MADRID.- Los mensajes de optimismo que la aún presidenta de la SEPI, Pilar Platero, se ha empeñado en lanzar en las últimas semanas sobre la situación y el futuro de Navantia
- la marca de los astilleros públicos- contrastan radicalmente con una
situación financiera que solo se puede calificar de desastrosa, dice hoy https://www.lainformacion.com.
Según las cuentas anuales del Grupo SEPI correspondientes al ejercicio de 2017, que acaban de ser publicadas, el Grupo Navantia perdió en 2017 389 millones de euros,
un 28% más que en el ejercicio anterior, y fue el principal causante de
las pérdidas de 228 millones de euros con las que el Grupo SEPI cerró
el ejercicio.
El agujero en
las cuentas de los astilleros ha obligado a la SEPI a activar la enésima
operación de rescate de Navantia mediante la inyección de 157 millones de euros extra en fondos públicos a
la sociedad, según un acuerdo alcanzado en su Consejo de Administración
del pasado 23 de marzo, según se revela en sus cuentas anuales.
El hólding público se ha
visto obligado a actuar después de que el patrimonio neto de la empresa
pública de astilleros se situara al cierre del pasado ejercicio en 1,64
millones de euros y, por tanto, "en situación patrimonial de disolución", según se recoge en las Cuentas Anuales del Grupo SEPI correspondientes a 2017.
"La sociedad tendrá que
tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial", asegura
el documento y a ello se ha puesto el equipo de Pilar Platero sin
demasiada demora.
La operación de rescate
de Navantia se concretó en la concesión de un préstamo participativo por
importe de 140 millones de euros y en la transformación de préstamos de
proyectos de I+D por valor de más de 17 millones de euros en préstamos
participativos para apuntalar la situación patrimonial de la sociedad,
que según establece la Ley de Sociedades de Capital deberá ahora reducir
su capital en el transcurso de este ejercicio.
Una factura global de más de 600 millones de euros
No es la primera vez que
la SEPI debe abordar una operación de este tipo para taponar el agujero
patrimonial de los astilleros públicos. Desde mayo de 2015 el Grupo
Navantia ha recibido inyecciones de fondos públicos por un montante superior a los 600 millones de euros para estabilizar su situación patrimonial y evitar su quiebra, ante la recurrencia de los números rojos en su balance.
La primera operación de
esta naturaleza tuvo lugar el 29 de mayo de 2015 cuando SEPI y Navantia
acordaron la transformación de la financiación recibida por los
astilleros para la realización de proyectos tecnológicos de desarrollo
industrial por valor de 128 millones de euros en préstamos
participativos, que tienen la ventaja de que se computan en el
patrimonio neto de la compañía y evitan que entre en causa de
disolución.
En diciembre de ese mismo la SEPI arbitró otra operación de
la misma naturaleza por valor de 78,9 millones de euros y habilitó otro
préstamo participativo por 60 millones, según consta en la Memoria del Grupo Navantia correspondiente al ejercicio de 2016.
Durante 2016 se
produjeron otras dos operaciones similares que proporcionaron un capital
extra de 93 millones de euros al grupo empresarial que aglutina los
seis astilleros públicos que aún operan en España, de modo que al cierre
de ese ejercicio los préstamos participativos de SEPI en la compañía
ascendía a 360 millones de euros.
Las pérdidas de 303
millones de euros registradas por la empresa pública de astilleros en
2016 obligaron al hólding presidido por Pilar Platero a una nueva
inyección de 90 millones de euros en préstamos participativos, que este
año casi se han duplicado después de que el grupo presentara unas
pérdidas de 389 millones durante el ejercicio pasado.
Los últimos contratos cerrados por Navantia
parecen dibujar un panorama algo más alentador para los astilleros
públicos de cara a 2018, ya que SEPI cuenta con que la facturación del
grupo se incremente en más de 380 millones de euros a lo largo del
ejercicio hasta los 1.540 millones.
Los astilleros públicos
estatales perdieron el 50% de su cartera de pedidos durante la crisis y
en la actualidad se encuentran embarcados en el desarrollo de un
ambicioso plan estratégico que, según los cálculos realizados por la
SEPI, le llevarán a presentar una cartera de pedidos de 11.000 millones de euros en los próximos años.