Esto
sí es transparencia, lucha contra la corrupción, freno al despilfarro
del dinero de los contribuyentes, coto a la malversación. Esto y no las
sinsorgadas de Rajoy, el de los sobresueldos, cuando balbucea
explicaciones sobre las medidas contra la corrupción que su gobierno ha
amparado, fomentado y sigue ocultando siempre que puede. Que cada vez es
menos.
Estas
comisiones de auditoria de la gestión autonómica en Madrid en las dos
últimas legislaturas que la señora Cifuentes ha tenido que tragarse como
el sapo mañanero es la medida más importante y eficaz que se ha tomado
en España para sacar a flote toda la basura de uno de los gobiernos más
mafiosos en la historia del país. Y ya los ha habido
Fueron
veinte años de mayorías absolutas en los que un partido corrupto, que
se financiaba ilegalmente a base de mordidas por concesiones amañadas,
estuvo haciendo mangas capirotes con los dineros públicos. Un poder sin
control o con controles manipulados en instituciones sumisas a las
órdenes, como el Tribunal de Cuentas, acumuló todo tipo de dispendios y
latrocinios con los que, de paso, enriquecía a un puñado de
sinvergüenzas que simulaban ser políticos honestos.
Era
imposible que lo fueran viendo la falta de talante democrático, la
arrogancia, la soberbia, el desprecio y hasta la chulería con la que
trataban a la oposición y, por encima de ella, a los ciudadanos,
incluidos sus propios votantes. Los madrileños acabaron resignados a una
administración poblada de ineptos vanidosos y presidida por una
majadera, cuyo aparente desparpajo, solo ocultaba su absoluta
incompetencia a la hora de impedir que sus colaboradores robaran a
espuertas ente sus narices. Un hatajo de mangantes que, enarbolando la
bandera de las privatizaciones, saqueó el erario, los servicios
públicos, las empresas de la comunidad. Lo llamaban neoliberalismo,
según las simplezas de catón que expectoraba la señora Aguirre pero, en
realidad, era un neofeudalismo: una típica confusión de lo público y lo
privado, en beneficio de ellos mismos y sus amigos y aliados,
generalmente empresarios acostumbrados a vivir de amañar concursos
públicos.
Las
comisiones de investigación, que ya tienen curro, habrán de poner en
claro el robo descarado de la Gürtel y la Púnica, las dos tramas mayores
(pero no las únicas) que los políticos de la derecha tejieron con la
mafia empresarial y una serie de funcionarios corruptos para
enriquecerse todos en detrimento de los intereses colectivos del bien
común que hubieran debido defender de haber tenido un mínimo de
honradez.
No
se trata de que estas comisiones sustituyan la administración de
justicia que hace su trabajo como puede, sistemáticamente obstaculizada y
hostigada por la asociación de presuntos malhechores llamada PP, con el
sobresueldos a la cabeza. Se trata de que establezcan las
responsabilidades políticas de este inmenso desaguisado, de esta
increible ceremonia del saqueo de una Comunidad por una manga de
chorizos. Y se trata de que los políticos que toleraron y ampararon este
latrocinio o que, incluso, se beneficiaron de él, asuman sus
responsabilidades y se retiren de una vez a esa vida privada que tanto
les gusta, quizá en la cárcel y habiendo devuelto todo lo que hayan
pillado.
Resulta
intolerable que la principal supervisora de estas actividades de
auténticos bandoleros, la señora Aguirre, no acepte responsabilidad
alguna por el desastre que ha ocasionado con su altanera ineptitud. El
disparate de la Ciudad de la Justicia, en el que se han volatilizado 105
millones de euros como el que se gasta la calderilla, debe aclararse.
Igual que debe aclararse cómo el arquitecto Norman Foster pudo cobrar
más de 10 millones de euros de las arcas públicas por una obra que no
hizo y a través de un contrato que, como los dineros, se ha esfumado.
Aguirre tiene que dar cumplida explicación de todo ello. Como también de
decenas de otras tropelías, todas ellas liquidadas con quebranto para
la hacienda pública y supuesto beneficio de los mamandurrios
neoliberales de que se rodeaba: las privatizaciones de la sanidad, el
Canal de Isabel II, el metro ligero a Pozuelo, el hospital de Collado
Villalba o el inenarrable proyecto de Eurovegas.
Si
faltó tiempo a esta señora para felicitarse de haber condecorado en
vida como presidenta de la Comunidad a una de las musas del más sórdido
franquismo, la recientemente fallecida Lina Morgan, con igual alacridad
debiera estar ya en la plaza pública dando las explicaciones pertinentes
sobre esos turbios y ruinosos asuntos que han empobrecido a los
madrileños y enriquecido a una banda de truhanes. Que vaya a las
comisiones las veces que haga falta a mentir como acostumbra y que
dimita de paso de cualquier actividad pública por indigna.
Y
quien dice la Comunidad, dice el Ayuntamiento. Carmena está levantando
las alfombras y los madrileños asisten estupefactos a otra pasarela de
dispendios, despilfarros y toda clase de gatuperios protagonizada por
los dos último regidores, Ruiz-Gallardón y Ana Botella, dos almas
gemelas en lo cursi, arrogante, inepto y megalómano. Que el ex-ministro
de Justicia sepultara más de 500 millones de euros públicos en
acondicionar el espantoso pastel de la Cibeles en detrimento de los
edificios del Madrid de los Austrias, ya demuestra un mal gusto rayano
en lo ofensivo. Pero que de esos 500 millones, parte nada desdeñable,
fueran a hacerse un despacho versallesco, revela la auténtica dimensión
moral tanto del repelente niño Vicente como de su sucesora, una
reprimida de la más rancia estirpe nacionalcatólica.
Hace
muy bien Carmena en sacar a la luz pública las trapisondas de estas
cucarachas de oro para que los madrileños sepan cómo vivían los sátrapas
que se iban a los spas cuando había alguna catástrofe con pérdidas de
vidas en su jurisdicción.
Pero
haría mucho mejor si nombrara una comisión que procediera a auditar esa
cueva de mangoneo que fue el ayuntamiento de Madrid.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
