Los expertos fichados por Ciudadanos tienen miedo a salir a la luz y
que se les corte la cresta. Atraídos por el ‘cazatalentos’ Miguel López
Bachero para desarrollar las propuestas programáticas del partido
naranja en la Región, trabajan discretamente desde hace meses aportando
sus conocimientos técnicos a la causa de Albert Rivera, pero rehuyen
salir del anonimato.
Que si son altos funcionarios recelosos de perder
canonjías, que si profesionales expuestos a la desacreditación social en
una región pequeña... lo cierto es que se muestran renuentes a que
Ciudadanos desvele sus identidades, en lo que resulta otro de los
síntomas de regresión en el ejercicio de la libertad de expresión que
salpican a la sociedad española y que nos retrotraen a momentos
preconstitucionales.
La retirada por Arco de una obra de Santiago Serra,
el secuestro judicial de un libro tras la denuncia de un exalcalde
gallego ligado al narcotráfico en el relato, y la condena del rapero
Valtonyc por el Tribunal Supremo a tres años y medio de cárcel por
enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en las letras de
sus canciones, reavivan estos días, más allá del inacabable y peliagudo
debate sobre los límites de la libertad de expresión, viejos fantasmas
que parecían olvidados, como la autocensura, que mucha gente se impone
en las redes sociales (cuando no opta directamente por desertar de
estas) para evitar el vilipendio público por parte de los patrocinadores
de un buenismo de garras punzantes que hoy acobarda tanto o más que la
‘ley mordaza’ o que los atropellos normativos del franquismo.
Los
términos ‘presos políticos’, ‘presidente en el exilio’, ‘juicio sin
garantías’ y otras expresiones derivadas de la declaración unilateral de
independencia en el Parlament de Cataluña, y a las que se recurre
inicuamente, no caben en la España actual, pero su mera acuñación nos
devuelve a la prehistoria política, en la misma medida que lo hacen la
prohibición de una inofensiva obra de arte, el secuestro de un libro y
el encarcelamiento de un cantante, por provocadores y zafios que todos
ellos pudieran parecernos.
Es como si el país saliera bruscamente de la
modernidad en la que se había encarrilado y regresara al pasado más
oscuro, en una metáfora que se ve alimentada también por la
reivindicación en la calle de unas pensiones justas y el clamor en favor
de una equiparación salarial de hombres y mujeres, derechos ambos que
creíamos consolidados, al parecer equivocadamente.
Los políticos seguirán aforados en Murcia, pese al acuerdo de la Asamblea
El
mantenimiento de los aforamientos políticos es otra rémora histórica
que se resiste a desaparecer. El pacto de investidura con Ciudadanos que
sostiene al PP en el poder, en la Región y al frente de España,
contiene entre sus numerosos preceptos la eliminación del privilegio que
supone para gobernantes y cargos electos el hecho de que no se les
pueda juzgar en un tribunal ordinario, como a cualquier mortal, sino que
solo puedan ser encausados por salas especiales de los tribunales
superiores de Justicia o directamente por el Supremo.
Pero esta parte
del pacto es de las que no se cumplen. Aunque los partidos dieron en la
Asamblea Regional un primer paso en la dirección correcta, la
eliminación del fuero, ‘rara avis’ en el resto de Europa, permanece
encallada en Madrid, sin que haya la menor expectativa de que la
iniciativa supere el trámite necesario en el Congreso, primero, y
después en el Senado, donde el PP podría incluso frenarla con su mayoría
absoluta, si quisiera.
Visto el calendario, es seguro que decaerá al
término de esta legislatura, por lo que quedará en papel mojado y sentar
en el banquillo a un político, no digamos ya condenarlo, seguirá siendo
algo infrecuente en la vida pública, casi una anomalía. El interés por
eliminar los aforamientos es más retórico que sincero, y se entiende por
qué al escuchar la transcripción del cordial interrogatorio al que
Pilar Barreiro fue sometida ante la magistrada del Supremo en cuyas
manos está hoy el futuro de la senadora.
‘Apagón sociológico’: presiones y cabos sueltos
La
Asamblea se ha pronunciado, por fin, dispuesta a acabar con el ‘apagón
sociológico’ en que la Región está sumida desde que el Gobierno de San
Esteban cortó el grifo financiero al Cemop (Centro de Estudios Murcianos
de Opinión Pública), que hasta 2015 se encargaba de elaborar las
encuestas sobre intención de voto.
Sin embargo, hay flecos sueltos aún.
El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología acaba de enviar
una carta a sus colegiados, y al Parlamento, en la que recuerda su
condición de «representante exclusivo de los profesionales de la
sociología y de la ciencia política», valora positivamente que la Cámara
impulse la realización de estudios demoscópicos y -aquí están los
flecos- «se solicita a la Asamblea Regional la participación de este
colegio oficial en la elaboración y seguimiento de dichos estudios».
La
reclamación no obedece solo a la lógica corporativista. El Colegio está
presidido por Amparo Albentosa desde que su candidatura ganó las
elecciones a la Junta Directiva, también en 2015, después de que uno de
los dos codirectores del Cemop, el sociólogo y exconsejero socialista
Juan José García Escribano, se retirase de la pugna tras acusar a la
Junta cesante, que encabezaba Javier Sierra, de irregularidades y de
favorecer en el proceso al equipo de Amparo Albentosa.
La consultora de
Javier Sierra realiza también estudios demoscópicos y se toma el
chocolate de espaldas al Cemop, del que la organización colegial no
quiere que se atribuya en exclusiva las encuestas sufragadas por la
Asamblea Regional.
Los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y
Ciudadanos saben mejor que nadie cuántas llamadas y visitas han recibido
desde un lado y desde el otro en las últimas semanas, antes de tomar la
decisión de costear los sondeos electorales, e intuyen -con razón- que
aún deberán capear más toros antes de que los encuestadores puedan salir
otra vez a la calle.
(*) Columnista
