La esquela / Joaquín García Cruz *

Una esquela de página entera en los primeros periódicos del nuevo año, con su cruz gigante, su D. E. P., sus letras negras y su mal rollo, fue la forma elegida por los populares para comunicar a los cuatro vientos la defunción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

En realidad, el gravamen habita aún entre nosotros, aunque ciertamente reducido a cenizas porque se ha minorado hasta un simbólico 1% el dineral que antes se apoquinaba por recibir una herencia entre padres, hijos y cónyuges y por realizar una donación ‘inter vivos’ con estos mismos grados de consanguinidad. 

La publicidad mortuoria no parece el mejor modo de felicitar a nadie ni de alborozarse ante una rebaja fiscal, pero el logro está conseguido, y con creces, si lo que se pretendía era hacer ruido y llamar la atención en las redes sociales, donde Mariano Rajoy contribuyó al debate con un ‘me gusta’ y la oposición sigue dándole cera a la esquela. 

Lo sustantivo del asunto, sin embargo, no radica en tan singular alboroque, sino en la supresión misma del impuesto. Lleva razón el consejero Andrés Carrillo cuando la considera «una medida de política social de primer orden». 

Muchos de los 15.000 murcianos que cada año afrontaban el pago de este tributo terminaban renunciando por cientos al legado de una casa paterna, o de cuatro tahúllas en la huerta, ante la imposibilidad de abonar el gravamen, que no siempre era soportable para una economía modesta: recibir en herencia un bien valorado en 180.000 euros, por ejemplo, comporta ahora el pago previo a Hacienda de 240 euros, pero hasta 2015 suponía un castigo de 24.000 euros, que ya en 2016 se limitó a ‘solo’ 3.000 merced a una primera rebaja, también significativa (del 60%), pero que entonces no se anunció con tantas alharacas. 

La eliminación del impuesto no es, por consiguiente, una decisión que favorezca únicamente a los ricos. Y objetar que los 26 millones que la hacienda regional dejará de ingresar este año podrían destinarse a mejorar la sanidad llevaría al absurdo de preguntarnos por qué no volcar en el maltrecho sistema de salud la totalidad de las arcas públicas, dada la voracidad insaciable del gasto sanitario, que solo podrá contenerse -y va veremos hasta qué punto- de la mano de un nuevo y más razonable sistema de financiación autonómica. 

A mi parecer, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones constituye una buena noticia, quizá el primer mojón de un año, 2018, del que Fernando López Miras vaticinó en su discurso de Nochevieja que será el «más positivo de la historia reciente», empujado sin duda por un entusiasmo que, con independencia de que se antoja exagerado, anticipa la ruta de campaña que el PP ha dibujado ya, y que está marcada por la necesidad de poner tierra de por medio con Ciudadanos. 

El partido de Albert Rivera le comió la tostada a los populares en Cataluña y amenaza con un crecimiento electoral análogo en el resto de las comunidades, así que en esta pugna a codazos con la formación naranja es donde encaja el hecho de que PP y Ciudadanos se disputen como niños el mérito de haber eliminado el impuesto sucesorio. Tan lejos llegan unos y otros en su empeño por atribuirse la gloria de la rebaja fiscal -incluida por el PP en su programa electoral de 2015- que a la esquela de marras respondió enseguida en Twitter el jefe de filas de Ciudadanos, Miguel Sánchez, con un mensaje más propio de un consejero con mando en plaza que de un portavoz de la oposición: «Comenzamos el año eliminando impuestos». 

La gresca durará hasta que las urnas se abran en 2019. Aún no habían terminado los dos partidos de enterrar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y allí mismo, en el velatorio, volvieron a chocar, pero esta vez por algo más peliagudo, de mayor gravedad y de resonancia nacional: la citación por el Tribunal Supremo de la senadora Pilar Barreiro, imputada en ‘Púnica’, el mismo caso que tumbó al expresidente Pedro Antonio Sánchez. Ciudadanos quiere su cabeza, y está en su derecho a cobrársela porque firmó un pacto de investidura con Mariano Rajoy, y los pactos se cumplen o se tiran a la basura.

Pilar Barreiro es ya el problema principal de Fernando López Miras. Si el PP sigue haciéndose el remolón con sus imputados, no podrá afianzar la solvencia de su candidato a la Comunidad Autónoma y su virginidad política quedará desautorizada como principal activo para conducir al PP hasta una victoria electoral. 

O López Miras hace valer su condición de presidente regional del partido, y aparta del Senado a la exalcaldesa de Cartagena -inmediatamente y sin la menor conmiseración-, o quedará tocado para siempre por la misma conchabanza que tantos disgustos ha traído al PP cuando le ha tocado lidiar con la corrupción y se ha cruzado de manos. 

Malo sería que López Miras se dejara conducir por su antecesor en la resolución de este asunto, y peor aún que aceptara las presiones de la propia Barreiro para mantenerse en el escaño, desoyendo el consejo que Paul Aster ofreció ante los periodistas durante la reciente presentación en Madrid de su (soberbia) novela ‘4 3 2 1’: «Los moribundos nunca deberían dar consejos». 

(*) Columnista

http://www.laverdad.es/murcia/esquela-20180107222621-nt.html 

El gran robo del siglo / Ramón Cotarelo *

El robo del siglo y del país. Y en más de un sentido.

Es una convicción generalizada: los que venían a gestionar bien, con sentido común, sin gastar más de lo que tenemos, a acabar con el paro en dos años, han destruido, han esquilmado el país. Han descapitalizado todos los servicios públicos, reducido los salarios a la miseria, recortado o suprimido todo tipo de subsidios, arruinado la I+D y expoliado el fondo de reserva de la seguridad social. Y han creado una deuda pública billonaria que habrán de pagar las generaciones futuras.

Un crimen. Perpetrado por una mezcla de incompetencia y corrupción y, la verdad, no se sabe cuál será mayor. Porque sinvergüenzas son un rato largo (mil imputados, se dice pronto), pero estúpidos, aun más. Basta con oírlos hablar, empezando por el presidente de los sobresueldos, que no sabe ni en qué año vive. 

Un crimen palmario, público, evidente, trufado de verdaderas afrentas a la dignidad (y los bolsillos) de la ciudadanía, como los rescates bancarios o el hecho de que Urdangarin y Rato anden por ahí mientras Junqueras y otros están en la cárcel. Paladino, notorio, humillante. Tanto que ya está saltando a los medios internacionales como lo que es, un gobierno de una asociación de presuntos delincuentes (vulgo mafia) .

Claro que no es la resonancia internacional de la corrupción lo que preocupa al gobierno. Si es capaz de censurar y manipular la información interior, más podrá hacerlo con la exterior. Lo que le preocupa es la solidez del apoyo judicial a su política represiva en Cataluña. Represiva y provocadora pues, valiéndose del 155, busca impedir el normal desarrollo de la política institucional catalana a base de torpedear el cumplimiento del resultado de las elecciones del 21D, como se le exige en la UE. 

 

Lo que le preocupa es hasta qué punto en Europa se aceptará la excusa judicial para sancionar un estado de excepción que ni hay modo de justificar ni tiene expectativa alguna de viabilidad. En qué medida Europa no relacionará el conocimiento de la corrupción en España, la falta de independencia judicial que denuncian el Consejo de Europa y la Comisión Europa con un procedimiento judicial que tiene caracteres de "justicia política", incluso inquisitoriales.

Si de lo que se trata es de hacer, como dice el abogado de Junqueras, una causa general contra el independentismo, conviene que los estrategas de la derecha piensen en la eventualidad de tener que ampliar la causa a los más de dos millones de votantes de partidos independentistas. 

Para encontrar una cortina de humo capaz de ocultar la catástrofe que han organizado a fuer de incompetentes y ladrones van a necesitar algo más que partir el país que heredaron de sus padres.

 

 

¡Ah, qué tiempos! 

 

 

Richard R. Weiner & Iván López (2017) Los indignados: Tides of Social Insertion in Spain Washington/Winchester: Zero books, (217 págs)

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Recordarán los lectores que, a principios de diciembre pasado, Palinuro daba cuenta de la publicación de la obra de teatro de Marcel Vilarós, titulada Mi abuelo fue a Cuba. Además de asignarme el ocasional papel (los grandes actores tenemos siempre comienzos modestos) Marcel me pidió un prólogo, que aparece antes de la obra con el título de Menos se perdió en Cuba.

De prólogos a postfacios, la vida es un balancín. Los profesores Weiner y López han publicado un interesante trabajo de investigación y reflexión sobre el fenómeno de los indignados que tanta alharaca mediática suscitó en los primeros cinco años de la crisis y su deriva político-institucional posterior de Podemos y sus confluencias. Para acabar de arreglarlo tuvieron la caritativa idea de honrarme pidiéndome unas líneas que figuran como "Afterword" en el texto.

El libro tiene muchos méritos. Enumerarlos haría interminable la reseña y no en todos los casos con la debida justicia. Es un trabajo académico, claramente expuesto y bien apoyado en fuentes empíricas, estadísticas y doctrinales. Pero, al mismo tiempo, es un ensayo elegantemente escrito, con capítulos de longitud muy desigual como desiguales son las cosas en la vida y en un estilo fresco y original. Es una rendición de cuentas de una cultura política desde dentro y fuera de ella, desde las perspectivas emic y etic de los antropólogos.

Weiner y López son ellos mismos indignados, se sienten indignados y, al mismo tiempo, son optimistas al considerar que el movimiento lleva a una potencialidad y realidad (especialmente en el ámbito municipal) de cambio emancipatorio por medios nuevos. Su conclusión está contenida en el título : mareas de inserción social en España. Reténgase el complemento circunstancial de lugar, España, pues es importante. Al fin y al cabo la idea de indignarse nace en Francia pero toma cuerpo en España. Un poco al modo en que, según Heine, la filosofía alemana soñaba con la revolución que los franceses hacían.

La idea y esperanza de los autores es que el movimiento indignados es una forma única, original, rizomática de reinserción social de una generación de marginados, desplazados y privados de futuro. A este extremo se ha llegado por la diabólica conjunción de una crisis económica que ha doblegado a los Estados como instituciones soberanas, haciéndolos incapaces de garantizar una gobernanza justa y un trastorno sociodemográfico sin precedentes en cuanto a esperanza de vida, robotización el trabajo y restricción del empleo.

Junto a Deleuze se recurre asimismo a Gorz por lo de la desaparición de la clase, que era un viejo y seguro mecanismo de integración. Junto a estas dos, el discurso de los autores tiene fuertes apoyos doctrinales en Lipset, Luhmann, Habermas, Turaine, etc., en un arco que va desde la primera "crisis de legitimidad" hasta las formulaciones de sociedades postcapitalistas, desde las elaboraciones teóricas de otro mundo es posible a la aplicación práctica de las plataformas antidesahucios, en fuerte hermandad de espíritu con el municipalismo del movimiento.

Los autores incluyen una especie de tabla cronológica de la evolución que estudian desde febrero de 2009 (formación de la PAH ) hasta el 3 de junio de 2016, lo que no obsta para que analicen el resultado de las elecciones del 26 de junio de ese año. La narrativa tiene una ruptura en 2014. Hasta entonces, se habla, considera e investiga a los indignados; desde entonces, el foco se pone en el desarrollo de Podemos y sus confluencias. La primera parte señala el movimiento Indignados como asambleario, rizomático, democrático, abierto, grass roots, desvertebrado, sin jerarquía, espontáneo y español. 

 

 A este respecto, en un apartado relativo a la crisis del Estado de la Transición, los autores, dejan caer una observación, claramente dirigida a orientar a los lectores extranjeros que dice: For centuries, Spain scarcely developed a democratic culture (p. 47). Este es el sentido profundo de la determinación circunstancial de lugar antes señalada. Sobre el fondo de la resignada afirmación ha de entenderse la alegría, casi regeneracionista, con que los autores saludan y analizan el surgimiento de Podemos, y sus confluencias, surgidas según este avanzaba, al modo en que los seres humanos nacen de la tierra al paso de Cadmo tirando los huesos de su madre.

Para valernos de Luhmann, Podemos traía una promesa de poner en contacto dos sistemas que se habían distanciado, el político y el social, haciéndolo en el terreno que el sociólogo alemán considera coextensivo de la acción social: la comunicación. Es muy de resaltar cómo Podemos se crea un espacio mediático propio y prestado, novedoso, que posibilita esa comunicación entre los sistemas. La reiterada firmación de Iglesias acerca de la política bifronte de Podemos, en las instituciones y en la calle, bien claro lo deja. Hacia la calle, ruptura de la razón de Estado; hacia el Parlamento, la voz del pueblo. ¿O es una visión excesivamente radical?

Los autores dedican la segunda parte al análisis de Podemos como formación política, surgida de los "iracundos nietos del segundo aburguesamiento" (p. 69). Presionados por la precariedad, léase precariado, de Guy Standing (p. 103) que nos explica el carácter de movimientos anti-neoliberales estos "nietos" organizan partidos políticos alternativos. Podemos. El estudio de la organización incluye su estructura interna, sus tendencias, sus relaciones con los medios, su electorado, etc. y los sitúa luego sobre tres grandes fondos electorales: las elecciones locales de mayo de 2015 y las generales del 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016.

Las municipales (y autonómicas) desplegaron una amplia variedad organizativa local que se articuló en las famosas confluencias. Un tratamiento específico de este asunto que tuviera en cuenta factores diversos como los distintos nacionalismos y/o peculiaridades locales requeriría otro libro. Señalada queda la importancia de las confluencias en la estructura de Podemos y la cuestión de hasta qué punto sean compatibles.

Las generales presentan otro cariz. Juegan consideraciones de gran política, alianzas, coaliciones de gobierno, mociones de censura, investiduras, la política institucional como vértigo. Sorpasso, conflicto interno en el PSOE, impacto de C's en el PP, todo este batiburrillo, acompañado de la presión lateral del independentismo catalán, cada vez más dominante, se resolverá (es un decir) a raíz de las elecciones de nuevo generales de 26 de junio. Los autores registran el fracaso del Sorpasso como determinante de la estrategia de Podemos, que pierde más de un millón de votos con su unión con IU en Unidos Podemos (p. 174).

A la espera de la evolución posterior, no hay inconveniente en saludar la fórmula propuesta por los autores de Podemos como un partido-movimiento, yéndose a buscar inspiración para ello al alma de varios movimientos partidos latinoamericanos, lo que traza el pedigrí del concepto laclaviano de "significantes vacíos" (p. 166).

Insisto en la claridad expositiva, muy útil para tema tan abigarrado. Y la audacia con que quedan planteados los dos temas cruciales a la hora de analizar conjuntamente los Indignados y Podemos: a) hasta qué punto llega esta conexión entre movimiento y partido y si Podemos es el representante, el albacea o el tapón del movimiento; b) hasta qué punto es compatible una estructura de partido con las confluencias y, especialmente, con una realidad tan inestable y cambiante como la política municipal, en un país que reverbera de "ciudades rebeldes" (p. 25), interesante concepto de David Harvey que me propongo investigar.

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Puigdemont y el pacto de impunidad / José Antonio Zarzalejos *

La maquinaria de fabulación secesionista -esa que ha elaborado el relato de lo que iba a ser y nunca fue: la república catalana- trabaja a pleno rendimiento con el concepto de la legitimidad de Puigdemont como presidente, presente y futuro, del Govern de la Generalitat de Catalunya. No hay tal. 

Se trata de otra añagaza que busca solo un propósito: diluir todas las posibles responsabilidades penales del 'expresident' para que pueda regresar a España y ser investido por el Parlament. En otras palabras: se intenta un remedo del exilio de Josep Tarradellas y un regreso similar, en loor de multitud.

La historia solo rima o, de repetirse, lo hace como farsa. Y esa es en la que estamos. Puigdemont y JxCat saben a la perfección que las urnas no absuelven de posibles infracciones penales y que estas, siendo el responsable electo, no las depuran sino que las sancionan los tribunales de justicia. El destino del 'expresident' de la Generalitat, si quiere salir de su encarcelamiento en Bruselas, pasa por regresar a España, ser detenido, llevado a presencia del magistrado Pablo Llarena, ingresado en prisión provisional incondicional y, en el mejor de los casos para él, ser investido y regresar a Estremera o al centro penitenciario que señale el togado.

¿Cabe un pacto político que evitase el trayecto descrito? Obviamente no. El Gobierno no puede transar con los poderes jurisdiccionales, ni interesar del ministerio fiscal que retire las querellas sin una causa de índole fáctica o jurídica que lo justifique. Ni Rajoy, ni el Congreso, ni el Senado, ni ninguna institución del Estado, aunque lo quisiera, podría ofrecer a Puigdemont un pacto, un acuerdo de impunidad, es decir, aquel que le deje libre, de antemano, de las acusaciones que están planteadas formalmente contra él y en fase de instrucción en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Y evitar este relato -este sí, auténtico- es de nuevo engañar a los partidarios de JxCat y a sus votantes que emitieron su sufragio quizá sugestionados por la convicción de que una legitimación democrática liberaría a los electos de sus responsabilidades penales. Así no funcionan las democracias, solo lo hacen las dictaduras o las autocracias. Conviene no olvidarlo cuando se acerca la constitución del Parlament -el día 17- y corren los plazos para la primera sesión de investidura.

La estrategia de fuga de Puigdemont, previendo lo que penalmente se le venía encima, ha fallado. La revocación de la euroorden por el magistrado-instructor de la causa especial 20907/2017 resultó la gran contrariedad a los planes del 'expresident'. Su cálculo no era ingenuo: regresar devuelto por Bélgica pero por cargos menores, nunca por delitos tan graves como los de rebelión, sedición y malversación de fondos. 

La decisión de Llarena de mantener al jefe de filas de JxCat como un turista en la capital de Bélgica fue un torpedo en la línea de flotación del plan del 'president'. Y aunque las urnas le dieron ventaja sobre ERC cuando las encuestas anticipaban que no sería así, las posibilidades de Junqueras son ahora superiores a las suyas, aunque su apelación haya sido desestimada y deba permanecer en la cárcel 'sine die'. Pero como ha declarado Gabriel Rufián el plan b consiste en hacerle 'president'. Plan b muy improbable también.

La legitimidad democrática se somete, para serlo auténticamente, a la ley, sea esta la penal o cualquier otra. No hay legitimidad que se sobreponga a la norma, mucho menos cuando esta es de carácter punitivo. Siendo así las cosas -y hasta el más elemental análisis lo acreditaría- el sudoku que han montado el 21-D los exconvergentes y los republicanos no cabría suponerlo ni en la hipótesis más inverosímil. 

De tal manera que si ya la fugaz proclamación de la república catalana fue un mero voluntarismo, el planteamiento por parte de ambas fuerzas políticas del 21-D consistió en un teatrillo: llevar en cabecera a huidos, presos e imputados que, antes o después, salvo error u omisión, terminarán inhabilitados para el ejercicio de las funciones representativas. 

El hecho de que lo sean –es decir: que como electos representen a ciudadanos- no es eximente de clase alguna en el Código Penal sino una causa de exigencia de mayor responsabilidad y rigor en el cumplimiento de la ley. 

Estas son las reglas del juego en las que la impunidad no  encaja. Los acontecimientos en Catalunya abocan a designar 'presidents' del Govern y del Parlament a electos limpios de polvo y paja penal, o a repetir elecciones sin la presencia de huidos, presos e imputados.

(*) Periodista y ex director de Abc

http://www.elperiodico.com/es/amp/noticias/opinion/puigdemont-pacto-impunidad-zarzalejos-6533522

Esto no puede acabar bien nunca / Javier Pérez Royo *

"Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: …5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional" (art. 472 Código Penal)

El presupuesto de hecho del delito de rebelión es un alzamiento violento. La violencia es un elemento constitutivo del tipo penal. La acción política o cívica pacífica o, en todo caso, no violenta, con el objetivo de "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", podrá ser, sin duda, una acción antijurídica, pero no es una acción constitutiva del delito de rebelión. Porque sin violencia no hay rebelión.

Esto, que yo sepa, no se ha discutido nunca. No hay ningún Manual de Derecho Penal en el que no se explique el delito de rebelión de esta manera. Y por eso resulta difícil de entender que el Fiscal General se querellara contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por un delito de rebelión.

En todo el desarrollo del llamado 'procés' no ha habido ni un solo acto de violencia por parte de los protagonistas del mismo. Se han sucedido a lo largo de siete años manifestaciones y concentraciones extraordinariamente masivas y se han celebrado dos consultas con participación de algo más de dos millones de personas, sin que se haya registrado ni un solo acto de violencia sobre las personas y ni siquiera algún acto de vandalismo. Todas las personas que han participado, fueran autoridades o ciudadanos normales y corrientes, lo han hecho de manera completamente pacífica. Esto no se ha discutido por nadie.

¿Cómo se justifican, entonces, las querellas por rebelión? ¿De qué manera acreditan el Ministerio Fiscal, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo la conducta violenta de las personas contra las que se dirigen las querellas? ¿En qué momento se ha producido un "alzamiento violento" por parte de Oriol Junqueras, por ejemplo, que lo convierta en "reo del delito de rebelión"?

No hay una respuesta que no sea disparatada para estos interrogantes en los escritos de la Fiscalía o en los autos de la Audiencia Nacional o del Supremo. El auto dictado por la Sala del Tribunal Supremo el viernes por el que se decide mantener la medida de prisión provisional para el señor Junqueras proporciona el mejor ejemplo de lo que digo.

La Sala reconoce expresamente que no es posible imputar ni directa ni indirectamente ningún acto de violencia al vicepresident del Govern. Ni actuó ni ordenó actuar con violencia en ningún momento. Esto está acreditado. Y sin embargo, la Sala le hace responsable de la violencia contra las personas que pretendían votar en el referéndum convocado por la Generalitat el día 1 de octubre, ordenada por el Gobierno de la nación a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

Al convocar el referéndum, el Govern obligó al Estado, esto es, al Gobierno de la Nación, a reaccionar ejerciendo violencia contra los ciudadanos. Como nadie puede desconocer que un Estado reaccionará con todos los medios a su disposición para evitar la quiebra de su integridad territorial, son los que provocan esa reacción los responsables de la violencia.

El "alzamiento violento" del Govern consistió en que provocó que el Gobierno de la Nación tuviera que ordenar las cargas de la Policía y la Guardia Civil contra los ciudadanos que querían votar. Dichas cargas, conviene no olvidarlo, condujeron a que el Grupo Socialista tomara la iniciativa de reprobar a la vicepresidenta del Gobierno. Iniciativa que quedó sin efecto con la votación del 155 de la Constitución. Y sin embargo, en el auto de la Sala del Supremo se traslada la responsabilidad de la vicepresidenta Saénz de Santamaría al vicepresident Junqueras y con esa operación se justifica la querella por rebelión contra este último.

El auto, desde la perspectiva del delito de rebelión, es esperpéntico. No lo es en absoluto en la descripción que hace del 'procés' y en el carácter antijurídico del mismo, pero sí en su calificación como delito de rebelión. No hubo 'alzamiento violento' por parte del Govern, pero sí 'contra-alzamiento violento' por parte del Gobierno de la Nación. En la provocación de este contra-alzamiento está la justificación del delito de rebelión por parte de los miembros del Govern. La Generalitat es la responsable de la violencia ejercida por el Estado contra sus ciudadanos. Esa es la violencia que convierte a Oriol Junqueras en reo del delito de rebelión.

Esto no puede acabar bien nunca.

(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

http://www.eldiario.es/zonacritica/puede-acabar-bien_6_726587345.html 

La política sin política / José Antich *

Hace unos días, un corresponsal de un medio de comunicación extranjero me formulaba la siguiente pregunta: "¿Puede explicarme qué acciones está realizando el gobierno español para solucionar el conflicto catalán?". 

Mi respuesta no pudo ser más directa: "ninguna". El periodista quedó desconcertado con la respuesta y se pensó que simplemente no le había entendido bien y prosiguió: "Se lo pregunto, si quiere, en off the record para que mis lectores se hagan una idea de por dónde van las conversaciones y cuáles pueden ser las discrepancias".

Ante su insistencia, comprensible por otra parte, mi respuesta no pudo ser tan sencilla como con la primera pregunta y le expliqué que el gobierno español abordaba este tema únicamente como un contencioso en el que solo debían pronunciarse los fiscales y los jueces y que la política, tal como se entendía en su país, había hecho dejación de funciones. 

No fue muy diferente la conversación a la que había mantenido, en este caso hace algo más de tiempo, con un cualificado representante diplomático de un país que tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En este caso, su experiencia le llevaba a vaticinar que tarde o temprano en un conflicto siempre se abren vías de diálogo y que la clave estaba en llegar a este momento en condiciones de negociar con tu adversario. 

Viendo el comportamiento del Estado español con los miembros del Govern en el exilio o en prisión y los presidentes de las entidades soberanistas también en la cárcel, uno puede preguntarse en qué mundo viven este periodista extranjero y el diplomático. 

A buen seguro son poco conocedores de la realidad española, de la respuesta de su clase dirigente y de la negativa a cualquier diálogo.

Mal asunto esconder la cabeza como un avestruz, porque el problema sigue existiendo. Y seguirá existiendo. Ya ha pasado el tiempo suficiente y se han celebrado varias elecciones para que nadie en su sano juicio piense que un día, sin más, habrá desaparecido. 

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-politica-politica_226971_102.html

El Auditorio regional cierra 2017 con un nuevo aumento en el número de espectadores, en especial con la Sinfónica

MURCIA.- El Auditorio Regional Víctor Villegas de Murcia, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, ha cerrado 2017 con un nuevo incremento en el número de espectadores. 

En concreto, pasaron por este espacio cultural 124.344 espectadores, lo que supone un aumento del 7 por ciento respecto a los datos registrados durante el año anterior.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, explicó que "entre los ciclos programados por Cultura que más han aumentado el número de espectadores por función destacan los protagonizados por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, sobre todo el ciclo de 'Conciertos en Familia', que registró un incremento de casi el 40 por ciento".

"Este aumento avala la actuación realizada desde la Consejería para acercar la música clásica a los más pequeños y al público familiar a través de espectáculos especialmente producidos para ellos", añadió.

En las dos salas con las que cuenta este espacio se celebraron en 2017 un total de 151 espectáculos de diferentes ciclos como el ya nombrado de 'Conciertos en Familia' o el de abono de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia; los de 'Danza' y 'Grandes Conciertos' o los realizados en colaboración con la Asociación Pro Música de Murcia, la Federación de Bandas de la Región de Murcia, la Federación de Coros, la Fundación Cajamurcia y otras formaciones de la Región.

Respecto al incremento general en el número de asistentes, López-Briones destacó "la buena respuesta del público a la amplia y variada programación de música y danza del Auditorio regional con la que pretendemos llegar a todo tipo de espectadores", e hizo también referencia "al éxito de los conciertos de 'Otras músicas', protagonizados por cantantes y grupos de relevancia nacional e internacional y cuya afluencia se ha incrementado un 40 por ciento".

Dentro de los tres grandes ciclos de abono del Auditorio (Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Grandes Conciertos y Danza), el mayor aumento de público se registró en el de la Orquesta Sinfónica de la Región, ya que se ha pasado de una media de 695 a 837 espectadores por función, lo que supone un 20 por ciento más. 

En total, asistieron a los conciertos de la formación regional 7.532 personas durante 2017.

En el caso de los 'Conciertos en Familia', el incremento fue aún mayor, rozando el 40 por ciento y pasando de una media de 1.131 espectadores por función a los 1.573. En total, 17.745 personas, muchos de ellos niños, pasaron por el Auditorio, donde se agotaron las entradas para varios de los espectáculos programados.

Lo más visto

Ocho espectáculos programados por Cultura superaron en 2017 las 1.700 butacas vendidas, lo que supuso el aforo completo del Auditorio regional. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los 'Conciertos en Familia' de 'Drilo Sinfónico' el espectáculo con mayor número de entradas vendidas, con un total 1.774 espectadores y el de 'Jorge Blass y la magia de la música', además de los conciertos de Vanesa Martín, India Martínez, Antonio Orozco, Ara Malikian y Dani Martín incluidos en 'Otras músicas'. 

El espectáculo de la Film Symphony Orchestra también está entre los ocho que lograron un mayor éxito.

Del mismo modo, lograron el favor del público, superando las 1.500 localidades ocupadas, el Concierto de Año Nuevo de la Sinfónica de la Región, el protagonizado por el guitarrista cartagenero Carlos Piñana de nuevo junto a la Orquesta Sinfónica, los espectáculos familiares 'Mis series favoritas de TV' y 'Cuento de Navidad', el recital de Rozalén y la actuación del Ballet Nacional Ruso.

La Región lleva sus belenes, alfombras o bolsos a la feria de diseño y decoración más importante de Italia, 'Homi Milan'

MURCIA.- Los belenes, alfombras, bolsos, joyas y otros complementos elaborados por los artesanos de la Región estarán presentes por primera vez en Homi Milán 2018, la feria de diseño, decoración y regalo orientada al público profesional más importante del mercado italiano y una de las más destacadas de toda Europa. 

La Comunidad mantiene así su apoyo al sector de la artesanía regional con una misión comercial a este encuentro, que estará encabezada por el Instituto de Fomento y en la que participarán un total de siete empresas y talleres artesanos.

El director del Info, Joaquín Gómez, mantuvo una reunión con representantes de algunos de estos talleres. 

"En los últimos años, el sector artesano de la Región ha dado un paso al frente en los mercados internacionales y ha conseguido posicionarse en mercados muy complicados y de una gran tradición como el italiano y el francés. El objetivo, ahora, es seguir avanzando en este camino, para lo que hay que potenciar la colaboración entre las empresas de este sector para mejorar su competitividad y crear sinergias para consolidar una marca conjunta de la artesanía de la Región de Murcia", señaló Gómez.

En este sentido, el sector artesano de la Región ha logrado ya un importante posicionamiento en Italia gracias a su presencia en los últimos años, a través de las empresas integradas en la asociación Manos Artesanas, en la feria L'Artigiano in fiera, orientada en este caso tanto a los profesionales como a la venta directa al público y que se celebra también en Milán. 

En 2017, y también de forma pionera, el Info acompañó a varias firmas de esta misma asociación a la feria de París, considerada también como la más relevante del mercado francés y en la que los representantes regionales lograron establecer más de medio centenar de distribuidores, representantes, comerciantes y tiendas del mercado galo.

"Estas ferias son el escaparate ideal en el que las empresas y talleres artesanos de la Región pueden mostrar la calidad de un sector que ha sabido modernizarse gracias a su apuesta por el diseño y la innovación", subrayó el director de la agencia de desarrollo regional.

En esta ocasión, la delegación regional estará formada por siete talleres especializados en la elaboración de belenes, bolsos, alfombras y jarapas, cerámica, encuadernación y complementos personales. 

Se trata, en concreto, de Maestros Artesanos, el taller de belenes de José Griñán; Artelor, especializada en alfombras y jarapas; las empresas de complementos personales Pia La Torre e Ise Soldevilla; Eolo Cerámica; el taller de encuadernación y artículos de papelería Papelbarro, y Ginelos, dedicada al diseño, elaboración y venta de bolsos, bisutería y otros complementos.

La feria Homi, que se celebra del 26 al 29 de enero, contará con cerca de 1.400 expositores de todo el mundo, aunque la gran mayoría pertenecen a países europeos. El año pasado recibió más de 62.000 visitantes. 

"Uno de los puntos fuertes de esta feria es que esos 62.000 visitantes eran todos importadores, distribuidores y minoristas con una elevada capacidad de decisión, por lo que este tipo de contactos tienen un importante valor porque pueden abrir las puertas de otros mercados europeos".

En la actualidad, y además de los citados mercados italiano y francés, los esfuerzos e intereses del sector artesano regional se orientan hacia otros países de la Unión Europea, fundamentalmente Alemania y Portugal. 

Esta misión, cofinanciada con Fondos Europeos para Desarrollo Regional (Feder), se articula a través del Plan de Promoción Exterior, una herramienta pionera que integra a los principales organismos, asociaciones y entidades que promueven la internacionalización y que coordina el Instituto de Fomento.

La alcaldesa de Cartagena anulará el contrato con 'Hidrogea' si la jueza Pilar de Lara confirma delito

CARTAGENA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Mora, anunció este sábado que iniciarán la anulación de la prórroga del servicio de abastecimiento del agua en la ciudad que realiza Hidrogea si la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, Pilar de Lara, instructora del 'caso Pokemon' (en la imagen) determina que existió delito en ese contrato.

Unos informes en poder de la actua corporación advierten que el Consistorio tendría que hacer frente a la devolución de 20 millones de euros a Hidrogea si anula la prórroga de forma unilateral, pero no así si la jueza del 'caso Pokémon' ve la existencia de un delito en tal prórroga.

"Con un delito que hubiese propiciado una prórroga ilegal, sería de aplicación el artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo", explicó Mora.

"Estaríamos ante un caso de nulidad de pleno derecho, que no estaría prescrito y, por tanto, iniciaríamos los trámites para anularla lo antes posible", destacó Manuel Mora.

Además, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, dará orden a todos los servicios municipales para que se facilite a la juez la documentación que ha solicitado sobre el proceso lo antes posible, según explicó el portavoz socialista.

"La postura del Partido Socialista no ha variado en ningún momento. Desde el principio hemos anunciado nuestro deseo de anular la prórroga, pero la situación legal nos lo impedía. Si ésta cambia, lo haremos", recalcó.

"Desde el primer momento tenemos claro que nuestra prioridad es no perjudicar a los cartageneros y por eso no podemos anular la prórroga sin garantías jurídicas, como recordó la alcaldesa en los últimos plenos", añadió.

"En el momento en el que haya una sentencia en firme, podremos llevar a cabo la anulación sin que suponga un coste añadido para nuestro municipio", reiteró el portavoz de la Ejecutiva.

CTSSP: "Se confirma la trama corrupta del agua en Cartagena"

CARTAGENA.- "El 18 de enero se celebrará el pleno extraordinario solicitado por CTSSP y MC para investigar la trama del agua, y los socialistas cartageneros, con la alcaldesa Ana Belen Castejón a la cabeza, negocian con la empresa Hidrogea "supuestamente" corrupta, la bajada del recibo", dice 'Cartagena Sí Se Puede' (CTSSP) en un comunicado

"Esta noticia llega como “agua de mayo” ante la celebración de un pleno extraordinario en el ayuntamiento de Cartagena, denominado por CTSSP como el pleno de la vergüenza. Porque este Pleno extraordinario es vergonzoso. 

Primero porque dos grupos políticos tienen que “forzar” esta convocatoria ya que el resto de partidos no presenta ninguna inquietud en debatir sobre el agua, o al menos así se ha demostrado hasta ahora. 

Se niega la derecha cartagenera, pero también se niega el PSOE, un PSOE que al igual que la derecha pretende únicamente rebajar las tarifas: bajar unos euros el recibo, arañar un puñado de votos, pasar página y todo el mundo pa’ su casa, que aquí no ha pasado nada. “Lo de Pokemon se olvida pronto, ha sido sólo un mal trago.” Nunca mejor dicho: un mal trago".
Lo que no se esperaba nuestra alcaldesa socialista, era que la jueza Pilar de Lara actuara con prestancia y rápidez ante las demoledoras conclusiones de las investigaciones realizadas por Aduanas, donde se destapan los viajes realizados por el mundo por parte de concejales del PP y familiares de estos, incluyendo a la exalcaldesa Pilar Barreiro, pagados por la empresa que gestiona el agua en Cartagena, Hidrogea, obteniendo estos políticos beneficios a cambio de “favores” realizados a dicha empresa, favores tales como la ampliación de contrato hasta el año 2042, ampliación que nuestro grupo no se ha cansado de denunciar como “ilegal”, y parece ser que también para la jueza del caso Pokemon.
Solo dos días después de que el Tribunal Supremo citara a la exalcaldesa Pilar Barreiro por presuntos delitos de prevaricación, y malversación, aparece el auto de la Jueza Pilar de Lara donde manifiesta claramente su relación corrupta con una “empresa mafiosa” como es Hidrogea... el PP de Cartagena y el de la región tendrán que responder ante las actuaciones delictivas de sus politicos y gobernantes. 

Tendrán que explicar los cartageneros que les han estado robando directamente con el recibo del agua. Con ayuda de Pilar Barreiro y el gobierno municipal del PP una empresa corrupta lleva "supuestamente" años robando millones de euros. Una empresa que sigue prestando el servicio de abastecimiento sin dar explicaciones, y en la actualidad negociando con el PSOE una bajada de agua, unas limosnas, despreciando de esta manera a la ciudadanía. Una empresa denominada por los tribunales como “asociación ilicita y mafiosa”, no puede gestionar un derecho humano como es el agua.
Ha llegado el momento de pedir explicaciones a gobiernos pasados y presentes, al PP, al PSOE, al bipartidismo en su conjunto", concluye la nota de prensa de CTSSP.

"La fiscalización a 'Hidrogea' dirigida por López pone contra las cuerdas a quienes la favorecen", dice MC

CARTAGENA.- "La investigación judicial de la gestión irregular en el contrato del servicio de aguas municipales de Cartagena es el fruto de los dos años de trabajo libre, riguroso y detallado de los técnicos del área de desarrollo sostenible a los que José López (MC) confió esta misión, y que detectaron posibles sobrecostes, irregularidades en el desarrollo de obras y otras cuestiones como la ilegalidad de la prórroga del contrato aprobada en 2003 con el voto favorable del PP, el PSOE e IU que se remitieron a la magistrada del Lugo", dice hoy MC en un comunicado.

La viceportavoz de MC Isabel García se ha referido a esta noticia diciendo que "la justicia es tardía, pero no podemos negar que hoy es oportuna. Porque ayer mismo se convocó para el 18 de enero un pleno monográfico para investigar estas prácticas, y que desde noviembre han impedido que se celebre desde la Alcaldía, con la complicidad del PP y C's, que primero lo retiraron del orden del día con una argucia jurídica impropia, y después no lo han convocado hasta que la Ley los ha obligado".

La edil de hacienda recuerda que "la necesidad de la comisión de investigación nace del fin de los procedimientos de fiscalización y control puestos en marcha esta legislatura y los informes que se han remitido a los juzgados de Lugo, una vez que ya se pueden concretar las irregularidades del contrato y asociarlas con sus responsables políticos, para que los cartageneros conozcan las verdaderas razones por las que los concejales del PP viajaban por el mundo y los del PSOE o IU apoyaron primero la prórroga y después no impulsaron el control del contrato".

La vicepresidenta de MC llama a "hacer memoria y recordar que hasta que José López no llegó al Pleno en la anterior legislatura no se recuperaron más de 12 millones de euros del llamado ‘superávit’ de 2012 a 2014, y que permanecían en las arcas de Hidrogea ocultos a los cartageneros".

García también concreta qué periodos deben investigarse política y judicialmente. "El objeto afectaba a las anteriores legislaturas, pues en ésta las prácticas paralegales o de dudosa legalidad no se habían dado hasta el cese de José López en septiembre, por el recto y correcto proceder de la dirección general de infraestructuras".

"Después de ese punto de inflexión todos sabemos que se ha repetido el esquema de ‘entendimiento’ con la concesionaria en procedimientos que parecían de otro tiempo y que hoy son noticia, y que nos comprometimos a erradicar. El paradigma de este cambio es lo sucedido el pasado 29 de diciembre de 2017, en que a pesar de las advertencias legales previas y el voto en contra por esas razones que efectuamos desde MC, avaladas en los informes de los técnicos municipales, la alcaldesa mantuvo la propuesta y la aprobó con su voto de calidad".

La viceportavoz de MC anuncia que el próximo lunes José López dará una rueda de prensa para valorar la actualidad municipal desde la óptica de MC, y en concreto el avance de la investigación judicial, su relación con las actuaciones recientes en esta materia, y las acciones que emprenderá MC contra estos procedimientos poco transparentes y propios de otras épocas, como el aprobado el día 29 de diciembre del que aún hoy se oculta el expediente.

La edil de MC también se ha referido a las presiones, informes interesados y denuncias falsas que soporta MC y particularmente José López por parte del resto de grupos municipales.

Para García, "MC es un cuerpo extraño para los partidos tradicionales y las concesionarias, porque no les bailamos el agua, sino que la ‘medimos y pesamos’ como dice José López. Por eso se esfuerzan en manchar nuestra imagen e inventar escándalos, pero el ‘agua siempre se abre camino’ y los ciudadanos de Cartagena y de fuera de ella, de Cabo de Palos a Finisterre, tienen hoy claro en un auto judicial quien trabaja para recuperar su dinero y su dignidad y quien la vende".

La vicepresidenta de MC llama a la "serenidad frente al ataque organizado", y recuerda que "Barreiro y Alonso, PP y PSOE, ya intentaron acabar con José López (MC) en la anterior legislatura y el resultado fue su Alcaldía. La pinza ahora es más débil, por mucho que hagan ruido, C's les ayude y aparezca algún informe ‘político-jurídico’ sesgado e interesado".

García enumera varias acciones de esta persecución: "a José López le han pedido cárcel por decir que Barreiro y Alonso son corruptos; lo han cesado por controlar a las concesionarias; se han querellado contra todo MC por acabar una expropiación iniciada once años atrás por el PP; y ahora mienten deliberadamente afirmando que ocultó dedicarse al café".

La viceportavoz de MC concluye: "No es gratificante compartir el espacio político-público con las hienas, pero menos lo sería apartarnos de la política por la incomodidad de que nos ataquen y lancen insidias y difamaciones, y dejarles el camino libre. Hemos venido para canalizar a la política las demandas de los cartageneros, cansados de políticos".

Padín: "La carrera de López es tremenda, investigado por delitos de corrupción y puede que cobrando mal su sueldo"

CARTAGENA.- Ciudadanos Cartagena entiende que debe ser muy prudente, ya que "no hemos tenido acceso al informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Cartagena en el que, al parecer, se asegura que el portavoz de MC y exalcalde de Cartagena, habría estado cobrando desde 2015 indebidamente una parte sustancial de su sueldo al encontrarse en manifiesta situación de incompatibilidad debido a sus ingresos y actividad empresarial según ha publicado hoy el diario La Verdad", ha explicado el portavoz de C's Cartagena, Manuel Padín.

"Sin haber tenido la oportunidad de leer y estudiar el informe municipal preferimos no realizar ningún juicio de valor sobre si debe o no devolver ese dinero", sostiene Padín.

"En todo caso, en Ciudadanos lamentamos la incongruencia del exalcalde ya que cuando le conviene pide y apoya los informes de la Asesoría Jurídica, como cuando pocos días después de ser investido alcalde se basó en un informe jurídico en el que se aseguraba que el Ayuntamiento estaba forzado a pedir su entrada en la causa judicial del caso Púnica, pero ahora que la misma Asesoría Jurídica le pide que devuelva su sueldo por incumplir la Ley de Incompatiblidades se trata de una persecución política", ha recordado Padín.

Para Manuel Padín, "de confirmarse estos hechos, la carrera política de José López en el Ayuntamiento ha superado ampliamente las peores predicciones, ha logrado en poco más de dos años, estar imputado por cuatro delitos de corrupción, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas por la extraña compra del Hotel Peninsular, incumplir su palabra de bajar el agua, retrasar las licencias de obra y actividad, retrasar el pago de facturas a proveedores, perder subvenciones europeas millonarias, y ahora al parecer, un informe de los servicios jurídicos asegura que ha estado cobrando indebidamente la mayor parte de su sueldo desde 2015 por no cumplir la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas".

"Si López estuviera en cualquier otro partido político, uno que tuviera un código ético, y no estuviera hecho a su medida ya habría sido forzado a dejar su acta de concejal y eso es lo que tendría que hacer, resolver su situación judicial, y dejar de arrastrar el buen nombre de Cartagena", ha señalado Manuel Padín.

Un informe municipal insta a que el exalcalde de Cartagena, José López, devuelva sus sueldos por «incompatibilidad»

CARTAGENA.- El exalcalde de Cartagena y actual portavoz del Grupo Municipal MC, José López, deberá devolver los sueldos que cobró como primer edil y concejal de Urbanismo e Infraestructuras, de junio de 2015 a junio de 2017, y después como vicealcalde y portavoz de MC, por no haber cumplido su obligación de declarar la posible incompatibilidad entre esas retribuciones y sus ingresos como empresario. 

Así lo ha establecido la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, que, en un informe fechado el 4 de enero, asegura que López debe «indemnizar a la corporación local» por haberle causado un «daño o perjuicio», por decisiones tomadas «con dolo o negligencia».

El informe, al que ha accedido 'La Verdad' y que responde a una petición del Partido Popular, que calcula en 125.000 euros la cantidad que López tiene que reintegrar a las arcas públicas, cita la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril, sobre Régimen Local.

La resolución, solicitada por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, a instancias del PP (que también reclamó un informe de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma), añade que la «situación de incompatibilidad tenía que haber sido puesta en conocimiento de la Corporación al objeto de su declaración». 

«De tal forma que en el plazo de 10 días desde la notificación de la declaración de incompatibilidad», López debía haber optado «entre la renuncia a la condición de concejal o al abandono de la actividad incompatible», expone el informe. «Nada de ello hizo», subraya el director de la Asesoría Jurídica, Francisco Pagán.

«La actividad mercantil efectuada por el señor López Martínez, y de carácter remunerado, no puede considerarse como marginal», indica el letrado, quien cita el artículo 3.1 del Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Y pone el foco en que «por su condición de concejal de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz», López «disponía de información que potencialmente» podría resultarle «útil para sus actividades privadas».

Fue el 14 de diciembre cuando el Grupo Popular presentó un escrito en el Registro General del Ayuntamiento, en el que «se ponen de manifiesto dudas sobre un posible conflicto de intereses del concejal» López. 

Los populares echaron en falta la existencia de un decreto de compatibilidad emitido durante esta legislatura «que autorice compatibilizar ambas actividades». 

Los números del PP son que el edil de MC cobró indebidamente 65.000 euros en cada uno de sus dos años de alcalde, más 58.000 al año desde que es portavoz de su grupo.

Según los populares, «no está clara la compatibilidad de la actividad privada de José López Martínez y el ejercicio de su actividad política, primero como alcalde, luego como vicealcalde, y asimismo en su etapa como concejal de Urbanismo e Infraestructuras y en la actualidad como portavoz del grupo municipal de Movimiento Ciudadano».

López replicó en noviembre que pidió y obtuvo la compatibilidad en 2011, de cara a una legislatura en la que era concejal de la oposición. En la actual legislatura, según comprobó 'La Verdad' en la web www.cartagena.es, consta que el 11 de junio de 2015 (cuatro días antes de ser investido), López declaró su condición de «empresario de café, te y sucedáneos» en el Registro de Intereses sobre posibles causas de incompatibilidad y actividades.

El concejal de Movimiento Ciudadano de Cartagena no pidió, sin embargo, la compatibilidad para su doble puesto en el Ejecutivo como edil de Urbanismo y alcalde (como vicealcalde y edil del área fue destituido en septiembre pasado).

Antes del Pleno del 30 de noviembre, el portavoz popular, Francisco Espejo, reclamó a López la devolución de 125.000 euros. A su juicio, también existe un «conflicto de intereses» porque López, como alcalde, pudo beneficiar a su empresa con ciertas medidas en las áreas de Comercio y Hostelería.

«Pero es que yo no llevo Comercio ni Vía Pública. Y si el señor Espejo piensa otra cosa, debe irse a los tribunales», contestó López. Posteriormente indicó a 'La Verdad' que en 2015, nada más acceder al cargo, hizo una consulta verbal a la secretaria general del Ayuntamiento, por entonces Inés Castillo, sobre si debía pedir otro informe y la respuesta fue negativa.

«Como autónomo, puedo ser propietario de una empresa y ser concejal. Si no, limitaríamos el acceso de los empresarios al Ayuntamiento», se defendió. «Si mi empresa tuviera algo que ver con la contratación de obras y servicios se podría entender todo esto. No es así», concluyó López.

El PP se lanzó contra López tras una moción de Podemos para que él y Obdulia Gómez devolvieran 12.000 euros y 27.000 euros respectivamente por el vacío en un acuerdo del Pleno sobre el salario de los portavoces. 

Dos informes técnicos rechazaron el reintegro, al indicar que el Pleno incurrió en una «omisión» subsanable. 

La semana pasada, la corporación aprobó una iniciativa de Podemos para que todos los concejales con dedicación exclusiva presenten su declaración de compatibilidad, de cara a evitar anomalías y actuar con la máxima transparencia.

La CARM completa la red de boyas para el fondeo de embarcaciones en la reserva marina de Cabo Tiñoso

MURCIA.- La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha completado la red de boyas para el fondeo de embarcaciones en el ámbito de la reserva marina de interés pesquero de Cabo Tiñoso, con la instalación y adecuación de 20 boyas que van a permitir el amarre y fondeo sin necesidad de utilizar anclas, evitando así las afecciones sobre el fondo marino.

Los puntos de amarre habilitados están ubicados en las zonas de Las Palomas (Norte, Poniente y Bajo), Punta Falcón, Obaza, Loberica, Arco Levante, Arco Poniente, Cueva del Lago, Muellecico, Mina de Cristal, Punta las ánimas, Cala abierta y Cala Cerrada (Este, Centro y Oeste). 

Los puntos elegidos han sido acordados con los centros de buceo que operan en la reserva. Próximamente la Consejería establecerá las normas que regulan su utilización.

Cabo Tiñoso fue declarado reserva marina en 2016 con el fin de proteger los ecosistemas marinos, especialmente aquéllos que influyen de forma determinante en la conservación y regeneración de los recursos pesqueros. En 2017 esta reserva fue ampliada a aguas exteriores por parte de la Secretaría General de Pesca.

Ya en febrero de 2015 la Consejería instaló tres fondeos en Cala Cerrada, con el fin de evitar el garreo de las anclas de las embarcaciones, que deterioran el lecho marino.

En el ámbito de la reserva está prohibido el fondeo de embarcaciones en la célula B, o área de reserva integral, debido al impacto negativo que pueden causar especialmente sobre las praderas de Posidonia oceánica. 

Asimismo, para el fondeo de embarcaciones en el ámbito de las células A y C sólo se puede utilizar los puntos de amarre expresamente habilitados por la Consejería.

Los certificados de servicios prestados a la Administración regional ya se pueden obtener on line

MURCIA.- Los certificados de servicios prestados a la Administración regional ya se pueden obtener desde casa. Desde cualquier dispositivo que disponga de la identificación mediante un certificado digital, se pueden obtener tanto estos certificados como los de ejercicios aprobados en las pruebas selectivas de la Administración regional.

"Esta medida beneficia cualquier persona involucrada en procesos selectivos para acceso a la Función Pública regional, ya que evita trámites innecesarios y ahorra costes", señaló el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego, quien destacó que "además reduce cargas burocráticas".

Con esta expedición electrónica, las personas interesadas se ahorran el abono de la tasa que hasta ahora debían realizar a la vez que evitan los desplazamientos hasta las oficinas de la Administración.

El pasado ejercicio, 1.089 ciudadanos solicitaron alguno de estos certificados. A partir de ahora, dado el incremento de procesos selectivos para el acceso a la Función Pública regional, el número de ciudadanos que puede utilizar este nuevo autoservicio digital será mayor.

Se trata de un paso más de la Administración regional en la apuesta por una nueva administración electrónica más accesible, transparente y respetuosa con el Medio Ambiente. De esta manera se facilita la relación de la ciudadanía con la Administración poniendo el acceso a disposición de los ciudadanos las 24 horas del día, los 365 días del año.

Estos documentos forman parte de la plataforma de interoperabilidad, que dispone ya de 38 documentos, siete más que en los últimos seis meses, lo que permite que los ciudadanos no tengan que aportar esos certificados de nuevo a la hora de realizar trámites con la Administración.

Dos de cada tres personas de la Región que salieron del paro en 2017 llevaban más de doce meses sin trabajar

MURCIA.- Dos de cada tres parados que restó la Región de Murcia en el año 2017 acumulaba doce o más meses inscritos como desempleados en las oficinas del SEF, es decir, eran parados de larga duración. En concreto, del total de 8.014 personas que abandonaron el paro el año pasado, 5.406 formaban parte de este colectivo, un 67,45 por ciento.

Dado que la bajada del desempleo en el conjunto de la población fue en 2017 del 6,87 por ciento, se pone de manifiesto que el desempleo prolongado cayó a mayor velocidad que el general, concretamente un 10,60 por ciento (3,73 puntos más). Así, se ha pasado de los 51.017 parados de larga duración con los que se cerró 2016 a los 45.611 que se contabilizan a la conclusión del último mes de 2017.

Una de las principales metas vinculadas con este colectivo es que su proporción sobre el total de desempleados de la Región sea cada vez menor. Dicha tendencia a la baja viene sosteniéndose en el tiempo, ya que la proporción se sitúa actualmente en el 42 por ciento. En contraste, a la conclusión de 2016 representaban el 43,75 por ciento del total de personas sin empleo, y tras 2015 suponían el 45,02 por ciento.

Esta tendencia también se refleja en el hecho de que tan solo cuatro de los últimos 24 meses han arrojado una subida del paro prolongado en la Región de Murcia. En esos dos años, las oficinas del SEF han 'perdido' prácticamente 12.000 desempleados de larga duración, ya que tras diciembre de 2015 se llegaba a los 57.663.

La Comunidad Autónoma destina al colectivo de parados de larga duración numerosas medidas para fomentar su acceso a un puesto de trabajo, que van desde la orientación personalizada y la activación a las acciones formativas, pasando también por las ayudas a su contratación y las subvenciones para el establecimiento como autónomos.

Las ayudas a la contratación, por ejemplo, se reactivarán en este inicio de 2018, y permitirán que una empresa que realice un contrato indefinido a un parado de larga duración pueda recibir a través del SEF 6.000 euros en caso de ser un vínculo a tiempo completo, y 3.000 si es a tiempo parcial. Si se trata de un parado de larga duración mayor de 45 años, la ayuda llegará a los 7.000 euros, y a los 9.000 si además tiene cargas familiares.

Dentro de las ayudas de fomento del autoempleo, la Comunidad lanzó por primera vez el año pasado la Cuota Cero para este colectivo, que les permite no pagar la tarifa de autónomos en su primer año de actividad, y sólo 50 euros al mes en su segundo año. Además, reciben una ayuda al inicio de entre 2.000 y 3.500 euros.

Fueron un total de 102 personas en esta situación las que solicitaron beneficiarse de la Cuota Cero desde el 2 de octubre hasta el 31 del mismo mes, periodo durante el que estuvo abierta la subvención. Por tanto, se registró una media de 3,5 solicitudes al día, todas ellas de personas inscritas como demandantes de empleo en el SEF durante, al menos, 12 de los últimos 18 meses. En todos los casos, el orientador laboral incluyó el autoempleo como opción dentro de sus itinerarios de inserción.

Más de 1.100 personas reciben asistencia y orientación hipotecaria por parte de la Comunidad Autónoma

MURCIA.- Un total de 1.155 personas han sido atendidas por la Comunidad Autónoma para facilitar negociaciones con las entidades de crédito y evitar procedimientos de desahucio. Este es el balance de actividad de los cuatro años y medio de existencia del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, dependiente de la Consejería de Presidencia y Fomento.

La directora general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, Laura Sandoval, explicó que "cerca del 70 por ciento de los casos atendidos por este servicio se han resuelto positivamente" e indicó que en el ejercicio 2017 se asistió a 271 personas que se encontraban en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y en casos de impago de alquiler de la vivienda habitual.

Laura Sandoval señaló que, como novedad, en 2017 se asesoró también sobre la reclamación de cláusulas suelo para que los interesados pudieran reclamar el importe cobrado por dichas cláusulas.

"La nueva normativa estatal sobre protección para los deudores hipotecarios sin recursos ha supuesto un gran avance", destacó la directora, quien añadió que, gracias a ella, "se han ampliado los supuestos de suspensión de lanzamiento y se dio una moratoria hasta mayo de 2020 para los colectivos especialmente vulnerables".

Sandoval recordó que este servicio regional es gratuito, y ofrece orientación e información general, asesoramiento jurídico-financiero a la familia, mediación hipotecaria con entidades financieras encaminada a consensuar planes de reestructuración de la deuda, rebaja del tipo de interés, carencia de capital e intereses, quita, dación en pago y alquiler social a las familias más vulnerables.

"Las soluciones que hemos podido plantear, en colaboración con los colegios profesionales y entidades financieras, fueron fundamentalmente la refinanciación de préstamos, la dación en pago y el alquiler social", indicó la responsable regional, quien precisó que bajo la coordinación del servicio y en función de la consulta planteada, los ciudadanos son derivados a los distintos colegios profesionales para recibir asesoramiento económico financiero y jurídico hipotecario.

Actualmente ya colaboran con la Comunidad Autónoma para facilitar este servicio el Colegio oficial de Economistas de la Región de Murcia, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia, la Federación de Municipios de la Región de Murcia, los Colegios Oficiales de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca, y los Colegios de Procuradores de Murcia, Cartagena, y Lorca. Asimismo, la Comunidad suscribirá un convenio de colaboración con el Colegio de Trabajadores Sociales en esta materia.

Ciudadanos propone mejoras en la atención primaria y las urgencias para hacer frente a la epidemia de gripe

MURCIA.- Ciudadanos considera que el Servicio Murciano de Salud “ha pecado de falta de previsión, ya que no se puede hablar de situaciones excepcionales cuando se repiten cada año” ante la epidemia de gripe que azota la Región, y reconociendo la excepcionalidad del aumento de casos, “debería haber puesto en marcha ya la apertura de unidades de hospitalización cerradas y haber empezado a contratar personal adicional sanitario tanto en los hospitales como en los SUAP”. 

Así lo ha manifestado el portavoz regional, Miguel Sánchez, quien además de estas medidas, considera que se debería reforzar la la Atención Primaria “poniendo en marcha turnos de tarde y el seguimiento a domicilio de pacientes crónicos con patología respiratoria, recurriendo a la oferta de horas extraordinarias o realizando nuevas contrataciones”. 

La formación naranja también considera que ante la situación de saturación de la red sanitaria pública, “se debería agilizar la derivación a los centros concertados de los pacientes cuya situación clínica permita su traslado y aumentar el número de camas libres en los centros públicos, lo que aumentaría al máximo el número de camas libres dichos centros, y cuando esté cubierta esta oferta, derivaría a los centros concertados”.

Ciudadanos considera que la epidemia ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la atención de Urgencias, por la que se atendieron en 2016 más de 942.000 casos. “Hay que contar con una dotación adecuada de medios materiales y humanos, y ello pasa por aumentar de cuatro a cinco el número de SUAPs que funcionan en el municipio de Murcia, sobre todo para atender la zonas de expansión urbana norte”, señala el portavoz naranja.

Ciudadanos también pide la mejora de los protocolos de actuación hospitalarios, instalando el sistema de triaje en todos los hospitales de la red pública regional, y abriendo servicios de corta de estancia y hospitales de día. 

En materia divulgadora, la formación considera que Sanidad debería diseñar campañas dirigidas a educar a la población en el uso racional de los servicios de urgencias y emergencias, sobre todo del 112: “Es importante la divulgación a la población de que una proporción importante de las urgencias que acuden a los hospitales puede ser atendidas por la Urgencia de Atención Primaria, con lo que se podría disminuir la presión asistencial sobre los hospitales”, afirma Sánchez.

Otras medidas propuestas serían la adecuación de la actividad asistencial no urgente de los Centros de Salud mediante deslizamientos de turnos a las tardes, mejorar la coordinación entre los niveles asistenciales (principalmente, entre los de atención primaria y los hospitales) garantizando la informatización de los historiales médicos, potenciar los programas de cuidado a domicilio para pacientes crónicas para prevenir su agravamiento y, por tanto, la necesidad de atención urgente y finalmente, fortalecer e impulsar la creación de convenios, vínculos o protocolos con las instituciones que pueden colaborar en la continuidad de cuidados, en la asistencia urgente no emergente o la intervención psicosocial, como sería el caso por ejemplo de Cruz Roja y Protección Civil.

Padín (C's) tras la imputación de los exediles del PP: ¿A qué espera Rajoy para pedirle el acta a la senadora Barreiro?

CARTAGENA.- Ante la información publicada hoy por el diario La Verdad, en la que se asegura que la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha citado a declarar como investigados a cuatro exediles del PP de Cartagena y ha pedido que la senadora popular, Pilar Barreiro, se persone en la causa por los viajes pagados por la concesionaria del agua, Hidrogea, y por si favorecieron con sus decisiones a esta empresa. 

El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha asegurado hoy que "si no fuera suficiente la declaración que tendrá que hacer la señora Barreiro ante el Supremo con motivo de su implicación en el caso 'Púnica', ahora tenemos otro caso de corrupción en el que tendría que declarar si no estuviera protegida por el aforamiento". 

Manuel Padín no entiende "qué está esperando el PP para pedirle a la senadora que deje su acta, no es solamente que se comprometiera a hacerlo con Ciudadanos en el pacto de investidura de 2016, sino que es el propio PP el que debería tomar esa determinación y dejar de arrastrar los pies con la corrupción como está haciendo de nuevo; tal y como ocurrió con casos parecidos que todos tenemos en la memoria, esta señora debe aclarar su situación judicial y apartarse del cargo público que ocupa hasta que se resuelva la causa".

"Si se demuestra la relación entre los viajes de placer con las decisiones que se toman en relación a Hidrogea estaremos ante un nuevo caso de corrupción política del Partido Popular en Cartagena, y eso sería algo "imperdonable e indecente", ha señalado el portavoz de C's.

En cuanto a la prórroga del contrato, el portavoz de la formación naranja ha vuelto a insistir, en que "si se confirma que ha existido un delito penal, creemos que se darán las condiciones para anular un contrato y una prórroga con la que tampoco estamos de acuerdo, seremos los primeros en pedirlo, pero mientras tanto, lamentablemente, tenemos que seguir en los mismos términos porque los informes jurídicos municipales así lo aconsejan y porque los informes económicos alertan de que una anulación precipitada haría que el Ayuntamiento tuviera que devolver, como mínimo, 13 millones de euros del adelanto de Hidrogea, y muchos más en concepto de reclamación, por lo que la prudencia, la ley, y la salud económica de nuestras arcas nos gritan que esperemos a la resolución judicial y seamos responsables".

Podemos exige a la alcaldesa de Cartagena que anule la prórroga del contrato a 'Hidrogea'

CARTAGENA.- Podemos exige de nuevo a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón (PSOE), que inicie los trámites para anular por «ilegal» la prórroga del contrato con Hidrogea, que llega hasta 2042.

 Tras la convocatoria para el 18 de enero del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cartagena sobre este asunto solicitado por MC y Podemos, que gobierna con los socialistas, y a la vista del auto del 'caso Pokemon', donde ejerce la acusación particular, el partido de izquierdas indicó que Castejón no puede seguir «negociando bajadas de la tarifa» con una empresa «denominada por los tribunales como asociación ilícita y mafiosa», ni aceptar que esta «gestione un derecho humano como es el agua»

Así lo señaló la portavoz de Cartagena Sí Se Puede, Pilar Marcos, quien indicó que Castejón obvió primero «las demoledoras conclusiones de Aduanas» en noviembre, y luego evitó fijar el Pleno para el día 4, porque «no se esperaba que la juez actuara con rapidez».

La diputada regional María Giménez denunció que «la trama del agua muestra cómo el PP ha estafado a todos los murcianos con el recibo, a cambio de viajes de lujo por todo el mundo».

«Mientras en la Región se paga el agua más cara de España», dijo, «los dirigentes del PP aprovechan su poder para regalar a la empresa millones de euros públicos».

Una jueza de Lugo imputa a cuatro exediles del PP de Cartagena e investiga si Barreiro favoreció a 'Hidrogea'

CARTAGENA.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, Pilar de Lara, instructora del 'caso Pokemon', ha citado a declarar como investigados (antes imputados) a cuatro exediles del PP en el Ayuntamiento de Cartagena por realizar viajes pagados por la concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidrogea (antes Aquagest), de 2005 a 2012. Y, además, ha ofrecido a la ex alcaldesa Pilar Barreiro, que está aforada ante el Supremo y por lo tanto no puede ser imputada en el juzgado gallego, que se persone en el procedimiento, dado que se investiga si la exregidora favoreció a la citada empresa, según avanza hoy La Verdad.

La magistrada aprecia indicios de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en Agustín Guillén, exconcejal de Hacienda y exvicealcalde, imputado ya por prevaricación en el 'caso Novo Carthago'; María Ángeles Palacios, exconcejal de Hacienda y exconsejera de Sanidad; José Vicente Albaladejo, exedil de Infraestructuras, y José Cabezos, exedil de Hacienda y exvicealcalde. 

Todos ellos serán interrogados por videoconferencia el 7 de mayo, por los desplazamientos «de placer» a Nueva York, Atenas, Mallorca, Barcelona, Zaragoza, Málaga y Madrid. 

La juez también interrogará como investigado al funcionario jubilado José Padial, exjefe de Infraestructuras, y a los directivos de Hidrogea (que pertenecía al grupo Aguas de Barcelona -Agbar- y ahora  Suez) Luis Rodolfo García y José Albaladejo.

En un auto fechado el 3 de enero y comunicado ayer a las partes, la magistrada acepta la petición del servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia que, como adelantó 'La Verdad' en noviembre, considera que políticos y responsables de la empresa encargada del suministro y la depuración de agua gozaron de «viajes de placer», a modo de «continuo pago de prestaciones de servicios».

La magistrada ha ofrecido a la exalcaldesa la posibilidad de personarse en la causa, con un abogado, para conocer todo lo relativo a la investigación sobre ella, que viajó a Nueva York en 2008 con cargo a la empresa. Además, pedirá al Senado que confirme la condición de senadora de Barreiro y ofrecerá a esta personarse en la causa, porque «podría haber tenido participación activa en la toma de decisiones que habrían beneficiado al grupo empresarial investigado».

Como testigos, tendrán que declarar también por vía digital el 7 de mayo M. A. C. y M. P. L., esposas del exconcejal Guillén y del ejecutivo García; J. M. R., esposo de Palacios; y M. D. S., esposa de Antonio Jesús Navarro, exdirector de Aquagest en Cartagena. 

De igual forma, la instructora ha pedido al Consistorio información sobre los cargos que ocupó María Dolores Soler, exedil de Infraestructuras y exdiputada regional del PP, quien también fue de viaje. 

En su resolución, la juez se hace eco de un informe de Vigilancia Aduanera (organismo de la Agencia Tributaria) del 4 de octubre. Este detalla, a partir del estudio de facturas de una agencia de viajes contratada por Aquagest y de documentación municipal y de la empresa de aguas, un presunto trato de favor a esta en la prórroga del servicio durante 25 años (desde 2017 a 2042) y la realización de obras millonarias. 

Aduanas explicó que los viajes a distintas ciudades de España, Europa y América que, desde 2005 a 2012, disfrutaron Barreiro y otros cinco concejales tuvieron lugar antes y después de que esos políticos tomaran «una serie de decisiones que han beneficiado a la empresa Aguagest, ahora Hidrogea».

Los agentes citan los billetes de avión, alojamiento en hoteles, cuestiones «alimenticias», «excursiones, etcétera» de viajes como el de abril de 2008 a Nueva York de Barreiro, Guillén y Palacios, ya entonces consejera.

Tres meses antes, Hidrogea vio cómo la Junta de Gobierno Local aprobó invertir más de 12,5 millones de euros en infraestructuras con cargo a las tarifas de 2009 y 2010. Cuatro años antes, el Pleno autorizó en noviembre de 2003 una prórroga, a pesar de que existía un informe en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Votaron a favor el PP, el PSOE salvo dos concejales que se ausentaron e Izquierda Unida. Se abstuvo MC.

En esta rama del 'caso Pokemon', que afecta también a los municipios de Murcia y Lorca y que engloba a varias provincias, la magistrada ha autorizado a Aduanas a aportar datos económicos y fiscales desde el año 2000 de imputados, testigos y otros empleados de Hidrogea. 

E insta al Ayuntamiento a aportarle abundante información sobre cuestiones como las «obras e inversiones comprometidas por la concesionaria en sus contratos» y las «actas de recepción»; la auditoría de costes; la negociación de la prórroga; y la «identificación de los funcionarios que aprobaban los estudios de tarifas».