miércoles, 22 de agosto de 2018

Medio Ambiente pone en marcha por segunda vez el protocolo de limpieza de algas superficiales en Los Urrutias


CARTAGENA.- Las brigadas de limpieza de espacios naturales del Mar Menor están actuando esta semana en las inmediaciones del puerto deportivo de Los Urrutias para retirar las algas superficiales de las aguas de esta zona. Se trata de la segunda vez que se pone en marcha este protocolo de limpieza, después de que hace dos semanas se retirasen 30 metros cúbicos de esta vegetación flotante denominada ova.

Estas actuaciones, enmarcadas en el seguimiento constante que se realiza desde la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente para mejorar la calidad de las aguas y zonas de baño sin afectar a la biodiversidad del Mar Menor, se han llevado a cabo también en el entorno del club náutico de Los Nietos, donde en lo que va de verano se han retirado más de 45 metros cúbicos de algas superficiales.
El director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, visitó hoy Los Urrutias para conocer el estado de estos trabajos de limpieza, que se realizan de manera periódica para mantener estas zonas de baño en las mejores condiciones posibles. 
"Se trata de una actuación consensuada con los vecinos de la zona y que, a pesar de no formar parte de nuestras competencias, ya hemos llevado a cabo con éxito en estas dos áreas en las que tradicionalmente se produce una concentración de esta vegetación flotante y muerta que afecta a la calidad de las aguas del Mar Menor", señaló Antonio Luengo.
Asimismo, esta ova dificulta el paso de la luz hacia el fondo marino, por lo que con su retirada se logra aumentar la concentración de oxígeno disuelto en el agua y así seguir mejorando las condiciones para las especies de flora y fauna submarina del Mar Menor.
La zona de Los Urrutias en la que se están desarrollando estos trabajos de limpieza, al igual que sucede con las inmediaciones del club náutico de Los Nietos, es en concreto un área ocupada por el fartet, una especie catalogada como protegida y que se encuentra en riesgo de extinción. 
Este ámbito de actuación, de hecho, está declarado como Área Crítica y como Área de Potencial Reintroducción en el Plan de Recuperación del Fartet en la Región, además de estar incluido dentro del LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) del Mar Menor.
Los trabajos de retirada de la ova se desarrollan de acuerdo a un exhaustivo protocolo supervisado y aprobado por el grupo de trabajo de Batimetría y Sedimentos del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor y por la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente. Este protocolo, además, sigue las recomendaciones de expertos en Biología y Conservación de Vertebrados Acuáticos del departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Murcia.
Así, y tras una evaluación previa realizada a lo largo del pasado invierno, el protocolo establece una serie de medidas para llevar a cabo esta limpieza sin afectar a las comunidades de fartet y de otras especies tanto acuáticas como de aves de alto interés que encuentran refugio en estas zonas. Una de las medidas es la retirada de esta vegetación flotante y muerta a mano, empleando para ello salabres de malla que permitan el paso de los peces.
La limpieza, además, se limita a aquellas zonas que están cubiertas en más de un 80 por ciento y en las que no hay ventanas libres de ova. Para reducir la suspensión y dispersión de limos que puedan generar turbidez los trabajos se concentran sobre la superficie para evitar remover los fondos. El protocolo, no obstante, contempla otras medidas preventivas para evitar esta turbidez, como la instalación de barreras o, incluso, la interrupción temporal de las tareas de limpieza.
Los residuos que se retiran se depositan a pie de playa, y desde allí se transportan mediante maquinaria ligera hasta contenedores para posteriormente ser trasladados a un vertedero autorizado.

La CHS acondicionará los cauces de varias ramblas para prevenir los efectos de una posible gota fría


MURCIA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, visitó este miércoles diferentes ramblas en los municipios de Lorca, Mazarrón y Los Alcázares, en las que el organismo de cuenca va a llevar a cabo trabajos de acondicionamiento para que estos cauces estén preparados en el caso de que se produzcan fuertes precipitaciones en los próximos meses.

En primer lugar, el presidente de la CHS visitó, acompañado del delegado del Gobierno, Diego Conesa, la rambla de Biznaga a su paso por Lorca, en la que estuvo presente también el alcalde de la localidad, Fulgencio Gil. Los vecinos de la zona transmitieron sus reivindicaciones para evitar inundaciones como las que se produjeron en 2012.
Urrea explicó que se va a agilizar el estudio de un plan integral de defensa contra inundaciones en el Valle del Guadalentín, con la realización de los anteproyectos para la construcción de las presas de Nogalte, Béjar y La Torrecilla.
En segundo lugar, el presidente de la CHS visitó la urbanización de Camposol, en el municipio de Mazarrón, junto al delegado del Gobierno y a la alcaldesa Alicia Jiménez.
Urrea informó de que el organismo de cuenca ha dado el visto bueno al estudio presentado por el Ayuntamiento para el encauzamiento de la rambla de Los Aznares y se comprometió a agilizar los trámites que dependen de la CHS para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Mazarrón, lo que permitiría al Consistorio acometer obras de mejora en dicha urbanización.
Por último, Mario Urrea se desplazó a Los Alcázares para revisar el estado del canal de drenaje y de la rambla del Albujón. El presidente de la CHS y el delegado del Gobierno estuvieron acompañados por el alcalde Anastasio Bastida.

Bankia concede 180 millones en crédito promotor desde su vuelta al ladrillo

MADRID.- Bankia comienza a sacar partido del fin de las restricciones impuestas por Bruselas con motivo de su plan de restructuración. El banco que preside José Ignacio Gorigolzarri ha formalizado operaciones por importe 180 millones de euros desde su vuelta al negocio promotor, según ha anunciado la entidad.

En concreto, Bankia ha firmado un total de diez operaciones de financiación y ha rubricado, además, nueve líneas de avales y otras siete de 'confirming' por importe de casi 50 millones de euros.
Como ha explicado el propio director del negocio promotor de Bankia, Alberto Manrique, esta línea de negocio supone "una de las palancas de desarrollo de Bankia para la nueva etapa de crecimiento" una vez que concluyeron las limitaciones establecidas en el Plan de Reestructuración que firmó la entidad con la Comisión Europea hace cinco años.
Estas limitaciones, impedían a Bankia financiar promociones inmobiliarias e inversiones en los mercados de capitales, entre otras impedimientos, como la posibilidad de llevar a cabo operaciones corporativas o abrir nuevas oficinas.
Una vez concluidos estos impedimentos, la entidad decidió crear la Dirección de Promotores, área que depende de la Dirección General Adjunta de Banca de Negocios. Según explica el banco, esta nueva línea de negocio es responsable de desarrollar la financiación al negocio promotor en un momento de repunte del ciclo, con un crecimiento esperado durante al menos tres o cuatro años en los que estima una construcción de hasta unas 150.000 viviendas nuevas al año.
Recientemente, Bankia anunció que bonificaría el precio de los créditos en la financiación de promociones inmobiliarias con certificado de sostenibilidad medioambiental. De hecho, redujo el tipo de interés para este tipo de promociones entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales.
Esta nueva linea de negocio se inició con la firma de una operación con la promotora Grupo Amenabar para financiar una promoción de 150 viviendas que se desarrollarán en Las Rozas (Madrid).

'El Pozo' apela a la confianza de las familias medio año después del escándalo porcino


MADRID.- “Una buena familia comienza con un buen ejemplo, porque las familias se construyen a base de confianza. En la nuestra, todo lo que hacemos es para merecer la tuya”. El Pozo intenta restaurar su imagen seis meses después del escándalo con los cerdos en una granja proveedora en Murcia, según El Confidencial. El recinto albergaba animales vivos con malformaciones y tumores, como mostró la secuencia emitida por el programa 'Salvados' (La Sexta).

Aquel reportaje-denuncia supuso un duro golpe para el Grupo Fuertes, uno de los ‘holdings’ de alimentación más importantes de España. La compañía estrena nueva campaña publicitaria para “agradecer la confianza a sus consumidores”, pese a que más de uno la perdió aquella noche de febrero.
Lo hace con varios ‘spots’ para televisión, cine, internet y radio donde destaca que El Pozo sigue presente en ocho de cada diez hogares españoles y más de ochenta países. Ninguna cadena de supermercados nacional dio la espalda a la empresa cárnica tras la polémica, a diferencia de los belgas Colruyt y Delhaize y el alemán Rewe. Los tres retiraron los productos de esta marca y rompieron el contrato a raíz de las acusaciones sobre maltrato animal.
La confianza es la base del mensaje transmitido por el Grupo Fuertes, quien se define como “uno más de la familia”. También avanza actuaciones de ámbito social, medioambiental o económico, orientadas a “mejorar el entorno en el que desarrolla su actividad” y enmarcadas en su plan de RSC. La primera de ellas fue dejar de trabajar con la granja afectada (de los Hermanos Carrasco), pese a que Tomás Fuertes aseguró en varias entrevistas que las imágenes se corresponden a un lazareto donde se aparta a los ejemplares enfermos para su recuperación o sacrificio.
“Esos animales jamás entran en la cadena de alimentación (…) Además, los estándares de bienestar animal en nuestras instalaciones son altísimos”, declaró el presidente de la compañía al diario murciano ‘La Verdad’ no sin antes insinuar que los animalistas pretenden que los ganaderos “laven los dientes a los cerdos todos los días”.
Más allá de la grave crisis de imagen, queda por ver si ese episodio repercutió en sus ingresos, algo que no se sabrá hasta que el grupo presente los resultados correspondientes a 2018. Tomás Fuertes lo niega al asegurar que las ventas se dispararon un 6% en febrero, mes en el que se emitió el reportaje de Jordi Évole. 
La matriz de El Pozo ganó 61,9 millones de euros en 2017, un 11% menos respecto al año anterior. En términos de ventas, facturó 1.128,8 millones de euros (+8,3%).

Justicia confirma que publicará los bienes inscritos por la Iglesia Católica


MADRID.- El Ministerio de Justicia asegura que hará público el listado de los bienes inmatriculados (inscritos por primera vez) por la Iglesia Católica que está elaborando desde 2017. 

En una respuesta por escrito al diputado socialista Antonio Hurtado, a la que ha tenido acceso la SER, Justicia afirma que "se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados" y añade "se prevé que una vez finalizado se proceda a su publicación de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de datos".
Hurtado cree que la publicación del listado abre la puerta a posibles reclamaciones "cuando las instituciones y los privados vean inmatriculados por la Iglesia Católica muchos de los bienes podrán reclamar su propiedad por la vía judicial. Un trabajo de reparación que va a requerir mucho tiempo y esfuerzo". 
El diputado del PSOE recuerda que hay precedentes que han dado la razón a los afectados "hay dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideran que estos actos de inmatriculación vulneran la convención europea de los derechos humanos".
Además considera que este "ejercicio de transparencia" supone un cambio muy importante con respecto al ejecutivo del PP del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene "entre sus señas de identidad avanzar en la aconfesionalidad del Estado y la eliminación de los privilegios históricos de la iglesia católica". 
El Ministerio de Justicia no concreta en su respuesta cuándo podrá tener completa la lista de inmatriculaciones ni cuándo la hará pública.
El Gobierno de Rajoy empezó a elaborar esa lista después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobará una proposición no de ley del PSOE en abril de 2017 aunque nunca especificó si la publicaría. Votaron a favor de la iniciativa todos los grupos excepto PP y Ciudadanos
Ese listado, que según la proposición debía estar listo en 6 meses, permitirá saber por primera vez cuántas propiedades puso la iglesia católica a su nombre - y donde están - tras la reforma de la Ley Hipotecaria que aprobó el ejecutivo de José María Aznar en 1998 y que estuvo en vigor hasta 2016. 
La ley daba a la Iglesia la categoría de autoridad pública ( su palabra bastaba para acreditar una propiedad) y le permitió registrar templos o lugares de culto, como la Mezquita- Catedral de Córdoba, por sólo 30 euros.
Las autoridades eclesiásticas no han concretado nunca la cifra exacta de propiedades inmatriculadas aunque el vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Gimenez Barriocanal, aseguró en la SER que las cifras podrían rondar las 40.000.

'Adif' sube un 92% los cánones a 'Renfe' para contener su insostenible deuda por el AVE

MADRID.- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, se ha propuesto recortar una deuda inviable que no para de crecer, fruto de la también imparable expansión de la alta velocidad por todo el país: el coste de cada kilómetro de AVE oscila entre los 25 y los 40 millones de euros, excluido el mantenimiento de la línea. Y la solución de momento no parece que pase por paralizar la inversión en infraestructuras, a pesar del tremendo varapalo que el Tribunal de Cuentas Europeo asestó a España en julio por el “pobre coste-beneficio” del AVE.

En espera de la política que decida el equipo del titular de Fomento José Luis Ábalos, quien apenas lleva dos meses en el ministerio, la política de contención de deuda se basa de momento en un espectacular aumento de cánones ferroviarios a Renfe Operadora por utilizar la vía que Adif conserva. De acuerdo con los resultados acumulados de enero a junio de 2018 del operador, la variación del capítulo de gasto en cánones que Renfe abona a Adif con relación al mismo periodo de 2017 ha aumentado un espectacular 92,1%.

647 millones presupuestados

Concretamente, la empresa pública que opera trenes ha pasado de pagar a su firma hermana 321,52 millones de euros en los seis primeros meses del año pasado a 617,54 millones este. “La duplicación de este importe reside en los cambios registrados en el sistema de cánones, por el que Adif cobra canon de Renfe por los servicios convencionales, para los que la operadora recibe subvención pública en vez de recibir una aportación estatal directa“, informó Renfe a las agencias el pasado 31 de julio, cuando presentó los resultados sin destacar demasiado este hecho.
Peor todavía: siempre según los números de Renfe, el presupuesto para cánones este ejercicio es de 647,59 millones. Es decir, en la mitad del año se ha gastado más del 95% del presupuesto previsto en este capítulo. El canon se divide entre el uso de la vía (89%) y el de las estaciones (11%), según los datos obtenidos.

Adif Alta Velocidad, deuda desbocada

Adif tiene dos divisiones, Adif red convencional y Adif Alta Velocidad. El reimpulso al AVE dado por el predecesor de Ábalos, Íñigo de la Serna, ha derivado en que la deuda se dispare por encima de los 17.600 millones de euros al cierre del actual 2018 según los pronósticos del administrador ferroviario, tal y como publicó El Mundo. La idea del gestor de infraestructura que preside Isabel Pardo de Vera es unificar ambas divisiones en una sola, pero ahora mismo no existen plazos.
La deuda de Adif es desde hace mucho tiempo objeto de discusión, sin que ningún Gobierno haya hecho demasiado por frenarla desde que existe la empresa, el año 2005. El 1 de enero de aquel año se separaron Renfe y Adif. 
Desde entonces se ha invertido más y más en AVE, convirtiéndose España en el segundo país del mundo con mayor red de alta velocidad solo por detrás de la imbatible China (25.000 kilómetros), y con el lamentable honor de contar con la red más infrautilizada del planeta
En plena crisis, Adif Alta Velocidad decidió acudir a los mercados de deuda para captar fondos para financiar su deuda: la compañía estatal estudia ahora hacer lo propio con su red convencional.

También suben los ingresos

El aumento de cánones ha sido tan alto que ha arrastrado todas las demás partidas: en total, los gastos de Renfe en el primer semestre han crecido un 24%, pasando de 1.388 millones el ejercicio pasado a 1.821 este. Algo que afortunadamente han podido compensar los ingresos, que suben un 20% en ese mismo periodo.
Y eso es debido al aumento de la política de descuentos en la alta velocidad, la misma que permitió al operador público batir en julio pasado su récord histórico de transporte de viajeros en un mes: a lo largo de esos 31 días, cogieron el AVE y los servicios de Larga Distancia 3.225.897 pasajeros,  aumento del 3,8 % con relación al mismo mes de 2017.

La Comunidad de Madrid ya detectó irregularidades en el máster de Cifuentes y Casado en 2013

MADRID.- Es el único informe, el único estudio de seguimiento que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid sobre el polémico máster de derecho público de la Universidad Rey Juan Carlos que cursaron Pablo Casado y Cristina Cifuentes

El informe lo firma la Fundación Madri+D, una entidad que depende de la consejería de educación y cuyo objetivo es evaluar la calidad del sistema universitario madrileño. Se hizo poco después de que la expresidenta de la Comunidad consiguiera el título, en 2013, y ya entonces se detectaron distintas irregularidades que ahora la jueza que investiga este posgrado también ha criticado.
Entre otras irregularidades, el informe de la Fundación Madri+D destaca que el máster no aclara si es presencial o semi-presencial: "en la web dice una cosa, en la memoria de verificación otra"; constata que el posgrado no especifica la normativa que utiliza para la transferencia y el reconocimiento de créditos; que falta información en las guías docentes y que no está claro ni el sistema de toma de decisiones ni las normas de funcionamiento. 
La modalidad presencial, el reconocimiento de creditos o la opacidad en la gestión son cuestiones que ahora se han puesto también en duda a raíz de la instrucción judicial de los casos de Cifuentes y de Casado y que la Universidad y la Fundación, que depende de la consejería de educación, ya conocían desde 2013. 
Sin embargo, tanto la Rey Juan Carlos como la Comunidad de Madrid lo dejaron pasar. La Universidad no tiene constancia de que se aplicaran las correcciones y la Comunidad a pesar de este informe en contra renovó el título en 2013. Desde la consejería de educación aclaran que no hubo más informes en años posteriores porque la Universidad Rey Juan Carlos solicitó la extinción del posgrado en noviembre de 2014.

Otro informe crítico de la propia URJC
La Universidad Rey Juan Carlos también elaboró un informe propio sobre el máster que impartía el Instituto de Derecho Público bajo la batuta del imputado catedrático Enrique Álvarez Conde. Ese informe se realizó nada más acabar el curso de Cifuentes, el curso 2011-2012, a raíz de las quejas y sugerencias de los alumnos del posgrado. 
Un informe que, en este caso, propone numerosas medidas encaminadas a mejorar los Trabajos Fin de Máster (TFM). Así, se propone que los directores se asignen en noviembre, que se apruebe un calendario de presentación de los resultados de esos trabajos con un primer informe en febrero y un segundo en abril, y que las fechas para la defensa del TFM se publiquen desde el inicio de curso. Se propone también hacer un seguimiento pormenorizado de la evolución del trabajo con reuniones individuales entre cada uno de los alumnos y el director del TFM.

Publicada la adjudicación provisional de plazas de las bolsas de trabajo de interinos en la educación de Castilla-La Mancha

ALBACETE.- La Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles la adjudicación provisional centralizada de plazas previa al inicio de curso, correspondiente a las bolsas de trabajo de aspirantes a interinidades para el curso 2018/2019 de los cuerpos de enseñanzas medias.

La resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) aprueba y publica la adjudicación de plazas correspondiente a los aspirantes a interinidades disponibles que integran las bolsas de trabajo definitivas aprobadas de los cuerpos de enseñanzas medias. La adjudicación provisional de los cuerpos de enseñanzas medias se hará pública este mismo miércoles en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es), así como en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de la Consejería.
Los aspirantes que estén integrados en varias bolsas de trabajo de diferentes cuerpos docentes y/o especialidades participarán en el proceso de adjudicación provisional por todas ellas. La adjudicación centralizada definitiva sólo asignará un destino a los aspirantes con independencia de la bolsa o bolsas en las que estén integrados. 
Aquellos aspirantes que figuren en más de una bolsa de trabajo de distintos cuerpos docentes o en varias especialidades de distintos cuerpos docentes, podrán optar por ejercer la opción de participación por una de las bolsas en las que se encuentren integrados.
Para ello, una vez publicada la adjudicación provisional, aquellos aspirantes que figuren en más de una bolsa de trabajo de distintos cuerpos docentes o en varias especialidades de distintos cuerpos docentes podrán ejercitar la opción de participación en la adjudicación definitiva por una única bolsa de trabajo. Educación recuerda que la incorporación a una bolsa de trabajo implica la disponibilidad del aspirante para incorporarse a los destinos como funcionario interino docente cuando se le requiera y su obligación de participar en los procedimientos de adjudicación de plazas.
Sin perjuicio de lo anterior, los aspirantes que formen parte de una o varias bolsas de trabajo podrán modificar telemáticamente en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es), a través de su seguimiento personalizado, su estado de disponibilidad conjuntamente para todas las bolsas en las que estén incluidos, sin causa justificada, desde este jueves, día 23, al 27 de agosto, ambos inclusive.
La adjudicación centralizada definitiva de plazas disponibles previa al inicio de curso, de los cuerpos de enseñanzas medias, se efectuará a partir del día 29 de agosto, dándose publicidad de dicha adjudicación definitiva en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es), así como en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de esta Consejería.

La mitad de las autonomías no podrán gastar el déficit extra que ofrece el Gobierno

MADRID.- El Gobierno inició este miércoles su segundo intento para conseguir aprobar la nueva senda de estabilidad que ha concedido la Comisión Europea a España. La tramitación se inicia con la aprobación de los nuevos objetivos de estabilidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde el PSOE tiene garantizada la mayoría absoluta, ya que solo el gobierno central acapara el 50% de los votos, según El Confidencial. 

El Ejecutivo quiere dar a las regiones un déficit extra para 2019 de 2.500 millones de euros, equivalente a dos décimas del PIB. El problema de la oferta de Pedro Sánchez es que muchas comunidades autónomas no podrán beneficiarse de esta medida. De hecho, la mitad de ellas no podrán disfrutar de este margen extra, la gran mayoría gobernadas por el PP.
El obstáculo para todas ellas es la regla de gasto, una herramienta diseñada para evitar un crecimiento desorbitado del gasto público que ya empieza a restringir a las comunidades más saneadas. De este modo, aunque el Gobierno habilite mayor margen de déficit para las regiones, muchas de ellas no podrán presupuestarlo al superar el límite establecido por la regla de gasto. En definitiva, no podrán beneficiarse de la nueva senda del déficit sin una reforma de la regla de gasto, o sin saltarse la ley.
Al menos cuatro comunidades autónomas no podrán emplear ni un solo euro del margen extra ofrecido por el Gobierno: País Vasco, Navarra, Balares y Canarias. Todas ellas deberían terminar el año 2019 en superávit presupuestario si se cumplen las previsiones de crecimiento y se ajustan a los objetivos fijados por la regla de gasto. Además, hay otras cinco autonomías que tendrán serios problemas para emplear todo el nuevo déficit que ofrece Sánchez: Galicia, Asturias, La Rioja, Comunidad de Madrid y Andalucía.
La mayor parte de las autonomías que podrán emplear el margen presupuestario que ha ofrecido el Gobierno son Cantabria, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Da la casualidad que la mayor parte de las regiones beneficiadas son las gobernadas por el PSOE, mientras que las perjudicadas son del PP.
Para el Gobierno, lo importante es que se cumpla el objetivo agregado para todas las comunidades autónomas. Esto es, que el déficit conjunto sea del 0,3% del PIB en 2019, como marca su propuesta actual. Como la senda es homogénea para todas, las regiones que no gastan todo el déficit compensan a las incumplidoras que no llegan al objetivo. De esta forma, el Ministerio de Hacienda se garantiza que el conjunto del subsector vaya a cumplir la senda fijada, aunque eso signifique perjudicar a algunas regiones.
"Como la medida no viene acompañada de una modificación de la regla de gasto, no vamos a poder aplicar esos recursos financieros a mejorar los servicios a los madrileños", lamenta el viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. 
Ante esta situación, las comunidades gobernadas por el Partido Popular volverán a votar en contra de la senda de estabilidad del Gobierno, que volverá a presentar los mismos objetivos que ya fueron rechazados en julio. El Ejecutivo tiene asegurada la victoria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero, por el momento, no tiene garantizados los apoyos suficientes en el Congreso.

El 'corsé' de Montoro

La regla de gasto se introdujo en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) elaborada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La filosofía de esta herramienta es pura economía keynesiana: evitar que el gasto público se dispare en los años de bonanza cuando las administraciones públicas tienen excedente de recursos generados gracias al ciclo económico. 
De esta forma se genera un excedente que se puede emplear en los momentos de crisis. Muchas comunidades autónomas están en este momento de bonanza, por lo que la regla de gasto les obliga a acumular superávits, aunque el Gobierno ahora ofrezca más déficit.
Hacienda ha fijado la regla de gasto en el 2,9% para 2019. Esto significa que el gasto de todas las administraciones no puede crecer por encima de esta cifra. Sin embargo, los ingresos tributarios van mucho más rápido gracias a la combinación del crecimiento económico y la inflación.
 Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los ingresos de las comunidades autónomas crecerán en torno a un 4%. Un crecimiento superior de los ingresos significa que el déficit forzosamente tiene que bajar.
No solo eso. El Gobierno de Sánchez ya ha anunciado que quiere incrementar los recursos de las regiones a la espera de reformar el sistema de financiación autonómica. Esto significa que los ingresos de las comunidades podrían crecer más rápido el año que viene, lo que contribuirá a recortar el déficit más rápidamente. 
Y como no se cambia la ley de financiación, no se puede considerar estos recursos como permanentes, por lo que sí se incluyen en la regla de gasto. Por último, como el objetivo de déficit se mide en relación al PIB, el mero crecimiento de la economía también reduce el endeudamiento.
En definitiva, la legislación obligará a que las regiones sigan reduciendo su déficit en el próximo ejercicio, lo que choca con el objetivo de Sánchez de dar mayor margen de déficit. En definitiva, las comunidades que están en mejor posición fiscal no podrán beneficiarse de esta medida. 
Por ejemplo, Baleares, Canarias, Navarra y País Vasco tendrán superávit en 2019 si cumplen con la Ley de Estabilidad. Ellas no verán ni un solo euro del nuevo déficit.
El segundo grupo de comunidades tendrán muy complicado poder utilizar todo el margen presupuestario. Se trata de Andalucía, Asturias, Galicia, La Rioja y Madrid. 
Según las estimaciones de la AIReF, todas ellas cumplirán con el objetivo de déficit fijado para este año en el 0,4% del PIB. Además, su crecimiento para 2019 será superior al 3% (PIB nominal), lo que hará que sus ingresos crezcan por encima de la regla de gasto. 
En definitiva, su déficit debería quedarse por debajo del 0,3% del PIB en el próximo año, de modo que no podrían alcanzar el nuevo objetivo propuesto por Sánchez.
Las ocho comunidades restantes sí tienen margen para agotar la nueva senda de estabilidad. Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana son las que seguro podrán utilizar todo el margen sin incumplir la regla de gasto. El motivo es que este año están cerca de incumplir con el objetivo de déficit del 0,4% del PIB, de modo que partirán desde una situación de desfase presupuestario mayor. 
El resto: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y Cataluña dependerán del déficit con el que cierren este año y de la evolución de sus ingresos en 2019.

Estas son todas las ayudas al alquiler en cada Comunidad Autónoma

GRANADA.- El Plan de Vivienda 2018-2021 contempla distintas ayudas al alquiler para las que el Ministerio de Fomento destinará 1.443 millones de euros distribuidos en los tres años que contempla el plan. De esta forma, cada año se publicarán las convocatorias en las fechas que cada comunidad establezca y el plazo de solicitud finalizará en 2021, según el diario Ideal.

Aunque cada comunidad establecerá sus cláusulas y condiciones, las ayudas contempladas en el Plan de Vivienda contemplan los siguientes requisitos:

Ayudas para menores de 35 años

- Aquellos inquilinos cuyos ingresos sean inferiores a tres veces el IPREM (22.558 euros anuales en 14 pagas) y no tengan casa en propiedad podrán solicitar el 50% de la renta, siempre y cuando no exceda de los 600 euros.
- La vivienda para la que se solicita deberá ser la habitual durante tres años.

Ayudas para mayores de 65 años

- Los solicitantes podrán beneficiarse del 50% de descuento en la renta si su patrimonio no supera los 100.000 euros.
- Será imprescindible que no tengan vivienda en propiedad en España.
- Los ingresos no deberán superar tres veces el IPREM.

Ayudas para personas de entre 35 y 65 años

- Los ingresos no deben superar tres veces el IPREM.
- No deben tener vivienda en propiedad.
- La subvención tendrá un límite del 40% de la renta mensual.

Ayudas para desahuciados

- Los afectados podrán optar a ayudas de hasta 400 euros mensuales, siempre y cuando la renta no supere esta cantidad.

Ayudas para familias con características especiales

- Los ingresos de las familias numerosas y para las que tengan algún miembro con una discapacidad de al menos el 33% no deben superar la cantidad de cuatro veces el IPREM.
- El límite de los ingresos de familias numerosas especiales o con miembros con discapacidad severa será de cinco veces el IPREM.

Ayudas al alquiler por Comunidad Autónoma

1

Andalucía

Requisitos:
- Destinar la vivienda a residencia habitual y permanente, estando empadronado en la misma.
- El importe de la renta mensual de la vivienda no será superior a 600 euros.
- La persona solicitante tendrá residencia legal en el territorio nacional.
- Los miembros de la unidad de convivencia no podrán tener relación de parentesco.
- Tampoco deberán tener pleno dominio o de algún derecho de uso sobre la vivienda.
- La suma de los ingresos no deberá superar 2,5 veces el IPREM con carácter general, 3 veces para familias numerosas o familias con miembros con discapacidad o 3,5 en familias numerosas de categoría especial o con miembros con discapacidad grave.
Cantidad y periodo
- La ayuda será el 40% de la renta mensual durante el periodo subvencionable, del 50% para personas mayores de 65.
- El periodo se iniciará el primer mes del año en el que se convoquen las ayudas
- Estas ayudas no serán compatibles con cualquier otra ayuda destinada al mismo fin.
Solicitud
- Se presentará mediante un formulario publicado junto a la convocatoria en http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda, en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía
2

Aragón

Requisitos
- La vivienda deberá estar ubicada en la Comunidad de Aragón
- El contrato deberá ser conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos
- La fianza debe estar depositada en la DGA
- La renta mensual no debe superar los 600 euros (en familias numerosas la renta puede llegar a 900 € para las capitales, y proporcionalmente en las demás: 750, 600 y 450 €)
- La persona solicitante debe ser titular de un contrato de arrendamiento
- La vivienda arrendada debe ser residencia habitual y permanente de la unidad de convivencia.
- Deben estar al corriente del pago mensual de la renta del alquiler
- No pueden tener deudas pendientes con la Hacienda estatal y aragonesa, ni con la Seguridad Social
- Los miembros de la unidad de convivencia no pueden ser parientes de primer o segundo grado de consanguineidad o afinidad de quien arrienda la vivienda
- Tampoco deben disponer de otra vivienda
- La suma de los ingresos no debe superar 3 veces el IPREM (excepto a víctimas de violencia de género, a las que no se les exige límite alguno)
Cantidad y periodo
- La ayuda será el 40% de la renta mensual durante el periodo subvencionable, del 50% para personas mayores de 65.
- El periodo comprende desde el 1 de enero de 2018 o desde la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2020 o fecha de finalización del contrato
Solicitud
- La solicitud se realizará mediante formulario a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección web www.aragon.es/ayudas_alquiler_2018 o en los registros de cualquier otra Administración Pública.
3

Asturias

Requisitos
- Ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda en el Principado de Asturias.
- Los jóvenes menores de 35 años que vivan con sus padres pueden solicitar la ayuda y, una vez concedida, buscar vivienda en un plazo de dos meses.
- La vivienda arrendada debe constituir la residencia habitual y permanente de todas las personas que forman la unidad de convivencia.
- El límite de ingresos de la Unidad de Convivencia no debe superar 1,5 veces el IPREM anual si es una sola persona. Por cada persona adicional que conviva en el domicilio se incrementa 0,5 veces el IPREM, hasta un máximo de tres veces IPREM.
- La renta de la vivienda no debe superar los 500 € mensuales.
- Que ninguna de las personas de la unidad de convivencia tenga parentesco con la persona que arrienda la vivienda.
Cantidad y periodo
- La ayuda será el 40% de la renta mensual durante el periodo subvencionable, del 50% para personas mayores de 65 o menores de 35.
- El periodo se iniciará el 1 de octubre de 2017 y se puede solicitar la ayuda po36 mensualidades
Solicitud
- Las solicitudes podrán presentarse hasta el 1 de octubre de 2018 en el Registro General del Principado de Asturias o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4

Islas Baleares

Los requisitos de las Islas Baleares presentan una novedad: el límite de la renta se incrementa en la próxima convocatoria de 600 a 900 euros mensuales.
5

Canarias

Requisitos
- Los solicitantes deben ser personas físicas mayores de edad, menores de 35 años y poseer nacionalidad española o con residencia legal en España
- Ser titular del contrato de arrendamiento en la Comunidad Autónoma
- Que la vivienda arrendada sea la residencia habitual y permanente
Cantidad y periodo
- La ayuda será del 50% de la renta mensual justificada
- La ayuda se concederá a los beneficiarios por el plazo máximo de dos años, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.
- Se podrá solicitar desde el mes de julio de 2018 hasta el 28 de agosto
6

Cantabria

Requisitos
- Poseer nacionalidad Española o de alguno de los Estados miembros
- Ser titular, en calidad de arrendatario, del contrato de arrendamiento
- Tener domicilio fiscal en Cantabria
- Tener su residencia habitual y permanente en la vivienda arrendada.
- Disponer, en conjunto, de una fuente de ingresos mínimos acreditables que superen el importe de la renta mensual a satisfacer pactada en el contrato de arrendamiento, en los términos previstos en el artículo 2 del presente Decreto.
- Tener, en conjunto, unos ingresos máximos que no superen en 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El umbral será de 4 veces el IPREM si se trata de personas con discapacidad y de 5 veces el IPREM cuando se trate de personas con discapacidad grave.
- No ser miembro de una unidad de convivencia que hubiera obtenido, a lo largo de los años 2013, 2014, 2015, 2016 ó 2017, calificación favorable para la percepción de ayudas al alquiler de vivienda.
- No ser miembro de una unidad de convivencia que haya obtenido resolución de inadmisión o denegación de calificación de alquiler protegido dentro del mismo año natural.
- No ser propietario o usufructuario de alguna vivienda
- No tener parentesco con el arrendatario
Cantidad y periodo
- La subvención será del 40%
- El periodo de concesión variará desde las 12 mensualidades consecutivas, hasta las 36 mensualidades, contadas desde el mes siguiente al de presentación de la solicitud, que se podrá realizar desde el 7 de febrero de 2018 y hasta el último día del año.
Solicitud
- La solicitud se podrá realizar en cualquiera de los lugares establecidos a los que se hace referencia en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
7

Castilla y León

Requisitos
- Ser mayor de edad, de nacionalidad española o tener permiso de residencia legal.
- Ser el titular de un contrato de alquiler
- Estar empadronado en la vivienda y que sea el domicilio habitual
- Que los ingresos de las personas que convivan en la vivienda alquilada, sean o no titulares del contrato, sean iguales o inferiores a tres veces el IPREM o al 1,5 si se trata de una persona sola
- Qué la renta mensual abonada por la vivienda no supere lo establecido para cada municipio
Solicitud
- El plazo se inició el 21 de marzo de 2018 y concluyó el 20 de julio
Comunidad Valenciana
El plazo para solicitar estas ayudas expiró el pasado 6 de agosto
Requisitos
- El precio del alquiler debe ser inferior a los límites fijados para cada municipio
- Los ingresos de la Unidad de Convivencia deben ser inferiores a 4 veces el IPREM
Solicitud
- Se presentará un formulario mediante certificado digital o rellenando el formulario y presentándolo en el registro de entrada en los Servicios Territoriales de Vivienda y Rehabilitación, Oficinas Prop, Ayuntamientos e incluso por correo certificado.
8

La Rioja

Requisitos, cantidad y periodo
- La aportación será de hasta el 40% del precio del alquiler (50% en el caso de jóvenes de hasta 35 años y mayores de 65 años), siempre y cuando la renta no exceda de 450 euros al mes y los ingresos de la unidad familiar no superen 3 veces el IPREM (22.559 euros).
- Además, se mantiene una ayuda especial para los afectados por la pérdida de su vivienda habitual, a quienes se les abonará hasta el 100% del alquiler de su nuevo alojamiento durante un plazo de tres años.
9

Navarra

Debido a su estatus de comunidad foral, Navarra no se beneficia de las ayudas del Plan de Vivienda 2018-2021, independientemente de su ámbito, aunque cuenta con su propio programa de ayudas.
10

Murcia

Como ocurre en otras comunidades, estas ayudas se han aprobado en la Comunidad Autónoma de Murcia, pero no se han regulado todavía.
11

Melilla

Las ayudas en Melilla se han aprobado pero se encuentran, por el momento, sin regulación oficial.
12

Madrid

Igual que en las anteriores, las ayudas no se han regulado todavía en la Comunidad de Madrid.
13

Galicia

El plazo para la presentación de solicitudes expiró el pasado 30 de julio
Requisitos
- Ser mayor de edad y ser titular de un contrato de alquiler
- Tener nacionalidad española o tener residencia legal en España
- Que la vivienda constituya la residencia habitual y permanente
- Que los ingresos de la Unidad de Convivencia sean iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM, 4 veces para familias numerosas o con miembros con discapacidad y de 5 veces para familias numerosas de categoría especial o con algún miembro con discapacidad grave.
- No ser propietario o usufructuario de alguna vivienda
- No tener parentesco con el arrendador
- Que sea arrendataria de una vivienda gestionada por el IGVS.
Cantidad
- La ayuda será del 40% de la renta mensual. En el caso de los mayores de 65 años y los jóvenes se costeará hasta el 50% del precio del alquiler. El límite de la renta se reduce en esta comunidad a 500 euros en las ciudades, 400 en las villas y 300 en el resto de concellos.
Solicitudes
El plazo de presentación será de un mes a partir de la publicación de la convocatoria en el DOG.
14

Extremadura

El plazo de la presentación de la solicitud está pendiente de la publicación en el diario oficial de Extremadura
Requisitos
- Ser mayor de edad o, en su caso, mayor de 16 años emancipado legalmente.
- Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o la nacionalidad suiza. En el caso de los extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia legal en España.
- Haber sido privado de una vivienda arrendada por impago
- Haber solicitado la adjudicación de una vivienda de promoción pública y reunir los requisitos exigidos
- Haber solicitado ante el Ayuntamiento del municipio correspondiente la adjudicación de una vivienda de promoción pública y reunir los requisitos exigidos
- Las personas interesadas estarán obligadas a participar en el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública
- Disponer la persona física o la unidad familiar o de convivencia de ingresos de cuantía no inferior al 40 % del importe de la renta anual de la vivienda arrendada ni superior a dos veces el IPREM
- Hallarse empadronada la persona solicitante en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante un período mínimo de 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. El período mínimo de empadronamiento será de 18 meses.
- Ser la persona solicitante titular, en calidad de arrendataria, de un contrato de arrendamiento de vivienda.
- Destinar la vivienda arrendada a residencia habitual y permanente
- No haber renunciado ni haber recibido la prohibición para obtener la condición de beneficiario
Solicitud
- La solicitud se deberá formalizar mediante el modelo que figura en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura.
15

Ceuta

Requisitos
- Podrán beneficiarse personas mayores de edad que cumplan los requisitos generales
Cantidad y periodo
- La ayuda será de un 40% de la renta mensual o de un 50% cuando los beneficiarios, a la fecha de la solicitud, tengan más de 65 años.
- Las mensualidades comprendidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el mes inmediato anterior al de la Convocatoria de estas ayudas podrán abonarse en un solo pago.
- El resto de mensualidades, hasta completar un máximo de tres años, serán abonadas mes a mes.
16

Cataluña

Requisitos
- El Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) es el que marca el requisito de ingresos de la unidad de convivencia. Así, el límite máximo de ingresos es de 0,94 veces el IRSC en el caso de una persona adulta, y se le añade 0,46 veces el IRSC por cada persona adicional mayor de 14 años y 0,28 en caso de que sea menor de esa edad.
- La renta mensual no deberá superar lo establecido para cada provincia
17

Castilla La Mancha

El plazo de presentación expira el próximo 8 de octubre
Requisitos
- Podrán beneficiarse aquellas personas físicas mayores de edad que sean titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda que constituya el domicilio habitual y permanente de la unidad de convivencia, cuya renta no supere la cuantía total de 500 euros mensuales.
- Las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que sean titulares de un contrato de arrendamiento, cuya renta no supere la cuantía de 600 euros mensuales, que destinen la vivienda a alojar a personas con especiales necesidades.
- El beneficiario deberá ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de vivienda sobre un inmueble ubicado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Que la vivienda arrendada, constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario.
- Que la suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia sean superiores a 0.5 veces IPREM.
- Que la renta establecida en el contrato de arrendamiento de vivienda, incluida los gastos de comunidad, no supere la cuantía total de 500 euros mensuales.
- En el programa de ayuda a asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones, la renta no puede superar los 600 euros mensuales.
- Tener el domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Cantidad
- La ayuda consiste en el 40% de la renta mensual y del 50% para mayores de 65 años y menores de 35
18

País Vasco

Requisitos
- Podrán beneficiarse los jóvenes de entre 23 y 35 años que quieran alquilar una vivienda. La ayudará será de hasta el 50% de la renta del alquiler durante un máximo de tres años.
- Los ingresos brutos anuales de los jóvenes deben ser cómo mínimo de 7.734 euros y como máximo de 12.000 euros. En caso de ser dos residentes, los ingresos no deben superar los 15.000 euros y en caso de tres personas en el hogar, los ingresos no deben superar los 18.000 euros. En caso de familias numerosas y discapacidad, los ingresos no deben superar los 22.000 euros.
- El beneficiario no deberá tener una vivienda en propiedad o usufructo ni tener parentesco con el propietario de la vivienda alquilada
- Para beneficiarse de la ayuda, las viviendas deben tener una renta superior a 750 euros al mes en las tres capitales vascas, o 650 euros al mes en los municipios de las áreas metropolitanas de Bilbao y Donostia y los municipios de más de 10.000 habitantes; o viviendas a 600 euros al mes en el resto de municipios.
Cantidad
- La ayuda será de hasta el 50% de la renta de alquiler por Unidad de Convivencia o del 60% de la renta por dos Unidades de Convivencia. Durará un máximo de tres años.

'Ecologistas en Acción' exige mediciones de metales pesados en la Sierra Minera


MURCIA.- Ecologistas en Acción exigió a la Dirección General de Medio Ambiente murciana dos estaciones móviles de la red de vigilancia atmosférica en Llano del Beal, Portmán, la Unión y otros núcleos urbanos para realizar mediciones del polvo contaminado por metales pesados en la Sierra Minera.

Según informa la organización en un comunicado, llevan años denunciando la acumulación sin control de residuos mineros en el aire libre, expuestos la lluvia y el viento, que están teniendo efectos perjudiciales sobre el medio ambiente, la salud pública y el paisaje.
Por ello, advierten de que en la zona de la sierra Minera de Cartagena y La Unión «las altas temperaturas aumentan la evaporación de la humedad del suelo y favorecen la migración de sales con metales pesados hasta la superficie», lo que provoca que en el aire se concentre un alto número de partículas de los suelos, un polvo fino contaminado por metales pesados como plomo, cadmio y arsénico.
Al respirarlo o en contacto con la piel, afecta a la salud humana, sobre todo a la de los niños, debido a «su mayor exposición a estas formas de contaminación jugando».
El investigador sobre suelos contaminados José Matías Peñas Castejón señaló que en las viviendas entran 8.080 miligramos de plomo por kilo, 8.000 partes por millón por encima de lo normal, lo que es «lo suficientemente grave para la adopción de medidas preventivas inmediatas y urgentes».
Asimismo, demanda a la Consejería de Salud que haga públicos los resultados del estudio epidemiológico que está realizando para evaluar esta exposición a metales pesados en un sector de la población «con el objetivo de determinar los niveles de plomo en sangre y de cadmio y arsénico en orina».
Por otra parte, reclaman el control de la contaminación que llega a través de las escorrentías de las ramblas que van al Mar Menor y a su ribera sur, que aumenta este tipo de contaminación, por lo que cree «necesario que la Confederación Hidrográfica del Segura se implique también en la adopción de medidas de retención de sedimentos en las que conectan la sierra con la laguna salada». 
Por último, le piden que actúe en los procesos de inertización de balsas y suelos contaminados.

Se triplican las llegadas de pateras a España

MADRID.- Mas de 1.300 personas han entrado de manera irregular por vía terrestre a Ceuta en lo que va de 2018, sumados los más de 100 migrantes subsaharianos que han accedido la mañana de este miércoles a la ciudad autónoma a través de la valla fronteriza. Esta cifra supone un 21,1% menos que en 2017, cuando entraron 1.623 personas desde enero hasta el 15 de agosto.

Según datos del Ministerio del Interior, las entradas a España vía terrestre por Ceuta --ruta que contabiliza las llegadas a través del salto del vallado pero también en los dobles fondos de vehículos y otras fórmulas-- eran 1.281 a fecha 10 de agosto de este año, lo que supone unas 342 entradas menos que las registradas en el mismo periodo del año pasado.
El dato total ya incluye a los 602 migrantes de origen subsahariano que lograron saltar el vallado fronterizo que separa Ceuta de Marruecos el pasado 26 de julio, pero habría que sumarle el centenar que ha saltado este miércoles.
El descenso que han experimentado las entradas de migrantes en situación irregular por esta vía es excepcional. El resto de rutas, tanto marítimas como las llegadas por vía terrestre a Melilla, han aumentado con respecto a 2017.
En el caso de la otra ciudad autónoma fronteriza, el incremento con respecto al mismo periodo de 2017 ha sido del 24,2%. Hasta el 10 de agosto de 2018, 2.901 migrantes en situación irregular accedieron a Melilla vía terrestre, frente a las 2.336 que lo hicieron hasta el 15 de agosto de 2017 (unas 565 personas más).
Sumadas todas las entradas por vía terrestre tanto a Ceuta como a Melilla, la cifra asciende a 4.182, mientras que hasta el 15 de agosto de 2017 se contabiliaron 3.959 llegadas.
Respecto a la vía marítima, el Ministerio del Interior ha contabilizado 25.359 llegadas a costas españolas en 1.054 embarcaciones hasta el 13 de agosto. En comparación al mismo periodo de 2017, las llegadas de pateras se han incrementado este año un 177,5%.
La mayoría de las embarcaciones han llegado a las costas peninsulares y baleares, concretamente 24.152 personas en casi 1.000 pateras, frente a las 8.717 personas que lo consiguieron el año pasado en 475 embarcaciones. Así pues, este año han entrado por esta ruta casi 15.500 personas más que en 2017.
A Canarias han llegado este año 466 migrantes en patera, mientras que desde enero hasta el 15 de agosto del año pasado lo hicieron 113, lo que supone un 312% más (353 personas más). En el caso de Ceuta, por vía marítima han accedido 263 migrantes 2018, mientras que a fecha 15 de agosto de 2017 lo lograron 70 personas, es decir, un 275,7% (193 personas más).
Por último, el número de migrantes que a través de embarcaciones han llegado a Melilla en lo que va de año asciende a 478, frente a las 239 que lo hicieron en el mismo periodo del pasado año. Así, esta vía ha experimentado un aumento del 100%, al haber accedido unas 239 personas más que en el mismo periodo de 2017.
La suma total de entradas a España de todas las rutas marítimas y terrestres asciende a 29.541, más del doble que de las que se habían registrado en este periodo del año pasado, cuando contabilizaron hasta el 15 de agosto 13.098 llegadas en total.

El Consejo de Política Fiscal aprueba otra vez aliviar el déficit autonómico

MADRID.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado hoy, por segunda vez, los mismos objetivos de estabilidad para las autonomías en el próximo trienio que ya aprobó a mediados de julio y con la única novedad de la Comunitat Valenciana, que ha pasado de la abstención al voto favorable.

La senda de estabilidad propuesta por Gobierno para aliviar el déficit autonómico en el período 2019-2021, que fue rechazada por el Congreso, ha vuelto a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP y Canarias mientras que han votado a favor las siete comunidades socialistas, también la Comunitat Valenciana tras asumir hoy su president Ximo Puig las negociaciones, y Cantabria.
De hecho, la Comunidad Valenciana ha votado a favor de suavizar el déficit a cambio de medidas que supondrán 850 millones de euros adicionales para la región valenciana y entre ellas destaca el acuerdo por el que el Estado asumirá la deuda del Consorcio Valencia 2007 que ronda los 350 millones de euros.
Además, según ha declarado el presidente valenciano, Ximo Puig, que hoy ha asumido personalmente las negociaciones con Hacienda, se ha acordado la refinanciación de 1.000 millones de euros de la deuda valenciana de corto a largo plazo.
La votación de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para aliviar el déficit autonómico (2019-2021), que fue rechazada por el Congreso el 27 de julio, ha vuelto a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP y Canarias mientras que han votado a favor las siete comunidades socialistas y Cantabria.
Por tanto, los objetivos de estabilidad y deuda pública aprobados, que han sido votados por primera vez de forma telemática, pasarán al Consejo de Ministros donde serán ratificados este viernes.
De nuevo Cataluña ha rehusado participar en el Consejo y ha excusado su presencia con una carta enviada por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que ha argumentado que las relaciones económicas entre la Generalitat y Estado deben dirimirse de manera bilateral.
Las comunidades gobernadas por el PP, que se han opuesto a la propuesta del Gobierno, han justificado su voto en contra con los mismos argumentos que hace un mes.
Así, el Gobierno de Murcia ha reclamado la modificación del actual sistema de financiación que genera el 80 por ciento de la deuda regional y ha lamentado el "maltrato económico" que sufre la comunidad por parte del Ejecutivo central. También La Rioja ha insistido en que la propuesta del Ejecutivo significa "más gasto, más deuda, más impuestos y empeora el crecimiento económico y la creación de empleo".
En Castilla y León, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha remitido un informe a la Secretaría del CPFF para que revise las entregas a cuenta de las comunidades y ha demandado 142 millones euros correspondientes al IVA. Canarias, que ha repetido el voto en contra, ha reiterado que rechaza la propuesta porque "castiga a las administraciones cumplidoras".
Mientras, comunidades gobernadas por socialistas, como Castilla-La Mancha, han considerado que el nuevo déficit es "un paso en la dirección correcta".
El vicepresidente primero castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro, ha reconocido que le hubieran gustado "más avances" pero ha valorado el "cambio de rumbo" que supone que se atiendan las demandas de las comunidades, y desde Extremadura, la vicepresidenta Pilar Blanco ha valorado que la nueva senda se ajuste mejor a las necesidades financieras de las regiones.
Desde Cantabria, la única comunidad no socialista que ha votado a favor, el consejero de Economía Juan José Sota ha considerado que la nueva senda de "flexibilidad" da mayor margen para afrontar los servicios esenciales.