Año Nuevo, ¿vida nueva? / Rosa Roda *

El primer paso para cualquier propósito de Año Nuevo se llama voluntad, que es precisamente de lo que ha carecido y carece el Partido Popular de Rajoy para atajar, por ejemplo, la corrupción; una lacra de la que 'se esconde' o 'esconde', según dice el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que a cuenta de presuntos corruptos murcianos y del lío catalán está sacando un importante rédito electoral que ya reflejan encuestas de periódicos nacionales e incluso los sondeos regionales de intención de voto; sepultados bajo siete llaves porque, por ejemplo, dan al partido Ciudadanos entre 6 y 8 escaños en la Asamblea Regional a costa fundamentalmente de los populares, que bajarían bastante.

Hay diputados naranjas que ya se ven dentro del coche oficial y eso que hace poco más de dos años daban tumbos en el troncomóvil buscando acomodo en el partido que parecía con más posibilidades de pillar sillón y sueldo público.

La cabeza de Barreiro. Rivera exige la cabeza política de Barreiro y amenaza con congelar todos los acuerdos con Rajoy si la senadora no dimite. Muestra de coherencia ante sus potenciales votantes y de simple oportunidad política a año y medio de las elecciones autonómicas y europeas, tras haber forzado de manera muy rentable la dimisión del presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez. Mientras PAS espera la llamada de los jueces se entretiene con una empresa llamada 'Nosce te ipsum 2017 Sociedad Limitada', con sede en Puerto Lumbreras, que tiene como objeto social la consultoría y asesoramiento de empresas y personas físicas «en su más amplia acepción».

Quien no ha dejado de asesorar a insignes personas físicas desde que fue forzado a dimitir, que al menos contribuya a la lista de nuevas empresas creadas en la Región de Murcia en 2017, de las que luego hará tantos balances como semanas tiene el año el consejero de Empresa, Juan Hernández, a quien los periodistas ya han bautizado cariñosamente 'el cansino', aunque parece más bien 'pitufo optimista' repasando y valorando datos de empleo y economía. Repasas sus declaraciones un día de bajón y te dan ganas de salir a la Gran Vía de Murcia a cantar y bailar La La Land, hasta que te topas con algún barómetro o informe de la Unión Europea, Funcas o de la Autoridad Fiscal Independiente y te chafan la fiesta.

Cinco delitos cinco. El Supremo investiga a Barreiro por nada menos que cinco delitos: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada de los que será interrogada el próximo lunes en el marco del caso Púnica. Supuestamente contrató y pagó con dinero público a uno de los cabecillas de la trama, Alejandro de Pedro, para que mejorara su imagen personal y su reputación en redes sociales. La gravedad de los delitos que se le imputan es incuestionable tras una larga y sesuda investigación por parte de un juez de la Audiencia Nacional y, pese a ello, el presidente López Miras no considera que Barreiro deba dimitir. 

«No ha cambiado nada, nosotros respetamos la presunción de inocencia», dijo el pasado mes de octubre tras presidir su primer comité ejecutivo del PP de la Región de Murcia perdiendo con ello una oportunidad única de marcar distancias con la corrupción y con su mentor político. Lo único que ha conseguido es dar alas a Ciudadanos y, de paso, ceder esa bandera a Alberto Garre, cuyo partido político se presenta como de centro, reformista, regeneracionista y social intentando abarcarlo todo.

López Miras ha intentado arreglarlo esta semana advirtiendo muy seriamente de que echará 'a patadas' a cualquier miembro de su equipo «si hay la más mínima sospecha» de corrupción, solo que lo fastidió al añadir al final de su alocución que para ser prudente, justo y equitativo prefiere «que esa decisión la tome un juez» Luego, quien echaría a patadas al corrupto no es él, sino la Justicia. A vueltas nuevamente con la dichosa línea roja y volviendo a confundir responsabilidad política con responsabilidad judicial.

Y después, Pokémon. Me atrevería a aventurar que a Barreiro le quedan dos telediarios, pero no porque el PP de Rajoy haya decidido ser expeditivo contra la corrupción, como evidencia que Andrés Ayala sea el responsable de la oficina anticorrupción del PP, sino para evitar el debate en el Pleno del Senado del suplicatorio, en el caso de que el Supremo decida procesarla, que es lo que la cartagenera ha evitado solicitando ir a declarar voluntariamente ante este tribunal. Lo malo es que se le acumula la faena porque la juez de Lugo que instruye el caso Pokémon también quiere hablar con ella por su viajes a Nueva York regalados por la empresa Hidrogea, antes Aquagest.

Si no sale limpia de polvo y paja el próximo lunes, intuyo que acabará renunciando al acta de senadora por indicación de Génova o, de manera pactada, irá al grupo mixto como como sucedió con Rita Barberá, solo que ya será tarde y Albert Rivera podrá grabarse otra muesca en su cinturón, en un momento en el que el partido naranja está en la cresta de la ola demoscópica. Rivera cae simpático, es guapetón, no se le cae la palabra España de la boca y no asusta a los pensionistas y jubilados, que son los que mayoritariamente votan al PP.

Es el protocolo. Sí, la todopoderosa alcaldesa de Cartagena durante veinte años declarará el próximo lunes ante el Tribunal Supremo por el caso Púnica, el mismo caso que dio la puntilla a Pedro Antonio Sánchez, aunque no a su asesor David Conesa, que también está procesado por ese caso y sigue dando órdenes en San Esteban. Debe ser que no suscita la más mínima duda al presidente autonómico que lo mantiene. Y dado que tiene visos de permanecer adjunto a Presidencia, aconsejo encarecidamente al señor Conesa que haga un curso de protocolo para dummies, aunque sea en la UCAM, donde aprueba seguro.

Primera lección: la primera autoridad en la región es el presidente de la Comunidad Autónoma como representante del Jefe del Estado por lo que, cuando vuelva un ministro a misa en Caravaca buscando el perdón de los pecados o a cualquier acto oficial en la Región, es Fernando López Miras y no el ministro de turno quien debe ocupar el lugar que el protocolo reserva a la primera autoridad política, a no ser que el ministro venga representando al presidente del Gobierno o a su Majestad el Rey.

Si el protocolo es la estética del poder, López Miras no está contribuyendo a construir esa estética de la que tan necesitado está con un Francisco Bernabé que no pierde ripio ni foto oficial y cuya agenda como delegado del Gobierno es propia de un candidato a la presidencia de la Comunidad porque nos anunció hasta de su asistencia a la Cabalgata de Reyes como si eso fuese relevante. No son pocos los que aseguran que Bernabé es, en realidad, el plan B de Génova en el caso de que las encuestas vaticinen un descalabro electoral en la Región de Murcia para el PP.

Insisto en que López Miras, que da por hecho que este año será confirmado como candidato del PP a la presidencia autonómica, ya debería haber pasado por un congreso político cuya pátina necesita para despejar dudas. Mientras eso no suceda, seguirá siendo el fruto de la decisión unipersonal de un hombre que lleva camino de batir el récord de imputaciones judiciales porque está afectado por tres casos: Auditorio, Púnica y Pasarelas. Por este último está citado a declarar el próximo 2 de febrero en un juzgado de Lorca.

Esquelas. El año 2018 promete, y no solo porque haya arrancado políticamente en la región con grades esquelas mortuorias en prensa anunciado el deceso del impuesto de sucesiones que la oposición quiere saber quién ha pagado. Unas esquelas tan impactantes como de mal gusto porque las esquelas nunca anuncian nada bueno. En 2007, el PSOE de Cartagena invitó con esquelas a enterrar «la política llevada a cabo por el PP de Pilar Barreiro» y los enterrados acabaron siendo los socialistas del entonces candidato Ignacio Segado.

Por cierto, los socialistas que prometían mucho con Diego Conesa como nuevo secretario general, no terminan de arrancar en la Región de Murcia y el tiempo se agota. A veces dan ganas de llamar y preguntar: ¿Hay alguien ahí?

Vender al AVE antes de que llegue. Se trata de un año preelectoral en el que, lamentablemente, PP y grandes productores agrícolas quieren rebajar las medidas de protección de un Mar Menor que sigue verde y no admite rebajas de ningún tipo. Un año para el que, como en el cuento de la lechera, se anuncian turistas a miles gracias al aeropuerto de Corvera y el AVE; un tren que aún no está ni en pruebas pero se venderá en FITUR como reclamo turístico para congresistas, dando con ello nuevos argumentos a los vecinos para desconfiar porque ven que la cuchara bivalva no avanza excavando el soterramiento al ritmo prometido.

La oposición ha calificado de 'disparate' que vendan un tren que aún no existe. Evidentemente han olvidado que el Gobierno regional de Valcárcel dedicó toda una edición de FITUR al parque Paramount del que solo hay una primera piedra enterrada en medio de un secarral de Alhama. Y si se pudo vender el cuento Paramount en FITUR, cómo no se va poder anunciar una rebaja del IRPF autonómico en 2018 sin concretar en qué cuantía, a qué rentas, ni con qué apoyos políticos, pese a que Murcia lleva camino de ser la única comunidad española que incumpla el objetivo de déficit en 2017. Y eso que no es la única región de España maltratada por el modelo de financiación autonómica.

Una rebaja del IRPF «para salvar a las clases medias», anuncia el Gobierno regional a año y medio de elecciones que, por supuesto, cuenta con la bendición de la patronal CROEM, que luego alertará en su boletín de coyuntura de la desbocada deuda regional, del déficit autonómico y exigirá contención del gasto en sanidad y educación. Una rebaja de impuestos que según expertos en economía aplicada, apenas notarían los bolsillos de los murcianos, pero mermaría mucho la recaudación de ingresos, que es lo que necesitan las arcas regionales.

A ver qué dice Montoro de la inoportuna, sorprendente y electoralista propuesta impositiva cuando desde Murcia llamen a su puerta pidiendo más dinero para servicios básicos.

(*) Periodista y jefa de Informativos en Murcia de Onda Cero.



http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/01/13/batalla-credibilidad/889470.html

Garantizar el acceso a la vivienda / Francisco Morote *

¡Por fin! Tras un largo periplo de ocho años, en el que hemos parado miles de desahucios, negociado miles de daciones en pago y alquileres sociales (hechos ambos que se nos vendían como imposibles por políticos y banqueros) presentado una Iniciativa Legislativa Popular, ILP, estatal avalada por 1,5 millones de firmas, promovido ILPs y leyes autonómicas que siguen pendientes del Tribunal Constitucional, TC, recibido cientos de golpes y porrazos y de multas... por fin, el pasado día 10 conseguimos registrar en el Congreso la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH. 

Pese a que desde la PAH nos hemos reunido con todos y cada uno de los grupos políticos presentes en el Congreso, la proposición de ley llega al Congreso avalada por los grupos de Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu, con las ausencias de PP, Cs y la más incomprensible del PSOE. 

Es una ley que, mediante cinco reivindicaciones pretende hacer frente a la actitud del Gobierno del PP, que cuando es interpelado en materia de vivienda despeja balones hacia las Comunidades autónomas como titulares de las competencias, pero cuando éstas legislan, recurre sistemáticamente al TC alegando invasión de competencias, provocando así que las leyes autonómicas no puedan aplicarse en su totalidad. 

En la Región de Murcia, contamos además con la insumisión del Gobierno de López Miras a la ley 10/2016 aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Región, BORM, hace más de año y medio, y suspendida exclusivamente por el TC en un artículo, estando plenamente vigente el resto de la ley, lo que incluye la obligación de realojo en caso de desahucio, las ayudas al alquiler o la garantía de acceso a los suministros básicos que López Miras se niega a aplicar. 

Pero básicamente es una ley estatal de mínimos necesaria para garantizar el acceso a la vivienda no como un bien de consumo más, sino como el elemento básico imprescindible para el desarrollo humano en condiciones de igualdad que es, en definitiva, un derecho fundamental. Para lograrlo hemos incluido los siguientes contenidos: 

Dación en pago retroactiva. Necesaria para dar cierta justicia a todas aquéllas, de los cientos de miles de familias que fueron víctimas primero de brutales cláusulas abusivas y desahuciadas después en aplicación de una legislación ilegal, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, y que aún hoy mantienen deudas impagables y de por vida. Y también para los cientos de miles de procedimientos, hoy suspendidos en los juzgados, pero que se reactivarán una vez el TJUE dicte sentencias en relación con el vencimiento anticipado y los intereses de demora. 

Suspensión de todos los desahucios de primera y única vivienda, sin alternativa habitacional, como vienen reiterando los tribunales europeos, y en coherencia con el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU del pasado mes de junio. Para evitar los 173 desahucios que se ejecutan a diario en España, de los que once se llevan a cabo en la Región de Murcia. 

Obligación de la banca de ofrecer alquiler social a quienes no puedan hacer frente al pago de su hipoteca. 

Garantía de acceso a los suministros básicos, estableciendo un mínimo vital, y comprometiendo en ello a las empresas suministradoras, suficientemente financiadas por la gente. 

Limitar las rentas de alquiler, estableciendo índices de referencia de precios que impidan los abusos, así como ampliando la duración mínima de los contratos a cinco años para dar estabilidad, pinchando la actual burbuja de alquiler que estamos sufriendo. También proponemos la creación de un parque público real de vivienda para alquiler que garantice el acceso a vivienda por esta vía. En ese sentido recordamos que existen en nuestro país más de 300.000 viviendas cerradas, sin ningún uso en poder de la banca. 

En definitiva, se trata de una ley justa, y absolutamente necesaria para evitar el drama humano que genera la actual legislación en materia de vivienda, para garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos, acabar con la burbuja de alquiler y mejorar sensiblemente las condiciones de igualdad. 

La actitud del Gobierno del PP está provocando que la legislación española vaya siendo modificada a golpe de sentencias del TJUE que van gota a gota, introduciendo en nuestra legislación los estándares mínimos de derechos de la ciudadanía europea, provocando aún más desigualdad, ya que los derechos de las personas varían en función de cuándo se produce su ejecución hipotecaria, ya que los juzgados las tratan con la legislación o jurisprudencia vigente en cada momento. 

La proposición de ley llegará en breve a la Mesa del Congreso, y a partir de ese momento, el Gobierno dispondrá de un plazo de 35 días para ejercer su opción de veto si considera que el texto tiene incidencia en los Presupuestos Generales del Estado, PGE. Para evitarlo, hemos introducido una disposición adicional que retrasa la aplicación de las medidas que pudieran tenerla. Aunque la portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, la diputada canaria Ana Zurita, nos reconoció en reunión con su grupo parlamentario que no veía argumentos para ese veto. 

Desde la PAH mantenemos una campaña de movilizaciones para evitar ese veto, conscientes como somos de que ¡sí se puede!

(*) Activista social

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/01/13/garantizar-acceso-vivienda/889436.html 

La izquierda se está apagando / Carlos Elordi *

En estos momentos, y desde hace ya un tiempo, la izquierda no es una referencia política. Se sabe que está ahí, dividida, eso sí, que de vez en cuando alguno de sus exponentes dice algo en público sin que ello tenga mucha trascendencia y también que, semana tras semana, los sondeos concluyen que cae en conjunto y que ni aún unida alcanzaría el gobierno. 

No propone alternativa viable alguna sobre las cuestiones más calientes, sobre Cataluña en particular, ni tampoco es paladín de las causas sociales más urgentes. Y el indicador más claro de que las cosas le van mal es que empieza a atisbarse que puede fracturarse más aún de lo que ya está.

Hace unas semanas, exponentes del PSOE hicieron saber que su partido aparcaba por ahora el proceso de entendimiento con Unidos Podemos, que nunca arrancó de verdad. El miércoles, este diario anticipaba el texto que se presentará en la Coordinadora Federal de Izquierda Unida y en el que Alberto Garzón confirma que quiere replantearse la relación con Podemos. Veremos en qué terminan uno y otro aviso, pero no es difícil vislumbrar que ante las dificultades, cada cual se apunta a conservar lo poco o mucho que tiene, sin arriesgarse en aventuras en las que no creen.

El apagón de la izquierda es el dato crucial del panorama político general. Porque es la garantía de que no se va a producir movimiento alguno en el signo del poder político, de que la derecha va a seguir mandando. Y eso ocurre cuando Rajoy y el PP están más débiles que nunca, cuando la corrupción les acosa, cuando todo lo hacen mal o peor, cuando ni la propaganda más desvergonzada puede ocultar que son incapaces de paliar la crisis catalana, que han dejado en manos de unos jueces que actúan como políticos que se están cargando la democracia. Y cuando muchos de sus votantes dicen a los encuestadores que se pasarían de buen grado a las filas de Ciudadanos si ahora hubiera elecciones.

A menos que cambien mucho las cosas, el PSOE y Unidos Podemos van a asistir como espectadores silenciosos a esa pugna por la primacía de la derecha que se libra desde hace ya tiempo pero que los resultados de las elecciones catalanas han colocado en el primer plano de la escena política. La izquierda no es capaz de incidir en esa guerra que puede perfectamente terminar con la victoria del partido de Albert Rivera. Y en el plazo de un par de años.

Si tuviera algo más de fuerza y de convicción de la que tiene podría proponerse como una alternativa a los dos contendientes. Enarbolando la bandera de los intereses de la mayoría social que ni una ni otra derecha representan para nada. Aprovechando la tensión, enorme y creciente, entre el PP y Ciudadanos, para lanzar un mensaje de esperanza a los ciudadanos que no confían ni en Rajoy ni en Rivera, o que los detestan, pero que, hoy por hoy, no creen que sea posible apartarlos del poder.

No sería la primera que algo de eso ocurriera. Incluso en España: el éxito del PSOE en 1982 no habría sido posible sin la debacle de UCD, a la que en gran medida contribuyó la AP de Manuel Fraga. Pero para eso hacen falta elementos que ni el PSOE ni Unidos Podemos tienen en sus manos y que todo indica que no van a tener en el horizonte temporal previsible.

Para empezar, no tienen propuestas alternativas creíbles. Sí, uno y otro partido denuncian la desigualdad creciente, los bajos salarios, la desinversión en sanidad, educación e inversión pública, el recorte de derechos que se creían adquiridos para siempre. Pero ninguno de ellos da la impresión de tener muy claro cómo revertir esas tendencias. Porque la política no consiste sólo en hacer declaraciones sino en articularlas hasta el detalle y en preparar el terreno para que éstas puedan irse convirtiendo en realidad.

¿Y que han hecho el PSOE y Unidos-Podemos en ese camino? Poco o nada. No han ido más allá de las denuncias genéricas y de las ocurrencias puntuales. Y no existe nada parecido a la movilización social que podrían haber propiciado. Y que más que en manifestaciones rituales consiste en la creación de un ambiente, apoyándose en una trama militante que hay que organizar y alimentar cotidianamente. Pues, aunque no produzca resultados inmediatos, esa es la base de cualquier proyecto de transformación. Hoy, con internet, y siempre. Hay decenas de miles de ciudadanos dispuestos a contribuir en esa tarea. Pero nadie los convoca.

Son tan poderosos los motivos que justificarían una movilización con los objetivos antes citados, que si ésta existiera de verdad irradiaría todo el cuadro social y político. Sería un dato que hasta empresarios que no necesariamente están alineados con el actual poder, y otros muchos sectores, habrían de tener en cuenta a la hora de decidir cómo colocarse en la actual crisis política española. Que a nadie, salvo a la mayoría de los tertulianos, se le escapa que es gravísima.

Pero parece ser que ni los dirigentes del PSOE ni los de Unidos Podemos quieren salir a la calle. Los unos porque no puede hacer otra cosa que ocuparse del conflicto interno entre el sector conservador y el cada vez más inane que encabeza Pedro Sánchez que paraliza al partido desde hace casi tres años y que puede terminar abocándole a un entendimiento con el ganador de la pugna por el dominio de la derecha, o apoyando al PP como subrepticiamente ya está proponiendo el diario El País.

Y Unidos-Podemos porque sigue ensimismado y sin recursos para la acción, una vez agotada su máquina de crear novedades supuestamente impactantes y comprobado que el grupo parlamentario vale para poco una vez que el gobierno ha decidido pasar totalmente del parlamento y no mandar ni una línea a la carrera de San Jerónimo.

Es verdad que la prensa, por lo menos la grande, se ha olvidado de Unidos Podemos o sólo se acuerda de ellos para darles caña. Tampoco le hacen mucho caso al PSOE. ¿Pero a quién puede sorprender eso? ¿Por qué unos medios tan vinculados al poder iban a darles pábulo y más si no producen noticias? Quienes les critican, mejor harían en generar iniciativas reales que hasta ellos se verían obligados a reseñar.

El fracaso tanto del PSC como de los comunes en las elecciones catalanas ha puesto la debilidad de la izquierda al desnudo. Y, más allá de errores puntuales, lo cierto es que ni el PSOE ni Unidos Podemos han conseguido tener una voz propia en el conflicto político más grave que vive la sociedad española y que puede terminar arruinando nuestra democracia.

La postura de los socialistas, entregándose de pies y manos al PP sin asegurarse la mínima posibilidad de influir en los acontecimientos es injustificable. Un día tendrán que explicar por qué la tomaron. Pero Unidos Podemos no queda mucho mejor. Porque lo único que ha hecho es lanzar eslóganes. Primero el del “derecho a decidir”, luego el de “ni DUI ni 155”. Para terminar arrepintiéndose del uno y del otro cuando comprobó que los hechos los habían superado y que, además, no pocos de sus simpatizantes pedían una posición comprometida al partido, anti-independentista en la mayoría de los casos, y se han alejado del mismo viendo que nadie la tomaba.

(*) Periodista

http://www.eldiario.es/zonacritica/izquierda-apagando_6_728687150.html 

La presidencia, bajo el fuego del B155 / Ramón Cotarelo *

Los jueces están actuando de hecho como brazos ejecutores de la política del gobierno. Sin duda lo harán con exquisito tacto jurídico aunque, por lo que se lee y escucha a muchos y competentes profesionales parece todo lo contrario. El hecho es que  aplican la doctrina del gobierno. O al revés. O es mera coincidencia. Pero es.

 

 La intención, obvia: oponer toda suerte de obstáculos al cumplimiento del resultado electoral del 21 de diciembre. Al extremo de contravenir principios fundamentales del Estado de derecho con el riesgo de ser después desautorizados, jueces y gobernantes, por las instancias europeas. Largo creen tenerlo fiado. En el futuro, ya se verá. De momento, se ve quién manda y la situación se normaliza al gusto autoritario del B155.

Es una visión tan corta que maravilla. No sé si los eurodiputados de JxC serán profetas. Tampoco sé a qué llama el periódico "diputados de Junts per Catalunya" pues, si no yerro, de JxC solo hay uno; los otros dos son de ERC. La foto induce a engaño, es casi un trampantojo, pues los retratados son los pertenecientes al eurogrupo en el que están integrados los indepes catalanes. En todo caso, la profecía se verá en cosa de días. Cuatro, respecto a la toma de posesión de actas de los presos y exiliados políticos. Si no hay inconveniente a que los hagan por delegación de voto los presos, tampoco lo habrá a que lo hagan los exiliados. Algo más de dos semanas para la presidencia. Y esto es un juego de nervios. 

M. Rajoy advierte hoscamente que bloqueará el intento de la investidura telemática por considerarla absurda, apoyado por su heraldo El País que, más culto, la llama "esperpéntica". Para amenazar con más consistencia, como Dios manda, advierte el gobierno que, si se da la investidura telemática, seguirá aplicándose el 155. 

 

Con todos mis respetos, es lo más estúpido que he leído en días. En primer lugar, la prolongación del 155 se daba por descontada unas horas después del resultado electoral del 21 de diciembre, innecesario buscar excusas. En segundo término, carece de sentido amenazar con nada si se da una investidura telemática que antes se ha bloqueado. ¿O no se ha bloqueado? 

 

Fuera de menospreciar la fórmula telemática, los contrarios no aducen razón alguna seria para desecharla y mucho menos para justificar una situación de excepcionalidad y arbitrariedad que, lejos de resolver el problema, está agravándolo a ojos vista y es la que obliga a unas situaciones cada vez más problemáticas.

Lo lógico es que la profecía se cumpla por entero. Hasta ahora, el movimiento indepe ha cubierto sus objetivos y cumplido sus promesas, asumiendo costes colectivos y personales muy altos. Es de lamentar que las autoridades y sus poco sensibles terminales mediáticas no entiendan que en Cataluña se ha pasado un punto de no retorno y se enfrentan a un proceso constituyente con muy fuerte apoyo social transversal, movilizado y cohesionado. Podrán obtener alguna victoria pírrica, algún adelanto transitorio pero, a medio plazo, por este camino de represión, intervención y ocupación de hecho, tienen la guerra perdida.

 

 

Entre bromas y veras

 

 

Las chirigotas de Cádiz son irreverentes e irrespetuosas. Deben serlo. Casi todos los festejos populares lo son, según explican los antropólogos culturales. Me atrevería a decir que todos los festejos, populares o no. Pero ese es otro asunto.

El humor no tiene límites ni fronteras. Se los pone el siglo, según el momento en que se viva. Los jueces, por ejemplo, dictan límites muy estrictos a la irreverencia de izquierda (titiriteros, tuiteros con chistes sobre Carrero Blanco, etc.) y muy holgados a la de derecha, especialmente si es anticatalana. 

La chirrigota ha movido a indignación en Cataluña, en donde se habla de delito de odio, por sí misma. Se entiende que el ridiculizado Puigdemont simboliza Cataluña entera. Pero este escándalo está mal enfocado. No puede venir del cargo en la picota porque en los carnavales los cargos no cuentan. Tampoco de que sea un tema político ya que la política, sobre todo la política del poder, es tema preferido de las chirigotas. Lo censurable en la representación es que hace la burla no del poder, sino de su víctima, que toma partido por el poderoso, que pone la chirigota al servicio del mensaje del gobierno. 

 

El teatro del poder hecho teatro. Y, peor aun, añade dos mensajes implícitos muy desagradables: es el público el que exige decapitar a Puigdemont (aspecto "democrático") y se da por buena la pena de muerte, cuestión que siempre acaba saliendo en los casos de terrorismo y, si no hay terrorismo, de cualquier cosa que pueda calificarse como "alta traición", sobre todo si viene acompañado de un ladino empleo de la violencia, consistente en ser agredido, no en agredir.

¿Tiene que haber "intocables" para el humor? Pienso que no, aunque eso será cosa de lo que decidan las partes afectadas. Siempre hay profundos y legítimos sentimientos que pueden considerarse injuriados por expresiones de terceros. También es algo que decide el siglo que puede considerar delito hacer chistes sobre el Holocausto, pero no sobre el régimen nazi. Quiza justificado por la disimilitud señalada entre el poder y su víctima.

 Pero, en todo caso, hay que atender a los matices para no acabar metiendo las dos patas: la una, al tomarse a chacota la desgracia ajena y la otra al conseguir lo contrario de lo que se busca pues, lejos de humillar a Puigdemont, esta chirigota lo ensalza sobre sus espectadores, jueces y verdugos entre bromas y veras. Y de la causa de Cataluña, que lo ocupa todo, desde el consejo de ministros hasta los carnavales de Cádiz, ya no hablemos.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

 

Peor que los presos de ETA / José Antich *

A veces, vale la pena perderse en las hemerotecas. Uno acaba encontrando informaciones que son muy ilustrativas de lo que acaba siendo a la postre la pérdida de libertades fundamentales -en el caso que nos ocupa, la violación del derecho de voto y de representación política- y también del retroceso del Estado de derecho.

Hay que remontarse al 26 de febrero de 1987, sesión de investidura de Juan Karlos Ioldi como candidato a lehendakari en representación del grupo parlamentario de Herri Batasuna. Saltémonos los prolegómenos. ¿Quien era Ioldi? Diputado electo por Gipuzcoa, número seis de la lista electoral, 24 años de edad y preso preventivo en el penal de Herrera de la Mancha, de máxima seguridad, acusado de pertenencia a banda armada y a la organización terrorista ETA. 

Llevaba ocho meses en celda de aislamiento y pasaba recluído 23 de las 24 horas del día. ¿Qué sucedió? Pues que con el objetivo de despertar la máxima atención en el tema de los presos vascos, Batasuna, que no participaba de las instituciones, presentó inopinadamente un candidato a lehendakari y de entre sus diputados un recluso que no había sido juzgado, que carecía de delitos de sangre y que acabaría pasando en prisión catorce años más.

Aquel febrero de 1987, Ioldi participaba de la sesión de investidura -era incluso candidato- y había sido trasladado desde el penal de Herrera de la Mancha al más próximo a la sede de la Cámara vasca, en Vitoria, la prisión de Nanclares de la Oca, la víspera en medio de unas medidas policiales sin precedentes y que incluso obligaron al presidente del Parlamento vasco de la época, el socialista Jesús Egiguren, a asumir ciertas responsabilidades. Pero Ioldi pudo acudir al hemiciclo como diputado, las autoridades judiciales lo permitieron, hubo manifestaciones de las Gestoras Proamnistia en la puerta del Parlamento, y no se restringieron derechos.

Casi 31 años después de aquella situación, ahora el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena deniega la petición de Oriol Junqueras de estar presente en la sesión constitutiva del Parlament del próximo día 17 para poder votar y le obliga a una delegación de voto. Una situación que extiende a los otros dos diputados en prisión, Jordi Sànchez y Joaquim Forn. Si insólita es la situación de prisión provisional en la que los tres se encuentran, sin olvidar a Jordi Cuixart, aún más extraña resulta la interlocutoria emitida por el Supremo y que en su conjunto acaba alimentando la idea de inseguridad jurídica de los acusados. 

Seamos claros: ¿cómo puede explicarse y justificarse que derechos de los que dispuso un preso de ETA en base a que estaban reconocidos en la Constitución no sean de igual aplicación para Junqueras, Sànchez y Forn?

La prisión provisional no solo no puede dar la imagen de ser una condena sino que no puede acabar siéndolo, al desproteger en la práctica de sus derechos a los diputados en prisión. Debe ser verdad que el papel lo aguanta todo y el ciudadano casi todo. Pero la justicia no. Y uno no puede menos que sonrojarse viendo cómo son tratados Junqueras, Sànchez y Forn y observando cómo el Supremo, por ejemplo, se atribuye competencias que no le son propias, sino del Parlament, en aras a un supuesto conflicto de intereses constitucionales. En concreto, para privarles del derecho a asistir al Parlament y forzar una interpretación determinada de la delegación del voto.

Pero no nos perdamos: ¿Qué ha pasado para que el Estado acabe privando a hombres de paz de derechos que hace 30 años reconocía a presos de ETA? ¿Alguien podrá sostener que las libertades no han ido hacia atrás?

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-presos-eta-junqueras_228810_102.html 

'Huermur' critica la "miopía" del Ayuntamiento de Murcia en la conservación del patrimonio local del siglo XVIII

MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) critica la falta de visión y la miopía del Ayuntamiento de Murcia a la hora de conservar el patrimonio histórico de Murcia. De esta forma Huermur pone de manifiesto la actitud que está mostrando el Consistorio entorno a los hallazgos arqueológicos aparecidos en la calle Madre de Dios, en pleno centro histórico de la ciudad de Murcia.

Desde Huermur solicitan al Ayuntamiento y al alcalde de Murcia que no permitan la destrucción y desaparición de esta muestra del entramado urbano del siglo XVIII que ha sido descubierta, así como señalan a los dirigentes municipales que la conservación del patrimonio histórico no es desmontar y meter en bolsas de plástico los restos arqueológicos, y olvidarlos en un almacén durante décadas, ya que esta ha sido la práctica durante años en Murcia, y ahora de gran parte de la historia de la ciudad solo nos quedan las fotos y un triste recuerdo.

La asociación conservacionista reprocha que el Ayuntamiento haya movido la ubicación anterior de los contenedores en la misma calle, porque dicen que existían cables y tuberías, y ahora parece que sean capaces de arrasar los restos arqueológicos del siglo XVIII por no mover otra vez la ubicación de los contenedores, algo totalmente absurdo, señalan desde Huermur, y que supondría una total falta de sensibilidad hacia la historia y el patrimonio de Murcia.

De igual forma, señala el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, que “aunque los hallazgos encontrados sean del siglo XVIII, ¿no merecemos los murcianos poder conservar esta muestra del entramado urbano de hace 300 años? ¿Acaso no es relevante y no importa el siglo XVIII de Murcia? 

Que un ayuntamiento estuviera empeñado en poner unos contenedores a costa de la destrucción de una parte del  patrimonio de su ciudad, en otras urbes sería impensable.”, e igualmente añade: “Los gobernantes murcianos deben reflexionar sobre la rica historia del pueblo murciano y el poco patrimonio, testigo de ella, que nos queda en buenas condiciones y del que sentirnos orgullosos y poder mostrar a los que nos visitan”.

Por último, Huermur espera que el Ayuntamiento y el alcalde Ballesta (PP) entren en razón y no instalen sobre los restos arqueológicos los contenedores de basura, "ya que sería otro golpe más a la historia, al patrimonio y la cultura de Murcia".

Fecoam y Coag demandan una normativa para el Mar Menor que no culpabilice únicamente a la agricultura

MURCIA.- La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), consideran "lamentable" que los grupos políticos con representación en la Asamblea regional centren sus actuaciones y enmiendas en relación a la recuperación del Mar Menor "culpabilizando al sector agrario".

Ambas organizaciones han realizado en las últimas semanas un intenso trabajo con los grupos políticos regionales con representación en la Asamblea con reuniones conjuntas e individuales, las últimas el pasado lunes y esta misma mañana, para intentar que modifiquen algunas de las enmiendas propuestas para el 'Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor', cuya votación para el próximo lunes.

Así, los grupos parlamentarios PSRM, Podemos y Ciudadanos han presentado modificaciones al texto del Gobierno regional que endurecen aún más las medidas contra la actividad agrícola, como el caso de la enmienda relacionada con la unificación de las medidas a aplicar en las tres zonas definidas, y no solamente en la zona 1, la más cercana a la laguna.

En esta línea, el texto propuesto pretende implantar los mismos requisitos en cuanto a sistemas de riego y de estructuras de vegetales de protección a todos los municipios del Campo de Cartagena, sin tener en cuenta la singularidad de cada uno de ellos, junto a la obligación de destinar el 5% de cada parcela a sistemas de retención de escorrentías, lo que supone "una inversión astronómica por parte de los agricultores".

Para las organizaciones agrarias, estas medidas suponen un perjucio para la agricultura, un sector al que se ha señalado "como único culpable del deterioro del Mar Menor", hecho que denuncian Fecoam y Coag, "ya que este es un problema en el que inciden muchos otros factores además del trabajo agrícola en el Campo de Cartagena, tales como las consecuencias ambientales que supone la navegación marítima, el incremento de la industria en el entorno, el crecimiento demográfico y las actividades relacionadas con el turismo y ocio o la actividad inmobiliaria".

Por ello, "abogamos por una ley integral elaborada con más rigor y unas miras más amplias, que proteja al Mar Menor implicando a todos los sectores productivos presentes en la zona", y reclaman que no se aprueben las enmiendas de forma apresurada, sino que se realice un debate más extenso contando con todos los afectados por la normativa.

Asimismo, los representantes del campo remarcan que "no se ha demostrado con certeza que las medidas y enmiendas del Real Decreto supongan un beneficio para el Mar Menor", siendo, sin embargo, un perjuicio para un sector tan importante en la economía de la zona y de la la Región de Murcia, ya que de entrar en vigor estas disposiciones se produciría "un descenso en la productividad y, por consiguiente, un impacto en los puestos de trabajo".

Desde Fecoam y Coag también subrayan el hecho de que el sector agrícola es uno de los principales interesados en que se mejore el entorno del Mar Menor, e insisten en que los profesionales del Campo de Cartagena utilizan unas buenas prácticas agrícolas, que permiten una agricultura sostenible.

Todo preparado en Totana para la romería de subida de Santa Eulalia de Mérida a La Santa mañana sábado

TOTANA.- La Diócesis de Cartagena recuerda que la romería de subida de Santa Eulalia de Mérida en Totana será este año mañana sábado 13 de enero, al contrario que otros años anteriores.

"Después de pasar su fiesta y la Navidad en el pueblo, la imagen de la patrona de Totana, Santa Eulalia de Mérida, regresaba tradicionalmente el día después de Reyes a su santuario; si coincidía que el 7 de enero caía en domingo, la romería se hacía en lunes. 

Pero este año, el Patronato de la Fundación La Santa y el Ayuntamiento de Totana, para favorecer una mayor participación, han decidido trasladar la romería al sábado 13 de enero", según recuerdan desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Cartagena.

"A las 8:00 horas de mañana sábado tendrá lugar la Santa Misa en la parroquia de Santiago el Mayor, tras la cual se iniciará la romería con la imagen de Santa Eulalia hasta su santuario en el monte. 

A las 12:00 horas está previsto que llegue la patrona a su santuario, donde se celebrará la Eucaristía", recuerda el Obispado.

El fin de semana se presenta con nubosidad y ápices de inestabilidad a partir del atardecer de mañana sábado 13 de diciembre, según las predicciones de MeteoTotana.

No se esperan precipitaciones durante la romería aunque quizás a últimas horas caigan "cuatro gotas".

Las temperaturas serán bastante agradables teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos. La mínima estimada en el centro urbano de Totana será de unos 5°C y la máxima diurna aproximadamente 14°C ó 15°C.

Así, miles de totaneros y visitantes disfrutarán de la romería y del resto del día en las inmediaciones del paraje de La Santa de los típicos productos de Totana y platos gastronómicos cocinados para la ocasión, como las migas, embutidos y arroces.

C's-CT pedirá explicaciones en el Congreso a Fomento por no haber ejecutado la inversión prevista en la estación

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ya ha trasladado a sus diputados nacionales en el Congreso y a los regionales en el Asamblea, toda la información relativa al estado de abandono de la estación de tren de Cartagena para tratar de desatascar la inversión prometida por la entidad pública estatal encargada de las infraestructuras, Adif, hace casi un año para su remodelación.

El 11 de mayo de 2017, Adif publicó que se había licitado por importe de 120.729 euros las obras para la mejora de la estación, con un plazo de ejecución de tres meses y que consistirían en diversas actuaciones, tanto en el propio edificio de la estación como en el aparcamiento y en su entorno.

Tal y como hoy ha publicado el diario La Verdad, "arrecian las quejas y las críticas de los viajeros y los turistas por el abandono de una estación modernista de alto valor patrimonial y que constituye uno de los focos de proyección turística más importantes del municipio por su cercanía al centro de Cartagena", ha explicado Manuel Padín, que lamenta que el Ministerio de Fomento, "contribuya a que los cartageneros sigan sintiéndose maltratados por las inversiones estatales, y eso es lo que ocurre cuando anuncias a bombo y platillo una inversión (por pequeña que sea) y dejas que pase casi un año sin ejecutar un solo euro y sin dar explicaciones".

"Hemos contactado ya con nuestro compañeros en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea Regional para que pidan explicaciones al Ministerio de Fomento con dos claros objetivos: primero asegurar a la ciudadanía que ese dinero sigue reservado y listo para ser invertido en Cartagena, y segundo arrancar un compromiso para los plazos de ejecución de las obras", ha informado el portavoz naranja, que considera "lamentable que el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, no tenga una respuesta que ofrecer a los profesionales del periodismo que se interesan por la cuestión".

El portavoz municipal de Ciudadanos ha insistido hoy en que es "absolutamente necesario que la alcaldesa de Cartagena presione a Fomento para que convoque a la mayor brevedad posible el Consejo de Administración de la sociedad Cartagena Alta Velocidad, e inmediatamente después, logre convocar una Junta de Portavoces extraordinaria con miembros de Adif para dar cuenta al resto de formaciones de la Corporación municipal del desarrollo de los trámites para la llegada de la Alta Velocidad al municipio; si cuando existía la coalición de Gobierno era necesario tener en cuenta a los grupos de la oposición, ahora que el Ejecutivo se encuentra en 'minoría absoluta' es una obligación". 

En opinión de Manuel Padín, "Adif tiene que concretar de una vez los plazos para la llegada del AVE y explicar cómo se realizará la integración de la conexión de la alta velocidad a Cartagena, "aclarar sobre todo lo que dicen los estudios informativos y de impacto ambiental donde se informa de la posible colocación de barreras de 3,4 kilómetros y 3,5 metros de altura que han puesto muy nerviosos a los vecinos del Sector Estación y Barrio Peral entre otros".

"No queremos para Cartagena la polémica y las protestas vecinales desatadas por este mismo motivo en Murcia", señala Manuel Padín, que asegura que "al contrario de lo que ha pasado en la capital, aquí estamos a tiempo de escuchar a los vecinos y hacer las cosas bien desde el principio".

MC velará para que los Presupuestos municipales contemplen todos los proyectos de interés para Cartagena

CARTAGENA.-MC ya afirmó el pasado miércoles, a través de su presidente, Jesús Giménez, que la formación cartagenerista continuará con la labor realizada desde el Gobierno, impulsando los proyectos que han sido gestionados por este partido. Todos ellos han sido encauzados y MC no permitirá que no salgan adelante.

En esta línea, y ante la incapacidad manifiesta de Ana Belén Castejón de aprobar unos presupuestos que no paralicen el progreso del municipio impulsado desde MC, la viceportavoz del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García, ha recordado el gran número de proyectos desarrollados desde la formación cartagenerista sobre los que se velará en su cumplimiento.

García ha lamentado que "la inacción de la alcaldesa haya provocado la pérdida de tres meses de trabajo, más preocupada de completar su álbum de fotos que de reunirse conmigo en mi responsabilidad como concejal de Hacienda".

En primer lugar, la viceportavoz de MC ha recordado las actuaciones pertenecientes al Plan de Inversiones Sostenibles del Ayuntamiento de Cartagena impulsadas desde su pasada responsabilidad de Gobierno: "estas obras, que cuentan con la financiación del remanente de tesorería de 2016 y deberán convertirse en una realidad, son el acondicionamiento de la rotonda en el cruce de Capitanes Ripoll con el Paseo Alfonso XIII; el acondicionamiento de muros en la calle Recoletos y calle Sagrada Familia de San Antón; la remodelación de la calle Alfonso XIII en Los Dolores; las actuaciones de alumbrado público en el Ensanche, barrios y diputaciones; el acondicionamiento de la plaza Juan Paredes en La Azohía, así como la repavimentación del firme y aparcamientos en la Alameda de San Antón".

De igual modo, se deberán contemplar en las cuentas municipales de 2018 los proyectos aprobados por la ciudadanía en los presupuestos participativos de 2017 como la instalación de césped artificial en los campos de fútbol.

Asimismo, ya han sido licitados, con financiación plurianual, proyectos de indiscutible importancia para Cartagena como el Anfiteatro romano, el acondicionamiento de la calle Beatas, la instalación de aseos públicos, la actuación del Monte de las Casillas y los vestuarios del campo de fútbol de la Urbanización Mediterráneo, que deberán ser incluidos en los presupuestos de 2018.

También deberán registrarse los proyectos elegidos por los vecinos en los presupuestos participativos de este año, y que ya han sido proyectados, como las actuaciones en el parking de Santa Lucía, la Vía Verde, el acondicionamiento de la Plaza Alicante y la instalación de la cubierta de la piscina de La Aljorra.

Por último, García ha deseado que el nuevo tridente del PSOE, PP y Ciudadanos, encargado del acoso a José López y MC, y aspirante a tripartito del Gobierno local, no frene el desarrollo de iniciativas de interés fundamental para el municipio, reiterando que la formación cartagenerista seguirá garantizando la responsabilidad en la gestión pública.

IU-Lorca denuncia caos y falta de medios para atender a los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos

LORCA.- Izquierda Unida-Verdes Lorca ha exigido al equipo de Gobierno local del PP que ponga a disposición de los afectados por la devolución de las ayudas de la CARM por los terremotos "todos los recursos técnicos que sean necesarios" para asesorar a estos vecinos.

La concejala Gloria Martín calificó de "falsas" las declaraciones del alcalde, Fulgencio Gil, en las que éste asegura que el Ayuntamiento ha puesto todos los medios técnicos y jurídicos precisos para atender a los afectados. 

"Sólo hace falta darse una vuelta por la Oficina del Terremoto para ver que están absolutamente desbordados y que allí reina el caos", aseguró Martín. La edil de IU-Verdes explicó que los afectados se ven obligados a guardar cola a la intemperie desde las siete de la mañana para obtener número y que muchos "tienen que volverse a casa, día tras día, sin ser atendidos por falta de personal en dicha oficina". 

Hay afectados que llevan desde el viernes pasado intentando que les presten asesoramiento. "Madrugan, cogen número y, tras esperar, les dicen que no se les puede atender porque quien debe recibirles está en una reunión o atendiendo otros asuntos", dijo.

Martín también aludió al reconocimiento público que ha hecho el alcalde respecto a que existen "ayudas prescritas", algo que IU-Verdes lleva denunciando desde junio pasado. "Si lo sabe, qué hace que no está reclamando a la CARM que dichos expedientes sean archivados en cumplimiento de la Ley", se preguntó.

La concejala de IU-Verdes explicó que su formación política ha ayudado ya a 226 familias a redactar alegaciones ante los requerimientos de la CARM para que devuelvan las ayudas concedidas hace casi siete años para hacer frente a la rehabilitación de sus viviendas, dañadas por los terremotos de mayo de 2011. 

"A pesar de las insidias del PP, en IU contamos con el asesoramiento de nuestro gabinete jurídico, formado por expertos profesionales del Derecho, y también con la supervisión externa de un letrado especializado en lo contencioso-administrativo, "como bien saben los afectados que nos han acompañado en esas consultas", aseguró Martín.

La edil aseguró que se sienten "emocionalmente sobrepasados" por la diferente casuística de los afectados. 

"Procuramos atenderles con la mayor sensibilidad porque nos encontramos desde familias que deben tramitar procesos relativos a sus padres, fallecidos, hasta vecinos en paro y sin recursos para afrontar unas devoluciones injustas y extemporáneas", explicó. 

"Hay afectados de avanzada edad que han tenido que ser atendidos por crisis de ansiedad cuando han recibido las cartas, otros se derrumban en nuestra oficina ante la impotencia de no saber cómo afrontar estos requerimientos", abundó Martín.

Por ello, desde Izquierda Unida exigen que se aplique, de manera inmediata, la solución política acordada en el Pleno de septiembre en el que se aprobó, por unanimidad, una moción de dicha formación en este sentido. 

"El decreto que regula las ayudas dice que éstas se pueden justificar con informes técnicos donde se corrobore que las obras de reparación han sido realizadas", explicó el portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes, Pedro Sosa. Además, "nos consta que los funcionarios de la CARM están deseando que los políticos les den instrucciones para que puedan empezar a aplicar esta medida", aseguró para, a continuación, preguntarse "¿A qué esperan el alcalde y el presidente autonómico, ambos lorquinos, para solucionar este desastre?". 

Al respecto, Sosa recordó que, tras los terremotos, dirigentes regionales y locales del PP, como Válcarcel o el ex alcalde Francisco Jódar, "prometieron el oro y el moro a los damnificados" y que después "han dado la espantada" dejando a sucesores "nombrados a dedo" que no han sido capaces de enmendar la caótica gestión relativa a las ayudas. Sosa también recordó que mientras la CARM exige la devolución de las ayudas "aún debe más de un millón de euros a los lorquinos en conceptos de alquileres".

En ese sentido, Sosa y Martín consideración "indecente" este retraso mientras la CARM exige a los afectados la devolución de las subvenciones con intereses de demora del 3,75% más el recargo del 25% que establece la ley.

"Han convertido una ayuda pública en un préstamo con más dificultades para devolver que si los afectados hubieran solicitado un crédito a su banco", concluyeron Sosa y Martín.

El PSOE-Lorca denuncia que la CARM sigue debiendo más de 675.000 euros a la mesa solidaria en ayudas-alquiler

LORCA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro ha hecho balance de la última reunión de la mesa solidaria en la que se puso de manifiesto que la Comunidad Autónoma sigue debiendo más de 675.000 euros a la mesa solidaria.

Asegura que el balance de la mesa solidaria es "totalmente desolador". Navarro informa que la Mesa Solidaria tiene actualmente en sus cuentas 92.622,47 €, mientras laComunidad Autónoma tiene pendiente de abonoen concepto de ayudas al alquiler reintegrables la cantidad de675.297,47€.

Para que la mesa solidaria cuente con ese saldo actual, el Ayuntamiento de Lorca ha tenido que inyectar en el último trimestre 100.000 euros. De hecho, son ya 600.000 euros los que el Ayuntamiento ha tenido que inyectar de las arcas municipales para cubrir la deuda que mantiene el Gobierno Regional, que en tres meses sólo ha sido capaz de enviar 40.130,45 €.

Es decir, a fecha de hoy,la Comunidad Autónoma debe a la Mesa Solidaria la cantidad de 675.297,47 €; en los últimos tres meses sólo ha abonado la "limosna" de 40.130,45 euros, mientras el Ayuntamiento en este mismo ha tenido que inyectar 100.000 euros para poder atender a los afectados que todavía no han vuelto a sus viviendas.

A juzgar por estos movimientos, desde el PSOE asegura que "esta gestión no se puede hacer peor". Ante esta situación, que se repite sin que nadie haga nada, desde el PSOE exigen más contundencia en las reivindicaciones a la Comunidad Autónoma "si es que se hacen".

Durante el transcurso de la reunión, Navarro pidió que constara en acta la exigencia del PSOE de que se realicen gestiones exigiendo de forma contundente a la CARM de que efectúe los pagos al alquiler de forma inmediata y que se justifiquen documentalmente esas gestiones. 

También pidieron que se pronuncie la CARM de forma clara en el sentido de si se van a conceder prórrogas a las ayudas al alquiler, ya que aún quedan familias que todavía no han vuelto a sus viviendas.

Navarro lamenta la falta de contundencia de Gil Jódar que "o no se atreve o no le interesa enfrentarse a sus jefes de Murcia para exigir que se regularice esta situación". 

Por ello, y para suplir "lo que el Alcalde de Lorca no hace", los socialistas han vuelto a presentar una iniciativa en la Asamblea para exigir el pago de las indemnizaciones que el Gobierno regional aún debe a los afectados, para las que piden que se pague con intereses de demora.

El PSOE apuesta por la modernización del Cercanías con la electrificación de la línea de la conexión de Lorca

LORCA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, David Romera ha vuelto a denunciar la "situación tercermundista" en la que se encuentra el servicio de trenes de Cercanías que cubre la línea Murcia-Lorca-Águilas, gestionada por Renfe y Adif. El concejal asegura que las quejas de los usuarios son "continuas" pues sus "lamentables condiciones afectan cada día a cientos de viajeros".

Lorca cuenta con "una de las peores infraestructuras ferroviarias de España al no existir ni un kilómetro de vía doble ni electrificada, y utilizar unos trenes que tienen una antigüedad de "más de 35 años, que son contaminantes, ruidosos, incómodos y hasta tienen goteras".

Se trata, indica Romera, de una infraestructura obsoleta, que no puede ser competitiva frente a otros sistemas de transporte como la carretera, lo que ha acarreado que en los últimos cinco años, los Cercanías del núcleo Alicante-Murcia hayan perdido más de un millón de viajeros (se ha pasado de 4.675.000 viajeros en 2012 a 3.624.100 en 2016).

Esas ventajas, indica el concejal socialista, "no pueden ser disfrutadas por los ciudadanos de Lorca y de la Región de Murcia" porque "en materia ferroviaria, estamos condenados a ser ciudadanos de segunda, que tenemos que estar soportando cada día las lamentables condiciones en las que se encuentra el servicio de Cercanías" después de años en las que los gobiernos del PP, tanto en Murcia como en Madrid, "nos han sometido al más absoluto de los abandonos al dirigir las inversiones en modernización ferroviaria a otras regiones del país".

Para acabar con esta situación, desde el PSOE "vuelven a demandar, como ya hicimos en una moción promovida por los socialistas y aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal de febrero de 2017, a que el equipo de Gobierno del PP inste al Gobierno de la Región de Murcia y al Gobierno de España a que se elabore de forma inmediata un calendario de actuaciones para proceder a la modernización integral de la línea de Cercanías que discurre por nuestro municipio y no esperar a la todavía lejana llegada de la Alta Velocidad prevista".

Romera asegura que "Lorca y la Región de Murcia no pueden esperar más tiempo y que esta modernización ferroviaria tiene que ser inmediata, la cual debe pasar por la electrificación de la línea Murcia-Lorca-Águilas, la sustitución de los trenes actuales por otros de última generación que llegarían a reducir los tiempos de viaje hasta un 40%, la duplicidad de la vía, adaptación de los horarios y frecuencias a las necesidades reales de la población, crear nuevos servicios directos de Media Distancia entre Lorca y Cartagena y Lorca y Alicante para evitar los trasbordos, y un servicio diario de Larga Distancia entre Lorca y Madrid.

Estas actuaciones, sin duda, "vendrán a mejorar la posición de Lorca en el contexto regional y nacional, y el ferrocarril se convertirá en una infraestructura básica para nuestro desarrollo económico y social".

'Proexport' reclama a los grupos políticos no extender las medidas de protección del Mar Menor más allá de la Zona 1

MURCIA.- "A pesar de la lejanía de sus explotaciones y su prácticamente nula incidencia al Mar Menor, a los agricultores de Fuente Álamo, Corvera o Sucina se les pretende imponer las mismas y duras restricciones para cultivar que ya afectan a los de Los Alcázares, San Javier o Los Belones", señala Javier Soto, vicepresidente de Proexport. 

Según la Asociación de productores y comercializadores hortofrutícolas, así será si como pretenden los grupos de la oposición (PSRM, Ciudadanos y Podemos) el próximo lunes aprueban la extensión a todo el Campo de Cartagena de las medidas ya contempladas para la zona 1, la más cercana a la laguna, en la ponencia de reforma del decreto ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor.

"En este sentido, desde Proexport reclamamos coherencia y responsabilidad a todos los grupos de la Asamblea Regional para no extender las medidas más allá de la zona 1 y evitar lo que más parece una caza de brujas: los productores a los pies de la Sierra de Carrascoy tendrían que implantar setos en los lindes de sus parcelas, al igual que ya hacen quienes están situados a 100 m del Mar Menor. La enmienda n° 16.673 así lo dispone, y a pesar de las reiteradas quejas de los productores agrícolas, esta modificación lleva camino de aprobarse el próximo lunes.

Otro tanto sucede con el requisito de modificar los sistemas de riego por gotero, para adaptarlos a las curvas de nivel".

Especial impacto tendría la obligación de destinar el 5% de la superficie de cada parcela a sistemas de retención de nitratos (enmienda 13.669), una medida que Proexport cifra en un coste de entre 486 y 547 millones de euros para el conjunto de la extensión propuesta, pues obligaría a dejar sin producir 6.077 has. y que pagarían por entero los agricultores: el mayor impuesto medio ambiental que jamás se les haya aplicado.

Proexport  recuerda que presentó a los grupos políticos en agosto y de nuevo en diciembre un completo y riguroso dossier de alegaciones a 27 de las 43 enmiendas presentadas por la oposición, advirtiendo de graves errores técnicos y proponiendo alternativas para asegurar la sostenibilidad del entorno agrícola del Mar Menor.

"Dicen que nos han escuchado pero lo cierto es que no han demostrado suficiente sensibilidad hacia las propuestas racionales y sostenibles que vienen del sector agrario. Pedíamos responsabilidad, nada más. Si no lo remedian el lunes, acabarán endureciendo en extremo un Decreto Ley que toma al agricultor como cabeza de turco de los desmanes que todos los sectores sin excepción han tenido en el entorno del Mar Menor durante décadas", señala Javier Soto.

"La pregunta que Proexport y todo el sector agrario se hace es si alguien en los partidos políticos ha valorado la repercusión que esto tendrá en la competitividad de nuestros productos y, sobre todo, si servirá para lo que el Decreto Ley pretende: proteger el Mar Menor".

Según Abelardo Hernández, ingeniero agrónomo de Proexport , "no es necesario ser experto para deducir que no puede afectar igualmente al Mar Menor un cultivo que esté a sólo 100 metros de distancia, como otro que esté a 50 Km. Como tampoco tendrá la misma afectación una zona de cultivo situada sobre un acuífero que se encuentra a una profundidad de 20 m. que a 300 m.". 

Para Hernández "no es razonable ni se soporta científicamente que en caos tan diferentes tengan que cumplir las mismas medidas de protección, pero las que proponen los grupos de la oposición son iguales. Se causaría con ello un daño gratuito al sector agrario en Campo de Cartagena".

Más grave todavía: las enmiendas pretenden que las restricciones a la actividad agraria que presenta una zona que ha sido legalmente declarada como "vulnerable a la contaminación por nitratos", se extiendan de igual forma a otras no vulnerables, en la que ningún organismo público ha estudiado ni valorado la incidencia que tienen las prácticas agrícolas propuestas en la calidad del agua subterránea.  

Proexport denuncia que una medida como ésta en particular no se conoce en ninguna otra parte de España, denota la falta de sensibilidad o de conocimiento técnico agrario de los grupos que la defienden y por ello les solicita su rectificación urgente.

El vicepresidente de Proexport enfatiza que "el Mar Menor es de todos, incluidos los productores agrícolas en Campo de Cartagena, su estado nos preocupa como al que más y por eso adoptaremos todas las medidas obligatorias y voluntarias que sean necesarias. Lo que nos parece una irresponsabilidad absoluta es pretender imponer ciertas medidas que nadie garantiza que funcionen, que supondrán un sobrecoste muy importante a los productores y que, además, quieran hacerlo en toda la superficie del Campo de Cartagena por igual, sin siquiera ser capaces de diferenciar según el grado de afección que cada zona tiene".

Los efectos de estas enmiendas, por aprobar, se sumarán a los provocados por otras, ya aprobadas. Es el caso de la n° 13.671, que prohíbe la mayoría de los fertilizantes nitrogenados existentes, autorizando, única y exclusivamente aquellos que contengan inhibidores de la nitrificación, cuando no hay ningún estudio independiente que permita asegurar que el uso de estos abonos aporta alguna ventaja medioambiental a medio o largo plazo. Lo que sí es seguro es que limitará en extremo los fertilizantes disponibles para cultivar desde los Alcázares hasta Cuevas de Reyllo e incrementará inevitablemente los costes de producción.

Para Proexport no sólo la oposición sería responsable de lo que pase. El Gobierno regional fue quien elaboró el Decreto Ley que ahora se está reformando y ya en su día recibió alegaciones del sector que sólo atendió de forma muy parcial.

Hay que recordar que se hizo con prisas y en una situación de elevada crispación social, pero en él se incluyeron dos regímenes sancionadores que según Proexport resentan una grave inseguridad jurídica para los productores agrarios. 

Sirva de ejemplo indicar que es sancionable económicamente el "incumplimiento del código de buenas prácticas agrarias", un documento de 24 páginas de un complejo carácter técnico, elaborado originariamente como para actuar como guía voluntaria y, por tanto, repleto de expresiones como "resulta adecuado", "deseable", o "en la medida de lo posible" que abren la puerta a la interpretación y subjetividad de la Administración o de cualquier posible denunciante. 

Llamativo es también que prohíbe usar agua con más de 3dS/m de conductividad, una calidad de agua muy deseada por todo agricultor, pero extremadamente escasa en la Región de Murcia.

En conclusión, a los efectos del Decreto Ley de protección del Mar Menor, hay que sumar las modificaciones ya aprobadas por la oposición (obligación de uso de abonos con inhibidores de la nitrificación,.). 

Sobre las que quedan por aprobar el lunes Proexport hace un llamamiento a los 4 grupos de la Asamblea Regional para no cometer el grave error de extender las medidas obligatorias a todo el Campo de Cartagena. 

Aboga por trabajar proactivamente junto con el sector en la difusión de las buenas prácticas agrarias y medidas voluntarias de sostenibilidad, como viene haciendo esta Asociación con notable éxito entre agricultores y empresas de la comarca.

"Los partidos de la oposición se suman al gobierno para agredir con dureza a los agricultores murcianos" (UPA)

MURCIA.- La UPA ha instado nuevamente a los parlamentarios regionales a reconsiderar su posición sobre enmiendas al Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor que perjudican gravemente a los agricultores y no aportan protección a la laguna. 

UPA recuerda que el muy deficiente y no consensuado Decreto Ley de Medidas Urgentes aprobado en su día por el Gobierno Regional empeora con la tramitación parlamentaria, introduciendo sin distinción de zonas, limitaciones y obligaciones sin sentido al desarrollo de la actividad agraria.

UPA sigue rechazando que las actuaciones legislativas para proteger el Mar Menor se circunscriban exclusivamente al sector agrario, al que se insiste en focalizar como único responsable mientras el resto de actividades económicas campan a sus anchas.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) expresa su decepción por la falta de receptividad que aún siguen mostrando los grupos parlamentarios, con los que el pasado miércoles mantuvo una reunión en la Asamblea Regional, con los razonados argumentos que la organización expone en contra de la introducción de enmiendas al Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor, y hace una última llamada para que reconsideren su posición para las enmiendas que aún se discutirán el próximo lunes.

Para UPA, "parece que estamos en una carrera sin sentido para demostrar quién es más duro con los agricultores de la Región de Murcia". Primero fue el Gobierno Regional quien, ante la alarma social que en parte él mismo contribuyó a crear, elaboró y aprobó de manera acelerada, sin consenso y con falta de rigor técnico y científico un Decreto de Medidas Urgentes que sólo establecía limitaciones a la actividad agraria; ahora son los grupos de la oposición los que no quieren quedarse atrás y pretenden introducir limitaciones y obligaciones que en muchos casos y dependiendo de las zonas carecen absolutamente de sentido si lo que se pretende es contribuir a proteger el Mar Menor.

"Algunas de las medidas que se pretenden introducir tienen el mismo efecto sobre el Mar Menor implementándolas en Corvera que en Moratalla", ha declarado Antonio Moreno, secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Es el caso de la obligación de modificar los sistemas de riego, para adaptarlos a las curvas de nivel, con independencia de si una explotación está a 200 metros del litoral o a 30 Km.

Otras limitaciones y obligaciones que se pretende introducir a la actividad agraria (desde la costa hasta la Sierra de Alhama sin distinción de su ubicación) y que carecen de rigor son, por ejemplo, la prohibición de usar agua con más de 3dS/m de conductividad, el uso de fertilizantes o el establecimiento de las mismas medidas para zonas declaradas como vulnerables por contaminación y otras que no lo son.

Mientras todos los partidos políticos se ceban con el sector agrario, ignorando la repercusión sobre el Mar Menor de otras actividades económicas, parece que nadie se preocupa tampoco de los efectos que el nuevo Decreto-Ley "agravado" que puede salir de la Asamblea Regional tendrá sobre la actividad agraria en forma de incremento de costes y de viabilidad económica y, en consecuencia, sobre el empleo. 

Para UPA, de no modificarse las posiciones existentes el próximo lunes en la Asamblea Regional, se estará dando un nuevo empujón a la emigración productiva de amplias zonas de la agricultura regional más dinámica.

Fecoam dice ahora que apuesta por la agricultura ecológica 'como método de cultivo más sostenible y saludable'

MURCIA.- La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam), cuenta dentro de su organigrama con un sector de agricultura ecológica, que esta mañana ha reelegido como representante del mismo a José Joaquín Huertas Martínez, de la cooperativa Hortamira.

De las 74 cooperativas agroalimentarias que forman parte de Fecoam, 18 de ellas pertenecen al subsector de la agricultura ecológica, una forma de trabajo agrario y ganadero "respetuoso con la naturaleza, sin utilizar productos químicos tóxicos, sin semillas modificadas genéticamente, sin forzar los ciclos de fertilidad ni de alimentación de los animales", como explican desde el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica en la Región.

Las cooperativas agroalimentarias de Fecoam apuestan de manera decidida, dien ahora, por una agricultura moderna y respetuosa con el medio ambiente, desarrollando de forma continua métodos de cultivo cada vez más sostenibles y con productos más saludables.

Durante este año 2018, la federación seguirá fomentando la participación de cooperativas en ferias de interés para el sector y potenciando "transformaciones de cultivos tradicionales a ecológicos".

Además, tiene como objetivo trabajar en una regulación que garantice la seguridad en el uso de los insumos en agricultura ecológica.

En España, la Región de Murcia es la que más proporción de superficie destinada a agricultura ecológica tiene sobre la superficie agraria útil. 

Así, en el año 2016, el 12,84 % de la superficie agraria útil fue certificada como ecológica, situándose como líder dentro del panorama nacional, descontando de la superficie certificada como ecológica los pastos, los pastos pobres y las dehesas.

El PSOE-Murcia reclamará modificar la ordenanza de instalaciones deportivas para que sean gratuitas

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno del Ayuntamiento de Murcia que se celebrará el jueves 25 de enero una moción pidiendo al Consistorio que se modifique la ordenanza que rige el uso de instalaciones deportivas en el municipio para que los equipos de fútbol del municipio que no compiten en categoría nacional puedan utilizar los campos de manera gratuita, ya que lo contrario seguramente les obligará a abandonar la competición.

Esta propuesta del PSOE se pone encima de la mesa después de que el Consistorio haya comunicado a 13 clubes del municipio que militan en las categorías de Preferente Autonómica, Primera Autonómica y Segunda Autonómica que deben pagar cantidades que rondan los 5.000 euros al año por desarrollar su actividad en equipamientos de titularidad local. Eso suma 66.000 euros, "una cantidad perfectamente asumible por el Ayuntamiento de Murcia", según Larrosa.

"El concejal Felipe Coello, en sus dos años y medio de gestión al frente de la Concejalía de Deportes y Salud, no ha aplicado la tasa a los equipos de fútbol de Murcia y ahora, una vez que ya se ha iniciado la temporada, se les va a cobrar sin previo aviso un dinero que obligará a muchos de esos equipos a abandonar la competición o a realizar sus entrenamientos en otros municipios en los que se les cobre un coste inferior por el uso de las instalaciones", ha explicado el representante del PSOE tras hablar con algunos de los clubes afectados.

La aplicación de la citada ordenanza ha causado mucho revuelo entre esos clubes, que preparan medidas de protesta, como la prevista para el domingo por parte del Club Deportivo Alberca. Los once jugadores de este equipo se sentarán junto a su portería durante el primer minuto del partido que disputará ante el Jumilla en el campo polideportivo municipal de la pedanía.

El PSOE, que respalda esta protesta, llevará al próximo Pleno su demanda pidiendo que el uso de estas instalaciones sea gratuito para todos los equipos del término municipal independientemente de su categoría.

"Todos sabemos que al concejal no le gusta el fútbol, pero no pensábamos que quisiera profesionalizarlo tanto", ha indicado Larrosa, quien pide una solución para evitar un desenlace lamentable.

"Los equipos de pedanías se las ven y se las desean para sobrevivir, pues les cuesta mucho trabajo cubrir los gastos que se generan de los pagos a la Federación para que los chiquillos y los jóvenes puedan practicar deporte y ahora se encuentran con esta medida del Ayuntamiento cuando apenas tienen medios para generar recursos. Estos clubes, que realizan una gran labor educativa y formativa con espíritu deportivo, se van a ver obligados a bajar las persianas y eso ¿en qué posición deja al Ayuntamiento?", se pregunta el edil socialista, quien lanza al aire una cuestión más que quedaría pendiente de solución: "¿Qué pensamos hacer con las instalaciones si estos equipos las abandonan?, ¿piensa el Ayuntamiento cederlas a los equipos profesionales a los que, según las ordenanzas, se les concede el uso libremente?".

El concejal del PSOE deja claro que el Grupo Municipal Socialista no tiene "nada en contra" de que se apoye a todos los estamentos deportivos, "pero no vemos justo que se ayude tanto a unos por competir en categoría nacional y tan poco a otros por el hecho de representar a su localidad y a su municipio en el ámbito autonómico".

En ese sentido reclama el apoyo para los equipos más necesitados e incide en que la falta de ese respaldo también afecta al fútbol más profesionalizado y como muestra un botón. El Real Murcia y el UCAM, los dos conjuntos futbolísticos del municipio que militan en el grupo IV de Segunda División B, tan sólo tienen a dos jugadores de la tierra en sus filas cada uno, algo comprensible atendiendo al caso que se hace a este deporte en sus categorías inferiores.

C's y la asociación 'd-corazón' acuerdan la introducción de desfibriladores en los colegios de la Región

MURCIA.- Ciudadanos y la asociación de familiares y afectados por cardiopatías y muertes súbitas (d-corazón) han acordado la introducción de desfibriladores en los colegios de la Región de Murcia como parte del proyecto de enfermería escolar. La formación naranja ha destinado tres millones de euros de los presupuestos de este año para la implantación de la primera fase de este proyecto.

Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, y José Marín, presidente de la asociación d-corazón, han mostrado su satisfacción porque “se trata de un gran avance para proteger la salud de los niños". 

Marín ha recordado que "hasta ahora la asociación d-corazón había tenido muchos inconvenientes para introducir los desfibriladores en los colegios, debido a que los equipos directivos tenían reticencias a la hora de aceptarlos porque su uso conlleva una gran responsabilidad”.

Juan José Molina, ha resaltado que "este problema se ha solventado con la introducción del proyecto de enfermería escolar ya que será el enfermero quien maneje el desfibrilador en caso de necesidad, y quien enseñe a hacerlo a profesores y a alumnos, a través de cursillos de primeros auxilios”.

El diputado de la formación naranja ha anunciado que será la asociación d-corazón la que aporte los desfibriladores a los primeros centros que se incorporen al proyecto de enfermería escolar “para incentivar al Gobierno regional a que se sume a este proyecto y colabore en el mismo, con el fin de que todos los colegios de la Región dispongan de su desfibrilador. 

La salud de nuestros menores es una prioridad y queremos que todas las medidas encaminadas a protegerla tengan el máximo consenso posible”.

“Este acuerdo refuerza la importancia de la figura del enfermero escolar en los centros educativos. En unos años el enfermero formará parte del paisaje escolar, al igual que el orientador o el psicólogo”, ha finalizado Molina.

Un total de 126 aspirantes se inscriben en la segunda prueba para controlador de accesos a locales públicos

MURCIA.- La secretaria autonómica de Presidencia, Isabel Bueso, informó hoy a representantes de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena y su Comarca (Hostecar) y de la Asociación Profesional de Porteros de Discoteca de que se han inscrito para la segunda prueba para la obtención del carné de controlador de acceso a espectáculos y establecimientos públicos 126 aspirantes.

La prueba de aptitud consiste en contestar, en una hora, un cuestionario de 30 preguntas relativas al principio de igualdad, prohibición de discriminación en el acceso de las personas a locales y espectáculos públicos; omisión del deber de socorro; derecho de admisión; ejercicio del control de acceso; horarios de cierre; normativa sobre reclamaciones; nociones sobre primeros auxilios, técnicas de autocontrol y atención al usuario de espectáculos públicos. El examen tendrá lugar el próximo 3 de febrero en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Cartagena.

Isabel Bueso recordó a los representantes de las asociaciones de hosteleros y de porteros de discoteca la importancia de estas pruebas, ya que a partir del 30 de junio entrará en vigor la obligación de contar con controlador de acceso acreditado en los locales y espectáculos con un aforo de 300 o más personas.

Cabe reseñar que en la primera convocatoria, cuyo examen tuvo lugar en junio de 2017, aprobaron un total de 58 aspirantes, por lo que se consideró conveniente, de acuerdo con las demandas del sector, llevar a cabo esta nueva convocatoria.