MADRID.- Directivos de la empresa pública Acuamed y de la constructora FCC
manipularon presuntamente informes técnicos y científicos para ocultar
que todavía quedaban lodos tóxicos en el pantano de Flix
(Tarragona). Pretendían así poder dar por concluida la obra de
descontaminación y cobrar los 36,9 millones de euros que FCC reclamaba a
la empresa pública por los trabajos. Así lo relata un minucioso informe
de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado
recientemente a la instrucción del caso Acuamed en la Audiencia Nacional, según publica hoy El País.
FCC encargó informes técnicos a una
empresa de ingeniería holandesa y a un experto del CSIC, pero no los
aceptó tal y como le fueron entregados sino que incluyó observaciones y
comentarios que “habrían servido para suavizar las referencias hechas a
la contaminación” y permitir así que Acuamed pudiera dar por finalizados
los trabajos, concluye el informe de la UCO, al que ha tenido acceso El País.
FCC es una de las siete empresas (junto
con Acciona, Abengoa, Sogeosa, Torrescámara, Altec y Altyum) salpicadas
por el caso Acuamed, en el que se investiga un presunto fraude millonario en la adjudicación de contratos públicos
de grandes obras hidráulicas. Una de las mayores es la limpieza de
Flix, la mayor inversión realizada en una obra de descontaminación en
España que ya acumula un coste de 138 millones de euros.
La Guardia Civil fija su atención en los
llamados “acuerdos de Madrid” entre FCC y Acuamed, por los que
directivos de la constructora y de la empresa pública pactaron para “dar
por concluidos los trabajos de descontaminación y proceder así al pago
de las reclamaciones a FCC”.
Los intercambios de correos y de llamadas
demuestran, según la UCO, que Acuamed tenía intención de “reconocer a
FCC la cantidad de 36,9 millones de euros a cambio de terminar los
trabajos de extracción de contaminantes del lecho del recinto”.
Para determinar esa cantidad económica,
acordada entre ambos en “continua y estrecha colaboración”, se hicieron
dos cosas, según la investigación de la UCO: emitir informes para
justificar adecuadamente ante el Consejo de Administración de Acuamed el
abono de las cantidades y emitir “certificaciones ficticias” en algunos
capítulos del proyecto.
Los correos electrónicos obtenidos en los
registros muestran cómo los directivos se van intercambiando distintas
versiones de los documentos y los van modificando “llegando a trabajar
FCC con documentos con el logotipo de Acuamed”, señalan los
investigadores.
Los correos y las llamadas muestran que
los responsables de la obra, tanto públicos como de la empresa, sabían
que todavía quedaba contaminación a pesar de que habían dado por
finalizados los trabajos el 20 de octubre de 2015. Pablo Martín, el
responsable de Acuamed para esa obra, reconoce en una de ellas que la
situación “no es contaminación cero”.
Borrar “contaminados” y “preocupante”
Los directivos de FCC llegan a modificar
el informe de un experto del CSIC y de una empresa de ingeniería para
“suavizar aquellas afirmaciones de las que se pueda interpretar que aún
persiste contaminación en el recinto”, destaca el informe. En los
ficheros encontrados en los registros se aprecia cómo personal de FCC
hace cambios como borrar la palabra “preocupante” o el adjetivo
“contaminados”.
“Los sedimentos que dejamos no los podemos definir como
contaminados!!!”, comenta la persona que hace el cambio.
En un correo titulado “informe
revisado”, una directiva deja por escrito que la ingeniería permite que
modifiquen sus trabajos: “Estos guiris no siempre entienden que se les
toque los informes, pero con [la filial española] no hay problema”.
El
experto del CSIC también aceptó los cambios que le proponía FCC, que era
quien le pagaba el informe, según muestran los correos. En uno de ellos
envía un nuevo borrador que incluye los cambios que le han sugerido
previamente.
En abril de 2017 la nueva dirección de Acuamed rescindió el contrato a FCC y reconoció que todavía quedaba material contaminado
en el fondo del pantano, unos 80.000 metros cúbicos.
El actual director
general de Acuamed, Francisco Baratech, nombrado por el Gobierno
después de que su antecesor, Arcadio Mateo, fuera detenido e imputado
por el juez Eloy Velasco, anunció su intención de reclamar
indemnizaciones a la empresa por haber dado por finalizadas las obras
antes de tiempo. Entre los productos contaminantes, la mitad es DDT,
aunque también hay mercurio, hexaclorobenceno y PCB, entre otros.
Presión en el ministerio
En el tira y afloja para conseguir que
Acuamed reconociera la factura de 36,9 millones de euros de Flix, hay
unos meses en los que FCC empieza a plantear diferentes medidas de
presión. Se llegan a plantear, según los correos intervenidos,
“paralizar la obra” para conseguir sus reclamaciones, pero solo en
determinados conceptos para no incurrir en responsabilidad respecto a la
contaminación o el daño medioambiental. Acuamed y FCC declinaron
comentar el informe de la UCO.
Es en este contexto cuando Miguel
Jurado, presidente de FCC Construcciones y recientemente despedido de la
compañía, empieza a pedir reuniones con el entonces secretario de
Estado de Medio Ambiente, Fernando Ramos de Armas y con Liana Ardiles,
directora general de Aguas para concretar una “hoja de ruta” y reclamar
los pagos.
Se suceden varios encuentros y en uno de ellos se destaca
cómo Acuamed “va a cambiar responsable para facilitar la labor”.
Según
la UCO, este hecho se cumple finalmente con el despido de Azahara Peralta,
ingeniera en Flix con Acuamed y una de las personas que denunció las
presiones y originó la investigación de la Audiencia Nacional. La
sustituyeron por Pablo Martín Mira, hoy imputado en la causa y del que
la UCO asegura que era “plenamente conocedor” de que Flix no estaba
descontaminado.
Según el informe “en enero de 2015 se siguen produciendo las
reuniones entre FCC y Acuamed con el claro objetivo de llegar a un
acuerdo, valorando iniciar las negociaciones con el secretario de Estado
del Ministerio de Medio Ambiente para ‘forzar a Acuamed’ en relación a
las reclamaciones económicas de los contratos de Baja Almanzora y Flix”.
Federico Ramos estuvo imputado en la causa , pero fue desimputado.
"En este momento estamos haciendo gestiones con la UTE
[liderada por FCC] para entrar en la obra y continuar con la
descontaminación", señaló una portavoz de Acuamed. Los trabajos para
reanudar la limpieza del pantano han sido adjudicados a la empresa
pública Tragsa. FCC no está de acuerdo con la liquidación de las obras
que hizo y ha solicitado un arbitraje, confirma la portavoz de Acuamed,
que añade que es "prematuro por existir prejudicialidad penal que se
dirimirá en la Audiencia Nacional".
