El Consejo de Ministros del viernes día 9
ha aprobado el Plan de Vivienda. Es muy elocuente que, cuando hemos
interpelado al Gobierno central sobre los problemas de vivienda, siempre
se ha despachado con un 'eso es competencia de las Comunidades
autónomas'; luego, ha recurrido todas y cada una de las leyes
autonómicas, y ahora aprueba un plan, que tienen que ejecutar las
autonomías, pero que recibirán ya marcado en sus contenidos y cuantías,
eliminando la capacidad de éstas para utilizarlo según sus criterios y
necesidades.
Por otra parte, nadie entendería que el Gobierno vetara el proyecto de ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH, por afectar a los presupuestos, tras haber aprobado este plan, que supone un gasto de 1.443 millones de euros.
Por otra parte, nadie entendería que el Gobierno vetara el proyecto de ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH, por afectar a los presupuestos, tras haber aprobado este plan, que supone un gasto de 1.443 millones de euros.
España
es, por encima de Chipre y Malta, el tercer país de la UE que menos
invierte en vivienda: el 0,03% del PIB, frente al 1,41% del Reino Unido,
el 0,83% de Francia, o el 0,59% de Alemania, según datos de la OCDE.
El Plan del PP va destinado a
subvencionar la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler,
cuando en España, y según el INE, hay de 3,5 millones de casas
cerradas. Además, también va a destinar una parte importante a la
rehabilitación de viviendas, y otra a las ayudas al alquiler. Según
todos los expertos que se han pronunciado, este plan está muy lejos, no
ya de solucionar, sino simplemente de aliviar el problema.
Va a empeorar
mucho las cosas, especialmente en los precios del alquiler, actualmente
en fase de burbuja, ya que va a incrementar la demanda, sin tocar la
oferta, por lo que los precios se dispararán aún más. Esta subida
afectará, sin lugar a dudas, a los precios de alquileres sociales
comprometidos con familias desahuciadas que, si reciben ayudas, irán a
parar a las cuentas de resultados de los bancos que las desahuciaron.
Para
la PAH, este plan supone nuevamente una importante transferencia de
1.443 millones de euros públicos a los bolsillos privados de
constructores y grandes tenedores de vivienda, sin que se cree el
imprescindible Parque Público de Vivienda para alquiler, ya que los
propietarios de las casas seguirán siendo los mismos; por tanto, al
acabar el plan, habremos gastado todo ese dinero, no habremos
solucionado nada, y unos pocos serán mucho más ricos.
Además, cuando las
ayudas al alquiler, que son por un máximo de tres años caduquen, y los
precios se hayan inflamado aún más, las familias no podrán hacer frente a
las renovaciones, y sus propietarios y la Ley de Arrendamientos
Urbanos, LAU, les pondrán de nuevo en la calle.
Pese
a que en España cada año fallecen en torno a 7.000 personas por causa
de la pobreza energética, el Plan del PP no incluye nada al respecto.
Frente a ese plan, la Ley de Vivienda de la PAH propone:
-Dación
en pago retroactiva, para cancelar las deudas impagables de aquellas
familias que perdieron sus casas, víctimas de unos procedimientos que,
además de anacrónicos, injustos e inmorales, eran ilegales según la
normativa europea.
-Moratoria para todos los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.
-Alquiler
asequible, mediante el establecimiento de índices de referencia de
precios, como existen en Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, etc.
-Creación
de un parque público de vivienda que sirva para garantizar el acceso a
la misma. En la actualidad hay 3,5 millones de casas vacías en España
que deberían ir a engrosar ese parque.
-Garantía
de acceso a los suministros básicos, estableciendo un mínimo de
garantía e implicando en su coste a las suministradoras.
La
ley de Vivienda de la PAH resuelve los déficits en materia de Derechos
Humanos que ha reprochado a España el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Si
no se aprueba esta ley, en breve el acceso a la vivienda se va a
convertir en algo inalcanzable para la mayoría, ya que los bajos
salarios y la precariedad de los contratos impiden el acceso a las
hipotecas, y la turistificación de viviendas que antes eran
residenciales y la compra masiva de casas por fondos especuladores y
Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario,
SOCIMIs, están provocando un crecimiento imparable y salvaje de los
precios de alquiler.
En el
momento de entregar este artículo, al Gobierno le quedan unas horas para
vetar el proyecto de Ley de Vivienda de la PAH alegando que influye en
los Presupuestos. Esta afirmación sería radicalmente falsa, ya que
nuestra ley incluye la suspensión de cualquier gasto que afecte a los
Presupuestos Generales del Estado presentes.
Aunque muchos alcaldes,
concejales y diputados autonómicos del PP (y de Cs) han apoyado y
aprobado resoluciones en favor de nuestra ley, desde el Gobierno no
hemos obtenido respuesta a las muchas peticiones de reunión con el
ministro De La Serna.
El Gobierno, que aun sin
presupuestos, acaba de aprobar su Plan de Vivienda con un gasto 1.443
millones de euros, podría plantear el veto a la ley alegando que tiene
repercusión presupuestaria ¡Qué antidemocrático contrasentido!
Sin
embargo, la decisión final no está en su mano, ya que excepto PP y Cs
el resto de los miembros de la Mesa del Congreso han hecho público su
apoyo a la toma en consideración de la ley, por lo que, si Ciudadanos
quiere, el PP no podrá ejercer tal veto; pese a lo que digan, Cs ya ha
levantado algunos vetos del Gobierno. Estaremos atentos a Rivera y a los suyos, para que no nos hagan como han hecho con los pensionistas esta misma semana.
(*) Activista de la PAH en la Región de Murcia
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/03/17/vivienda-derechos-humanos/906326.html