Algunas encuestas señalan que la mayoría de los pequeños consumidores
creen que su factura de la luz ha subido. En realidad afecta a menos
del 40 %, los acogidos al mercado regulado (PVPC). No es extraño que sea
así pues, desde mediados de 2021 y especialmente en las últimas
semanas, prácticamente todos los días los telediarios, los boletines de
radio y los periódicos abren sus ediciones con la noticia del precio
alcanzado por la energía en el mercado mayorista y del nuevo récord
histórico batido.
Actuar pensando en el corto plazo al final no sale rentable
En España, el precio de la luz suele ser objeto de confrontación
política. Además, en situaciones de alarma social, los gobiernos se
sienten abocados a tomar medidas inmediatas, en lugar de establecer
políticas energéticas consensuadas para periodos razonablemente largos.
En el pasado reciente hubo gobiernos que limitaron el precio de la luz trasladando el déficit a años posteriores. Otros, crearon primas a las renovables que aún se están pagando y que obligaron a tomar medidas urgentes para evitar el colapso del sistema.
Uno de los pocos casos en los que los grupos políticos españoles se
pusieron de acuerdo en temas energéticos y tuvieron visión a largo plazo
fue sobre la necesidad de construir un almacén temporal centralizado
(ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), para el combustible utilizado en los
reactores nucleares y los residuos de alta actividad que actualmente se
custodian en Francia y por los que España debe pagar una penalización
de más de 75 000 euros al día.
El acuerdo duró unos años, en los que se gastaron varios cientos de
millones de euros, pero el proyecto quedó paralizado porque el Gobierno
de Castilla La Mancha consideró que ese ATC pondría en peligro la riqueza medioambiental de la zona. Naturalmente, los sobrecostes generados los asume la factura eléctrica.
Un decreto de urgencia
El Gobierno de España acaba de promulgar el Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de septiembre,
de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios
del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Al
menos una parte de lo que contempla esta norma formaba parte de un proyecto de ley que ya estaba en trámite. Pero el Gobierno no ha podido resistir la presión del telediario y ha promulgado este decreto de manera urgente.
En este artículo voy a centrarme exclusivamente en analizar lo que,
en la práctica, es un gravamen a la energía nuclear y que en el decreto
se presenta bajo el título: “Mecanismo de minoración del exceso de
retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de
cotización del gas natural en los mercados internacionales”.
La energía nuclear y la generación eléctrica
La energía nuclear es la primera fuente de electricidad en España. Actualmente están operativos 7 reactores:
Almaraz 1 y 2.
Asco I y II.
Cofrentes.
Trillo.
Vandellós II.
En conjunto, produjeron 55 757 GWh
el año 2020, que equivalen al 22 % del total de energía eléctrica en
España, y lo hacen con una capacidad instalada de apenas 7,1 GW. Si esta
energía hubiese sido generada con gas habría supuesto la emisión de
aproximadamente 14 millones de t de CO2.
El siguiente tipo de energía en volumen de generación eléctrica es la
eólica, que produce un poco menos que la nuclear pero con una capacidad
instalada cuatro veces mayor. Aunque es probable que esta situación
cambie en breve, pues el parque eólico está en plena expansión.
Hay un hecho que hace imbatibles a las centrales nucleares: trabajan a
plena potencia de forma continuada.
Los pocos intervalos en los que se ve una ligera disminución de la
energía nuclear coinciden normalmente con la parada de algún reactor
para realizar la recarga de combustible (que se prevé con meses de
antelación), tiempo que se aprovecha para realizar modernizaciones en
las instalaciones. En el mismo gráfico se puede observar la alta
variabilidad e impredecibilidad de las renovables que ya explicamos en otro artículo.
Un sector que ha ganado en eficiencia y supervisión
Entre los numerosos tópicos que hay sobre las centrales nucleares el
más utilizado estos días es el de que, una vez construidas, su coste de
operación es prácticamente cero. Como ya están amortizadas, se dice, al
percibir lo que les corresponde según el precio marginal fijado en la
subasta en el mercado mayorista se trata de beneficios caídos del cielo.
La realidad es otra. Es cierto que el coste del combustible nuclear
es muy bajo. Un reactor tipo consume menos de 20 toneladas de uranio al
año frente a los muchos miles de toneladas de combustible de las
centrales de gas. Además, su precio es proporcionalmente mucho más bajo.
Sin embargo, los reactores se han visto envueltos en costes adicionales
no previstos en el momento de su construcción, la mayoría relacionados
con la seguridad de las instalaciones y con los aumentos de potencia y
eficiencia que han experimentado.
Cuando los reactores se pusieron en marcha su potencia era
aproximadamente un 10 % menor que la actual. Paraban cada 12 meses
durante 2 o 3 meses para recargar combustible. Ahora la mayoría para un
mes cada año y medio (Almaraz 1, Ascó I y Cofrentes lo harán entre
octubre y diciembre). Además, la energía obtenida por kilogramo de
uranio (grado de quemado) era casi la mitad que ahora.
Todos estos cambios han permitido que la energía que producen
anualmente haya pasado de cerca de 35 000 GWh a 56 000 GWh. Esto coloca a
los reactores españoles entre los primeros del mundo por su factor de carga.
Además, al consumir menos uranio para generar la misma energía, el
volumen de residuos radiactivos (el combustible gastado) se ha reducido
considerablemente. Naturalmente, todo esto ha requerido la realización
de grandes inversiones para la mejora de las centrales.
Los reactores deben renovar sus licencias de operación cada 10 años y
este es un proceso que habitualmente obliga a introducir nuevas medidas
de seguridad, requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Las centrales españolas están atravesando un momento clave. Ahora están inmersas en el proceso de obtención de su última licencia (así lo acordaron las compañías eléctricas con el Estado) y ello supondrá inversiones de al menos 3 000 millones de euros más.
La previsión es que, tras esta última renovación, las centrales se
irán cerrando paulatinamente desde 2027 (Almaraz 1) a 2035 (Trillo).
Entonces habrán cumplido aproximadamente 50 años de operación, menos de
los 60 años que en la actualidad se considera la vida normal de un
reactor. Esta situación, como veremos, puede cambiar por el conflicto
entre el Gobierno y las eléctricas.
Los reactores no emiten gases invernadero (y eso les puede costar caro)
Una de las causas de la subida en el precio de la electricidad es el
aumento de la demanda de energía que, durante semanas, ha coincidido con
una menor disponibilidad de fuentes renovables, lo que ha hecho
necesario recurrir a la producción en centrales de ciclo combinado que
producen electricidad a partir del gas.
Esta situación se ha repetido en gran parte de Europa occidental. El
precio del gas se ha disparado y otro tanto ha ocurrido con los derechos
de emisión de CO₂, asociados a la quema de combustibles fósiles (como
el gas).
Ahora, el término beneficios caídos del cielo se está
aplicando al ahorro que tienen las nucleares por no tener que comprar
derechos de CO₂. Las centrales nucleares no emiten CO₂ por lo que el
real decreto ley considera que, al no tener este gasto, se debe sustraer
a las centrales nucleares la retribución que reciben y las penaliza por no emitir CO₂, a la vez que señala que el cobro de esos derechos esta destinado a fomentar energías no emisoras de CO₂.
Es el Estado el que percibe los derechos de CO₂ y el propio real
decreto ley declara que se han obtenido por esta vía muchos más ingresos
de los previstos, de los que “2 000 millones de euros (estarán)
destinados a la reducción automática de los cargos del sistema
eléctrico”.
Aunque es cierto que los aumentos en el precio de la electricidad
están motivados por la subida del gas en los mercados internacionales,
normalmente el gas no marca el precio marginal de la electricidad en el mercado mayorista. En
agosto la energía hidráulica fue la que marcó el precio final la mayoría
de las veces (frecuentemente ocurre así por razones técnicas).
Ahora bien, si el precio en el mercado mayorista no lo establece una
fuente no emisora de CO₂, ¿cómo puede decirse que se realiza una
sustracción en la retribución debida al efecto del pago de derechos de
emisión de CO₂?
Aunque las empresas eléctricas no contaban con los ingresos extra
generados por la subida en los precios al renovar la vida útil de sus
centrales nucleares, tampoco contaban con otros sobrecostes posteriores
(como, por ejemplo, el nuevo impuesto a las nucleares de la Generalitat
de Cataluña).
Sin beneficios extra, surge la amenaza de cierre
Tras el anuncio del Gobierno de reducir sus beneficios, la primera reacción de las empresas eléctricas fue anunciar
que procederían al cierre de las centrales nucleares con el argumento
de que, para que el funcionamiento de los reactores sea rentable, el
precio del MWh debe estar en torno a 60 euros (entre 20 y 25 €/MWh se
destinarían al pago de tasas e impuestos).
También alegan que la previsión es que el precio de la electricidad
baje de 45 €/MWh en un par de años, y en eso coinciden con el mercado de
futuros. Además, argumentan que una parte de lo generado por las
nucleares está ya vendido en contratos a plazo, fuera del mercado
mayorista y a un coste considerablemente menor, lo que hace que muchos
clientes del mercado libre puedan tener en estos momentos precios fijos
menores que los de tarifa PVPC.
Algunos gestores de las eléctricas con centrales nucleares afirman
que esta energía genera grandes incertidumbres, que afectan a su
valoración, debido a la inseguridad jurídica que la rodea. Y para
empresas que cotizan en bolsa esto es una rémora, incluso aunque esas
centrales les den beneficios. De cara a los accionistas es mucho mejor
invertir en fuentes de energía con buena imagen, que atraigan nuevos
fondos y subvenciones.
Hay quienes ven un farol en la amenaza lanzada por las eléctricas. Pero España tiene un precedente: el cierre de Garoña.
Esta central había recibido la autorización para seguir funcionando y
todo estaba listo para que así fuese pero simultáneamente se impuso una
nueva tasa a las nucleares y los propietarios de la central renunciaron a
seguir operándola. Así que pasó a manos de la empresa publica ENRESA
para su desmantelamiento.
Desde un punto de vista técnico este cierre fue un error, pues en el
reactor quedó material radioactivo a medio quemar. La vida útil de una
central debe programarse con antelación para aprovechar al máximo el
combustible.
Lo mismo pasó en Alemania.
En 2011, tras el tsunami que afectó a los reactores de Fukushima, se
pararon de forma inmediata 8 reactores y se aceleró la previsión para el
cierre de otras. En la práctica, y para poder satisfacer la demanda
energética, fueron sustituidas por centrales de carbón que hicieron de
Alemania uno de los grandes emisores de CO₂ de Europa.
La detracción de beneficios a las centrales nucleares y la amenaza de
cerrarlas hacen probable que se avecine un conflicto jurídico entre las
eléctricas y el Gobierno de España.
Una fuerza laboral cualificada y experta
En esta guerra habrá perdedores seguros. El sector nuclear ocupa,
directa o indirectamente, a unos 28 000 trabajadores altamente
cualificados, sumidos en la incertidumbre. Lo sé porque trabajé en la
empresa pública española ENUSA, que fabrica combustible para reactores nucleares y da soporte a centrales nucleares de toda Europa.
Esta empresa vende dos tercios de su producción en el exterior, gran
parte a centrales nucleares de Francia, de donde parte regresa
convertida en energía eléctrica (aunque menos de la que podría por la escasa interconexión existente).
Si se cierran estas centrales España perderá, “como lágrimas en la lluvia”,
el enorme conocimiento de estos trabajadores. Las centrales nucleares
son una fuente de energía que tarde o temprano necesitaremos. Mientras
que los viejos reactores de la actualidad solo utilizan el 1,5 % de la
energía potencial del combustible, en las regiones del mundo en
crecimiento se preparan para poner en marcha nuevas y mejores centrales.
De hecho, el empresario y filántropo Bill Gates ha hecho grandes inversiones en esta tecnología. Y en pocos días empezará a funcionar en China un reactor de nuevo diseño.
Lo que marca el precio de la energía y sus vaivenes es la dependencia
de fuentes externas, particularmente del gas. Si se quiere evitar esta
dependencia y mitigar los efectos del cambio climático, renovables y
nucleares deben poder convivir y complementarse. Ante los desafíos a los
que nos enfrentamos debe haber sitio para todos.
(*) Doctor en Matemáticas, Físico, Ingeniero Tec. Minas, Universidad de Salamanca
https://theconversation.com/amp/lo-que-no-sabemos-sobre-la-factura-de-la-luz-y-las-nucleares-167995
