MURCIA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea
Regional, Óscar Urralburu, ha avertido que la llegada del AVE a Murcia
sufrirá "probablemente" más retrasos, precisamente, como consecuencia de
la nueva propuesta realizada tras el acuerdo entre PP y Ciudadanos, ya
que el anterior proyecto estaba aprobado desde marzo y tenía un proceso
de elaboración de 18 meses.
Así lo ha hecho saber Urralburu a los
medios de comunicación tras mantener un encuentro con el delegado del
Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, a quien ha transmitido los "problemas"
que existen en las infraestructuras de la Región de Murcia,
especialmente sobre la "cierta inseguridad política y jurídica que tiene
la propuesta que ha hecho el Gobierno regional sobre el AVE".
Urralburu
reconoce que el Ministerio de Fomento tiene la propuesta sobre la mesa
pero, de momento, "no hay una resolución firme", el proyecto "no está
redactado" y "tampoco existe un informe jurídico sobre la viabilidad y
los costes que pueda tener la revocación de los conciertos y contratos
que ya existen y que son vigentes, con un plazo de ejecución aprobado".
Ahora,
advierte, habría que suspender parte del proyecto y reelaborarlo, lo
que "evidentemente va a retrasar la ejecución", pero "nadie sabe nada",
lamenta Urralburu, quien señala que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos
"no implica a las partes que toman las decisiones, que es el Ministerio
de Fomento y Adif", por lo que es un pacto "en falso".
Por
otra parte, Urralburu ha aprovechado el encuentro para transmitir a
Sánchez-Solís sus inquietudes sobre las condiciones de salubridad, salud
y atención médica de los inmigrantes que son "recluidos" en el Centro
de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera, especialmente en lo
que respecta a la atención psicológica y psiquiátrica.
Precisamente,
Podemos ya había manifestado su preocupación por la situación de los
CIE y, más concretamente, por las "deficiencias" que había en el centro
de Sangonera, planteando informes que ponen sobre la mesa que "hay que
hacer un esfuerzo por garantizar las condiciones de vida y los derechos
humanos".
"Las instituciones públicas tenemos la responsabilidad
de garantizar sus plenos derechos", ha señalado Urralburu, quien explica
que el delegado se ha mostrado "receptivo" a las propuestas de Podemos y
el diálogo ha sido "cordial.
En este sentido, los diputados del
Grupo Parlamentario de Podemos han solicitado una visita al CIE de
Sangonera con el fin de comprobar 'in situ' si las condiciones que el
delegado del Gobierno les traslada son ciertas, y plantear de forma
positiva "cuáles pueden ser las propuestas al Ministerio para mejorar
las condiciones de vida". El delegado les ha indicado que no tendrán
problemas en realizar la visita como diputados, aunque se ha de buscar
la fórmula administrativa para hacerla.
Y es que el portavoz del
Podemos ha lamentado la falta de datos y estadísticas sobre el paso en
estos centros y el tiempo que sus internos "pasan recluidos" en ellos.
"Es verdad que no son centros penitenciarios, pero en muchos momentos no
recogen las garantías o los derechos que pueden tener los propios
centros penitenciarios", ha remarcado.
Podemos no descarta que los
incidentes generados en los CIEs puedan tener una motivación "política"
y puedan estar coordinados con los incidentes generados en otros
centros, reconociendo la alta concentración de inmigrantes de una sola
nacionalidad, argelina en este caso.
No obstante, llama la
atención sobre problemas de otra índole como, por ejemplo, que no haya
evaluaciones psiquiátricas o psicológicas de los inmigrantes que entran
al CIE, lo que "puede provocar tensiones", ya que "estamos en una
situación de riesgo psicosocial muy alto".
Y es que se trata de
personas que "han hecho un enorme esfuerzo físico y humano para llegar
al territorio español y que, cuando llegan, son encerrados
inmediatamente a la espera de su deportación", por lo que la situación
es "humanamente dramática" y se tiene que evaluar a manos de un
psicólogo, considera Urralburu.
Sobre todo, estima "preocupante"
que se desconozcan las condiciones psiquiátricas y médicas de los que
son deportados y de los que son liberados en España, recordando que el
CIE de Sangonera cuenta con 80 internos y tiene una capacidad de 160
plazas.
El líder de Podemos también ha
tratado con Sánchez-Solís de la última resolución del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de la Región que reconoce que la rescisión del
contrato con Aeromur fue "correcta" en "términos jurídicos", pero cree
que todavía "existen problemas" para poner esa obra en funcionamiento.
Por
ejemplo, se pregunta qué empresa puede asumir ahora mismo la
infraestructura con la caída que hay de la actividad económica y
turística", dado que se trata de un aeropuerto proyectado para seis
millones de turistas, cuando San Javier tiene ahora mismo un millón, por
lo que la viabilidad "está lejos".
Urralburu también ha tratado
con el delegado del Gobierno sobre la dársena de El Gorguel y la espera
del informe de impacto medioambiental de la Unión Europea, que es la
condición "necesaria" para poner en marcha el puerto.
"Nosotros
nos hemos posicionado claramente en contra de esta dársena y planteamos
como alternativa la dársena de Escombreras, que ya está construida, y la
ampliación del propio Puerto de Cartagena con una dársena más viable y
sostenible", ha reivindicado.
"Todo ello, teniendo en cuenta que
hay otros puertos españoles como el de Pasajes que ha desechado
propuestas similares porque no la ven viable en términos económicos",
según ha puntualizado.
Por
último, Urralburu ha trasladado a Sánchez-Solís su preocupación sobre la
Ley de Seguridad Ciudadana o "Ley mordaza" y su aplicación en la Región
de Murcia. Al margen de los informes del Consejo de Estado sobre la
constitucionalidad de la Ley, Urralburu ha recordado que hay recursos y
que la ONU ha informado negativamente sobre ella.
En este sentido, el delegado del Gobierno se ha mostrado partidario de aplicar la Ley de la manera "más dulce posible".
Para
Podemos, es importante que la Ley se aplique "de la manera más
ponderada y sensata posible, con el fin de que se garanticen los
derechos de la ciudadanía en la Región de Murcia".