ALICANTE.- El PSPV-PSOE de Vicent Grimalt en Denia llevará el próximo jueves a su aprobación en pleno el requisito lingüístico (la obligación de saber valenciano
en diferentes grados) para cualquier persona que quiera trabajar en el
Ayuntamiento de la localidad alicantina, según revela hoy El Mundo.
Así se lo comunicó el pasado
viernes a los sindicatos en la mesa de negociación (solo se dio cuenta, sin negociar la implantación) y ayer pasó por comisión informativa municipal. Los socialistas gobiernan Denia en solitario y con mayoría absoluta desde el pasado mes de mayo en que ganaron las elecciones y sólo ofrecieron a sus antiguos socios, los nacionalistas de Compromís, las áreas de «plagas» o «cementerio», que las rechazaron.
Desde
el SEP (Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana) uno
de los que se ha opuesto a la medida junto al SPPLB -a diferencia del
FESEP, CC OO y UGT-, la medida no es el modo de proteger el valenciano y mucho menos a los trabajadores del municipio: «El gobierno municipal no cumple con la legislación vigente y sin embargo quiere aplicar leyes que no están aprobadas».
Y es que fuentes del sindicato señalan que lo que se ha hecho es una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) con determinadas exigencias de conocimiento lingüístico del
valenciano para cada uno de los puestos de trabajo de los alrededor de
500 empleados del Ayuntamiento, pero no se modifica la RPT en su
conjunto pese a que data de hace 15 años y el convenio colectivo es de hace 24 años, ya que está vigente desde 1996.
El requisito lingüístico para los trabajadores de las administraciones valencianas (autonómica, provinciales y locales) resultó uno de los mayores conflictos políticos
durante el pasado mandato en el área de la consellera Gabriela Bravo,
que quería introducirlo en todos los niveles de la administración
mediante la Ley de Función Pública Valenciana. Una ley todavía sin aprobar y cuya única excepción prevista es la de los profesionales sanitarios.
El PSPV-PSOE de Ximo Puig gobierna en la Generalitat Valenciana en coalición con Compromís y Podemos, con quienes mantiene una postura común en materia de lengua. De hecho, durante la pasada legislatura fueron los nacionalistas los que impulsaron legislación educativa como la Ley de plurilingüismo o el decreto del uso del valenciano en la Administración,
con el apoyo de los socialistas.
Ambos fueron tumbados en buena parte
de su articulado por el Tribunal Superior de Justicia. El primero, por
determinar el nivel de inglés que debía darse en cada centro educativo
en función del nivel de valenciano que escogiera. El segundo, por
imponer el valenciano sobre el castellano como lengua prioritaria entre los funcionarios.
Desde
el SEP endurecen sus críticas. «Nosotros no estamos en contra del
valenciano; de hecho la mayoría de los trabajadores lo cumplen. Pero,
¿que hacemos con los trabajadores a los que les perjudica? Los
interinos, en un Ayuntamiento donde la tasa de temporalidad se sitúa entre el 30 o el 40%
de los empleados públicos, aquellos que no cumplan con el requisito no
podrán acceder en el futuro a la convocatoria de una plaza».
Además,
también creen que saldrán perjudicados los mayores, los de entre 40 y 50 años que
no han estudiado valenciano de forma continuada en su etapa formativa. Y
aunque este requisito no se puede aplicar de forma retroactiva a quien
ya tiene su plaza, «puede llegar a dificultar la promoción interna de los funcionarios», añaden desde el SEP.
Prioridades
Las mismas fuentes también consideran que se trata de un tema que no es prioritario
y que por ello no se aprobó mientras gobernaban en coalición los
socialistas y los nacionalistas. «No aprueban una nueva RPT, que es su
obligación legal fijando y adecuando los complementos de nocturnidad, turnicidad o disponibilidad de los funcionarios de Denia, pero sin embargo la primera media de los políticos, empezando por el alcalde Vicent Grimalt, fue subirse el sueldo un 25%»,
señalaron.
En este sentido también llaman la atención sobre otros
cambios laborales que debería haber acometido el consistorio antes, como
la «carrera profesional» para que los trabajadores pudieran tener claro
un horizonte de mejora en sus puestos de trabajo. «Aplicar estos
cambios sí que es prioritario porque de ello depende que el Ayuntamiento
de Denia sea una administración más eficiente y moderna», continúan.
El SEP es partidario de que el conocimiento de valenciano sea un «mérito» y que como tal se valore en los procesos selectivos, y en todo caso, que sea un requisito en casos como la Oficina de Atención al Público, con apenas entre 15 o 20 trabajadores.
También
advierten de los problemas que tiene el municipio a la hora de ocupar
determinados puestos de trabajo, por ejemplo de enfermeros y médicos en
la residencia de ancianos, cuando llega el momento de la sustituciones.
Unos problemas que se acrecentarán con el requisito lingüístico.
«Nosotros
no estamos aquí para defender criterios políticos sino laborales»,
resumen desde el sindicato muy molestos con que no se les diese la
oportunidad de debatir la aplicación del requisito lingüístico en la
mesa de negociación.
Algo en lo que no está de acuerdo el concejal de Fiestas y Normalización Lingüística, Óscar Mengual,
y diputado provincial. En declaraciones a El Mundo, Óscar Mengual
aseguró que «se llevó a la mesa de negociación y los sindicatos
estuvieron de acuerdo. No tiene más relevancia».
Preguntado por el hecho de que se aplique un requisito que no está
fijado por la legislación -ya que la Ley de Función Pública no ha sido
aprobada-, el concejal socialista se remitió a la Ley de uso y enseñanza del valenciano del año 1983. «No tiene más importancia», reiteró Mengual.
De diferente opinión es el portavoz de Compromís, Rafael Carrió, antiguo socio de los socialistas y a diferencia del aumento de sueldos esta vez sí favorable a la implantación del requisito lingüístico
«porque s un trabajo que se veía desarrollando desde hace tiempo y se
ha presentado junto a la RPT en comisión informativa y con el apoyo de
todos los sindicatos, excepto dos».
Carrió, no obstante, para justificarlo no se remite a la legislación de 1983 sino al Decreto sobre el uso del valenciano en la administración, de 2018, parte de cuyo articulado fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras recurso del PP y que este año ha llegado al Tribunal Supremo en recurso de casación de la Abogacía de la Generalitat.
