VALENCIA.- En una visita relámpago a Valencia, el presidente de Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
se comprometió este lunes a presentar un nuevo modelo de financiación
autonómica si logra formar Gobierno. Y rápido: por la mañana, el
secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, habló de un plazo de un
año; por la tarde, en la reunión que ambos mantuvieron con la
vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra,
para recabar el apoyo a la investidura, se discutieron los términos y se acordó que en apenas ocho meses se presentaría la propuesta, una vez formado el Gobierno, según crónica de El País.
Dentro de su ronda de contactos con agentes sociales y partidos para intentar formar Gobierno,
Sánchez apenas estuvo un par de horas en Valencia en el hotel, muy
cercano a la estación del AVE, donde se celebró la reunión. Pero llevaba
una promesa bajo el brazo: la reforma del siempre complejo modelo de
financiación autonómica.
A ese encuentro asistieron también el
presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y el único
diputado de Compromís, Joan Baldoví —que se abstuvo en la fracasada
investidura de julio—, dos de los líderes regionales que vienen reclamando esa reforma desde hace años.
Ábalos fue el primero en valorar el encuentro, cuyo tono calificó de
“más que cordial”, con la voluntad compartida de que “España tenga un
Gobierno progresista”, mientras Sánchez salía a toda velocidad hacia la
estación sin hace declaraciones.
“Obviamente, lo más importante ha sido
la financiación autonómica: somos perfectamente conscientes de la
insuficiencia en la Comunidad Valenciana, un problema que afecta a todas
las comunidades. Nuestro compromiso es acometer esa reforma”, dijo el
ministro.
“Si se plantea en ocho o 10 meses, eso ya lo veremos, pero en
lo sustancial hay acuerdo”, remachó.
Cambiar el actual modelo de financiación es uno de los caballos de
batalla de la Generalitat valenciana, gobernada en coalición por el
PSOE, Compromís y Unides Podem, y una de las escasas reivindicaciones
que también comparte la oposición.
Además, es una reiterada petición de
otras autonomías. La crisis evitó que esa reforma se acometiera en 2014,
pero las tensiones financieras en las arcas regionales van in crescendo:
la falta de presupuestos impide a Hacienda entregar a las autonomías
unos 5.000 millones en concepto de anticipos.
Junto con la promesa de
reforma del sistema, esa será la primera medida que apruebe un eventual
Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, afirmó Ábalos.
Según el último estudio de Fedea (Fundación de Estudios de Economía
Aplicada) a partir de la liquidación de Hacienda de 2016, la Comunidad
Valenciana recibió 2.226 euros por habitante, en el último lugar en
financiación per cápita.
El promedio se situó en 2.437 euros. Otras
regiones se quejan de que reciben mucho menos de lo que aportan:
Cataluña ha hecho de esa reivindicación uno de los pilares del procés.
El Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de
Financiación Autonómica, elaborado a instancias del Ejecutivo de Mariano
Rajoy, reflejaba los mismos problemas.
Justo antes de las elecciones de mayo, Sánchez ya se comprometió ante
la Comisión Europea a reformar el modelo: así figuraba en el Plan de
Estabilidad 2019-2022 remitido a Bruselas. Pero poner de acuerdo a la
mayoría de las autonomías es un ejercicio de gran complejidad: el modelo
ha cumplido ya 10 años desde la última revisión sin que ningún Gobierno
haya podido acometer cambios de calado.
Tras la reunión, Oltra también destacó el tono del encuentro y el
compromiso con reformar de una vez el modelo de financiación autonómico.
La líder de Compromís destacó que el acuerdo está cerca, y se mostró
dispuesta a favorecer la investidura de un gobierno de izquierdas.
“Hemos planteado que un término máximo de ocho meses por parte del
Gobierno de España haya una propuesta en firme de la reforma del sistema
de financiación para que después las comunidades autónomas podamos
aportar”, aseguró Joan Baldoví.
También destacó el compromiso de que el
Gobierno aumente su aportación presupuestaria a la Ley de Dependencia,
que debía ser del 50% y en la Comunidad Valenciana se queda en el 12% de
la financiación. Sánchez recordó que eso ya estaba recogido un aumento
en los presupuestos que no se pudieron aprobar.
Por la mañana, Ábalos también anunció que el primer Real Decreto del
próximo Gobierno será el de liquidación de las cuentas para que las
comunidades puedan disponer de tesorería. La falta de un Gobierno
estable que saque adelante los Presupuestos del Estado impide a Hacienda
entregar a las autonomías unos 5.000 millones a cuenta del sistema de
financiación, con las consiguientes tensiones financieras.
A falta de
investidura, aparecen así las primeras promesas de gasto para recabar
apoyos. Probablemente se vea algo parecido el 19 de agosto, en la
siguiente cita de Sánchez en busca de votos, con el PNV.
Un melón muy difícil de abrir
El modelo de financiación cumple 10 años: José Luis Rodríguez
Zapatero fue el último presidente capaz de poner de acuerdo a las
comunidades en 2009, antes de que la Gran Crisis golpeara de lleno.
Zapatero ofreció 11.000 millones más a las autonomías e incluyó una cláusula que obligaba a reformar el sistema en 2014; Mariano Rajoy aplazó ese cambio con el pretexto de la crisis y la tensión en Cataluña.
Sánchez lo incorporó al programa del PSOE en 2015, para luego desistir por la dificultad para forjar consensos. En vísperas de las autonómicas del 26-M, Sánchez se comprometió ante Bruselas a reformarlo. Ahora acelera: pretende hacer una propuesta en los ocho meses posteriores a su eventual investidura.
Zapatero ofreció 11.000 millones más a las autonomías e incluyó una cláusula que obligaba a reformar el sistema en 2014; Mariano Rajoy aplazó ese cambio con el pretexto de la crisis y la tensión en Cataluña.
Sánchez lo incorporó al programa del PSOE en 2015, para luego desistir por la dificultad para forjar consensos. En vísperas de las autonómicas del 26-M, Sánchez se comprometió ante Bruselas a reformarlo. Ahora acelera: pretende hacer una propuesta en los ocho meses posteriores a su eventual investidura.
