que la Agencia Estatal de Administración Tributaria investigara sociedades participadas por exconcejales de Cartagena, dice que no proceden por tratarse de personas que no han sido investigadas y porque sería una información prospectiva.

El auto indica que en un plazo de 10 días el ministerio público y los investigados podrán presentar sus escritos de acusación o defensa.

La resolución recuerda que las diligencias fueron abiertas en 2009 y que en 2013 fueron elevadas al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia dado el aforamiento del que gozaba entonces Cerdá, que desapareció cuando dimitió de su cargo, lo que supuso que las diligencias volvieran al juzgado de origen.

'Anse' retira 20 sacos de basura de dos playas del Rincón de Cabo Tiñoso

CARTAGENA.- Anse ha retirado veinte sacos de basura de dos playas del Rincón de Cabo Tiñoso. Voluntarios de la asociación y del Programa Mucho Más Mayo retiraron este domingo una quincena de grandes sacos de basura conteniendo más de 500 fragmentos y botellas de plástico, 30 fragmentos de tubos de gotero, más de 300 tapones de botellas de plástico, varias amarras de barcos, 30 zapatos, varias botellas de vidrio, latas, vasos y platos de plástico, envases de comida, cajas de plástico y poliestireno, etc.

La actividad estaba enmarcada dentro de las acciones del Programa Mucho Más Mayo y del Proyecto Libera, impulsado por SEO-Birdlife y Ecoembes, que también colabora con Anse en un estudio de las basuras flotantes en la Zona de Especial Conservación Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón, una de las más extensas áreas protegidas para delfín mular y tortuga boba de la costa española, que se extiende entre el Este de Cabo de Palos y Águilas.

Aunque los residuos retirados de la playa del Pozo de La Avispa, la más próxima a Salitrona, fueron abundantes, destaca la poca basura encontrada en esta última, por primera vez en 20 años, y después de dos limpiezas realizadas durante 2017. 

La dirección del Espacio Protegido de La Muela-Cabo Tiñoso, donde se encuentran estas playas, ha informado a Anse que no le consta ninguna limpieza desde la que esta asociación realizó a finales del pasado mes de septiembre, por lo que es probable que la poca basura encontrada se deba a que la mayoría de los vientos que han soplado durante los últimos meses han sido de componente SW, en lugar del NE del año anterior.

La disposición geográfica de Cabo Tiñoso sirve de freno a las corrientes marinas, acumulándose en las pequeñas calas del denominado 'Rincón de Cabo Tiñoso' las basuras arrojadas al mar y arrastradas por las corrientes y el oleaje, que no tienen accesibilidad desde tierra ni cuentan con servicio de limpieza, sobre todo cuando soplan de componente NE, E y SE. 

En cambio, las basuras flotantes pasan de largo en dirección a Cartagena y costa Este cuando soplan vientos del SE, también denominados "de lebeche" por la población local.

Anse desplazó al litoral de La Muela-Cabo Tiñoso el velero Else y una embarcación auxiliar para el traslado de 14 voluntarios a Cala Salitrona y otra próxima, en las que viene realizando limpiezas de basuras desde hace ya casi 20 años. 

Durante la navegación, y frente a la playa de El Portús, los participantes tuvieron la fortuna de avistar una manada de más de 20 delfines mulares, que se alimentaban en fondos de unos 50 metros de profundidad, y que acompañaron al velero de Anse durante parte de la navegación. Las basuras fueron trasladadas al puerto de Cartagena.

Las dos playas más próximas al Rincón de Cabo Tiñoso han quedado casi completamente limpias por primera vez en mucho tiempo. Anse volverá en los próximos meses con voluntarios para comprobar si se mantienen así durante un tiempo o si es necesario realizar nuevas acciones de limpieza, y si es posible retirar ahora residuos semienterrados o incrustados entre las rocas por la acción del oleaje y desprendimientos, e incluso extraer algunos depósitos de alquitrán acumulados desde hace años en unos pocos puntos.

La Muela-Cabo Tiñoso, junto al cercano Cabezo de Roldán, constituye una de las más extensas áreas litorales sin urbanizar de la costa mediterránea peninsular española. Un total de 11.000 hectáreas de montañas costeras donde se refugian especies como las águilas perdicera y real, halcón peregrino, búho real, camachuelo trompetero, chova piquirroja, gineta, garduña, y donde encontramos hábitats vegetales prioritarios entre los que destacan diversas especies de flora iberonorteafricana, que han motivado la declaración de la zona como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) respectivamente.

Anse viene solicitando desde hace años la declaración de la zona como Parque Natural Marítimo Terrestre, con el fin de preservar los valores naturales existentes y recuperar parte de los que se han perdido durante las últimas décadas. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales de este espacio protegido aún no ha sido aprobado definitivamente.

El Tribunal Supremo cita a Alejandro de Pedro en la investigación contra Pilar Barreiro

MADRID.- El Tribunal Supremo ha citado para el día 1 de junio al empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales implicados en el caso Púnica investigado en la Audiencia Nacional, para que declare en el sumario abierto contra la exsenadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

De Pedro está citado para las 10:30 horas del viernes 1 para ser interrogado sobre un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, ambos supuestamente desarrollados para mejorar la imagen de Pilar Barreiro.

La exsenadora del PP ya no figura en el grupo del PP en el Senado tras abandonarlo "para no perjudicar al partido".

La juez del caso, Ana Ferrer, ha citado, además de a De Pedro, al ex jefe de gabinete de la Alcaldía de Cartagena, Francisco de Asís Ferreño, y a la funcionaria y asesora, María del Mar Conesa, ambos para el día 8 de junio.

Todos ellos están citados como testigos, aunque al tener condición de imputados en el sumario del caso Púnica seguido en la Audiencia Nacional, comparecerán acompañados de abogados y con derechos propios de los investigados.

La magistrada celebrará además el 1 de junio una videoconferencia para tomar declaración, como testigo, al periodista de Ibiza, Isaac Vaquer, que no pudo comparecer en una citación anterior.

Ana Ferrer continúa de este modo la investigación a pesar de que la Fiscalía ante el Supremo pidió al tribunal el archivo de la causa abierta por delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho contra Barreiro.

La magistrada escuchó recientemente la declaración de Francisco Javier Bueno, un arrepentido de la Púnica, quien declaró ante ella que la senadora y exalcaldesa de Cartagena acudió al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen personal tras verse implicada en el caso Novo Carthago.

Barreiro está acusada de haber usado fondos públicos del consistorio de Cartagena y de la Comunidad de Murcia para mejorar su imagen a través de un plan de reputación personal a través de, entre otros medios, un diario creado "ad hoc" para ese fin.

Según fuentes jurídicas, el testigo ha señalado que se produjo una primera reunión en junio de 2014 a la que asistió Pilar Barreiro, De Pedro y el que fuera jefe de gabinete de la exalcaldesa, Francisco De Asís Ferreño, para cerrar un primer acuerdo.

Tres meses después, ha añadido, tuvo lugar una segunda reunión entre Bueno y Ferreño en la que este último le dijo que la exalcaldesa había dado su visto bueno al nuevo plan sugerido por De Pedro, que consistía no solo en posicionar el contenido de las noticias referentes al Ayuntamiento sino en generarlas para mejorar la imagen de Barreiro tras el estallido del caso Novo Carthago, en el que estaba implicada.

Barreiro declaró ante la magistrada que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del Ayuntamiento.

Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que no iba a correr a cargo de la Comunidad de Murcia, sino que "se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo", según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.

Esta última afirmación, la relativa a que iba a ser el partido el pagador de esos gastos, fue refrendada por el expresidente del PP de Cartagena, Francisco Celdrán, en su testimonio ante el Supremo.

La Región de Murcia llega a su menor cifra de parados de larga duración en ocho años

MURCIA.- La Región de Murcia alcanzó tras el mes de abril su menor cifra de parados de larga duración en los últimos ocho años y desde que arrancó la recuperación económica. En concreto, la cifra actual de personas que acumulan 12 meses consecutivos en desempleo es de 44.695, un dato que no era tan bajo desde julio de 2010, cuando el número de parados de este colectivo era de 44.528. 

En el cuarto trimestre de 2013 y el primero de 2014, considerado como el tramo de inicio de la recuperación de actividad económica y de puestos de trabajo, el número de parados de larga duración rozaba los 70.000 en la Región.

Así, por ejemplo, la cifra era de 68.916 tras enero de 2014, por lo que desde ese punto se produjo una caída del 35,14 por ciento del desempleo prolongado, lo que se ha traducido en 24.221 parados de larga duración menos en ese periodo.

Los datos de abril ponen de manifiesto, igualmente, que el paro de larga duración continúa disminuyendo en la Región a un ritmo que es más del doble que la bajada del desempleo en el conjunto de la población.

Así, si en los últimos 12 meses el paro 'general' bajó un 4,67 por ciento, el de las personas en situación de desempleo prolongado descendió un 10,09 por ciento. Esto supone que desde abril de 2017 se acumulan 5.016 parados de larga duración menos.

De mantener esta progresión, la Región lograría cerrar el año en el entorno de los 41.000 desempleados de larga duración, y seguiría reduciendo el número de este colectivo sobre el total de parados. Dicha proporción es actualmente del 42,58 por ciento, mientras que doce meses atrás era del 45,14 por ciento, es decir, 2,56 puntos superior.

El director general del Servicio Regional de Empleo y Formación SEF, Alejandro Zamora, ha subrayado que "el paro de larga duración se está reduciendo de forma constante y firme, lo que se traduce en que el periodo medio que pasa un murciano en desempleo es cada vez menor. Hablamos de un colectivo con problemas muy específicos para acceder al empleo, porque además buena parte de ellos son mayores de 45 años, pero vienen teniendo cada vez más oportunidades".

La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a través del SEF, dirige al colectivo de parados de larga duración diversas medidas para facilitar su acceso a un puesto de trabajo, que van desde la orientación mediante servicios de atención personalizada a las acciones formativas específicas y con compromiso de contratación, pasando también por las ayudas a empresas para su contratación y por las subvenciones para facilitar que se establezcan como autónomos.

Las ayudas a la contratación, por ejemplo, fueron activadas recientemente, y permiten que una empresa de la Región que realice un contrato fijo a un parado de larga duración pueda recibir 6.000 euros del SEF en caso de ser un vínculo a tiempo completo, y 3.000 si es a tiempo parcial. 

En caso de ser un parado de larga duración mayor de 45 años, la ayuda llega a los 7.000 euros, y a 9.000 si además tiene cargas familiares.

Por lo que respecta a la Cuota Cero, si el parado de larga duración se da de alta como nuevo autónomo, la Comunidad asume el pago de la tarifa de su primer año de actividad. Además, el beneficiario recibe una ayuda inicial para facilitar sus primeros pasos, que oscila entre los 2.000 y los 3.500 euros.

En 2017 se recogieron 2.500 toneladas de ropa, calzado y juguetes en la Región

CARTAGENA.- Proyecto Abraham recogió en 2017 unas 2.500 toneladas de ropa, calzado y juguetes, según han expuesto ante la Comisión de Pobreza y Exclusión Social, su vicepresidente, Juan Antonio Conesa, y la educadora social Sonia Martínez. 

Ambos han expuesto, además, las dificultades que están teniendo para acceder a la financiación para desarrollar sus proyectos, ya que ahora cualquier entidad social puede acceder por concurso a optar a la asignación que antes percibían por parte de la Comunidad.
"La asociación pone gran parte de la financiación, pero los fondos regionales suponen una gran ayuda porque realizamos proyectos de continuación", ha manifestado Martínez.
En ese sentido, han detallado que en 2017 realizaron 27 cursos y talleres con 1.433 horas de formación. Proyecto Abraham mantiene también una vivienda de acogida donde dan hogar a diez personas, así como un programa de lucha contra la pobreza y exclusión social mediante el cual dispensan ropa, calzado y juguetes.
Durante su comparecencia han explicado que con ese proyecto abastecen tanto a personas individuales como a centros de noche y de acogida. Actualmente destacan "más" las familias españolas que hacen uso del proyecto Ropero. En 2017 atendieron a 1121 personas, una cifra muy similar a la de 2016.
Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Consuelo Cano ha alabado la labor social de Proyecto Abraham, destacando el "alza" de las familias necesitadas. La parlamentaria ha echado en falta los recursos residenciales para los menores no acompañados porque "una vez cumplen los 18 años son abandonados en la calle. Todavía son niños y no hay recursos de vivienda para ellos".
Por parte de los 'populares', Adoración Molina, ha afirmado que han tomado nota para potenciar una alternativa que sea productiva para las personas que en situaciones difíciles tienen carencias laborales.
"Es fundamental la firma de convenios con los ayuntamientos".
Desde Ciudadanos, Juan José Molina, ha advertido que hay otras organizaciones que ponen contenedores en la calle y lo usan como negocio, por lo que han pedido conciertos con los ayuntamientos para que se hagan auditorías sociales y ambientales.

La podemita Micol vuelve de nuevo al centro de la polémica, ahora por su incoherencia descubierta

MURCIA.- OK Diario ha desvelado lo que ha denominado el "Falcon Crest" de María Ángeles Moreno Micol, concejala de Ahora Murcia en el Ayuntamiento. La edil de la marca blanca de Podemos ya protagonizó los titulares del mes de abril por poner a su hijo al frente de una empresa pantalla, creada únicamente para continuar un proyecto iniciado por ella para el fondeadero del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar).

Tal y como declaró María Ángeles Moreno Micol en la web de Transparencia del Ayuntamiento de Murcia, es propietaria de una finca rústica con vivienda unifamiliar de 5.640 metros cuadrados.

Según informa ahora OK Diario, "la casa ha pasado de ser la típica casa vieja de pueblo a convertirse en una renovada y acomodada casa de lujo con piscina, avenida de acceso, jardines, zona de solarium, portón motorizado, escalinata de acceso, casita refugio, etc". Además, añaden: "Micol, que siempre militó como defensora de la Huerta de Murcia, no ha visto ahora problema en rehacer la casa talando árboles para mejorar su estatus de vida".

Bienes declarados por María Ángeles Moreno Micol en el Ayuntamiento

El nuevo recorrido de La Fuensanta en romería será por Ronda Sur, según el Obispado

MURCIA.- El Cabildo de la Catedral ya ha decidido la ruta alternativa por la que bajará y subirá a su Santuario del monte la Virgen de la Fuensanta en las romerías de septiembre y primavera. En el encuentro, celebrado hace unos días, los responsables acordaron que la Patrona de Murcia cruzará Ronda Sur desde la intersección del barrio del Progreso con Santiago El Mayor y hasta la redonda de la avenida de Los Dolores y la calle Pintor Almela Costa, según nota de prensa del Obispado.

El deán de la Catedral, Juan Tudela, asegura que el Cabildo Catedralicio lleva varias semanas estudiando en profundidad este recorrido alternativo motivado por las obras de soterramiento de las vías del tren a su paso por Santiago El Mayor. Una situación que hizo que se llegara a plantear como la opción con más adeptos la de recuperar el camino tradicional de la Fuensanta por la pedanía de Patiño.

"No sabemos cuándo se llevará a cabo el cambio provisional, pues todo dependerá de lo que nos indiquen según el estado de las obras de soterramiento. Pero, para cuando sea necesario, el Cabildo ha previsto este recorrido alternativo. Para ello, hemos hablado con todos los agentes implicados para conocer su parecer y tener en cuenta todas las alternativas posibles", explica el deán.

El recorrido alternativo modificará tan sólo un tramo de la ruta tradicional. La imagen de la Patrona de Murcia bajará desde su Santuario por la carretera de Algezares (avenida del Progreso), pero en lugar de cruzar Ronda Sur hacia Santiago El Mayor cogerá esta avenida hasta la rotonda que la une con la calle Pintor Almela Costa, para dirigirse entonces de nuevo a Torre de Romo, hasta la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. La Romería tendrá este mismo recorrido en sentido inverso.

Para elegir el nuevo itinerario de la Virgen, los responsables del Cabildo, junto a los Caballeros de la Fuensanta y el equipo municipal, han mantenido varias reuniones en las que se han tenido en cuenta cuestiones como la seguridad de las calles y de los romeros que acompañan a la Virgen, que las vías por las que tengan que pasar sean practicables y que el recorrido no se alargue demasiado, ya que con el actual por Santiago El Mayor la romería suele tener una duración de unas seis horas.

Además, en los últimos meses ha estado funcionando una comisión formada por vecinos de Algezares que han estado recogiendo firmas en favor de que la Patrona de Murcia siguiera pasando por la pedanía al considerar que estos días de romería el pueblo se convierte en una verdadera fiesta con miles de fieles que acompañan a la Virgen en su trayecto.

Firmas para que siga pasando por Algezares


La Comisión La Virgen de la Fuensanta por Algezares presenta hoy, en el Obispado de la Diócesis de Cartagena, el conjunto de firmas recogidas entre los vecinos para pedir que la Patrona de Murcia siga manteniendo su trayecto de bajada y subida de su Santuario del monte y este no cambie por el de la vecina pedanía de Patiño.
El Cabildo Catedralicio planteó a finales de 2017 que este año el recorrido cambiaría de una pedanía a otra para sortear el paso a nivel de Santiago El Mayor, que estaba previsto que estuviera cerrado por la obras de llegada del AVE.
Sin embargo, el retraso en el proyecto hizo que este cruce ferroviario siga funcionando, lo que ha llevado a vecinos y responsables políticos de Algezares a reclamar que se mantenga el tradicional trayecto.
Para ello constituyeron una comisión que ha recopilado hasta la fecha información histórica relacionada con esta tradición, según explican desde la propia comisión, entre los que se encuentran las crónicas en prensa de la primera romería de la Morenica tras su coronación canónica, en 1927, o el acta transcrita del archivo del cabildo de la Catedral de la primera bajada de la Virgen de la Fuensanta en 1694, donde queda reflejado su paso por Algezares ya en aquella fecha.
Para hacer llegar a los ciudadanos esta información, realizan reuniones vecinales periódicas y comparten toda la documentación a través de las redes sociales, como una cuenta en Facebook que suma ya cerca de 1.500 seguidores.
Sobre este tema, el alcalde pedáneo de Algezares, Juan José Garre, considera la decisión de cambiar el recorrido «un tanto descabellada» y y mantiene que la Virgen puede seguir bajando por Algezares y llegar hasta Ronda Sur, donde cambiaría el trayecto habitual para dirigirse hacia la redonda de Mediáramos, de ahí a Almeza Costa y Torre de Romo.
Las firmas serán entregadas por los alcaldes pedáneos de Algezares, Barrio del Progreso y Santiago El Mayor.

El pleno del CES nombra a José Antonio Cobacho para la presidencia

MURCIA.- El pleno del Consejo Económico y Social ha aprobado por unanimidad la candidatura del exrector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, para la presidencia de esta la institución. De esta forma, ha aceptado la propuesta que realizó el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para sustituir a José Luján en la presidencia del CES.

Luján dejó el puesto hace un mes al ser elegido rector de la Universidad de Murcia.

A su vez, José Antonio Cobacho era hasta ahora miembro del Consejo Jurídico de la Región, el órgano consultivo de la Comunidad encargado de dilucidar si las nuevas leyes y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo regional se adaptan a la normativa por la que deben regirse.

El nuevo presidente del CES tiene 63 años y es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Murcia.

El pleno del CES comunicará ahora su decisión unánime al Consejo de Gobierno para que haga efectivo su nombramiento y se publique en el BORM.

En la Región, 28 nuevos ciclos de FP para el próximo curso

MURCIA.- La nueva oferta de FP para el próximo curso, que se ha diseñado en colaboración con las administraciones locales y los agentes sociales y educativos, se amplía con 535 nuevas plazas más respecto al curso actual y 28 nuevos ciclos.

Así lo ha explicado la consejera del ramo, Adela Martínez-Cachá, quien ha señalado que en total se ofertarán 29.034 plazas para los diferentes cursos de Formación Profesional, y 129 títulos de diferentes familias profesionales, siete más que este curso.

De los siete nuevos títulos, cuatro corresponden a FP Básica y son 'Artes Gráficas', que se impartirá en el centro San Vicente de Paul de Cartagena; 'Actividades de Panadería y Pastelería', en el CC Montepinar de Murcia; 'Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios', en el IES Mediterráneo de Cartagena, y 'Mantenimiento de Viviendas', en el IES D. Pedro García Aguilera de Moratalla.

También se impartirá uno de Grado Medio, el de 'Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas', en el IES Sierra de Carrascoy de Murcia, y dos nuevos títulos de FP de Grado Superior: el de 'Acondicionamiento Físico', en los Institutos de Educación Secundaria Villa de Abarán, Mediterráneo de Cartagena, Mar Menor de San Javier y Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, y el de 'Enseñanza y Animación Sociodeportiva', que sustituirá al de 'Animación de Actividades Físicas y Deportivas'.

En los últimos ocho años la oferta de FP en la Región de Murcia se ha incrementado en más de un 70 por ciento, ha explicado la consejera, que ha señalado que el próximo curso se ofertarán 129 títulos, de los que 19 corresponden a FP Básica, 45 a Grado Medio y 65 a Grado Superior.

Además, en Formación Profesional Dual, se ampliará el número de plazas ofertadas para el próximo curso y se prevé implantar 24 nuevos proyectos con más de 780 nuevas plazas, con lo que, en total, la Región de Murcia ofertará 47 ciclos de FP Dual y más de 1.680 plazas, cerca de 200 más respecto a este curso.

Actualmente, 310 empresas colaboran en la enseñanza de Formación Profesional Dual en la Región de Murcia.

Sólo 540 euros de multa por cortar 420 almendros en Cehegín para hacer leña

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por uno de los tres hombres contra la sentencia de un Juzgado de lo Penal de esta ciudad que les condenó al pago de una multa de 540 euros por haber cortado 420 almendros de una finca de Cehegín para hacerlos leña y sin el conocimiento de su dueño. 

La sentencia les condenó también a pagar al propietario una indemnización cercana a los 3.800 euros, por los perjuicios causados.

Señala la Audiencia Provincial que el relato de hechos probados por el juez, que hace suyo, recogía que los mismos se produjeron el 16 de septiembre de 2013, cuando los acusados accedieron a una finca rústica propiedad de la empresa "Gestión, Planificación y Desarrollo 2006, S.L", ubicada en el paraje La Vereda, en Cehegín.

Según la denuncia, una vez en el lugar procedieron a talar 630 árboles, que luego, en el acto de juicio, se concretaron en 420.

En el recurso presentado por uno de los condenados, el mismo alegó que no tuvo participación alguna en los hechos, por lo que solicitó su absolución.

Sin embargo, el tribunal señala que el juicio contó con pruebas de cargo suficientes para dar por acreditada su participación, por lo que quedó claramente enervado su derecho a la presunción de inocencia.