Como un auténtico mazazo ha caído en el gobierno español el desplazamiento del president Carles Puigdemont y de la consellera Meritxell Serret durante varios días de la semana próxima a Suiza, abandonando temporalmente su exilio de Bruselas. 

Que, además, este viaje se desarrolle con una cierta cobertura de las instituciones oficiales helvéticas y que entre los actos programados haya nada más y nada menos que un debate en la sede de la ONU en Ginebra sobre la regresión de los derechos humanos en España ha movilizado a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio del Interior. 

Eso sí, hasta la fecha con aparente nulo resultado, una vez se ha pronunciado el portavoz de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, Folco Galli, negando que pueda ser detenido o extraditado durante su estancia, una hipótesis con la que había querido jugar horas antes la fiscalía española.

Todo apunta, por tanto, que poco más que la gesticulación le acabará quedando al gobierno español. Y, quizás, en esta clave hay que entender la retención/detención durante unas horas del secretari de Comunicació i Difusió de la Generalitat, Antoni Molons, buscando documentación sobre el coste para el Govern de la campaña del referéndum del pasado 1 de octubre. O la irrupción de la Guardia Civil en la sede de Òmnium Cultural con idéntico objetivo. 

Aunque hace más de cinco meses de la celebración del referéndum y que la sede de Òmnium ya fue investigada, se trataba, supuestamente, de obtener nueva documentación. Mientras eso sucedía en Barcelona, en Madrid, PP y Ciudadanos perdían el pulso con la oposición y el Congreso impulsaba la derogación de la prisión permanente revisable. Un traspiés para la Moncloa, aunque uno más después de las protestas de los pensionistas y, sobre todo, la inmovilización del gobierno con los presupuestos generales del Estado que no puede sacar adelante sin el apoyo del PNV; que, a su vez, hoy se lo niega por la vigencia del 155.

Pero volvamos a Suiza. Si incómoda será la mesa redonda en la ONU en la que participarán el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y familiares de presos políticos, el hecho de que durante tres días el foco sobre derechos humanos y autodeterminación tenga diferentes actores catalanes es lo que ha causado un gran malestar en el gobierno español. 

 No deja de ser llamativo que con las legaciones diplomáticas de la Generalitat cerradas por el Ministerio de Exteriores y con toda la fuerza de un estado para impedir la internacionalización del conflicto, el resultado sea que haya varios actos relacionados con Catalunya en la semana que se celebra la 37ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

A veces, viendo las miserias interiores, uno puede perder de vista que en Madrid y en el extranjero también pasan cosas.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia