CARTAGENA.- En la mañana de hoy, los concejales pertenecientes al grupo municipal
MC Cartagena en el Ayuntamiento, Ricardo Segado, Francisco Calderón y María José Soler,
miembros de la Junta de Gobierno Local, han manifestado su voto en
contra de la propuesta presentada bajo el epígrafe "Tarifas para el
próximo ejercicio económico de la concesión administrativa de los
servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento del municipio
de Cartagena".
Las razones expuestas son las siguientes:
Se ha introducido el punto en el orden del día de la convocatoria sin
existir la propuesta de Alcaldía, por cuanto así se ha comprobado por
María José Soler cuando acudió a solicitarla a la Oficina de Gobierno
Municipal tras recibir la convocatoria y se le informó en ese sentido,
ofeciéndole únicamente sobre las 14.30 una copia de tres informes de la
denominada "comisión técnica", sobre cuyas funciones y legalidad ya
manifestamos nuestras dudas en anteriores Juntas, y que no suplen la
preceptiva propuesta ni al expediente administrativo.
La convocatoria se efectuó sin la propuesta de Alcaldía y sin los
informes de Asesoría Jurídica e Intervención Municipal, que deben
evacuarse tras el estudio de la inexistente propuesta.
Tampoco parece existir un expediente de estos trámites, sin que
conste a estos miembros de la Junta el número de éste, ni la propuesta
de la concesionaria ni el trámite de ésta.
La propuesta de Alcaldía que se nos muestra esta mañana carece de rúbrica o visado de empleado público.
La aparente violación del procedimiento y la arbitrariedad que supone
no respetar el trabajo de los técnicos municipales, de los que se
llegan a incluir informes evacuados para otros trámites, no puede ser
aceptada por nosotros.
Nos genera dudas sobre la libertad de criterio con que hayan podido
trabajar los técnicos que informan la propuesta y la premura que se les
ha exigido para ello.
No estamos seguros de que el responsable del contrato, quien no es
funcionario, y a quien se le ha subido el sueldo y reconocido una mayor
capacitación este mes por órdenes de Alcaldía, puede legalmente emitir
estos informes y ser el responsable del contrato.
Se aportan dos informes de otros empleados municipales, a los que no
consta se les haya solicitado su ratificación ni aceptación en cuanto a
su relación e idoneidad para resolver la aparentemente nueva propuesta
de la concesionaria y una tramitación que desconocemos.
Existe un acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de junio de 2017, en que
esta Junta acuerda "Iniciar de oficio el procedimiento de revisión de la
tarifa de agua potable, la tasa por la autorización de acometidas y
servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales y la tarifa
de conservación de acometidas y contadores, en ejercicio de la potestad
tarifaria de las corporaciones locales, y por las razones que han
quedado reflejadas en el cuerpo de esta propuesta", y de cuyo
cumplimiento parece apartarse el acuerdo que se nos propone, pues no nos
consta su revocación judicial o administrativa, y es un asunto en
trámite, cuyo expediente no ha sido reclamado al servicio que lo
tramitaba y custodia.
Las cuestiones de fondo que fundamentan, sin duda, una impugnación no
pueden detallarse por carecer de la propuesta de la concesionaria, de
la del Alcaldía hasta esta mañana y de un estudio pormenorizado. Si bien
es posible señalar en este momento, y sin perjuicio de la ampliación
que se efectuará cuando se cuente con el informe encargado esta misma
mañana a un letrado externo, las aparentes irregularidades que
desaconsejan un voto favorable y estarían viciando de nulidad este
posible acuerdo, cuando no sean merecedores del reproche penal consisten
en:
Según el tenor literal de los informes de la denominada "comisión
técnica", a los que hemos tenido acceso, la concesionaria podría haber
reconocido por escrito que desde el año 1997 se viene incumpliendo el
contrato, por reconocer las cuestiones formales que se contenían en el
informe del Jefe de Infraestructuras, como el reparto de gastos comunes
por ejemplo.
Aparentemente, al introducir conceptos como más beneficiosos por el IVA, se podría estar incurriendo en ilegalidades fiscales.
Se incluyen los gastos extraordinarios, pero no los ingresos por
servicios prestados a los abonados, por lo que se ocultan ingresos.
Se introducen conceptos ajenos al contrato, y al pliego. Entre ellos
modificaciones unilaterales de la concesionaria, como los incrementos
injustificados de costes de personal.
Parece aceptarse el abono de obras efectuadas sin licitación.
Podrían estar aceptándose sobrecostes, por lo que hace falta un estudio detallado y pormenorizado.
Ante esta situación, y la ocultación de los trámites, si han
existido, consideramos que se trataría de una modificación de contrato
unilateral y encubierta, además de otras irregularidades que
ampliaremos, por no haber tenido acceso directo a la propuesta hasta el
inicio de esta Junta y no poder estudiarla más a fondo.
Además en la mañana de ayer se dio traslado a Alcaldía de esas dudas y
de otras a través de un informe emitido por el Coordinador General del
Área de Desarrollo Sostenible, de 22 de diciembre de 2017, que
incorporamos a este voto, y el resultado ha sido lejos de tenerlo en
cuenta y profundizar en la legalidad o no de la situación de la
concesionaria darle impulso a una propuesta de ésta, de cuya legalidad
dudamos.
Queremos reseñar que este acuerdo aparentemente incumple el pliego,
el contrato y la ley; se adopta sin que se dé ninguna de las razones de
interés general para la modificación de tarifas; traslada al usuario
todo el riesgo y ventura de la concesión, que corresponde a la
concesionaria; y atenta contra los principios de publicidad y
concurrencia en la contratación pública;; e incluso valoramos el estudio
de si se podría estar incurriendo en delitos de prevaricación, fiscales
o exacciones ilegales.
Como siempre ha defendido José López y MC Cartagena los precios
públicos se calculan, no se pactan, negocian o apañan en trámites poco
transparentes.
Por todo lo expuesto, y las razones que surgirán del estudio
pormenorizado que se nos ha impedido y negado, hacemos expresa reserva
de las acciones legales que procedan contra este acto administrativo y
sus responsables, y firmamos este voto en contra de la propuesta.
