El PSRM pide una auditoría sobre las necesidades del personal en los centros penitenciarios de la Región

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Rafael González Tovar, ha sacado adelante una enmienda de adición a una moción del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el personal profesional penitenciario, funcionarios públicos, para la mejora y garantía de sus condiciones laborales, de seguridad y formativas.

González Tovar ha solicitado que se elabore una auditoría sobre las necesidades de personal en los centros penitenciarios de la Región de Murcia, con el fin de resolver la inseguridad y mejorar la calidad de estos profesionales.

Por otro lado, pide que se actualicen las plantillas mermadas en los últimos años por la falta de reposición, así como que se abran negociaciones con las organizaciones sindicales, para resolver las desigualdades salariales existentes entre centros penitenciarios y se equiparen con el resto de cuerpos de funcionarios dependientes del Ministerio de Interior.

Por su parte, Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos, ha explicado que la iniciativa de Podemos exige que se garantice "con los medios económicos y técnicos óptimos que los miembros del personal penitenciario profesional tengan siempre la condición de funcionarios públicos y se beneficien de los adecuados recursos técnicos y humanos. Además, deben tener una formación de calidad que sea continua y práctica y unas condiciones laborales dignas, para que la seguridad en el desempeño de su empleo solamente dependa de su buena conducta, de su eficacia, de su aptitud física, de su salud mental y de su nivel de instrucción".

Desde Podemos, ha señalado Pedreño, "queremos dar este respaldo a los funcionarios de prisiones y no entendemos cómo Ciudadanos se ha puesto de perfil en un asunto que está tan claro y que es de sentido común. Su tibieza en este asunto es flagrante puesto que demuestra que no se mojan cuando llega la hora de decidir sobre la vida de unos trabajadores que se enfrentan a situaciones muy duras en su día a día. No podemos tener a unos trabajadores en las prisiones que no tienen seguridad, ni formación ni unas condiciones dignas salariales y de formación".
Pedreño ha afirmado que hay un "creciente malestar laboral" entre estos trabajadores que tienen que ver directamente "con los recortes de estos últimos años. Han sufrido degradación salarial, las agresiones que soportan no son reconocidas como accidentes de trabajo y nada tienen que ver sus condiciones con el mandato constitucional de que las prisiones sean el camino hacia la reinserción y la reeducación social".
Además, ha dicho el diputado de Podemos, "todavía hay graves desigualdades salariales según la comunidad autónoma en la que se trabaje". A esto hay que unir, como ha contado Andrés Pedreño, "la pérdida de derechos que han sufrido y la falta de recursos y de personal".
Pedreño ha asegurado que los trabajadores funcionarios de las prisiones de la Región de Murcia se han denunciando esta falta de recursos y han advertido "las tentaciones privatizadoras que provienen de los gobiernos del Partido Popular. Es ya un hecho la presencia de seguridad privada en la vigilancia exterior y es de temer que ello también se extienda a la vigilancia interna".

La Asamblea propone un Plan de Acción con el que mejorar el paisaje urbano de los centros históricos

CARTAGENA.- La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha aprobado, por unanimidad. una moción del PP, defendida por el diputado, Víctor Martínez-Carrasco con la que se insta al Gobierno regional a elaborar un Plan de Acción Territorial de Mejora de los Paisajes Urbanos Históricos de la Región.

Martínez-Carrasco ha explicado que el objetivo es dar a conocer todo lo que tenemos y conseguir una mayor concienciación sobre la necesidad de velar y cuidar el paisaje urbano de los centros históricos. Y ha puesto como ejemplo los existentes en municipios como Mula, Moratalla y Caravaca.

El diputado popular considera que la Comunidad Autónoma es sensible a la conservación de los cascos históricos y ha añadido que existe mucha normativa pero que por sí sola no es suficiente. En este sentido se ha referido a los planes de reforma interior y especiales, además de la Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia.

Por ello, considera importante aterrizar en lo cotidiano ya que la propuesta de elaborar en Plan de Acción va mucho más allá de embellecer las zonas monumentales, hablamos de mejorar infraestructuras, recuperas oficios tradicionales, generar empleo y turismo.

Víctor Martínez-Carrasco ha afirmado que se trata de mejorar la calidad de los vecinos, revivir los centros históricos y mejorar la percepción que se tienen de ellos.

Cruz Roja recurre a una empresa piramidal para contratar falsos autónomos

MADRID.- Cruz Roja española contrata empresas de estructura piramidal para captar a su ejército de jóvenes que van de puerta en puerta buscando donantes. La organización busca falsos autónomos para levantar los recursos que necesita su estructura, sueldos y gastos operativos no sólo de Cruz Roja sino también de las empresas contratadas para captar a los donantes, según se denuncia en www.economiadigital.es.

Cruz Roja de Madrid se encuentra en busca de trabajadores “con buena imagen y pasión por el trato con el público” para convencer a la mayor cantidad de ciudadanos posibles de la necesidad urgente de donar.

La empresa MBA Steel Marketing, una sociedad de captación agresiva de donantes que trabaja para varias oenegés, anuncia con insistencia puestos de trabajo para Cruz Roja de Madrid con salarios de hasta 1.800 euros al mes. Pero el anuncio está lleno de trampas y precariedad laboral oculta, según explican trabajadores que han estado recogiendo dinero para Cruz Roja.

“Dicen que la oferta de trabajo incluye el alta en la Seguridad Social pero luego te das cuenta de que esa cotización te la tienes que pagar tú bajo un régimen de autónomo. También te dicen que tienes horario flexible, pero luego tienes que asistir cuando ellos te dicen y a las horas que te dicen para ir a tocar puertas", explica un extrabajador de la empresa que recaudaba dinero para Cruz Roja que prefiere mantener su nombre en el anonimato. 

Pero hay más: "Nos obligaron a recibir una charla rápida de cómo darse de alta en el régimen de autónomos por la que nos cobraron 25 euros en la UPTA (el sindicato Unión de Trabajadores Autónomos). Si no, no puedes entrar a trabajar. El primer día me sorprendió porque el presidente de la empresa estaba felicitando a los empleados que habían recibido una visita sorpresa de inspectores y contestaron todo lo que estaba en el libreto”.

El dueño de la empresa que busca autónomos para Cruz Roja, Abraham Montes, se sube a las mesas para dar charlas a su equipo con una fuerte dosis de motivación. Explica cuál es el discurso que deben usar los comerciales para vender altas a Cruz Roja y promete a los buenos trabajadores posibilidades infinitas de ascenso. “Puedes comenzar como embajador de marca y terminar como gerente”, explica Montes para vender su esquema de ingresos piramidal.

La compañía, que no publica sus resultados económicos en el Registro Mercantil, tal como exige la ley, sufre una constante deserción por la alta precariedad. MBA Steel Marketing no ha respondido a las llamadas y los correos realizadas por este diario. 

“Están haciendo entrevistas de trabajo en todo momento, porque la gente no aguanta. Hasta más de 10 al día. El trabajo es duro y si no vendes, no cobras. Por cada captación de un donante, cobras 40 euros. El donante da 20 euros al mes, lo que significa que dos meses de su donación van a su captación, sin contar con las comisiones de los jefes de la empresa que van con trajes de tres piezas y coches Audi. El sistema es completamente piramidal y te dicen que puedes ganar hasta 1.000 euros diarios si logras que un grupo grande capte fondos en tu red”, explica otro de los trabajadores de la empresa.

Cruz Roja Española explica que todas las empresas que utilizan para la captación de donantes están obligadas a cumplir con los códigos éticos de la Asociación Española de Fundraising. 

Y asegura que, en el caso de que alguna de las compañías con las que trabaja para la captación de fondos, incumpla la normativa laboral, es responsabilidad exclusiva de esta compañía. La oenegé, que trabaja con otras compañías como Wesser & Partner, rechaza cualquier responsabilidad en un sistema de captación de fondos que vive del trabajo de falsos autónomos.

El sistema de captación de socios de oenegés ha estado asentado sobre una difusa frontera de legalidad. El juzgado de instrucción nº 13 de Barcelona imputó a mediados de 2015 a la cúpula de la empresa Appco Direct España que captaba fondos para la Cruz Roja y también para Intermon Oxfam, Aldeas Infantiles, Plan y Médicos del Mundo por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

La cúpula directiva fue imputada por contratar a falsos autónomos. Entonces, la Cruz Roja mostró su preocupación por el método utilizado para la compañía y prometió estar atenta para controlar este tipo de prácticas. Hoy, la empresa se muestra ajena al escándalo.

El PP pide a C's que deje de obstaculizar la tramitación de la ley de las ITV´s avalada por la sociedad

CARTAGENA.- El portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea, Víctor Martínez, ha pedido al partido Ciudadanos que retire su propuesta de ley de ITV's y deje paso a una norma pactada, consensuada y trabajada con los sindicatos, la patronal, los principales sectores afectados y por los dos principales partidos políticos de la Región de Murcia: PP y PSOE.

Para el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Ciudadanos está tratando de bloquear la nueva ley que cuenta con el mejor aval, el aval de la sociedad con la que hemos trabajado para propiciar unos precios más baratos, mejores servicios sin colas y esperas y con un modelo que asegura los actuales puestos de trabajo y generará nuevos en el futuro.

No se puede dilatar más el proceso y generar más incertidumbre, ha afirmado Víctor Martínez quien ha añadido que PP y PSOE nos hemos puesto de acuerdo porque hemos pactado con la sociedad una ley beneficiosa para la Región de Murcia.

El portavoz popular ha señalado que hoy en la reunión de la Mesa de la Comisión de Industria, Trabajo,Comercio y Turismo se ha puesto de manifiesto el talante obstruccionista de Ciudadanos cuando ha pedido al resto de grupos que reiteraran sus enmiendas al considerar que estaban desfasadas.

Víctor Martínez ha adelantado que tanto PP como PSOE se han marcado como objetivo que la norma acordada esté aprobada antes del mes de abril, una vez que el pleno rechace la propuesta de Ciudadanos.

Podemos reclama al PP respaldo al proyecto de ANSE para detectar basura marina entre La Manga y Águilas

CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha contado que la propuesta de Podemos en la Comisión de Industria pide que se evalúe y diagnostique cómo se encuentra la concentración de basura en el medio marino. De manera concreta, el protocolo demandado por Podemos incluye que se comparta la gestión, homogenización y tratamiento de todos los datos existentes sobre concentración de basuras marinas.

Según ha contado Pedreño el estudio de esta información es "fundamental" para mejorar los modelos de transporte de basura. Estos modelos, ha añadido, "son una herramienta importante para localizar zonas de acumulación y de entrada de residuos".

Por eso, ha dicho el diputado de Podemos, exigimos que la Administración Autonómica se coordine "con el proyecto desarrollado por ANSE de detección de basura marina flotante en el LIC del Litoral Sur (entre Cabo de Palos y Águilas) para su extensión al litoral norte (La Manga). Se podría coordinar también con los datos de los ayuntamientos de recogida de basura de las playas para conocer la cantidad, tipo de residuo y origen de la basura por cada una de las playas de la Región".

Andrés Pedreño también ha explicado que Podemos exige que se ponga en marcha un plan regional para la gestión de residuos que incluya medidas de eliminación de ciertos tipos de envases y mejoras en la recogida de otros.

Asimismo, el diputado regional del Grupo Parlamentario Podemos ha detallado que desde el gobierno se debe apostar por el reciclado máximo de los residuos marinos y concretamente, el reciclado de plásticos marinos con buenos índices de viscosidad que permitan la reintroducción industrial, reduciendo así las necesidades de producción de plástico virgen y permitiendo alimentar el sistema con sus propios residuos.

Por último, Podemos ha pedido que se realice un mapa de las iniciativas empresariales que se han desarrollado sobre la base del reciclaje de plásticos marinos y estudio de las posibilidades de su desarrollo en la Región de Murcia.

En este mismo orden de cosas, el Partido Popular ha conseguido el apoyo unánime de los diputados de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo para instar al Gobierno regional a reforzar las acciones que contribuyan a eliminar y paliar los afectos de la basura marina, especialmente, los residuos plásticos, ha dicho el diputado, Juan Luis Pedreño.

Pedreño ha explicado que el 80% de los residuos marinos tienen como origen la actividad humana, mientras el que 20% restante tienen como origen la actividad marítima.

El parlamentario regional del PP ha recordado que el Gobierno regional ya está trabajando en este ámbito, dentro del marco del Plan de Gestión de Residuos 2017-2020. Y ha señalado, especialmente, la necesidad de potenciar las campañas de concienciación ciudadana.

Juan Luis Pedreño ha dado relevancia a otras actuaciones importantes como el convenio entre la Comunidad Autónoma y las Cofradías de Pescadores, gracias al que se recogieron el año pasado 5.146 kilos de residuos depositados en el fondo del mar de nuestra costa.

Una de las grandes amenazas para la conservación de la biodiversidad de nuestros mares son las miles de toneladas de plástico que los contaminan lo que nos obliga a trabajar , tanto en las actuaciones que ayuden a su retirada como en la labor de concienciación social, ha manifestado el diputado popular.

Cabe recordar que en las playas de Europa el 75% de todos los desechos son plástico y que según distintos estudios, en los últimos 40 años, la cantidad de basura marina en la capa superficial de los océanos ha aumentado más de un 100%

Montoro plantea un decreto para que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit

MADRID.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Cristobal Montoro, ha planteado este lunes impulsar una norma que permita a las entidades locales la reinversión de su superávit "con rapidez", señalando que el mecanismo que agilizaría esta reinversión sería un Decreto Ley. No obstante, Hacienda reitera que las inversiones tienen que fijarse al concepto de la sostenibilidad financiera y respetar las competencias de cada administración, aunque también se abren a redefinir este límite así como a flexibilizar la regla de gasto.

Según ha informado el ministro en rueda de prensa tras una reunión de más de dos horas con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, la intención es que las entidades locales puedan gastar sus remanentes desde ahora y coincidiendo con el calendario político que desemboca en las elecciones autonómicas y locales de 2019.

Montoro ha afirmado que una "inmensa mayoría" de las administraciones locales cumple con los objetivos de estabilidad, por lo que valora la gestión de ayuntamientos y diputaciones y reconoce que su superávit hace que "España y sus administraciones" cumplan con el objetivo de déficit acordado con Bruselas.

Asimismo, Montoro ha asegurado que convocará con prontitud un reunión de la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CENAL) para que se plasme una redefinición del concepto de inversión financieramente sostenible y de la regla de gasto, para "dotarla de contenido más efectivo".

Además, Abel Caballero enviará una lista para aumentar los sectores en los cuales se puede reinvertir el remanente de los ayuntamientos. Sobre esta petición, Hacienda se muestra más cauta y dice que se estudiarán las peticiones, pero recuerda que en 2016 los ayuntamientos quedaron muy por debajo de la inversión permitida.

"Todo está abierto menos lo que no cabe, que es la falta de respeto a las competencias", ha afirmado Montoro sobre la posibilidad de revisar el concepto de inversión financieramente sostenible. Por ello, recuerda que la inversión no solo depende de la capacidad presupuestaria de las entidades locales sino que debe tener en cuenta la Ley de Hacienda Local. 

"Hay materia más que suficiente", ha añadido el ministro, recordando que en cursos pasados las administraciones locales "no han hecho uso completo de la regla de gasto".

Caballero se ha mostrado satisfecho con que los planteamientos de la FEMP se hayan aceptado o se vayan a valorar. "Tengo buena sensación, pero estaremos vigilantes, todo se tiene que concretar", ha asegurado en una rueda de prensa previa a la de Montoro.
El regidor de Vigo ha señalado que el plazo de 15 o 20 días dado por la Federación para impulsar un mecanismo que permita la reinversión del superávit municipal se cumplirá con la promesa de Montoro. Asegurando que esto era la gran "prioridad" y "urgencia" de los ayuntamientos.
Sobre la negociación del techo de gasto, Caballero ha reiterado que las entidades locales no abogan por la supresión del mismo sino por una medida "mas racional". "Una regla de gasto que sea racional y no obligue a gastar", ha asegurado, diciendo que la actual norma penaliza al presupuesto no ejecutado.
También arranca la FEMP un compromiso para que la negociación para la financiación local vaya en paralelo con las reuniones para una nuevo modelo de financiación autonómico, ya que sino se hace así Caballero teme que renovación de la financiación municipal quede desestimada.

'Ahora Murcia' pide a Ballesta copia de los planes y actuaciones relativos al PGOU que debían existir desde 2002

MURCIA.- Ahora Murcia ha solicitado al Gobierno municipal del PP copia de los planes, certificados e informes relativos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que debían existir "desde hace la friolera de 16 años" y que tenían que haber velado "por un urbanismo responsable y sostenible" en el municipio y "por garantizar la seguridad de la población".

"Todo ello ante la demagogia, evasivas y respuestas confusas ofrecidas por el concejal de urbanismo Navarro Corchón", señalan, "que evita aclarar lo que ha sucedido con la tramitación urbanística en el municipio y cuál es la situación real en la que se han estado aprobando urbanizaciones y concediendo licencias desde hace lustros. Desde Ahora Murcia se ha considerado necesario un pronunciamiento por escrito y eso es lo que se ha solicitado, para tener constancia y que asuman sus responsabilidades".

La concejala Ángeles Micol afirma que "en Ahora Murcia hemos hecho un trabajo de búsqueda e investigación, pudiendo comprobar que estos planes e informes jamás han sido tramitados ni publicados, pese a establecerlo la norma, lo cual supone una grave irregularidad sostenida durante más de 16 años. Sin embargo, los responsables municipales no han dejado de conceder licencia para miles de viviendas en el municipio". 

Muchos de estos certificados y planes, además, tenían que haberse realizado anual o bianualmente, "lo que multiplica, si cabe, la gravísima e irresponsable dejación del PP municipal todos estos años".

Micol destaca que la falta de aprobación de todas estas actuaciones, contempladas en el Programa de Vigilancia Ambiental del PGOU, y de todos sus informes, "pondrían en entredicho gran parte del urbanismo que ha llevado a cabo el PP en los últimos lustros, que ha priorizado con frecuencia los intereses privados de promotores por encima del bienestar de los murcianos y del entorno natural, nuestra maltratada Huerta".

La edil señala, además, que "Ahora Murcia ha advertido a todos los grupos políticos municipales de esta situación irregular, por lo que, llegado el momento, no podrán alegar desconocimiento y tendrán que asumir la responsabilidad del sentido de su voto en el Pleno".

La concejala apunta que estos últimos días podemos ver que "el concejal popular Navarro Corchón, ante el foco mediático, se manifiesta preocupado por la contaminación en el municipio, pero ésta es una de las áreas que se deberían haber abordado hace 16 años en el Programa de Vigilancia Ambiental", concretamente un programa de actuaciones sobre contaminación atmosférica con su correspondiente estudio económico financiero, "para poner en marcha las correcciones necesarias adecuadamente dimensionadas y calculadas".

"Centrándonos en el caso de la contaminación ambiental", explica, "el Ayuntamiento no ha cumplido con lo establecido en la norma, y no ha llevado a cabo la recuperación o corrección de áreas afectadas de forma importante por la contaminación atmosférica, como tampoco ha evitado la creación de nuevas situaciones no deseadas. 

De esta forma no se han controlado, como establecía el PGOU, los focos contaminantes de carácter industrial (humos, olores, dispersión de polvo), ni se ha hecho hincapié en la gestión cotidiana del tráfico privado, que constituye el principal emisor de contaminantes atmosféricos".

Micol subraya que "este programa de actuaciones contra la contaminación debería existir desde el año 2002, lo mismo que el Plan de Rehabilitación Sonora, para la recuperación o corrección de ambientes sonoros". 

De igual forma, entre los planes especiales que jamás ha elaborado el PP se encuentran varios cuya función es garantizar la seguridad de la población, como el Plan Especial de Prevención de Inundaciones; el de Prevención de Terremotos; el de Prevención de Incendios o el de Prevención de Subsidencias (hundimientos del terreno) y Colapsos, entre otros planes".

"La irresponsabilidad del PP al haber estado aprobando actuaciones urbanísticas sin tener elaborados estos informes y planes es escandalosa", denuncia Ángeles Micol, "lo mismo que la postura adoptada por PSOE y Ciudadanos, que no exigen la elaboración de estas medidas y pretenden seguir aprobando actuaciones urbanísticas, junto con el PP, sin cumplir la normativa ambiental establecida en el PGOU".

La edil destaca que "ante esta gravísima e irresponsable situación, Ahora Murcia va a mantener su firme e irrevocable defensa de un urbanismo sostenible y que tenga en cuenta, como es obligado, el medio ambiente, la Huerta y la seguridad de la población".

'Cambiemos Murcia' denuncia la supresión de la Concejalía de Juventud

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha denunciado hoy que el alcalde, José Ballesta, ha decidido suprimir la concejalía de Juventud para integrar sus competencias en la concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, donde comparte área con la gestión de residuos y la limpieza viaria.

La concejala de la formación municipalista, Margarita Guerrero, ha explicado que, con la eliminación de esta Concejalía, Murcia se convierte en el único municipio de la Región -junto a Fuente Álamo- que no cuenta con una concejalía específica de Juventud.

En palabras de Guerrero, la decisión de Ballesta, además de "contribuir a invisibilizar al colectivo juvenil", demuestra el "nulo interés" del Partido Popular por atender las necesidades de los y las jóvenes del municipio.

"Las políticas de juventud deben desarrollarse en espacios de máxima autonomía para la toma de decisiones, así mismo entendemos que es necesario darles el espacio que merece este sector de la población", ha añadido al respecto.

La edil ha recordado que las políticas de juventud "no pueden centrarse exclusivamente en actividades de ocio y tiempo libre", y por eso Cambiemos Murcia presentó al inicio de la legislatura una moción para la elaboración de un Plan de Juventud, que ahora se encuentra en punto muerto por un problema de competencias derivado de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

"Consideramos muy necesario poner en valor las políticas de juventud que vienen sufriendo una arremetida constante con las sucesivas reformas normativas del PP", ha concluido Guerrero.

C's-MU propone al Gobierno local un plan de actuación para aliviar la situación de abandono del polígono 'Cabezo Cortao'

MURCIA.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha denunciado la situación de abandono del polígono Cabezo Cortado, y ha propuesto al Gobierno local un plan de actuación mediante la puesta en marcha de un conjunto de medidas correctoras para frenar su deterioro.

Entre estas medidas, ha enumerado Gómez, destacan un plan de construcción de nuevas aceras; la renovación de las aceras existentes, de los alcorques y las farolas; y una urgente puesta en marcha del servicio de la limpieza pública y la recogida de basuras en el polígono. En este sentido, el portavoz de C's ha afirmado que “no es de recibo que estos servicios básicos tengan que ser cubiertos a través de contratos privados por los empresarios allí instalados”. 

Por su parte, el pedáneo de El Puntal, Salvador Ros, ha señalado la necesidad de la realización de un plan de modernización de este espacio que se encuentra en una situación estratégica; y ha lamentado “la tristeza e impotencia que supone ver como se deteriora a marchas forzadas, sin que nadie haga nada”.

“Esta situación de abandono no ayuda a que se instalen nuevas empresas en el polígono, sino todo lo contrario. El calvario y abandono que sufren los empresarios está provocando que más de una decena de empresas hayan decidido trasladarse a otros municipios. Algo que un municipio no puede permitirse”, ha lamentado Ros.

“Por este motivo, desde C's queremos revisar toda la información existente sobre la construcción y apertura de este polígono, con el fin de regularizar la injusta situación que sufren a diario los empresarios que tienen ubicado allí su centro de trabajo y que contrasta con el privilegiado enclave del que disfrutan”, ha terminado afirmando el portavoz naranja, quien tiene la intención de regularizar la situación denunciada y asegurar los servicios básicos municipales.

MC-Cartagena: "Castejón impone la censura en el Pleno municipal"

CARTAGENA.- MC ha anunciado hoy que se reversa el derecho a ejercitar todas las acciones que procedan ante la violación reiterada de sus derechos fundamentales. El anuncio de la formación cartagenerista llega después de que la alcaldesa Ana Belén Castejón suspendiera arbitrariamente el Pleno municipal de Cartagena y no permitiera que el portavoz de MC, José López, se incorporara tras el receso y pudiera ejercer su derecho de representar y dar voz a los ciudadanos que confiaron en el proyecto de MC para mejorar sus condiciones de vida. 

Antes de que se imposibilitara a López a seguir con su labor, la viceportavoz, Isabel García, ha manifestado a la Corporación que, desde el mes de mayo, la formación cartagenerista padece "una persecución política", al objeto de impedir que desarrolle "su labor política de Gobierno y ahora de oposición".

García ha recordado que "hemos soportado denuncias falsas ya archivadas; agresiones físicas en la puerta del Pleno; se nos ha negado una sala donde recibir a los cartageneros y se nos ha retirado competencias porque incomodamos a las concesionarias, al PP y el PSOE".

"Hoy como se había anunciado en los medios, y todos sabíamos, la alcaldesa ha expulsado del Pleno a José López para impedir que se represente a los ciudadanos, y evitar el control y fiscalización de su Gobierno. Ello, a traición y con la complicidad de PP y C's, como es costumbre", ha indicado.

Ante ello, la viceportavoz ha invitado a Castejón a que "reintegre a José López en su lugar en este Pleno, cumpla el mandato institucional del artículo 23 de la Constitución, permitiendo a estos representantes públicos participar y defender los intereses de nuestros representados", añadiendo que "por citar algunos, se infringen los artículos 73 y concordantes de la Ley 7/1985, sobre el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, 122 y 123 de la misma ley y los concordantes del Real Decreto 2568/1986".

Isabel García ha concluido su intervención anunciando que de no corregir Castejón su injustificable decisión "se estará vulnerando la Constitución y nos reservamos las acciones que procedan".

José López ha comenzado disculpando la premura con la que se ha producido la comparecencia forzada por Ana Belén Castejón y el PSOE, "un partido que se dice de izquierdas y que prometió unas cosas durante la campaña electoral y a lo largo de los veinte años de no oposición al PP, pero que hemos comprobado que en cuanto han 'tocado' poder se sitúan en el mismo lugar que los populares, es decir, al amparo y de la mano de los intereses de las grandes concesionarias".

En este sentido, el portavoz de MC ha explicado que "hoy se ha vuelto a manifestar esa votación entre PP y PSOE en contra de la Comisión de Investigación de Lhicarsa, con sus palmeros de Ciudadanos haciéndole los giros para aparentar normalidad".

De igual forma, López ha lamentado que MC no haya podido continuar durante el Pleno con su labor habitual de defensa de los intereses de los cartageneros. Así, la formación debía presentar aún diferentes mociones de investigación "que vendrían a clarificar los asuntos de Hidrogea".

"Desde el mes de mayo venimos sufriendo la falta de libertad a la hora de trabajar", ha apuntado el líder de MC, quien ha señalado además que "no podemos consentir que nos silencien con ninguna treta. No nos van a callar, ni dentro ni fuera del Pleno".

Castejón y sus cómplices han sido víctimas de sus propios miedos al intentar frenar un debate que acabará produciéndose en sesión plenaria, salvo que la alcaldesa socialista institucionalice, más si cabe, su espíritu represor.

MC Cartagena volverá a defender el interés general y el bienestar de los cartageneros para conseguir que el proceso de revisión de la tarifa del agua sea reconducido por los cauces de la legalidad y el criterio técnico.

Para intentar conseguirlo, MC seguirá apelando a lo no permitido hoy, es decir, a la necesidad de que Ana Belén Castejón impulse la aplicación del estudio de costes municipal del servicio emitido por funcionarios para establecer una nueva tarifa, dando continuidad al trámite de oficio iniciado el 1 de junio de 2017 en Junta de Gobierno. Un proceso ajustado a la más estricta legalidad que ha sido obviado por la alcaldesa socialista tras la negociación de ésta con la concesionaria, cuyo acuerdo impuso el 29 de diciembre.

La formación cartagenerista expondrá la necesidad de instar a la Junta de Gobierno, previa tramitación legal por medio de los servicios municipales que procedan, a que apruebe en virtud de la potestad tarifaria de la administración, y al amparo de los razonamientos que obran en el expediente aprobado en Junta de Gobierno, una tarifa del agua con carácter transitorio.

Esta tarifa estaría vigente mientras no se resolviera la relación contractual por el recurso colectivo presentado en 2004 contra la ampliación del servicio del contrato del servicio municipal de aguas; la liquidación de los superávits; la aplicación de tarifas, posibles sobrecostes, etc.

Además, se hubiera ajustado a los estudios municipales de costes, permitiendo a los cartageneros pagar menos por el agua, con la certeza de no abonar sobrecostes como ha venido sucediendo al aplicar propuestas de la concesionaria.

MC promueve validar el gran trabajo realizado por técnicos municipales durante dos años, ciñendo la actuación a los trámites legales más garantistas y traduciéndolo en una sensible rebaja de la tarifa, alejada de las hábiles capacidades negociadoras de la Alcaldía que ponen en entredicho la legalidad y el beneficio de los ciudadanos.

El estudio de la gestión directa del servicio

Del mismo modo, durante el próximo Pleno, MC solicitará exhortar al Gobierno local a estudiar las fórmulas de gestión directa e indirecta, con prioridad a la primera, del servicio municipal de abastecimiento de agua. Ello, a pesar de lo que podría ser una inminente estimación de la nulidad de la prórroga acordada en el Pleno de 2003, que supuso una prórroga de 25 años de la concesión.

La más que probable estimación reflejaría un escenario ideal para estudiar y decidir qué forma de prestación del servicio es más favorable a los intereses de los vecinos. Podría traducirse en una gestión directa del servicio a través de los más cualificados funcionarios municipales, conocedores algunos de ellos de los pormenores del contrato y el servicio público desde hace más de treinta años.

El texto solicitará un impulso y agilización de las liquidaciones por superávit de años anteriores (al menos entre 2011 y 2017), la incorrecta aplicación de tarifas y sobrecostes en general, al objeto de precisar la cantidad económica que la concesionaria adeuda a los cartageneros.

Manuel Padín: "MC provocó su expulsión del Gobierno y ahora se borra de los Plenos ordinarios"

CARTAGENA.- Con motivo de la expulsión del portavoz de Grupo MC, José López, antes su nuevos insultos y actitudes amenazantes, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha señalado que "MC provocó primero su expulsión del Gobierno de Cartagena, cuando se vio superado por las circunstancias, y así traicionó la confianza de sus votantes, y abocó a Cartagena a una crisis sin precedentes. 

Y ahora, ni siquiera saben comportarse para mantenerse en las sesiones del Pleno ordinario y representar a los que depositaron su confianza en ellos, un pleno donde se exige algo muy sencillo: no alterar el normal funcionamiento del Pleno con interrupciones, o con descalificaciones, insultos o amenazas; MC es un partido que ni quiere ni deja trabajar por Cartagena".

"Cuando no se toma en serio la representación de los votantes, denigramos la política, cuando le faltamos el respeto a una persona, cuando le insultamos, cuando tiramos la piedra y escondemos la mano, cuando amenazamos y provocamos a un concejal aludiendo a su hombría o mencionando a la madre de otro, denigramos la política", ha afirmado Manuel Padín que considera que esto "ha sido el pan de cada día del señor López desde que empezó la legislatura, a veces la ha tomado conmigo, otras veces se ha reído de los militantes de CTSSP-Podemos, a veces le llegaba el turno del PSOE y por supuesto del PP, y ya estamos cansados de esta actitud infantil, de abusón de patio de colegio, de niño malcriado, cansados de que esas cosas terminen difuminando las pequeñas o grandes conquistas, el trabajo que los distintos grupos políticos logramos sacar adelante en el Pleno para mejorar la vida de los cartageneros, porque todo queda oscurecido ante la última actuación del señor José López". Según Padín, "no sabemos si lo hace para copar los titulares que añora desde que no es gobierno o si, simplemente, es así. Pero desde luego, personas así no contribuyen a que los vecinos de Cartagena perciban que la política puede y debe ser un instrumento para mejorar su calidad de vida y solucionar sus problemas".

"PSOE y PP mantienen su protección a las concesionarias vetando la investigación del contrato de 'Lhicarsa'", dice MC-CT

CARTAGENA.- Esta mañana, con anterioridad al teatral acto represor de la alcaldesa Ana Belén Castejón contra el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, PSOE y PP han unido fuerzas para reforzar la protección que ambas formaciones brindan de manera continuada a las concesionarias que trabajan en el Ayuntamiento de Cartagena.

Con su voto en contra han frenado la constitución de una Comisión de Investigación que se encargara de valorar y estudiar el grado de cumplimiento del contrato de limpieza y recogida que el Consistorio mantiene con la mercantil mixta Limpieza e Higiene de Cartagena (Lhicarsa). Cabe recordar que la administración local ostenta una participación del 10% en la sociedad.

Ante los medios de información, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha manifestado que lo vivido hoy revela "una coalición soterrada que durante veinte años ha estado mantenida por Pilar Barreiro, con el oasis de dos años en los que hemos podido trabajar para los cartageneros, que se ha visto frustrado. Los intereses de estos grupos son de agua turbia", ha razonado López, quien se ha preguntado por las razones que han llevado a evitar "que ni tan siquiera se investigue. 

Entendemos que la persona que está llevando el control de la concesionaria ha plasmado cuestiones que deben ser clarificadas. Por ejemplo, más de veinte trabajadores que no estaban en la calle y sí en las oficinas; carencia de conductores en fines de semanas; que no se hayan entregados las cuentas de los lotes de chapa que se venden, etc.".

Todo ello, ha añadido López, evidenciaría que "posiblemente no le debamos tanto dinero a la empresa, sino que pueden existir incumplimientos de contrato que nos podrían valer para que esa empresa cesara, sin dolo para las arcas municipales, de seguir llevando la gestión y recogida de los residuos sólidos de Cartagena. PP y PSOE votan juntos para que nada cambie. El rojo y el azul en un solo uniforme, el de las grandes concesionarias, por desgracias para todos los cartageneros".

Portazo a la fiscalización y la transparencia

Para PSOE y PP no han sido suficientes las razones esgrimidas por la formación cartagenerista y Cartagena Sí Se Puede para arrojar luz sobre el estado y control de un contrato sobre el que la propia Ana Belén Castejón y el concejal Torralba han vertido dudas en fechas recientes, exponiendo lo insuficiente del mismo, al tiempo de deslizar un aumento en la asignación a la empresa de hasta cinco millones de euros más al año, a través de una modificación del contrato.

Así, la negativa de los partidos tradicionales ha impedido indagar sobre problemas en la prestación del servicio, según consta en informes municipales, que se traduce en una limpieza insuficiente, medios obsoletos, y un contrato que, en definitiva, no está adaptado a las nuevas necesidades de recogida.

La constitución de este grupo de trabajo hubiera permitido clarificar la carencia de recursos materiales y humanos; la falta de ingresos por razón de los subproductos de planta; la obtención de beneficios por la empresa que deberán ser valorados, investigados y regularizados, si es necesario; el reconocimiento implícito de existir el conocido 'plan especial de limpieza' del incumplimiento de sus obligaciones por parte de Lhicarsa, así como la procedencia de cualquier modificación del contrato o alteración de sus condiciones, o de una nueva licitación según los procedimientos administrativos que corresponda.

Otra moción presentada por MC ha expuesto un panorama desolador quedando la formación cartagenerista como única voz instando a la multinacional energética y petroquímica Repsol a continuar con su inversión en el barrio del Foro Romano. PP y PSOE han vuelto a votar en contra, mientras que Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede se han abstenido.

La inquietud de MC ha surgido del efecto dominó que propiciará el proyecto de construcción del Museo del Foro Romano, financiado por Repsol, lo que provocaría el cese de la excavación de una parte importante de este yacimiento.

MC considera que el Ejecutivo de Castejón está más que legitimado para exigir a la compañía que mantenga su compromiso con Cartagena, habida cuenta del notabilísimo tráfico portuario que soporta el municipio con dos refinerías y el consiguiente riesgo para todos los ciudadanos. Por todo ello, la mercantil está obligada a responder de la única forma posible, aportando dinero en cuestiones como la conservación y revalorización del patrimonio.

Durante su intervención, el portavoz de MC Cartagena, José López, ha deseado que la actual Alcaldía no imite a gobiernos pasados y defienda el interés general, requiriendo a Repsol lo que en justicia pertenece a los cartageneros, un anhelo que finalmente se ha convertido en infeliz utopía.

C's-Cartagena lamenta que el bloque PP-PSOE haya impedido la creación de la Comisión de Investigación a 'Lhicarsa'

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de C's en el Ayuntamiento de Cartagena ha lamentado que hoy que el bloque de PSOE y PP haya impedido la creación de la Comisión de Investigación sobre Lhicarsa, "hemos votado a favor porque creemos que es necesaria para aclarar todas las sombras que existen en relación al contrato de limpieza y sobre el cual hay informes que denuncian que existen anomalías que es preciso corregir".

"Nosotros no vamos a impedir la creación de ningún órgano que creamos útil para poner luz sobre asuntos nada claros, pero también es verdad, y así lo hemos hecho público, que creemos que es preciso que se constituya lo antes posible el Observatorio de la Contratación para tratar este asunto y también que se convoque una Junta de Portavoces extraordinaria para que la alcaldesa dé respuesta a las dudas que tiene nuestro Grupo", ha señalado Manuel Padín que ha señalado algunas de las cuestiones que Ciudadanos quiere conocer, "qué va a hacer el Ayuntamiento para cubrir el servicio de limpieza en las zonas costeras, si tiene previsto o no abrir un expediente sancionador a la empresa por el supuesto incumplimiento del contrato o por las facturaciones injustificadas, qué ocurre con los supuestos atentados contra el medio ambiente o si piensa realizar los trámites pertinentes para recuperar las inversiones no realizadas".

"Lo que no entendemos es la justificación del partido MC para pedir esta Comisión, los mismos señores que han estado gobernando más de dos años y medio este Ayuntamiento y no vieron la necesidad de ninguna comisión, ahora por lo visto sí; al señor López habría que recordarle que ha estado dos años investigando supuestamente este servicio y no ha solucionado ni mejorado absolutamente nada", ha afirmado el portavoz de C's.

El portavoz ha asegurado que "el portavoz de MC no desaprovecha un segundo de sus intervenciones en el Pleno para intentar enfrentar al resto de grupos municipales con nuestros funcionarios, cuando él y sólo él los ha utilizado políticamente; y esa pérdida de tiempo con el tacticismo partidista ha impedido que a estas alturas de legislatura hayamos solucionado, por ejemplo, el problema grave de los vertederos, tema que tratamos directamente con la directiva de esta empresa hace tiempo, ni ninguna otra cosa de futuro para Cartagena, nada de nada".

Según el portavoz de Ciudadanos, "cabe preguntarse cómo hemos llegado a esta situación, por qué se ha permitido durante tantos años, con otros gobiernos, tener un servicio importante en tan malas condiciones". 

"Nosotros hemos dicho que hay que realizar un control exhaustivo a las concesionarias y fiscalizar cada euro de los 36 millones anuales que cuesta en la actualidad este servicio a los cartagenero".

Ciudadanos también lamenta que el Gobierno de Cartagena no haya aclarado todavía si las tarifas que pagan ciudadanos y empresas por la basura se ajusta al coste real del servicio. Cartagena no ha facilitado esa información al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a pesar de que es su obligación, y de que la Federación de Municipios de la Región ha pedido recientemente a los alcaldes garantizar el equilibrio entre ingresos y costes.

El aval de la Eurocámara para la candidatura de Guindos al BCE, en manos de los socialistas europeos

BRUSELAS.- Hace dos semanas, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo dio un duro varapalo a la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, al apoyar a su contrincante irlandés, Philip Lane, según la crónica de Público. 

Lo hizo gracias a una mayoría constituida por socialistas, verdes e izquierda, muy críticos con la candidatura del ministro, y la ausencia de los conservadores. Esa mayoría podría no repetirse esta vez y Guindos salir victorioso a pesar de las críticas, tras el examen en el que Luis de Guindos se ha defendido sin problemas, con muchas cuestiones técnicas y menos ataques políticos de los esperados, en inglés, francés y castellano.

“Espero que la opinión del Parlamento acabe siendo positiva porque para mí es especialmente relevante”, ha afirmado Luis de Guindos a la salida de su comparecencia ante los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara. Una comparecencia mucho menos difícil de lo esperado, en la que han destacado más preguntas técnicas que críticas a su candidatura, a no ser pos la cuestión de la independencia de la institución. 

Los juicios más feroces han venido, tal y como se esperaba, por parte de los representantes españoles de la Izquierda Unitaria y los Verdes que se oponen firmemente a la candidatura del popular. Una oposición que los socialistas compartían pero que podría quedarse en una mera abstención crítica, apuntan fuentes parlamentarias.

"Mi partido y yo creemos que hemos perdido oportunidad de hacerlo mejor como país", ha comenzado su intervención el eurodiputado del PSOE, Jonás Fernández. Pero esa ha sido la única crítica. 

Fernández se ha limitado después a interrogar a Guindos sobre política monetaria. Mucho más severa ha sido su compañera de grupo, la socialista francesa Pervenche Bères. A Bères no le gusta la candidatura de Guindos. 

Primero, porque considera que pone en tela de juicio la independencia del Banco Central Europeo. Y así se lo ha hecho saber al todavía ministro, al recordarle que hace unos años se presentaba a la presidencia del Eurogrupo. 

Y Segundo, porque considera que no tiene el currículum necesario para el puesto. Pero además, Bères ha aprovechado para mandar un recado al PP, al hacer alusión al “problema de los sobres” en el partido. De Guindos ha salido del paso insistiendo en que no está afiliado a la formación, no se ha presentado a elecciones algunas pero “es un honor haber formado parte del gobierno de señor Rajoy”.

También el presidente de la Comisión, el socialista italiano Roberto Gualtieri, ha preguntado a Guindos por las circunstancias de su nominación, la retirada del candidato irlandés y el posible intercambio de cromos entre España y Alemania: Luis de Guindos a la vicepresidencia, el halcón Jens Weidman, a la cabeza del Banco Central Europeo. Guindos ha vuelto a insistir en que su elección “no ha estado condicionada”, en que el apoyo de los Estados miembros en el Ecofin fue totalmente libre y sincero.

Los socialistas están indecisos. La candidatura de Luis de Guindos no gusta. Lo anunciaron ya en un comunicado posterior a su nominación por parte del Eurogrupo. Tampoco gusta que se haya ignorado deliberadamente la recomendación del Parlamento Europeo y no se haya propuesto a ninguna mujer al cargo, aunque contra eso, poco puede hacer el ministro. Los Verdes, en cualquier caso, esperaban un golpe en la mesa. Porque no hubo candidata, porque el que se presenta no tiene el currículum necesario y porque si esto fuera poco, además da un salto directo del Eurogrupo al Banco Central Europeo. Una opinión que la izquierda comparte. 

Y aunque los socialistas se sumaron en un primer momento, ahora podrían abstenerse y hacer posible que populares, liberales y conservadores saquen adelante la candidatura de Luis de Guindos sin despeinarse. Un cambio de parecer que el eurodiputado Ernest Urtasun califica de “inconsistente”.

Urtasun recuerda el precedente de luxemburgués Yves Mersch, cuyo nombramiento el Parlamento rechazó. Entiende el eurodiputado que aquel plante de la Eurocámara permitió después nombramientos de mujeres en puestos clave como el de Elke König en el Mecanismo Único de Resolución. Aunque no parece que este se vaya a repetir.

Un examen de política monetaria e independencia

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha evaluado por segunda vez a Luis de Guindos. En la primera, hace dos semanas, ya puso en cuestión las competencias del candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo pero entonces, apenas una decena de sus miembros estaban presentes. Este martes lo ha vuelto a hacer.

Sobre la mesa, preguntas técnicas de la política monetaria pasada, presente y futura del Banco Central Europeo, por un lado. 

Por otro, cuestiones sobre cómo la candidatura de Guindos pone en tela de juicio la independencia de una institución como el BCE. Guindos, más cómodo en la política económica que en la monetaria, se ha mostrado evasivo en algunas cuestiones, y ha apoyado sin fisuras las acciones de Mario Draghi y su equipo en los último años en otras. 

También ha aprovechado para defender las virtudes de una reforma de la Eurozona que defiende, creación de una suerte de Fondo Monetario y un ministro de Economía para la zona euro, incluidas.

Las críticas más duras, tal y como se esperaba, han venido del frente español. Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, lo ha acusado de ser “el artífice de un rescate bancario que ha costado 60.000 millones de euros a los contribuyentes”. 

Un regalo, ha afirmado López, a la banca privada que ha significado para los contribuyentes “un aumento de la pobreza y la desigualdad en España”. 

La eurodiputada de IU ha tachado a Guindos de estar al servicio “de los intereses del norte de Europa”, que dice, se evidencia “en su aceptación acrítica de todas las medidas que le han dictado desde Bruselas o Fráncfort”. 

También ha criticado López las políticas que De Guindos defiende como gestor de la mejora económica española a cambio, ha subrayado la de Izquierda Unida, de “devaluación salarial” y en “la precariedad laboral”.

Ernest Urtasun ha criticado la candidatura del gobierno, que propone a un todavía miembro del Eurogrupo. Algo, denuncia Urtasun, “que sienta un precedente muy peligroso”. Una cuestión, la de la independencia del BCE, que han sacado a relucir casi todos los eurodiputados que han intervenido y de la que Guindos se ha defendido alegando que “no solo los gobernadores de los bancos centrales tienen que asegurar la independencia” del Banco Central Europeo. 

A los Verdes, ha asegurado el eurodiputado de ICV, lo que le preocupa son “los posibles conflictos de intereses derivados de su actividad privada”. Urtasun ha echado en cara a Guindos su responsabilidad en el rescate de BMN, la nacionalización de Bankia y su paso por Lehman Brothers. 

“¿Qué garantías puede dar a esta Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de que los problemas de conflictos de intereses que ha tenido usted en el pasado en España no se van a repetir, teniendo en cuenta que usted va a una institución que tiene en estos momentos a cargo toda la supervisión financiera?”, ha cuestionado Urtasun.

La Comisión se reúne este martes para valorar la comparecencia de Luis de Guindos y el miércoles votará una valoración en la que simplemente se limitará a concretar si considera apto o no al candidato para el puesto. El pleno de la Eurocámara deberá confirmar esta valoración en Estrasburgo en marzo. También en marzo emitirá su opinión el Banco Central Europeo y, si nada se complica, los Estados miembros confirmarán el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo en el Consejo Europeo del mismo mes.

Niegan ahora que se esté investigando la relación en Cartagena de los trabajadores de FCC con el PP como aseguró López

CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha preguntado hoy en el Pleno ordinario municipal cuál es el estado de la investigación municipal en relación la información ofrecida por el exalcalde de Cartagena, José López, según la cual algunos concejales del Partido Popular tendrían familiares y amigos cobrando de la empresa FCC sin ir a trabajar y otros ejerciendo este trabajo en otros municipios. 

La formación naranja quería saber si ya han concluido los trabajos de investigación y si se ha instado a los servicios jurídicos a iniciar algún procedimiento. Para sorpresa del Grupo Municipal de Ciudadanos, el Gobierno de Cartagena ha asegurado hoy que no existe la investigación municipal que fue anunciada por el anterior alcalde de Cartagena, José López en septiembre de 2016.

La formación naranja quiere recordar que en el Pleno de septiembre de 2016, el entonces alcalde, José López aseguró textualmente que habían "encontrado en la compañía de limpieza algunas mujeres de concejales y familiares de concejales del Partido Popular colocados en la empresa. Y algunos sin ir a trabajar. Cobrando y sin ir a trabajar (.). Llevamos un año intentando limpiar la empresa de limpiezas". "(.) eso de ocupar parte de las concesionarias se llama puertas giratorias (.) de entrada nos han reconocido que hay veinte personas, que estaban pagándoles desde aquí y que prestaban servicio en otros municipios y después tenemos las duplicidades de personas que tienen que estar limpiando los colegios y que los mandan a limpiar al Batel".

Según el portavoz de Ciudadanos, "tras más de un año desde que el señor López realizó estas manifestaciones, e informó de que existía una investigación en curso cuyas conclusiones serían trasladadas a todos los grupos, ahora resulta que al Gobierno de Cartagena no le consta que se haya ninguna investigación".

Sin embargo, el 28 de diciembre de 2017 el Grupo Ciudadanos recibió respuesta por escrito a las preguntas que realizó en noviembre, y el Gobierno aseguró entonces que "el control y la fiscalización de este contrato, como de los demás, es constante, y las conclusiones que han de emitir los técnicos se conocerán por los cauces administrativos reglados, tan pronto se emitan las conclusiones e informes" y que sería entonces cuando se decidiera si se trasladaba esa información a los servicios jurídicos.

Para el portavoz de Ciudadanos, "es inaudito, ahora resulta que no se estaba investigando nada, y aquí sólo caben dos explicaciones: o el portavoz de MC ha estado mintiendo y nunca investigó a FCC y se limitó a lanzar gravísimas acusaciones sin fundamento ninguno, o bien el actual Gobierno no conoce estas pesquisas municipales: en cualquier caso, esto nos da una idea del enorme caos y despropósito que ha supuesto para Cartagena la anterior coalición de Gobierno de MC y PSOE".

El PSOE advierte al alcalde de Lorca que si acepta soterrar menos de 4,3 km de AVE estará cayendo en un grave error

LORCA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha advertido al hoy actual alcalde, Gil Jódar que si acepta los planes de Adif y del Gobierno de Rajoy de firmar un soterramiento del AVE por Lorca en una distancia inferior a 4,3 kilómetros estará cayendo en un "error histórico para Lorca" que hipotecará el desarrollo urbanístico futuro de la ciudad.

Mateos ha recordado que el PSOE lorquino "nunca ha abandonado, ni lo hará" la exigencia de que el ferrocarril pase "soterrado 4,3 kilómetros" para no partir en dos la ciudad de Lorca. 

Así se lo ha recordado el portavoz socialista al Pleno del Ayuntamiento, donde ha vuelto a demostrar su compromiso "absolutamente firme e inquebrantable" de que el AVE "no pase sin soterrar una distancia inferior a la de 4,3 kilómetros".

Tanto es así, ha recordado Mateos, que nunca importó en el PSOE lorquino los planes de los gobiernos, de uno u otro signo o color, pues siempre se mostraron "firmes y combativos" para no aceptar un soterramiento inferior a 4,3 kilómetros.

Esta exigencia la mantiene, como no puede ser de otra manera, el PSOE lorquino en su etapa actual. De hecho, así lo ha demostrado Mateos en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca, recordando cuando, recientemente, Mateos y su equipo no temblaron a la hora de dar un "toque de atención" a su partido, como así recogieron los medios locales en su momento, cuando el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso rechazó una enmienda favorable al soterramiento del AVE en Lorca.

Esta reacción del PSOE local, recuerda, obligó a una "rectificación inmediata" y al reconocimiento de este "error contrario a los intereses de Lorca" por parte del PSOE en el Congreso.

Mateos insiste en que Lorca no puede abandonar la exigencia de los 4,3 kilómetros soterrado, por lo que "no podemos permitirnos comportamientos cortoplacistas ni complacientes con las Administraciones superiores, gobierne quien gobierne".

Mateos ha exigido a Gil Jódar que ponga a Lorca por delante de su partido, y pide que por defender al Gobierno de Rajoy no caiga en una decisión que sería "fatal" para los intereses de Lorca y los lorquinos.

En el Pleno, Mateos ha recordado las declaraciones del anterior alcalde, Francisco Jódar, donde reconocía que "el paso del AVE por Lorca tiene que ir totalmente soterrado" y que era "absolutamente irrenunciable". 

De hecho, aseguraba que no contemplaba otra opción que esa". 

En este sentido, reprocha el cambio de opinión por el mero hecho de que ahora, no gobierne el PSOE en Madrid, sino que sea Rajoy y el Partido Popular los responsables de decidir cómo pasará el AVE por Lorca.

La Audiencia obliga a Banco Santander a controlar las horas de su plantilla

MADRID.- Santander será pionero en la banca española en controlar el horario laboral de sus empleados para evitar excesos de jornada y horas extras no cobradas, aunque no se trata de una iniciativa de la primera entidad financiera del país, sino de una orden de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que le ha obligado a hacerlo tras una demanda del sindicato CGT a la que se sumaron ELA-STV y CIG, según recoge hoy Público.

El tribunal ha condenado al banco a cumplir el acuerdo al que había llegado con los sindicatos en 2016, en el que, tras un conflicto colectivo, se comprometió “a implantar un sistema de control horario para el personal que realiza funciones administrativas” y a abrir una negociación para el resto de la plantilla (directivos y comerciales) tras la que, en caso de no alcanzarse un pacto, comenzaría también a aplicarlo.

Y eso es lo que ha determinado la Audiencia Nacional, que ordena ejecutar ese acuerdo “en sus propios términos” y sin que quepa ninguna opción de revisarlo. La medida afecta a los más de 22.000 empleados  que el banco sigue teniendo en España tras su segundo Ere en dos años, que ha conllevado la salida de 331 trabajadores, a los que se suman 769 de Popular.

El exceso de jornada es algo habitual en el sector bancario, según coinciden en apuntar fuentes de varios sindicatos, que llegan a estimar en dos horas diarias la prolongación de los empleados con tareas comerciales. La EPA (Encuesta de Población Activa), que cifra en 39 horas y 42 minutos la jornada media semanal en el sector de los seguros y las finanzas, señala que 247.300 de los 438.600 trabajadores del ramo (un 56,3%) hacen más de 40 horas.

El control horario sigue siendo en buena parte de las empresas españolas una laguna que da lugar a excesos y prolongaciones del trabajo, especialmente frecuentes en algunas ramas del sector servicios y a menudo camuflados bajo la prima de libre disposición. No obstante, ese abuso se palía en algunos convenios colectivos con primas de ampliación de jornada.

En cualquier caso, el Congreso tiene sobre la mesa una herramienta para corregirlo. El PSOE tiene registrada una proposición de ley para regular el control de la jornada en la que reclama que el horario diario de cada trabajador se registre “día a día” con el momento “concreto de entrada y salida” mediante el sistema que se acuerde en convenio.

“La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”, indica la proposición, cuya aprobación, que obligaría a las empresas a conservar los datos durante cuatro años, tipifica como infracción grave (sancionada con hasta 3.000 euros, transgredir las normas sobre la jornada y sobre su control.

Banco Santander y sindicatos se habían sentado a negociar, a instancias del juez, cuando el primero fue demandado después de que la Audiencia Nacional condenara a Bankia y a Abanca a controlar la jornada de sus trabajadores.

Sin embargo, el Supremo revocó esas dos sentencias al dictaminar que el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores no establece que haya de llevarse esa supervisión de toda la jornada de toda la plantilla mediante un registro horario diario, aunque sí es obligatorio controlar las horas extraordinarias, con lo que Santander optó por no aplicar el pacto para ningún trabajador.

De hecho, varios juzgados de lo Social habían anulado en los últimos meses las sanciones que varias consejerías de Empleo autonómicas habían impuesto al banco por no disponer de un registro diario de la jornada de cada trabajador.

Dos años antes de las sentencias del Supremo, “la Inspección de Trabajo había requerido al Banco de Santander para que estableciera un registro fiable, público y verificable de la jornada diaria realizada por cada trabajador con el fin de poder computar de forma adecuada las horas extraordinarias que se realicen a los efectos de su abono, compensación y cotización”.

La entidad, que se abrió a aplicarlo con los administrativos que se encargan de atender en ventanilla y tramitar papel, apelaba con los comerciales y los directivos de las oficinas al acuerdo por el que a mediados de los años 80 su jornada pasó a ser considerada como flexible a cambio de no abrir los sábados.

Tras diez reuniones con los sindicatos entre enero y mayo del año pasado, y ocho el año anterior, estos y la empresa “coinciden en constatar la imposibilidad, en ese momento, de alcanzar un acuerdo” sobre comerciales y directivos.

“No es necesario en los tiempos actuales y en actividades comerciales como la nuestra”, señalaron entonces los responsables de Santander, que consideraban ese control “contrario a nuestra cultura de flexibilidad” y “anacrónico” y que, mientras tanto, seguían sin aplicar el seguimiento del horario también a los administrativos.

El banco hizo un último intento por evitar la obligación de controlar la jornada alegando, en un recurso de reposición, que tiene “debidamente cumplida la obligación” con una circular anterior que, en cumplimiento de otra conciliación supervisada por un juzgado, obliga a los empleados a comunicar “las ausencias motivadas por enfermedad, accidente, maternidad, paternidad y situaciones asimiladas, consultas médicas , lactancia, faltas de asistencia y puntualidad, permisos y licencias”.

“Se entendió que se trataba de una transacción merecedora de su homologación”, sostuvo la entidad, a los que la Audiencia Nacional respondió que “se trata de instrumentos diferentes”.

Un sistema de “gestión de ausencias, permisos y vacaciones” no es lo mismo que “un sistema de control horario para el personal que realiza funciones administrativas y para el resto de personal”, concluye el tribunal.

Unidos Podemos y sus confluencias han perdido un tercio de su electorado a lo largo de 2017", señala un documento interno

MADRID.- Podemos sigue en caída libre. El último barómetro del CIS de enero daba al partido de Pablo Iglesias un 0,5% más respecto al último estudio de noviembre, frenando el descenso continuo que ha sufrido en las encuestas desde verano, pero situándose como cuarta fuerza tras el sorpasso de Ciudadanos. 

Ahora, el último informe interno elaborado por Carolina Bescansa, al que ha tenido acceso El Independiente, no da credibilidad al crecimiento de medio punto en estimación de voto y advierte que “todos los indicadores directos e indirectos consolidan el descenso de Podemos iniciado en enero de 2017”, justo hace un año. La socióloga experta en análisis electoral atribuye a la ‘cocina’ del CIS el espejismo de la subida en las encuestas.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado el 5 de febrero fue un balón de oxígeno para Podemos después de la profunda crisis que atravesó a raíz de su gestión de la situación catalana. Tras el retroceso electoral del 21-D, las estimaciones del sondeo más importante del país mejoraban los datos de otras encuestas privadas y la cúpula de Podemos respiraba aliviada. 

“Hay que ser prudentes con las encuestas pero después de todos los titulares anunciando nuestra debacle, el CIS dice que subimos”, celebraba el secretario general de Podemos a través de las redes poco después de que se publicara el barómetro. El partido intentó trasladar la idea de que con esos datos “cualquiera” podría ganar las elecciones generales.

Sin embargo, el análisis demoscópico de la fundadora de Podemos es bien distinto y advierte de que “la intención directa de voto a Unidos Podemos y las confluencias ha evolucionado negativamente”. Apunta que en esta ocasión la caída es del 0,4%, una proporción significativamente menor a la de octubre, que fue del 2,8%, pero continúa la tendencia a la baja. “Los resultados de enero de 2018 apuntalan el descenso iniciado en enero de 2017 y señalan que, en términos de intención directa de voto, Unidos Podemos y sus confluencias han perdido un tercio de su electorado a lo largo de 2017”. 

En este punto, añade que las pérdidas más significativas de apoyos han sido en el grupo estatal de Unidos Podemos y en su confluencia catalana, En Comú Podem. Las más leves se dan en la confluencia gallega, En Marea, y en la Valenciana.

En el apartado Afinidad electoral de los partidos: suelos y techos, la experta en demoscopia analiza la intención de voto reflejada en el CIS y detalla que “los datos que se recogen a través de esta escala son consistentes con el resto de indicadores directos e indirectos del voto” y reafirman dos tendencias: “La caída de Podemos y el ascenso de Ciudadanos continúan”. 

Estos movimientos, además, “ofrecen proporciones estadísticamente significativas, mientras que PSOE y PP apuntan a la baja pero de manera más leve y no significativa”.

El documento hace referencia a otro elemento que ya destacó este periódico: Podemos es el partido que más rechazo genera entre sus propios votantes. La experta en estadística analiza el número de encuestados que votaron a Unidos Podemos en las últimas elecciones que ahora “nunca” votaría al partido de Pablo Iglesias, y relaciona este dato con la última vez que se realizó esta pregunta, en julio de 2017. 

Así, afirma que desde entonces esta proporción “ha crecido del 55% al 59%, convirtiéndose en la formación que despierta mayor rechazo en España, 6 puntos por encima del rechazo al PP, 18 por encima de Cs y 22 puntos por encima del PSOE”. Estas consideraciones vienen acompañadas por una gráfica que muestra el porcentaje de votantes leales a Podemos que votarían “siempre” al partido. Una cifra que ha caído del 3% al 1%.

Este rechazo a Podemos sería el responsable de que el CIS infle el resultado del partido en las encuestas, según este dossier. La socióloga y profesora de Políticas en la Universidad Complutense de Madrid destaca que “la gran novedad” del barómetro tiene que ver con el recuerdo de voto. “Por primera vez en la vida de Podemos, hay menos personas que recuerdan habernos votado de las que realmente lo hicieron”, avisa el Informe Bescansa.

“Entre octubre de 2017 y enero de 2018 un 0,6% de nuestros votantes han olvidado que nos apoyaron en 2016”, advierte. Por este motivo, la dirigente establece un paralelismo entre Podemos y el PP, fuertemente desgastado, y atribuye este rasgo a partidos en declive. “Este rasgo típico del PP y/o de las formaciones en posición declinante constituye un hito en nuestra historia”.

El recuerdo de voto es uno de los factores que el Centro de Investigaciones Sociológicas utiliza para dar una estimación final de voto distinta de la intención directa que muestran los encuestados. Es la llamada “cocina” del CIS: un procedimiento que pondera varias variables como la simpatía hacia un partido, la valoración de los líderes o la identificación ideológica. Son fórmulas estadísticas que Bescansa analiza en su estudio. A pesar de que los votantes de Podemos no reconocen ahora el apoyo otorgado al partido el 26-J, el barómetro del CIS acaba situando al alza en 0,5 puntos a Podemos.

“El subrecuerdo es lo que explica que, a pesar de que todos los indicadores directos e indirectos de la encuesta consolidan el descenso de Podemos iniciado en enero de 2017, la estimación de voto que publica el CIS nos dé un incremento del 0,5% en relación al barómetro de octubre”, señala el informe, que abunda en la explicación y hace una valoración objetiva de la situación real del partido citando varios factores adversos que recoge la encuesta. 

“El CIS ha aplicado un multiplicador mayor que 1 a nuestra intención directa de voto, lo que explica que logremos subir en la estimación de voto a pesar de haber empeorado nuestra intención directa de voto, del grado de rechazo, la proporción de leales y la valoración del secretario general”.

Bescansa es la encargada de elaborar estudios sobre estadísticas electorales pese a que en Vistalegre II dejó de ser la secretaria de Análisis Político y Social tras su intento de abrir una tercera vía, mal recibida en el entorno de Iglesias. Después del congreso, la fundadora de Podemos -fue una de las tres firmantes del acta fundacional del partido- también fue apartada de dirección del grupo parlamentario y de la representación legal de la organización, donde fue sucedida por Pablo Echenique.

Pese a no pertenecer a la ejecutiva, Bescansa continuó los meses siguientes elaborando sus análisis electorales tras cada barómetro del CIS. En esta línea elaboró el otro documento sobre el CIS del pasado abril, tres meses después de que Podemos iniciara el declive. “Caemos de manera preocupante“, alertaba la dirigente, en un documento firmado por el Equipo de Análisis Electoral y Demoscopia (AED) de Podemos.

Sin embargo, la situación cambió a raíz de sus críticas hacia el discurso de Podemos en el conflicto catalán, que le valieron su purga en el Congreso de los Diputados y su sustitución por Irene Montero. 

Tras el divorcio entre el núcleo duro de secretario general y la fundadora, es ella quien ha continuado su labor como experta en demoscopia y ha elaborado motu proprio este análisis. Eso explica que este informe del CIS de enero, a diferencia del documento adelantado en exclusiva por El Independiente el pasado abril, no tenga el membrete oficial de Podemos ni venga firmado por el departamento correspondiente. El estudio, que ha llegado a la cúpula del partido, ha tenido también una difusión más restringida.

El estudio de Bescansa también aborda la valoración de líderes nacionales, entre los que destaca el ascenso de Albert Rivera como la “modificación más significativa del trimestre”, que sube del 3,75 al 4,01 sobre 10. 

“En la otra cara de la moneda -continúa-, Pablo Iglesias cae del 2,67 de octubre al 2,54 de enero, consolidando su posición como líder peor valorado”. Además el estudio contradice de plano a los argumentos ofrecidos por la cúpula de Podemos, que siempre han atribuido este desgaste de Iglesias a la polarización política por la que los afines al PP darían un 0 sobre 10 al líder de Podemos.

La experta en demoscopia, sin embargo, niega esta hipótesis y añade que Iglesias recibe la peor puntuación “sin que quepa atribuir este resultado a la polarización que pudiera suscitar entre defensores y detractores, puesto que el indicador de la desviación típica es más pequeño que el de las valoraciones a M. Rajoy o Albert Rivera”.

La ejecutiva de Podemos negó la mala valoración de Iglesias tras el CIS, argumentando que “arrasaba” en programas de prime time y que duplicaba las cifras de audiencia del programa El Objetivo de La Sexta. El análisis demoscópico de Bescansa contrasta con estos argumentos y se muestra contundente. 

“Pablo Iglesias es el líder estatal peor valorado en términos absolutos y relativos. Es el líder que recibe peor valoración de su propio electorado”, asevera el dossier interno, que apunta a que “su desgaste no es homogéneo en todo el país”, y que su liderazgo resiste mejor entre su electorado de Cataluña y Galicia, “mientras que se deteriora significativamente más en el resto del país, y de manera muy acentuada en la Comunidad Valenciana”.

Unanimidad en las asociaciones de jueces: "urge" reformar el "politizado" CGPJ

MADRID.- Los representantes de las cuatro asociaciones profesionales de jueces han exteriorizado la semana pasada su repudio 'unánime' al actual funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pocos días de que venza un plazo que puede agrietar aún más las relaciones entre dichas asociaciones y Moncloa, según recuerda Vozpópuli.

Por lo general divididos, los representantes de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, coincidían en un debate público el pasado miércoles en que la reforma del CGPJ del exministro Alberto Ruiz Gallardón de 2013 no hizo sino "politizar aún más” este organismo que "urgen" a "cambiar". 

Entre otras polémicas medidas, la criticada reforma de Gallardón facilitó la llegada al órgano de gobierno de los jueces de vocales 'independientes' de las asociaciones pudiendo presentarse con 'solo' 25 avales (antes 100), autorizó al propio CGPJ a nombrar los principales jueces de la Carrera Judicial con mayoría simple y no cualificada, redujo de 20 a 6 el número de vocales con dedicación exclusiva y de 12 a 4 el número de comisiones, eliminó la autonomía presupuestaria del organismo y le quitó su potestad reglamentaria en sueldos y vacaciones de los jueces en favor del Ministerio de Justicia, entre otras cuestiones. 

El último llamamiento público de las asociaciones de jueces contra el actual CGPJ se produjo exactamente una semana antes de que venza el próximo miércoles el plazo del requerimiento presentado por las asociaciones a los Ministerios de Justicia y Hacienda para la convocatoria de la "mesa de retribuciones judiciales", encargada de abordar "mejoras salariales" para paliar los "recortes" sufridos por los jueces en los últimos siete años.

Esta última es solo una de las catorce reclamaciones al Gobierno exigidas por las cuatro asociaciones en un documento sellado el pasado mes de julio y dirigido a "la mejora de la Justicia". La primera de esas reivindicaciones es precisamente que sean los jueces, y no el Parlamento, quienes elijan a los vocales que ahora eligen el Congreso y Senado a fin de que, según remarcan los jueces consultados por Vozpópuli, "se despolitice el CGPJ". 

Las reclamaciones de los jueces siguen la línea de lo que demanda el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa. El organismo europeo mostraba el pasado mes de enero su "insatisfacción" con el Gobierno español en materia de corrupción porque, a juicio del organismo, los miembros del Congreso no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales del CGPJ, a la vez que se deberían fijar por ley criterios objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura.

Estas cuestiones han sido abordadas en una subcomisión de Justicia en el Congreso de la que Unidos Podemos y Ciudadanos se han retirado precisamente ante la negativa de PSOE y PP a medidas como desligar al Parlamento de la elección de los jueces del CGPJ. Los socialistas han alegado que quieren evitar “cualquier pretensión de convertir al gobierno del Poder Judicial en una suerte de autogobierno de jueces y magistrados”, mientras que los populares se apoyan en el rechazo de los socialistas para negar una medida que suscribieron en el pacto de Investidura con Cs y que prometieron en la campaña electoral de 2011.

“Lamentablemente no tengo demasiadas esperanzas de que los partidos políticos alcancen un acuerdo que permita a los jueces elegir a sus representantes en el CGPJ”, señala a Vozpópuli el portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, Celso Rodríguez. El portavoz de la APM (la más ‘conservadora’ y principal asociación en número de afiliados) descarta en este sentido tomar medidas como la de  ‘boicotear’ al CGPJ dejando de proponer candidatos porque “el sistema actual es la ley actual y hay que respetarla” aunque anticipa que “en marzo decidiríamos como asociación una propuesta de acción coordinada con las demás asociaciones, que podría incluir movilizaciones, ante el incumplimiento de todas nuestras reivindicaciones”.

"La mesa de retribuciones no se ha convocado todavía y si, vencido el plazo, no se produce ningún avance, al menos nosotros como asociación podríamos empezar a movilizarnos", asegura por su parte Natalia Velilla, miembro de la Ejecutiva de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.

 "Y en esas posibles movilizaciones, no solo abordaremos el tema de las retribuciones, sino todas las reivindicaciones que presentamos las cuatro asociaciones en julio, porque la realidad es que desde que las hemos reclamado de forma ya unánime no se ha avanzado en la implementación de ninguna. La subcomisión del Congreso para la mejora de la Justicia se ha quedado en nada”, insiste.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, afirma por su parte que "esperaremos a ver qué pasa de aquí al miércoles con el requerimiento de la mesa de retribuciones antes de emprender movilizaciones aunque para nosotros el requerimiento que vence el 28 de febrero está vinculado a todas las reclamaciones que presentamos en julio”.

Las cuatro asociaciones, en cualquier caso, suscribieron el pasado 13 de febrero un comunicado en el que ya abrían la puerta a acciones conjuntas de no producirse avances en sus reivindicaciones sobre "la mejora de la Justicia" antes del 28 de febrero.

Se mantiene la polémica sobre el porcino tras las variadas explicaciones de 'El Pozo'

MADRID.- Aunque criticado por muchos después de su emisión y acusado de ofrecer una versión muy parcial de las granjas porcinas, el programa de Salvados dedicado a la cría de cerdos en España sigue dando mucho que hablar según 20 Minutos.

Tras la reacción de El Pozo –que tras negar todas las acusaciones dejó de trabajar con la granja mostrada en el programa y perdió algunos contratos internacionales- ahora son otros grandes productores los que han salido en defensa de la cría intensiva de este animal.

Y de entre todas las declaraciones más o menos airadas de los grandes empresarios del porcino, las de Emilio Loriente -máximo responsable de Incarlopsa– son las que se llevan la palma y retratan perfectamente el nerviosismo del sector.

Y es que para defender sus granjas y el sistema intensivo, Loriente no ha dudado en atacar uno de los grandes valores del cerdo ibérico: la dehesa como ecosistema único para esta raza.  

En declaraciones a El Diario, ha asegurado que “la cría de cerdos en la dehesa está muy bien vista pero es una guarrería”, porque los animales pueden comer ratas, pájaros o cualquier cosa.

Frente a ello, el uso de piensos y la cría en granjas -asegura- permiten un mayor control sobre la salud y estado de los animales. ¿Cómo es posible que un empresario español del sector ataque la dehesa o la alimentación con bellotas? Muy sencillo: estamos hablando del principal proveedor de carne de cerdo de Mercadona, y parece claro que, en su caso, la producción masiva y la carne barata son criterios que priman respecto a un producto único como el cerdo ibérico y su sistema de crianza en el campo.

Según explican en Economía Digital, ante las quejas de algún cliente de Mercadona por las desafortunadas palabras de Loriente, éste aseguró que las declaraciones habían sido sacadas de contexto. 

Ante el malestar de Mercadona -que también vende cerdo de esos que están por el campo comiendo ratas y pájaros, según su proveedor-, la propia empresa ha matizado las palabras de su presidente, asegurando que se trataba de algo dicho en tono coloquial.

En cualquier caso, esta reacción se enmarca dentro del discurso de los grandes productores en las últimas semanas en defensa de la producción intensiva de ganado porcino, tras el debate generado por el programa de La Sexta sobre las condiciones de vida de los animales. Curiosamente, las lamentables condiciones laborales de los trabajadores de los mataderos no parecen haber despertado un debate tan intenso.

En cualquier caso, lo de Salvados es sólo la punta del iceberg de un problema mucho mayor: la instalación de macro granjas de cerdos en Castilla La Mancha y la oposición vecinal con la que se están encontrando en muchas ocasiones.

Y es que, dejando a un lado la vertiente animalista del debate -un nuevo matadero en la región prevé poder sacrificar más de 10.000 cerdos al día-, el impacto medioambiental y en el desarrollo turístico de las zonas son algunas de las cuestiones que la instalación de nuevas granjas industriales en la zona plantea.

Y aunque el consabido discurso sobre la creación de puestos de trabajo, por supuesto, está ahí, parece que no es suficiente para convencer a muchos de los que viven en la región y no ven con buenos ojos que su pueblo se convierta en un criadero y matadero industrial de cerdos.