CÓRDOBA.- El sector del aceite de oliva ha mostrado estos días su preocupación
por el desplome de los precios en origen, lo que ha llevado a las
organizaciones agrarias a reclamar medidas excepcionales para frenar la
caída y a pedir incluso la apertura de una investigación de las
autoridades de Competencia.
Según datos oficiales los productores
de aceite de oliva recibieron en febrero 2,38 euros de media por litro,
frente a los 3,4 euros de un año antes, una caída del 30 % que en marzo
parece haberse agravado, según se desprende de las cifras de los
observatorios de precios de Poolred e Infaoliva.
Los descensos son
incluso mayores -del 50 % en algunas categorías- si se comparan con
mayo de 2017, el momento en el que se registraron los precios más altos
de los últimos años, cuando el pago medio se situaba cerca de los 4
euros.
En el campo, los productores hacen hincapié en que la
situación es singularmente "extraña" porque en teoría debería ser una
campaña positiva para sus intereses, con una cosecha muy alta en España
-se prevé que cierre cerca de los 1,8 millones de toneladas- y descensos
en otros países productores como Italia o Grecia.
Sus críticas,
aunque todavía veladas, se dirigen en esta ocasión a industriales y
envasadores -quienes procesan y refinan el aceite para su posterior
comercialización- y no tanto a las cadenas de supermercados, donde los
precios han bajado, pero menos: actualmente el litro de aceite de oliva
de marca blanca oscila entre 3 y 3,70 euros, aproximadamente.
Desde
el sector industrial y envasador rechazan las acusaciones y subrayan
que por el momento las exportaciones a países con bajas cosechas -en las
que se confía para absorber el excedente español, ya que el consumo a
nivel nacional ronda el medio millón de toneladas- no suben tanto como
algunos esperaban.
En Andalucía, que produce cerca del 80 % de
todo el aceite de oliva español, las organizaciones agraria Asaja, COAG y
UPA ya han abogado públicamente por que el Gobierno solicite a Bruselas
que active el sistema de almacenamiento privado.
En la práctica,
este mecanismo -activado por última vez en 2012- supone dar ayudas
europeas para retirar producto del mercado de forma transitoria para
recuperar los precios, confiando en que al reducir la oferta éstos
mejoren.
La normativa europea exige como condición que el precio
en el mercado sea inferior a 1,52 euros en el caso de la categoría
lampante, de 1,71 euros para el virgen y 1,78 para el virgen extra
"durante un período representativo", cifras que no se dan en este caso.
No
obstante, fuentes de las organizaciones agrarias han advertido de que
esos precios de referencia llevan más de una década sin actualizarse y
que el almacenamiento privado se puede activar "cuando el sector
registre pérdidas económicas graves".
Los productores defienden
que los costes de producción rondan los 2,80 euros en el caso del virgen
extra, por lo que ya han entrado en pérdidas.
El tema ha centrado
la reunión de hoy del Consejo Andaluz del Olivar, y la consejera del
ramo, Carmen Crespo, ha coincidido en la necesidad de revisar los
umbrales de referencia para poder activar el almacenamiento privado,
además de avanzar que ya se dialoga con las autoridades de Competencia
para analizar lo ocurrido.
Esta misma semana, tanto el Gobierno
como la Junta de Andalucía calificaron de "incomprensible" la situación
del mercado del aceite de oliva y se comprometieron a seguirlo de cerca.
El
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconoció
que se detecta en el mercado "un comportamiento extraño" y avanzó que se
adaptarán "las medidas necesarias y oportunas" para atajar el problema.
El
observatorio de Poolred refleja que el precio en origen esta semana se
colocaba en torno a 2,6 euros para el virgen extra, a 2,2 el virgen y el
1,9 el lampante; el de Infaoliva, por su parte, apunta a un precio de
2,4 para el virgen extra, a 1,95 el virgen y a 1,9 el lampante.
