No es novedoso que escriba acerca de la Justicia Militar,
ya que yo mismo la estoy sufriendo en mis carnes, pero con el permiso
de la afectada —y con todo mi cariño— quisiera hablar del caso de la Soldado C.V.B y del calvario que está sufriendo ella y todo su entorno. Para no ser repetitivos en cuestiones técnicas (que muy bien cuenta Eduardo Bayona en Publico), yo añadiré unos matices personales. Nada más.
En las Fuerzas Armadas existe un protocolo de actuación ante el acoso,
en donde vienen reflejadas unas pautas a seguir ante estos casos.
Porque por mucho que quiera ocultarlo el Ministerio de Defensa, cada día
nos damos cuenta de que existen más y, tristemente, muchos soldados se
ven tratados con la mayor crudeza y frialdad por superiores y juristas
castrenses.
¿Quién vigila a quien nos vigila? ¿Quién juzga a quien debería de ser
castigado en realidad? ¿Quién controla a los acosadores? ¡Son ellos
mismos! En otras ocasiones ya he expuesto que son una minoría los que
nos acusan de traición a la patria, pero están muy bien organizados y resguardados bajo su propio paraguas, el paraguas de la Justicia Militar.
Así las cosas, procuraré poner siempre por delante la palabra
“supuesto”, para que el mazo de los poderosos no caiga de nuevo sobre
mí. Pero sí pondré sobre el candelero cómo se utiliza el corporativismo,
los apellidos ilustres y los contactos para llevar a una situación
extrema de depresión y agonía a mi compañera.
Su situación es difícil de describir pero sí podemos hacernos a la
idea. Estamos hablando de que le atribuyen vídeos de carácter
pornográfico, aun habiendo demostrado que no es ella la que aparece
frente a las cámaras con informes dermatológicos de peritos médicos: los
tatuajes que lucen mi compañera y la actriz son diferentes. Pero esas
pruebas la Justicia Militar no las tiene en cuenta y al final no se
acusará a quienes, en primer lugar, la acusaron a ella de participar en
vídeos porno.
¿Castigarán a los supuestos responsables del dolor de la soldado de
forma acorde si se descubre ahora toda la verdad? Lamentablemente, la
jurisprudencia apunta a que no; la condición de temporalidad de la
soldado hace que ella tenga que abandonar las Fuerzas Armadas, mientras
que los supuestos artífices de todo este emponzoñado asunto serán
sancionados, en el mejor de los casos, con una pena que ni siquiera se
acercará a lo que verdaderamente merecen, que es no volver a lucir el
uniforme que no representan en ningún momento.
Vemos muy a menudo cómo se jactan de la imagen de nuestras soldados
para hablar de igualdad y feminismo, cuando en el cuarto de atrás no
dudan en reventar las vidas de algunas de ellas y las de sus familiares.
En este caso, incluso han llegado a expedientar a su marido, matando al mensajero.
Ahora bien, que nadie me venga con que no saben quién es en las redes
cuando gracias a los millones invertidos por Defensa en una “supuesta”
ciberseguridad nos tienen más que vigilados para, que según ellos, no
dañemos la imagen de la institución.
Yo creo que la imagen de la institución la daña su corporativismo y
su trato denigrante a los subordinados para mantener esos apellidos
ilustres intocables, aun siendo ellos mismos lo que emponzoñan nuestras
Fuerzas Armadas cuando acosan y derriban a quienes sólo pedimos dignidad
y justicia.
¿Piensan que los protocolos de actuación sirven de algo? Pues no, no
sirven de nada cuando el propio mando al que le cuentas tu problema te
aconseja no sacudir el avispero, no sea que le acabe salpicando a el
también. El sistema no funciona cuando ese propio mando se preocupa más
de proteger su ascenso o el de su compañero de promoción, o cuando no
articula todo lo que está a su alcance para que gentuza sean expulsados
rápidamente.
El supuesto ‘erro’r cometido por el Ejercito de Tierra al redactar una Instrucción Técnica acerca del acoso laboral,
en donde pretendía que no se pudiese denunciar el propio acoso entre
militares sin que los responsables del escrito sean castigados, es solo
la punta del iceberg. En realidad, esa Instrucción Técnica está basada
en una normativa superior que la Asociación Militar que humildemente
presido (#45SinDespidos) ya se está encargando de tumbar.
¿Por qué no se toman medidas contra los responsables de esos errores,
tal y como se hace cuando los ‘errores’ son cometidos por la escala de
Tropa y Marinería? Insisto en que la Justicia Militar esta jerarquizada y
cualquier proceso por esta vía destila corporativismo. La Justicia
Militar hace aguas por todos lados cuando la jurisdicción civil acaba
tumbando las decisiones de los togados militares. Y eso que son pocos
los que llegan a esta vía, porque los recursos económicos de los
afectados normalmente nos impiden hacer uso de ella, o simplemente
acabamos psicológicamente exhausto.
¿Por qué aguanta todavía, en tiempos de paz y en territorio nacional,
la Justicia Militar? ¿Es para que algunos mantengan un cierto estatus?
¿Serán castigados los “supuestos” responsables del calvario que ha
sufrido nuestra compañera con la suficiente contundencia como para que
no vuelvan a suceder casos así? ¿Son merecedores los “supuestos”
responsables de volver a vestir el uniforme que nuestra compañera se ha
visto obligada a quitarse? ¿Tenemos que seguir sometidos al yugo del
acoso por aquellos que no son dignos de llevar con decoro nuestro
uniforme?
He visto con mis propios ojos cómo una de las personas
“supuestamente” responsables en este caso afirmar rotundamente y en sede
judicial que nuestra compañera era la que distribuía vídeos de carácter
pornográfico, pero cuando la soldado aportó pruebas de que no era así,
no fueron aceptadas y el caso se cerró.
La Justicia Militar funciona, pues, como un mecanismo de defensa de
los de arriba. Mientras, quienes la sufrimos agotamos nuestros recursos
económicos, nuestras vías de defensa, y sufren nuestras familias y
nuestra salud. Varios políticos —algunos que se hacen llamar
representantes asociativos— fueron advertidos de este suceso y no
hicieron absolutamente nada en su momento para frenarlo a tiempo. De
ellos ya hablaremos más adelante, según vayan sucediendo acontecimientos
en los juzgados.
Por el momento, el caso ya ha llegado al Congreso de los diputados
gracias a que los diputados Eva Sempere, Roser Maestro y Alberto Garzón
de Izquierda Unida, junto a Juan Antonio Delgado Ramos de Unidas
Podemos, solicitan la comparecencia de la ministra Margarita Robles.
El caso de C.V.B podría perfectamente haber desencadenado de igual forma que lo hizo la empleada de Iveco,
el peor de los finales que puede sufrir una persona. Gracias a dios no
ha ocurrido pero mi pregunta es la siguiente: ¿Tiene que ocurrir alguna
desgracia de este tipo para que alguien ponga freno?
(*) Cabo temporal y presidente de 45 Sin Despidos
