ALICANTE.- Sonia Castedo y su mentor, Luis Díaz Alperi, ambos ex alcaldes, amañaron el urbanismo de Alicante a favor del empresario Enrique Ortiz, financiador confeso del PP valenciano, a cambio de regalos y favores.
Así lo concluye la acusación popular del caso Brugal ejercida por Esquerra Unida (EU) cuyo abogado, José Luis Romero, pide para ambos diez años de prisión y 16 de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. El letrado los considera responsables de un delito continuado de revelación de información privilegiada, otro de cohecho y un último de tráfico de influencias. Para Ortiz solicita trece años de cárcel por aprovecharse de la información privilegiada y por un delito continuado de cohecho y otro de tráfico de influencias.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Mundo, supone un acercamiento definitivo al banquillo para la exalcaldesa de Alicante, su predecesor y el empresario de cabecera de ambos tras un año de zancadillas por parte de los imputados al auto de procesamiento que firmó el magistrado que ha instruido el asunto, Manrique Tejada, el 10 de enero de 2017.
Así lo concluye la acusación popular del caso Brugal ejercida por Esquerra Unida (EU) cuyo abogado, José Luis Romero, pide para ambos diez años de prisión y 16 de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. El letrado los considera responsables de un delito continuado de revelación de información privilegiada, otro de cohecho y un último de tráfico de influencias. Para Ortiz solicita trece años de cárcel por aprovecharse de la información privilegiada y por un delito continuado de cohecho y otro de tráfico de influencias.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Mundo, supone un acercamiento definitivo al banquillo para la exalcaldesa de Alicante, su predecesor y el empresario de cabecera de ambos tras un año de zancadillas por parte de los imputados al auto de procesamiento que firmó el magistrado que ha instruido el asunto, Manrique Tejada, el 10 de enero de 2017.
Según la calificación -muy severa tanto en petición de penas como en la cronología del supuesto apaño del PGOU de Alicante - Enrique Ortiz estuvo al tanto en todo momento de la redacción del mapa urbanístico y cada paso que se daba contaba con su aprobación. Nada se hacía sin su consentimiento, se le consultaba todo y conocía "de antemano" cada detalle. Ortiz proponía y Castedo disponía.
A Alperi, resalta EU, incluso llegó a entregarle suculentas cantidades de dinero en metálico. El escrito presenta a unos políticos totalmente sometidos al empresario que no dudaron en quebrar el interés general en beneficio del suyo propio a cambio de viajes en aviones privados, pisos para sus hijos y vacaciones pagadas en Andorra o Ibiza.
Tras EU, la Fiscalía Anticorrupción será la próxima en presentar su escrito de acusación; un documento que irá en la misma línea que el de Romero. Ortiz, expone la acusación popular, era una figura relevante a la que había que contentar. No en vano, "llegó a ser el empresario más influyente de la Comunidad". EU le reconoce cierto "virtuosismo".
"El modus operandi de dicho acusado, similar al de todas las tramas de corrupción destapadas en España en los últimos años, pero en el presente caso con una eficacia que roza el virtuosismo, consistía en acercarse a los centros de poder del Partido Popular y, a cambio de propiciar a cada uno de los actores políticos favores personales, o a la organización política a la que pertenecían, obtenía toda suerte de decisiones favorables a sus intereses económicos, siempre relacionadas con el ámbito competencial de las autoridades y servidores públicos de las Administraciones Públicas".
Se da la circunstancia de que "cuando financiaba al PP autonómico, se redactaba la revisión del PGOU alicantino".
Para respaldar tal afirmación, EU recoge una conversación telefónica intervenida por la Policía donde se produce una citación para cenar en Andorra Ortiz, Castedo y el exsecretario del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa (quién acaba de confesar que el PP de Camps se financiaba ilegalmente en el juicio de Gürtel celebrado en Madrid).
Ese encuentro, indica, se produjo en la Navidad de 2008, en pleno periodo de alegaciones del PGOU de Alicante expuesto al público. Ortiz, prosigue el letrado José Luis Romero, no dudó en agasajar a Alperi y éste se dejó. "Lo hacía constantemente con toda suerte de atenciones, pero sobre todo con aportaciones económicas".
Así, según EU y constante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, Ortiz contrató a personas a solicitud Díaz Alperi y Sonia Castedo; pagó el avión privado utilizado para un viaje a Creta del exalcalde de Alicante y su acompañante, la exedil Sonia Alegría; le entregó dinero metálico para el pago de las viviendas de sus hijas y le dio dinero a su hijo para constituir una empresa.
Entre las contraprestaciones que realizó el empresario a Castedo destaca una cazadora de la marca Carolina Herrera en la Navidad de 2008, viajes pagados a toda la familia en el invierno de 2008 y 2009 a Andorra, viajes a Ibiza en verano en el yate Elena (propiedad de Ortiz), la contratación del despacho de abogados de su hermano José Luis Castedo y el regalo de un coche de la marca Mini a la niñera de su hija.
A Alperi, resalta EU, incluso llegó a entregarle suculentas cantidades de dinero en metálico. El escrito presenta a unos políticos totalmente sometidos al empresario que no dudaron en quebrar el interés general en beneficio del suyo propio a cambio de viajes en aviones privados, pisos para sus hijos y vacaciones pagadas en Andorra o Ibiza.
Tras EU, la Fiscalía Anticorrupción será la próxima en presentar su escrito de acusación; un documento que irá en la misma línea que el de Romero. Ortiz, expone la acusación popular, era una figura relevante a la que había que contentar. No en vano, "llegó a ser el empresario más influyente de la Comunidad". EU le reconoce cierto "virtuosismo".
"El modus operandi de dicho acusado, similar al de todas las tramas de corrupción destapadas en España en los últimos años, pero en el presente caso con una eficacia que roza el virtuosismo, consistía en acercarse a los centros de poder del Partido Popular y, a cambio de propiciar a cada uno de los actores políticos favores personales, o a la organización política a la que pertenecían, obtenía toda suerte de decisiones favorables a sus intereses económicos, siempre relacionadas con el ámbito competencial de las autoridades y servidores públicos de las Administraciones Públicas".
Se da la circunstancia de que "cuando financiaba al PP autonómico, se redactaba la revisión del PGOU alicantino".
Para respaldar tal afirmación, EU recoge una conversación telefónica intervenida por la Policía donde se produce una citación para cenar en Andorra Ortiz, Castedo y el exsecretario del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa (quién acaba de confesar que el PP de Camps se financiaba ilegalmente en el juicio de Gürtel celebrado en Madrid).
Ese encuentro, indica, se produjo en la Navidad de 2008, en pleno periodo de alegaciones del PGOU de Alicante expuesto al público. Ortiz, prosigue el letrado José Luis Romero, no dudó en agasajar a Alperi y éste se dejó. "Lo hacía constantemente con toda suerte de atenciones, pero sobre todo con aportaciones económicas".
Así, según EU y constante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, Ortiz contrató a personas a solicitud Díaz Alperi y Sonia Castedo; pagó el avión privado utilizado para un viaje a Creta del exalcalde de Alicante y su acompañante, la exedil Sonia Alegría; le entregó dinero metálico para el pago de las viviendas de sus hijas y le dio dinero a su hijo para constituir una empresa.
Entre las contraprestaciones que realizó el empresario a Castedo destaca una cazadora de la marca Carolina Herrera en la Navidad de 2008, viajes pagados a toda la familia en el invierno de 2008 y 2009 a Andorra, viajes a Ibiza en verano en el yate Elena (propiedad de Ortiz), la contratación del despacho de abogados de su hermano José Luis Castedo y el regalo de un coche de la marca Mini a la niñera de su hija.
Ortiz conocía de antemano el Plan General e incluso le llegaron a entregar los planos. "Consta que los acusados Díaz Alperi y Sonia Castedo entregaron planos de la revisión del PGOU a Ortiz, anteriormente a la exposición pública, y las dos aprobaciones provisionales, del PGOU".
"Previamente a la exposición pública, incluso antes de la presentación del primer documento del PGOU en revisión en el Ayuntamiento, se produjo la citada reunión en la Gerencia de Urbanismo de Alicante, documentada en autos, entre los acusados Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Jesús Quesada (arquitecto del PGOU) , en fecha 15 de mayo de 2008.
A dicha reunión le sigue una conversación telefónica, obrante en autos, entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz en la que la primera le dice al empresario "te hemos apañado lo que hay entre el APA 9 y Lomas del Garbinet", aludiendo al sector "Las Lomas".
En dicho sector ostenta intereses el acusado Enrique Ortiz, a través de la mercantil INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS SL, después integrada en "DEPRONIMED SL", de manera que dicha clasificación de suelo se determina para servir a los intereses de dicho acusado. Además, el constructor tenía intereses en algunos sectores afectados".
El escrito de acusación de EU también se detiene en la fallida llegada de Ikea a Alicante que tanto beneficios económicos iba a reportar al empresario si se hubiera consolidado. Lo acordado, por mor de la influencia ejercida por el señor Ortiz Selfa, fue que el Plan General en revisión recogería lo relativo a la ubicación Centro Cívico en el sector a la medida de lo pactado entre Ortiz e IKEA".
Además, resalta que el hermano de Sonia Castedo y su socio Javier Guitiérrez, también imputado en la causa, trazaron una estrategia a seguir para adecuar el plan a los intereses de Ortiz. Para ellos, EU pide 8 años de cárcel.
El Ayuntamiento pide 4 años de cárcel para Castedo y Alperi Al mismo tiempo que EU. El Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación particular, presentó su escrito de acusación. En él solicita cuatro años de cárcel para Castedo y Alperi por un delito continuado de cohecho, nueve meses más por el de tráfico de influencias y una multa de 9.000 euros por el de revelación de información privilegiada.
Para Ortiz solicita cinco años de prisión y además le reclama 63 millones de euros basándose en el informe municipal que aseguraba que con la aprobación del PGOU los suelos en los que tenía intereses se iban a a revalorizar en un 500%.
"Previamente a la exposición pública, incluso antes de la presentación del primer documento del PGOU en revisión en el Ayuntamiento, se produjo la citada reunión en la Gerencia de Urbanismo de Alicante, documentada en autos, entre los acusados Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Jesús Quesada (arquitecto del PGOU) , en fecha 15 de mayo de 2008.
A dicha reunión le sigue una conversación telefónica, obrante en autos, entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz en la que la primera le dice al empresario "te hemos apañado lo que hay entre el APA 9 y Lomas del Garbinet", aludiendo al sector "Las Lomas".
En dicho sector ostenta intereses el acusado Enrique Ortiz, a través de la mercantil INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS SL, después integrada en "DEPRONIMED SL", de manera que dicha clasificación de suelo se determina para servir a los intereses de dicho acusado. Además, el constructor tenía intereses en algunos sectores afectados".
El escrito de acusación de EU también se detiene en la fallida llegada de Ikea a Alicante que tanto beneficios económicos iba a reportar al empresario si se hubiera consolidado. Lo acordado, por mor de la influencia ejercida por el señor Ortiz Selfa, fue que el Plan General en revisión recogería lo relativo a la ubicación Centro Cívico en el sector a la medida de lo pactado entre Ortiz e IKEA".
Además, resalta que el hermano de Sonia Castedo y su socio Javier Guitiérrez, también imputado en la causa, trazaron una estrategia a seguir para adecuar el plan a los intereses de Ortiz. Para ellos, EU pide 8 años de cárcel.
El Ayuntamiento pide 4 años de cárcel para Castedo y Alperi Al mismo tiempo que EU. El Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación particular, presentó su escrito de acusación. En él solicita cuatro años de cárcel para Castedo y Alperi por un delito continuado de cohecho, nueve meses más por el de tráfico de influencias y una multa de 9.000 euros por el de revelación de información privilegiada.
Para Ortiz solicita cinco años de prisión y además le reclama 63 millones de euros basándose en el informe municipal que aseguraba que con la aprobación del PGOU los suelos en los que tenía intereses se iban a a revalorizar en un 500%.
En la misma línea que el abogado de EU José Luis Romero, el letrado del Consistorio alicantino señala a Ortiz como el empresario que "influía" en la voluntad de las "autoridades públicas". Y añade: "Todo ello prevaliéndose de su especial relación personal con Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi".
Además, el abogado solicita que los dos ex políticos paguen las multas por los regalos que presuntamente recibieron para amañar el PGOU de la ciudad. Así, solicita 679.000 euros en el caso de Alperi y 389.000 en el de Castedo. Tras presentar sus conclusiones provisionales pide la apertura del juicio oral.
Además, el abogado solicita que los dos ex políticos paguen las multas por los regalos que presuntamente recibieron para amañar el PGOU de la ciudad. Así, solicita 679.000 euros en el caso de Alperi y 389.000 en el de Castedo. Tras presentar sus conclusiones provisionales pide la apertura del juicio oral.
