El Banco de España duda de que BMN pueda devolver las ayudas del FROB y sugiere intervención

MADRID.- Según informa hoy El Economista, el Banco de España considera “prácticamente imposible” la “devolución del apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenaba Bancaria (FROB)” a Banco Mare Nostrum. Por otra parte, fuentes del supervisor no descartan que el presidente ejecutivo de la entidad, el murciano Carlos Egea (en la imagen), dimita o sea destituido la próxima semana si hubiese sospecha fundada de presunta comisión de graves delitos societarios porque asi se desprendiese, y se confirmase en sus justos términos, del informe definitivo de la última inspección del Banco de España y de que, en consecuencia, se han venido también alterando las cifras reflejadas en balance. A renglón seguido podría actuar de oficio, o a instancia de parte, la fiscalía anticorrupción, en Madrid, tal como ha sucedido en el caso de Bankia.

 Según el último informe de seguimiento elaborado por los inspectores del supervisor es “prácticamente imposible el cumplimiento de las medidas contempladas en el contrato y plan de integración y la devolución del apoyo financiero del FROB, pudiendo encontrarse en la situación prevista en el artículo 7.1.c) del RD-L 9/2009 de 26 de junio”, siempre según El Economista.

Dicho artículo se refiere a la toma de control de la entidad por el FROB y a la sustitución de los gestores por incumplir de forma grave el plazo de ejecución o las medidas concretas del plan.

En cuanto a los informes que recibirá el próximo lunes el nuevo gobernador del Banco de España, Luis Linde, se escribe hoy en 'El Financiero' que "habrá un tercero del servicio de inspección en el que le explicarán al nuevo Gobernador que la viabilidad de Banco Mare Nostrum no está muy clara, y que lo mismo conviene empezar a tomar cartas en el asunto".

El informe del Banco de España, que se terminó el 8 de mayo (tres días antes del anuncio de la segunda reforma de De Guindos) y que analiza la situación de la entidad a cierre de 2011, advierte que se aprecian desviaciones "muy significativas" respecto a las estimaciones de la entidad sobre el cumplimiento del plan de integración, desviaciones que cuestionan "la generación de resultados para poder devolver las ayudas", se escribe en 'El Economista'.

Pero el incumplimiento de los objetivos marcados en el plan, no es lo único que se resalta en el informe. Los inspectores también se refieren, entre otras muchas cosas, a cambios de criterios contables, "márgenes inflados", una inadecuada calificación del riesgo y, en su opinión, un incorrecto ajuste contra reservas que habría librado a la entidad de registrar pérdidas en 2011.

El grupo BMN, nacido de la unión de Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada, recibió en junio de 2010 915 millones del Frob en participaciones preferentes.

La desviación de sus objetivos, según se recoge en el documento, "ha llevado a BMN a revisar a la baja sus previsiones de resultados en diversas ocasiones, aumentando el esfuerzo de optimización de empleados y oficinas".

BMN anunció inicialmente una reducción de 1.049 empleados y el cierre de 171 oficinas, unos objetivos que luego fueron ampliados para alcanzar a 1.650 trabajadores y 280 sucursales.

El informe recoge algunos fragmentos de varias actas del comité de dirección de BMN, donde se refleja que la entidad es consciente de que los resultados no se corresponden con sus previsiones iniciales. Así, el 11 de mayo de 2011, se afirma que "el presidente manifiesta su preocupación por los resultados provisionales del primer cuatrimestre, en los que se han alcanzado unos niveles de mora y adjudicados muy por encima de los objetivos presupuestados".

Ello implica, según el acta de esta reunión "revisar todos los cálculos para los dos próximos años, que son los más relevantes para la viabilidad del grupo, estableciendo un nuevo plan de negocio para el resto del ejercicio".

El diario El Economista se puso en contacto con fuentes de la alta dirección del Banco de España para conocer su opinión acerca del informe de seguimiento de BMN realizado por el equipo inspector asignado a esta entidad. Afirman que el documento no había llegado hasta ninguna persona de la alta dirección de la institución debido a un fallo en la cadena de supervisión y que aún no se ha sometido a ningún tipo de control interno.

Estas fuentes afirman que los informes que elaboran los equipos de inspectores reciben el visto bueno del cabecera, el jefe de equipo. En este caso, aseguran, el cabecera unió la información elaborada por su equipo sin ponderarla ni darle forma, algo que sí se hace habitualmente. En su lugar, carga directamente el informe en el disco x, el soporte donde se archivan los documentos que aún no son definitivos, y no se lo comunica al jefe de grupo, por lo que ni éste, ni el jefe de departamento, ni el director general llegan a tener conocimiento del informe de seguimiento trimestral de BMN.

El fallo en el procedimiento de la supervisión lo atribuyen estas fuentes del Banco de España al estrés al que está sometido este inspector, que últimamente soporta una importante sobrecarga de trabajo, dicen desde el vértice.

En todo caso, sostienen, el documento se encuentra en fase de formación de opinión y sólo cuando sea un informe definitivo pasará al Sigas (Sistema Integrado de la Gestión de la Actividad Supervisora), que es la base de datos donde se almacenan todos los informes.

En cuanto a su contenido, estas fuentes afirman que contiene juicios de valor descabellados, como el de que los gestores no están capacitados para dirigir una entidad de 70.000 millones de euros de balance, o que podría estar en situación de ser intervenida. Apuntan, además, como garantía de profesionalidad, que en la alta dirección de BMN hay algún exinspector del Banco de España. Éste es el caso del director de riesgos del grupo.

En cuanto al ajuste de 452 millones realizado contra reservas, que el informe sostiene que es contrario a las normas contables, aseguran que está regulado por la NIC 8, (una norma internacional de contabilidad sobre cambios en las políticas contables y corrección de errores) y el valedor de su aplicación es la CNMV. Al haber, aseguran, autorización previa de este organismo, el Banco de España también da su visto bueno.

Sobre el trasvase de provisiones recogido en el informe, de activos no inmobiliarios a inmobiliarios, el supervisor admite que los hubo, si bien siempre se cumplió la norma.

Admiten también que hubo retrasos de BMN en facilitar información a los inspectores, pero no lo atribuyen a una actitud de obstaculización a la labor supervisora, sino por las dificultades que ocasiona que los sistemas informáticos de las cuatro cajas que conformaron el grupo "no están asentados".

Asimismo, afirman que consideran que lo que se vierte en el documento es sustancialmente falso y que existen conceptos erróneos. Ahora, el informe deberá pasar el control interno y se debe "tamizar" y suavizar sus términos, concluyen.

Piden a Viudes que haga caso al Presidente de Puertos del Estado

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, a raíz de las declaraciones del Presidente de Puertos del Estado, don José Llorca, en las cuales éste esgrimía que:

•     “…En los últimos años se han ejecutado en España importantes obras portuarias, incluso de récord, de tal forma que en la actualidad tenemos abrigo suficiente para los próximos 20 ó 25 años…”.

•     “…En una coyuntura económica como la actual en la que existe una sobre capacidad portuaria y en la que es necesario destinar gran parte de los recursos para reducir la deuda, no es momento de invertir en nuevas infraestructuras, ahora hay que pagarlas…”.

•     “...insto a los presentes a no descapitalizarse en capital humano, apostar por la internacionalización, la innovación y las nuevas tecnologías”.

 “Ganar en capacidad no es equivalente a construir nuevas infraestructuras, hay que explotarlas mejor…”

En el escrito remitido por los ecologistas, éstos solicitan a Viudes que, en base a dichas declaraciones, se desestime definitivamente la Terminal de Contenedores en El Gorguel. También han reiterado a Viudes que si tan necesario considera albergar un mayor número de contenedores en el puerto de Cartagena, aproveche la inacabada e infrautilizada infraestructura del Valle de Escombreras, cuya ampliación ya se “vendió” en 1996 con la misma excusa con que ahora se pretende justificar la terminal en El Gorguel.

Para los ecologistas, en estos momentos más que nunca es necesario seguir las recomendaciones del Presidente de Puertos del Estado, en el sentido de no construir nuevas y caras infraestructuras de dudosa necesidad, y de explotar mejor las ya existentes, muchas aún por pagar, aspectos que coinciden con lo expuesto en múltiples ocasiones por Ecologistas en Acción, el Ministerio de Medio Ambiente y la propia Comunidad Europea.

Según Natalia Martín, responsable de medio marino de la asociación: “en los tiempos de crisis actuales, seguir apostando por infraestructuras faraónicas de dudosa justificación y que realmente no responden a un interés general, es llevar a la sociedad a hipotecarse asumiendo elevados costes derivados de la nefasta gestión de las administraciones públicas, y limitando las posibilidades de inversión pública en servicios básicos y realmente necesarios, como sanidad, educación , servicios sociales, etc”.

Respecto a las recientes declaraciones de Viudes, Natalia Martín ha asegurado que “al igual que ha hecho el Gobierno Regional con Marina de Cope, el Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena lanza de nuevo anuncios triunfalistas que pretenden hacer creer a la sociedad que la ejecución del proyecto está asegurada, y que su construcción es ya un hecho sin lugar a dudas, algo que está muy alejado de la realidad”.

Martín recuerda, además, a Viudes que: “la afección a la Red Natura 2000 es un hecho indiscutible, por lo que la Comisión Europea tendrá la última palabra, le guste o no a los promotores del proyecto, es decir, a la Autoridad Portuaria de Cartagena y al Gobierno Regional”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige, tanto a la Autoridad Portuaria de Cartagena como al Gobierno Regional, que dejen de vender la costa de la Región de Murcia, y de correr cortinas de humo para enmascarar la realidad de la nefasta situación actual en la Región de Murcia. La pretensión de volver al ladrillazo, y la apuesta por proyectos totalmente insostenibles, que no reportarán un beneficio a los ciudadanos y ciudadanas de la Región, sólo servirían para llenar los bolsillos de especuladores y corruptos, al tiempo que aumentarían el lastre que impide a este territorio salir del agujero de la crisis.

El ex alcalde de Totana se entrega voluntariamente a la Guardia Civil e ingresa en prisión

MURCIA.- El ex alcalde de Totana y ex diputado regional, Juan Morales, ha comparecido voluntariamente este jueves por la tarde ante la Guardia Civil de la Región de Murcia, que ha procedido a su traslado al centro penitenciario Murcia II, dando cumplimiento a lo ordenado en auto judicial de 30 de mayo de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado. 

   Cabe recordar que por auto de 30 de mayo, la Sala Civil y Penal ordenaba "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" de Morales por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio. El tribunal decretaba el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho.

   La Guardia Civil, tras personarse en varios domicilios, constató la imposibilidad de localizar a Morales porque se encontraba en paradero desconocido, por lo que el tribunal decretó su busca, detención e ingreso en prisión y emitiendo orden de busca y captura nacional e internacional.

   El abogado de Morales presentó un recurso a esta orden, pero la Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia, mediante auto notificado en la mañana del pasado martes, acordó no suspender la ejecución de la pena privativa de libertad de Morales por la petición de indulto "y mientras se tramita y resuelve el mismo".

   El ahora interno ha comparecido voluntariamente esta tarde ante los agentes responsables de su acompañamiento hasta el centro penitenciario ubicado en Campos del Río, que han dado inmediato cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial.

   El 'caso Tótem' saltó a la luz pública en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil destapó una presunta trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.

   El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio. En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas.

Desde el PSRM se critica el "discurso plano" de Valcárcel que "no acepta la realidad y echa la culpa a los demás"

CARTAGENA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha criticado la intervención del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en el debate sobre el estado de la Región con un discurso "plano, de no aceptación de la realidad, de echar siempre la culpa a los demás y no reconocer los propios errores".

   González Tovar ha destacado que el presidente "ha ido de rama en rama y no ha querido llegar al tronco, y mucho menos a la raíz de la situación que está atravesando la Región".

   En este sentido, ha destacado que la Región es "el punto cero del 'boom' inmobiliario y estamos pagando la crisis de una forma muy especial" y eso era lo que Tovar esperaba que reconociera.

  Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT en la Región de Murcia, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, han criticado este discurso por "mirar al pasado" y proponer soluciones "demasiado lejanas".

   Así, Daniel Bueno ha criticado que Valcárcel se haya dedicado a "mirar al pasado para criticar la situación que estamos y a poner las soluciones desgraciadamente demasiado lejanas".

   Por su parte, Antonio Jiménez ha ido más lejos y ha calificado el discurso de "políticamente inaceptable", ya que, ha argumentado, "no se compadece con la situación real que están viviendo las familias, trabajadores y empresas".

   Por tanto, ha insistido, "es políticamente incoherente con la situación actual".

   Jiménez ha considerado que la situación de la Región de Murcia es "de UCI económica, catastrófica" y esta situación "requiere de otro tipo de medidas".

 "No es momento de auto complacencias sino reflexión, conjunción y medidas que nos ayuden a salir de esta crisis", ha concluido.

Volverá el déficit y Murcia a la cabeza

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado de que las comunidades autónomas incumplirán el objetivo de déficit asumido para este año (1,5%) y se quedarán alrededor del 2,2% a pesar de los planes de reequilibrio aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   Así lo ha señalado el experto de Fedea Juan Rubio en una rueda de prensa, donde ha explicado que las CC.AA. registrarían un déficit del 2,2% si no se tuvieran en cuenta esos planes de ajuste y que, tras analizarlos, se quedarán en ese entorno porque han sobrestimado los ingresos.
   "Históricamente los planes de ajuste no han servido para nada", ha dicho Rubio, quien ha explicado que tradicionalmente las comunidades sobrestiman los ingresos en un 7%.
   Este año, las comunidades tuvieron que presentar sus presupuestos sin que se hubiera elaborado el Presupuesto del Estado, lo que les llevó a realizar una sobrestimación de ingresos de 12.235 millones: unos 6.000 millones por el sistema de financiación autonómica, unos 3.000 millones en concepto de transferencias de capital y unos 3.000 millones por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos.
   Una vez presentados los planes de reequilibrio, con un incremento de ingresos por valor de 4.710 millones, aún registrarían un desfase de unos 7.525 millones en ingresos, lo que les llevará a registrar un déficit final cercano la 2,2%.
   En este escenario, las comunidades que registrarían más déficit serán Castilla-La Mancha (-4,9%), Murcia (-3,7%), Baleares (-3,4%) y la Comunidad Valenciana (-3,3%). Las que mejor se comportarán serán Madrid (-0,8%), La Rioja (-1%), Galicia (-1,1%) y Castilla y León (-1,7%).
   Rubio ha puesto como ejemplo lo que pasó en 2011, año en el que las comunidades presentaron planes con un incremento de ingresos de 3.194 millones y la realidad fue que los ingresos bajaron en 6.057 millones. En gastos, presentaron recortes por 8.557 millones que al final se quedaron en unos 6.300 millones.
   Dos de los principales problemas de las comunidades, según Rubio, son las competencias de Educación y Sanidad, dos partidas muy difíciles de controlar, y la "grave opacidad" de las cuentas, tal y como ha demostrado el plan de proveedores, mecanismo que ha permitido aflorar nuevas facturas que han acabo por elevar el déficit de 2011.
   Preguntado por las comunidades que van peor, Rubio ha admitido que hay tres que van muy mal: la Comunidad Valenciana, la primera con la que se podría aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria,  La Rioja y Castilla y León, aunque estas dos últimas van mejor y son menos importantes. 
   En cuanto a la política fiscal en general, Rubio ha recordado que España es uno de los países con la presión fiscal más baja. "Pagamos pocos impuestos nos guste o no", ha dicho, tras afirmar que si no se eleva la recaudación habrá que recortar el estado de bienestar. "No podemos tener una presión fiscal a la americana y un gasto a la alemana", ha dicho.
    Así, ha apostado por subir los impuestos indirectos, IVA e Impuestos Especiales, por subir determinadas tasas y por introducir una tasa sobre el patrimonio similar a la de Francia, una medida que podría aportar un punto de PIB.
   En el caso del IVA, Rubio cree que el Gobierno ha hecho bien diciendo que no lo subirá hasta el año viene, y ha apostado por combinar la ampliación de la base imponible del impuesto (limitando los productos que se pueden acoger a la tasa reducida y superreducida) con una subida del tipo general que no ha querido cuantificar.
   En paralelo, ha apostado por eliminar deducciones en algunos impuestos, eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados y bajar "drásticamente" los impuestos sobre las rentas laborales, no solo en cotizaciones, sino que también se puede el IRPF.
   Por otro lado, Rubio ha repasado el índice que elabora Fedea para ver la evolución de la economía en este momento y ha dicho que ahora está en niveles  similares a los de la crisis de 1992.
   "La situación es como mínimo preocupante", ha dicho, tras confiar, sin embargo, en que el país supere la recesión a mediados del año que viene porque históricamente las recesiones no suelen durar más de seis trimestres.

Ecologistas reclaman que se investigue "urgentemente" las causas de los dos incendios en Ajauque y Rambla Salada

MURCIA.- Ecologistas en Acción reclama que se investigue "urgentemente" las causas de los dos incendios ocurridos en el humedal protegido de Ajauque y Rambla Salada en menos de un mes, para poder poner a disposición judicial a los presuntos responsables, ya que hay fuertes sospechas de que puedan ser provocados.

   Así, califica de "desastre ecológico" que hayan ocurrido dos incendios en menos de un mes en el humedal protegido de Ajauque y Rambla Salada, afectando a más de 20 hectáreas de terreno protegido, con especies de flora y fauna protegidas, lo cual agrava las consecuencias del incendio.

   La superficie arrasada estaba cubierta por matorral característico de humedales salinos, saladares y carrizales, y sobre todo con presencia de especies animales de gran interés ambiental. Entre estas especies se encuentran el aguilucho cenizo, cigueñuela (por la que se declaró la ZEPA), taray o distintas especies de limonium.

   "A falta de poder evaluar 'in situ' los daños ambientales que ha provocado el incendio realmente, las previsiones no son nada halagüeñas teniendo en cuenta el alto valor ecológico de la zona quemada y por la importancia que tiene que sucedan dos incendios tan seguidos y en plena época de nidificación de aves vinculadas a este espacio, así como por la singularidad de un tipo de ecosistema del que cada vez queda menos representación en nuestro territorio".

   Los ecologistas han reiterado la necesidad de una urgente investigación que lleve a dar con los responsables del incendio, a los que, en su caso, "debería imponérseles sanciones ejemplarizantes". En este sentido los ecologistas advierten que "la demora en el inicio de las investigaciones sólo favorece a los responsables de este desastre ecológico".

   Ecologistas en Acción insiste en que estos incendios son "consecuencia directa de la mala gestión forestal y de los espacios naturales y especies amenazadas". Recuerdan que "los incendios se apagan en invierno, y que las medidas de prevención y control no sólo consisten en la compra de efectivos, sino también en el control de actividades y accesos en determinadas zonas de riesgo en las épocas de mayor peligro de incendio".

   Esto significa que "no sólo hay que invertir más en las labores de prevención, sino que hay que mejorar mucho la gestión, especialmente en las zonas protegidas donde un incendio puede acabar con poblaciones de especies amenazadas. Y hablar de gestión significa hablar de Planes de Gestión y de limitaciones de usos y actividades en determinados lugares y determinadas fechas".

   En este sentido, la organización denuncia que en los últimos años el dinero invertido "ha sido destinado principalmente a medios de extinción, pero las asignaturas pendientes siguen siendo la prevención y la gestión de los espacios naturales y forestales de nuestra región. Así, es absolutamente irresponsable que todavía queden Planes de Gestión tanto de espacios naturales, como de especies silvestres, pendientes de aprobar, y entre las que están algunas de las afectadas por este incendio".

   Además, Ecologistas en Acción de la Región Murciana lamenta la "inconsciencia del Gobierno regional, que mantiene pendientes de aprobación documentos esenciales para la correcta gestión forestal y la prevención de incendios en Murcia, como se viene denunciando desde hace varios años, tras incendios como el de la Sierra del Molino en Calasparra o el de la Peña del Águila en Cartagena, a pesar de lo cual el Gobierno Regional ha mantenido su inmovilismo habitual".

   Pero además, los ecologistas advierten que "existe un tercer documento que lleva años guardado en un cajón". Se trata de la "Estrategia Forestal de la Región de Murcia, de la que se presentó un borrador en el año 2003, e incluso se hizo una revisión del borrador en 2008, pero que a día de hoy no ha sido aprobado definitivamente por el Gobierno de la Comunidad".

   Por ello Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno de Valcárcel "no esté haciendo los deberes ni en materia de planificación forestal, ni de prevención efectiva de incendios, siendo una prueba evidente estos dos incendios en menos de un mes y en el mismo espacio".

   Y esta situación "se agrava aún más con la constante pérdida de medios humanos y económicos que posee la administración regional destinada a Medio Ambiente, como consecuencia de la nefasta política ambiental que este Gobierno Regional lleva haciendo desde el año 1995".

Acuerdan no recolectar albaricoque por los bajos precios que quiere pagar la industria

MURCIA.- Los agricultores de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM) y las cooperativas de Castilla-La Mancha han acordado no recolectar albaricoque de la variedad Búlida para industria a partir de este jueves, 7 de junio, a las 18.00 horas "debido a los bajos precios que pretende pagar la industria conservera". 

   Según informaron fuentes de FECOAM en un comunicado, los precios "ruinosos" para el albaricoque de la variedad Búlida fueron acordados este miércoles por las industrias conserveras cifrados en 0,27 euros por kilogramo para la fruta de primera calidad y 0,18 euros por kilogramo para la fruta de segunda.

   Los cooperativistas critican que estos precios "están muy por debajo de los costes de producción", por lo que han acordado parar la recolección del albaricoque.

Decretan apertura de juicio oral contra Sigifredo Hernández y otros dos acusados por el caso del Molino de Oliver

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, que investigaba los hechos en torno al derribo del Molino de Oliver, en Aljucer, y la destrucción de su escudo heráldico BIC, ha procedido a acordar la APERTURA DE JUICIO ORAL y dar por formulada la ACUSACIÓN contra Sigifredo Hernández, Presidente de la Junta de Hacendados, otro directivo y el responsable de la empresa que ejecutaba la obra, “como autores responsables criminalmente,  sin circunstancias modificativas, de un delito CONTRA EL PATRIMONIO HISTORICO del art. 323 del Código Penal”, según un comunicado de 'Huermur'.

En el citado auto, se indica también las penas solicitadas por la Fiscalía para los acusados, consistente en:

         - 1 año y 9 meses de prisión

- Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo

- Multa de 16 meses, con cuota diaria de 12 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del art. 53 del Código Penal

- Costas

- Responsabilidad civil, indemnización por el valor de los trabajos de restauración del escudo heráldico

Además, el Juez indica que el órgano competente para el presente caso será el Juzgado de lo Penal que por turno corresponda, y que se notifique a los ya acusados para que muestren su conformidad o disconformidad con la acusación, además de tener que presentarse mañana día 8 en el Juzgado para ser notificados.

Por todo ello, y ante la gravedad de que un cargo público, que ostenta la representación, tanto de un Tribunal Consuetudinario reconocido por la Ley del Poder Jucidial y elegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como la representación del Alcalde de Murcia en su pedanía al ser Alcalde-Presidente de la Junta Municipal de Santa Cruz, y presidente del Partido Popular en la pedanía, HUERMUR exige la inmediata dimisión de todos los cargos que ostenta.

Ante la posible negativa de Sigifredo Hernández a abandonar los cargos a los que se aferra desde hace años, HUERMUR ha remitido varias misivas informando de estos hechos, tanto al Alcalde de Murcia, para que lo cese como Alcalde Pedáneo, como a los Comités Regional y Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, para que procedan a aplicarle los nuevos estatutos del partido, le abran el correspondiente expediente, le retiren su militancia y lo cesen en los cargos que ostenta.

Desde HUERMUR se considera inadmisible que se mantenga ni un minuto más en sus cargos a alguien sobre quién pesan acusaciones tan graves y que de forma inminente se va a sentar en el banquillo, ya que no es un simple imputado.

Egea no ceja en encontrar pareja para BMN

MADRID.- BMN, el grupo formado por la integración de Caja Murcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès, está abocado a entrar en un proceso de fusión tras la última vuelta de tuerca que ha dado el Gobierno de Mariano Rajoy a la reforma financiera.

Sin embargo, según señalan algunos observadores, la intención del banco presidido por Carlos Egea siempre ha sido la de salir a Bolsa, aunque las condiciones de los mercados no se lo han permitido, más si cabe tras las malas experiencias de Banca Cívica y Bankia, recuerda hoy 'El Boletín' en sus páginas de opinión.

Por ello, la intención del banco podría ser ahora la de buscar una integración con alguna entidad que ya está cotizada. En los mentideros se mencionan nombres como CaixaBank o el Popular, aunque es muy difícil que estas dos entidades se avengan a un acuerdo.

De hecho, la opción más factible es una fusión con Unicaja, en pleno proceso de absorción de Caja España-Duero, que tampoco está en el parqué. No obstante, BMN se guarda un as en la manga con la subasta de Banco de Valencia, que sí cotiza y que podría otorgarle un camino directo hacia la Bolsa.

El Banco Popular tampoco quiere tratos con Egea

MADRID.- Aunque Banco Mare Nostrum (BMN), fruto de la unión de Caja Murcia, Caja Penedés, Sa Nostra y Caja Granada, persigue fusionarse con el Banco Popular, la entidad presidida por Ángel Ron no está interesada en esta operación, por lo menos de momento. Hoy por hoy la adquisición de la entidad presidida por Carlos Egea no conlleva ayudas públicas, ya que BMN es FROB 1, recuerda 'Hispanidad'.

Al parecer, el presidente de BMN, el murciano Carlos Egea, y el del Banco Popular, el gallego  Ángel Ron, habrían mantenido ya algún contacto en las últimas fechas,  según el periódico 'Ideal", de Granada, sin resultados positivos hasta hoy mismo, reconocieron fuentes próximas al grupo bancario, que admiten la existencia de otros contactos paralelos con diversas entidades de crédito.
Desde BMN se mantiene como mejores opciones para la creación de un nuevo grupo bancario, las de Unicaja y Kutxa Bank (las cajas vascas), con quienes también han hablado sin concretar nada.

Pero la percepción del Popular podría cambiar en dos semanas, y es que el ministro De Guindos ha afirmado este miércoles que dentro de quince días se conocerá el resultado de la auditoría realizada por las dos consultoras -Oliver Wyman y Roland Berger- sobre la situación de las entidades financieras españolas. Así, el Ejecutivo esperará a su dictamen para tomar alguna decisión nueva sobre el sector.

De todas maneras, CX continúa siendo la primera opción del Popular. Lo malo, en este caso, es que sus rivales son el BBVA y el Santander, que ya han mostrado su interés en múltiples ocasiones. Por eso, Ron no descarta volver a contactar con La Caixa, pero sólo si la operación CX no llega a buen puerto y la situación del Popular, tras la adquisición por sus propios medios del Pastor, y las nuevas exigencias del Gobierno, le ‘obligan’ a hacerlo.
"Popular descarta cualquier tipo de inyección de capital público", asevera el banco, tras recalcar que ya ha incorporado los cambios regulatorios actuales y provisiones aceleradas en los libros del sector inmobiliario y de particulares.
   Además, sostiene que ya cumple con los requisitos de capital de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) en junio y de las autoridades españolas sin problemas y alcanzará el 10,8% en 2013.
    Pese a estas importantes provisiones, el banco prevé generar unos beneficios de 905 millones de euros en los dos ejercicios, y "significativamente mayores" en 2014, gracias a la generación de ingresos ordinarios y extraordinarios.
   Concretamente, calcula que obtendrá un beneficio neto de 325 millones en 2012, lo que supone un descenso del 32% en relación a los 480 millones del año anterior, y espera ganar 580 millones en 2013, lo que arrojará un crecimiento del 78,5%. 
   El Popular también acometerá un agresivo plan de venta de activos con el que prevé obtener plusvalías de 2.000 millones de euros en  2012 y 2013, entre las procedentes de la venta del 51% de popular-e, y de sucursales e inmuebles adjudicados.
   Sobre la ampliación de capital anunciada en octubre 2011 con la adquisición del Pastor por importe de 700 millones de euros, Popular avanza que se llevará a cabo en nueve meses o un año.
   En este escenario, la política de dividendos del banco se mantendrá sin variación, con un 'pay out' del 50%, con lo que se destinará la mitad de la ganancia a la retribución al accionista.

El Banco Popular constituirá de forma voluntaria una provisión de 2.800 millones de euros por créditos de la cartera no inmobiliaria, de hipotecas, empresas y consumo, a partir de un escenario estresado.
   Estas provisiones permitirán cubrir una pérdida esperada del 7,9% de dicha cartera de 79.000 millones de euros, según el plan de negocio 2012-2013 remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   "Popular incorpora en sus planes dotaciones por encima de la pérdida esperada contempladas en los modelos avanzados para las carteras de empresas no inmobiliarias y particulares", destaca el banco que preside Ángel Ron.
   Así, para cubrir eventuales pérdidas en su cartera de créditos,  la entidad dedicará un total 10.100 millones de euros, de los que 7.300 millones corresponden a las exigencias de los dos últimos decretos de saneamiento aprobados por el Gobierno.
   Popular especifica que cumplirá con las exigencias de los decretos de saneamiento por el sector inmobiliario aprobados en febrero (4.000 millones de euros) y en marzo (3.300 millones) en un periodo de dos años con sus propios recursos.

La producción industrial en la Región de Murcia crece un 4,8% en abril

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de abril de 2012 creció un 4,8 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registra un descenso del 8,2 por ciento, según el Índice de Producción Industrial (IPI) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   El sector que más ha influido en el aumento interanual de la producción industrial en la Región de Murcia es el de la energía con una variación del índice respecto al mismo mes del año anterior del 135,2 por ciento y una repercusión en el índice general de 12,239.

   En sentido contrario, presentan repercusiones negativas la producción de bienes de consumo no duraderos con un -11,0 por ciento y una repercusión de -4,285, la producción de bienes intermedios con una variación interanual de -4,2 por ciento y una repercusión de -1,655, los bienes de consumo duradero con un -19,5 por ciento y un -1,047 de repercusión y, por último los bienes de equipo con una tasa de -5,5 por ciento y repercusión de -0,400.

   En el análisis por ramas de actividad, la mayor repercusión positiva la registra el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo con un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 135,6 por ciento y una repercusión de 12,256.

   Se registran las mayores repercusiones negativas en la industria de la alimentación con una tasa interanual de -8,0 por ciento y una repercusión de -2,273 seguida de la fabricación de otros productos minerales no metálicos con una variación de -43,9 por ciento y un -1,418 de repercusión

   Se observa que las ramas de actividad que más han aumentado su producción con respecto al mes de abril del año anterior son el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo (135,6 por ciento) y la industria del cuero y el calzado (48,6 por ciento).

   Presentan, por otro lado, las mayores variaciones interanuales negativas la fabricación de otros productos minerales no metálicos con un -43,9 por ciento y la industria textil y de la confección con un -30,3 por ciento.

   El índice para todas las agrupaciones de actividad sin considerar el grupo de la energía presenta una variación de -8,2 por ciento respecto al mes de abril de 2012.

Los contratistas de obra pública denuncian nuevos impagos de administraciones públicas a partir de enero de 2012

MURCIA.- La Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región de Murcia ha detectado que "algunas" administraciones públicas no están pagando las certificaciones de obra corrientes emitidas desde el 1 de enero de 2012, y sospecha que las empresas proveedoras no van a ver satisfecha la deuda "en mucho tiempo", puesto que no confía en el desarrollo de un nuevo plan de pagos.

   Se trata de un hecho de "gravedad extrema" que los contratistas exigen corregir a las administraciones públicas, según ha demandado el presidente de la Cámara, Luis Ramón Fernández, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al vicepresidente de la Junta Directiva, Enrique Fernández-Delgado, y el secretario de la entidad, José María Riquelme.

   A pesar de que el Gobierno central está ejecutando los planes de pagos puestos en marcha y cumpliendo los plazos, los contratistas creen que no va a haber más planes de este tipo, por lo que reivindican a partir de ahora "el pago puntual y estable" de todas las certificaciones de obra, algo que "ya se ha incumplido en los primeros cinco meses del año", según Fernández.

   En cualquier caso, ha remarcado que, si las administraciones públicas incumplen el pago en 2012, las empresas "son libres" de tomar medidas y de "asumir los riesgos que crean convenientes", ya que estos impagos son "un hecho gravísimo" que aboca los negocios "al cierre y al despido de trabajadores".

   "No invito a nadie a acudir a la Justicia, cada empresa es libre", ha puntualizado Fernández, quien ha recordado que "también ha habido empresas que se han adherido al plan de pagos y otras que han optado por la vía judicial". No obstante, ha añadido que, con la ley en la mano, las empresas pueden apelar "a la ley de contratos, que exige el pago en 30 días, o de morosidad, que amplía el plazo a 45 días".

   Fernández no ha querido especificar el montante que alcanzan estos impagos ni ha señalado las administraciones que han incumplido la ley en estos primeros meses de 2012, algo que a su juicio "corresponde a las empresas destapar", aunque se ha remitido a "las administraciones que incumplieron en 2011", entre las que ha citado tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos.

   No obstante, ha destacado que el Plan de pago a proveedores se ha comenzado a ejecutar la semana pasada, algo que ha considerado de "vital importancia", pero ha reiterado su denuncia sobre la imposición que supone "la renuncia a los intereses de demora", que podrían ascender a unos 300 millones de euros para los proveedores de la Comunidad Autónoma.

   Esta cifra resulta de retraer el ocho por ciento que supone el interés a los 2.700 millones de euros de deuda que tenía contraída la Comunidad Autónoma y multiplicarlo por los dos años de atraso que arrastraban los proveedores por término medio en el cobro de sus facturas.

   Por otra parte, Fernández ha lamentado que, últimamente, se están produciendo "suspensiones de varias licitaciones de obra pública, tanto de la Comunidad Autónoma como de los ayuntamientos" que alcanzan un importe de unos 50 millones de euros, y ha citado como ejemplo, "sin ir más lejos", las obras de las costeras de la ciudad de Murcia.

   Ha estimado que sólo la paralización de las costeras, que ya habían sido licitadas, van a suponer una pérdida de dos millones de euros para las 298 empresas que se habían presentado al concurso, por el coste de los avales técnicos y de los proyectos, entre otras cosas, mientras que el Ayuntamiento habrá gastado un millón de euros.

   En esta misma tesitura se encuentran, según Fernández, el auditorio de Cehegín que supone un coste de 12 millones de euros, así como diversas obras en Torre Pacheco y en Lorca que ya estaban licitadas y se han paralizado.

   A pesar de la disminución de la inversión por parte de las administraciones públicas y la supresión de determinados proyectos, la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región de Murcia aumentó sus asociados en 2011 con diez nuevas empresas adheridas, algo que Fernández ha considerado "hasta raro".

   De hecho, del total de 85 asociados a la Cámara, Fernández ha explicado que puede haber 20 ó 30 en situación de concurso de acreedores por la situación económica, lo que "no quiere decir que tengan comprometida su viabilidad".

   Como consecuencia de la situación de crisis económica, la Cámara de Contratistas ha detectado un mayor número de empresas ajenas al sector de las obras públicas y no especializadas que acceden a las licitaciones de las administraciones.

   Ha remarcado que hace dos años hubo una reforma legal en materia de contratación pública por la cual, todas las obras cuyo importe no supere los 300.000 euros, no requieren la clasificación administrativa para poder licitar.

   Este hecho puede dar lugar, por ejemplo, a que empresas no especializadas puedan concursar en proyectos de rehabilitación del patrimonio histórico artístico algo que, según denuncia públicamente, está sucediendo en Lorca, donde la "ausencia de exigencia" está haciendo que cualquier compañía "pueda optar a intervenciones muy especializadas".

   A la vista de esta coyuntura y en base a sus previsiones, Fernández no ve "signos de recuperación de aquí a final de año", y pone en duda que la recuperación llegue en 2013, tal y como "afirma todo el mundo". 

"Sería deseable, pero tengo dudas razonables", ha zanjado.

   Para lograr la recuperación, el presidente de los contratistas ha insistido en pedir a las administraciones públicas "que ejecuten sus partidas de inversión" y que no suspendan proyectos, al tiempo que ha demandado a las entidades financieras "que aceleren las posibilidades de conceder créditos y sean más flexibles".

   Por lo que respecta a los indicadores más reseñables en el ámbito de la obra pública, la Región de Murcia, tras dos años liderando los descensos absolutos y porcentuales de licitación, queda en 2011 en un término medio en cuanto a reducción de inversiones, si bien sigue presentando unas cifras "tremendamente desalentadoras".

   En concreto, la Comunidad Autónoma registró un 45,8 por ciento menos de inversión que en 2010, con el consiguiente efecto de arrastre sobre la industria auxiliar y de materias primas y materiales del sector.

   La inversión total ascendió a 250,10 millones de euros, cuya menor cuantía "hace que este subsector prolongue una situación muy delicada, con grave riesgo de destrucción del tejido regional de pymes que se dedican a la obra pública, y que se acentuará por la falta de inversiones de las administraciones en los próximos cinco años".

   El descenso en la inversión no se reparte por igual entre el conjunto de las administraciones, pues mientras los ayuntamientos lo lideran con un 81,9 por ciento menos (44,08 millones de euros), la Comunidad Autónoma arroja un porcentaje de descenso del 51,5 por ciento (59,40 millones de euros), y el Gobierno central lo disminuye un 52,7 por ciento, con una cifra licitada de 146,63 millones.

El PSOE denuncia que Palacios con el desmantelamiento del Rosell está "incumpliendo" el mandato de la Asamblea

CARTAGENA.- La diputada regional socialista, Teresa Rosique ha denunciado que la consejera de Sanidad, Mª Ángeles Palacios con su actuación en el Rosell "está incumpliendo la resolución que la Asamblea Regional aprobó en 2010, y que a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista fue respaldada por unanimidad de toda la Cámara". 

   En dicha resolución, los tres grupos parlamentarios pedían al Gobierno regional que el Rosell se mantuviera como segundo hospital de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general; "algo que a la consejera le trae al pairo".

   Rosique ha participado de tal forma esta mañana, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, en la concentración de trabajadores, convocada por los sindicatos del sector sanitario público.

   Para la diputada "esta falta de respeto institucional de Mª Ángeles Palacios a una resolución aprobada por la Asamblea, cobra mucho sentido ahora que vuelve a celebrarse el Debate sobre el Estado de la Región y en el que se volverán a aprobar resoluciones que el Gobierno regional debe asumir y cumplir".

   "La consejera de Sanidad pretende hacernos comulgar con ruedas de molino; ahora quiere hacernos creer que con el nuevo hospital es suficiente para garantizar las necesidades de la población de esta área de salud, cuando no hace mucho mantenía todo lo contrario", ha declarado.

   Al tiempo que ha recordado que la consejera reconoció con anterioridad al desmantelamiento del Rosell, que exclusivamente con el nuevo hospital no se solucionaba el problema que teníamos y que era necesario mantener el Rosell con una capacidad de 330 camas y 8 quirófanos de cirugía mayor ambulatoria.  

   Para el PSOE, la Consejería está llevando a cabo este desmantelamiento "mintiendo y sin transparencia. Desde la Consejería y desde la dirección del Área de Salud, pese a todo, persisten en que no se cierra, cuando el desmantelamiento es casi total".

   Teresa Rosique ha advertido que los problemas que el desmantelamiento del Rosell van a producir se están empezando a ver ya, con la saturación del servicio de Urgencias del nuevo hospital de Santa Lucía.

   Por último ha explicado que con su presencia, el Grupo Parlamentario Socialista ha querido dejar constancia de su oposición y rechazo al desmantelamiento del hospital del Rosell, al entender que dicho hospital es necesario para resolver el déficit hospitalario del Área de Salud de Cartagena.

PSOE Murcia denuncia que los vados en pedanías "cuestan hasta cinco veces más que en la ciudad"

MURCIA.- El concejal del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Murcia, Juan Patricio Castro, lamenta una vez más "el afán recaudatorio y discriminatorio de la ordenanza sobre vados impuesta por el PP a los vecinos de pedanías, quienes pagan hasta cinco veces más por este concepto que aquellos que viven en la ciudad". 

   El edil socialista explica que mientras un vecino que aparca en un garaje situado en la Gran Vía, en el cual entran unos 40 vehículos (de media) y con una puerta de cuatro metros (es lo máximo) paga al año 13,83 euros, uno de pedanías paga 80 euros de media anual por cochera.

   "Se produce una doble discriminación, una entre garajes colectivos e individuales y otra entre centro y pedanías", reitera el concejal del PSOE, quien denuncia que el cobro de esta tasa solo se fundamenta en el "afán recaudatorio de la edil de Hacienda", Isabel Martínez Conesa, "para justificar unas cuentas municipales que no cuadran".

   Para el alcalde de Javalí Viejo, José Francisco Navarro, "esta tasa es absolutamente discriminatoria para la gente de pedanías que, además de pagar bastante más por el mismo concepto, nunca recibe los mismos servicios y prestaciones por parte del Gobierno local por el hecho de no vivir en la ciudad".

   Por su parte, Castro insiste en que se trata de una "medida fuera de lugar" en esta época de dificultades económicas, por lo que vuelve a pedir a la edil de Hacienda que rectifique y frene su afán recaudatorio porque así "no se solucionan los problemas".

   Además reclama igualmente "que se paralice este proceso y se modifiquen las ordenanzas fiscales para que esta tasa sólo la paguen aquellos ciudadanos de pedanías que usan la cochera para aparcar sus coches, a estos últimos se les debería quitar la retroactividad si pagan de forma voluntaria".

   "La responsable de Hacienda no debe seguir exprimiendo esta ordenanza con el único objetivo de sangrar aún más los bolsillos de los ciudadanos que viven en pedanías", finaliza.

Sindicatos y organizaciones presentan más de 10.000 firmas de la ILP por la dación en pago y alquiler social

MURCIA.- Los sindicatos CCOO y UGT, así como la Plataforma de Afectados por Hipotecas de la Región, han presentado este miércoles en el registro de la Delegación del Gobierno un total de 10.500 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago y alquiler social. Tienen hasta el 31 de octubre para recoger 500.000 firmas y que el Congreso debata la dación en pago.

   Los pliegos de firmas se encuentran en las diferentes sedes de las entidades, pudiendo encontrar esa información en la página web 'www.quenotehipotequenlavida.org', con posibilidad de la firma electrónica con el DNI electrónico o el certificado digital, donde esta mañana tenía registradas cerca de 65.000 firmas, según ha comentado el miembro de la Plataforma, Paco Morote.

   No obstante, independientemente de los pliegos oficiales que se hagan para la recogida de firmas, se realizarán anexos con las mismas características para que aquellos extranjeros no nacionalizados puedan también firmar, ya que la ley no recoge que este colectivo pueda participar en la ILP.

   En esta línea, Morote ha explicado que el acto de hoy "es la primera fase de la entrega de firmas que se vienen recogiendo desde el 21 de abril en Murcia".

   Al hilo, ha destacado que "en mes y medio se han recogido 9.525 firmas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cartagena, Yecla y Murcia con la colaboración de Consumur, La Intersindical e IU". A éstas hay que sumar las recogidas por CCOO y UGT.

   Desde la Plataforma han acudido al Registro de la Delegación del Gobierno "para presentar, de forma pacífica y democrática, esta ILP contra una ley que violenta a las familias al ser expulsadas de sus casas por culpa de una crisis que no han provocado".

   Morote ha calificado de "canallada" lo ocurrido ayer en Las Torres de Cotillas, donde consiguieron paralizar un desahucio. Se trataba de una vivienda que "se la había adjudicado un particular por 37.000 euros y después por 150.000 euros pasó a ofertársela a la familia".

   Al mismo tiempo, ha denunciado públicamente una "sensación de inseguridad jurídica que promueve la Administración de Justicia, ya que en los últimos tiempos ya no señala los desahucios con fecha lugar y hora, sino que los da en un plazo de 15 días y lo que se genera ante las familias es una sensación de angustia, porque no saben en qué momento se producirá este hecho".

   Por ello, ha anunciado su intención de pedir una entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, dado que "se ha mostrado partidario de la dación". En esa cita, reclamará que los órganos judiciales que practican este método "dejen de hacerlo, porque es inconstitucional y antijurídico".

   La Plataforma está realizando talleres dirigidos a atender a las personas que así lo solicitan y que se encuentran en esta situación. "Se les hace ver, ha explicado, que no son culpables de la situación que están viviendo, les hacemos ver que son estafados y vemos qué situación jurídica tiene cada uno de los casos y después negociamos, si lo requiere, con el banco o le hacemos presión".

   Semanalmente acude una media de 35 personas, según ha comentado Morote, quien ha cifrado en 68 el número de desahucios que han conseguido paralizar.

   Por su parte, Charo González, responsable de Mujer, Política Social e Inmigración de CCOO, ha precisado que desde CCOO se han recogido un millar de firmas, por lo que no ha dudado en afirmar que esta iniciativa "está teniendo muy buena acogida".

   Desde UGT, la responsable de Relaciones Institucionales, Manuela Hernández, ha advertido que "esto acaba de empezar", ya que tienen la intención de "recoger el doble de lo que hemos presentado hasta ahora".

Una tesis doctoral de la UMU señala un descenso en la calidad del semen de los jóvenes del sureste español

MURCIA.- Una tesis doctoral realizada en la Universidad de Murcia por Lidia Mínguez Alarcón ha calculado un descenso del 3 por ciento anual de la concentración espermática en jóvenes universitarios del sureste español. 

   La concentración espermática y el recuento total de espermatozoides móviles de los jóvenes del estudio, estudiantes universitarios de la Región de Murcia nacidos después de 1987, está por debajo de los estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

   Este descenso es incluso mayor que el calculado para Europa por la directora del Centro de Epidemiología Reproductiva de la Universidad de Rochester (EEUU), Shanna Swan, que lo ha fijado en el 2,3 por ciento, según explican fuentes de la institución docente.

   La autora encontró en su investigación una asociación positiva entre un consumo importante de antioxidantes -criptoxantina, vitamina C, licopeno y beta-caroteno- y el recuento total de espermatozoides móviles, de manera que el volumen seminal se vio incrementado por un alto consumo de vitamina C, beta-caroteno y licopeno.

   Por ello, la tesis se pregunta en sus conclusiones si las recomendaciones diarias actuales de ingesta de vitamina C podrían estar subestimando los requerimientos de ésta en relación con la calidad seminal.

   Por el contrario, no se halló correlación entre la concentración de ninguno de los metales pesados (plomo, cadmio y mercurio) medidos en sangres total, plasma sanguíneo y plasma seminal.

   La tesis doctoral fue dirigida por los profesores Alberto Torres y Jaime Mendiola, de la Universidad de Murcia, y José Juan López Espín, de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).

La indignación cunde en Murcia entre los periodistas y trabajadores de los medios

MURCIA.- Más de 400 profesionales de los medios de comunicación de la Región de Murcia han perdido su puesto de trabajo en los últimos cinco años, según informó ayer la representante de la sección sindical de CCOO en la televisión autonómica 7 Región de Murcia, Beatriz Romero, quien reveló estos datos en una concentración en la plaza de la Universidad de Murcia que tenía como lema 'Quieren acabar con todo y no quieren que lo contemos' a la que asistieron decenas de periodistas y profesionales de la comunicación de la Región, según informa 'El Pajarito'.

Afirmó Romero que, desde 2009, se han despedido a más de 400 personas, entre empleos directos e indirectos, del mundo de la comunicación regional y se han cerrado medios como 'El Faro', 'Intereconomía' y 'Punto Radio', mientras que otros medios de masas han quedado en la mínima expresión, caso del gratuito '20 minutos', con un redactor en la Región.

Romero aseguró además que muchos periódicos, radios y televisiones están "a merced" de grupos empresariales cuyos intereses están en conflicto con los intereses de los medios, de ahí que sea necesario, en su opinión, un foro de debate para hacer frente a esta situación. La representante de la televisión autonómica también defendió el derecho de los ciudadanos a una información "veraz, objetiva y plural", así como la importancia de un puesto de trabajo "digno", con el que los profesionales puedan "vivir" y con condiciones salariales acordes con el puesto que ocupan.

Recordó además que un 20% de los medios de comunicación en la Región de Murcia o han desaparecido o están "en la cuerda floja", y resaltó la situación del sector en España, ya que en el último trimestre se han perdido más de 1.600 puestos de trabajo, convirtiéndose así en uno de los sectores más castigados por la crisis.

Por su parte, el representante de CCOO en centro territorial de RTVE en Murcia, Jesús Sánchez, advirtió que la situación de crisis en el sector de la comunicación puede provocar un "retroceso democrático" en España, sobre todo con el continuo "goteo de ERE, las rebajas de las condiciones salariales y la negociación de convenios colectivos indignos". Sánchez instó asimismo a los "compañeros" periodistas de la Región a "abandonar" una rueda de prensa donde no se admitan preguntas, y mencionó la existencia de "un apagón informativo" en el medio en el que él trabaja.

Concentración ante la Delegación de Gobierno

Alrededor de medio centenar de trabajadores de los medios de comunicación se concentraron ayer tarde ante la Delegación de Gobierno en protesta por la situación del sector. A la concentración se sumaron también dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT, convocantes de la jornada de lucha en los medios, así como miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que quisieron solidarizarse con los trabajadores de la prensa, las radios y las televisiones murcianas.

Durante el acto, al que concurrieron periodistas y trabajadores de larga trayectoria en los medios, así como numerosos jóvenes, se leyó un manifiesto que pone en evidencia los efectos de la crisis en el sector y las consecuencias que tal situación están provocando en la restricción de la libertad de información, algo que favorece a quienes, como dice el lema de la jornada de lucha, “quieren acabar con todo y no quieren que lo contemos”.

La concentración finalizó con un corte del tráfico de diez minutos en Teniente Flomesta, durante el cual los policías que vigilaban la acción de protesta no intervinieron más que para poner orden en la circulación de vehículos.

Actos similares se repitieron en numerosas ciudades españolas durante toda la jornada.

El obispo de Ávila pide a los fieles que entreguen la paga extra a Cáritas

ÁVILA.- El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha propuesto a los sacerdotes, a la vida consagrada, fieles laicos y personas de buena voluntad, hacer "un signo de solidaridad, renunciando a la próxima paga extraordinaria, o a una parte de ella según las posibilidades de cada uno" y entregarla a Cáritas para atender a los afectados por la crisis.

   "Este será un gesto evidente que la Iglesia de Ávila hace por los empobrecidos", indica en una carta con motivo de la festividad del Corpus Christi y el Día de la Caridad, ya que esta jornada "se nos presenta este año en medio de la crisis económica que prolongadamente aflige a un gran número de hermanos nuestros y ahora acompañada por un gran agobio financiero".

   El prelado hace alusión a la campaña "sobre lo que llaman 'privilegios de la Iglesia', que se manifiesta en los medios de comunicación escritos, televisivos, redes sociales, y es promovida abiertamente por algún partido político que manifiesta su carácter anticlerical.", para luego preguntarse "¿por qué estos partidos no se exigen a sí mismos  lo que requieren a la Iglesia? ¿por qué no lo exigen a las demás entidades sin ánimo de lucro?".

   A la vez, subraya que la Iglesia, "como se viene demostrando a diario, no tiene privilegios", aunque sí "algunas exenciones fiscales sobre sus bienes", como "todas s aquellas entidades que no tienen fines lucrativos".

   "Del mismo modo -añade- que lo tienen los partidos políticos, los sindicatos, la Cruz Roja, las federaciones deportivas, los consulados, las embajadas, la Renfe, el museo de El Prado, la SGAE, y la religión musulmana, evangélica o hebrea".

   Destaca, a la vez, que "las personas más desfavorecidas están siempre en el centro de atención de los obispos y más concretamente de Cáritas", y que "cada año los obispos renuncian a una importante cantidad para entregarla con el fin de ayudar a los necesitados", que este año ha sido de cinco millones de euros.

   "Con tal gesto demostramos, como lo hacemos a diario, que la Iglesia existe para hacer el bien, que genera cohesión social, aporta esperanza y responde con prontitud a los efectos dramáticos de la crisis en el momento presente", añade.

   "Ante esta realidad social, que se declara católica y que alcanza al 80 por ciento de la población española, cuesta trabajo entender cómo puedan nacer campañas como la actual, precisamente en los momentos en que la Iglesia solicita la aportación de los fieles para sostener este inmenso servicio espiritual y social; lo cual demuestra que la Iglesia no son sólo los obispos y los sacerdotes sino que somos todos".

   El obispo dice que "al contrario" de lo manifestado, "la Iglesia hace un incalculable servicio a la sociedad no sólo religioso, humano y social, sino también económico", a través de  22.700 parroquias, 13.000 entidades religiosas (cofradías, hermandades, ong's), de reunir semanalmente a un millón de fieles que asisten a la Eucaristía, bautiza anualmente a unos 280.000 niños y entierra a unos 370.000 fieles.

   "La Iglesia -añade- ahorra al Estado con su austeridad en los servicios educativos, sanitarios y sociales, patrimonio monumental y cultural, miles de millones de euros anuales", además de "servir a los pobres" 60.000 voluntarios en Cáritas y en Manos Unidas colaboran cien mil socios, "un volumen ingente de servicio social, además del religioso y antropológico que pretende formar una persona basada en la verdad y unas relaciones sociales fundadas en la fraternidad y en una generosidad que sólo es posible conseguir si nace del Evangelio".

Egea necesita casarse con urgencia aunque sea 'de penalty'

MADRID.- BMN, una entidad de tamaño mediano surgida de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès, busca pareja para un nuevo matrimonio de conveniencia porque el tiempo apremia. Si no encuentra una solución de aquí al lunes 11 de junio, corre el peligro de que el Banco de España niegue su visto bueno al plan que le presente para limpiar su balance de activos tóxicos. Y sólo tiene hasta el 30 para cerrar una fusión. Sin novio, BMN podría verse abocada a recabar ayudas públicas, a juicio de 'El Economista'. 

El Gobierno ha dictado este año dos decretos de reforma financiera que imponen a las entidades la realización de provisiones. Con el último se ha incrementado notablemente el esfuerzo, lo cual fuerza a la fusión a las entidades de tamaño medio para evitar las pérdidas que podrían tener por el elevado nivel de provisiones exigido.

Además, por esta vía se consigue un año adicional para completar el proceso. Hasta hace unos meses, BMN había intentado hacer la travesía en solitario. Tras el último decreto de reforma -se aumentaron las exigencias- y después de haber perdido la oportunidad de fusionarse con Ibercaja -una de las cajas más saneadas que finalmente optó por Liberbank-, BMN busca pareja. 

Le interesaba el Banco de Valencia, pero la incógnita sobre cuándo se producirá la subasta de este último resta todas las posibilidades de unión. Ante esta situación, los responsables de la entidad han establecido contactos con Popular, La Caixa y Unicaja. El problema es que los tres están inmersos en procesos de absorción de otras entidades y no necesitan más alianzas. 

BMN no puede buscar cualquier pareja y crear un banco zombie, que oculte la situación real, y el Estado tendrá que poner dinero para evitarlo.

El CES pide "blindar" el gasto social para evitar el empobrecimiento de la población

MADRID.- El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha advertido  de la necesidad de "blindar" el gasto en determinados servicios sociales ante el riesgo de que "se cronifiquen" las desigualdades entre los españoles y se produzca un empobrecimiento mayor de la sociedad.

 

   Así lo han señalado Peña y el profesor y consejero Fernando Valdés durante la presentación de la Memoria del CES de 2011, en la que el organismo alerta de que la crisis se está traduciendo en España en un "claro empeoramiento" de las condiciones de vida de la población, el aumento de la desigualdad y el debilitamiento del Estado de Bienestar, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recuperación de la economía española.

   Peña ha apuntado que la mitad de los hogares españoles vive ahora peor que antes de la crisis y que ésta ha obligado a las familias a vivir de otra manera, aplazando las decisiones de gasto y abandonando en muchos casos el uso de los servicios privados para acudir a los públicos.

   Este repunte del uso de lo público coincide con una menor dotación presupuestaria para estos servicios, por lo que Peña ha avisado de que hay que tener en cuenta de dónde se recorta para evitar "daños irreparables".

   El presidente del CES ha explicado que la pobreza en España se diferencia de la de sus socios europeos en que avanza a un ritmo más rápido y en que su distribución es muy desigual, de tal forma que la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas es de siete veces en España y de cinco en Europa.

   Peña ha argumentado que casi 30 millones de personas reciben en España algún tipo de ingreso: los trabajadores -que cobran su salario-, los pensionistas de contributivas, los de no contributivas, los perceptores de prestaciones por desempleo -que rondan los tres millones- y los 750.000 beneficiarios con los que cuenta el sistema de dependencia. De esos casi 30 millones, casi la mitad perciben sus ingresos desde las arcas públicas, por lo que Peña ha señalado que, en una crisis como la actual, ese gasto debe "blindarse".

   Por ejemplo, en la Memoria del CES, el organismo afirma que, teniendo en cuenta que la tasa de paro juvenil española duplica a la europea y que la tasa de abandono escolar se encuentra en "niveles preocupantes", sería "imprescindible" que el esfuerzo presupuestario en educación no se redujera.

   Para Peña, la situación en la que se encuentra España es "pavorosa" y se puede agravar más si se continúa en la tónica de políticas contractivas y procíclicas, pues no han servido para frenar la crisis. En su opinión, lo que necesita España es entendimiento político y compromiso social. "El CES no es un organismo que haga recetarios ni yo estoy aquí para enmendar la plana, pero la situación es pavorosa y hay que chequearla entre todos", ha dicho.

   La Memoria del CES radiografía una España en muy mala situación social y económica, con cada vez más jubilados manteniendo a sus hijos o nietos en paro gracias a su pensión, con un paro de larga duración que afecta al 30% de los desempleados y cuyas probabilidades de salir de él son casi cero, y con un consumo "en quiebra", hasta el punto de que el año pasado sólo aumentó el gasto en televisión.

   El mercado laboral tampoco da muestras de recuperación y la pérdida de empleo de esta crisis triplica la que se produjo en la crisis de finales de los 70 (200.000 empleos menos por año) y multiplica por más de dos la destrucción de empleo de la crisis del 94 (300.000 empleos menos anuales).

   Ante esta situación, el CES llama a un entendimiento entre los políticos para hacer un diagnóstico común de los problemas y buscar soluciones a los mismos. Peña ha defendido además el papel de los sindicatos y los empresarios, a los que ha alabado su responsabilidad y de los que ha destacado que son los agentes que más articulan la sociedad.

   "Sin ellos, se descoyuntaría", ha apuntado el presidente del CES, que ha resaltado además que, aunque el diálogo social tripartito no pasa por su mejor momento, el bipartito sigue en marcha y se continúan firmando acuerdos, a los que muchas veces no se les da la trascendencia que tienen, como el que suscribieron en enero en materia de negociación colectiva.  

   Aunque los periodistas le han pedido una valoración de las reformas que ha realizado el Gobierno en los últimos meses, el presidente del CES no ha querido ofrecer su opinión alegando que él actúa como portavoz de la institución y las reformas emprendidas (la laboral o la financiera, por ejemplo) no han sido remitidas por el Gobierno al CES para su consideración al haber sido aprobadas como Decretos. "El CES no ha opinado sobre nada de esto y como no ha opinado, yo no opino", ha argumentado.

López Abad financió a Polaris por su «celeridad para recalificar terrenos»

ALICANTE.- El expediente disciplinario abierto por el Banco de España a 49 exconsejeros y altos cargos de Caja Mediterráneo (CAM) censura que la entidad financiara operaciones urbanísticas especulativas cuyo éxito dependía de la decisión política de un ayuntamiento para recalificar unos terrenos. Los inspectores del supervisor han detectado varios casos en los que la caja financió la compra de suelo rústico a precio de urbano, muy superior, porque los promotores tenían la expectativa de que iban a ser recalificados disparando así su valor, publica hoy Abc.

La caja de ahorros que en ese momento dirigía Roberto López Abad aprobó en 2007 la concesión de un crédito de 9 millones de euros al grupo Polaris World argumentando que dicha promotora «ha demostrado ser un excelente gestor de suelo, como demuestra la extraordinaria celeridad con la que ha conseguido recalificar los terrenos de sus actuales proyectos». Al respecto, citaba el plan parcial aprobado para construir 1.890 apartamentos y un centro comercial en el municipio de Torre Pacheco.

Tan sólo unos meses después, uno de los ex socio de Polaris, el empresario Facundo Armero, fue imputado por presionar supuestamente al alcalde de Torre Pacheco, Daniel García —quien había sido abogado de una de sus empresas— para que recalificara los terrenos destinados a sus promociones urbanísticas.

Pese a su «celeridad para recalificar suelo», lo cierto es que buena parte de las operaciones de crédito realizadas por Polaris World con la CAM han resultado impagadas. El préstamo de 9 millones de euros aprobado en el verano de 2007 estaba destinado a financiar la participación de GMI Promociones 2000 en la ampliación de capital de Polaris. Como garantía, GMI pignoró a favor de la caja de ahorros su participación accionarial, que había sido valorada en 103 millones de euros.

Sin embargo, GMI no pudo devolver ese crédito, que quedó cancelado, sin que la caja llegara a ejecutar dicha garantía. 

El pasado verano, tras la intervención del Banco de España, los inspectores del FROB se interesaron por conocer los detalles de la operación. En un correo electrónico al que ha tenido acceso Abc, un directivo de la caja les aclaró que CAM no ejecutó las garantías porque «verbalmente me indicaron que no valían nada», pese a que en su día habían sido cifradas en 103 millones.

En otras ocasiones, la CAM ha optado por quedarse con parte del patrimonio inmobiliario de esta promotora para saldar sus deudas. En mayo de 2009, la CAM suscribió un «acuerdo bilateral privado» por el que compró a Polaris 151 viviendas en el complejo residencial La Hacienda Riquelme Golf Resort y otras 164 en la urbanización Los Jardines de Alhama Golf Resort, a cambio de cancelar parte de su deuda hipotecaria.

De nuevo, la difícil situación de Polaris obligó a pactar en junio de 2009 un plan de reestructuración de su deuda con CAM, Banco Popular, Banco de Valencia y Bancaja. Estas cuatro entidades financieras constituyeron la sociedad Inversiones en Resort Mediterráneos para gestionar el patrimonio inmobiliario comprado a Polaris a cambio de su deuda.

El TSJ no suspende la pena de cárcel del exalcalde de Totana mientras lo sigue buscando la Policía Judicial

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia, mediante auto notificado en la mañana de este martes, ha acordado no suspender la ejecución de la pena privativa de libertad de Juan Morales Cánovas por la petición de indulto "y mientras se tramita y resuelve el mismo", manteniéndose la Orden Nacional e Internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión, según han informado  fuentes jurídicas.

   Cabe recordar que por auto de 30 de mayo, la Sala Civil y Penal ordenaba "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" de Morales por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio. El tribunal decretaba el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho.

   La Guardia Civil, tras personarse en varios domicilios, constató la imposibilidad de localizar a Morales porque se encontraba en paradero desconocido, por lo que el tribunal decretó su busca, detención e ingreso en prisión y emitiendo orden de busca y captura nacional e internacional.

   Este lunes, José María Caballero, el abogado del ex alcalde de Totana y ex diputado regional insistió en no haber recibido ninguna notificación oficial de la orden de busca y captura, al tiempo que presentó el recurso contra la detención e ingreso en prisión de su defendido.

   Sin embargo, el tribunal ha rechazado este recurso al entender que "no puede suspenderse la ejecución de la pena cuando ésta pena no ha sido ejecutada todavía, porque habiendo decretado el Tribunal la prisión para el cumplimiento de la pena, Morales está en paradero desconocido, por lo que la Sala tuvo que decretar orden de búsqueda internacional".

   En segundo lugar, la Sala considera "intolerable" que "quien se sustrae de la acción de la Justicia, estando evadido y en paradero desconocido, pretenda que se suspenda la condena, cuando se ha dictado orden internacional de búsqueda y captura contra él, faltando con ello a las reglas de la buena fe procesal que rigen en todo procedimiento, según recoge el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

   Respecto a la petición del indulto, el tribunal añade que es una prerrogativa "que está inspirada en la finalidad de templar el excesivo rigor de la Justicia". Sin embargo, puntualiza que, en el presente caso, es "patente y evidente" que no puede cumplir el indulto con esa finalidad porque se trata de una sentencia de conformidad, en la que el Ministerio Fiscal en calificación provisional pedía 20 años de cárcel que se quedaron en dos por la doctrina de delito continuado de cohecho y una atenuante.

   La Sala añade que "si el condenado, en virtud de su propia conformidad, hubiera estimado rigurosa la pena no habría firmado el acuerdo de conformidad y habría recurrido la sentencia, lo que no ha hecho porque estimaba que el acuerdo con el Fiscal era beneficioso para él".

   En este sentido, añade en el auto que "no debe olvidarse que la obtención del consentimiento del acusado a someterse a una sanción constituye una manifestación de la autonomía de la voluntad o ejercicio de la libertad y desarrollo de la propia personalidad, y que con dicho acuerdo de conformidad el acusado reconoce su propia responsabilidad y acepta libre y voluntariamente la sanción y la pena que se le impone".

   Asimismo, el tribunal estima "excesivo desde cualquier punto de vista" que el condenado "no haya abonado la pena de multa de ocho millones de euros, así como la de 133.000 euros, y pida la suspensión de la ejecución de la pena, estando evadido de la acción de la Justicia y en paradero desconocido".

   Por ello, el tribunal ha decidido no suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, manteniendo la orden nacional e internacional de busca y captura, pues "nunca debe olvidarse que todo acusado debe estar en persona a disposición de los tribunales".

   Al respecto, añade que la comparecencia personal del acusado en el proceso penal "es un deber jurídico que se le impone, no es un derecho que se le confiere o atribuye, quien incumple ese deber y se sustrae voluntariamente a la acción de la Justicia, se coloca en una situación anómala respecto del proceso, siendo contradictorio exigir facultades y beneficios discrecionales, incumpliendo los deberes elementales en un proceso penal como estar a disposición del tribunal".

   En declaraciones a Europa Press, Caballero explicó este lunes que el ex alcalde de Totana "no trata de eludir la acción de la Justicia, sino que trata de esperar al "resultado final", por lo que descartó que su defendido se presente al juez "antes de que se resuelva el recurso".

   De todas formas, el letrado indicó que Morales se presentaría ante la Justicia "si fuera inevitable" y llegado el momento, pero que lo haría "por su propio pie, para que nadie diga que ha tenido que ser conducido o que trató de eludir la acción de la Justicia".

   Caballero destacó que él no había recibido ninguna notificación de orden de busca y captura pero, en cualquier caso, pidió "que se paralice de inmediato", porque podría perjudicar a su defendido, incluso, ante un hipotético recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

   En caso de ser detenido, Caballero descartó que su defendido viera incrementada su pena porque "no ha quebrantado absolutamente nada". Si hubiera estado preso y se hubiera fugado "sí que hubiera una agravamiento", concluyó.