martes, 21 de noviembre de 2017

Rescatan a 13 inmigrantes más en una patera a la deriva cerca de Cabo de Palos

CARTAGENA.- Trece inmigrantes, tres de ellos probablemente menores de edad, ha sido rescatados por Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), de una patera a la deriva que trataba de alcanzar la costa murciana por el sureste del Cabo de Palos, en Cartagena.

Según fuentes de esta sociedad estatal del Ministerio de Fomento, el aviso lo ha dado el buque MS Simon sobre las 12 horas, cuando ha avistado a la patera a la deriva a unas 43 millas al sureste de Cabo de Palos.
La embarcación de rescate de Sasemar Salvamar Mimosa los ha subido a bordo y se ha dirigido con ellos al puerto de Cartagena, donde está previsto que arriben sobre las 17 horas.
Con estos 12 inmigrantes, ya son 580 los rescatados en aguas de la comunidad murciana desde la tarde del pasado viernes.

López Miras a la Cadena SER en Murcia: «2018 será el año de la Región»

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aseguró que 2018 será el año de la Región de Murcia, cuando llegará el AVE, se abrirá la Variante de Camarillas y llegarán turistas al Aeropuerto Internacional de la Región. Afirma que con él como presidente "se incrementarán más cada año las partidas presupuestarias destinadas a los que menos tienen" y que piensa en ser el candidato del PP en las próximas elecciones.

En una entrevista concedida a Radio Murcia-Cadena Ser, López Miras, que asegura que es una persona optimista y que en su día a día da gracias "por permitirme trabajar y volcarme por esta Región", sostiene que los Presupuestos de 2018 son unos buenos presupuestos, "que permitirán que la Región siga creciendo, progresando y liderando la creación de empleo".
Ha destacado las partidas destinadas en los Presupuestos de 2018 a los más vulnerables o el incremento en el gasto en Educación y en Sanidad, "partidas que no tocaría jamás" y que incrementará cada año "siempre que esté en el Gobierno". Además de la partida de un millón de euros para el yacimiento de La Bastida en Totana, "un referente de la Edad de Bronce".
"Haremos un concurso de ideas y proyectos en el que seleccionar el mejor proyecto de investigación" por lo que "depende de la Universidad de Barcelona estar o no, no los vamos a retener".
Sobre el Mar Menor, ha asegurado que se puede compatibilizar agricultura, turismo y el estado de la laguna salada, "porque los responsables de la situación del Mar Menor no son ninguno de ellos". Al contrario, ha matizado que los elementos responsables "son sobrexplotar y meter mucha presión un ecosistema durante décadas".
"La agricultura es fundamental, un pilar para la Región, y el turismo lo será cuando llegue la Alta Velocidad y se abra el Aeropuerto Internacional en 2018", apostilló.
Mientras tanto, y es "prioridad" para este Gobierno, en los Presupuestos de 2018 irán destinados más de 28 millones específicamente para solucionar el problema del Mar Menor. "Hay presupuesto, intención y voluntad de llevar a cabo actuaciones necesarias para iniciar cuanto antes la mejora del Mar Menor", matizó.
Tras lo que señaló que "nos acucia el tiempo para actuar porque los técnicos dicen que las actuaciones deben ser entre octubre y marzo; necesitamos que técnicos y científicos digan cuanto antes qué hacer, cómo y cuándo hacerlo".
Sobre el déficit hídrico, López Miras insistió en la necesidad de medidas urgentes, "para ayer", que ya solicitó al presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la reunión de la semana pasada, como la apertura de pozos de sequía y la ampliación de la capacidad de las desaladoras.
Para el futuro, recordó que le exigió un artículo 155 de la Constitución sobre agua, "que recoja mecanismos que garanticen que llegue el agua para todos los territorios de España cuando no haya cooperación entre comunidades autónomas".
Tras lo que aseguró que el Gobierno regional no se arrepiente de haber firmado el Memorándum del Tajo, porque "tenemos que tener memoria, y la gente del campo saben cómo y de qué forma se decidía cuando llegaban los trasvases. Ahora está garantizado por ley, el cómo, cuándo y dónde llegará agua a la Región cuando haya más de 400 hm3; antes no estaba ni reglado ni organizado", enfatizó.
También se refirió al proyecto de soterramiento del AVE en la ciudad de Murcia, pidió que se deje trabajar y no contempla que las obras se queden sin hacer.
"Los vecinos tienen que ver los hechos, hay un presupuesto aprobado, una obra adjudicada, una empresas con sus trabajadores haciendo la zanja para soterrar las vías y poner fin a 156 años de injusta división de dos partes de la ciudad, y esto va a ser bueno para todos y es una reivindicación de los vecinos", señaló.
Ante la llegada masiva de pateras, el presidente de la Comunidad ha asegurado que se ha demostrado este fin de semana que la Región está preparada ante un hecho como este, "nunca antes en un mismo territorio de España, se había concentrado la llegada de 50 pateras, y la de más de 500 inmigrantes".
Una situación, subrayó, en la que el trabajo y "la perfecta coordinación" del Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno, Ayuntamiento Cartagena, Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil, Armada y la Administración de Justicia "han salvado una situación que era extraordinaria". Ante la buena climatología y el buen estado de la mar podrían llegar más pateras, pero "estamos preparados y el dispositivo sigue coordinado y en marcha".
En resumen, el presidente de Murcia afirmó que el próximo año llegará el AVE, se abrirá la Variante de Camarillas y llegarán turistas al Aeropuerto de Corvera. En este sentido, añadió que "si AENA cumple con todos los requisitos será la empresa adjudicataria y si el Ministerio de Fomento agiliza los trámites y da respuesta a los requisitos de la Comunidad" los turistas podrán llegar para el verano de 2018.
Finalmente, López Miras declaró que piensa ser el presidente de los murcianos "para muchos años" y ser el candidato del PP para las elecciones de 2019. "Esa es mi idea con el permiso de todos los murcianos; tengo un proyecto sólido, de futuro, que piensa en las personas y pondrá en valor lo que se ha hecho y se hará este año y medio, que será el año de la Región", remarcó.
Sobre la posibilidad de que Alberto Garre, se presente como candidato por un nuevo partido a la Presidencia de la Región de Murcia prefirió no pronunciarse "por el respeto que le tengo a todos los expresidentes de la Comunidad". Tras lo que ha agradecido a Ramón Luis Valcárcel y Pedro Antonio Sánchez que "hayan sabido respetar siempre mis decisiones; nunca han intentando opinar y entrometerse".
En cuanto a la biprovincialidad, remarcó que él conoce bien la ciudad portuaria, ya que ha pasado allí "mucho tiempo", los "mejores años de su vida" y se siente "muy cartagenero" pero considera que es algo a tratar en una Comisión por ejemplo en la Asamblea "en la que se pongan en valor todas las posturas y en la que también intervengan todos los actores, no sólo Cartagena, sino también el resto de municipios".
Sobre Lorca, seis años después de los terremotos, remarcó que es un "ejemplo" desde 2011, ya que "ha habido otras ciudades del resto del mundo que han sufrido lo mismo, como L'Aquila (Italia), que después del tremendo terremoto que la devastó, "se ha quedado sola y es una ciudad fantasma en la que todos sus habitantes se han ido".
"Los lorquinos somos gente con coraje, de raza, valiente, gente luchadora y emprendedora que, además, nos unimos y somos solidarios cuando más se necesita", según López Miras. Seis años después, explica que "el esfuerzo de los lorquinos está haciendo que Lorca sea una ciudad mucho mejor".
Admitió que "todavía quedan cosas por hacer", pero el trabajo conjunto de administraciones, del Gobierno de España, del Gobierno regional, del Ayuntamiento y de los lorquinos "está dando resultado" y Lorca "ya es mucho mejor que en 2011".

Críticas por el traslado de los 'sin papeles' llegados a la Región a un lugar que no es el «adecuado»

SEVILLA/MADRID.- Administraciones, organizaciones sindicales y sociales, partidos de la oposición han criticado la decisión del Ministerio del Interior de trasladar a la cárcel de Archidona, aún sin inaugurar, a los inmigrantes llegados el pasado fin de semana a las costas de la Región de Murcia. Una decisión que, por otra parte, ha sido declarada por Interior como "extraordinaria", ante el "colapso sufrido". 

Así, el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, dijo que el Gobierno andaluz coincide con la opinión manifestada por la organizaciones de voluntariado y no cree que este centro malagueño sea el "lugar adecuado" para trasladar inmigrantes.
A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Jiménez Barrios defendió que el Gobierno central tiene que afrontar "en origen" lo que está sucediendo ante la llegada de inmigrantes. "Ya avisábamos de que se estaba produciendo esa avalancha y de que había que tomar medidas en origen", indicó.
El número dos del Gobierno andaluz, que explicó que el Ejecutivo central les informó del traslado de los inmigrantes a la cárcel de Archidona, destacó que la Junta no tiene competencias al respecto, "ni para el traslado, mantenimiento, ni sustento". "Solo las tenemos con los menores no acompañados y no es el caso", precisó.
Asimismo, Jiménez Barrios señaló que el Gobierno central tiene que destinar más fondos a las comunidades para sus competencias establecidas porque "con la actual insuficiencia financiera no es posible que esta avalancha se pueda atender en condiciones".
Por su parte, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, que compareció junto al vicepresidente en la rueda de prensa, explicó que su departamento trabaja con las ONG a través de proyectos concretos que son subvencionados.
Si bien, insistió en la necesidad de que el Gobierno de Rajoy asuma su responsabilidad y "alce la voz" en Europa "para que la UE hable ya alto y claro sobre la situación que está pasando, fruto de la realidad de los países de origen".
Según defendió, el Gobierno de España tiene que poner más recursos y plantearle a Europa que se tiene que comprometer "firmemente" en esta situación, "pero no como lo ha hecho con los refugiados, donde ha tenido una actuación invisible, mirando para otro lado, sino de manera eficaz y efectiva".
La sección sindical de CCOO en Instituciones Penitenciarias criticó este martes "el grave retroceso en materia de derechos humanos" que supone este internamiento, una decisión que calificó de "ilegal". 
En un comunicado, el sindicato sostuvo que la decisión del Ministerio del Interior es una "flagrante vulneración de la legislación vigente" obre derechos y libertades de los extranjeros en España, y añadió que la retención de inmigrantes no tiene carácter penitenciario.
Según CCOO, "esta grave regresión en derechos fundamentales se sostiene por el pacto entre PP y Ciudadanos para avanzar en la privatización de servicios públicos esenciales como es el de las prisiones".
A este respecto, recordó que en octubre de 2016 Ciudadanos defendió la creación de módulos CIE dentro de las prisiones, "una propuesta ilegal que solo puede tener como fin el aumento de los negocios privados con las prisiones".
El sindicato exigió la "urgente inauguración" del centro penitenciario Málaga II -como se denomina la prisión de Archidona- para que se cumpla la Ley Orgánica General Penitenciaria y la Constitución, que establecen un interno por celda y el cumplimiento de las penas orientadas a la reeducación y reinserción social, respectivamente.
Por otra parte, el sindicato de prisiones Acaip denunció asimismo una "actuación deliberada" para "engañar" o darle una información errónea a los juzgados de Almería y Murcia sobre el centro de Archidona, al que autorizaban el traslado.
El presidente de Acaip, José Luis Pascual, manifestó que en los autos de los juzgados de estas dos provincias se señala que los inmigrantes serán internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, el cual "nunca ha existido".
También el PSOE, Unidos Podemos y organizaciones sociales como el Servicio Jesuita a Migrantes, CEAR, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Federación SOS Racismo, Médicos del Mundo y la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado criticaron que la legislación española establece que los migrantes que son retenidos para ser expulsados deben permanecer en instalaciones policiales que no tengan carácter penitenciario y el centro de Archidona, aunque aún no fue inaugurado como tal, se construyó para ser una prisión. 
Concretamente los socialistas hablaron de una "auténtica barbaridad" y aseguraron que "vulnera derechos fundamentales".
Por su parte, Unidos Podemos consideró el traslado una "violación de los principios fundamentales de las leyes que regulan el funcionamiento de los CIE". La portavoz del grupo, Irene Montero, censuró que "meter a unas personas en una cárcel, en lugar de un CIE, porque están llenos, es saltarse a la torera la propia regulación del Gobierno".
La Oficina del Defensor del Pueblo aseguró que está "vigilante" ante la situación de las 497 personas trasladadas. Según fuentes consultadas, ya comenzaron a recibir las primeras quejas sobre este asunto, por lo que obrará como es habitual, dándoles trámite.
Desde la institución que encabeza en funciones Francisco Marugán inciden en que estarán "sobre el tema" y "vigilantes para que se garanticen los derechos de estas personas" internadas.
Por su parte, y ante la situación de "colapso", el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió las "medidas extraordinarias" tomadas, ya que "no podemos consentir que la llegada de tantas pateras nos obligue a poner a los inmigrantes en libertad".
"Consideramos que es mucho mejor que estén en un centro que ha dotado con las últimas tecnologías, que está equipado con medios sanitarios, edificios de enfermería, duchas, vestuarios, calefacción, camas, campos de deportes e incluso salas para ver la televisión, que ponerles acampados en campamentos, como se ha visto en otros países", advirtió, en referencia a los sucedido en la isla italiana de Lampedusa y en la de Lesbos, cerca de las costas griegas.

MC quiere que la 'Casa Maestre' de Cartagena sea BIC para que se pueda visitar


CARTAGENA.- MC Cartagena solicitará la adhesión del resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Cartagena para requerir a la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma la incoación del expediente que finalice con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para la Casa Maestre. Esta petición continuaría la ya tramitada sobre la Casa del Niño, también por el partido liderado por José López.

Así, el primer teniente de alcalde y concejal del área de Cultura y Patrimonio, Ricardo Segado, expondrá en el próximo pleno las razones que avalan la demanda de la formación cartagenerista.
De materializarse esta iniciativa, los vecinos del municipio y visitantes tendrían la oportunidad de profundizar en el conocimiento de uno de los edificios más significativos del auge del modernismo de Cartagena, pues una de las consecuencias directas es la obligación del propietario de facilitar la visita determinados días al mes, normalmente cuatro.
Este deber queda reflejado en el art. 8.1.c de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la CARM, evitando la citada necesidad de acceso que el cierre constante del edificio le haga sufrir patologías propias de la situación, e incluso que pueda instalarse mobiliario urbano de diversa índole frente a él.
Según MC Cartagena, la Casa Maestre (1906) cuenta en la actualidad con un régimen de protección contemplado en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico (PEOPCH), si bien el mismo se ha manifestado como insuficiente, al carecer de protección, inexplicablemente, la fachada que mira a la antigua calle del Pocico.
El inmueble, de titularidad privada, conserva la escalera original. En este punto, cabe reseñar que su propietario anterior, una institución bancaria, vació su interior. Sin embargo, existe noticia de que conserva en perfecto estado una sala del primer piso y, posiblemente, alguno de los pisos del edificio.
La Casa Maestre, al igual que ocurrió con la totalidad de las construcciones civiles de la época, tuvo su origen en el auge de las empresas de la minería, cuyos propietarios aglutinaban el poder político y económico.
Se ubicó en una de las nuevas plazas ajardinadas de la ciudad, la de Valarino Togores (actual Plaza San Francisco), que constituía junto a la Plaza de la Merced una de las zonas preferidas por la burguesía de la ciudad.
En 1906 la poderosa familia Maestre encargó al arquitecto catalán, Marcelino Coquillat Llofriú, los planos de su nueva residencia. El proyecto fue dirigido por Victor Beltrí, no apartándose en ningún momento del diseñado por Coquillat.
Resultó la obra que destapa una etapa más rococó en Beltrí. La fachada de piedra contiene una profusa decoración vegetal con espectaculares hojas de acanto, abundando en un diseño floral en el que se hace un mayor uso del latiguillo. 
Asimismo, el mirador curvilíneo de piedra en la parte central es uno de los puntos donde el diseño cobra mayor fuerza y originalidad. Todos los detalles del edificio son de un buen acabado, destacando la carpintería de la puerta principal, cuyos llamadores y tiradores son auténticas filigranas de la orfebrería modernista.

El 85% de los hogares murcianos recicla los medicamentos


MURCIA.-El 85 por ciento de los hogares murcianos ha asumido el hábito de reciclar los medicamentos, según se ha puesto de manifiesto hoy en la rueda de prensa de presentación del 15 aniversario de la implantación de los "puntos Sigre" en las farmacias de la Región.

Según el director general de Sigre, Juan Carlos Mampaso, en la Región de Murcia existen 561 puntos en otras tantas farmacias para efectuar la recogida selectiva de estos residuos, que se utilizan entre una y tres veces al año para el 73 por ciento de la población, y en más de siete ocasiones, para el diez por ciento de usuarios.
"El uso del Punto Sigre para el reciclado de los envases, vacíos o con restos de medicamentos, ha calado de manera notable en la Región de Murcia, lo que supone un importante logro colectivo en materia medioambiental y de sostenibilidad", añadió Mampaso.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, presente en la rueda de prensa, destacó que la Región de Murcia crece por encima de la media nacional en el reciclaje de los residuos de envases y los restos de medicamentos, con un aumento del 3,51 por ciento en los últimos tres años, hasta situarse en 81,96 gramos por habitante.
Celdrán indicó que "cada vez somos más los que estamos concienciados y preocupados por preservar nuestro medio ambiente y los que nos dedicamos intensamente a promover que todos contribuyamos a su cuidado. Son sencillos gestos y, si los hacemos todos, lograremos grandes cosas", añadió el titular de Medio Ambiente, para quien "un ejemplo de estas actuaciones es la instalación en las farmacias de la Región de los Puntos Sigre".

El pobre PAS sigue con sus delirios y ahora quiere transmitir a terceros su 'talento' de forma remunerada

MURCIA.- El expresidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez (PP), ha constituido la sociedad limitada 'Nosce te ipsum', una empresa dedicada "a la consultoría y asesoramiento de empresas y personas físicas en su más amplia acepción, en su caso, a través de los oportunos profesionales titulados", según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de hoy.

La compañía nace con un capital social de 3.000 euros, con sede en la avenida Juan Carlos I de Puerto Lumbreras, municipio natal del expresidente, y Pedro Antonio Sánchez consta como único socio y administrador. 

Entre los servicios que ofrece la consultoría, destacan "tasaciones y peritaciones, servicios de secretaría y traducciones, cursillos y servicios de enseñanza de todo tipo, servicios de telemarketing", según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

El sindicato ANPE reclama poner en marcha de nuevo la carrera profesional de los profesores

MURCIA.-El sindicato independiente de educación ANPE ha reivindicado la recuperación de las plantillas de docentes en todos los niveles educativos, así como poner de nuevo en marcha la carrera profesional de esos funcionarios, al igual que se ha hecho ya con los del Servicio Murciano de Salud

El presidente del sindicato, Clemente Hernández, hizo ayer esas reivindicaciones en una reunión con el presidente de la Región, Fernando López Miras, y la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, en la que han hecho un balance positivo del inicio del curso 2017-2018.
Hernández ha valorado que en este nuevo curso «se está recuperando tímidamente el diálogo social» con la administración, aunque ha considerado que queda mucho trabajo por hacer para cumplir con el acuerdo firmado en octubre de 2015 sobre la mejora del empleo público y recuperación de las condiciones de trabajo.
Así, ha destacado la importancia de abordar la recuperación de las plantillas a través de la negociación de la oferta de empleo público para hacerla «más ajustada a la realidad».
En ese sentido, ha valorado las 506 plazas para secundaria que se han convocado, pero ha considerado que se podrían haber convocado algunas más «para dar estabilidad a los centros públicos» y «rebajar las tasas de interinos».

Disminuye el número de 'ninis' en la Región

MURCIA.- La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha llevado a cabo un estudio para conocer en profundidad el perfil del joven que no estudia ni trabaja en la Región de Murcia, sobre el total de 229.000 jóvenes que tienen entre 16 y 29 años. 

Ese análisis refleja que actualmente son 43.400 los menores de 30 años en esta situación, 1.400 menos que doce meses atrás, y que 35.500 de ellos, el 82 por ciento, están ya inscritos en Garantía Juvenil.
Así, aproximadamente dos de cada diez jóvenes no estudian ni trabajan, mientras que el resto sí se dedica a una u otra actividad. Además, se ha experimentado un incremento muy significativo de la cobertura de este colectivo a través de Garantía Juvenil. Hace un año los inscritos apenas superaban los 13.000 en la Región, por lo que desde entonces se ha producido un incremento de más del 170 por ciento, que se ha apoyado en la labor de difusión y en la simplificación de los requisitos de inscripción.
En cuanto a las características que definen a esos jóvenes que no estudian ni trabajan, el estudio revela que 29.000 son activos, es decir, el 67 por ciento del total no trabaja pero está buscando empleo, mientras que 14.300 jóvenes están inactivos (no estudian y no buscan empleo). Se trata de un 33 por ciento del total, una proporción que ha ido reduciéndose progresivamente desde la crisis económica.
Otros aspectos son que aproximadamente el 57 por ciento de estos jóvenes son mujeres, o que la mayoría tienen entre 25 y 29 años (un 50 por ciento, frente al 37 por ciento que tienen entre 20 y 24 años, y el 13 por ciento de entre 16 y 19 años). Asimismo, un 69 por ciento tiene un nivel de estudios bajos (hasta ESO), un 15,5 por ciento cuenta con estudios medios (Bachillerato o FP de Grado Medio), y otro 15,5 por ciento dispone de estudios superiores, universitarios o de FP de Grado Superior.
El estudio también refleja que un 37 por ciento de los jóvenes que no estudian ni trabajan no tiene experiencia laboral previa, lo que convierte en especialmente útiles los programas de la Comunidad de tipo experiencial, en los que se facilita un contacto real con un empleo durante un periodo de seis meses, ya sea a través de la contratación de una entidad local o de una entidad sin ánimo de lucro.

Los murcianos, por debajo de la media en resolver problemas en grupo

MADRID.-Los alumnos murcianos se sitúan por debajo de la media nacional en la resolución de problemas en grupo, indica la OCDE en su primer informe PISA dedicado al trabajo en equipo, que sitúa a los madrileños a la cabeza de la clasificación española y a los extremeños a la cola.

La nota de Madrid, con 519 puntos, supera además a la media española, que con 496 acaba cuatro por debajo del reflejado en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye en su evaluación a 32 países miembros y otras 19 naciones y economías asociadas.
A la Comunidad de Madrid le siguen Castilla y León (517), Navarra (505), Cataluña (505), Aragón (499), Castilla-La Mancha (497) y Asturias (496) mientras que por debajo de la media se sitúan La Rioja (495), Galicia (494), Comunidad Valenciana (492), Baleares (488), Murcia (486), Cantabria (485), País Vasco (484) y Canarias (484), Andalucía (483) y Extremadura (474).
La OCDE quiso con este informe, efectuado en 2015 y difundido hoy, evaluar la capacidad de los estudiantes a la hora de trabajar en grupo, saber resolver los conflictos que surjan y velar porque cada miembro responda a la labor acordada.
España acaba con ese resultado ligeramente por debajo de la media obtenida en otras evaluaciones educativas realizadas por la OCDE, las individuales en ciencias, matemáticas y lectura.
En el listado total referente a la resolución de problemas en grupo, Singapur (561), Japón (552), Hong Kong (541) y Corea (538) son los que obtienen mejores resultados, frente a Túnez (382), Brasil (412), Montenegro (416) y Perú (418).
Y como en el resto de países, donde las estudiantes fueron mejores que sus compañeros, con 515 y 486 puntos, respectivamente, en España esa diferencia de género también se constata, con 508 y 485.
La OCDE refleja que aunque los chicos son más eficientes al completar una tarea y encontrar la información necesaria cuanto antes, las chicas muestran un comportamiento más cooperativo y mayor entusiasmo.
Entre los actores que influyen, adquiere un peso importante la implicación de los padres en la escuela y en casa y la relación del estudiante con sus profesores y el resto de alumnos.
El sistema español, según explica el analista de PISA Alfonso Echazarra, se beneficia de que el alumno atraviesa menos cambios de centro a lo largo de su educación, por lo que los vínculos mencionados son mayores.
A cambio, le falta conseguir que ese entorno personal positivo se vea reflejado en una mejor capacidad de los estudiantes para trabajar en grupo.
La educación española, según Echazarra, fomenta más la memorización, una interacción "bidireccional" entre profesor y alumno y una distribución de las clases en las que cada uno está en su propia mesa.
"Hay que perderle el miedo a trabajar en equipo", recalca el experto.

Los inmigrantes trasladados de Cartagena a Málaga demandan a gritos su libertad

MÁLAGA.- Los inmigrantes argelinos trasladados desde Cartagena a la cárcel de Archidona, habilitada como Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) provisional, demandan libertad a gritos e intentan llamar la atención haciendo señales con camisetas y toallas desde el interior de los módulos.

Sus voces, según se ha podido comprobar, se han percibido este martes desde el exterior del centro penitenciario, al que empezaron a llegar durante la tarde del lunes.
El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Miguel Briones, ha destacado que la decisión de usar esta prisión para acoger a los inmigrantes que han llegado en los últimos días es una decisión avalada por el poder judicial y, por tanto, no unilateral del Ejecutivo central.
Ha recordado que son siete los jueces que respaldan la medida de utilizar ese centro penitenciario -que aún no había entrado en funcionamiento tras su construcción- como lugar de acogida y que "la manera de proceder ha sido la más adecuada posible frente al escenario" actual.
Ha incidido en que el centro va a tener un uso determinado, pero que actualmente es la infraestructura que mejor se adapta a las necesidades de atender a los inmigrantes con garantías de habitabilidad y confort, y que es una decisión "absolutamente temporal y excepcional".
"Lo más razonable es entenderlo como un lugar adecuado y que, por tanto, responde a las necesidades que se han impuesto de manera muy inminente", ha señalado.
Ha destacado que el flujo migratorio hacia España ha aumentado de manera ostensible porque en lo que va de año la cifra ronda los 15.000 inmigrantes llegados a Andalucía, de ellos 1.899 a las costas malagueñas (50 de estos menores de edad) en 42 pateras.
El subdelegado ha recordado que la colaboración de las organizaciones no gubernamentales y los profesionales sanitarios y jurídicos que ya se encuentran en el centro de Archidona es "incalculable".
Por su parte, la Abogacía Española ha manifestado su "más absoluta condena" por el ingreso en el Centro Penitenciario de Archidona  de 464 inmigrantes llegados en patera a la costa de Murcia y ha exigido su "inmediato traslado a un centro no penitenciario de los extranjeros internados".
En un comunicado, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía ha informado de que ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior por el traslado de los inmigrantes al Centro Penitenciario de Archidona, en Málaga.
Además, ha recordado que los centros de internamiento de extranjeros (CIEs) son "establecimientos públicos de carácter no penitenciario en los que se tiene que salvaguardar los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria".
El delegado de gobierno de Murcia, Francisco Benarbé, decidió ayer el traslado al centro penitenciario malagueño debido a que el CIE de la Región de Murcia, en Sangonera la Verde, se encuentra ocupado por personas procedentes de otros procesos migratorios, por lo que ha optado por no colapsarlo.
El PSOE ha calificado este martes de ilegal la decisión del Gobierno. En un comunicado, los socialistas han considerado la medida como una "auténtica barbaridad" y han asegurado que "vulnera derechos fundamentales".

Los Reyes visitarán Caravaca de la Cruz el 28 de noviembre

CARAVACA DE LA CRUZ.- Los Reyes de España peregrinarán a Caravaca de la Cruz el próximo martes 28 de noviembre. Ya se han cursado invitaciones a distintos colectivos de la localidad, aunque oficialmente la Casa Real no confirmará la agenda de los Reyes hasta el próximo viernes como hace cada semana.

La visita a la Ciudad Santa del Noroeste de los reyes coincide con la peregrinación que tiene previsto realizar la Guardia Real el próximo miércoles.
La última visita fue de Don Felipe, cuando aún era Príncipe de Asturias, en el año 2003 coincidiendo con la primera celebración del Jubilar. En aquella ocasión visitó la exposición ‘La Ciudad en lo alto’ y posteriormente subió andando hasta la Basílica, donde adoró la Sagrada Reliquia.
Aunque el esquema está aún por confirmar todo apunta a que los Reyes llegarán en helicóptero hasta Caravaca y se trasladarán a la Basílica en coche, donde serán recibidos por las autoridades regionales y del municipio. Tras participar en un acto jubilar estarán en algunas dependencias de la Basílica y posteriormente se trasladarán en coche para visitar la Exposición ‘Signum, la Gloria del Renacimiento’.
Los colegios del municipio recibieron este martes una invitación para participar en la recepción a los Reyes de España, que está previsto que tenga lugar sobre las diez y media de la mañana en la explanada de la basílica de la Vera Cruz.
Los preparativos ya se han iniciado, aunque no han trascendido a la población, por la necesaria prudencia que rodea las actividades de la Casa del Rey.
Está previsto que el alcalde de Caravaca publique un bando donde invite a todos los vecinos a participar en la recepción que tendría lugar en la explanada de la basílica.
En la Feria Internacional de Turismo FITUR, el entonces presidente del Ejecutivo Regional, Pedro Antonio Sánchez, invitaba a los Reyes a Caravaca, durante la inauguración de la Feria, cuando pasaron por el stand de la Región de Murcia. En aquella ocasión Sánchez les hizo entrega de una réplica de la Cruz de Caravaca. 
Posteriormente, en el primer encuentro con el rey como presidente de la Región de Fernando López Miras, reiteraba la invitación. En aquella ocasión Felipe VI ya mostró su intención de encontrar un hueco en la agenda para regresar a Caravaca y poder recibir las indulgencias del Jubileo.
La última visita de unos monarcas a Caravaca fue en 1980, cuando Don Juan Carlos y Doña Sofía visitaron la población. Anteriormente, en 1974, también estuvieron como Príncipes de Asturias.

Las CCAA rebajan en 50.000 las plazas previstas para interinos, según la CSIF

MADRID.- Las comunidades autónomas (CCAA) han rebajado en unas 50.000 plazas las previstas inicialmente en el acuerdo de marzo para estabilizar el empleo interino, según los datos que ha facilitado el sindicato CSIF tras la reunión mantenida con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

Por sectores, se quedarían fuera 25.000 en Sanidad y 25.000 en Educación frente a las previsiones iniciales recogidas en ese acuerdo, que contemplaba la convocatoria de una 250.000 plazas en tres años para reducir la tasa de temporalidad en el sector público al 8%.
Fuentes de los sindicatos CCOO y UGT han destacado también que, en la reunión, Hacienda ha presentado un borrador de documento de los criterios generales que deben servir para implementar el proceso en todas las Administraciones y Comunidades.
Según señalan fuentes de CCOO, ese documento recoge criterios que deben regir todas las convocatorias de plazas, como que el peso de la fase de concurso no supere el 40 % del total del proceso.
Otros aspectos, como la reducción de la tasa de temporalidad al 8 % se mida por categorías profesionales y no de forma global o que la consolidación por promoción interna no compute como tasa de reposición, aún están en negociación.
La intención de los sindicatos es remitir sus alegaciones a este borrador a finales de esta semana y volver a reunirse la próxima para avanzar hacia un documento definitivo, añaden fuentes sindicales.
También la próxima semana, el día 27 de noviembre, se podrían convocar conferencias sectoriales en Educación y Sanidad para aprobar plazas con esos criterios consensuados, apuntan las mismas fuentes.
Desde CSIF confían en que ese documento de criterios ayude a aumentar el número definitivo de plazas convocadas y esperan que las autonomías demuestren voluntad política para adoptar las recomendaciones y "que no haya interpretaciones restrictivas de la norma en las ofertas de empleo público".
Gobierno y sindicatos acordaron en marzo un plan de estabilidad al empleo que comprende hacer indefinidas unas 250.000 plazas interinas en tres años.

Contreras afirma que ahora es el "momento que más cerca" está el soterramiento

CARTAGENA.- El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, ha asegurado hoy que las movilizaciones ciudadanas han logrado que ahora "sea el momento en el que más cerca está al alcance de la mano" el soterramiento del AVE a su llegada a Murcia.

En su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento en la Asamblea Regional de la llegada del AVE a la Región, Contreras ha declarado que los "pequeños avances" que el Gobierno central ha introducido en los proyectos de soterramiento se han debido a las protestas y manifestaciones convocadas por los vecinos.

El portavoz de la plataforma ha recordado que el "problema de fondo" es la "pérdida de credibilidad real, constatable e indiscutible" de la "clase gobernante", que ha provocado el "desengaño" de los ciudadanos.
Para Contreras, el proyecto de la llegada del AVE a Murcia "no es un problema técnico" y debe solucionarse "asumiendo las tesis de los ciudadanos" de que hay que hacer el soterramiento descartando la llegada provisional en superficie.
En este sentido, ha negado que la plataforma esté en contra de la alta velocidad, sino que no quiere que lo haga en superficie, al tiempo que se debería aceptar que "pueda llegar dos años más tarde", cuando acabe el soterramiento, porque tras años de retrasos, "no se va a producir una hecatombe en la economía regional".
Según el portavoz de la plataforma, la llegada en superficie ocasionará que por una sola vía haya un centenar de convoyes diarios, entre ellos, los de mercancías peligrosas como propano y butano.
Igualmente, ha calificado la estación del Carmen como una "ratonera", considerando un "desatino y un despropósito" que no se haya contemplado el problema de tráfico en el barrio del Carmen que se generará mientras no esté abierto el acceso sur a la zona, y que permitiría agilizar la circulación a través de la avenida Miguel Ángel Blanco y la Ronda Sur.
Contreras ha desmentido que la plataforma esté siendo "manipulada" por alguna formación de la oposición. "No somos tan necios de seguir los dictados de un partido aunque seamos golosos para ello", ha aseverado en la comisión, aunque ha reconocido que "en más de una ocasión" han tenido que recordar a algún cargo de estos partidos que no le correspondía el "protagonismo" que querían adquirir en las movilizaciones.
Desde los grupos parlamentarios, el diputado del PP Juan Guillamón ha considerado "inasumible" la propuesta de la plataforma Pro-Soterramiento y ha subrayado que el Ministerio de Fomento está "cumpliendo al milímetro" con los compromisos adquiridos para soterrar las vías en Murcia.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSRM, Joaquín López, ha afirmado que su grupo ve con "escepticismo" las "presuntas obras de soterramiento" que ha iniciado Adif fruto de la "improvisación" y de las movilizaciones, al tiempo que ha reclamado el proyecto integral de 6 kilómetros, mantener los pasos a nivel mientras duren los trabajos, que haya garantía de financiación de estos trabajos.
En las filas de Podemos, Andrés Pedreño ha asegurado que apostar por las tesis de la plataforma resolverá la "crisis de desconfianza" que "se ha ganado a pulso" las administraciones, además de permitir que se pueda planificar el "futuro ferroviario" de la Región.
Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha declarado que los "incumplimientos reiterados" del PP en esta materia en los últimos años han provocado que "carezca de credibilidad" el proyecto de soterramiento anunciado por Adif, que ha puesto en "cuarentena aunque esta vez parece ser la buena".
La comparecencia de Contreras ha dado el pistoletazo de salida a las intervenciones en la Comisión de Seguimiento de la llegada del AVE a la Región, que tiene previsto continuar con la asistencia del presidente de Adif, Juan Bravo.

La OIT alerta de que la pobreza laboral entre jóvenes en España ronda ya el 20%

MADRID.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la pobreza de los trabajadores jóvenes, quienes a pesar de tener un empleo no obtienen los ingresos suficientes como para tener vida digna, se sitúa en el 12,5% (con datos de Eurostat de 2015), mientras que alerta del desafío "especialmente grave" en España y en Grecia, con una tasa del 20%.

Según apunta en su informe Tendencias mundiales del empleo juvenil 2017, la organización internacional advierte de que la tasa de trabajadores jóvenes y pobres en países como España o Grecia se sitúa cerca del 20% (medido como un nivel de ingresos inferior al 60% del ingreso medio), lo que supone alrededor de ocho puntos porcentuales por encima de la media de los Veintiocho.
"El desafío es especialmente grave en algunos países de alto desempleo juvenil, como Grecia y España, donde el riesgo de pobreza entre los trabajadores jóvenes es de casi el 20%", sostiene el documento.
No obstante, la OIT cree que las condiciones del mercado laboral juvenil en Europa se están "cicatrizando" de una forma lenta pero gradual. Según la organización, la tasa de paro juvenil en Europa se situará en el 18,2% en 2017, lo que supondría el cuarto descenso consecutivo de esta tasa desde el máximo del 23,3% alcanzado en 2013. Para 2018, apunta que el paro se situará en el 17,8%.
La crisis económica afectó muy fuertemente a los jóvenes, pero concretamente a los dedicados a la industria manufacturera, a la construcción, a las administraciones públicas y a la intermediación financiera.
En España, por ejemplo, entre 2005 y 2014 aproximadamente medio millón de jóvenes empleados en la construcción perdieron sus empleos, lo que implica que, durante el periodo, la tasa de empleados jóvenes en este sector pasó del 18% al 4%. En el caso de los empleados del sector público, vieron una reducción debido a las medidas de austeridad que provocaron recortes en el gasto público.
Al contrario, los sectores que mayores tasas de crecimiento del empleo juvenil han registrado en los últimos años figuran las finanzas, el comercio y la salud. "Los jóvenes tienen relativamente mayor facilidad con la tecnología que los trabajadores mayores y cada vez más la aprovechan para ganarse la vida", señala la OIT.
De igual forma, la OIT constata un aumento de la demanda de trabajadores cualificados y poco cualificados, en detrimento de las competencias de nivel medio, lo cual contribuye a una mayor polarización del mercado de trabajo.
El informe de la OIT señala que el número de jóvenes desempleados en todo el mundo aumente en 200.000 personas en 2018 respecto a este año, hasta situarse en 71,2 millones, lo que apunta a una tasa de paro para este sector de la población del 13,1%.
"A pesar de una reducción significativa del desempleo juvenil desde el momento más difícil de la crisis económica en 2009, la persistencia del desempleo y la falta de oportunidades de empleos de calidad siguen obstaculizando la búsqueda de un trabajo decente entre los jóvenes", denuncia la organización internacional en el documento.
Así, aunque la cifra estimada de 70,9 millones de jóvenes desempleados en 2017 (que representa el 35% de la población mundial desempleada) constituye una mejora "sustancial" en relación al nivel más alto de la crisis, cuando en 2009 llegó a situarse en 76,6 millones, se prevé que el número vuelva a aumentar en 2018 en 200.000 jóvenes parados, para alcanzar un total de 71,1 millones.
Según explica la OIT, el crecimiento económico mundial y el crecimiento del empleo siguen una trayectoria desacompasada, al tiempo que la inestabilidad económica amenaza con revertir los logros alcanzados en materia de empleo juvenil. "La relación de las tasas de desempleo jóvenes-adultos apenas ha cambiado a lo largo de la última década, lo que refleja las profundas desventajas de los jóvenes en el mercado de trabajo", indica la organización.
Además, la OIT subraya la "drástica" caída de la participación de los jóvenes en la fuerza laboral durante los últimos veinte años, ya que, a pesar de que desde 1997 hasta la actualidad la población joven ha aumentado en 139 millones de personas, la fuerza de trabajo juvenil ha disminuido en 35 millones. Así, los jóvenes en la fuerza de trabajo han pasado del 21,7% en 1997 al 15,5% en 2017, mientras que la participación juvenil en la fuerza de trabajo ha disminuido durante el mismo periodo del 55% al 45,7%.
Al mismo tiempo, la OIT apunta que el 76,7% de los jóvenes que sí trabajan lo hacen en empleos informales, en comparación con el 57,9% de los adultos que trabajan. El empleo informal se caracterizados por la falta de algún tipo de protección, como no pagar el salario u obligación de hacer horas extras, despidos sin aviso o compensación, no tener derecho a baja por enfermedad o condiciones de trabajo inseguras, etc.
En concreto, los jóvenes que trabajan en este tipo de empleos como porcentaje del total de jóvenes empleados es del 96,8% en los países en desarrollo, del 83% en los países emergentes y de un poco menos del 20% en los países desarrollados.

El aceite de oliva compensa en el extranjero la caída del 8,9% del consumo en España

MADRID.- El consumo de aceite de oliva ha caído en España a su nivel más bajo en los últimos cinco años, algo que sin embargo se ha logrado compensar con el fuerte avance de las exportaciones. Al cierre de la última campaña 2016/2017 el pasado 30 de septiembre, con una cosecha corta, las ventas del oro líquido en el mercado interior se han reducido a 457.200 toneladas, lo que supone un 8,9% menos que en la anterior, revela hoy elEconomista

La razón, según explican en el sector, está en la fuerte subida que han experimentado los precios a lo largo del ejercicio.
El precio en el campo del aceite de oliva virgen extra llegó a batir la pasada primavera el récord de la última década, y tras subir un 37% se llegó a situar en mayo en 3,84 euros por litro, respecto a los 2,8 euros que marcaba un año antes. El virgen subió, en la misma línea, un 38%, hasta 3,75 euros; y el lampante, que necesita ser refinado para su consumo, un 41,5%, desde 2,6 hasta 3,68 euros.
"La subida es consecuencia de la poca disponibilidad de producto a nivel mundial", explicaba ya entonces el sindicato agrario Asaja, recordando que está pasando algo similar en otros países productores como Italia, Grecia, Portugal o Túnez.
Con la pertinaz sequía de fondo y frente a las razones climatológicas, organizaciones de consumidores como la OCU han mantenido sin embargo también en varias ocasiones que "estas subidas se explican más por la especulación que por una escasez de aceituna". 
El aumento de los costes de la materia prima, que ha llevado a que el litro de aceite de oliva virgen extra haya llegado a rondar en algún momento hasta los 6 euros en el lineal de los supermercados, ha provocado un desvío del consumo por parte de los españoles hacia productos mucho más económicos, como el de girasol.
Aunque el consumo nacional experimenta habitualmente fuertes oscilaciones, dependiendo precisamente de los precios, lo cierto es que está así actualmente muy lejos de las cifras históricas alcanzadas en la campaña 2013/2014, cuando las ventas a escala nacional superaron las 536.000 toneladas.
Ante esta situación, el descenso en la venta de aceite de oliva a nivel nacional, que en el mercado no dudan de calificar como "preocupante", se ha podido compensar sin embargo con un fuerte aumento en el ámbito de las exportaciones.
Y es que España sigue avanzando con paso firme y ha cerrado la campaña en el exterior con un total de 949.300 toneladas, lo que supone no sólo un incremento del 9,3% respecto a las 868.100 toneladas de la campaña anterior, sino cerrar la segunda mejor de la historia, por detrás tan sólo de la histórica de 2013/2014, cuando se superaron los 1,1 millones de toneladas.
El pasado 2 de noviembre, el presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, aseguraba en este sentido que "si las exportaciones han sido el motor de la recuperación, nosotros hemos sido la bomba de inyección y el año pasado exportamos aceites de oliva por valor de 3.365 millones de euros, lo que colocó nuestro producto como el más importante de la agroalimentación española, por delante de la carne de porcino, cítricos y vino".
Barato, que hizo estas declaraciones durante una gala de entrega de premios de la Interprofesional a los Aceites de Oliva, en colaboración con elEconomista, aseguró además, que vamos camino de pulverizar otra vez ese récord, ya que entre enero y marzo de este mismo año hemos superado, por primera vez en la historia, los 1.000 millones de euros exportados en tan solo un trimestre.
Para la Interprofesional, la positiva evolución del mercado exterior contribuye a la creación de la marca España. "No sólo mostramos en nuestra botella el nombre de España, lo estamos convirtiendo en un reclamo para los consumidores de todo el mundo; nuestros aceites son de la más alta calidad, saludables y enriquecen las cocinas de los cinco continentes, porque son españoles", aseguró Barato.

Una reforma para fijar los poderes de las autonomías

MADRID.- Una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, coordinados por Santiago Muñoz Machado, propuso ayer reformar la Constitución de 1978 y poner al día el modelo territorial español aplicando “técnicas del federalismo” vigentes otros países europeos. Los expertos, que actúan por iniciativa propia ante la crisis catalana, plantean que los Estatutos de Autonomía dejen de ser leyes orgánicas y, por tanto, no sean aprobados por las Cortes. También proponen fijar con claridad las competencias estatales en la Carta Magna y reorganizar el Senado a semejanza del modelo alemán o austríaco, publica hoy El País.

La crisis independentista catalana se convertido en la manifestación más extrema, pero no la única, de la “fatiga de materiales” que aqueja a la Constitución Española de 1978, y es “urgente” reformar el modelo territorial que esta consagra. Los juristas coordinados por Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, se han reunido durante cuatro meses para redactar un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución, que se presentó este lunes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Los expertos proponen aplicar las “técnicas y soluciones” federales a la actual configuración autonómica.
El documento niega que la reforma “pueda hacerse pensando solo en Cataluña”, defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra el desafío secesionista y rechaza que los “grupos que han apoyado la intentona independentista” puedan ser los interlocutores exclusivos de este proceso. Pese a ello, el manifiesto incluye un capítulo dedicado a Cataluña. 
En él, se recoge la sugerencia, defendida por “algunos miembros del grupo”, de incorporar a la Constitución una nueva Disposición Adicional que establezca un “régimen jurídico singular” para esa comunidad y una “relación bilateral” con el Estado, siempre con el acuerdo del resto de comunidades y para aquellas cuestiones que no afecten al conjunto.
El “voluntariado cívico” de este grupo de juristas, coordinados por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense de Madrid deriva de su preocupación por la “situación crítica” que vive España por el desafío independentista catalán
Según su diagnóstico, la “parálisis o incapacidad” de los partidos para reformar la Constitución “pone en peligro el propio sistema político”, y solo una reforma que afronte los problemas del actual sistema autonómico en su conjunto permitirá encauzar la situación de Cataluña.
Cinco de los firmantes —Eliseo Aja, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Victor Ferreres y Joaquín Tornos— pertenecen a universidades catalanas. El resto de los catedráticos ejercen en Andalucía —Ana Carmona (Universidad de Sevilla) y José Antonio Montilla (Granada)—, el País Vasco (Alberto López Basaguren) y la Complutense de Madrid (Javier García Roca).
Estos juristas defienden la necesidad de abrir un “tiempo de reformas”, en el que de forma paulatina y sucesiva se pueda incorporar a la Constitución una “cláusula europea” en el que se aclare que la norma española es compatible con la normativa comunitaria; se suprima la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona o se reconozca la garantía de ciertos derechos sociales. 
Sin embargo, lo que consideran “urgente” y “prioritario” en este momento es la reforma que permita “construir un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación”.
Aunque los juristas no quieren “dar excesiva importancia al término”, reconocen que la reforma “deberá hacerse en la línea de los sistemas federales”. Los juristas plantea acabar con la doble condición de los Estatutos como “norma institucional básica” de la comunidad y, al mismo tiempo, ley orgánica que debe ser aprobada por las Cortes. 
“Sería conveniente configurar al Estatuto como el equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la Constitución”. Según este criterio, los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico.
El escrito defiende remodelar por entero el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuyo carácter inconcreto ha terminado convirtiendo al Tribunal Constitucional en el árbitro de ese reparto. Los firmantes se inclinan por que la Constitución fije claramente las competencias del Estado y deje las autonómicas a lo que establezca cada Estatuto.
La parte troncal del documento se centra en la necesidad de reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y en la Unión Europea. El papel del Senado debería cambiar radicalmente. El modelo preferido es del del Bundesrat alemán, cuyos miembros son designados por los Gobiernos de los länder. También se sugiere el modelo austríaco, donde los parlamentos regionales nombran a los parlamentarios de la Cámara alta.
Los académicos defienden que la Constitución incluya normas fundamentales sobre financiación autonómica. Estas deben conjugar criterios de solidaridad con la atribución de los recursos según las capacidades de ingreso de las regiones
Los firmantes reclaman a los partidos que emprendan el diálogo reformista que, según ellos, debería haberse iniciado en 2010 tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló una serie de artículos del Estatuto de Autonomía catalán de 2006.
Este diálogo, defienden, debe producirse en el Congreso y estar liderado por el Gobierno. “Se trata de buscar un nuevo marco de autogobierno que sea sometido a referéndum tanto en Cataluña como en el conjunto de España”, a través de la revisión del Estatuto de Autonomía y de la propia Constitución. 
Los redactores del documento rechazan la idea de que una reforma constitucional deba lograr un consenso similar al obtenido en su día en las Cortes constituyentes, donde votaron afirmativamente 325 de los 350 diputados. 
Los catedráticos recuerdan que las propias mayorías que recoge la Carta Magna —tres quintos o dos tercios de la Cámara, según los casos— “son las únicas mayorías vinculantes”.

Franco no ha muerto / Vicenç Navarro *

En un editorial reciente, titulado “Franco ha muerto”  (12.11.17), el rotativo El País indicaba que la afirmación hecha por Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique del partido Podemos de que las personas encarceladas por la Audiencia Nacional (los dirigentes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana -ANC-, así como el vicepresident y algunos de los consellers del gobierno catalán) eran presos políticos debía considerarse como “extemporánea” y “absurda”, cualificaciones también aplicables a las declaraciones de dirigentes políticos europeos como el ex primer ministro socialista del gobierno belga, el Sr. Elio Di Rupo, que habían utilizado la misma expresión para definir tales presos. 

En realidad, este último había incluso acusado al Sr. Rajoy, presidente del Gobierno, de franquista autoritario, algo que el editorial de El País consideraba como una afirmación intolerable y digna del máximo desprecio. El editorial consideraba ofensivo para España y fuera de lugar el utilizar expresiones que pudieran asimilar estos encarcelamientos realizados por el Estado español ahora con los ocurridos durante la dictadura que en España se llama franquista y que tuvo lugar durante el periodo 1939-1978. 

Asumir semejanzas entre lo ocurrido ahora y lo que ocurrió en aquel pasado ignoraba –según aquel editorial– que la democracia actual en España no tenía nada que ver con la dictadura que la precedió. De ahí que, de nuevo, según tal editorial, definir hoy como franquistas acciones del Estado español era tan absurdo como que tales términos fueran utilizados en referencia al gobierno alemán, que tuvo en su pasado una dictadura semejante

Escribía El País que utilizar el término franquista para definir el comportamiento del gobierno español presidido por el Sr. Rajoy era tan absurdo como lo sería utilizar el término nazi para definir comportamientos del gobierno alemán presidido por la Sra. Merkel. Hasta aquí el punto sostenido por el rotativo de mayor tirada del país y que refleja bien la opinión del establishment político-mediático del país.

Comparar, sin embargo, la relación del gobierno Merkel en Alemania con su pasado, y la del gobierno Rajoy con el suyo, llegando a la conclusión que ambos pasados son semejantes, refleja una enorme ignorancia de la historia de ambos países.

Alemania experimentó una desnazificación. España, no
El País parece desconocer cómo se hizo la transición de la dictadura a la democracia en Alemania, pues hay una enorme diferencia entre cómo Alemania pasó de la dictadura nazi a la democracia, y cómo España pasó de una dictadura fascista a la situación actual. El nazismo fue erradicado de las instituciones alemanas después de la II Guerra Mundial. En aquel país, la llegada de la democracia significó una ruptura con el estado nazi anterior, habiendo realizado el Estado democrático una campaña de desnazificación profunda y masiva. Ello no ocurrió en España. Todo lo contrario.

El Estado democrático español no supuso una ruptura con el anterior
El Estado democrático en España no significó una ruptura sino una apertura de un Estado dictatorial imbuido de una ideología totalizante, la cual incluía un nacionalismo extremo uninacional que no admitía la plurinacionalidad de la España real, reprimiendo brutalmente a todos los que tenían una visión de España distinta a dicha visión uninacional, siendo definidos como la anti España. 

No ha sido reconocido –incluso hoy– por parte del Estado español que la dictadura fascista fue una de las más represivas que hayan existido en E​uropa en el siglo XX. Según el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de Nueva York, en EEUU, experto en el fascismo europeo, por cada asesinato político que cometió el régimen liderado por Mussolini, el dirigido por el general Franco cometió 10.000. En la apertura que significó el establecimiento de la democracia (que naturalmente significó un gran avance para el país) se mantuvieron, sin embargo, los aparatos represivos del Estado, que variaron poco respecto a los del Estado anterior. 

Es más, la cultura franquista, con su visión uninacional extrema, persistió en tales aparatos, que mantuvieron una continuidad considerable respecto a su situación anterior. Y como consecuencia de la función represora del Estado, todavía hoy España es uno de los países de la UE que tiene más policías por cada 100.000 habitantes, y, en cambio, menos personas adultas que trabajan en los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación y escuelas de infancia, entre otros (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. Premio Anagrama de Ensayo, 2002).

El contraste de la transición del nazismo a la democracia en Alemania con la transición (mal llamada modélica) en España
Tal diferencia entre la transición de la dictadura en España y la que tuvo lugar en Alemania es enorme. En Alemania la desnazificación tuvo lugar inmediatamente después de terminar la dictadura nazi: los Juicios de Núremberg, de 1945 a 1946, que se realizaron inmediatamente después de la caída del régimen nazi, juzgaron a gobernantes nazis que tuvieron que responder ante un tribunal por los actos represivos que dicho régimen había realizado contra los sectores de la población alemana y de los países ocupados que se opusieron a él. 

Las élites gobernantes del régimen nazi fueron juzgadas y sentenciadas en tales juicios. Nada semejante a ello ocurrió en España, donde las élites gobernantes continuaron ocupando posiciones prominentes en el régimen que sucedió a la dictadura. En realidad, muchos de los dirigentes del aparato del régimen dictatorial continuaron en posiciones dirigentes del sistema democrático, siendo su influencia sobre el proceso de transición enormemente poderosa, dejando su imprimátur en gran número de resoluciones adoptadas por el Estado, el cual se estableció no a base de una ruptura con el Estado anterior, sino como una adaptación y apertura a nuevos actores dentro del Estado, suficiente para que pudiera presentarse como un Estado democrático que le permitiese ser aceptado en la Unión Europea.

Ni que decir tiene esta apertura fue enormemente importante y permitió la canalización de los deseos populares a través de partidos políticos, con alternancia en el poder, estableciéndose, entre otras cosas, el Estado del Bienestar. Pero estas conquistas sociales llevadas a cabo primordialmente por las fuerzas progresistas del país no niegan que el Estado democrático fuera construido sobre uno anterior cuyas estructuras y cultura (como la ideología extrema uninacional) fueron mantenidas y variaron poco respecto a las que ya existían. Y entre estas estructuras están los aparatos represivos del Estado, que van desde los cuerpos de seguridad (incluyendo la policía) hasta el sistema judicial. La cultura existente en tales aparatos todavía contiene y responde a comportamientos heredados del régimen anterior. 

Es más, el principal partido del Estado, el PP, fue fundado por personalidades pertenecientes a las élites del régimen dictatorial, y gran parte de su comportamiento (como la elevada corrupción, los tics autoritarios, la escasa cultura democrática, su provincialismo y escaso desarrollo cultural, su supuesto “súper patriotismo”, su abusiva utilización de la movilización nacionalista españolista de la bandera borbónica para ocultar sus políticas impopulares, y su masiva utilización de las ramas del Estado como la policía y los aparatos de seguridad como si fueran parte de su propio patrimonio, a fin de destruir a sus adversarios) es una expresión de una cultura basada en la cultura franquista que la precedió.

No ha habido una política semejante a la desnazificación alemana en el Estado español
En Alemania, por el contrario, hubo una gran campaña educativa para erradicar la cultura propia del nazismo, campaña que ha sufrido altibajos pero que ha sido masiva a todos los niveles. Se ha prohibido reconocer o promover cualquier memoria política de aquel régimen, erigiéndose monumentos a lo largo del territorio alemán para recordar a sus víctimas, con actos frecuentes para homenajearlas. Y lo que es también digno de señalar es que ha sido predominantemente la juventud, educada en valores democráticos, la que ha liderado la demanda de que se denuncien y se descubran las atrocidades del nazismo. 

En este aspecto, el movimiento de rebeldía de los estudiantes en 1968 fue muy determinante en Alemania para que se vencieran las resistencias a analizar críticamente el pasado. Y una de las personas más respetadas y queridas en Alemania fue el canciller Willy Brandt (que había sido miembro de la resistencia antinazi), el cual, a finales de 1970, pidió perdón, en nombre del Estado alemán, por el enorme daño realizado por dicho Estado en contra de sus víctimas en Alemania y otros países. Y en las escuelas la enseñanza está orientada a una condena contundente de tales autoridades y del régimen nazi.

Nada de ello ha ocurrido en España. No ha habido una campaña educativa encaminada a enseñar a la juventud lo que fue la dictadura y sus consecuencias enormemente negativas para la vida política, económica y cultural del país. Y a pesar de que, como indiqué antes, fue uno de los regímenes más represivos del siglo XX en Europa, no ha habido ni denuncias ni encarcelamientos de los victimizadores ni homenaje a las víctimas, de las cuales 150.000 continúan desaparecidas. España es el segundo país, después de Camboya, que tiene un mayor porcentaje de personas desaparecidas por causas políticas, sin que el Estado haya tomado ninguna medida para encontrarlos y homenajearlos.

Los presos son políticos
Ni que decir tiene que la represión política del Estado hoy en España adquiere una forma muy distinta a la que adquirió durante la dictadura. Los que vivimos durante aquella época y luchamos contra la dictadura pudimos ver y experimentar la enorme brutalidad de la represión de aquel régimen. Tal brutalidad en la represión del Estado franquista es distinta, sin embargo, a la que aparece ahora en las ramas del Estado encargadas de la función represora. Es mucho menos intensiva, lo cual hay que enfatizar, pues no hacerlo es trivializar lo que fue el fascismo. 

Ahora bien, dicho esto, también es necesario añadir que tales aparatos son los herederos de los que existieron durante aquel régimen, y, por lo tanto, algunas conductas y culturas de aquel régimen continúan persistiendo en España, incluyendo la existencia de presos políticos, aun cuando en mucho menor cantidad e intensidad que en aquel entonces. Pero no hay que ignorar u olvidar que la utilización de dichos aparatos, como la policía o los tribunales, para misiones y objetivos políticos es una característica del Estado español. Ejemplos de ello hay miles. 

La utilización de policía política, en connivencia con periodistas basura que gozan de gran prominencia en los medios, para destruir al adversario es una práctica común en el partido fundado por los franquistas (el PP). No definir tales actos y tales presos como políticos es ser excesivamente complaciente con las dimensiones franquistas que todavía existen en el Estado español.

Es conocida mi crítica e incluso denuncia del movimiento independentista por su comportamiento antidemocrático, intentando alcanzar un objetivo para el que, además de no respetar los sentimientos de la mayoría del pueblo catalán que se siente español y no es secesionista, se saltó las reglas del juego democrático. 

Pero hay que insistir, por muy impopular que sea para el establishment político-mediático español y sus medios, incluyendo El País (fundado en gran parte por élites de aquel régimen y dirigido, entre otros, por el que había sido jefe de servicios informativos de la televisión de aquel régimen), que la mayor causa de las tensiones entre nacionalismos en España es la persistencia del nacionalismo extremo excluyente que está destruyendo España al no reconocer la plurinacionalidad que existe en su seno. 

Y esta persistencia en grandes sectores de la población española es una herencia del régimen dictatorial anterior. Su enorme hostilidad hacia lo que considera los “nacionalismos periféricos” (ocultando su propio nacionalismo españolista excluyente) y su intento de destruir a las izquierdas contestatarias del régimen bipartidista actual (que alcanza dimensiones enfermizas) son producto directo de la cultura franquista que todavía persiste en España.

Una última observación. Una consecuencia del enorme dominio que las élites dominantes en la dictadura han continuado teniendo en España es la gran falta de diversidad ideológica en los mayores medios de información españoles, que es incluso más limitada en temas y áreas de gran relevancia para el país -como el tema nacional-. El nacionalismo español extremista es la ideología hegemónica en España, de donde se deriva la hostilidad hacia otra visión distinta de la “oficial”. 

Un ejemplo de ello es que un artículo como este es impensable que pudiera ser publicado en El País o cualquier otro mayor medio. Ello es un indicador de la falta de diversidad ideológica de los medios, que permite a estos decir auténticas barbaridades sin que puedan ser contrastadas con los hechos fácilmente accesibles pero no presentes en dichos medios. El más claro ejemplo de esta manipulación es presentar la denuncia de la persistencia de la cultura franquista en aparatos del Estado español como resultado de la manipulación cibernética rusa de las noticas en este país. 

Creo haber sido una de las voces más vetadas en los medios de comunicación en España que ha sido más crítica con la Rusia actual y con la última etapa de la Unión Soviética que la precedió. Atribuir la crítica de los que luchamos contra el fascismo contra un Estado que no ha roto con el anterior a la influencia rusa es alcanzar unos niveles de falsedad, tal como está haciendo El País, dignos de la mezquindad a la que ha llegado su equipo director, encabezado por el Sr. Antonio Caño. Mientras, ruego al lector con sensibilidad democrática que  distribuya este artículo.



(*) Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas.
      Universitat Pompeu Fabra

Atraco (perfecto) en lectura única y por vía de urgencia / Carlos Sánchez *

Aunque tenga mala prensa en ciertos sectores, hay razones para pensar que uno de los grandes logros del 78 tiene que ver con el encaje del País Vasco en la Constitución. Es sabido que el PNV se abstuvo en el referéndum constitucional –tras una asamblea de dirigentes celebrada, precisamente, en Pamplona–, pero lo cierto es que la célebre disposición adicional primera –que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”– fue un buen hallazgo político. Desde luego, para los habitantes del País Vasco y Navarra, aunque también para el resto del España.


Entre otras cosas, porque la Constitución obliga a que la actualización del régimen foral tenga que llevarse a cabo necesariamente en el marco de la propia Carta Magna y de los respectivos estatutos de autonomía. Es decir, que es la Constitución –y no los pactos políticos– quien impone los límites a esa singularidad.

Como se sabe, la entonces minoría catalana tuvo inicialmente la oportunidad de adherirse a esa formulación en razón a la existencia previa de la Generalitat (con Estatuto propio durante la República), pero finalmente Pujol lo rechazó ahuyentado de cuestiones historicistas, lo que explica que Cataluña no tenga hoy su propio Concierto.

Pujol siempre prefirió negociar directamente con Madrid –ante la ausencia de un partido bisagra de carácter nacional– que someterse a los rigores del autogobierno, que suponía, entre otras cosas, recaudar y subir impuestos en momentos de fuerte crisis económica. El propio Pujol reiteró su oposición al Concierto en 1980, inmediatamente antes de la aprobación de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidad Autónomas), como reveló en su día el exconsejero vasco Uriarte tras entrevistarse con Pujol y Trías Fargas.

Obsérvese que la Constitución habla de “actualización del régimen foral”, lo que significa que no aborda el origen de los derechos históricos, al contrario de lo que pretendía el PNV, ausente de la Ponencia Constitucional, quien buscaba aclarar que esos derechos históricos –articulados a través de las tres diputaciones forales– nacían de la tradición y no de la Constitución del 78. Es decir, pretendía dejar claro que el autogobierno bebía del pasado y no era fruto de una concesión de la Carta Magna.

La propuesta nacionalista era coherente con la célebre enmienda Arzalluz, en la que el dirigente nacionalista planteó el reconocimiento explícito de un pacto bilateral entre la Corona y los territorios históricos, lo que fue descartado por su carácter confederal. O, lo que es peor, por el hecho de que su aprobación hubiera supuesto una vuelta a la monarquía absoluta en la que los distintos territorios pactaban con el soberano.

Singularidad constitucional

El PNV, por el contrario, sí logró establecer una singularidad constitucional a través de una disposición adicional cargada, además, un carácter fuertemente simbólico. Ese párrafo, de apenas 38 palabras, es un ejercicio político de puro pragmatismo que tanto la UCD como el PSOE y el PCE aceptaron después de intensas horas de negociación. Incluidos, los dirigentes socialistas menos nacionalistas, como Múgica o Gómez Llorente, integrantes de la Comisión Constitucional, aunque no de la Ponencia. 

Como señaló el malogrado Tomás y Valiente, fue la tolerancia lo que permitió meter en el mismo saco constitucional conceptos a priori tan dispares como las regiones de régimen común, las nacionalidades o la singularidad vasca y navarra. Incluso, la posibilidad de acceder a la autonomía a través de dos vías, lo que hoy se consideraría una traición a la igualdad de los españoles.

Hasta aquí la historia. El futuro se escribirá este jueves, cuando el Congreso apruebe –en procedimiento de urgencia y lectura única que inevitablemente recuerda a las bochornosas sesiones del 6 y 7 de septiembre en el parlament de Cataluña– la actualización de la metodología para calcular el Cupo hasta 2021 y la renovación del Concierto vasco. Es decir, la norma se remitirá al Senado, gracias a los votos del PP y PSOE, sin pasar ni por ponencia ni por comisión ni por el trámite de enmiendas parciales, solo caben las enmiendas de totalidad. Ciudadanos ya ha anunciado que votará en contra.

El hecho de que se vayan a aprobar sin apenas debates, leyes territorialmente tan significativas, y casi por la puerta de atrás, no es más que el reconocimiento de un fracaso político. Es como si al PP o al PSOE, al mismo tiempo que reclaman la vigencia de la Constitución para restablecer el orden legal en Cataluña, les diera vergüenza aplicar la Constitución, que en el caso de los regímenes forales dice lo que dice. Guste o no. Y quien quiera cambiarla, que lo lleve en su programa electoral.

Detrás de este comportamiento, sin duda, se encuentra algo mucho más relevante. Se pretende esconder que la metodología utilizada para calcular el Cupo incumple la Constitución. Precisamente porque privilegia a unos territorios frente a otros, y que la comisión de expertos de financiación autonómica estimó recientemente en unos 2.600 millones de euros que tanto el País Vasco como Navarra dejan de aportar cada año a la solidaridad interregional y a la igualdad de acceso a los servicios públicos generales. El problema no es el Cupo, es su cálculo.

Gasto por habitante

Eso explica, por ejemplo, que las comunidades forales pudieran gastar en 2016 por ciudadano –lo que los expertos denominan unidad de necesidad– en torno a un 30% más que las de régimen común. Las comunidades forales, de hecho, se han ido alejando progresivamente de las de régimen común desde 2007 –cuando se firmó el anterior Concierto– en su nivel de gasto por habitante ajustado.

Tanta opacidad ha dado como resultado que hoy las leyes en las que se establecen los importes del Cupo y de la aportación navarra no contengan, como han dicho los expertos, un anexo detallado en el que se recoja toda la información relevante para el cálculo, incluyendo un listado exhaustivo de cada una de las cargas consideradas asumidas y no asumidas con sus correspondientes valoraciones. Estas leyes “deberían estar sujetas al procedimiento habitual de discusión y enmienda”, dijo en vano la Comisión. Creada, paradójicamente, por el Gobierno.

No parece que la mejor manera de defender la Constitución sea, precisamente, atacarla o, al menos ignorarla. Entre otras cosas porque si se quiere abordar la reforma territorial –la Comisión parlamentaria ha nacido muerta antes de empezar a trabajar– se deben tener en cuenta las legítimas singularidades de otras regiones, como Canarias (con un sistema fiscal propio que cada vez se parece más a un paraíso fiscal) o Ceuta y Melilla, lo que refleja una gran diversidad.

Los regímenes forales forman parte de las particularidades de un Estado complejo como es el español, y como tal requiere luz y taquígrafos. Entre otras cosas, porque los agravios territoriales comparativos son un veneno político que con el tiempo tienden a cristalizar. Y el caso de Cataluña está ahí para extraer alguna lección.

Y dejar las cosas como están, sin incluir a los territorios forales en la solidaridad interregional, no es más que volver a los viejos fueros abolidos por Cánovas para acabar con lo que por entonces se conocía como ‘provincias exentas’. No estará de más recordar que antes de 1876, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya no solo no estaban sujetas al servicio militar al que contribuían obligatoriamente el resto de las provincias españolas, tampoco pagaban impuestos a la Hacienda central. Solo entregaban “donativos” para el sostenimiento de las arcas públicas y de la propia Corona. En eso estamos.


(*) Periodista


Las cloacas del periodismo / Javier Pérez de Albéniz *

Gloria Lomana, ex directora de informativos de Antena 3, ha publicado una novela que se titula ‘Juegos de poder’. Ha sido editada por Esfera de los libros, la editorial de Unidad Editorial (El Mundo). En la presentación acompañaron a Lomana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y los periodistas Carlos Herrera e Iñaki Gabilondo. Un buen batiburrillo, ¿verdad?

Todos los grandes medios están hablado del libro de Lomana. Y lo hacen sin pudor alguno, diciendo cosas fantásticas, tan comerciales como huecas, sin encontrarle una sola pega. Dicen, por ejemplo, que es “una ficción sobre las perversas relaciones entre poder y periodismo”, que habla sobre “la utilización dañina de los medios” o que “alerta sobre las peores perversiones del poder mediático y político”. Mi favorita es ésta: “es un viaje a las cloacas del periodismo”.

No hace falta que usted haya seguido al detalle la carrera de Gloria Lomana, sería suficiente con que haya visto alguna de sus entrevistas a Mariano Rajoy, para que seguramente esté de acuerdo conmigo en que es difícil encontrar a una periodista más cualificada para escribir sobre las cloacas del periodismo. Le diré más, si las cloacas del periodismo son tan pestilentes y guarras como son, es gracias a personajes como ella, capaces de dar el visto bueno a la emisión en una televisión nacional de “exclusivas” como ésta…

“Los vínculos de los antisistema”, decía la “exclusiva” de Antena 3. Pareja de Josep Piqué, ex ministro de Economía y de Ciencia y Tecnología de José María Aznar, Gloria Lomana ha sido siempre un ejemplo perfecto de periodista dócil cercana al poder. A esos juegos de poder de los que la ex de Antena 3 habla en un libro que, editado por El Mundo y presentado por un ministro con la colaboración de Herrera y Gabilondo, sin duda será un éxito. 

Como tiene que ser cuando se vende ficción sobre la utilización dañina de los medios, escrita desde el mismísimo corazón de las cloacas del periodismo, para regocijo de quienes viven de las peores perversiones del poder mediático y político.


(*) Periodista y escritor