MURCIA.- El rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, ha dejado
claro este viernes que las universidades públicas «son administración y
como tal sus actuaciones y decisiones están sometidas a regulación
jurídica estricta».
Luján, que ha pronunciado estas palabras en su
discurso con motivo del acto de investidura como Doctor Honoris Causa
de Walter Schachermayer, ha querido poner de manifiesto con ello las
irregularidades en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos, que
conllevó la dimisión de la entonces presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, argumentando que «si hoy se ha premiado el
rigor y la corrección en el trabajo realizado por este especialista,
también me gustaría que se reconociera el rigor y la corrección en el
trabajo realizado por las universidades públicas españolas».
«Tanto
cuando imparten su docencia, con la mayor calidad posible o cuando
desarrollan su investigación, con un sacrificio personal incuestionable,
como cuando expiden sus títulos, con una legalidad escrupulosa y plena
inatacabilidad jurídica», ha enfatizado Luján.
Luján, que ha
protagonizado su primer acto solemne tras asumir el Rectorado, ha
dedicado parte de su discurso a reflexionar sobre un aspecto concreto de
la Universidad de Murcia en su dimensión de universidad pública, debido
«al cuestionamiento de la probidad de las universidades españolas al
que se ha asistido en los últimos meses».
Así, ha explicado,
«frente a las dudas que la situación haya podido sembrar hay que alzar
la voz para afirmar que no hay una mayor protección al alumno, ni un
mayor control de la actividad docente e investigadora, que en el seno de
una universidad pública».
Por ello, ha recordado que «si todos
los ciudadanos estamos obligados a ajustar nuestros comportamientos a la
ley y ésta debe ser pauta ordinaria de comportamiento, en el caso de
las universidades públicas las exigencias y requerimientos de legalidad
son aún mayores y su reglamentación es más rigurosa, al tratarse de
instituciones que forman parte de la Administración pública y por contar
entre sus profesionales con muchos que ostentan la condición de
funcionarios públicos».
A su juicio, «las universidades públicas
son administración y como tal sus actuaciones y decisiones están
sometidas a regulación jurídica estricta, ya sea por medio de normas
adjetivas o procedimentales, como por medio de normas sustantivas o de
decisión, y todo ello en beneficio de la transparencia, la objetividad y
la imparcialidad de su praxis».
Luján ha lamentado, en este
sentido, que cuando se daba por sentado que toda la actividad se
desarrollaba conforme a la ley y al Derecho, y se prestaba más atención a
otras cuestiones más evolucionadas en el proceso de consolidación de
las universidades públicas, «de repente nos vemos obligados a volver a
la casilla de salida y a tener que revisar los cimientos y bases de
nuestro quehacer cotidiano para asegurarnos que éste es riguroso y
ajustado a norma».
«Aunque corran malos tiempos para hablar de
obediencia a la ley, de nuevo tenemos que recordar que los planes de
estudios deben cumplirse escrupulosamente, las asignaturas a cursar
deben de ser las debidas e impartidas cuando son debidas, las prácticas
son prácticas y las clases de teoría, teóricas, unas y otras deben
impartirse en el número y horario establecido, las convocatorias son las
que son y que los exámenes deben celebrarse en el día establecido y
versar sobre la materia asignada», advierte.
De los trámites
administrativos relacionados con la actividad, como matrículas,
calificaciones, actas, convalidaciones, ha dejado claro que también
éstos« deben realizarse en el momento oportuno, por medio de los
procedimientos articulados para ello, con plena objetividad, constancia
expresa y diáfana transparencia», porque, ha continuado, «así son las
cosas en la universidad pública de Murcia».
