Grupo Zamora eleva un 50% sus ventas en cinco años gracias a 'Licor 43' y a bodegas 'Ramón Bilbao'

CARTAGENA.- El grupo de bebidas Zamora prevé cerrar el ejercicio 2017 con más de 185 millones de euros en ventas, lo que supone una subida del 50% respecto a hace un lustro, impulsada sobre todo por el crecimiento de Ramón Bilbao en España y de Licor 43 a nivel internacional.

El director general de la empresa, Emilio Restoy, explicó este viernes en una entrevista la estrategia a seguir por la firma después de haber ampliado al 100% esta misma semana su participación en una de las marcas míticas de Limoncello en Italia, denominada Villa Massa.

"Nuestra estimación para este año es crecer entre un 11 y un 12% respecto a 2016 -ejercicio que cerró en torno a los 160 millones de facturación-", revela.

Zamora Company es una empresa nacida en 1945 en Cartagena, que hoy cuenta con unos 380 empleados y en la que el 100% del capital está en manos de la familia del fundador, una estructura que, según Restoy, no tienen intención de revisar de momento.

"Yo mismo soy accionista y miembro de la familia. La posición de la propiedad es clara: somos una empresa familiar y queremos seguir siéndolo. Es verdad que hemos mantenido conversaciones interesantes con gente que quería entrar, pero queremos continuar siendo dueños de nuestro futuro", garantiza.

La compañía multiplicó prácticamente por cinco sus ingresos en los últimos 15 años (en 2002 facturaba en torno a 38 millones), con la compra de las Bodegas Ramón Bilbao en 1999 y la adquisición de Pacharán Zoco en 2010 como operaciones "estrella".

En este período también tuvieron que afrontar desafíos, como su salida del negocio del zumo envasado o la pérdida del contrato de distribución de Ron Brugal, que acabó en los tribunales.

Su producto más emblemático, no obstante, sigue siendo Licor 43, verdadero buque insignia del grupo Zamora desde sus orígenes y cuyas ventas representan un 35% de todos los ingresos del grupo después de expandirse por todo el globo. "Somos el licor premium con mayor crecimiento a nivel global, sobrepasamos las 800.000 cajas en todo el mundo y el 85% se vende fuera de España", apunta Restoy.

Mismo porcentaje supone su división de vinos gracias a Ramón Bilbao, que en este período se convirtió en una enseña popular y reconocida. "Era una marca con mucha historia, pero pequeñita, y hoy hemos conseguido que sea la marca de Rioja más reconocida y la que tiene un mayor crecimiento en hostelería", destaca el director general del grupo, quien reconoce que por el momento no se plantean "desarrollar nuevas aventuras" o comprar otras bodegas dentro del sector del vino. 

"Lo que sí queremos es desarrollar vinos y conceptos dentro de Ramón Bilbao", precisa Restoy, quien apunta que casi una tercera parte de la producción ya se dirige a la exportación.

Prueba de ello es su reciente introducción con bodega propia en la Denominación de Origen Rueda, que se suma a su presencia en Rías Baixas con Mar de Frades y en Ribera de Duero con Cruz de Alba.

La tercera "pata" del negocio corresponde al resto de los licores, que representan el 30% de los ingresos y entre los cuales destaca el pacharán Zoco, cuya cuota de mercado en España pasó, desde que entró en el portafolio del grupo, del 42 al 46%, según los datos de la compañía.

El plan estratégico de la firma de cara a 2020 pasa por divulgar aún más sus propias marcas, profundizar en su internacionalización -ya llega a más de 80 países y sus gestores no descartan comprar otras enseñas o distribuidoras en el extranjero- y lanzar nuevas referencias al mercado para que la innovación suponga entre un 10 y un 15% de su cifra de negocio.

Entre los mercados que más interés despiertan en el grupo Zamora, su director general sitúa a Australia, México y Latinoamérica en general como prioridades.

A ellos se suma China, donde la compañía creará una empresa junto a un socio local para aprovechar las oportunidades que ofrece -aunque más a medio plazo-, así como Estados Unidos, país en el que se encuentran "mirando opciones" para ampliar su negocio en suelo norteamericano.

Alberto Garre: «El problema del agua sólo se soluciona entre presidentes»

TORRE-PACHECO.- El expresidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, sorprendió anoche en Torre Pacheco, con una intervención durante la celebración de la Asamblea General informativa del Campo de Cartagena, a la que asistieron cerca de un millar personas, entre las que se encontraba el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jodar. 

En un momento de la noche, Garre se puso en pie y, micrófono en mano, lanzó duras críticas a la gestión del Gobierno regional en materia de agua que arrancaron los aplausos de los regantes.

"¿Por qué vamos a renunciar a un agua que es patrimonio nacional?, ¿por qué no vamos nosotros a reclamar lo que es nuestro?", aseguró Garre.

El expresidente llego a interpelar directamente al consejero de Agua, para cuestionar el peso en Madrid del presidente regional, Fernando López Miras: "Paco, vete a ver a la ministra las veces que haga falta, pero este es un asunto de Estado, y eso se soluciona entre el presidente del Gobierno de la nación y el presidente de la Región de Murcia; y el presidente de la Región de Murcia está seis meses en el cargo y todavía no lo ha recibido el presidente de la nación".
Ese casi millar de agricultores que asistieron a la asamblea informativa por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), puso de manifiesto que la problemática hídrica que está sufriendo esta zona "no se debe solamente a la falta de agua, sino de infraestructuras", y exigieron soluciones ante la "falta de resolución del Gobierno".En este sentido, los agricultores pusieron de manifiesto que, con menos del dos por ciento del agua embalsada actualmente en España "se solucionaban los problemas hídricos de la Cuenca del Segura".
A la reunión asistieron agricultores, asociaciones agrarias, presidentes y miembros de otras comunidades de regantes (Murcia, Alicante y Almería), diputados regionales, alcaldes, el consejero de Agricultura, representantes políticos, directores generales, y miembros de la Junta de Gobierno de la CRCC y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
Durante esta Asamblea el Presidente de la CRCC, Manuel Martínez, expuso la trágica situación en la que se encuentra el regadío del Campo de Cartagena por la escasez de agua, dado que "a día de hoy solo tiene asegurado el siete por ciento de los recursos necesarios para cubrir la demanda hídrica de los cultivos".
En este sentido, Martínez achacó esta situación, principalmente, al cierre del Trasvase Tajo-Segura en mayo del presente año, incidiendo en que esta situación "no se debe solamente a la falta de agua, sino de infraestructuras".
Asimismo, señaló que "desde hace años se están proponiendo medidas totalmente viables al Gobierno para resolver toda esta problemática, sin que hasta la fecha se hayan ejecutado la gran mayoría de ellas", citando como ejemplos la construcción de una red de colectores, una planta de tratamiento, y un emisario, para la conducción y evacuación del rechazo de las desalobradoras".
De la misma manera, los agricultores propusieron aumentar el aporte de agua desalinizada finalizando urgentemente la acometida eléctrica de la desalinizadora de Torrevieja e incrementando su capacidad a 120 hm3, así como ampliando en 25 hm3 más la capacidad de producción de la Desalinizadora de Escombreras, y analizar la construcción de nuevas desalinizadoras.
Igualmente, propusieron agilizar la construcción de las infraestructuras para la consecución del vertido cero al Mar Menor mediante la ampliación de la red de captación de agua de drenaje, y ampliación de la desalobradora del Mojón para la reutilización de este agua de drenaje para riego".
Asimismo, recordó que los agricultores habían planteado la puesta en marcha de unos 250 sondeos particulares durante el periodo de sequía; favorecer las cesiones de derechos (bancos del agua); así como un precio asumible del agua desalada; y la realización del Plan Hidrológico Nacional.
"Pero además, para colmo de males, el Estado pretende que los regantes del Campo de Cartagena paguen unos 4 millones de euros a cuenta del agua del Trasvase Tajo-Segura que no se recibe", según la Comunidad de Regantes.
El Presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, señaló que su Corporación presentó en julio al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente un estudio técnico, realizado por una de las ingenierías "más prestigiosas" de España, que contempla "soluciones viables y sostenibles para resolver toda esta problemática".
Por todo ello, consideró "muy necesario" contar con el apoyo directo y comprometido "de todos los agricultores, así como el de toda la población, para conseguir que el Gobierno ponga en marcha de manera urgente todas las actuaciones necesarias para paliar esta situación". Además, solicitó la adhesión de los asistentes al Manifiesto Levantino, y manifestó que "va ser necesaria la movilización de toda la ciudadanía, a través del Círculo por el Agua".
Entre los asistentes se puso de manifiesto la "trágica situación" que están sufriendo por la falta de agua, trasladando su malestar por la falta de resolución que ha provocando la grave situación que están padeciendo.
"No entienden como la Administración les imposibilita el funcionamiento de las desalobradoras particulares, debido al sellado y desmantelamiento del salmueroducto, obra que hizo hace años el Estado y dejo incomprensiblemente sin terminar", según la Comunidad de Regantes.
Y es que, aclaran las mismas fuentes, "si pudieran poner en marcha sus desalobradoras dispondrían de recursos de calidad para poder aportar agua a sus cultivos y además evitaría las descargas de aguas subterráneas al Mar Menor, con el beneficio medioambiental que esto supondría".
Por ello indicaron que, en vez de desmantelar el salmueroducto, "es muy importante que el Gobierno ejecute o permita que los regantes construyan una red de colectores, una planta de tratamiento, y un emisario, para la conducción y evacuación del rechazo de las desalobradoras".
Tampoco entienden cómo todavía "no se ha ejecutado la línea eléctrica que permita a la desaladora de Torrevieja duplique su capacidad de producción hasta los 80 hm3 por año", según la Comunidad de regantes, que precisa que los agricultores "no comprenden que todavía no se estén realizando las obras necesarias para que esta Desaladora produzca 120 hm3 por año, y que la desaladora de Escombreras duplique su producción".
Además, los agricultores exigen "que se pongan a máxima capacidad y producción todas las desaladoras del Levante, los pozos de sequía, y que el agua que no se destine al abastecimiento de la población se emplee para riego".
Como medidas a largo plazo, los asistentes consideraron que es muy importante que el gobierno "realice el Plan Hidrológico Nacional, que permita solucionar de manera definitiva la injusta situación que están sufriendo las zonas regables y los habitantes del Levante en cuanto a la disponibilidad de agua, y el precio que tienen que pagar por ella sea tres veces superior a la media nacional".
Así pues, recordaron que en España "actualmente existen embalsados unos 21.000 hm3, y con menos del 2% de ese agua se solucionaba toda la problemática de la Cuenca del Segura". A este respecto se indicó que la Cuenca del Tajo es la que más agua embalsa de toda España, con 4.396 hm3.

CTSSP exige anular en Cartagena la prórroga con 'Hidrogea' hasta 2042 por el 'caso Pokemon'

CARTAGENA.- El Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) exigió este viernes que el Ayuntamiento anule la prórroga del contrato con Hidrogea hasta 2042, antes las presuntas irregularidades en su aprobación en el año 2003 destapadas por Vigilancia Aduanera en un informe del ‘caso Pokemon’ de corrupción. 

Podemos reaccionó así a las noticias sobre el contenido de la citada diligencia judicial, que advierte de que el Pleno autorizó una ampliación del contrato en 25 años, a pesar de que había un informe contrario del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

En una rueda de prensa convocada de manera urgente, la portavoz del grupo, Pilar Marcos, y la también concejal Teresa Sánchez indicaron que, “ante las noticias referentes a nuevas actuaciones en el ‘caso Pokemon’, causa en la que nuestro partido está personado como acusación y que han sido publicadas en el diario ‘La Verdad’, nuestro grupo quiere comunicar a la ciudadanía las siguientes exigencias que hace al Gobierno del Ayuntamiento: es imprescindible, ahora más que nunca, la anulación de la ampliación del contrato con Hidrogea hasta 2042, que el Gobierno debiera llevar a Pleno para hacerla efectiva antes del cumplimiento del plazo para la ejecución de la prórroga, que es el día 26 de diciembre de este año”.
“Además –dijo Marcos- el PSOE tiene pendiente, tal como propuso en una moción aprobada en noviembre del año pasado, un informe sobre las consecuencias jurídicas y económicas de anular ese contrato. La prórroga, para nuestro partido, es absolutamente ilegal, cuenta con dos informes en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y es por esa razón que nuestro grupo presentó un recurso de nulidad ante el Ayuntamiento que no fue contestado, obligándonos a ir a un contencioso administrativo en el que actualmente estamos inmersos”.
Podemos también insta a PSOE y MC a que realicen una “auditoría completa del servicio, con un presupuesto y recursos adecuados, tal como nuestro grupo viene exigiendo desde principios de legislatura”.
“Es una exigencia al Gobierno de este Ayuntamiento que, como está personado en la causa, emprenda cuantas actuaciones judiciales se valoren oportunas en defensa del interés general de la ciudadanía de Cartagena”, manifestó la portavoz de Podemos.
De igual forma, su grupo solicita nuevamente al Ejecutivo local, “y con carácter de urgente, una reunión con ellos en cumplimiento del acuerdo de los 40 puntos de investidura de Ana Belén Castejón como alcaldesa y de los respectivos programas de MC y PSOE que contienen, entre otros aspectos, la anulación de la prórroga en cuestión”.
“Exigimos a la alcaldesa de Cartagena el respaldo absoluto a los informes de costes de servicio elaborados por los técnicos municipales de cara al establecimiento de la nueva tarifa: la tarifa del agua no se negocia con empresas presuntamente corruptas y calificadas como asociación ilícita ya en un auto de 28 de julio de 2015”, indicó Marcos.
Y señaló asimismo, que “la tarifa del agua simplemente se calcula en base a los informes de los técnicos municipales, que representan el interés general y no el de un monopolio”.
Otra medida exigida por Podemos es la restitución inmediata del exdirector general de Infraestructuras, Manuel Nicolás, “que durante estos dos años ha demostrado ser un profesional excelente y una persona honrada que ha sabido defender el interés público y no ceder a las presiones empresariales”.
 Este dimitió por diferencias con Castejón, tras destituir esta a José López (exalcalde) como concejal de Servicios.
También quiere Podemos la “conversión del agua en tasa, justamente para que los gastos e ingresos de la empresa figuren en el presupuesto municipal con la máxima transparencia”.

Corrupción trascendida

Corría abril de 2008 cuando la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro; el vicealcalde, Agustín Guillén, y la exconcejal de Hacienda y ya consejera de Sanidad del Gobierno regional, María Ángeles Palacios, todos ellos del PP, viajaron a Nueva York con los gastos pagados por Aquagest, empresa concesionaria del servicio municipal de aguas. Apenas tres meses antes, la compañía, denominada ahora Hidrogea, vio cómo la Junta de Gobierno Local aprobó por la vía de urgencia y fuera del orden del día una propuesta suya y del concejal de Hacienda, José Cabezos, para invertir más de 12,5 millones de euros en infraestructuras con cargo a las tarifas de los años 2009 y 2010. Cuatro años antes de que el Ejecutivo adoptara ese acuerdo, el Pleno autorizó en noviembre de 2003 una prórroga de 25 años, hasta 2042, en el contrato de Aquagest, a pesar de que existía un informe en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Todo ésto lo desvela hoy el diario La Verdad.
A ojos de los investigadores de Vigilancia Aduanera en Galicia, un organismo del Estado que pertenece a la Agencia Tributaria, ese desplazamiento a Estados Unidos fue, en apariencia, uno de los «viajes de placer» a distintas ciudades de España, Europa y América que, desde 2005 a 2012, disfrutaron al menos cinco concejales de los distintos equipos de gobierno, todos del PP, y un funcionario local. Billetes de avión, alojamiento en hoteles, cuestiones «alimenticias», «excursiones, etcétera» conformaron, según los agentes encargados de investigar para el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo una de las ramas del 'caso Pokemon' de presunta corrupción, un «continuo pago de prestaciones de servicios».
 Fue durante años, o después de años, en los que el Ayuntamiento de Cartagena tomó «una serie de decisiones que han beneficiado a la empresa Aguagest, ahora Hidrogea, del grupo Agbar, ahora Suez», afirma Aduanas. A través de una portavoz, Hidrogea y Grupo Suez declinaron ayer hacer declaraciones
El informe, de 121 páginas, fechado el 4 de octubre, comunicado esta semana a las partes presentes en el proceso, detalla, a partir del estudio de facturas de una agencia de viajes contratada por Aquagest y de distinta documentación municipal y de la compañías de aguas, presuntas irregularidades respecto a una de las grandes concesionarias de servicios durante ocho de los veinte años (1995-2015) que los populares gestionaron el Consistorio, con mayorías absolutas. En el caso del viaje a Nueva York, volaron nueve personas y costó 53.683,53 euros.
En concreto, cita como beneficiarios de los viajes turísticos, además de a varios directivos locales y regionales de Aquagest, y sus respectivas parejas, a Pilar Barreiro, actual senadora; a Agustín Guillén y su mujer; a María Ángeles Palacios y su marido; y a los exconcejales de Infraestructuras María Dolores Soler y José Vicente Albaladejo. En el caso del esposo de Palacios, José Miguel Rodríguez», fue presidente de la Junta Municipal Vecinal de El Albujón en representación del PP.

¿Cuál ha sido la difusión de los diarios regionales de 'Vocento' hasta septiembre?, se pregunta 'PR Noticias'

MADRID.- Los malos resultados económicos de Vocento en los nueve primeros meses del año, a pesar de haber reducido sus pérdidas hasta los 4,8 millones de euros en ese periodo tras un duro plan de ajustes y eficiencia, quedan reflejados en el nuevo e importante retroceso de la difusión tanto de su cabecera nacional ABC como de sus diarios regionales. La primera cae hasta septiembre un 13,6% y los segundos pierden de media un 8,9%, se reitera desde PRNoticias.com

Entrando más en detalle ABC alcanzaba en septiembre de 2016 los 93.290 ejemplares de difusión, una cifra que se ha reducido en términos interanuales un 13,6% hasta los 80.602 números a tenor de los datos recogidos por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) pendientes de auditar y hechos públicos por Vocento. En cuanto a las cabeceras regionales del Grupo, históricamente su negocio más fuerte y que ahora también sufre una notable crisis, las cosas no han ido mucho mejor.

En términos globales la caída es del 8,9% hasta los 264.617 ejemplares de difusión hasta septiembre del presente año. Si tenemos en cuenta las pérdidas en términos de porcentajes, La Verdad de Murcia encabeza este ranking negativo con un descenso del 13,9% de su difusión frente al mismo periodo de 2016, algo que le deja con 13.836 unidades, según la OJD. La Rioja retrocede un 10,9% hasta los 8.496 ejemplares y El Diario Montañés registra 21.130 números (-10,7%).

Por su parte El Correo se mantiene como el diario regional de Vocento con mayor difusión, un total de 62.001 ejemplares hasta septiembre después de haber contraído esta cifra nada menos que un 7,8%. Le sigue El Diario Vasco con 47.485 números, un 7,3% menos que hace un año. ‘Ideal’ de Granada cae un 8,8% hasta los 16.894 ejemplares; Hoy de Extremadura un 6,6% hasta los 9.710; El Norte de Castilla un 9,8% hasta los 16.495; El Comercio un 10,4% hasta los 14.896 y Las Provincias un 10,3% hasta los 15.195 números de difusión.

'Navantia' pagará los «cartuchos» pendientes antes de que acabe el año

FERROL.-Después de satisfacer el importe equivalente a los cartuchos navideños de Navantia a la plantilla directa, la empresa pública mantiene activo el proceso para cumplir también con los conocidos como pasivos, es decir, los jubilados, las viudas y los descendientes a los que les correspondiesen. Así, la jefatura de Personal de la ría ha enviado cartas a los beneficiarios -que pueden rondar las 5.000 personas- para que acrediten con determinada documentación esa condición para proceder al abono de las cantidades pendientes, revela La Voz de Galicia.

Navantia adeudaba a su plantilla en activo y también a los pasivos los paquetes de Navidad correspondientes a los años 2013 y 2014. Había suspendido su reparto, como consecuencia de la aplicación del cuarto convenio colectivo, que fue denunciado por los sindicatos, y que posteriormente fue tumbado a través de una sentencia del Tribunal Supremo.
Durante el pasado verano, los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo con los responsables de la compañía y les fue abonado el importe de ambos cartuchos en la nómina del mes de agosto y también pactaron iniciar un proceso para comunicar al colectivo de pasivos que pasen por las instalaciones del astillero para poder proceder al abono.
Aunque es un paquete navideño, no es un regalo de la empresa sino un concepto que se detrae de la nómina de los trabajadores, y que ronda los 70 euros.
Fuentes del comité de empresa explicaron que la compañía pública tiene hasta el próximo 31 de diciembre para abonar definitivamente las cantidades pendientes a los pasivos, aunque subrayaron que el proceso va por buen camino.
Paralelamente al abono de las cantidades adeudadas, Navantia abrió el proceso para la contratación de la confección y el reparto del paquete navideño tanto en el astillero ferrolano como en el de Fene. En total, en los últimos años han rondado los 7.000 paquetes los que han sido repartidos por este concepto.
Hoy mismo está previsto que la empresa pública adjudique la contratación de este servicio, una vez finalizada la fase de recepción de las ofertas, y a partir de entonces se pondrá en marcha el procedimiento y se fijarán las fechas para que los beneficiados puedan pasar a recogerlo, lo que sucede habitualmente durante los primeros días de diciembre.
Junto al restitución de este derecho, Navantia también abonó otros conceptos que había eliminado al aplicar el cuarto convenio colectivo, como el disfrute de los dos días trabajados de más debido al incremento de la jornada aprobado en aquel texto, y las cuantías correspondientes al economato y al comedor, entre otros.
Desde la fusión de los astilleros militares y los civiles en Izar, en el año 2000, la empresa pública ha tenido el objetivo de aprobar un convenio único que unificase las condiciones laborales y sociales en todas las factorías del país, pero por el momento, casi dos décadas después, sigue sin conseguirse.

El impago de las asimilaciones -ascensos profesionales- de los últimos años ha enrarecido las relaciones entre la dirección de Navantia y los representantes de los trabajadores, que han exigido reiteradamente el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que restituía este derecho antes de abordar el plan industrial para la empresa pública.
En la última visita del presidente, Esteban García Vilasánchez, al astillero ferrolano, ya anunció que estaban explorando una posibilidad para poder cumplir con este fallo.
En los últimos días se han producido otros encuentros con el fin de desbloquear este pago, que se ha encontrado con el techo de gasto en las empresas públicas, por la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado.

La incógnita de Arabia Saudita

La purga realizada en Arabia Saudí por el heredero al trono Mohamed Bin Salmán, para consolidar su poder, ha sacudido el país, en el que Navantia tiene puestas muchas expectativas. Hace 20 meses que la empresa pública espera la firma de un encargo para la fabricación de cinco corbetas para sus Fuerzas Armadas, cuya construcción tiene previsto repartir Navantia entre el astillero de San Fernando (Cádiz) y los de la ría ferrolana.

Es un encargo valorado en 2.000 millones de euros, por lo que económicamente, y tomando en cuenta la situación financiera de la compañía, tendría una gran importancia para la firma, aunque en términos de empleo aún tendría una mayor repercusión, ya que ocuparía a unos 2.000 trabajadores durante varios años. Además, Navantia se ocuparía también de la construcción de la base naval de los futuros buques y del adiestramiento de las dotaciones.

Durante todos estos meses han sido varias las ocasiones en las que Navantia dio por hecho que se aproximaba la rúbrica del pedido, sin que hasta el momento se haya materializado. Se esperaba que la visita del rey Felipe a principios de este año desbloquease el encargo, pero tampoco fue posible.

Ahora, la situación política del país no propicia una resolución rápida, aunque Navantia sigue confiando en que será adjudicataria del encargo, que tiene un plazo de ejecución de unos cinco años.

El impago de las asimilaciones -ascensos profesionales- de los últimos años ha enrarecido las relaciones entre la dirección de Navantia y los representantes de los trabajadores, que han exigido reiteradamente el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que restituía este derecho antes de abordar el plan industrial para la empresa pública.

En la última visita del presidente, Esteban García Vilasánchez, al astillero ferrolano, ya anunció que estaban explorando una posibilidad para poder cumplir con este fallo.

En los últimos días se han producido otros encuentros con el fin de desbloquear este pago, que se ha encontrado con el techo de gasto en las empresas públicas, por la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado.

Borrell descarta en Murcia la interconexión de cuencas porque "no es lo más eficiente"

MURCIA.-El ex ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Josep Borrell, ha asegurado hoy en Murcia que un plan de interconexión de cuencas como el que se propuso en los años 90 no sería hoy "lo más eficiente" porque no tendría financiación europea, ya que hay directivas comunitarias que limitan los trasvases y tienen un plazo de construcción muy alto.

"Aquello fue, no pudo ser por la feroz oposición del PP y probablemente hoy ya no podría ser", ha afirmado Borrell al ser preguntado sobre los trasvases como solución para resolver el déficit hídrico de la cuenca del Segura.
El ex ministro, que ha estado acompañado por la presidenta del PSOE y ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha recordado que la UE ha aprobado directivas comunitarias que, "gusten o no", limitan las posibilidades de los trasvases, al tiempo que se hubiera conseguido financiación comunitaria que "hoy no se conseguiría", por lo que estaría "muy comprometida" la viabilidad financiera.
Además, Borrell ha remarcado que las distintas opciones para suministrar agua dependen de los costes de la obra civil y la energía eléctrica para bombera agua trasvasada o producir agua desalada.
El ex ministro del ramo ha pedido "no hacer un problema teológico sino ingeniería" para, teniendo en cuenta la actual "preocupación ambiental", determinar qué opción tiene el menor coste ecológico y ambiental, que "seguramente no sería la misma que en 1990".
Tras incidir en que las desaladoras suministran agua "cuando no hay otra forma más eficiente", Borrell ha emplazado a los agentes implicados a lograr caudales a un "precio y plazo razonable".
"Dejen de buscar soluciones que en su tiempo quizás lo fueron, y si yo no lo hubiera creído no lo hubiera propuesto, pero hoy, con costes, los condicionantes de la UE y el tiempo de construcción no son ya las más eficientes".
El ex ministro ha pedido que imaginen "cómo estarían si no tuvieran esas desaladoras que se construyeron contra viento y marea para sustituir otras soluciones que ya no eran posibles", en referencia a la puesta en marcha del Plan Agua por Narbona en 2004 tras eliminar el trasvase del Ebro.
"En todo caso, el Gobierno central algún plan tendrá para solucionar sus problemas, digo yo", ha ironizado antes de aseverar que el Trasvase Tajo-Segura "no tiene fecha de caducidad, como algunos pretendían, porque el anterior Gobierno socialista se opuso".

Bruselas reclama a España que suba los salarios para consolidar la recuperación

MADRID.- La moderación salarial se ha convertido en un lastre para la recuperación económica. Así lo sugiere el informe de otoño presentado este jueves por la Comisión Europea, en el que se parte de una evidencia: la recuperación en la UE está menos avanzada que en otras regiones -en particular EEUU-, precisamente, por la evolución de las nóminas. Su conclusión es que “puede haber robustos crecimientos [de los salarios] sin riesgo inflacionistas, siempre que vayan acompañados de avances de productividad”, recoge El Confidencial.

“Una mayor aceleración de los salarios”, sostiene Bruselas, “aseguraría la expansión económica”, y de hecho, según sus previsiones, una de las causas de la ralentización de la actividad en los dos próximos años en el conjunto de la UE tiene que ver con el poder adquisitivo de los salarios. En concreto, se prevé que el PIB aumente un 2,1% en 2018 y un 1,9% en 2019, lo que refleja una progresiva desaceleración de la actividad en un contexto de baja inflación (por debajo del 2% en ambos ejercicios).

Un recuadro del informe de otoño recuerda, en concreto, que entre los países más grandes de la UE, es en España donde menos han subido los salarios, seguida de Italia y Francia, mientras que en otros países, como Alemania, los salarios crecen ya como antes de la crisis. En general, la moderación salarial tiene que ver con lo que sucede en dos sectores: la construcción y las manufacturas, donde la competencia es mayor.

Yendo al caso español, Bruselas recuerda el aumento de los contratos temporales durante las crisis. “La mano de obra de España destaca por el mayor número de contratación temporal, tanto en términos de niveles como en la contribución al crecimiento del empleo”, se asegura. Bruselas considera que “esto podría explicar, en parte, por qué la rápida caída del desempleo en España desde 2014 no ha producido un mayor crecimiento de los salarios”. Del mismo modo, añade, “el papel de las reformas del mercado laboral” ha tenido su influencia en la moderación salarial.

Los técnicos de la Comisión Europea estiman que la compensación por empleado en España avanzará un 0,5% en 2017; un 1,2%, en 2018, y un 1,4% durante 2019, en todos los años prácticamente la mitad que en el conjunto de la eurozona.

Presión sindical

Bruselas achaca la debilidad de los salarios -que están creciendo por debajo de lo que lo hacen el PIB y la productividad- a dos factores fundamentales: la calidad contractual de los nuevos empleos (con salarios más bajos que los más antiguos) y a la menor presión sindical, que se manifiesta a través de una perdida de afiliación, mientras que, por el contrario, se individualizan cada vez más las relaciones laborales.

La Comisión, igualmente, lo achaca a que, al ser las tasas de desempleo todavía elevadas, la presión sobre los salarios es menor, mientras que, en el mismo sentido, está aumentando la competencia salarial global como resultado de la mundialización de la economía, que permite sustituir trabajadores con salarios más altos por otros de menor cuantía procedentes de otros países.

Al mismo tiempo, los avances tecnológicos suponen una competencia adicional que obra en contra de los salarios, como la mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral, que dada la brecha de género (menores retribuciones) presiona a la baja los salarios. Todo ello hace que la NAWRU de la Unión Europea, es decir la tasa de desempleo no aceleradora de los salarios, por sus siglas en inglés, sea hoy más baja que al comenzar la crisis, y que en el caso español (paro estructural) se sitúa en el entorno del 17-18%, según las distintas fuentes.

Bruselas también esgrime como un argumento que explica la moderación salarial lo que en la jerga económica se conoce como ‘holgura laboral’, y que se produce cuando existe una gran cantidad de desempleo que no recogen las estadísticas de paro, y que presionan a la baja las demandas salariales.

Un informe reciente del BCE, de hecho, ha estimado que a la tasa de desempleo oficial (16,4%) hay que sumarle 11 puntos más de mano de obra infrautilizada. Por ejemplo, los trabajadores desanimados que han renunciado a buscar una oferta de empleo, quienes buscan un empleo, pero no están disponible de inmediato, o aquellos trabajadores a tiempo parcial subempleados (que quieren un empleo a tiempo completo), pero no están incluidos en las estadísticas de paro.

En total, y según el BCE, el 'paro real' alcanzaría el 27% después de llegar a superar el 35% en 2013. Con este volumen de población esperando encontrar un trabajo, es fácil para las empresas casar la oferta de trabajo y la demanda sin apenas subir los precios (salarios). “La infrautilización del trabajo continúa siendo elevada y es probable que siga frenando la dinámica salarial”, señalaron los investigadores del BCE.

En esta línea, un reciente informe del FMI apuntaba al empleo parcial no deseado como uno de los causantes de la falta de presión salarial, lo que en última instancia afecta a la sostenibilidad de la recuperación, según la Comisión Europea.

Bankia y BMN terminarán fusionándose antes que termine el año

PALMA.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha avanzado este jueves que prevén mantener una dirección territorial propia en Baleares tras la fusión con BMN.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras reunirse con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, en el Consolat de Mar, junto al presidente de BMN, Carlos Egea.

Goirigolzarri ha señalado que «el punto fuerte en el mundo de las cajas» --tras la fusión con BMN, Bankia será la suma de diez cajas de ahorro-- es «la cercanía con la clientela» por lo que les parece «clave» y «especialmente importante» mantener la cercanía en un territorio insular.

El presidente de Bankia ha insistido en la importancia de que las personas que están dirigiendo la operación en Baleares «sean gente que conoce perfectamente la realidad de estas Islas desde el punto de vista social y económico».

Por su parte, el presidente de Bankia ha apuntado que el equipo directivo de Sa Nostra es «nuevo, joven y muy profesional» y que se va a caminar para «profundizar en lo que ha hecho BMN con Sa Nostra, que ha sido positivo» porque «se ha terminado la etapa de saneamiento y se han reformado oficinas».

En este sentido, Egea ha coincidido en que la cercanía a la clientela es «una estrategia clara de Bankia», así como «expansionar el crédito al sector empresarial».

El presidente de BMN ha dicho que están «muy ilusionados» con esta operación que «será muy positiva para las dos entidades» y para las Islas.

Por otro lado, los dos presidentes han aclarado que la cuestión sobre si se mantendrá la marca Sa Nostra está todavía por decidir, así como el número de oficinas y de personal.

Asimismo, José Ignacio Goirigolzarri ha indicado que los trabajadores de BMN pasarán a Bankia en el momento en el que se haga efectiva la fusión, una operación que se desarrolla «de acuerdo con el calendario previsto» y culminará a finales de este año.

No obstante, la integración del sistema, un elemento «fundamental para que unificar los procedimientos de todo el equipo y para que los clientes se vean beneficiados» se prevé para el segundo trimestre de 2018.

Con todo, Goirigolzarri y Egea se han mostrado «satisfechos» de su reunión con Armengol, que ha tenido un perfil «muy institucional», y en la que han compartido con la presidenta la situación de la fusión.

Preguntado por la investigación de la Audiencia Nacional sobre Sa Nostra, Goirigolzarri ha recordado que está 'sub judice' y ha rechazado valorarla porque son «respetuosos con el procedimiento judicial».

Paralelamente, Egea ha señalado que el banco colaborará con la Justicia y aportará la información que se le solicite.

'Vocento', editora de 'La Verdad', insiste en las sinergias en prensa para gestionar costes y publicidad

MADRID.- La prensa en papel cerrará otro año en números rojos y sin dar síntomas de recuperación. Un 2017 en que la publicidad digital ha perdido tirón y no ha podido compensar el desplome de los ingresos de sus ediciones impresas. Para cuadrar las cuentas los diarios han retomado sus planes de ajustes y han apretado al máximo los costes operativos, a juicio de El Español.

Con el fantasma de las fusiones sobrevolando el sector, pero sin que nadie se atreva a dar el primer paso, el grupo Vocento (editor de La Verdad) ha vuelto a advertir de la necesidad de impulsar consolidaciones y de apostar por las sinergias. El martes el grupo presentó sus resultados de los nueve primeros meses del año en que redujeron sus pérdidas un 38% (hasta los 4,8 millones de euros) con una caída de la facturación del 5,5%.

En la conference call con analistas realizada el miércoles para presentar estos resultados, Luis Enríquez indicó que las sinergias son la única solución para competir contra los grandes players digitales. 

“Sobre consolidación, seguimos diciendo que necesitamos masa crítica en cuanto a volumen para competir con los grandes players online y convertirnos en importantes actores en ámbito de la publicidad global, no solo online”.

Pero como las fusiones no se producen, Enríquez ofrece soluciones alternativas. “Nuestro objetivo es encontrar acuerdos con otros grandes grupos editoriales para buscar la mejor manera de gestionar costes operativos conjuntamente, lo que también incluiría gestionar publicidad y agregación de volumen. En eso estamos y esperamos dar noticias de todo eso en poco tiempo”, indicó.

Fuentes oficiales de Vocento han confirmado a El Español que esto no significa que esté en marcha una operación. Simplemente ponen el acento en proyectos que podrían fructificar en el mediano plazo. En el caso de los costes operativos, se refieren a compartir gastos de imprenta y de distribución, que todavía siguen representando una parte importante de la factura de los diarios en papel.

Con todo, la situación no ha variado desde la última conference de Luis Enríquez en que también planteó soluciones para unir esfuerzos con otros grupos como Unidad Editorial o Prisa, aunque sin nombrarlos. Mientras, el tiempo se agota y los datos siguen siendo malos para todas las cabeceras y para los editores.

Malos datos de publicidad y de ventas

De esta manera, y como otros grupos editores ha confirmado a este periódico, nadie mueve ficha aunque reconocen que las fusiones son la única manera de sobrevivir en un mercado en que los ingresos digitales se los llevan Facebook y Google y donde nadie tiene el valor de cobrar por los contenidos digitales para compensar el hundimiento de las ventas en papel.

Los datos de publicidad de Infoadex indican que la prensa en papel ha caído un 8,5% hasta los 382,5 millones de euros. Internet, que ocupa el tercer lugar por su cifra de inversión, se situó en 354,8 millones con un 5,4% de crecimiento. El problema es que la elevada exposición que los diarios todavía tiene en el papel, les ha llevado a una caída global de los ingresos publicitarios, incluso sumando los de internet.

Y las ventas del papel tampoco mejoran. Los datos de la OJD publicados por El Español en septiembre indican que el conjunto de los seis diarios de papel de mayor tirada -El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia y El Periódico- perdieron una media del 10,4% en sus ventas. En este mismo periodo la difusión cayó un 5,2%.

Estas cifras han obligado a los grandes grupos a realizar ajustes. Unidad Editorial -Marca, El Mundo y Expansión- lleva todo el año en economía de guerra para reducir su factura de costes operativos. En el primer semestre el grupo ha reconocido una reducción del 12,6% en los costes, 12,8 millones de euros de ajustes.

Hace una semana, Vocento anunció su intención de eliminar la paga de Navidad de este año y recortar los salarios entre el 11% y el 18% para el próximo. Todo en el marco de la negociación del convenio colectivo y de unas pérdidas de 7,5 millones en los primeros nueve meses del año .

El grupo Zeta también está ajustando costes. A finales de octubre anunció a los trabajadores de Sport un ERE que, en principio, afectaría a un 40% de la plantilla, 38 trabajadores. La idea de la empresa es también realizar ajustes de plantilla en El Periódico en los próximos meses, ante la mala situación económica del sector.

Más de 780 estibadores han sido homologados ya para trabajar en ETT

MADRID.- Desde la aprobación del real decreto-ley de reforma del sector de la estiba, el pasado mes de mayo, se han producido 1.452 solicitudes de homologación de estibadores para trabajar en el nuevo sistema laboral. La normativa tenía como principal objetivo la supresión de las sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), los registros cerrados de empleados que, hasta la ruptura del monopolio laboral, obligaban a las empresas de la estiba a contratar sus servicios y a participar en su capital, según publica Abc. 

De estas solicitudes se han estimado favorablemente 787 «en toda España», según indican fuentes de las autoridades portuarias.

La mayoría de estos trabajadores, no adscritos a las antiguas Sagep, están destinados a aumentar las plantillas eventuales de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de los puertos españoles y pueden ser contratados por las empresas estibadores. Sin embargo, la patronal del sector y los sindicatos han firmado un acuerdo marco y diversos pactos bilaterales por separado para garantizar la continuidad de la contratación de los estibadores que figuran en los centros portuarios de empleo, sustitutos de las Sagep.
Este es, de hecho, es el punto denunciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha iniciado un expediente sancionador contra patronal y sindicatos porque, a su juicio, los acuerdos que pusieron fin al conflicto el pasado mes de julio restringen «la libertad de contratación de trabajadores» y limitan «la libertad de las empresas de participar o no en las sociedades» que proporcionan dichos servicios.
El real decreto-ley establece que el servicio de la estiba debe ser realizado por trabajadores que cuenten con el certificado de profesionalidad. Este no será exigible si los trabajadores acreditan haber realizado más de 100 jornadas de trabajo en el servicio de manipulación de mercancías.

La conflictividad en los puertos durante la primera mitad del año, mientras tanto, no parece haber dañado la actividad en el conjunto de los puertos españoles, que registraron entre enero y septiembre un tráfico de 404,1 millones de toneladas, un repunte del 6,4% con respecto al mismo periodo de 2016, según las estadísticas de Puertos del Estado. El tráfico, no obstante, sí se ha resentido en algunas terminales, como las de Algeciras, en las que ha descendido el 4,6% hasta las 73,9 millones de toneladas. En el polo opuesto está Barcelona, donde ha crecido un 22,1% hasta los 45,4 millones.

Luciano, el heredero de 'García Carrión' evita firmar las cuentas de la empresa

MADRID.-Luciano García-Carrión Corujo, hijo único de los propietarios del grupo murciano García Carrión y heredero del mismo, evitó firmar las cuentas de la compañía correspondientes al pasado ejercicio. García Carrión no asistió a la reunión del consejo de administración celebrada el pasado 23 de junio en la localidad murciana de Jumilla en la que se aprobaron las cuentas consolidadas de la compañía, abandonando poco después la empresa y presentando su dimisión como consejero y vicesecretario de la compañía, tal y como adelantó elEconomista el pasado 25 de agosto.

Hasta ahora, el consejo de administración estaba formado, además de por Luciano, por su padre y presidente del grupo, José García Carrión, y por su madre, que ocupa el cargo de secretaria del consejo, Rafaela Corujo Díaz.

En el acta de la junta de accionistas, se explica que "todos los documentos (en referencia a las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados) fueron debidamente firmados en la fecha de su formulación, mediante diligencia, por la totalidad de los miembros del consejo de administración, con excepción de Don Luciano José García-Carrión Corujo".

De hecho, el acta de la reunión, "fue aprobada a su término por unanimidad de los reunidos y firmada por el presidente y la secretaria", en referencia a sus padres y máximos accionistas.

García Carrión, la empresa propietaria de los vinos de mesa Don Simón y del cava Jaume Serra, que se vende a bajo precio, ha entrado en caída libre. La compañía suma ya tres años consecutivos con caída de ventas y desde 2013 ha perdido así un 11 por ciento de todo su volumen de negocio. Su facturación en el último ejercicio se elevó a 671,5 millones de euros, lo que supone un 3,8 por ciento menos que en 2015, según datos de Informa recogidos del Registro Mercantil.

El grupo había alcanzado su récord de facturación en 2013, cuando facturó 755 millones de euros y anunció un plan para duplicar sus ventas hasta el año 2020, confiando en llegar entonces a una cifra de entre 1.500 millones y 1.600 millones de euros.

El hecho es que la realidad ha sido muy distinta y, al margen del descenso del último año, en 2014, la facturación cayó ya un 1,47 por ciento y en 2015 lo hizo otro 5,8 por ciento más. En la misma línea también, en 2016 la empresa obtuvo un beneficio después de impuestos de 24,3 millones de euros, lo que implica un 3,2 por ciento menos que un año antes.

Aunque Luciano García-Carrión no firmó las cuentas, en el acta de la junta de accionistas de Priesca, la sociedad cabecera del grupo, sí que se asegura, sin embargo, que tanto los estados financieros como el informe de gestión adjunto fueron aprobados por unanimidad.

Según se dice, a la reunión acudieron dos socios de la sociedad, titulares de un total de 8.510 acciones, representativas de un 80,97 por ciento del capital social, y un socio debidamente representado, en referencia previsiblemente a su hijo, titular de 2.000 acciones, que representan otro 19,03 por ciento, lo que en total representaba el 100 por cien del capital social.

García Carrión declina atender las llamadas de elEconomista para dar ningún tipo de explicación al respecto. Tras la salida de su hijo de la compañía, Rafaela Corujo sí que manifestó, sin embargo, que se "trataba de un tema familiar". Fuentes consultadas por este periódico aseguran ahora que aunque Luciano García-Carrión ha evitado rechazar la gestión de sus padres y votar en contra, ha preferido no acudir ni a la reunión del consejo ni a la junta de accionistas.

Estas fuentes explican que el hijo único de los García Carrión mantiene un enfrentamiento con sus padres desde poco antes del verano, lo que le llevó a abandonar de forma repentina no sólo el consejo de administración sino también la propia compañía.

La empresa ha entrado ahora en una situación de máxima incertidumbre porque Luciano García-Carrión ha sido uno de los grandes responsables del crecimiento que había tenido años atrás el grupo y de la firma de contratos con clientes de distribución a nivel mundial, algo que puede quedar ahora en el aire.

Así se buscan la vida los 81.575 bancarios despedidos desde 2008

MADRID.- La banca española se embarca en una nueva ola de ajustes demostrando que el feroz recorte llevado a cabo desde 2008, que ha borrado del mapa 17.000 sucursales y 81.575 empleos del sector (30% de la plantilla total) no ha sido suficiente. Inmobiliario, riesgos o Big Data son los empleos en los que más fácil pueden recolocarse este tipo de perfiles, según publica hoy Invertia.

La vida del empleado de banca en los últimos años de crisis no ha sido nada fácil. Difícil gestionar la mala fama generalizada, entre otras cosas, por las dudosas prácticas de comercialización de productos como las preferentes o los abusos de algunos altos directivos del sector. A esta presión social se suman la avalancha de despidos y el cierre de sucursales por los procesos de integración bancaria y la irrupción digital en un negocio en el que ya nadie parece imprescindible.

Según datos de las propias entidades y del último informe anual de estructura financiera del Banco Central Europeo (BCE), a cierre de 2016 había en España un empleado de banca por cada 249 habitantes, un 43% más que la media europea (174). Y en este escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido el último organismo en advertir que las entidades españolas deben continuar en la senda de los recortes. Dicho y hecho. La nueva ola de despidos y reestructuraciones ya se ha puesto en marcha.

Tras la absorción del Popular, Banco Santander ha planteado esta semana a los sindicatos un ERE que afectará a 2.160 personas de su plantilla y la de la entidad resuelta. En concreto, el ajuste que se comenzará a negociar el próximo 16 de noviembre, supondría la salida de 1.585 empleados mediante bajas, incluidos en esa cifra las prejubilaciones. Otros 575 trabajadores pasarían a formar parte de otras empresas del Grupo, como Santander Tecnología y Santander Operaciones.

Para el ajuste en el personal de sucursales, la entidad esperará a 2019, cuando espera haber culminado la integración tecnológica con Popular. Ambas entidades han llevado a cabo recientemente sendos Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) que supusieron, entre las dos, la salida de 3.972 empleados. Y el mercado espera que en esta ocasión el número de afectados ascienda a unos 1.500.

Otra de las entidades que debe afrontar un nuevo proceso de ajustes es Bankia que, tras su fusión con BMN, aún no se ha puesto en contacto con los trabajadores. Aún así, el mercado estima que el número de afectados podría ascender a unos 1.000 empleados. Del mismo modo, pero esta vez por el impacto de la digitalización, EVO Banco ha presentado también un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a entre 260 y 270 empleados, lo que supone entre el 56% y el 60% de su plantilla, e implicaría el cierre de unas 39 oficinas, el 90% del total.

También desde los sindicatos explican que BBVA ha vendido recientemente una parte de su departamento de Tecnología a IBM Global Services, traspasando a 152 empleados a la nueva compañía, con lo que quedan fuera del convenio bancario. Según critican, la entidad no ha ofrecido ni bajas voluntarias ni prejubilaciones a los afectados por el cambio.

Para todos aquellos que ahora ven su futuro laboral amenazado, el mensaje de los expertos es contundente: hay que mirar hacia adelante y reinventarse si es necesario. Según datos del Banco de España, la crisis ha borrado del mapa bancario 81.575 empleos entre 2008 y 2016, un 30% de la plantilla total. Como ellos, los futuros 'empleados salientes' de las entidades financieras nacionales buscan un nuevo sitio en el mercado. 

Y este no tiene por qué estar lejos del sector financiero. Según el informe 'Estudio del talento Financiero 2017' elaborado por la firma de recolocación laboral MOA BPI Group, el 60% de los trabajadores despedidos de banca se han recolocado ya en otras empresas del mismo sector. O bien han creado las suyas propias, en términos de asesoramiento financiero, por ejemplo.

Pero también puede haber quien, tras estos complicados años, prefiera olvidarse del sector bancario. Eso ha provocado que el 5% de los ex empleados en finanzas, hayan decido pasarse a empresas del sector inmobiliario, en cierta medida también ligadas al bancario. Se trata de un mercado en el que la experiencia del ‘cara a cara’ con el cliente o la gestión de riesgos puede suponer un plus para los antiguos empleados de banca, frente a otros candidatos.

Informática y tecnología son las otras dos áreas en las que destacan las recolocaciones de los banqueros. Precisamente en un momento en el que el imparable proceso de digitalización obliga a las entidades a adecuar sus estructuras a una aproximación multicanal con el cliente. 

“Uno de los objetivos en estos momentos para las entidades de crédito es encontrar el equilibrio entre las sucursales físicas y esta nueva aproximación digital que demandan los clientes”, explica en un reciente análisis José Luis Rodríguez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB). Y añade: “pero siempre partiendo de su principal activo, los empleados, que son los que mantienen la relación con el cliente, ahora y la mantendrán en el futuro”.

Aún así, para todos aquellos que quieran seguir formando parte del sector financiero, aunque sea en otras entidades, desde MOA BPI Group aconsejan formarse en nuevas habilidades digitales, como el manejo de grandes volúmenes de datos, la analítica, la gestión cloud, los nuevos productos on line y nuevos tipos de clientes.

Del mismo modo, recuerdan que “la digitalización abre nuevas oportunidades de empleo y promoción para pequeñas y medianas empresas, que demandan expertos con conocimientos en financiación y mercados de capitales, y a la vez que sepan operar con las nuevas herramientas tecnológicas”. Otra ventana que se abre, aunque no incluya el convenio de banca.

Autorizada por un tribunal la venta de una finca de Juan Antonio Roca en Los Alcázares

MÁLAGA.- El tribunal que enjuició el caso Malaya ha autorizado la venta de la finca La Loma ubicada en Los Alcázares (Murcia), por un valor de 18,5 millones de euros, propiedad del cerebro de la trama, el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca.

Ésta siempre se ha considerado la "joya de la corona" de los bienes de Juan Antonio Roca y es la unión de varias fincas rústicas, "La Loma", "Los Santos", "El Pino" y "El Molinar", en las que se viene desarrollando una explotación agrícola de cítricos, concretamente naranjos, limoneros y mandarinos.

La finca "La Loma" tiene 82 hectáreas y está destinada a la explotación en regadío de mandarinos, de las variedades "Fortuna", "Oronules", "Cultifort", "Orri" y "Basol", y tiene además una lujosa vivienda con una superficie aproximada de 1.218,74 metros cuadrados.

En la vivienda hay diez dormitorios, vestidores, nueve cuartos de baño, tres aseos, tres cocinas, dos salones comedores, tres salas de estar, despacho, gimnasio y cinco distribuidores, además de despensa, bodega, sala de TV, variados almacenes y trasteros, ermita y porche con vistas a la piscina.

Por su parte, la finca rústica "Los Santos" tiene cincuenta y está destinada a la explotación en regadío de limones; "El Pino" tiene seis hectáreas para mandarinos y "El Molinar" cuenta con veintiséis hectáreas situadas en Cartagena para naranjos y mandarinos.

La Sala ha dado el visto bueno a la venta tras el acuerdo inicial alcanzado entre el administrador judicial y la entidad mercantil, según el auto judicial.

Además, la Fiscalía Anticorrupción y el resto de partes interesadas en el procedimiento también han mostrado su conformidad con la compraventa y el precio del mismo.

La Sala explica en la resolución judicial que la postura favorable de la venta se ve reforzada por la ausencia de ofertas más favorables y por la beneficiosa forma de pago acordada.

El Tribunal ha analizado la conveniencia del precio de venta atendiendo al "grave problema" que existe en Murcia con el asunto del agua, ya que, según la resolución judicial, ha sido la causa de que no hayan prosperado otras ofertas.

Otras razones que esgrimen los magistrados para la venta es la situación de incertidumbre que padece el mercado inmobiliario con carácter general, y el sector agrario murciano, con carácter particular, así como el hecho de que la propuesta de venta sea acorde al precio actual de mercado.

López Miras recibe a la Asociación Regional de Empresarios del Golf

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, recibió a la Aegolf (Asociación de Empresarios de Golf de la Región de Murcia) en el Palacio de San Esteban, cuyos representantes trasladaron su plan estratégico para el año que viene, sus objetivos e inquietudes. 

Representando a la asociación acudieron Joaquín Medina, presidente de la Aegolf, y José Asenjo, director general de La Manga Club. 

Promover la práctica del golf y promocionar el turismo relacionado con este deporte en la Región, contribuyendo como industria sostenible y generadora de empleo, son los retos de la asociación.

Acatar lo inevitable / Ramón Cotarelo *

Los titulares de la prensa son interpretativos puesto que se basan en rumores y noticias orales. Habrá que esperar a conocer con más exactitud el contenido de la declaración de Forcadell. 

 

Habrá que ver si, en efecto, dijo que la declaración de independencia fue "simbólica" (como aseguran todos los periódicos) o "política", como he visto por ahí. Es un matiz que tiene su importancia, desde luego, pero es un matiz que viene acompañado de una especie de retirada táctica retórica. 

 

Hay un poco de lío sobre si se acata la Constitución o el 155. Pero, en definitiva, el mensaje que se difunde es el del repliegue del frente parlamentario del independentismo. La cuestión es saber qué valor tiene ese gesto, ese acatamiento, cuenta habida de que el Parlamento ha sido disuelto y su mesa destituida. Exactamente, ¿qué significa que se acata algo que no se puede evitar?

Es el error de mezclar las vías judiciales con las políticas y dar valor jurídico a cuestiones subjetivas, de convicciones y hasta creencias. En realidad, es el espíritu inquisitorial. El propio presidente del Tribunal Supremo asume esa situación al advertir que el acatamiento pudiera ser "mendaz". Es el problema de los conversos, que son tales a la fuerza y su conversión solo tiene valor exterior, pero no interno, pues no vincula en conciencia. Para la línea jurídica lo externo es suficiente. 

 

Si Forcadell vuelve a las andadas, será perseguida. Pero para la línea política no se resuelve nada; al contrario, el problema se agrava. Forcadell seguirá siendo independentista y actuando como tal y allí donde ella no alcance habrá otra Forcadell para sustituirla. Las ideas no se encarcelan, aunque quepa encarcelar a las personas. Las revoluciones no se detienen con sentencias de los tribunales en sus problemáticas relaciones con el poder político.

No hay que perder el tiempo. Los procesos en marcha son procesos políticos en contra del independentismo. Se pretende reprimir, incluso extirpar, una opción ideológica sostenida por millones de personas. Los presos independentistas son presos políticos y hasta rehenes canjeables en alguna posible negociación política. La prueba más contundente la dan los distintos cargos públicos del PP que han dejado claro que, si en las elecciones de 21D ganara de nuevo el independentismo, seguiría aplicándose el artículo 155, algo equivalente a la perpetuación del estado de excepción no declarado que es el 155.

Obviamente, eso no tiene nada que ver con la democracia ni con el Estado de derecho, sino con la dictadura. La dictadura que mana del art. 155 como manó la de Hitler del 48 de la Constitución de Weimar, su abuelo. Obviamente también, el poder judicial podrá seguir legitimando la situación, pero ya estará claro que lo hace en el marco de una dictadura, no del Estado de derecho que hoy esgrime de forma ya tan cuestionable.

Todo este conflicto se agita mezclado con un escándalo descomunal, el de la Gürtel, que es imposible ocultar aunque la batería de medios del gobierno lo ignoren, las televisiones no lo transmitan, los periódicos no lo mencionen, las radios lo silencien. La fiscalía da por probado que el presidente del gobierno cobró unos 220.000 euros procedentes de la caja B de su partido. 

 

Fueron más los perceptores (incluida, al parecer, la vicepresidenta del gobierno) y muchos los años de los cobros, aunque no tantos como los de las campañas electorales que se ganaron fraudulentamente al estar financiadas de modo ilegal. "Corrupción en estado puro", declaró el otro día el jefe de la investigación policial sobre la caja B del PP. Y corrupción que afecta al Estado de derecho.

Cierto, pero lo más grave es que el presidente del gobierno esté pringado en esa basura con sus efectos concomitantes de viajes, trajes y empleo de fondos públicos para beneficio privado, sin contar el cobro de plus parlamentario por tener la residencia fuera de Madrid. Se ha dicho hasta la saciedad, pero fuerza es repetirlo: en ningún país europeo se toleraría una situación así. 

 

¿Acaso no es esto obvio motivo de dimisión? ¿No es una prueba de que esa democracia y ese Estado de derecho que el de los sobresueldos dice querer imponer en Cataluña no valen nada? La democracia española no es lo que sus epígonos cacarean en el exterior sino este extraño adefesio de un gobierno irresponsable que los socios europeos comienzan a mirar con prevención.

Ya se verá cuando, además, caigan en la cuenta de que el episodio de los sobresueldos es público y notorio, cuando menos desde 2010 y que no ha pasado nada ni nadie ha dicho nada. La corrupción no figuraba entre las preocupaciones dominantes de los españoles y estos elegían al PP de la Gürtel en 2011 con mayoría absoluta y revalidaban la victoria (aunque por mayoría simple) en 2015 y 2016. Una democracia requiere sólidas instituciones democráticas. 

 

Pero estas siempre se pueden manipular e instrumentalizar con fines antidemocráticos, como viene haciendo este gobierno. Por eso, una democracia requiere también una ciudadanía consciente de sus derechos, crítica, fiscalizadora. Si, por el contrario, la ciudadanía tolera la merma y supresión de derechos, no ejerce la crítica ni fiscaliza nada y da por buenos los mayores, más corruptos y escandalosos desmanes del gobierno, hablar de democracia es como hacerlo de la piedra filosofal.

La autoridad del gobierno en este conflicto es magnitud negativa; la del Estado, inexistente; la de la Monarquía, aniquilada en dos comparecencias reales. Los partidos de la oposición, todos, están paralizados. Los medios, volcados en la lucha ideológica, han perdido el escaso crédito que les restaba y se prestan, incluso, a campañas propagandísticas de la parte nacional española. Cuando no de la guerra sucia.

En ese contexto, el llamado "reto independentista catalán" es una crisis constitucional, estructural, española que no va a resolverse poniendo a los tribunales a perseguir el independentismo. Es un problema profundo que afecta a esta cuestión del acatamiento y el consentimiento. Solo es democrático el que lo es por consentimiento. Pero el consentimiento ha de ser libre. 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La lista unitaria es un error inmenso / Jordi Graupera *

Ahora que se ha agotado el plazo para presentar coaliciones, un grupo de personas han puesto en marcha la idea de formar una agrupación de electores que sustituya a los partidos para hacer una lista unitaria del independentismo.

La lista unitaria es una mala idea porque no todo el mundo está de acuerdo en qué hay que hacer. Eso mismo sucedió después del 27S. Cuando pasa que no todo el mundo está de acuerdo, siempre existe una distancia entre lo que se dice públicamente en nombre de la coalición, y lo que se dice privadamente de manera sincera. 

Y aunque siempre existe, esta distancia, cuando el marco político desde el que se trabaja es "la unidad", el peligro se redobla cuando se institucionaliza y nos encontramos, al final del camino, en la situación marciana y peligrosa de declarar la independencia sin ni tener nada a punto, ni estar dispuestos a hacer nada para hacerla efectiva.

Uno de los problemas que nos han llevado donde estamos tiene que ver directamente con ello. Intento explicarlo: durante toda la primavera de 2017, los miembros del Govern de los dos partidos estaban seguros de que el Gobierno español no permitiría la celebración de un referéndum, ni siquiera como 9N-bis. Por lo tanto, la clave era que ni ERC ni el PDCat tenían que manifestar sus opiniones sobre qué había que hacer en caso de que se celebrara el referéndum y se ganara. 

Lo único que tenían que hacer era dejar claro al electorado que ellos a) estaban organizando un referéndum y b) que ellos estaban a favor de la unidad del soberanismo. Así, cuando el referéndum no se pudiera celebrar, la culpa sería del Estado, y PDCat y ERC se podrían presentar a las elecciones afirmando que habían hecho todo lo posible por hacerlo, y tendríamos segundas plebiscitarias, con lista unitaria o sin, pero quizás con las piezas cambiadas: ERC delante, y PDCat maquillando su bajada, o corrigiéndola con Puigdemont de candidato.

A partir del verano, sin embargo, algunos departamentos del Govern y de los partidos, se pusieron a trabajar seriamente en la organización del referéndum. La tesis de fondo todavía era que no se permitiría celebrar un referéndum, pero quizás alguna cosa sí se permitiría, y por lo tanto, había que tener alguna cosa a punto, aunque fuera para hacer un referéndum emmental (con agujeros). Lo importante era que el otro partido de la coalición no pudiera culparte de no haber hecho nada. 

Y, en todo caso, si alguien tenía que ser acusado de incompetencia, se hiciera de manera natural, y no hubiera que señalarlo: que lo viera todo el mundo. En las previsiones más optimistas, el referéndum se podría celebrar en formato 9N-Bis, pero la consecuencia inmediata de ello serían elecciones y no ninguna declaración de independencia. Eso explica que algunas conselleries no hicieran nada, "porque no veían la jugada", o que en las conselleries que sí que hacían cosas, como la de Economia, sus responsables admitieran en llamadas privadas ahora hechas públicas que no estaban a punto para declarar la independencia.

De nuevo, se trataba de un juego de la gallina, como aquellas escenas de películas yanquis, donde dos coches aceleran hacia un abismo y pierde el primer conductor que salta de su asiento y rueda por el suelo. Los departamentos controlados por Junqueras, quizás los más activos al organizar el referéndum, estaban seguros de que el conductor del PDCat saltaría del coche antes de llegar al abismo, y el conductor del PDCat estaba convencido de que la incompetencia de ERC haría que el coche republicano se estropeara ante todo el mundo antes de llegar al abismo, porque el Estado pondría bastantes callejones sin salida para demostrar a todo el mundo que un referéndum era imposible con el Estado en contra.

Estos males provienen de la lista unitaria porque resultaba imposible plantear discrepancias o divergencias en público. El marco político y psicológico del soberanismo estos años ha sido que había que ir todos a una sin fisuras, y por lo tanto, quien públicamente señalara que la estrategia era incorrecta, las intenciones últimas poco claras, o la táctica concreta equivocada, como hería esta unidad, inmediatamente creaba un problema y había que corregirlo. 

El incentivo para todo el mundo era decir que todo estaba planeado, lo supiera o no, que todo iba bien, aunque no se hablara de lo que había que hablar, y que todo el mundo confiara en que iríamos juntos, aunque íntimamente lo dudara. Se presuponía que lo arreglaría la oposición del Estado, o ya se hablaría en privado, o quedaría claro a ojos de todo el mundo que era lo que tenía mayor compromiso con la unidad y quien iba por libre con mentalidad electoralista.

Es cierto que algunos de estos problemas no se solucionan con listas separadas, pero con una lista unitaria se agravan porque no es cierto que todo el soberanismo esté de acuerdo con lo que hay que hacer. Con una lista unitaria de nuevo ofreceríamos una apariencia de unidad en torno a unas ideas que no generan consenso con la esperanza de que los hechos ya las corregirán, y volvemos a empezar.

Que no haya consenso es bueno. Es muy bueno. Nadie puede ver todo el campo de juego al mismo tiempo, y nadie puede considerar todas las opciones, porque cada uno de nosotros sabe más de una cosa que de otra, y tenemos sesgos ideológicos y fruto de la experiencia personal. Es importante que haya alguien que tenga la fuerza, electoral y parlamentaria, para poder decir: no estoy de acuerdo con esta vía y tenemos que probar otra por tal y tal razón. Y que ello se haga públicamente y tenga consecuencias electorales. La democracia es eso: no tener razón, sino corregirse las insuficiencias los unos a los otros, y entonces sí, llegar a acuerdos a partir de renuncias.

Ya sé que hay cosas que intentando independizarte de un Estado hostil no puedes decir públicamente, pero hay muchísimas que sí, y que no las estamos diciendo porque tenemos miedo de romper la unidad, en lugar de preocuparnos de saber si esta unidad lleva a buen puerto o estamos yendo todos juntos hacia la inanición o el abismo.

Por muy bienintencionadas que sean las agrupaciones de electores y los llamamientos a superar los partidos a partir de la unidad, es un error y hay que decirlo. Los partidos, con todos sus defectos, tienen muchas virtudes: entre otros, que tienen gente que conoce la administración y saben calcular qué riesgos quieren correr para conseguir lo que sueñan. Les tenemos que exigir que lo hagan explícito en un contexto plural justamente porque estamos en un momento excepcional y no podemos descartar ninguna idea en nombre de la unidad. 

Y eso lo digo en defensa tanto de quien querría hacer un camino más largo y lento como de quien lo quiere más rápido y expeditivo. Necesitamos toda la inteligencia que tenemos al alcance, y ello implica confrontar las ideas en público y de forma arreglada. La suerte es que tenemos un mecanismo perfecto para hacer eso: el Parlament. Pero hacen falta voces diversas con turnos de palabra propios y con necesidad de hacer valer los propios argumentos y fuerzas. Es urgente hacer explícita la relación de fuerzas.

Es la presión para hacer ver que estamos todos de acuerdo cuando no lo estamos lo que nos ha llevado a un escenario en que se ha declarado la independencia sin tener nada a punto ni haber pensado qué implicaba quererla hacer efectiva. Todo el mundo pensó que el otro saltaría del coche antes, o que el Estado le estropearía el invento. Y al final, condenados a la ignorancia de las razones del otro, fue Thelma y Louise, el coche volando sobre el abismo.

 (*) Periodista, doctor en filosofia y profesor universitario catalán 

establecido en Estados Unidos.

http://www.elnacional.cat/es/opinion/jordi-graupera-lista-unitaria-error-inmenso_211254_102.html 

El avance elástico sobre la retaguardia de Rajoy / Fernando López Agudín *

Rajoy, como los viejos estrategas militares, nunca reconoce una retirada, que siempre es descrita como un avance elástico sobre la retaguardia. Y eso es exactamente lo que acaba de hacer el presidente del Gobierno el miércoles en Barcelona, con la ausencia de violencia policial, y ayer jueves en el Tribunal Supremo, con Carmen Forcadell. La marcha atrás es extraordinariamente patente. 

Basta comparar las imágenes de la salvajada del 1 de octubre, ordenada por la actual virreina de Cataluña, con la ocupación de la estación de Sans el 8 de noviembre; o las de la Audiencia Nacional, la pasada noche del 2 de noviembre, con las del 9 de noviembre en el Tribunal Supremo, para preguntarse si los Rajoy, Soraya Santamaría, Zoido y Catalá de hace una semana son  los  Rajoy, Soraya Sanatamaría, Zoido y Catalá de hoy.

El paso atrás de la Moncloa es tan descomunal que les obliga a poner el acento en la declaración de Carmen Forcadell, a través de la Brunete Mediática, para tapar sus propias contradicciones. Mucho antes de la decisión del magistrado Llarena, a lo largo  del jueves, fueron preparando con filtraciones sesgadas a la opinión pública como si las respuestas de una procesada,  que siempre tiene el derecho a no decir la verdad, no formasen parte de una estrategia legal tendente a eludir la prisión. 

Sea como sea, ese paso atrás de la señora Forcadell sería teórico y no práctico como el del señor Rajoy. Explicar pues el zig -zag de la Moncloa en base a las palabras, condicionadas por su situación procesal, de la actual presidenta del parlamento de Cataluña evidencia la palpable incomodidad política del presidente del Gobierno.

No es para menos. La oposición que no se atrevió a protagonizar el PSOE, tanto con la salvaje carga policial del 1 de octubre como con el encarcelamiento de Oriol Junqueras y los siete consellers del 2 de noviembre, acaba de protagonizarla Rajoy con su nítida autocrítica práctica. Lo que aún no se ha atrevido el señor Sánchez durante un mes, la crítica a la muy errática política del Gobierno, lo ha resuelto Rajoy en tan solo siete días.

 Toda una lección para un socialismo, tan marchito como desorientado, al carecer de una buena brújula para sortear los numerosos escollos  de una crisis política, que únicamente podrá encauzarse con la convocatoria de una consulta popular pactada en Cataluña en la que se negocie tanto la pregunta como el quorum de votos así como la fecha de su realización. Ya pueden estar atentos a las próximas rectificaciones de Rajoy.

Este avance elástico sobre la retaguardia de Rajoy preludia la puesta en libertad de todos los presos políticos catalanes. Una vez que no se ha engrosado la cuerda de presos, prevista en el Tribunal Supremo, toca liberar a lo que tuvieron la mala suerte de ser encarcelados la semana pasada o, como los Jordis, el mes pasado. Cuanto más tarden en salir, cuanto más su fecha de salida se acerque al 21 de diciembre, más riesgo corre la Moncloa de que sean acogidos como víctimas o héroes de la lucha política de los soberanistas catalanes. 

Es ya la crónica de su liberación anunciada la que se desprende de las decisiones del magistrado Llarena que va a asumir todo el sumario catalán. Más la valdría a Rajoy pagar ahora que en vísperas de unas elecciones, que volverán a dar la mayoría a quienes la tenían antes del 155.

Siempre puede  cargarle el muerto del encarcelamiento de los presos políticos catalanes al Fiscal General del Estado, como si el señor Maza fuese la encarnación de la separación de poderes de Montesquieu. De hecho, ya hace algunos días que se lo vienen cargando cuando la Fiscalía de hecho es, parafraseando a Karl von Clausewitz, “la continuación de la política por otros medios”.  

Una cosa es que todo el bloque monárquico –PP, PSOE y C's– necesite una cobertura mediática para esconder sus errores catalanes, otra muy distinta que el señor Maza sea un fiscal independiente en una estructura jerárquicamente dependiente del Gobierno. Quien ha definido muy certeramente la responsabilidad de la crisis catalana ha sido Varoufakis, cuando la ha definido como una alucinante idiotez.

Es producto, sobre todo, del desequilibrado trío del 155. Rajoy ha sufrido y sufre una presión extraordinaria de la nueva Falange de Rivera–” la unidad de la tierra y los hombres de España”, formulada por José Antonio Primo de Rivera– sin sufrir ninguna contrapresión de un PSOE que va a remolque del PP. Cuando la grave situación social, económica, política, territorial y moral que vive hoy el Estado español hubiera necesitado y continua aún necesitando una moción de censura, el Congreso de los Diputados permanece de espaldas a la realidad social pese a la oposición democrática. 

Sin una alternativa progresista, que aritméticamente es posible, la crisis se agravará poniendo en serio riesgo todas las instituciones estatales. Este avance elástico sobre la retaguardia de Rajoy evidencia la absoluta incompetencia de la Moncloa. Corregir hoy lo que no se debió hacer ayer es la mejor prueba de su incapacidad.

(*) Periodista

http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2017/11/10/el-avance-elastico-sobre-la-retaguardia-de-rajoy/