MURCIA.- El anuncio realizado ayer en Huesca por la ministra de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, de que habrá
trasvase Tajo-Segura, probablemente a partir del 1 de abril, desató una tormenta de reacciones de rechazo en Castilla-La Mancha y la
satisfacción de los productores, regantes y representantes del Gobierno
regional murcianos y valencianos.
La ministra de Agricultura
admitió que el Gobierno tiene previsto autorizar un nuevo trasvase del
Tajo al Segura a partir del 1 de abril, una vez que se reúna la Comisión
Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y si se superan los
400 hectómetros cúbicos de agua almacenada. «No será en Semana Santa y
tendrá que ser siempre como consecuencia de una propuesta de la comisión
técnica que se reúne cada 1 de mes», anunció Tejerina en una entrevista
concedida a la Cadena Ser.
«Se evaluará la situación de los embalses y,
si están por encima de 400 hectómetros y lo estima la comisión, se
autorizará un nuevo trasvase». La titular de Agricultura explicitó que
el Gobierno «cumple la ley» con «transparencia y absoluta objetividad».
El último trasvase que se realizó desde los embalses Entrepeñas-Buendía
(Tajo) al Segura fue el 10 de mayo de 2017, por un total de 7,5
hectómetros cúbicos, ya que después de esa fecha los embalses bajaron de
los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada.
El anuncio desató
una cascada de airadas reacciones en contra en Castilla-La Mancha. El
consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, puntualizó que
«primero está la cuenca cedente y después la receptora», y remarcó que
«cualquier persona con sentido común se da cuenta que no se puede ni se
debe autorizar un trasvase». El consejero enfatizó que, en su momento,
las desaladoras de agua del Levante recibieron recursos, sin embargo,
actualmente «no están en funcionamiento pleno».
El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales fue más
allá y lamentó que el Gobierno de España haya elegido el Día Mundial del
Agua para confirmar que habrá nuevo trasvase en abril.
A su juicio, se
está esperando como los «buitres» a alcanzar los 400 hectómetros cúbicos
para transferir. Sáez detalló que los municipios limítrofes a la
cabecera han perdido el 30% del desarrollo económico, y estimó en un 13%
el regadío de Castilla-La Mancha de toda su explotación agraria, cuando
la media nacional está en el 20%, en Murcia en un 40% y en Valencia en
el 44%, lo que, a su juicio, «demuestra que no nos están permitiendo un
desarrollo equilibrado con el resto en materia agroalimentaria».
Por su
parte, el Grupo Popular de esa comunidad aseguró que si la expresidenta
de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, no hubiera elevado la
reserva mínima de agua de los 240 hectómetros cúbicos fijados por el
gobierno del socialista José Bono a los 400 actuales, ya se habría
autorizado el trasvase.
Las alcaldesas de Toledo y de Aranjuez y
los municipios ribereños de la cabecera del Tajo también expresaron su
rechazo a la inminente aprobación del nuevo trasvase en un comunicado,
en el que denunciaron que «iniciar de nuevo un ciclo trasvasista conduce
a los pueblos y ciudades del Tajo a ver mermados su patrimonio
medioambiental y sus posibilidades de un desarrollo social sostenible».
El
secretario regional de CC OO, Paco de la Rosa, quiso dejar claro el «no
categórico» de ese sindicato al trasvase Tajo-Segura, que «no solo es
una afrenta y desequilibrio permanente» entre ciudadanos de distintas
regiones, sino «la muerte literal del río Tajo y el consiguiente
deterioro medioambiental».
La satisfacción marcó, por contra, las
reacciones en el Levante. El presidente de la Generalitat de Valencia,
Ximo Puig, instó al Gobierno central a «activar» el trasvase para
mitigar la situación de emergencia por falta de agua que padece el campo
del sur de la región valenciana.
Puig hizo ese llamamiento al Gobierno
central durante un acto organizado por la Federación de Comunidades de
Regantes de la Comunitat (Fecoreva), en Alicante, con motivo del Día
Internacional del Agua.
El presidente valenciano calificó de
«buena noticia» la situación de los embalses de cabecera del Tajo, de
Entrepeñas y Buendía tras las precipitaciones de las últimas semanas, y
dijo que su gabinete busca «soluciones estratégicas» para tratar de
solucionar «para siempre» la falta de agua.
La confirmación del trasvase
fue celebrada en Murcia por el Gobierno regional, pero también por el
PP y las fuerzas de la oposición, como Ciudadanos. El secretario
ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del PP, Jesús Cano,
consideró que la medida que «permite salvar las cosechas, la próxima
campaña y salva el año hidrológico, junto con las actuaciones
complementarias aprobadas por el Gobierno de España».
A juicio del
diputado nacional de Ciudadanos Miguel Garaulet, «este anuncio responde
al cumplimiento de la legalidad que rige a través de las normas de
explotación del acueducto, por lo que lamentamos el automatismo absurdo
de los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha, que han vuelto a
anunciar que recurrirán la legalidad».
La presidenta del PSOE,
Cristina Narbona, quiso resaltar que, en materia de agua, se ha hecho
«demasiada demagogia y, desde la perspectiva del cambio climático, cada
vez será más difícil seguir pivotando el desarrollo de algunas regiones
con agua que tiene que venir de otras donde cada vez llueve menos».
