miércoles, 11 de abril de 2018

Podemos también pide en la Asamblea Regional que se declare BIC el pastel de carne murciano

CARTAGENA.- Podemos ha registrado una moción en la Asamblea Regional en la que insta al Ejecutivo murciano a que incoe el expediente de declaración de patrimonio etnográfico inmaterial, en la categoría de Bien de Interés Cultural, del pastel de carne.

La iniciativa ha señalado que este producto es un "patrimonio vivo" que se manifiesta "cada día" en el municipio de Murcia y en el resto de la Región, siendo "compartido y transmitido desde hace siglos".
El diputado de Podemos Andrés Pedreño ha incidido en la moción en que el pastel de carne es un "manjar lleno de simbolismo y fiesta" que procede una tradición, cuenta con una técnica propia de elaboración y conocimiento, así como tiene un sabor y aroma propio y característico que "lo hace inconfundible".
"El pastel de carne murciano es algo vivo cuya técnica de elaboración sigue utilizándose desde hace siglos, manteniendo el equilibrio entre la tradición y la innovación", ha apuntado el parlamentario de la formación morada.
Pedreño ha remarcado que esta "delicia gastronómica única en España" forma parte de las "señas de identidad como pueblo" en la Región.
Además, Podemos ha recordado que en las últimas semanas el grupo municipal de Ahora Murcia registró en la Consejería de Cultura, Turismo y Medio Ambiente el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural.
La concejal del Ayuntamiento de Murcia, perteneciente al grupo municipal Ahora Murcia, Ángeles Moreno Micol presentó hace unos días y a título personal una petición a la Consejería de Cultura para que tramitase el expediente de declaración de BIC del pastel de carne.
Desde la Consejería de Cultura indicaron que no se ha iniciado el proceso porque está pendiente de aclarar un problema administrativo que surgió a raíz de que Ahora Murcia enviara esta petición, que dos horas más tarde fue anulada por el mismo grupo municipal, y que un par de días después fue presentada de nuevo pero a título personal por la edil.
Ángeles Moreno Micol explicó que este proceso nada tiene que ver con desacuerdos dentro de la agrupación, sino que está relacionado con problemas de tipo administrativo.
La edil detalló que la primera petición fue enviada desde Ahora Murcia de forma física, "pero al ser una persona jurídica había que hacerlo de forma digital, por lo que se anuló la primera petición".
Además, aseguró que, "como estábamos en fiestas,  no tenía acceso a la firma digital del partido y queríamos presentar esta propuesta lo antes posible, envié la solicitud de incoación del proceso a título personal".

Madrid hace un 'remake' de la crisis en el Gobierno de Murcia

MADRID.- Un político que comete presuntas irregularidades, se declara inocente, se niega a dimitir, su partido le apoya y habla de acoso, su principal aliado primero le advierte y luego pide que se vaya, la oposición presenta moción de censura, su partido le deja caer para salvar el gobierno, el político finalmente dimite...

A la espera de conocer el desenlace, el guión de la crisis de gobierno en Murcia que se desarrolló entre el 2 de febrero y el 4 de abril de 2017 parece estarse repitiendo un año después en Madrid, con la principal diferencia de que Cristina Cifuentes no está investigada por ningún delito, pero con muchas similitudes en la gestión política del caso.
Dos meses transcurrieron entre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) de investigar al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, por el denominado caso Auditorio (2 de febrero de 2017) y su dimisión (4 de abril de 2017), y en ese tiempo se hicieron muchas declaraciones y se dieron muchos pasos políticos que ahora se están repitiendo casi milimétricamente en Madrid.
El origen de la crisis es distinto, ya que la posible imputación de Sánchez por el caso Auditorio -y posteriormente por el caso Púnica- estaba en el ambiente político desde hacía tiempo, mientras que las presuntas irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes se conocieron a través de una información de eldiario.es.
En el caso murciano, Sánchez reaccionó defendiendo su inocencia y el PP también, mientras que la oposición de PSOE y Podemos pedía la dimisión y Ciudadanos consideraba que había que esperar a una imputación formal.
En Madrid, las reacciones de los partidos políticos han sido idénticas, pero los pasos se han dado más rápido:
La oposición tardó cincuenta días en presentar una moción de censura en Murcia, mientras que en Madrid el PSOE la registró el 5 de abril, solo dos semanas después de la primera información de eldiario.es el 21 de marzo.
Si en el caso murciano fueron los plazos judiciales los que iban condicionando el desarrollo de la crisis, en Madrid han sido las sucesivas revelaciones periodísticas y la marcha de la investigación interna en la Universidad Rey Juan Carlos lo que marcaba el paso a los políticos.
Ciudadanos no se pronunció sobre el futuro de Pedro Antonio Sánchez hasta que el 20 de febrero fue citado a declarar como investigado; habían transcurrido dieciocho días desde la primera decisión del TSJM y fue entonces cuando el partido de Albert Rivera pidió la dimisión del presidente murciano.
En Madrid, después de apoyar la convocatoria de un pleno extraordinario de la Asamblea al que Cifuentes acudió para dar explicaciones y negar las irregularidades, Ciudadanos apostó por una comisión de investigación.
El 9 de abril, tras la sucesión de informaciones periodísticas y de testimonios de profesores de la universidad admitiendo irregularidades, Ciudadanos pidió la dimisión de Cifuentes. Igual que en Murcia, habían transcurrido dieciocho días.
Por ahora, el PP mantiene la misma actitud que hace un año: confía en la inocencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, le expresa todo su apoyo, descarta públicamente presentar un candidato alternativo como le pide Ciudadanos, aunque la dirección nacional acaba por encargarse formalmente de negociar con C's y de tomar la decisión definitiva.
En cuanto a la oposición, salvo el hecho de que la moción de censura se ha presentado con mucha más rapidez, el discurso es el mismo: el PSOE presenta candidato alternativo, Podemos le apoya, y ambos tratan de convencer a Ciudadanos de que no basta con cambiar a la persona que dirige el Gobierno de Madrid sino que hay que evitar que el PP siga gobernando.
Casi todo parece un "remake" acelerado de lo que ocurrió hace poco más de un año en Murcia; aquel caso duró dos meses y en este han transcurrido 21 días hasta ahora. Está por ver si el futuro político de Cristina Cifuentes es el mismo que el de Pedro Antonio Sánchez o a alguien se le ocurre un final alternativo.

Del tomate comunista al marxismo neoliberal


BRUSELAS.- Un fantasma rojo recorre Europa, el fantasma del kétchup de origen desconocido, de padre con nombre italiano y madre comunista china. Me despierto aterrado, acabo de leer un excelente ensayo escrito por el periodista francés Jean-Baptiste Malet titulado El Imperio del oro rojo y tengo pesadillas cada noche, barriles de tomate concentrado explotan y dejan todo rojo, pringoso y pestilente. Necesito tocar y comer un tomate de aquí, fresco, maduro, real. Voy a ello antes de narrar el rojo apocalipsis de mi sueño:

Plano uno. Almería. No somos ceniza ni polvo sino agua. El agua que vino de los confines del Universo en millones de meteoritos de hielo cuando la tierra era un erial caliente y vacío. Eso eres tú y yo y ese cesto de tomates tan rojos que acabas de coger. Agua fósil que llegó de muy lejos y luego se filtró por las entrañas de la tierra hasta acabar salobre en el mar, luego en la nube, después en el río, más tarde en este tomate y dentro de ti. Trituro un kilo de tomates maduros junto a dos buenas ramas de albahaca y cuelo muy despacio el puré resultante con dos trapos finos de muselina de seda. 

Aliño luego este agua casi transparente con tres gotas de vinagre de Jerez, un chorro de aceite de oliva y un poco de sal marina. Al fondo de ese agua dejo caer tres berberechos recién abiertos al vapor, dos dados de tomate limpio y unos brotes de corujas picantes. Todo aquello apenas es agua, pero en el corazón de su sabor esta todo lo bueno de la tierra y del mar de aquí al lado.

Plano dos. La pesadilla tomatera. El tomate chino es recogido a destajo en los campos de Sichuán, dos toneladas al día por persona, diez horas de trabajo, 20 € de salario medio al día. Tomates cultivados sin muchos miramientos en cuanto a polvitos venenosos. Los tomates en China se cultivan en miles de pequeñas parcelas y los agricultores pulverizan generosamente el pesticida que también utilizan para el algodón, el arroz o el girasol que cultivan al lado. Después todos esos tomates se mezclan en la gran fábrica de procesado así que su trazabilidad es complicada. La empresa transformadora que convierte la fruta en concentrado se llama Cofco Tunhe (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), es la principal compañía procesadora y pertenece al Estado. Transforma 8 millones de toneladas y produce 250.000 toneladas / año de concentrado de tomate que luego vende a Kraft, Unilever, Heinz, Nestlé, Campbell, DelMonte, Pepsico, Ducros

La segundona es la compañía Chalkis, que produce 160.000 toneladas de tomate concentrado. Este grupo agroalimentario pertenece al Bingtuan, que es el conglomerado empresarial del ejército chino, y ha comprado empresas procesadoras de tomate francesas para luego cerrarlas y vender con esa marca tomate concentrado chino. Por ejemplo la antes prestigiosa marca francesa de tomates provenzal Le Cabanon o la prestigiosa y tradicional marca italiana Giaguaro reciben los barriles de triple concentrado de tomate chino, añaden agua y las reenvasan en latitas en las que pone made in Italy para un montón de marcas distintas. Además esas exportaciones de triple concentrado chino no pagan aranceles.

La cosa o el truco es así: si tú compras materia prima fuera orientada a su reexportación una vez procesada, la Unión Europea te perdona los impuestos porque se supone que eso mejora la competitividad de las industrias transformadoras europeas. El concepto legal se llama “régimen de perfeccionamiento activo”. Aunque esa práctica también está fastidiando a quienes producen esas materias primas dentro de la UE. ¡Tomateros de Badajoz, meleros de La Alcarria, a joderse, esto se llama globalización!. Se supone que ese producto cuya materia prima procede de China y es procesado en Europa, tiene como destino venderse fuera, pero: ¿de verdad no se vende dentro de la UE? 

Lo cierto es que sale de las fábricas europeas con un made in Italy o made in France ¿o made in Spain?, China no aparece por ningún lado pero la banderita italiana o francesa sí está en la lata. Lo alucinante es que esta práctica tramposa no es ilegal porque ha habido un “procesamiento de la materia prima”; tú coges un barril de triple concentrado de tomate, añades agua, lo envasas con tu marca y ya has “procesado” el producto originario. Además, los grandes procesadores-envasadores fabrican para las marcas más famosas de la gran distribución europea. Aparentemente, los consumidores podemos elegir entre una enorme variedad de marcas pero en realidad, dentro de la lata, lo que hay es el mismo producto; eso sí, las etiquetas de fuera son de lo más variado y colorista. Viva el capitalismo canalla.

¿Te gusta el kétchup? Dentro de un rato dejará de gustarte. La salsa kétchup se hace a base de tomate procesado y concentrado. Los principales fabricantes de concentrado son Estados Unidos, China e Italia (y muy por detrás van España y Turquía). Con el concentrado se comercia, se trafica, se especula en todo el mundo: va envasado en unos barriles azules de tamaño similar a los barriles de petróleo. El tomate concentrado está en toda nuestra comida: pizza, kétchup, salsas, platos preparados, platos congelados, sopas, conservas de todo tipo… de la paella a los garbanzos, de las albóndigas de lata al zumo de todos los aviones. El concentrado de tomate es uno de los ingredientes culinarios que puede decirse que es universal y se consume en todos los países y continentes sin excepción. Claro que los barriles de concentrado no son como el petróleo y caducan, el tomate se pone “viejo” o se estropea o se pudre y… lo ha adivinado Usted, entonces ese tomate se procesa y se envía a África donde nadie suele quejarse de que sea producto caducado o que apenas haya en la lata un 30% de tomate y que el resto sean féculas, soja, fibra u otras sustancias baratas. 

A este tomate de la peor calidad se le denomina Black Ink, tinta negra, porque hasta ha perdido su color rojo y es marrón oscuro tirando a pardo, así que se le añade colorante sintético rojo en cantidad y listo. Además en África la venta de salsa de tomate se suele hacer a granel, a cucharadas, la mayoría de la gente es pobre y no tiene ni para comprarse una latita. En Túnez, Libia, Ghana o Nigeria se han detectado partidas de miles de toneladas de este tomate adulterado, tomate basura. Y el que no se ha detectado se vende por ahí, en todos los mercados.

El neoliberalismo era esto. La mitad del kétchup de este mundo procede de triple concentrado de tomate chino, pero no puedes saber cuál sí y cuál no, para elegir con libertad soberana. Mucho del tomate que se vende como made in U.E no lo es y no lo pone en la etiqueta, ni tiene porqué, debido a esas fantasmagóricas leyes de la U.E. que convierten una materia prima exógena en otra cosa super autóctona con el sólo milagro de añadir agua del grifo. El oro rojo es una estupenda metáfora de la economía global en el siglo XXI. 

Por otra parte, y en paralelo, las más avanzadas escuelas de pensamiento neoliberal plagian las recetas marxistas y neomarxistas de la economía china como soluciones para flexibilizar o precarizar el mercado laboral o retrasar el apocalipsis ecológico y económico, y para evitar que la especie de los consumidores se extingan de la faz de la tierra, ya que la subespecie de los trabajadores se está extinguiendo sin remedio.

De nuevo la comida es política, el tomate de lata y sus circunstancias nos puede llevar a los gulag chinos en los que trabajan gratis cuatro millones de personas. Cada vez que hagas una pizza, unos espagueti o eches un chorro de kétchup en tu hamburguesa se muere un gatito. Cada vez que leas aquel capítulo de El Capital que habla de la plusvalía, un robot de la industria estará quitando el curro a uno de los tuyos, o a mil. Es lo que hay. 

La alimentación es negocio, la industria agroalimentaria mueve 3,2 billones de euros, y los que fabrican alimentos ya no son los míticos empresarios que comenzaron a hacer kétchup en 1890 como Henry John Heinz. Su compañía, ahora, fusionada con Kraft, pertenece a grises grupos de inversión especulativa como 3G Capital y Belkshire Hathaway pertenecientes a Warren Baffett, que es el segundo hombre más rico del mundo y que ahora fabrica el 59% de todo el kétchup del mundo. Su objetivo es ganar más pasta, no fabricar mejor kétchup.

Plano tres. Badajoz. Extremadura es una de las zonas de cultivo de tomate para industria más importante de España y suministra tomates cultivados según normativa de seguridad alimentaria europea con una trazabilidad total. Las marcas españolas que fabrican concentrado de tomate y salsas de tomate a partir de esa materia prima ofrecen a los consumidores productos seguros y de calidad. No se trata de decir que todos los alimentos cultivados y procesados en China son “malos” sino de tener la libertad como consumidores informados de elegir realmente un kétchup fabricado aquí con tomates de aquí o elegir cualquier otro. ¿No era la libertad de elección la base del capitalismo? 

Salto en el tiempo. Mediados de agosto, con diez o doce años, siesta obligada de la que siempre nos escapamos para ir al río a pescar y a bañarnos hasta casi las nueve. Somos niños salvajes requemados por el sol que volvemos con un hambre caníbal. Olor a tierra caliente y mojada bajo la parra. Avispas peleando contra niños, chicharras enloquecidas, brisa con olor a tabaco en flor. Una rebanada de pan y un tomate maduro y perfecto cortado por la mitad por mi abuelo, un chorro de aceite y sal. Nada más. Una delicia. Tal vez de verdad el sabor del paraíso, el maná, el fruto aquel del árbol de la ciencia, el origen de todos los pecados deliciosos de este mundo. Para los otros pecados, los amargos, vuelva al plano dos.

Merece la pena meterse en el rojo y pestilente universo alimentario mundial del estupendo trabajo de investigación de Jean-Baptiste Malet El imperio del oro rojo. Ed. Península 2018.


BBVA alimenta el optimismo: España rozará los 20 millones de ocupados en 2019

MADRID.- España vuelve a repetir el escenario de los últimos años: llega abril y las casas de análisis reconocen que la desaceleración de la economía va mucho más lento de lo que esperaban. Ahora es el turno del BBVA Research, que ha revisado en cuatro décimas al alza su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,9%, publica El Confidencial

De este modo, la entidad se sitúa entre las firmas más optimistas respecto al ritmo de crecimiento de España este año. Para 2019 también ha revisado al alza su estimación hasta el 2,5%, dos décimas más. La relajación de la incertidumbre en Cataluña, el crecimiento de la demanda externa, el impulso fiscal de los Presupuestos y la caída de los tipos de interés de largo plazo están alentando un crecimiento económico más rápido de lo esperado.
Estos indicadores permiten a BBVA anticipar que la economía española mantendrá el ritmo alto de creación de empleo. La entidad anticipa que se incrementará el número de ocupados en 940.000 trabajadores en términos de EPA, lo que permitirá a España superar los 19,9 millones de trabajadores al final de 2019. 
Si se cumple esta previsión significará que España alcanzará el objetivo de los 20 millones de ocupados un año antes de lo esperado por el Gobierno. Las ganancias de productividad unidas a los estímulos cíclicos que benefician a España sostienen este buen desempeño del mercado laboral. En cualquier caso, todavía no se alcanzarían los niveles de empleo logrados antes de la crisis, ya que en el año 2007 se superaron los 20,7 millones de ocupados.
En concreto, el número de ocupados aumentará un 2,6% en 2018, la misma tasa que en 2017, y que en 2019 se moderará hasta el 2,3%, lo que supone una revisión al alza de la previsión en cuatro décimas. Este incremento del empleo permitirá rebajar la tasa de paro en el país hasta el 13,7% en 2019, su nivel más bajo desde el año 2008. 
Esto significa que en apenas dos años el desempleo caerá en tres puntos y medio, un proceso de corrección del paro muy intenso que llevará a la economía española por debajo de su tasa estructural histórica de desempleo, que tradicionalmente se ha situado en el entorno del 15%.
BBVA Research advierte que para mantener este ritmo de crecimiento del empleo será fundamental que los salarios no se disparen en los próximos trimestres. Hasta el momento, la subida salarial pactada por convenio se mantiene por encima del IPC pero muy lejos del crecimiento real del PIB (en el entorno del 1,5%), lo que permite anticipar un comportamiento moderado de los salarios. 
Para Rafael Doménech, responsable de Economías Desarrolladas de la entidad, "el incremento de la remuneración por asalariado no debería superar el entorno del 2% anual para que la tasa de paro se modere en línea con las previsiones presentadas".
Hace apenas siete meses, la mayor parte de las casas de análisis estimaba una ralentización inminente del crecimiento de la economía española, sin embargo, los datos publicados han contradicho este escenario. El PIB avanzó un 0,7% en el primer trimestre del año, la misma tasa que en el anterior. Ahora BBVA estima que el ritmo de avance en el segundo trimestre podría alcanzar el 0,8%, una décima más.
Este optimismo se sustenta principalmente en tres factores. El primero es la solidez de la demanda externa, que tira de las exportaciones y que contribuye a minimizar cualquier posible desaceleración de la demanda interna. El segundo es la caída de los tipos de interés de largo plazo en el mercado, que permite elevar la inversión y el consumo de las empresas y las familias. 
Y, por último, la política fiscal expansiva adoptada por el Gobierno, que eleva su contribución al PIB en detrimento de una corrección más rápida del PIB y la deuda. A falta del desarrollo definitivo de los Presupuestos Generales del Estado, BBVA Research anticipa que el déficit público cerrará el año en el 2,4%, dos décimas por encima del objetivo pactado con Bruselas. Además, el proyecto de PGE incluye medidas fiscales expansivas, lo que puede dificultar más el objetivo.

La "chapuza Lexnet" ya tiene castigo: España infringió la ley de protección de datos

MADRID.- Fue la mayor crisis a la que se enfrentó el Ministerio de Justicia durante los últimos años. El pasado verano, un fallo informático dejó inoperativo durante días el sistema LexNet. Además, el 27 de julio, un grave fallo de seguridad informática dejó al descubierto más de 11.000 documentos judiciales, parte del código fuente de la plataforma y de la Intranet del propio ministerio, recuerda El Confidencial

La gravedad no era poca cosa, ya que los profesionales del sector jurídico pudieron acceder incluso a documentos de terceras personas: bastaba con cambiar los IDs que identifican a cada usuario en la URL para acceder a la bandeja de entrada privada de otra persona y a los documentos de cada uno de los procesos judiciales que tenía en marcha.
Desde Justicia se intentó minimizar el impacto de aquel fallo, que muchos expertos jurídicos e informáticos calificaron de "chapuza Lexnet", que se prolongó durante varios días y contó con nuevos episodios
Además, el ministro Rafael Catalá aseguró en sede parlamentaria que la plataforma sólo dejó de ser segura un 0,75% del tiempo y que el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales. 
Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no opina lo mismo: la plataforma que costó más de 7 millones de euros de dinero público, que puso en entredicho a las empresas que la desarrollaron y que denunció al propio informático que ayudó a desvelar el fallo acaba de ser sancionada por incumplir la Ley de Protección de Datos.
En el expediente sancionador, la AEPD asegura que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), dependiente del Ministerio de Justicia, infringió el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que determina que "el responsable de un fichero (...) deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".
No acaba ahí la cosa. Además, Justicia también infringió el artículo 10 de dicha ley, que le obliga al "secreto profesional respecto de los mismos [los datos personales] y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".
Según la AEPD, por tanto, durante el grave fallo de seguridad de Lexnet "se difundieron datos personales que tenían unos usuarios y pudieron ser vistos por otros usuarios".
La vulneración de estos dos artículos le ha supuesto al Ministerio de Justicia la ejecución de una infracción grave, aunque no habrá sanción efectiva más allá de la publicación de este expediente, ya que la AEPD considera que Justicia "ha tomado las medidas adecuadas para evitar que se vuelva a producir el incidente de seguridad referido".
No es el único 'tirón de orejas' que la AEPD le da al Ministerio de Justicia. En el expediente sancionador también se recoge que "la versión de Lexnet que tenía la brecha de seguridad se puso en producción el 20 de julio a las 21:45h, se detuvo a las 15:15h del 27 de julio y se sustituyó por una nueva versión a las 16:25h", con lo que Lexnet funcionó durante más de una semana con un sistema informático vulnerable.
Además, los responsables de la plataforma no fueron precisamente rápidos, ya que el primer aviso de vulnerabilidad se produjo "mediante un mensaje privado a la cuenta de Twitter de Lexnet aproximadamente a las 02:00h (madrugada) del jueves 27 de julio de 2017" y luego "la misma persona [el letrado José Muelas] envió un mensaje público por Twitter aproximadamente a las 9:30h del mismo día en el que se manifestaba cómo explotar la vulnerabilidad del incidente".
Sin embargo, "el subdirector de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia fue informado de ello "entre las 10:30h y las 11h". A continuación, "entre las 11:30h y las 14h se realizaron verificaciones exhaustivas, para comprobar si el comportamiento era anómalo o un problema puntual de un único usuario". Finalmente, "a las 14h "se detiene el sistema” y “a las 16:20h el error de programación que produjo el incidente de seguridad está solucionado”.
En resumen, pasaron más de 9 horas desde que Lexnet recibió el primer aviso de vulnerabilidad hasta que lo abordó, y más de 14 horas hasta que el error se subsanó... para volver a fallar poco después.
Según la investigación recopilada por la AEPD, 284 usuarios accedieron a 692 buzones que no les pertenecían, realizando 1.438 visualizaciones de mensajes de forma no autorizada. De ellos, 74 usuarios accedieron a 79 buzones que no les pertenecían y consultaron 432 documentos de forma no autorizada.
Pero, ¿a qué tipo de información ajena se pudo acceder durante casi ocho días? Según la AEPD, "a las notificaciones practicadas, traslado de escritos, demandas, notificaciones, partes hospitalarios, etc., a las notificaciones ya aceptadas, a los acuses de recibo de los escritos presentados previamente por el usuario y a las notificaciones no practicadas en caso de buzones de procuradores".
Los tipos de cuenta que quedaron expuestas fueron "las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. Otras cuentas más sensibles", asegura la AEPD, "como las correspondientes a la Fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad, medicina legal, abogados del estado, servicios jurídicos de las CC.AA y Seguridad Social, no estaban afectadas por el incidente".
En total, durante ese periodo de tiempo se accedió "al 0,1% de los buzones de Lexnet, al 0,02% de los mensajes que se intercambian en un día, al 0,0001% de todos los mensajes que se han intercambiado en la plataforma Lexnet desde el inicio de su operación", aunque no se puede saber hasta qué punto los documentos vulnerados eran más o menos determinantes.
La cuestión, en cualquier caso, es evidente: pese a que el Ministerio de Justicia quitó hierro al asunto y el ministro Rafael Catalá aseguró en el Congreso que "el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales", lo cierto es que, según la AEPD, la cosa fue mucho más allá: el Gobierno infringió la Ley Orgánica de Protección de Datos y, según los expertos, Lexnet volverá a fallar antes o después.

El largo camino de El Corte Inglés: Amazon factura seis veces más en España

BARCELONA.- Los temores de El Corte Inglés en su guerra online contra los gigantes se justifica. El ranking elaborado anualmente por la revista de eShow Barcelona y Netquest revela que la cadena de grandes almacenes factura 683,8 millones a través de las ventas por internet, mientras que Amazon y Aliexpress facturaron 4.241 millones de euros y 1.234 millones de euros millones, respectivamente.  

En el resto de clasificación aparece eBay, en tercer lugar, con 678,3 millones de euros y Pc Componentes, con 314 millones. Completan el top 10 Decathlon, Zalando, Gearbest, Zara y Privalia.
Por número de pedidos, Amazon, Aliexpress y eBay vuelven a copar el podio, mientras que El Corte Inglés queda otra vez en el cuarto lugar.
El gigante de Jeff Bezos recibió en 2017 un total de 53 millones de pedidos, Aliexpress con 16 millones de pedidos y eBay con 13,5 millones de pedidos. La web del gigante de la distribución española, por su parte, se situó cuarta con 3,7 millones de pedidos.
Los datos del estudio contrastan con lo que la compañía americana pagó a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades. Los últimos datos disponibles en el registro mercantil afloran una tributación por valor de 864.000 euros, cifra muy exigua si se compara con el volumen de negocio que revela el estudio.
¿Por qué? Al igual que la mayoría de gigantes digitales o empresas emergentes, su entramado societario le permite implantarse en España con una filial en la que justifica únicamente pagos por marketing y servicios de publicidad. Dicho de otro modo, lo que se compra en la web se factura fuera de España, lo que le permite adelgazar su factura fiscal cada año.
Precisamente, este aspecto fue el que criticó el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, en su última comparecencia. Gimeno abogó por crear un marco normativo europeo que implante "como mínimo la igualdad fiscal" sin "ningún tipo de proteccionismo caduco”.
Además, reiteró que, en ese sentido, busca “únicamente la igualdad normativa para que no se vulnere la libre competencia".

Universidades públicas: ¿las nuevas cajas de ahorros?

MADRID.- ¿Qué lleva a un catedrático universitario a arriesgar su prestigio y su carrera profesional por salvar la cara a un representante político? ¿Qué obliga a tres profesoras a permanecer en silencio mientras sus firmas se exhiben como supuesta prueba exoneratoria de un tribunal que nunca existió?, se pregunta elconfidencial.com

Hace unos días, en esta misma tribuna, señalaba un poco a vuelapluma que “las universidades españolas son las cajas de ahorros de hace 15 años”. Como no han sido pocos los comentarios que en todas las direcciones he recibido, vaya aquí una reflexión algo más elaborada al respecto.
Empecemos por el capítulo de salvedades iniciales. La primera, preguntarse por el papel de la universidad no es una cortina de humo para dejar de hacerlo por Cristina Cifuentes. Creo que el futuro político de la presidenta de Madrid tiene fecha de caducidad. Cuando se acabe su viacrucis, Cifuentes será una expresidenta más. Con el debido respeto, su futuro a partir de entonces me resulta indiferente. Lo verdaderamente importante es cómo quedan nuestras instituciones después de la tormenta. 
La segunda salvedad es una perogrullada: no paso por alto las muchas diferencias entre universidades y cajas de ahorros. Las universidades no representan un riesgo sistémico y sus dirigentes no se embolsan sueldos propios de futbolistas. Cualquier analogía es parcial e imperfecta, y no es necesario estirarla más de lo debido. 
Sin embargo, sí existen en mi opinión inquietantes similitudes, un ecosistema viciado que no provocará un rescate de miles de millones de euros, pero que sin embargo puede estar deteriorando la calidad de la enseñanza que reciben nuestros estudiantes. Y, si me apuran, tal vez esa factura sea más grave que la de cualquier rescate.
La tercera salvedad es que al hablar de 'universidades públicas' estaremos, como en toda generalización, siendo injustos. Hay muchas excepciones: universidades que funcionan muy bien y profesionales que ponen su mejor empeño en ofrecer una enseñanza de calidad. No lo niego, más bien al contrario. Denunciar lo que funciona mal es la mejor defensa de quienes funcionan bien. También había excelentes profesionales en nuestras cajas de ahorros. Lo importante no son las excepciones sino la regla: si el diseño institucional y los incentivos son los adecuados o es necesario reformarlos.

Hechas las salvedades, vayamos con las semejanzas.
-Una red de favores mutuos entre universidades y políticos. Una de las razones que arrastraron a las cajas de ahorros fue la relación simbiótica o, mejor dicho, mutuamente parasitaria que existía entre cajas y políticos. Con las universidades ocurre algo parecido. ¿Qué favores reciben los políticos? Se ha escuchado mucho durante los últimos días la reflexión de que Cifuentes no necesitaba para nada el famoso máster. Discrepo al respecto: el máster era un ingrediente fundamental del producto político llamado Cristina Cifuentes.
La presidenta madrileña ha cultivado una imagen de 'maverick', de política no convencional. En realidad, es todo lo contrario. Diputada autonómica desde principios de los noventa, es una de tantos cargos políticos que no han tenido otra ocupación en su carrera. Sin embargo, el máster le permitía dar una pátina diferente a su currículo: esa imagen de profesional exitosa que está en la política casi de paso.
Algo parecido ocurre con Pablo Casado: cuando cursó su máster en 2008 ya era presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, una de las muchas ocupaciones políticas que ha tenido a lo largo de su todavía joven carrera. Los másteres de los políticos no son un adorno superfluo: embellecen el currículo para aparentar una imagen de profesionales formados y exitosos cuando, en realidad, carecen de una carrera profesional alternativa a la política (dicho sea de paso, tengo la impresión de que las dudas sobre el máster de Casado poco tienen que ver con el caso Cifuentes, y al menos de momento no hay ni engaño ni manipulación de documentos).
No es este el único favor que las universidades ofrecen a los políticos. Las universidades sirven para 'blanquear' proyectos políticos dudosos: hace años, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ofertó una nueva titulación: Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, a la sombra del flamante Aeropuerto de Ciudad Real. Para culminar el disparate, la titulación no llegó ni quiera a tener carácter oficial porque la UCLM no remitió la correspondiente memoria a la Aneca.
Tanto les gustan las universidades a los políticos que cada partido ha tenido siempre la suya: la Complutense ha sido históricamente uno de los resortes de poder de IU y los viejos comunistas. Los socialistas crearon la Carlos III y, para compensar, el PP creó la Rey Juan Carlos. Y todos contentos.
Por su parte, ¿qué favores hacen los políticos a las universidades? Como ocurre con muchas otras cosas, la Constitución española no habla de la enseñanza universitaria en ninguna de las dos relaciones que reparten las competencias entre el Estado y las CCAA (art. 148.1 y 149.1), pero la práctica política ha hecho que la mayor parte de las competencias sobre universidades corresponda a las CCAA (como por cierto también ocurría con las cajas de ahorros). 
La más importante de ellas es la financiación: según un informe del Observatorio Universitario, la financiación pública representa entre el 60% (Cataluña) y el 85% (País Vasco) de la financiación total de las universidades. O, en euros, por alumno, si cada universidad vasca recibe 8.429 euros por estudiante, las universidades madrileñas solo reciben 4.730 euros. Es decir, para las universidades, ganarse el favor político es una cuestión de supervivencia.
-Sistema de gobernanza. El funcionamiento interno es otra de las semejanzas entre cajas y universidades. En las cajas de ahorros, debido a su finalidad social, el poder se repartía entre diversos colectivos: CCAA, ayuntamientos, impositores y sindicatos. El problema surge cuando estos colectivos no tienen 'accountability' interna: ¿ante quién responden los representantes de los impositores? 
Durante mucho tiempo, tuve mis ahorros en una caja de ahorros: nunca supe quién me representaba como impositor, y aunque lo hubiese sabido, no le hubiese dedicado tiempo. Algo parecido ocurría con sindicatos, CCAA y ayuntamientos. ¿Ante quiénes respondían por su labor de gestión en las cajas? Cuando no hay 'accountability' interna, vale todo. Los gestores dejan de velar por los intereses colectivos que teóricamente representan y empiezan a hacerlo por el de ellos mismos.
Algo parecido ocurre con el gobierno interno de las universidades: los consejos sociales teóricamente son un instrumento democrático, destinado a favorecer que la universidad atienda una pluralidad de intereses. En la práctica, la falta de rendición de cuentas hace que los intereses a los que sirve la universidad sean más los intereses privados de los representantes que los intereses difusos de los representados.
-Dualidad laboral. Y vaya una última semejanza: las universidades son un pequeño microcosmos del mercado laboral español. Algo parecido ocurría en las cajas de ahorros, pero en las universidades la dualidad es si cabe más agravada: cuando los profesores consiguen una plaza, se dice que la han 'ganado', son profesores 'titulares' que disfrutarán de la misma de por vida. 
Mientras tanto, hay un colectivo de profesores 'precarios', los asociados, una figura teóricamente destinada a que profesionales de prestigio diesen clase en la universidad, pero que en la práctica está siendo utilizada como los contratos temporales en el resto del mercado laboral.
No es casualidad que la profesora que se atrevió a denunciar el acta de Cifuentes fuese la única integrante del supuesto tribunal que era profesora titular. En las universidades, los precarios tienen una posición incluso más débil debido a la endogamia, la falta de transparencia y el poder que acumulan algunos catedráticos. Algunas relaciones son casi de vasallaje. 
Producía bastante repulsión que el director del máster de Cifuentes hablase hace unos días de sus 'discípulas'; sobre todo, porque un 'maestro' no las induce a firmar un acta falsa, ni se cuida de explicar cuando lo pillan que, como su firma no aparece en ningún sitio, él no tiene responsabilidad legal alguna.
En definitiva, sí creo que las universidades son, en varios aspectos, las cajas de ahorros de hace algunos años. Alguien entenderá esta reflexión como un ataque al sistema público de universidades por ser público: al contrario, pienso que cuando un sistema público deja de servir al interés general y solo lo hace a intereses privados, la mejor defensa es reformarlo para que vuelva a ser verdaderamente público.
Un último inciso a este respecto: tenemos un sistema universitario bastante por debajo de lo que nos corresponde. Igual que, en mi opinión, tenemos un sistema sanitario bastante por encima de nuestra posición relativa como país (en términos de desarrollo económico). La autonomía en la gestión se puede utilizar para mal, como en las universidades, o para bien, como en los hospitales. En las políticas públicas, el diablo está en los detalles.

El Gobierno frena una fusión de Bankia con BBVA hasta que FG se jubile

MADRID.- El ministro de Economía, Román Escolano, afirmó en el Congreso que no habrá “cambios” sobre la privatización de Bankia. “Seguirá su curso y se buscará el mayor grado de recuperación de las ayudas públicas”. Pero su llegada al Gobierno implica por ahora un freno a los planes de Luis de Guindos para una fusión con BBVA, según www.elconfidencialdigital.com.

No habrá fusión, por lo menos que esté en la mesa para los próximos años, ni con BBVA, ni con CaixaBank, ni con otro gran banco. Así de tajante se mostró este lunes el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en la tradicional comida que celebra la entidad con la prensa en Valencia un día antes de la junta general de accionistas.
“La fusión con BBVA es una leyenda urbana”, sentenció. Descartó así por completo los rumores, aunque fueron propiciados como consecuencia de unas declaraciones que realizó hace alrededor de un mes a Financial Times, en las que apuntaba a una posible fusión con BBVA, al ser el banco “que más encaja” con Bankia.
En el sector se interpretó entonces que Goirigolzarri venía a rescatar una solución para Bankia contemplada en algún momento por Luis de Guindos como ministro de Economía. Causó además cierta sorpresa porque el presidente del banco acababa de presentar un plan estratégico a tres años centrado en la independencia de la entidad.

Escolano no quiere un conflicto con BBVA

Así, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes financieras conocedoras de la situación, Román Escolano apuesta por aparcar esta operación para evitar un conflicto abierto del Gobierno con BBVA, y más en concreto, con su presidente Francisco González, quien se niega a esta fusión. Y también a adelantar su sucesión.
Goirigolzarri, que aspiró a convertirse en el sucesor de FG en BBVA, se acogió en 2009 a una jubilación que le dio derecho a una pensión de 68 millones de euros y con la que salió del banco. González frustró entonces su ascenso y tampoco está dispuesto ahora a entregarle la presidencia.

No habrá fusión con Bankia mientras FG siga

Por el momento, el FROB tiene un mandato que pasa por completar la desinversión del Estado en Bankia antes de que acabe 2019, aunque cabe la posibilidad de que ese plazo sea ampliado. Así, la entidad tiene que privatizarse en veinte meses y ese es el escenario central con el que trabaja el Gobierno.
Sin embargo, el ministro de Economía cuenta con una salida de Francisco González de la presidencia de BBVA en octubre de 2019, cuando cumplirá 75 años. Es el compromiso que ha trasladado incluso al BCE y que confirmó también el propio banquero en la última presentación de resultados de la entidad en febrero.
Un escenario sin FG facilitaría en gran medida una operación de fusión y considera que habría todavía tiempo de ejecutar en ese momento, si no se ha llegado a una solución entonces para la privatización de la entidad, y con menos obstáculos en el reparto de poder entre ambas entidades.
Hay que recordar Escolano se convirtió en director de relaciones internacionales de BBVA en 2006, dos años después del triunfo electoral del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Se había quedado, entonces, sin cargo público. Aseguran en su entorno que, por ello, no quiere ahora problemas con Francisco González.
En la cúpula económica del Gobierno insisten en que habría tiempo para una fusión, llegado el caso, pero siempre con FG retirado de la primera línea del banco a finales de 2019.

Descuentos de hasta el 70% en los comercios del Barrio del Carmen, de Murcia


MURCIA.- Los comercios del murciano barrio del Carmen ofrecerán descuentos de hasta el 70 por ciento y regalos a sus clientes desde mañana jueves hasta el sábado con motivo de la segunda edición de la Feria de Primavera, organizada por la Asociación de Comerciantes de la zona.

La concejal de Comercio, Organización y Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Murcia, Maruja Pelegrín, ha presentado hoy ese evento, que lleva por lema "Soy del Carmen" y pretende "potenciar el comercio local y del barrio poniendo de manifiesto su calidad, ventajas y cercanía", ha indicado.
Para ello, los comercios del barrio del Carmen asociados ofrecerán descuentos de entre el 20 y el 70 por ciento del 12 al 14 de abril, en productos que van desde la moda, joyería, dietética, papelería, complementos, cosméticos, alimentación, plantas, peluquería o accesorios para mascotas, entre otros.
Además, el 14 de abril de 11:00 a 14:00 horas se instalarán dos puntos gastronómicos en el bar Los Amigos (avenida del Río Segura de Murcia) y en el jardín de Floridablanca, donde habrá música en directo a cargo de un DJ.
En los días previos, los comercios del barrio del Carmen darán a sus clientes vales para acceder gratuitamente a estos puntos de degustación.
Además, en la el jardín de Floridablanca de Murcia se instalará un área infantil con actividades pintacaras y personajes de animación con los que los menores podrán fotografiarse y jugar.
Asimismo, se colocará un photocoll en el que los asistentes podrán hacerse fotos y publicarlas en las redes sociales de la Asociación de Comerciantes del barrio del Carmen para participar en el sorteo de cinco packs de cerveza Alhambra y 20 cheques de descuento de 5 euros para gastar en los comercios de los asociados.
Por último, y de la mano del gimnasio Aerodance se realizará un "Flash mob" con música de Tina Turner.

Los alumnos de 3º y 4º de Primaria tendrán libros de texto gratis

MURCIA.- Los 42.000 alumnos de tercero y cuarto de Primaria, de centros de educación especial, de aulas abiertas con necesidades educativas especiales y de Formación Profesional Básica dispondrán el próximo curso 2018-2019 de libros de texto gratuitos.

Así lo ha hecho saber la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, acompañada de la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que han informado del inicio de la aplicación del programa de gratuidad de libros.
Se trata de la primera fase de la aplicación de este programa que se implantará progresivamente en los próximos cuatro años hasta hacerse extensivo a los 190.000 alumnos de la totalidad de enseñanzas obligatorias en la Región de Murcia.
En concreto, en el curso 2019-2020 llegará a quinto y sexto de Primaria y primero de ESO; mientras que en el curso 2020-2021 se extenderá a primero de educación Primaria y segundo y tercero de ESO. Por último, en el curso 2021-2022 se incorporará al alumnado de segundo de primaria y cuarto de la ESO, tal y como ha destacado Martínez-Cachá.
El programa se desarrollará mediante la creación de un banco de libros en todos los centros educativos públicos y concertados.
En el primer año de aplicación, contará con una partida de 9 millones de euros, 7 de ellos para la aplicación de la Ley y 2,3 millones para mantener una línea específica para becas de libros de texto para las familias que más lo necesitan y que se mantendrá hasta que el programa alcance todos los niveles.
Arroyo ha recordado que este proceso cumple con la Ley de gratuidad de libros de texto aprobada por la Asamblea Regional, y que ha arrancado precisamente este miércoles con el envío del borrador de las instrucciones para el desarrollo del programa a la Comisión Regional de Directores de Educación Primaria.

Podemos alerta de que el viento está esparciendo los metales que contaminan Portmán


CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos, ha denunciado en rueda de prensa que el fuerte viento de los últimos días ha empeorado la situación de la bahía de Portmán. Las obras cercanas a la playa levantan gran cantidad de metales pesados que el viento extiende hacia las playas. 

Pedreño ha señalado que el gobierno comete una "tremenda irresponsabilidad al posponer la retirada de estériles hasta 2020 puesto que hay que incrementar los presupuestos para abordar esta tarea. Por eso, exigimos al Ministerio de Medio Ambiente que ponga en marcha los mecanismos previstos en la Declaración de Impacto Ambiental y establezca medidas correctoras".
Pedreño ha explicado que lo que Podemos pide es que el Ministerio evite que estos metales pesados, que se han quedado a la intemperie por las obras, "puedan transmitirse a través del viento o del mar hacia otros lugares como las playas de baño. Los metales pesados son partículas en suspensión fácilmente transportables por el viento, y que por tanto contaminan al vecindario de Portman y al Parque Natural de Calblanque".
Según el diputado de Podemos, para aplicar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) así como las medidas correctoras necesarias, hay que incrementar las partidas presupuestarias previstas en los Presupuestos Generales del Estado.
Por ello, ha dicho Andrés Pedreño, exigimos "que la Comisión de Seguimiento prevista en la DIA, en la que participa el propio gobierno regional, se pronuncie sobre este aspecto. Hay una falta de previsión sobre esta situación que es asombrosa".
"El gobierno debe tomar nota de la gravedad de lo que está ocurriendo en la Sierra Minera donde se ha planteado un importante problema de salud pública vinculado a los efectos sobre la salud humana de los metales pesados" ha incidido Pedreño, quien ha subrayado que "nuestra atmósfera, el aire que respiramos y respiramos durante unos días, tiene unos niveles muy superiores al límite de valores de referencia establecido por Europa".

Pilar Barreiro acusa al Ayuntamiento de Cartagena de dilatar su proceso judicial

MURCIA/MADRID.- La senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, desde hace unas semanas en el Grupo Mixto, ha reiterado a la magistrada del Tribunal Supremo que instruye una pieza separada del caso Púnica su solicitud de archivo de las diligencias, además de acusar al ayuntamiento de aquella ciudad de tratar de dilatar el proceso.

En un escrito, los letrados de Barreiro, José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, acusan al ayuntamiento del que aquella fue alcaldesa y a la Asociación de Abogados Demócratas de España (ADADE), también personada en las actuaciones, de actuar movidos por el deseo de dilatar el proceso lo más que se pueda en detrimento de la honorabilidad de la senadora.
También critican que traten de llevar a cabo una investigación prospectiva, "que está terminantemente prohibida por cualquier ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, como es el nuestro".
Para los abogados, "ambas acusaciones lo que buscan en la elongación del procedimiento, sin más; no les importa la búsqueda de la verdad material, dicho sea en términos estrictos de defensa".
Señalan también que "no cabe entender que estando personadas ambas acusaciones en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, en la pieza separada de Murcia, desde su inicio no se hayan personado en esta causa hasta el 10 de enero de 2018".
Y concluyen con la solicitud del sobreseimiento libre del caso, en el que se investiga si la ahora senadora pudo cometer algún ilícito penal durante su etapa de alcaldesa por la supuesta contratación de una campaña de mejora de imagen.
La Fiscalía pidió a la magistrada instructora hace unas semanas el archivo de las actuaciones al considerar que de lo investigado no se desprendían indicios de la posible comisión de algún tipo delictivo.

Por otra parte, la senadora del PP por la Región de Murcia Pilar Barreiro, que en el Pleno de ayer estrenó escaño en el Grupo Mixto, asegura que decidió «libremente» dejar la bancada popular para evitar que la investigación judicial abierta contra ella por el 'caso Púnica' se pudiera utilizar como «presión» al PP por parte de Ciudadanos.
La exalcaldesa de Cartagena asistió a la primera reunión del Grupo Mixto de la Cámara Alta, donde se le ha adjudicado la portavocía de la Comisión de Entidades Locales, un cargo por el que, según el portavoz de turno del grupo, Francisco Javier Alegre (C's), no va a mejorar la retribución económica que tenía en el grupo del PP.
La senadora agradeció su acogida a los demás miembros del grupo, conformado ahora por ella y once senadores más de Ciudadanos, Compromís, EH-Bildu, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y una exsenadora de Podemos.
Reconoció que su pase al Mixto responde a una situación «difícil y complicada» y reiteró que se marchó del grupo popular pese a que el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos aludía al apartamiento de cargos solo cuando la imputación judicial se transformara en juicio oral.
Ello no sucede en su caso, puesto que, según recuerda, solo está investigada por el Tribunal Supremo y la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa, de manera que acusa a Ciudadanos de «retorcer» el pacto de investidura por «intereses partidarios» al haber exigido su cese para apoyar los Presupuestos Generales del Estado.
La senadora está acusada de varios delitos supuestamente cometidos cuando era alcaldesa de Cartagena, en concreto los de fraude, falsificación de documentos, prevaricación y malversación, pero ella ha proclamado siempre su inocencia, razón por la cual, afirma, no ha renunciado a su escaño.
«He hecho lo que tenía que hacer, lo que consideraba que debía hacer y en ningún caso consideré dejar el acta de senadora porque yo estoy declarando mi inocencia desde el principio, desde el primer minuto», manifestó tras asistir a la reunión del Grupo Mixto.
Eso sí, lamentó que existan «diferentes varas de medir» por parte de «toda la sociedad» hacia los políticos, algo que considera «doloroso» y que deriva en una situación de «injusticia clara y profunda».
«Esta sociedad debe tomar un punto de cordura; establecer que el criterio de la presunción de inocencia sea siempre y para todos. No para unos sí y para otros no», reflexionó.
Y sobre la posibilidad de volver al Grupo Parlamentario Popular si, como espera, el Supremo atiende a la Fiscalía y archiva la causa, subrayó que ella «siempre» ha sido del PP y que continuará en el partido en el que se mantiene como militante.
Alegre comentó que la primera reunión con Barreiro en el Grupo Mixto ha sido «cordial».

Las patatas fritas de bolsa deben reducir su nivel de acrilamida a partir de hoy

MADRID.- Desde este miércoles 11 de abril las patatas fritas en bolsa son un poco más sanas gracias a una nueva ley.Hoy entra en vigor un reglamento de la Comisión Europea que obliga a reducir lo máximo posible la presencia de acrilamida en los alimentos, entre ellos las mencionadas patatas fritas.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, sus siglas en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica la acrilamida como "probable carcinógeno en humanos", aunque no está demostrada su incidencia sobre el cáncer en humanos, aunque sí en ratones.
La acrilamida se genera durante el cocinado de alimentos ricos en hidratos de carbono a altas temperaturas -más de 120 grados-. Además de las patatas fritas, son importantes fuentes de exposición a la acrilamida el café, las galletas, los cereales y panes tostados.
La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentartia (EFSA) fija en 170 micrógramos diarios, el límite a partir del cual la acrilamida puede influir en la aparición de tumores. Análisis de algunas marcas de patatas fritas revelaron la presencia de entre 108 y 2.000 micrógramos. Ahora, estos fabricantes deberán tomar medidas para reducir estos niveles.
Desde el Instituto Tecnológico Agroalimentario (Ainia) consideran que la entrada en vigor de la norma sí tiene consecuencias, especialmente para algunas pymes.
"Si bien las grandes empresas tienen establecidos sus planes de control y medidas de mitigación, muchas medianas y pequeñas empresas van a tener que hacer un gran esfuerzo ya no sólo en control analítico, también en medidas de calidad, cambio en sus sistemas de procesados térmicos, reformulación de recetas, etc.", ha explicado la especialista en el control de puntos críticos Vicenta Pérez.
El abanico de medidas de "mitigación" que se pueden adoptar es muy amplio y es diferente para cada categoría de producto.
En el caso de las patatas fritas, el reglamento de la UE apunta a "identificar y utilizar variedades" cuyo contenido de fructosa, glucosa y asparagina -todos ellos precursores de este componente- sea más bajo.
Conservar las patatas de forma adecuada, vigilar la temperatura del aceite a la hora de freír e indicar a los usuarios finales los métodos, tiempos y temperaturas más recomendables a la hora de cocinarlas son algunos de los factores presentes en el documento.
En el caso de los fabricantes de bollería, pastelería, repostería y galletas, el texto apunta a la posibilidad "de reducir o sustituir" el bicarbonato de amonio por gasificantes alternativos, además de evitar la fructosa, jarabes o miel, usar asparaginasa en vez de asparagina y utilizar harina de arroz en vez de la de trigo, entre otras alternativas.
Para los cereales de desayuno, las galletas para bebés y los cereales para lactantes, el documento insta a las empresas a velar por las buenas prácticas agrícolas en materia de fertilización u en fitosanitarios; mientras que para el café aboga por identificar "las condiciones críticas de tueste" que disminuyan al mínimo posible la acrilamida.
Ampliar el tiempo de fermentación de la levadura o garantizar que el color de la barra sea el más claro posible dentro de cada categoría forman parte del capítulo dedicado al pan.
Cabe recordar que hace unos días un juez de la Corte Superior de Los Ángeles (EEUU) obligó a las cafeterías de California a advertir de la presencia de acrilamida y sus riesgos.

Qué es la acrilamida 


Se trata de una sustancia que, según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), eleva el riesgo de cáncer.
La alarma saltó en 2002, cuando la Agencia de Seguridad Alimentaria de Suecia reveló que la acrilamida estaba presente no solo en el humo del tabaco o en procesos industriales, sino también en productos alimenticios como patatas fritas, pan, cereales para el desayuno, bollos y galletas, café y alimentos infantiles.
Desde entonces, las agencias sanitarias de todo el mundo han lanzado serias advertencias. De hecho, la OMS clasifica la acrilamida como "probable carcinógeno humano".
Basándose en estudios con animales, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) confirmó que la acrilamida en alimentos aumenta de forma potencial el riesgo de desarrollar cáncer de los consumidores de todas las edades, pero los más expuestos son los niños debido al peso corporal.
Tras el consumo, el tracto gastrointestinal absorbe la acrilamida, se distribuye a todos los órganos y se metaboliza. La glicidamida es uno de los principales metabolitos que resulta de este proceso. Este metabolito es causante de mutaciones genéticas y tumores.
Aunque se puede generar de diferentes maneras, la más habitual es cuando se cocinan o procesan alimentos a temperaturas superiores a 120 grados y con baja humedad.
A esta temperatura, los azucares reductores de los alimentos -los que se descomponen más fácilmente como por ejemplo el almidón o la fructosa- y las proteínas reaccionan entre sí con el calor, dando lugar a la acrilamida. El proceso químico que causa esto se conoce como la reacción de Maillard, que también oscurece los alimentos y afecta al sabor.
En la actualidad, los científicos no han podido establecer una ingesta diaria tolerable de acrilamida en alimentos.
En casa podemos reducir nuestra exposición a la acrilamida siguiendo estos consejos que lanza la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Patatas
Es aconsejable almacenarlas en un sitio oscuro y fresco, evitar la nevera ya que promueve la liberación de azúcares y con ello, mayor formación de acrilamida durante el cocinado.
Si las freímos, conviene seguir las recomendaciones de tiempo y temperatura del envase. En cantidades pequeñas, hay que reducir el tiempo de fritura.
Tanto si se cocinan fritas o al horno, el color dorado es preferible al marrón oscuro.

Cifuentes en el “fuego lento” de Rajoy / Fernando G. Urbaneja *

Cristina Cifuentes apareció en el acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo para escuchar aplausos. Había anunciado que no asistiría, que la representaría su escudero, pero no pudo resistir la tentación de hacerse ver en territorio amable y escuchar parabienes y aplausos; muchos de ellos más corteses/falsos que las monedas de madera, sonrisas coyunturales de muy corta duración ya que la clave de que a “rey muerto rey puesto” tiene plena vigencia. 

Algo semejante ocurrió en la Convención de Sevilla, contaminada por la presencia de Cifuentes que acaparó todos los titulares y forzó ese fatal abrazo con los dirigentes del partido que solo presagiaba el punto final de una carrera política de éxito. Y todo por una fruslería que se complica por las puñeteras mentiras.

De momento Cifuentes se cuece a fuego lento, como la parábola de la rana en agua tibia que se va calentando poco a poco, que se siente acogida, confortable, que se relaja y que cuando siente que se abrasa ya no puede escapar de un desenlace irreversible. La dirigente popular, la veteranísima militante que para algunos era una esperanza de futuro, está en agua tibia a punto de alcanzar el punto crítico, esa tibieza en la que Rajoy envuelve a los compañeros extraviados y a los que no quiere ni enderezar ni despedir, simplemente les deja que se vayan.

De momento desde el círculo de Cifuentes apuntan que solo dimitirá si el presidente se lo pide, lo cual es una señal inequívoca de debilidad, un error de lectura de la clave Rajoy. Lo más probable es que Mariano no dirá nada, tomará distancia, dejará que suba la temperatura del agua y aguardará que ocurra lo inevitable sin que nadie pueda achacarle responsabilidad alguna. Rajoy no hace prisioneros, ni ejecuta (políticamente), simplemente les deja ir por la fuerza de la gravedad.

Por el camino hay daños evidentes, mermas en las expectativas de voto, portavoces que tratan de hacer méritos (que suelen ser deméritos) mientras dura el “calentamiento”, de ganar tiempo con la idea de que es la mejor medicina para curar, lo cual solo ocurre… a veces, pocas veces. Cifuentes ha tratado de endosar las malas prácticas a la Universidad. Y no le falta razón, pero no la exculpa, ni la alivia, porque la arrastra entre las primeras víctimas.

Desde Moncloa filtran encuestas favorables que pretenden que los dos partidos tradicionales, los que algunos llaman de turno, siguen siendo los primeros, los indispensables, pero son sondeos sin padre ni madre, que van contra las evidencias. 

Desde Cataluña los partidarios del “procés”, tan fracasado como el Barça en Roma, escriben en sus medios que España tiene un problema, que España salvará el proceso por sus errores, que España ha fracasado… sin darse cuenta que confundir España con el PP supone un grave error de juicio, una apreciación muy equivocada. 

Entre otras razones porque España es algo mucho más complejo y resistente de lo que imaginan, ni España es Madrid, ni Madrid es Madrid, entre otras razones porque Madrid carece de identidad, no es sujeto, ni objeto, solo una potente mancha en la meseta, ni siquiera un sentimiento. Eso si en ese Madrid inexistente se practica el fuego lento.


(*) Periodista y politólogo



El 'caso máster' y la desvergüenza de los señores rectores / José Oneto *

Si el Partido Popular confiaba como,  ha venido declarando el coordinador general del Partido Popular,  Fernando Martínez Maíllo, en que el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas ( CRUE) le ayudase a resolver el  caso del Máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el informe que tenía que hacer público este miércoles, habrá comprobado que este caso tiene tantas ramificaciones y vericuetos que, gran parte de los implicados lo único que quieren es salvar la cara, aún con el riesgo, de hacer el más sonoro de los ridículos.

Y esto es lo que ha hecho las CRUE, después de anunciar a bombo y platillo una investigación con observadores de otras Universidades, con un informe en el que se quitan de en medio, alegando que no les  había llegado parte de la documentación y que varios de los que tenían que comparecer pata prestar testimonio, no habían comparecido. Entre ellos, el director del Máster, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arias Conde, el genio que confesó a Carlos Alsina en Onda Cero, que reconstruyó el Acta del polémico Máster, intentando ocultar que en realidad lo que hizo fue una falsificación.

Ante esa situación, los ilustres miembros de la Comisión investigadora,  en vez de anunciar públicamente que desistían de elaborar ningún tipo de informe, y que disolvían la Comisión que había adquirido ese compromiso investigados, ha esperado hasta el final del plazo y ante la expectación de toda la comunidad educativa y de la opinión pública, ha convocado una rueda de prensa para enseñar unos comunicados en los que se ponen de perfil sobre el tema, se lavan las manos, y salen en defensa de la Universidad en su conjunto, como si la Universidad no tuviese nada que ver en el escándalo. Una defensa corporativa que es lo peor que podían hacer después de  pronunciarse, en varias ocasiones sobre la gravedad de lo que ha ocurrido en la Juan Carlos I  y los hechos irregulares que han concurrido en este caso.

En medio de sucesivas noticias que están saliendo en la prensa y, en los medios que han seguido el “affaire”, en  un verdadero trabajo de investigación, y que constituyen un auténtico culebrón en el que hay de todo (venganza, lucha por el poder, amaños políticos, celos, y hasta sexo) las piezas han empezado a encajar ya que todo el escándalo gira ante un sorprendente Instituyo de Derecho Público que teóricamente está ligado a la Universidad Juan Carlos I, pero que depende exclusivamente del catedrático Arias Conde, uno de los que se negó a comparecer ante la Comisión de la CRUE. 

Arias Conde catedrático de Derecho Constitucional desde el año 1999, ha sido decano de la Facultad de Derecho de Alcalá de Henares  y está ligado al Partido Popular desde hace años. Fue director general de Administración cuando Mariano Rajoy fue ministro de Administraciones Públicas (1996-1999). Tras su cese monta su chiringuito de Derecho Público, que nunca ha publicado las cuentas de ingresos y gastos (es ahora cuando el Rector de la Juan Carlos I  le ha exigido una relación de esas actividades económicas).

A través de ese chiringuito que ha recibido subvenciones de entidades más o menos cercanas al Partido Popular, superior al medio millón de euros, el señor Arias Conde el de la “reconstrucción” para lo que quería utilizar a sus “discípulas” a las que amenazó (y está grabado) si no firmaban, es como el catedrático que consiguió una cátedra para su compañera sentimental, formando parte del Jurado (algo totalmente ilegal) es como ha hecho todo tipo de tráfico de influencias, repartiendo máster y presionando a todos.

Ahora lo único que hay que esperar es el informe de la Fiscalía que sigue su trabajo, después de que el tema se haya judicializado por denuncia de alumnos de la propia Universidad y por el propio Rector, que desde el principio  y desbordado por los acontecimientos, no ha actuado con la energía necesaria  sabiendo, además, con quienes estaba tratando. Esto desde el punto de vista académico. 

Desde el punto de vista político hasta la semana que viene,  probablemente no habrá novedades a la espera de una reunión de la Presidenta de la Comunidad madrileña  con el Presidente del partido y del Gobierno que regresa este jueves de Argentina. En su  forma de actuar el señor Rajoy que ya ha empezado a poner tierra de por medio, está a punto de declarar la célebre y clásica  frase de  “esa señora a la que usted se refiere…”.



(*) Periodista y economista 



Lo de Chaves y Griñán sí que es grave / Pablo Sebastián *

Mucho han hablado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre el máster de Cristina Cifuentes pero ahora que entramos en el interrogatorio de Manuel Chaves y José Antonio Griñán los líderes de la izquierda española se han quedado mudos, a pesar de que están en juego 741 millones de euros de dinero público que se esfumaron en golferías y favores ilegales de las arcas de la Junta de Andalucía.

Y Chaves y Griñán, estos dos ex presidentes de la Junta, ex presidentes nacionales del PSOE y ambos ex ministros de Trabajo de los gobiernos de Felipe González no sabían nada de lo que ocurría a su alrededor, y Griñán en su etapa de Consejero de la Hacienda andaluza ni siquiera se enteró de las  15 advertencias del interventor del Estado que sobre los ERE llegaron a su consejería.

Y nada de todo ello sabían la agria ex consejera Magdalena Álvarez (‘antes muerta que partía’), ni el todopoderoso Gaspar Zarrías, ni los ex consejeros Fernández, Vallejo, Viera y Aguayo. Y no digamos el director y gran golfo de Guerrero, o los varios conseguidores de la UGT y los demás artistas del gran festejo de los ERE.

Sin duda un caso emblemático de la gran corrupción política del total de la transición. Un caso que se pretendió abortar en los tribunales por intrigas de la política, que llega a juicio con muchos años de retraso y que empata entre el PSOE y el PP en gran partido de la corrupción española.

Lo que, finalmente, podría tener consecuencias en las próximas elecciones generales si Cs derrota al PP y Podemos adelanta al PSOE abriendo así una crisis de identidad e incluso de supervivencia entre los dos grandes partidos nacionales de la transición.

Nos dicen desde el PSOE andaluz que Chaves y Griñán no se han hecho ricos con los ERE como si eso justificara todo lo demás. Solo faltaría eso, que se hubieran hecho ricos, pero otros si se han enriquecido y le quitaron los fondos públicos a quienes lo merecían y se esfumaron pronto y mal 741 millones de euros, por acción u omisión, de los gobernantes andaluces del PSOE, es decir por malversación, por prevaricación o por negligencia.

Y sobre todo porque Andalucía la gestionaba el PSOE con la soberbia del dueño de un cortijo y sin controles mediáticos, judiciales y de oposición, disfrutando 40 años ininterrumpidos del control del gobierno andaluz y creando un régimen nepotista y clientelar en el que tenía que pasar lo que pasó, mientras Andalucía continúa siendo una de las regiones más pobres, más subvencionadas y menos desarrolladas de Europa. Y donde también ha florecido la corrupción.


(*) Periodista



La desmesura / Ramón Cotarelo *

En 1854, un joven Antonio Cánovas del Castillo publicaba un libro titulado Historia de la decadencia de España. Con el tiempo, aquel joven llegó a primer ministro del país que consideraba en decadencia. Y en decadencia lo dejó al morir un año antes del mítico 98. Y en decadencia siguió. Y siguió incluso cuando, tras una cruel guerra civil, una dictadura pretendió devolverlo a la senda imperial, hundiéndolo aun más. Y en decadencia continuó; hasta hoy. 
 
La decadencia es sinónimo de España hace siglos. Explicaciones y propuestas de soluciones hay para dar y tomar. Pero una parece incuestionable por ser de carácter mercantil: una clase dominante tradicional, una oligarquía de elementos nobiliarios, militares, eclesiásticos consiguió destruir uno de los imperios mayores y más ricos del mundo por pura incompetencia. 
 
Hasta el punto de dejar a la metrópoli arruinada. Fantástica ineptitud consistente en que los gobernantes (de los austrias y los borbones) jamás tomaban las medidas necesarias para resolver los problemas de la forma más provechosa para el país. Ni siquiera los entendían porque el país (eso que luego fue "nación") no le importaba nada y su pueblo, menos.


Una vez más la fabulosa incompetencia de la oligarquía española se hace patente. Desde el comienzo de la actual etapa del procés estuvo claro que el independentismo llevaba la iniciativa política. También lo estuvo que el nacionalismo español no comprendía la naturaleza y el alcance del movimiento catalán. Básicamente a causa de su habitual arrogancia que lo lleva a pensar que lo que no se dice y no se hace en castellano, no existe y menos si no es en Madrid. 

En resumen, desde el principio ha estado claro que, al adoptar una actitud de intransigencia y represión el bloque del 155 no sabía en dónde se estaba metiendo. Traía en la memoria el plan de acción antiterrorista del País Vasco. Y es el que pretende imponer a la fuerza en Catalunya en donde, si no hay violencia, se inventa; y, si tampoco hay terrorismo, también se inventa. 

La "batasunización" del independentismo catalán es una maniobra propagandística del B155 (PP, PSOE, C's), una forma de criminalización de aquel. Una prueba más de que la causa por rebelión del juez Llarena es un juicio político por ideas, una persecución de los adversarios políticos instrumentalizando el poder judicial. La ampliación del concepto de rebelión hasta los cortes de tráfico o la supresión de los peajes convierte en punible por vía penal el ejercicio de derechos fundamentales. 

El objetivo de estas desmesuras del Estado es buscar la violencia que los jueces necesitan para construir sus imputaciones de rebelión allí en donde no la hay. Si no la encuentran está dispuesto a sembrarla en provocaciones. 

El Estado necesita violentos y terroristas, aunque sean inventados, para justificar su cerrada actitud represiva.

Y con todo tanta desmesura es inútil. Las recetas del País Vasco no funcionan en Catalunya. El grado de compromiso de la población con un objetivo independentista es muy alto, como también lo es la relación entre el movimiento y sus diversos centros de dirección. Uno de ellos es precisamente la cárcel y el exilio. Algo nada infrecuente en el Estado español. Pero no hay cárceles suficientes para más de dos millones de personas.

El B155 es la nave capitana de la decadencia de España.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED