Mientras en el Congreso se entretienen con sesiones de escasa
utilidad sin hincarle el diente al gran problema que tiene España ahora
mismo, que es el plan secesionista de una minoría de catalanes, el
independentismo sigue a lo suyo, en su disparate, su desvergüenza y con
una ley autocrática que además es un disparate jurídico que pasará a la
historia.
Pretenden dar apariencia de legalidad a un proceso
indefendible, no lo llevarán a la Mesa del Parlamento catalán hasta el 6
de septiembre, cerquita de la Diada. Sí, quieren celebrar un referéndum
con una ley presentada 25 días antes, con un par, y de aquí a entonces
lo que quieren es movida, cisco, titulares, tertulias. Pero pasos
concretos, con máximo retraso.
Es importante que todo el personal tenga en cuenta que el Gobierno de
Puigdemont, dirigido por la CUP, no es que esté ciscándose en la
legalidad española. No. Están rompiendo la legalidad catalana. La
Constitución española que se pasan por el forro fue aprobada con el voto
a favor de la mayoría de los catalanes, en más proporción incluso que
buena parte del resto de las provincias españolas. Y el Estatuto catalán
de 2006 y el anterior del 80 también fueron votados por la mayoría de
los catalanes.
Pero a la CUP, y también al PDeCat y a Esquerra parece
que el respeto a la democracia no va con ellos. Y la realidad es que la
víctima de este dislate es el pueblo catalán, aunque algunos no se hayan
enterado aún. Y conviene recordárselo, como es útil tener presente que
más de tres décadas de adoctrinamiento implacable con coacciones
incluidas, financiado por supuesto con dinero de todos y una dejación de
responsabilidades abrumadora de los Gobiernos de España no han servido
para convencer más que como mucho a un tercio de la población. Y así
quieren declarar la independencia.
La Ley de Transitoriedad, su contenido y cómo ha sido parida
evidencian que pretenden, aunque no lo van a conseguir, imponer su
proyecto político totalitario a todos los catalanes. La lectura detenida
del articulado te deja helado. No es ya que resulte surrealista tener
redactadas las leyes de un Estado antes de que exista el Estado, es que
estamos ante un proyecto totalitario diseñado para beneficio de una
élite minoritaria de los catalanes, como se evidencia al constatar como
pretenden con ella, de entrada, garantizar la amnistía los condenados
por los tribunales españoles que hayan contribuido a la independencia,
es decir, la impunidad de los corruptos para empezar. Y como el control
del poder judicial de este gulag que quieren construir estará en el
ejecutivo, al que se salga del redil le zumbarán duro.
Lo dicho. Van a calentar el ambiente a tope, pero van a retrasar todo
lo que puedan el enfrentamiento a campo abierto. Van a colocar a
Cataluña al borde del abismo tratando de celebrar un referéndum sin
ninguna garantía. De locos. Y, de nuevo, el Gobierno de España no se
sabe dónde. Damos por supuesto que va a actuar, que va a impedir la
celebración del referéndum, pero, ¿a qué espera Rajoy para explicarle a
todos los españoles, empezando por los catalanes que se sienten
españoles, cómo va a hacerlo?
Tienen, tenemos, derecho a saberlo. Se
está tratando de consumar una cadena de delitos gravísimos por parte de
un Gobierno autonómico que pretende instaurar en una Comunidad Autónoma
un régimen autoritario. El Gobierno de España no puede tener en la
inopia a los ciudadanos, que requieren de su protección y que tienen
derecho a no tener duda alguna de que se van a respetar las leyes.
Seguro que el Gobierno sabe lo que va a hacer. Y ya es hora de que nos
lo cuente. Porque, además, han sido demasiados años de Gobiernos sin
hacer nada, o lo que es peor, haciendo lo contrario de lo que se debía
hacer, con las consecuencias que estamos viviendo.
(*) Periodista
