Quién teme a las encuestas / Joaquín García Cruz *

El primer estudio sobre intención de voto del que se tiene conocimiento fue un fiasco. Lo realizó en 1824 un pequeño periódico local entre los 3.000 habitantes de Harrisburg, la capital de Pensilvania, y predijo erróneamente que Andrew Jackson derrotaría a John Quincy Adams en la lucha por la presidencia de Estados Unidos. 

Más recientemente, los muestreos demoscópicos fallaron también de forma estrepitosa en Reino Unido (a propósito del ‘Brexit’), en Colombia, que rechazó contra todo pronóstico un tratado de paz con la guerrilla de las FARC, y en Estados Unidos, donde las encuestas atinaron al vaticinar que Hillary Clinton sumaría más votos en términos absolutos que Donald Trump pero no tuvieron en cuenta que la preponderancia de la figura del compromisario en aquel sistema electoral terminaría abriéndole la Casa Blanca al magnate. 

Los desaciertos en España quedaron al descubierto durante las segundas elecciones legislativas de 2016, en las que Rajoy obtuvo 137 diputados, frente a la horquilla de 116 a 121 que fijaban los sondeos, y Ciudadanos sacó 32 escaños, lejos de los 40 que le asignaban las proyecciones.

En Murcia, la última encuesta sobre estimación de voto fue encargada y pagada por ‘La Verdad’ al Cemop (Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública) en 2015. Salió publicada el 18 de mayo, una semana antes de la cita con las urnas, y auguraba que el PP, encabezado por Pedro Antonio Sánchez, perdería la mayoría absoluta. El estudio erró en la atribución de escaños a los populares, que obtuvieron 22 frente a los 18-20 que se les suponía, y en el cálculo de los que obtendría Ciudadanos (9-11, frente a los 4 que cosechó finalmente). 

Pero el Cemop acertó en lo sustancial:el PP perdió la mayoría absoluta, que es de 23 diputados, y desde entonces gobierna la Región a trancas y barrancas, apoyado en la muleta de Ciudadanos y ninguneado a menudo por la oposición. 

El cabreo de una parte de la dirección del PP con el Cemop fue tan mayúsculo que desde lo más alto del partido se acusó a los dos profesores de la Universidad que lo codirigen (Ismael Crespo, catedrático de Ciencia Política, y Juan José García Escribano, profesor de Sociología) de haber ‘cocinado’ torticeramente la encuesta para desmovilizar a su electorado en favor de Ciudadanos, algo que la realidad desmiente por sí sola: la formación de Albert Rivera logró solo 4 de los 45 parlamentarios en liza, por lo que cuesta creer que se viera beneficiada en sus magros resultados por el sondeo del Cemop. 

Pero el malestar en las alturas del PP, y en algún despacho noble de San Esteban, no quedó en semejante tontería, sino que llegó al extremo de cortarle la financiación al Cemop –que no puede hacer su trabajo sin ayudas públicas–, pese a formar parte del equipo, entonces y ahora, Maribel Sánchez-Mora, a quien el propio Pedro Antonio Sánchez fichó como consejera de Educación y Universidades un mes después de la encuesta. 

Desde entonces, hace ya tres años, estamos a ciegas en Murcia, y no solo en lo relativo a la intención de voto. Aquel sondeo revelaba también la gran inquietud que la corrupción suscitaba en el electorado y la pobre percepción que se tenía del Gobierno regional, cuya gestión era tildada como ‘mala o muy mala’ por el 41,9% de las personas preguntadas.

Y así, a ciegas, llegaremos a los triples comicios (municipales, autonómicos y europeos) de 2019, si la Asamblea Regional no lo evita antes. Los cuatro grupos parlamentarios analizarán en una próxima reunión de la Junta de Portavoces la petición que Ismael Crespo y García Escribano remitieron días atrás a la presidenta de la Cámara para que esta se encargue de financiar todos los años dos barómetros semestrales de opinión pública, a razón de 15.000 euros, y otros dos estudios más completos, antes y después de cada convocatoria electoral, que elevarían el coste total a 50.000 euros. 

Al cabo de varios meses jugando a la pelota por las reticencias de los populares, consta por fin la buena disposición de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, pendiente de que la plasmen en un acuerdo parlamentario adoptado por unanimidad, que es la condición impuesta por la presidencia de la Asamblea para embarcarse en el gasto. 

El Cemop plantea en su propuesta explorar la intención de voto en vísperas electorales, pero también evaluar cada seis meses la situación económica y la política, con una mirada retrospectiva y otra prospectiva a un año vista; preguntar por los problemas que aquejan a los murcianos; conocer y valorar a los líderes políticos; puntuar la gestión del Gobierno regional pero también la de la oposición, y escudriñar la confianza ciudadana en determinadas instituciones. 

Las encuestas han sido incorporadas a la vida pública por las comunidades de Aragón, Baleares, Andalucía, Valencia, Canarias, Castilla y León, Navarra, Galicia y País Vasco, conscientes sus dirigentes de que aportan calidad democrática. También ponen de los nervios a los partidos, que suelen moverse a golpe de sondeos, como se aprecia estos días en la política nacional. 

Ciudadanos navega con viento de cola, y lo sabe por su triunfo en Cataluña pero también porque lo señalan todas las encuestas, tanto las que confeccionan empresas privadas como las que publica el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Sucede, sin embargo, que ni las unas ni las otras ofrecen información particularizada sobre el estado de ánimo en las distintas regiones, y cuando, de uvas a peras, los investigadores del CIS aterrizan en una autonomía como Murcia para rastrear la intención devoto, preguntan a 400 personas (600, a lo sumo), que son la mitad de las sondeadas por el Cemop en sus barómetros.

Las encuestas permiten a gobiernos y fuerzas opositoras orientar sus políticas, y a veces incluso reconducirlas. Basta recordar el esfuerzo del PP regional por adaptarse a una nueva realidad social con la celebración en marzo de las primeras elecciones primarias que el partido de Rajoy ensayará en España, en forma de un congreso extraordinario que tendrá por objeto reafirmar el liderazgo de Fernando López Miras, a quien su mentor Pedro Antonio Sánchez designó en su momento sin que a los 37.000 afiliados se les diera la oportunidad de legitimarlo. 

Pero estudios barométricos como los que el Cemop propone encierran otra virtualidad aún más importante para el común de los ciudadanos, porque no se limitan a aventurar cómo las distintas candidaturas se repartirán el voto, sino que reflejan también el sentir de la población respecto de asuntos polémicos que están en boca de todos. 

Nos permitirían, por ejemplo, saber si la Plataforma pro Soterramiento goza de un apoyo mayoritario en su reivindicación de que el AVE no llegue a Murcia hasta completarse el enterramiento de las vías, cómo delimitar en el Mar Menor el interés de los agricultores y la necesaria protección medioambiental de la laguna, hasta dónde nos parece que organizaciones como Podemos y Ciudadanos han satisfecho las expectativas que alimentaron en 2015, o si las primarias del PP responden a un intento sincero de profundización democrática o más bien a una operación cosmética. 

Carecemos de respuestas para estas y otras preguntas, por lo que, mientras no haya encuestas confiables que nos ayuden, seguiremos corriendo el riesgo de que los mensajes interesados de los partidos terminen por engatusarnos o el ruido de las redes sociales nos ensordezca del todo.

(*) Columnista

http://www.laverdad.es/murcia/teme-encuestas-20180218074540-nt.html 

Deuda permanente revisable / Alberto Aguirre de Cárcer *

Cuando Montoro sentenció el lunes en la comida de los barones del PP que no habría quita para la deuda autonómica, López Miras, contrariado, resopló: «Algo habrá que hacer». Después de que se impusiera el criterio del gallego Núñez Feijóo y del castellanoleonés Juan Vicente Herrera, la frase del presidente murciano sonó como aquella advertencia celebérrima del economista Keynes: «Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo». En otras palabras, que el Gobierno regional no está de entrada por la labor de devolver los préstamos por valor de 6.700 millones recibidos del Estado desde 2012, una cantidad que representa el 80% de la deuda pública murciana. 

Alega, como es totalmente cierto, que la Región ha estado infrafinanciada, al igual que la comunidad valenciana o la balear, desde que se instauró el actual modelo en 2010. Con los mercados financieros prácticamente cerrados y una prima de riesgo en cotas estratosféricas, Montoro creó en su momento los fondos de liquidez autonómica y de pago a proveedores para rescatar a las comunidades autónomas, pero ahora que llega el momento de ajustar cuentas, como paso previo a la negociación del nuevo modelo de financiación, la batalla territorial entre las regiones cumplidoras e incumplidoras del déficit amenaza con estallar incluso en el seno de las distintas formaciones políticas. 

Montoro, que conoce bien a Keynes, sabe que con el 56% de la deuda autonómica en manos de la administración central tiene un verdadero problema. Sobre todo ante Bruselas. No puede aceptar la condonación solicitada por la Región de Murcia, Valencia y Cataluña, porque mandaría un mensaje muy negativo sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Pero tampoco puede obviar la realidad de que una gruesa parte de los números rojos de esas comunidades incumplidoras se debe a la insuficiente financiación, aunque no toda, ni mucho menos, en el caso de la Región. 

Una solución que el ministro estaría barajando sería la eliminación del pago de intereses. Entre otras razones porque es discutible que, en su calidad de prestamista, el Estado obtenga ingresos de las asfixiadas autonomías. Otra consistiría en aplazar ampliamente los vencimientos de la deuda de las comunidades con el Estado, llegando incluso a plantearse, como adelantaba ‘La Vanguardia’, que una parte sustancial se convierta en perpetua, es decir, sin obligación de devolución ni vencimientos. Una especie de deuda permanente revisable. Dicho eso, lo que finalmente sucederá es imprevisible porque Montoro apunta cada día en una dirección diferente.

Pocos asuntos públicos son más áridos y aburridos pero a la vez tan importantes como el debate de la financiación autonómica. Tanto como el pacto educativo o el pacto del agua. La consecución de un acuerdo territorial en materia de financiación autonómica es crucial para asegurar la sanidad, la educación y el resto de prestaciones públicas básicas, que se comen prácticamente los presupuestos de las comunidades autónomas. Desde el inicio de la crisis, la deuda pública española, incluida la de la Administración central, se ha triplicado y alcanza ya los 1,14 billones de euros. 

El pasado año marcó un récord tras repuntar 37.424 millones, el mayor ritmo ascendente desde 2014. Ya representa el 98,08% del PIB nacional. Una auténtica barbaridad, aunque se encuentra en el límite fijado por Bruselas, gracias al crecimiento de la economía. Pero los bajos tipos de interés no durarán siempre y la compra de deuda pública española por el Banco Central Europeo empezará a paralizarse este mismo año. Entonces, el peso de la deuda se convertirá en un serio problema para todos los contribuyentes.

Algo habrá que hacer, como dijo López Miras. Por la parte que le toca al Gobierno regional, lo primero debería ser actuar con prudencia. Como lo están haciendo muchas familias y empresas murcianas, según se desprende del bajo incremento del crédito bancario, algo inusual en momentos de crecimiento económico. Quizá por la percepción de que el despegue no se ha consolidado, las familias se decantan por el consumo y el ahorro (aquellas que pueden) y las empresas por invertir parte de sus beneficios. 

Pero apenas se endeudan. El ministro Montoro ya ha advertido que el fondo de liquidez autonómica tiene los días contados, de forma que las comunidades deberán volver a los mercados financieros. Siete de ellas ya lo hicieron en 2017. Especialmente ahora, cuando aún se desconoce cómo será la reforma tributaria que anuncia el Ministerio para sustentar el nuevo modelo (Montoro habla de armonización fiscal del impuesto de sucesiones justo cuando se ha dejado aquí al mínimo posible), o cuánto dinero recibirá la Región si hay acuerdo para un reparto más equitativo, el Ejecutivo regional debería actuar con suma cautela. Más aún al no estar ni siquiera asegurado un pacto imprescindible con el PSOE de Pedro Sánchez.

En este incierto contexto solo el hecho de que estamos en año preelectoral explica que López Miras y su equipo hayan arriesgado tanto anunciando que bajarán el IRPF en el plazo de un año. Hace solo unos días, el consejero Andrés Carrillo añadía que «Murcia será la región donde menos impuestos se paguen», pero «lo haremos de manera paulatina y responsable, siendo conscientes de lo que supone mantener los servicios públicos esenciales». 

Son mensajes que suenan a música celestial en los oídos de los votantes, aunque no dejan de tener un timbre inquietante en la región campeona del déficit público cuando cada año el Tribunal de Cuentas nos recuerda el ‘agujero’ existente en las cuentas del Servicio Murciano de Salud o nos alerta del rampante gasto farmacéutico. La buena noticia de que la economía regional lideró el crecimiento en 2017 no debe llevar a la precipitación o a suscitar desmesuradas expectativas. 

(*) Periodista y director de La Verdad

http://www.laverdad.es/murcia/deuda-permanente-revisable-20180218073555-nt.html 

El "soviet carlista" de Waterloo / José Antonio Zarzalejos *

Hace muy poco, los intelectuales orgánicos del independentismo catalán manejaban la fórmula escocesa del Partido Nacionalista Escocés (SNP) como adecuada para unir fuerzas en  Catalunya. En el 2011, Alex Salmond, al frente de su formación, barrió a laboristas y conservadores y obtuvo 69 de los 129 escaños del parlamento de Holyrood, lo que le permitió negociar y lograr el referéndum de independencia de Escocia en septiembre del 2014, que perdió al rechazar la segregación el 55,4% del electorado. 

Salmond dimitió tanto de la presidencia del Gobierno escocés como de la del partido y cedió los trastos a una pragmática Nicola Sturgeon que ha aplazado sine die la reclamación de una nueva consulta.

Nadie se atrevería ahora a sugerir que en Catalunya fuese posible un Partido Nacionalista Catalán que aunase a las divididas y desconcertadas fuerzas independentistas, ni ninguno de sus dirigentes se atrevería a pedir a Carles Puigdemont que hiciese como Salmond: irse y dejar a otro líder la tarea de rescatar al país del fracaso de sus políticas y normalizar la convivencia en Catalunya y de esta con el resto de España, al tiempo que levantaría las medidas gubernamentales vigentes al amparo del artículo 155. 

Pedagogía judicial

Muy al contrario: el bloque independentista –si es que realmente fue bloque en algún momento– está resquebrajado y desunido y se comporta como el ejército de Pancho Villa, sin táctica y sin estrategia. El enfrentamiento entre JxCat y ERC ha llegado a tal grado que ya vuelve a incurrir en el ridículo. Las posiciones no son conciliables porque tanto los medios como los fines son distintos en ambas formaciones. 

Ni siquiera les une la ensoñación de la república catalana que muchos de sus gestores se han precipitado a  definir como un mero e inocuo simbolismo ante el juez Llarena. La pedagogía judicial ha hecho estragos en el separatismo catalán. Las consecuencias penales resultan, precisamente, un factor desactivador de la épica segregacionista que se ha formulado en las calles con un fervor que no ha asomado en las declaraciones judiciales.

Porque a la desunión de los independentistas se suma la erosión de su reputación en su condición de tales. Causa vergüenza ajena que Santiago Vidal se desdijera por completo de sus fanfarronadas y una inmensa pena que el otrora reputado Carles Viver Pi-Sunyer, arquitecto jurídico de la desconexión frustrada, eludiese sus responsabilidades protagónicas en el juzgado nº 13 de los de Barcelona. 

Tampoco es precisamente confortador que Puigdemont se haya convertido en el muy tradicional carnaval de la Alost (Bélgica) en la figura central del entretenimiento del desfile. Como para que algunos se quejen de las chirigotas de Cádiz. 

"Todo se ha perdido"

Como bien escribió Agustí Calvet, Gaziel, tras los hechos del 6 de octubre de 1934, "todo se ha perdido, incluso el honor". Remedando la literalidad de su artículo (publicado el 21 de diciembre de 1934), con esas palabras se pondría fin al desastroso final del ensayo independentista, que se ha cargado la autonomía –como entonces– mientras unos y otros andan buscando dónde y cuándo estuvo el error sin reconocer que fueron ellos los que lo perpetraron y con el que contrajeron, seguramente, graves responsabilidades penales. 

Hay que salvar de esta debacle ética del independentismo algunas actitudes que, como la de Oriol Junqueras, manifiestan una coherencia a prueba de retractaciones pese al tiempo en prisión provisional. Otros y otras, han contorsionado sus propias conductas, bien recientes, para echar agua al vino y convertir en una mera representación, casi festiva, los dramáticos días de octubre de 2017 que ya han pasado a la historia.

La tozudez de un hombre impune como Puigdemont, instalado en Bruselas, lejos de Estremera, está en el núcleo de una sugestión caudillista y estéril apoyada por  bonzos que, sin embargo, se cuidan de inmolarse, evitando cualquier compromiso que no sea el de la perseverancia en la inutilidad de sostener la inventada legitimidad de un prófugo supeditando Catalunya –ahí están los números, las inversiones, las empresas, la parálisis del país– a la fantasía de los atributos taumatúrgicos de su liderazgo.

Si no hay unión, si se pierde reputación, si  esa clase política sediciosa se antepone a los intereses de Catalunya, el Gobierno debiera –por tambaleante que esté– cumplir con los ciudadanos catalanes y tomar las decisiones necesarias para el progreso que le niegan los grandes patriotas de Waterloo. Unos patriotas que, como escribe Joan Coscubiela, integran un  insólito "soviet carlista" (Empantanados. Editorial Península). Léanle. 

(*) Periodista y ex director de Abc

www.elperiodico.com/es/opinion/20180217/el-soviet-carlista-de-waterloo-articulo-jose-antonio-zarzalejos-6629566

Oxfam y otras multinacionales de la caridad / Jesús Cacho *

Hace ya tiempo decidí apadrinar a un niño nacido en el seno de una familia sin recursos de un país latinoamericano. Durante años ingresé mis cuotas en una cuenta bancaria habilitada al efecto por una ONG de cuyo nombre no quiero acordarme. Mi vida trascurría en el seno de una familia feliz, tenía dos hijas cuidadas con mimo, un trabajo que cumplía mis expectativas y un entorno en el que aquella pequeña obra de caridad ahogaba los pequeños cargos de conciencia de una existencia tal vez muelle en exceso. 

De Pascuas a Ramos, la ONG me enviaba información sobre los progresos que mi ahijado iba realizando en algo parecido a una escuela perdida en la selva peruana, información que tenía su cénit a final de año, cuando recibía una felicitación de Navidad en forma de dibujo supuestamente realizado por el infantil trazo de mi patrocinado. 

Ocurrió que, tiempo después, la ONG a la que yo había estado ingresando mis cuotas fue protagonista de un escándalo morrocotudo: Aquello había sido una estafa en toda regla, y no había ni niño rescatado, ni escuela en la selva, ni familia numerosa en la miseria. Nada de nada. Había, sí, unos delincuentes que se habían lucrado con mi dinero, invertido en operaciones financieras varias, y con el de cientos de miles de ciudadanos más.

Huelga decir que el episodio me dejó vacunado de cara a futuras tentaciones de volver a ejercer la caridad por persona u organización interpuesta. No tardé en entender que las cosas funcionan de otro modo: uno paga religiosamente sus impuestos bajo la batuta amenazante del doctor Montoro, y luego el Gobierno de turno se encarga, con mi dinero y sin mi permiso, de dotar generosamente a quienes han hecho de la caridad un negocio para que se cumpla el adagio según el cual una ONG es una organización que vive de tus impuestos y que una vez al año publica un informe acusándote de estar fomentando la pobreza y la desigualdad con tu trabajo. 

Apenas unos días antes del estallido del escándalo de Haití, la ONG Oxfam fue protagonista en el marco del Foro Económico Mundial de Davos -un encuentro que reúne a lo más granado del capitalismo mundial, ese capitalismo responsable de la pobreza y la desigualdad, ese pérfido capitalismo que permite que unos pocos se hagan inmensamente ricos a costa de unos muchos, ese atroz capitalismo gracias al cual los profesionales de la caridad de Oxfam y de otras tantas ONGs viven de puta madre-, con la presentación del informe “Premiar el trabajo, no la riqueza”, en el que venían a denunciar que el 82% de la riqueza mundial generada durante 2017 fue supuestamente a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras que el 50% más pobre –3.700 millones de personas– no se benefició de ese crecimiento.

El informe, en escenario tan imponente, venía a confirmar el papel que se han atribuido estas organizaciones, en teoría “no gubernamentales” pero que dependen en buena medida del dinero que les suministran los Gobiernos, o lo que es lo mismo, de los impuestos que pagan los ciudadanos, como martillo pilón capaz de percutir sin desmayo contra un capitalismo culpable de todos los males del mundo, el más elemental de los cuales es consentir que cientos de millones vivan en condiciones muy precarias, con salarios de miseria, mientras los más ricos siguen acumulando ingentes fortunas. 

“Entre marzo de 2016 y marzo de 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días”. Según Oxfam, “la riqueza de la élite económica mundial creció en la última década un promedio del 13% al año, seis veces más rápido que los salarios de los trabajadores, que apenas aumentó un 2% de media anual”. 

Aclara la ONG que sus estimaciones proceden del Global Wealth Databook, publicado en noviembre de 2017, que elabora Credit Suisse, mientras que el cálculo de la riqueza de los super-riches se ha basado en “la lista de milmillonarios de Forbes publicada en marzo de 2017”, una fuente cuya utilización como aval de un estudio pretendidamente serio no puede sino producir sonrojo.

Oxfam Intermón, la sucursal española de Oxfam Internacional, hizo público también en Davos su informe sobre España, titulado “¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría”, que viene a seguir al pie de la letra el patrón aplicado en los últimos tiempos por la izquierda política y sindical para desacreditar el crecimiento del PIB español en los últimos años, utilizando para ello un argumento convertido en eslogan: “la desigualdad hace que la recuperación económica no llegue a todas las personas por igual”. 

Según ello, el 1% de los españoles más ricos acaparó en 2016 el 40% de la riqueza creada, mientras que el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7%. Los beneficios empresariales, por su parte, crecieron un 200,7% respecto de 2015, mientras que el coste laboral por trabajador se mantuvo estancado. Y, claro está, cuatro nuevos millonarios españoles, hasta un total de 25, pasaron a engrosar la lista de los asquerosamente ricos de Forbes. 

El informe “español” es obra de José Moisés Martín Carretero, un economista por la Autónoma de Madrid y “activista social y político” de izquierdas muy conocido en el mundo de las ONG, alto cargo que fue de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) con el Gobierno Zapatero. El prólogo se debe a Joaquín Estefanía (¡Son el 1%!), alumno dilecto de Stiglitz y uno de esos intelectuales orgánicos, progres irredentos, cuya presencia resulta inevitable en cualquier sarao destinado a criticar duramente las injusticias de un sistema en el que esa sedicente elite vive y reina en absoluto confort.

Ideología marxista en vena

"El boom de los milmillonarios no es signo de una economía próspera, sino un síntoma del fracaso del sistema económico. Se explota a las personas que fabrican nuestras ropas, ensamblan nuestros teléfonos y cultivan los alimentos que consumimos para garantizar un suministro constante de productos baratos, así como para engrosar los beneficios de las grandes empresas y sus adinerados inversionistas”, lamenta José María Vera, director general de Oxfam Intermón, una organización que en 2017 ingreso más de 102 millones (63% fondos privados; 37% fondos públicos), el 15% de los cuales se fueron en gastos de personal, y que, según su propia promo, cuenta con 236.000 “socios, socias (sic) y colaboradores económicos”, 2.041 empresas y organizaciones sociales, 70.922 activistas (?) y 2.888 trabajadores, 1.158 de los cuales son remunerados y el resto voluntarios.

Como si del programa de un partido político se tratara, la filial española de Oxfam critica con dureza la precarización del mercado laboral “que ha permitido a los empresarios bajar unilateralmente los salarios”, apunta con justicia a las mujeres como principales afectadas por los contratos temporales y a tiempo parcial, y se atreve incluso a denunciar “un injusto sistema fiscal” como responsable de “alimentar la actual crisis de desigualdad”, reclamando al Gobierno un plan para “garantizar una fiscalidad progresiva”. 

Y una de marxismo leninismo en estado puro: “El elemento fundamental de la persistencia de esta desigualdad tanto en el mundo como en España es el desigual reparto en las ganancias de la actividad económica que persisten en manos de los dueños de capital a costa de la precarización del mercado laboral, donde los salarios y las condiciones laborales cada vez son peores”. 

La izquierda marxista, incapaz a estas alturas de defender la causa del comunismo a palo seco, parece haberse refugiado hoy en estas ONGs –hasta Cáritas participa de tales postulados- convertidas en grandes dispensadores de ideología del más rancio igualitarismo por decreto, de la crítica al empleo precario, y la censura a los vicios de un libre mercado que, muy a su pesar, ha logrado enormes avances en la reducción de la pobreza y el paralelo crecimiento del bienestar de miles de millones de seres humanos en todo el planeta.

Convertidas en uno de los instrumentos más poderosos y opacos de la escena global, determinadas ONGs han logrado monopolizar “causas sociales” en apariencia más que justas para monetarizarlas al servicio de una estructura de poder e influencia opaca las más de las veces, con el resultado de mediatizar la estrategia de las empresas y de sus propietarios, los accionistas, que para aliviar su mala conciencia “generosamente” les surten de fondos con los que cumplir los fines caritativos para los que en teoría fueron creadas. 

Algunas de esas grandes empresas han llegado a quejarse de haber recibido presiones cercanas al chantaje cuando han querido alterar la relación de dependencia que mantenían con la ONG, para toparse con la imposibilidad de escapar del círculo de hierro que hoy supone enfrentarse a estas multinacionales (Médicos sin Fronteras cuenta con 42.000 personas en plantilla, cifra que supera Oxfam) de la caridad dotadas de un enorme poder de intimidación mediático en un mundo en que el anticapitalismo ha emergido con gran fuerza.

Grupos de presión no sometidos a control democrático

Con las excepciones de rigor, las ONGs son en estos momentos unas organizaciones que reciben ingentes recursos de empresas privadas y Gobiernos, una parte importante de los cuales se quedan en el camino sin llegar nunca al destino de miseria que pretendían aliviar, como ha venido a demostrar lo ocurrido precisamente en Haití tras su devastador terremoto. 

Parte importante de los ingresos se destina a financiar una nomenclatura costosa que maximiza su nómina y su poder, hasta el punto de que algunas organizaciones a duras penas logran destinar el 50% del dinero captado a sus supuestos beneficiarios. Recibiendo buena parte de sus ingresos mediante subvenciones y ayudas directas o indirectas por parte de los poderes públicos (España dedicó en 2017 hasta 2.450 millones en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), lejos de los 5.015 presupuestados en 2009 por el Gobierno Zapatero, venga alegría, cuando la crisis ya hacía estragos en España), la idea de que las ONGs son una manifestación de la sociedad civil es una pura entelequia desmentida por la realidad. En la actualidad, son apenas grupos de presión con una agenda política y financiera propia no sometida al control democrático ni del mercado.

Su desmesurado crecimiento, en paralelo a su capacidad de presión, es también una expresión del complejo de inferioridad moral de la gran empresa, del gran empresario, de los dueños del capital, del capitalismo en suma. Todos han cedido al chantaje de esas instituciones convencidos de que la obtención de un beneficio y el suministro de bienes y servicios de la mejor calidad y al mejor precio, objetivo básico de toda empresa en cualquier mercado liberalizado que se precie, no es un argumento de base bastante, de peso suficiente para obtener respetabilidad social. 

En el fondo, a eso se dedican estas pomposas ONG capaces de dar clases de moral al más pintado: a explotar la mala conciencia de empresas y Gobiernos, el complejo de culpa de un capitalismo asilvestrado de ideas, mientras se emplean con verdadero ahínco en crearle un entorno hostil en el que cada día le resulte más difícil operar. El escándalo de los ejecutivos de Oxfam en Haití, gastando en prostitutas el dinero de sus mecenas, debería ayudar a romper el velo de silencio que rodea a estos insensatos profetas de ese dicho tan nuestro según el cual la caridad bien entendida empieza por uno mismo.

(*) Columnista

https://www.vozpopuli.com/opinion/ONG-Oxfam-multinacionales-caridad-fraude-Haiti-Escandalo-Foro-de-Davos-capitalismo_0_1109889189.html

La levadura de la CUP / Ramón Cotarelo *

Y volvió a decir: «¿A qué compararé el reino de Dios?

Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado». (Lucas, 13: 20-21).

La CUP es la levadura que está haciendo fermentar la revolución catalana por dos vías, una positiva por cuanto simboliza la coherencia entre la teoría y la práctica y la fidelidad a los compromisos; la otra, negativa, por cuanto desmonta las estrategias represivas del Estado, especialmente en vía judicial.

La brava declaración de Mireia Boya ante el juez Llarena desmontó la estrategia de este de establecer una oscura relación entre las convicciones ideológicas de las acusadas y su suerte procesal. Boya quedó en libertad sin medidas cautelares a pesar de reafirmarse en su ideología independentista. 

 

El B155 judicial pretende justificar su estrategia afirmando que ese resultado demuestra precisamente que el Tribunal no es inquisitorial, que no se procesa a la gente por sus ideas, sino por presuntos delitos. El problema es que Boya se encuentra a este respecto en idéntica situación a los Jordis ya que si estos se subieron al techo de unos vehículos oficiales, también lo hizo Boya y si Boya está en libertad, en libertad debieran estar los Jordis. 

 

Es tan flagrante la contradicción que algunos analistas la atribuyen a un cálculo político de Llarena, el de dejar en libertad a Boya, pieza menor, en espera de echar el guante a Anna Gabriel, De ser esto cierto, aun sería peor.

Ahora es el turno de Anna Gabriel, cuya decisión respecto a su cita judicial el próximo 21, tiene pinta de incidir en el mismo palo judicial pero con aspectos de interés que pueden llevar la masa a un nuevo punto de fermentación. Se trata de una variante del tema del exilio. Y en Suiza, que no es país de la UE, lo cual, supongo, ahorra a los jueces españoles la navette de la euro-orden. Si Gabriel finalmente no comparece y es declarada en busca y captura, habrá que recurrir a la extradición o a la Interpol o al alguacil pregonero. 

 

La macrocausa política contra el independentismo lleva camino de verse en diversos escenarios y con muchos acusados en situación de rebeldía. Eso quizá ahorre al juez la necesidad devanarse más los sesos sobre la rebeldía de que quiere acusarlos, a base de encontrar un concepto tan eficaz de violencia que incluya la no violencia.

Son levadura. También catalizadores que aceleran el proceso por la legitimidad que aportan. Es rasgo de esta revolución catalana la aparente paradoja de que sean los antisistema quienes operan como factor de aglutinación y legitimación. Dan una nota de autenticidad que tiene mucha fuerza. La transversalidad del movimiento, la unidad de acción del independentismo de raíz burguesa con la izquierda republicana y la unidad popular, que las izquierdas españolas dicen no comprender, es el meollo de este movimiento. 

Hay en la acción de la CUP no solamente un objetivo actual y claro sino también un ajuste de cuentas con el pasado, del que sale la intención de no repetir los errores de 1937, cuando las gentes situadas en la misma constelación de la izquierda revolucionaria se enfrentaron entre sí en lugar de hacerlo contra el enemigo común. La República Catalana no tiene enemigos dentro, sino fuera de ella.

 

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

17-A, el derecho a saber la verdad / José Antich *

Se han cumplido este sábado seis meses de los atentados yihadistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils en los que perdieron la vida quince personas y que lamentablemente han marcado durante este tiempo la vida política y económica de Catalunya. 

Una masacre terrorista de la que desconocemos casi todo, ya que al poco tiempo del éxito policial de los Mossos se inició contra el cuerpo la campaña de descrédito más despiadada que ha padecido nunca un cuerpo policial. 

Lo cierto es que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, fue desposeído del mando por la actuación del cuerpo en el referéndum del 1 de octubre, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, permanece en prisión y la policía catalana tiene una dependencia jerárquica del Ministerio del Interior.

No han prosperado las comisiones de investigación ni en el Congreso de los Diputados ni en el Parlament y la oscuridad más absoluta se cierne sobre uno de los principales interrogantes de aquel 17 de agosto: ¿cuál era la relación entre el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty y el CNI? ¿Era confidente del CNI cuando se produjeron los atentados? ¿Se hubieran podido evitar si los servicios de seguridad del Estado hubieran informado a la policía catalana de la condición del imán de Ripoll?

Lo más llamativo del caso es que todas estas preguntas parecen no interesar a nadie. Solo al independentismo catalán, que ha planteado con poco éxito en las Cámaras preguntas parlamentarias. ¿Cómo es posible que ni Ciudadanos ni el PSOE quieran saber la verdad? Este muro de silencio político lo único que hace es sembrar de dudas la actuación del Ministerio del Interior y del CNI. 

La pérdida de vidas humanas y la enorme conmoción que se produjo en toda Catalunya obligan a todos a esclarecer la verdad. Cuando se cometieron los atentados de marzo de 2004 en Madrid no había espacio de la vida pública, política, mediática e intelectual que estuviera en la órbita del Partido Popular que no abogara por descubrir la verdad.

¿Por qué ahora es mejor el silencio que la verdad? No deberíamos conformarnos con esta respuesta.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-17-a-el-derecho-a-saber-la-verdad_240162_102.html 

Los afectados de la CAM, a por Luis de Guindos

ALICANTE.- Los afectados por el pufo de las cuotas participativas de Caja Mediterráneo no se rinden y han presentado ante la Audiencia Nacional nuevas alegaciones para reabrir una causa que ha sido archivada hasta en cuatro ocasiones por no hallar indicios de delito en la comercialización de un producto que dejó sin ahorros a miles de clientes de la entidad, según revela hoy El Mundo en su edición de Alicante. 

La Plataforma CAM, a través del abogado Diego de Ramón, considera que la emisión de estos títulos -similares a las acciones pero sin derechos políticos- fue una estafa masiva orquestada por la cúpula de la Caja para recapitalizar la entidad en un momento, 2008, en el que se flirteaba con la quiebra.

Y en esa operación, a juicio de los afectados, tuvo un papel relevante el entonces jefe de Lehman Brothers en España, Luis de Guindos, actual ministro de Economía y aspirante a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, un puesto que se juega esta misma semana en Bruselas. 

La Plataforma CAM sostiene en sus alegaciones remitidas al juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional que Guindos, cuya firma ejerció de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM, debe ser citado a declarar por su presunta responsabilidad en la «trama».

El colectivo ha presentado como prueba en el juzgado el vídeo del acto celebrado en mayo de 2008 en el recinto ferial IFA que sirvió a los directivos de la CAM para aleccionar e instruir a su red comercial en las tareas de venta y colocación de las cuotas entre su clientela. 

En ese acto, cuyo vídeo fue revelado por este diario, además de los principales directivos de la Caja, participó Luis de Guindos, que entre otras cosas, afirmó aquel día que se trataba de una operación que iba a «hacer historia en la economía española», que iba a quedar «en los libros de texto», que iba a ser «analizada en las escuelas de negocios y las universidades», y que la plantilla de la Caja encargada de vender las cuotas podría «alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo» sus competidores.

La prueba nueva

Para el colectivo que reúne a cientos de personas que perdieron su dinero, el contenido del vídeo, que refleja las instrucciones de María Dolores Amorós (directora general adjunta) al personal para vender las cuotas, «es absolutamente revelador, en el sentido de que acredita la trama urdida desde la dirección de la CAM para la colocación masiva de un producto de riesgo, como son las cuotas participativas entre sus clientes, con independencia de su aptitud o no para ser titulares de las mismas, ocultando su verdadera naturaleza y condiciones, con el objetivo de asegurar una ganancia segura para la entidad».

De Ramón también ha solicitado a la Audiencia Nacional que vayan a declarar Emilio Ontiveros, presidente en aquella época de Analistas Financieros Internacionales, que intervino igualmente en el acto como asesor financiero de la caja en la operación; el exdirectivo de la CAM, José Pina, y la periodista Marta Fernández, que presentó el evento.

El abogado mantiene en su escrito que «esta nueva prueba -el vídeo del acto de IFA- acredita la existencia de un plan pre ordenado por parte de la dirección de la CAM tendente a la recapitalización ante la situación de crisis real de la entidad, por lo que procede la reapertura de la causa al objeto de la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que procedan».

La gran distribución mantiene en España su relación comercial con 'El Pozo' aunque algunas marcas en vigilia

MADRID.-   Los principales establecimientos de la gran distribución continúan ofreciendo en España en sus lineales productos elaborados por ElPozo y supuestamente mantienen sus relaciones comerciales con la empresa murciana, que ha visto cómo supermercados belgas y alemanes ya retiraban temporalmente sus referencias hasta aclarar si garantiza el bienestar animal.

Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl, Alcampo y Aldi tienen acuerdos con la empresa murciana. Algunas de estas marcas, caso de Dia y Lidl, incluso como proveedor de sus marcas blancas. Sin embargo, la de procedencia alemana Aldi, ha precisado que se encuentran estudiando y analizando si ElPozo sigue con los estándares de calidad que ellos exigen.

También Lidl ha trasladado a la cárnica murciana estar en contra de 'las prácticas inaceptables de maltrato animal como las que se reflejan en el reportaje de Salvados".

Y añade: "Como empresa exigimos a nuestros proveedores el cumplimiento de la normativa vigente, los más altos estándares de calidad y también estrictos controles para garantizar el bienestar animal, principios todos ellos irrenunciables para nosotros".
La de origen alemán Aldi ha ido más allá al anunciar que será ella misma la que vigile todo el proceso muy pronto.
"Ya trabajamos para decidir una política propia sobre bienestar animal, que priorizará el control y seguimiento de los productos cárnicos, lácteos, embutidos y huevos".

También con cuidado extremo parece que van a escuchar las grandes empresas de la distribución germana, como son el Grupo Rewe o la cadena de supermercados Edeka, lo que tenga que decir El Pozo sobre la incómoda situación en que le han puesto las imágenes del programa “Salvados: 'Stranger Pigs'”. 

En ese reciente programa del periodista Jordi Évole, se mostraban instalaciones de una granja de cerdos donde los animales parecían carecer de los cuidados más básicos. Los había con malformaciones y visiblemente enfermos.

“Las imágenes grabadas por Igualdad Animal (emitidas en el programa de Évole) de la granja de engorde de cerdos en el sur de España son chocantes y conmocionan”, dicen a El Español desde el Grupo Rewe, con sede en Colonia (oeste alemán).

En Alemania, compañías como el Grupo Rewe o Edeka, la mayor red de comercio minorista del país de Angela Merkel, están muy pendientes del expediente de investigación interno abierto tras el escándalo generado por el estado de los animales visto en la granja de los Hermanos Carrasco.

“Las imágenes emitidas no se corresponden en modo alguno con nuestra pretensión de un trato animal aceptable”, dicen a El Español desde Edeka, con sede en Hamburgo. “Por eso hemos pedido a El Pozo que se posicione”, aseguran.

Dispuestos a terminar la relación comercial

En el Grupo Rewe tienen similares expectativas. “Esperamos que las acusaciones queden aclaradas próximamente y sin dejar lugar a dudas”, aseguran desde la empresa en Colonia, que contempla ponerse en lo peor. “Si se confirmaran las acusaciones [de maltrato animal] contra “El Pozo” tomaríamos acciones de inmediato y terminaríamos nuestra relación comercial con la compañía”, aseguran.

“Por cuestión de principios, el Grupo Rewe no tolera ninguna violación sobre el trato a los animales, independientemente de que lo cometa un proveedor o una empresa contratada para ello”, abundan. Esos mismos principios, dicen, son los que explican que los supermercados Penny y Rewe dejen de comprar productos de El Pozo de manera provisional.

La red de supermercados de Edeka no compra como tal productos a El Pozo. “Pero debido a nuestra estructura cooperativa, sin embargo, es posible que se ofrezcan artículos [de El Pozo] a nivel regional, en supermercados individual de Edeka”, abundan desde esta empresa, cuyo volumen de negocio anual ronda los 50.000 millones de euros, algo menos que el del Grupo Rewe (unos 55.000 millones de euros).

Para El Pozo, la situación en suelo germano aún parece estar lejos de alcanzar el extremo visto en Bélgica. Allí las cadenas de supermercados Colruyt y Delhaize retiraban esta semana sus productos de la marca española, tras producirse las acusaciones contra la compañía de Alhama de Murcia. Pero eso no quiere decir que El Pozo no tenga que despejar dudas en Alemania, que constituye uno de los mercados más importantes de Europa.

María Giménez: "La Región, y Lorca especialmente, se merecen una planificación del sector ganadero"

LORCA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez ha informado en Lorca de la iniciativa que Podemos llevará al parlamento regional para promover la planificacion de las granjas del sector porcino de modo que sea compatible con los diferentes usos y actividades que se den en las zonas donde se den estas explotaciones ganaderas.

María Giménez, ha explicado en Lorca, que esta iniciativa tiene como objetivo la elaboración de un Plan Regional de Ordenación del sector ganadero así como establecer unas directrices territoriales de estas explotaciones industriales, de modo que "en lugares como las pedanías altas del Lorca, donde están proyectadas nuevas instalaciones de granjas de cerdos, esta actividad pueda ser compatible, con otras que en están emprendiendo estos vecinos, como es el turismo rural y etnográfico"

Así, ha indicado, los diferentes sectores, pueden convivir, de una forma planificada, que supondría también una diversificación económica para muchos lugares, especialmente para Lorca, que cuenta con una importante peso dentro del sector porcino, que ha de hacer compatible con el rico patrimonio natural y etnográfico que posee y que supone una importante fuente de ingresos en el municipio.

María Giménez, ha señalado que la semana que viene, que se debate esta iniciativa, espera que se sumen el resto de grupos políticos, ya que "nos jugamos el futuro del sector de la ganadería, que no puede caer en la falta de planificación a la que nos tiene acostumbrados el gobierno del PP en todas las actividades económicas como la agricultura".

Finalmente ha señalado que "es preciso un mejor gobierno de la ganadería y los recursos que precisa, que hasta ahora se ha mostrado inexistente. La magnitud del sector, la complejidad de sus infrestructuras, el tratamiento de los purines y las enormes necesidades de agua y energía hacen necesarias fórmulas de ordenación que las hagan compatibles con otros usos del suelo, la conservación del medio ambiente y las condiciones de vida en nuestro medio rural".

MC demanda la dimisión de la alcaldesa de CT o que el PSOE regional ponga orden al constatarse irregularidades en la modificación de las tarifas del agua

CARTAGENA.- Una vez se se conoció que la alcaldesa de Cartagena había convocado una Junta de Gobierno Extraordinaria, cuyo primer punto del orden del día es: "Subsanación y consiguiente convalidación, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de diciembre de 2017, de aprobación de nuevas tarifas de agua potable, tasas para la autorización de acometidas y servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales y tarifas de conservación de acometidas y contadores para el ejercicio 2018, y aceptación de la documentación presentada por Hidrogea, que confirma el referido acuerdo", sorprendentemente, cerca de las 15:00 horas, la Oficina del Gobierno municipal ha comunicado vía mail la convocatoria de una Junta de Gobierno extraordinaria para el próximo lunes, a partir de las 16:00 horas, en la que se tratará este punto. 

"Una vez más, se manifiesta el absoluto desprecio de Castejón por los trámites administrativos. Se trata de una modificación del acuerdo de 29 de diciembre de 2017 que Castejón preparó en dos días para Hidrogea, en contra del cuál votó MC por diversas irregularidades y, esencialmente, porque la alcaldesa ocultó el expediente", dice MC.

Ante esta noticia, la viceportavoz del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García, ha manifestado que "la alcaldesa reconoce que el acuerdo que denunciamos en su día era irregular, habla de subsanación y aceptación de nuevos documentos de la concesionaria en un acuerdo que ya anunció en rueda de prensa con el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, comparecencia que mes y medio después se demuestra que fue un teatro".

García ha afirmado que "Castejón cesó a MC y rompió de modo definitivo el pacto de gobierno porque denunciamos la irregularidad del acuerdo, y ahora ella misma la reconoce y la subsana con documentos de la concesionaria. Ello cuatro días después de que un juez la investigue por vulneración de derechos fundamentales y sin resolver nuestro recurso de reposición".

La representante de la formación cartagenerista ha señalado que "ya hemos solicitado el acceso al expediente de la Junta, pero a falta de conocer los pormenores del acuerdo, es el momento de que Castejón dimita y pida perdón a todos los cartageneros y, por supuesto a MC, por haber mentido, por haber traicionado y por trabajar para la concesionaria. Como dijo José López, o es incapaz o es corrupta, y el tufillo del acuerdo que hoy propone es a ambas cosas".

Isabel García ha hecho un llamamiento al PSOE regional y a su líder, Diego Conesa, al que ha animado "a coger el toro por los cuernos y adoptar decisiones firmes y valientes en defensa de los ciudadanos de Cartagena y de una credibilidad que su partido ya no tiene".

Además, ha requerido a Conesa para que "si 'apaños' Castejón no dimite, la cese de modo inmediato y vuelva a la senda de la legalidad y el respeto a los pactos, reintegrando a todos los concejales de MC en sus funciones y competencias, y proponiendo un alcalde alternativo de entre los concejales socialistas".

La concejal de MC ha destacado que "esta alcaldesa puso el Ayuntamiento al servicio de las concesionarias hace siete meses; ha preferido bloquear la gestión municipal y regalar el dinero de los cartageneros que importunar a las concesionarias, quien sabe por qué turbios intereses".

"Este capítulo debe ser el epitafio de esta triste historia de incapacidades, traiciones y clientelismo político, encabezada por el PSOE y avalada por Ciudadanos y el PP, con el único afán de evitar que MC siga recuperando millones de euros de los cartageneros con una gestión responsable", ha concluido García.

El pasado 29 de diciembre de 2017, durante la sesión de la Junta de Gobierno, la alcaldesa impuso con su voto de calidad la aprobación de un acuerdo de revisión de tarifas del agua, que había sido introducido vulnerando las normas en el orden del día el 28 de diciembre.

Los ediles de la formación cartagenerista advirtieron el día anterior y el mismo día de la Junta de las irregularidades, solicitando que se les pusiera a disposición el expediente para conocerlo antes de votar, a lo que la alcaldesa se negó, aprobando un expediente de más de 40 millones de euros tramitado en dos días y ocultado a la mitad del Gobierno municipal.

Los concejales de MC pertenecientes a la Junta de Gobierno, Francisco Calderón, Ricardo Segado y María José Soler, recurrieron al Juzgado para que se reconociera esta vulneración de su derecho constitucional, recogido en el art. 23.1 de la Constitución Española, a conocer los asuntos en los que tiene que votar.

En la vista celebrada el pasado martes 6 de febrero, el Magistrado escuchó a ambas partes y a la Fiscalía, que se adhirió a la solicitud de los concejales de investigar la actuación de Castejón y el PSOE, siendo notificado el Auto el pasado lunes 12 de febrero.

En concreto, se investigará si Ana Belén Castejón, con su acelerado procedimiento de dos días, la imposición de su acuerdo y la ocultación del expediente, ha infringido este derecho constitucional.

La Policia Local efectuará una campaña especial de seguridad en el transporte escolar y de menores en CT

CARTAGENA.- La Policía Local de Cartagena realizará desde el lunes 19 al 23 de febrero, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, una campaña especial de tráfico de seguridad vial en transporte escolar y de menores. El objetivo principal de la misma es evitar los accidentes que se producen en el ámbito del transporte escolar en el término municipal.

El 90% de los accidentes que se producen durante los trayectos del transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo, o en los instantes inmediatos. En muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción del menor, del conductor del transporte escolar o de los acompañantes.

Por ello, la Policía Local va a prestar una especial atención a los vehículos de transporte escolar, donde los agentes realizarán inspecciones sobre estos autobuses (autorizaciones y documentos, condiciones técnicas y elementos de seguridad, cinturones y sistemas de retención) y sobre los conductores (permiso de conducción, tiempos de conducción y descansos), especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas.

Los controles se realizarán en todo el término municipal, garantizando así una mayor seguridad vial de todos los conductores que circulan por la vías de Cartagena.

MC Cartagena pedirá auxilio al Defensor del Pueblo "si Castejón y sus cómplices continúan boicoteando su labor"

CARTAGENA.- La viceportavoz del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García, ha salido al paso para desmontar "el ejercicio de cinismo del portavoz popular Francisco Espejo, quien, a falta de ganas de trabajar en propuestas de gestión y de mejora de la vida de los vecinos, se dedica a realizar una torpe labor de oposición a nuestro grupo, que ya no tiene responsabilidades de Gobierno".

García ha lamentado que el PP de Cartagena "le 'baile' el agua al PSOE. En este caso, por desgracia, no en sentido figurado. Espejo contribuye a incrementar la mentira de Obdulia Gómez en relación a la carencia de espacio y medios para que nuestro Grupo municipal pueda desarrollar su trabajo".

La viceportavoz de la formación cartagenerista se ha preguntado "si la declaración pública de Gómez acerca de los ordenadores que dispone cada partido obedece a una incapacidad de sumar hasta diez, o si se debe a un caso de incipiente mitomanía, el mal del mentiroso compulsivo".

"Las cuentas salen claras. El Grupo municipal MC tiene un ordenador por cada asesor y secretario, como es lógico. Después, dispone de otros dos equipos que son utilizados por su portavoz y la edil liberada, mientras que el octavo se lo reparten los tres concejales restantes que, en el caso de MC, también trabajan día a día. Además, recuerdo a la señora Gómez que nuestros asesores y secretarios trabajan y viven en Cartagena, ninguno de ellos lo hace en Madrid", ha argumentado Isabel García.

Ante esta coyuntura, y el problema de espacio real que sufre el Grupo municipal MC, García ha invitado a Espejo y Gómez a que "se den una vuelta por nuestro grupo y comprueben cómo siete personas se reparten tres mesas. Lo sobrellevamos porque nosotros sí trabajamos en equipo y sin divisiones. Con esa visita entenderían que lo único que solicitamos son condiciones adecuadas de trabajo, propias del siglo XXI, y no de hacinamientos del pasado".

En contraposición a este hecho, Isabel García ha remarcado que, "al tiempo que la alcaldesa socialista nos niega un espacio donde atender al ciudadano, mantiene en su 'torre de marfil' a un único empleado del Grupo socialista, desperdiciando recursos y un despacho claramente infrautilizado".

De no solventarse esta situación, "nos veremos obligados a solicitar el auxilio del Defensor del Pueblo para que se nos permita continuar con nuestra labor de servicio público y atención al ciudadano, a lo que se niegan Castejón y sus cómplices".

La viceportavoz de MC ha recordado al PP local que la formación cartagenerista "habla con hechos. Realidades como la bajada de sueldos de los concejales que impulsó el alcalde López, la renuncia a mi sueldo como portavoz del Grupo, la publicación de todos los contratos públicos, la limitación de la capacidad de los concejales para contratar directamente, etc."

Para finalizar, Isabel García ha instado a Espejo "a hacer oposición al Gobierno, y nosotros ya no lo somos. Una cosa es el circo y otra el servicio público. Entendemos que no encajamos en el reparto del pastel que han mantenido durante más dos décadas. Existen situaciones más graves de las que preocuparse, como la inexistencia, no ya de Presupuesto, sino de borrador, para comenzar el debate. A nosotros no nos ha llegado, quizá porque hemos rechazado participar en su fiesta, la del agua".

'Ahora Murcia' pide que el Ayuntamiento apoye la manifestación de la 'Marea Blanca' del 1 de marzo

MURCIA.- Los grupos municipales de PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia han presentado una moción al Pleno pidiendo que el Ayuntamiento apoye la manifestación que la plataforma ciudadana Marea Blanca ha convocado para el próximo 1 de marzo. La Marea Blanca la conforman más de medio centenar de colectivos de profesionales sanitarios, sindicatos, asociaciones de usuarios y pacientes, y formaciones políticas.

Los grupos de la oposición señalan que "nuestro Ayuntamiento tiene que velar por garantizar a sus vecinos y vecinas el acceso a unos recursos sanitarios de calidad y en igualdad", además de tener legitimidad "para exigir a las administraciones competentes recursos sanitarios suficientes para prestar una atención en condiciones a sus vecinos, y el deber de apoyar las justas reivindicaciones de profesionales y pacientes".

La plataforma ciudadana Marea Blanca se moviliza ante el deterioro de la sanidad pública que estamos viviendo en nuestra Región, ocasionado por los recortes y la falta de planificación eficaz, y exige una sanidad pública de calidad y un sistema sanitario sostenible que tenga como una de sus prioridades acabar con las desigualdades sociales en salud.

Entre las reivindicaciones de los colectivos que conforman la Marea Blanca se encuentran la puesta en marcha de medidas eficaces para acabar con las largas listas de espera y con la saturación de hospitales y otros centros sanitarios; la apuesta decidida por la Atención Primaria; la gestión bien planificada y eficiente de los recursos propios, priorizándolos frente a las derivaciones a centros sanitarios privados; una mayor inversión en recursos humanos que acabe con las reducciones de plantillas y con la precariedad laboral; la creación de urgencias extrahospitalarias (urgencias pediátricas y SUAPs); y la eliminación del copago para pensionistas y familias en situación vulnerable.

La CARM construirá un tanque ambiental en Totana que permitirá poner más agua a disposición de los regantes

MURCIA.- La Comunidad Autónoma iniciará este año la construcción de un tanque ambiental y una balsa de laminación en Totana, lo que permitirá recoger los caudales excedentes de la red de saneamiento, que serán impulsados a la depuradora del municipio para el adecuado tratamiento y posterior uso en el regadío de la zona. Actualmente, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) ya pone a disposición de los regantes 800.000 metros cúbicos para el riego de 340 hectáreas.

Así se lo ha anunciado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, a representantes de la comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura de Totana, con quienes ha mantenido una reunión y tras lo que apuntó que "el proyecto va encaminado a no desaprovechar una sola gota de agua".

"Estas infraestructuras -añadió Jódar- posibilitarán recoger, laminar y conducir a la Edar las primeras aguas de lluvia; permitirán ampliar la red de recogida de pluviales existentes y evitar que se desborde el agua de los pozos de saneamiento". Una vez en el depósito pasarán a la depuradora para su posterior tratamiento.

El tanque ambiental se emplazará aguas arriba de la Edar, en la misma parcela. Esta ubicación hará que sirva como elemento de regulación de los excesos de caudal que entran en la depuradora, evitando así los vertidos al cauce público.

El volumen útil de retención del tanque será de 3.102 m3, con una distribución en 6 vasos independizados entre sí de aproximadamente 516 m3, y cuyo llenado se realizará de manera sucesiva. Esto aumentará la eficiencia energética en el lavado de los vasos, al no tener que utilizarse necesariamente todo el volumen del tanque.

Por otra parte, la balsa de laminación se emplazará junto a la balsa existente de la comunidad de regantes del Trasvase Tajo-Segura de Totana, en un punto intermedio entre el tanque ambiental y el emisario al río Guadalentín procedente de la Edar, lo que permitirá que, en caso de que el volumen de almacenamiento del conjunto tanque-balsa se vea superado en episodios de lluvia torrencial, se evacuen las aguas excedentes a través del emisario al río Guadalentín, en condiciones de dilución adecuadas.

El volumen útil de retención de la balsa, que se ejecutará mediante el vaciado del terreno existente, será de 14.575 m3.

Las balsas de laminación almacenan las aguas residuales en momentos puntuales en los que fallan los sistemas de bombeo y, ante un fallo eléctrico, evitan vertidos al almacenar el agua de la red y dan tiempo a que se pueda solventar el problema.

C's pide una reactivación de las Cercanías regionales e información sobre la circunvalación de mercancías de MU

MURCIA.- Ciudadanos ha pedido explicaciones en el Congreso de los Diputados al Ministerio de Fomento a cuenta del servicio de Cercanías en la Región. Los diputados Miguel Garaulet y José Luis Martínez han registrado un total de 15 preguntas al Ejecutivo, relativas tanto a la línea que uniría Murcia con Cartagena como a la electrificación de las líneas C1 y C2, que unen la capital con Beniel y el Valle del Guadalentín. Los diputados naranjas consideran que Fomento “está completamente cegado con el AVE y deja olvidada una alternativa que por la configuración de nuestra Región podría ofrecer un gran servicio a la población”.

A su juicio, el mejor ejemplo lo representa la línea que conectaría Murcia con Cartagena tras acometer las necesarias obras de mejora y electrificación. La Asamblea Regional ya pidió en mayo de 2017 a Fomento por unanimidad y a propuesta de Ciudadanos la implantación de esta conexión entre las dos grandes ciudades de la Región, que ahora solo cuentan con cinco servicios regionales con una duración del trayecto que ronda los 50 minutos. 

“Es un servicio insuficiente, caro y que además no cuenta con horarios optimizados por ejemplo para canalizar el trasiego de estudiantes de ambas ciudades tanto a la UMU como a la UPCT, porque el primer regional proveniente de Cartagena llega a Murcia a las 9.34”, ha criticado el diputado José Luis Martínez.

“El ministro de Fomento descartó de un plumazo durante su reciente visita la la implantación en Cartagena de un servicio de Cercanías con más conexiones con Murcia y más baratas. Es algo incomprensible, que va incluso en contra del criterio de la Universidad Politécnica de Cartagena, que viene reivindicando desde hace años el aumento de la frecuencia de trenes y rebajas en el billete”, ha apuntado Martínez.

Respecto a las líneas C1 y C2, Ciudadanos ha pedido tanto su electrificación como una mejora de los trenes usados en las mismas: “Sin electrificación y con trenes obsoletos como los de la serie 592, un viaje entre Murcia y Águilas dura casi dos horas, mientras llegar a Murcia desde Lorca supone otra hora. Si además sumamos que solamente hay tres servicios diarios para toda la línea, nos encontramos con un servicio claramente infrautilizado”, ha explicado el diputado naranja. 

La C2 parte de El Carmen y hace paradas en Librilla, Alhama de Murcia, Totana, La Hoya, Lorca, Puerto Lumbreras, Almendricos, Pulpí y Jaravía antes de llegar a Águilas tras un trayecto de 118 kilómetros, “si se acometiera su mejora vertebraría mejor el territorio y sería una clara alternativa a otros medios de comunicación para una población de más de 600.000 habitantes”.

AVE y baipás de Alcantarilla

Además de las Cercanías, los diputados de Ciudadanos han inquirido al Gobierno a que dé respuesta a cuestiones relacionadas tanto con el AVE como al conocido como baipás de Alcantarilla. 

“Una vez que el ministro se comprometiera a reactivar el estudio informativo para sacar las vías del centro, queremos saber si esta intención está respaldada por el Gobierno a través de un calendario de plazos concretos y de presupuesto para la realización de las obras”, ha destacado Miguel Garaulet: “Desde Ciudadanos consideramos que las promesas deben estar reflejadas en plazos y consignaciones concretas. La situación de los vecinos de Alcantarilla en su convivencia con el ferrocarril es muy difícil, por lo que es imprescindible impulsar acciones que faciliten una mejor calidad de vida a través de la integración ferroviaria”.

Respecto al AVE, Garaulet ha querido poner sobre la mesa la “necesaria circunvalación de mercancías para Murcia que impondría la llegada de la Alta Velocidad”, y ha solicitado al Gobierno información sobre la evaluación y licitación del proyecto: 

“De nuevo nos encontramos con una obcecación obsesiva con el AVE, y nos tememos que no se están teniendo en cuenta sus consecuencias, que en caso del tráfico de mercancías podría provocar un cuello de botella”, ha advertido el diputado nacional.

El Carmen murciano dispondrá de las primeras cámaras de videovigilancia que se instalan en un barrio

MURCIA.- El 13 de marzo finaliza el plazo para la presentación de ofertas del proyecto para la instalación de videovigilancia en diversas calles del barrio de El Carmen. El proyecto, que fue aprobado por Junta de Gobierno, es la primera iniciativa que se licita en el proyecto de Smart city de la estrategia DUSI, y su instalación permitirá disponer de información en tiempo real de las incidencias en las calles, para así mejorar la eficiencia en la gestión.

El principal objetivo de esta iniciativa, solicitada por los comerciantes del barrio y que fue trasladada a la Junta Municipal, es incrementar la sensación subjetiva de seguridad y disuadir de la comisión de infracciones, además de controlar el tráfico en la zona para dar respuesta a las necesidades concretas.

Para ello se instalará un novedoso sistema de 15 videocámaras de última generación en distintas calles. Se pretende cambiar el concepto de cámaras de vigilancia, como equipos que meramente captan imágenes, a un sistema inteligente de videosensores que, mediante analítica de vídeo, sean capaces de informar en tiempo real del estado de la ciudad y, de esta forma, mejorar la eficiencia en su gestión. 

Se trata de una iniciativa promovida a través de la colaboración público-privada, empresa y universidad, para lograr ser pionera en el ámbito de las Smart Cities adaptando la tecnología a las necesidades concretas del municipio y sus singularidades.

De esta forma, la gestión de los eventos de imágenes de videovigilancia se realizará en la sala de Control de Policía Local de forma inteligente, contribuyendo así a ‘asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública’, explicó Lola Sánchez, concejala de Tráfico y Seguridad.

Las cámaras, cuya ubicación estará señalizada, grabarán imágenes que sólo podrán ser vistas por Policía Local y que se borrarán una vez que se observe que no existe ninguna comisión de delito. En el caso de que se hubiera producido, se remitirá lo grabado a la autoridad judicial o administrativa para establecer las responsabilidades penales o administrativas que hubieran podido ocurrir.

Este sistema se instalará en la plaza González Conde, Paseo Marqués de Corvera esquina con calle Capuchinos, calle Sta. Úrsula esquina con calle Marqués de Ordoño, calle Capuchinos esquina con calle Mateos, calle Álvarez Quintero esquina con calle Capuchinos, calle Galdo esquina con calle Álvarez Quintero, calle Diego Hernández esquina con calle Santa Úrsula, calle Alarilla esquina con calle Pascual Abellán, Plaza Industria, calle Floridablanca esquina con Avda. Juan Antonio Perea, calle Cuartel de Artillería esquina con calle Cartagena, calle Cartagena esquina con calle González Cebrián, calle Aladreros esquina con calle Jumilla, entrada al Jardín Floridablanca por calle Hernández del Águila, y Jardín de Floridablanca lateral a calle Princesa.

Las cámaras serán profesionales de gama alta, de alta calidad en cuanto a imagen (color, ruido y resolución) en condiciones de oscuridad y compensación de contraluz. Esta experiencia piloto se desarrollará en El Carmen y se trasladará en posteriores fases a otros barrios del casco urbano.

La ciudad dispone actualmente de 28 cámaras instaladas en espacios públicos, pero en todos los casos se localizan en jardines como el parque escultórico Antonio Campillo, jardín de Fofó, jardín del Salitre, La Seda, jardín de la Constitución, Malecón, Ronda Sur y Tres Copas.

Jubilados y familias numerosas en 2017 realizaron gratis más de 1,5 viajes en las líneas interurbanas de autobús

MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde a la autorización del gasto de 2.950.000 euros a favor de Transportes de Murcia SL y Busmar SLU para subvencionar los bonos sociales del presente ejercicio.

Gracias a este convenio, jubilados, pensionistas y familias numerosas pueden hacer uso de las líneas interurbanas de autobús de forma gratuita o pagando un precio muy reducido por el billete.

Así, el Bono 100 (pensionistas y jubilados con pensión inferior al SMI) y el Bono de Familias Numerosas Especiales (con cinco o más hijos o cuatro de los que uno tiene alguna minusvalía) es de uso gratuito, para un máximo de 900 viajes totales anuales. 

En el caso de los Bonos de Familias numerosas de carácter General (de tres a cuatro hijos) las tarifas de cada viaje son de 50 céntimos de euro por viaje.

Para solicitar el Bono 100 es necesario presentar el certificado de empadronamiento, DNI vigente y el certificado de pensiones del año en curso, que acredite ingreso igual o inferior al SMI del año en curso

Por su parte, las familias numerosas tendrán que presentar el certificado de empadronamiento de los miembros de la familia, DNI de los miembros de la y el título oficial de Familia Numerosa en vigor expedido en el Ayuntamiento de Murcia.

Estos bonos se pueden obtener en el Paseo La Ladera 79, de Churra (Tranvía de Murcia); Edificio Abenarabi del Ayuntamiento de Murcia (Oficina de Transportes); Plaza Camachos, 1 (Transportes de Murcia), Punto de información de Lat en Avenida de La Libertad y Oficinas Centrales de Lat.

El pasado año se realizaron 1.064.738 viajes gratis con el Bono 100 y 484.184 con el de familias numerosas de categoría especial, mientras que se llevaron a cabo 393.055 con precios reducidos de familias numerosas de categoría general.

Salud quiere reducir un tercio el tiempo medio de espera para una operación

MURCIA.- La Consejería de Salud, a través del Servicio Murciano de Salud (SMS), quiere reducir un tercio el tiempo medio de espera para someterse a una operación, de forma que se reducirá de 95 a 65 los días de la espera media para una intervención quirúrgica. El objetivo es que en diciembre de este año la demora se haya reducido en 30 días.

Esta es una de las metas que figuran en los acuerdos de gestión que fijan los objetivos que han de cumplir este año todas las áreas de salud así como Gerencia de Salud Mental y la Gerencia del 061 y cuya firma por parte de todos los equipos responsables presidió el consejero de Salud, Manuel Villegas.

Se trata, en palabras de Villegas, de unos acuerdos "valientes y comprometidos y que nos ayudan a establecer unos objetivos consensuados". 

"Por primera vez se han adaptado a cada área de salud, a cada servicio y centro asistencial, y se han negociado con los propios profesionales", apostilló.

"Queremos que los ciudadanos sepan hasta dónde queremos llegar este año para mejorar la asistencia sanitaria y la optimización de los recursos públicos", subrayó Villegas, por lo que también este año, por primera vez, se harán públicos estos acuerdos de gestión con su publicación en el Portal de la Transparencia.

Estos acuerdos, detalló Villegas, están alineados con las líneas estratégicas que la Consejería se ha marcado para este año 2018 y se centran en cuatro líneas estratégicas principales que persiguen "ofrecer una mejor calidad asistencial, ganar en salud y un uso adecuado de los recursos que asegure la sostenibilidad de la sanidad que todos queremos". 

Estas líneas estratégicas son la accesibilidad de los ciudadanos al sistema sanitario, la prevención, la Atención Primaria y la Calidad Percibida por los usuarios.

Con respecto a la accesibilidad, el pacto rubricado hoy persigue, entre otras cuestiones relativas a listas de espera, que no haya ningún paciente pendiente de cita para una consulta, así como la reducción por debajo del cinco por ciento de las inasistencias a consultas.

Por otra parte, en Atención Primaria se pretende que el tiempo medio por consulta no sea inferior a 6 minutos, y 7,5 si se trata de consultas de pediatría. En cuanto a tiempos, se persigue que la persona que vaya a Urgencias sea atendida en menos de 10 minutos para su valoración.

Los programas y actuaciones para la prevención de enfermedades por parte de los equipos de Atención Primaria son otro de los ejes principales de estos acuerdos. 

Así, se reforzará el seguimiento de los menores con sobrepeso u obesidad infantil, se ofrecerá consejo a los pacientes fumadores para que dejen este hábito, se extenderá el seguimiento telefónico a los pacientes tras el alta hospitalaria y se mejorará la continuidad asistencial de manera que el médico del centro de salud y el médico especialista estén perfectamente coordinados.

Por último, se analizará el nivel de calidad que perciben los usuarios del Servicio Murciano de Salud como herramienta para la autoevaluación del sistema sanitario que permita detectar las deficiencias y poder subsanarlas, así como potenciar las fortalezas y extender las mejores prácticas.

Todos los gerentes deberán dar cuenta del cumplimiento de estos acuerdos a los Consejos de Salud de Área. Para ello, se monitorizará su evolución, de tal forma que habrá indicadores de cumplimiento antes del último cuatrimestre del año. La evaluación final también se hará pública.