MADRID.- La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente y de la Calle, animó este martes a las personas que están al frente de las instituciones y, específicamente, a las de entidades locales, a ser transparentes y responsables en la gestión y en las cuentas.
En su intervención ante la Comisión mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas, De la Fuente presentó el informe de fiscalización sobre la rendición de cuentas de las entidades locales de 2016, con especial atención a las que reiteradamente han incumplido con su obligación.
El 61% de las entidades locales rindieron cuentas del ejercicio 2016 en el plazo legalmente establecido, cinco puntos más que en el ejercicio anterior.
Los niveles más altos de rendición en plazo fueron los de los ayuntamientos, el 65%; las diputaciones, el 92%; las comarcas, el 75%, y las áreas metropolitanas, el 100%.
Los más bajos correspondieron a las agrupaciones de municipios (21%), los cabildos y consejos insulares (30%) o las mancomunidades (46%).
Por comunidades autónomas, el menor grado de rendición a 31 de diciembre de 2017 correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 45% (once puntos por encima de 2015).
Le siguen a distancia las de la Región de Murcia (62%), Castilla-La Mancha (65%) y Cantabria (69%).
Extremadura
tuvo un nivel del rendición del 75% y Castilla y León del 77%, mientras
que los más altos se dieron en Aragón (93%) y en la Comunidad
Valenciana (92%).
En Canarias, Galicia, Baleares y La Rioja fue del 87%; en Madrid y Asturias, del 85%, y en Cataluña, del 82%.
El informe atribuye el «alto nivel de rendición» en Aragón
(93%), a una ley autonómica, que condicionó la concesión de
subvenciones a las entidades locales al cumplimiento de la obligación de
rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas regional.
Aragón se sumó así a Galicia, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias
en la regulación de medidas que, en 2016, condicionaban al cumplimiento
de la obligación de rendir con la concesión de subvenciones o que
vinculan su incumplimiento a la posible retención de pagos que puedan
corresponderles.
Para el Tribunal, la efectividad de este tipo de
medidas se revela en el impacto inmediato que tiene en los índices de
rendición y en el notable incremento de los mismos respecto de
ejercicios anteriores, que se produce cuando las mismas se aplican.
Del los tres últimos ejercicios están pendientes de rendir, a 31 de diciembre de 2017, 4.967 cuentas generales,
de las que un 50% corresponden a ayuntamientos, un 30% a entidades
inferiores al municipio y el resto, a cuentas de mancomunidades (19 %).
Por
comunidades autónomas, de las 656 entidades con tres ejercicios
pendientes, el 38% (252 entidades) eran de Castilla y León, el 18% de
Castilla-La Mancha (121 entidades) y el 17% de Andalucía (111
entidades).
De las 56 entidades que, al comienzo de la
realización de los trabajos de esta fiscalización, no habían rendido la
cuenta general del ejercicio 2016, en dieciocho entidades (32%) la
cuenta del ejercicio 2016 estaba sin formar, según la presidenta.
De
las 38 entidades restantes, habían rendido la cuenta, a 26 de abril de
2018, veinte (36%); tres entidades (5% del total) habían aprobado sus
cuentas sin llegar a rendirlas; en cinco entidades (9%) se había emitido
el informe de la Comisión Especial de Cuentas pero no se había
realizado la exposición pública, y diez entidades (18%) tenían la cuenta
formada pero la misma no había sido sometida al correspondiente
informe.
