El alzamiento y el posderecho / Elpidio José Silva *

Imaginemos un cambio político de ficción. Un Estado español sujeto a la división de poderes. Represéntese por un momento la posibilidad de que las fuerzas políticas que quieren remover nuestra inmadura democracia lo consiguen, forman un nuevo Gobierno, y aprovechan para preservar legalmente la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. Quizá, entonces, cientos de personas integradas en el PP o sus aledaños comenzarían a ser citadas por hechos de corrupción ante la justicia española. 

Para reforzar este ciclo el nuevo Gobierno podría aprobar una Ley Anticorrupción, minando todas las ventajas de la delincuencia actual a la hora de ocultar los frutos del delito. Asimismo, cabría reforzar la posición de los testigos y denunciantes, resarcirles ampliamente para que no les depare ningún perjuicio participar en el proceso, y sancionar severamente a quienes pretendan manipularles o amenazarles. Imagine que como en EE.UU. nuestra legislación llega a tipificar el delito de perjurio del imputado o acusado.

Ante esta avalancha legal, pese a su legitimidad y proporcionalidad frente a una corrupción galopante, los populares manifestarían que están siendo “perseguidos”, y que se estaría “fabricando” una legalidad específicamente proyectada a encarcelarles. Es exactamente lo mismo que está haciendo hoy el Gobierno Central frente al procés independentista de Catalunya, sólo que deformando hasta límites insospechados la adecuada interpretación de las normas y el funcionamiento de las instituciones. 

Mediante reformas legislativas apresuradas e inapropiadas, el Gobierno ha involucrado al Tribunal Constitucional en el conflicto de Catalunya desnaturalizando su posición, arrastrándole hasta el lodazal de la pelea como si de un juzgado de instrucción se tratase. El Gobierno ha desviado a un Tribunal de “garantías” hacia el círculo represivo o sancionatorio. 

El PP expresa así su desconfianza en la Justicia ordinaria derogando “de facto” para Catalunya la práctica judicial al uso, cargando en las espaldas del Alto Tribunal responsabilidades que no le corresponden por ser más propias del “Poder Judicial”. Y en lo tocante al Ministerio Fiscal, no olvidemos que inicialmente la Fiscalía de Catalunya se negó a formular acción penal contra el expresident Artur Mas. 

Nunca antes toda una fiscalía territorial se había posicionado de tal modo contra el criterio de la Fiscalía General. En noviembre de 2014, Torres Dulce impuso la imputación de desobediencia contra el expresident. Presionar en tales términos al Ministerio Público revela la presencia de un ánimo extrajurídico desde una posición de influencia política, alterando descaradamente la práctica judicial imperante.

La Constitución española (CE), nacida el día 29 de diciembre de 1978, fue el vástago predilecto de la denominada “transición política”. Sin embargo, su reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas es ambiguo, contradictorio, disperso, insuficiente e inconcluso. La versión formal de nuestra Constitución se ha venido completando mediante los diferentes Estatutos de Autonomía. La redacción de estos no supone ni mucho menos una mera aplicación de la Constitución, sino, más bien, el fruto de un mecanismo paccionado entre el Estado y cada Comunidad Autónoma. Para que este proceso de consolidación constitucional funcione, ha sido crucial un entendimiento fruto de las relaciones más elementales de lealtad entre el Poder Central y los diferentes Poderes Autonómicos. 

El Estado de las Autonomías y el Estado Central encuentran en la Constitución una nave de integración, pero insuficiente si no se abastece de nuevos contenidos mediante la aprobación o renovación de los diferentes Estatutos de Autonomía. Este complejo programa de actuación implica una voluntad constituyente diferida en el tiempo, diacrónica, que se va actualizando conforme avanza La Constitución Estatutaria del Estado Autonómico (bloque de la constitucionalidad). 

En definitiva, la Constitución de 1978, a la hora de regular el Estado Autonómico, nace muy incompleta por la resonancia del franquismo, el ruido de sables y los fantasmas que minan nuestra compleja historia política y social. Sin lealtad entre los diferentes protagonistas (el Estado Central, Catalunya, Euskadi, Galicia, Andalucía y el resto de las Comunidades) este sistema ha colapsado con la crisis del Estatut. 

La crisis estatutaria en Catalunya es a todas luces netamente política. En el año 2006 se aprobó un nuevo Estatut, confirmado por el Parlament catalán, el Congreso de los Diputados y -lo que es más relevante- por referéndum del pueblo de Catalunya, bajo una mayoría superior al 70% de los votos emitidos. En el Parlament sólo se opuso a su aprobación el PP. Y en el Congreso, se opusieron de nuevo el PP, rechazándolo como excesivo; y ERC, por considerarlo insuficiente. 

Como el PP no aceptó el mandato dimanante del poder constituyente encarnado en el citado referéndum, el día 21 de julio de 2006 formuló recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut ante el Tribunal Constitucional. Fue presentado por Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría. El Tribunal Constitucional rechazó aspectos cruciales del Estatut, tales como el reconocimiento de la nación catalana y el uso preferente de su lengua dentro de la Comunidad Autónoma. 

Esta resolución de nuestro Alto Tribunal implica una doble ruptura. Por una parte, se quiebra la lealtad institucional como motor estatutario dirigido a completar nuestra Constitución formal, pues el PP consigue, a través de una instancia no constituyente, quebrar la voluntad popular y lo acordado por dos parlamentos. 

Por otra parte, implica que el pueblo de Catalunya deba regirse por un Estatut que no ha aprobado, y cuyas determinaciones se adaptan exclusivamente a la voluntad del PP (con muy escaso respaldo ciudadano en Catalunya) y de un Tribunal desdibujado y politizado al extremo.

El día 23 de enero de 2013 el Parlament aprobó por amplia mayoría la “Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Catalunya”. Pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió (8/5/2013), los independentistas sometieron a votación del Parlament las “Conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente”. Al consolidar bajo tal frontalidad esta voluntad de poder, la soberanía nacional catalana entró en pugna con el Gobierno Central. Una “Declaración de soberanía” de tal naturaleza imponía un nivel de diálogo político de máxima intensidad. 

Pero el PP no es un partido que actualmente pueda asumir políticamente estos hechos. Muy debilitado por las tramas de corrupción protagonizadas por sus miembros, y especialmente por el desastre financiero de las Cajas y la Gürtel, Rajoy carece hoy de legitimidad y fortaleza política para lidiar con sus ultras de extrema derecha y, al unísono, con ERC, PDeCAT y La CUP. El pacto político debe orientarse hacia un referéndum pactado en Catalunya en relación con la independencia. 

Pero Rajoy sabe perfectamente que tal acuerdo le llevaría a perder millones de votos. A su vez, los populares no pueden afrontar la pérdida del poder político en el Gobierno Central, pues ello podría implicar que cobrase realidad la ficción de un Estado con división de poderes. Se abriría así un horizonte punitivo que podría incluso suponer la desaparición del PP. Si ya les va mal con una fiscalía controlada por un Fiscal General del Estado “reprobado”, es de prever que con una acusación pública y una maquinaria judicial independientes se jugarían la supervivencia política.

Al ser inasumible políticamente el conflicto lo coherente sería dimitir, para liberar al Estado en su totalidad de la escasísima legitimidad del Gobierno. Pero no hay sucesor de Rajoy ni democracia participativa en el PP, y con su dimisión no desaparecería del horizonte la posibilidad de que un cambio político tuviese éxito. Justo parece lo contrario. 

Bajo estas premisas, el PP, sitiado por su corrupción y muchos callejones sin salida, tiró de su rancia “realpolitik” arropado con la bandera rojigualda y una legalidad perturbada. Para afrontar la ofensiva soberanista de Catalunya, el Gobierno Central abrió dos frentes, a nivel penal (i) y jurídico-constitucional (ii). Pero, siendo el trasfondo del problema de naturaleza netamente política, el discurso jurídico en ambos frentes ha sido barrido por estrategias puramente electorales y partidistas. Por lo demás, la política como plasmación del poder constituyente no encuentra cabida en el Derecho, salvo subvirtiéndolo, convirtiéndolo en una mascarada de excesos donde nada es lo que parece. Se escenifica el carnaval del “posderecho”, la perversión de lo jurídico por excelencia. 

Sólo en este contexto cabe concebir el ambiente de proyecciones neuróticas y catastrofistas montado por diversos dirigentes del PP para Catalunya, lanzando toda clase de amenazas, anticipando consecuencias negativas para actos futuros, mediatizando a otros poderes del Estado que deberían ser independientes, previendo que habrá televisiones intervenidas, funcionarias expedientadas o separadas del servicio, despidos masivos, generando una atmósfera represiva incompatible con el Estado de Derecho de una Democracia. 

En cuanto al frente penal (i), por una parte, el Fiscal General del Estado, mediante Instrucciones dirigidas a evitar el referéndum de 1 de octubre, descarriló invadiendo las competencias jurisdiccionales de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya “que ya venía conociendo del asunto”. Y, por otra parte, se ha desproporcionado la calificación penal de los hechos relacionados con el procés, atribuyendo conductas sediciosas a manifestantes simplemente indignados ante un Gobierno en absoluto dialogante y de impronta corrupta. 

Lo que en la práctica judicial del día a día no pasaría de ser un delito de desórdenes públicos (artículo 557 del Código Penal), o de daños (artículo 263.2.4º del Código Penal) o de atentado (artículo 550 del Código Penal), el PP lo somete a su turbocompresor del “posderecho” y la judicialización de la política. Como resultado, unos meros manifestantes son vistos por Fiscalía como sediciosos. Sedición implica “alzamiento” contra los poderes del Estado, con ánimo de derrocarlos para alcanzar la independencia de Catalunya. 

Sin embargo, nos referimos a manifestantes pacíficos, que no iniciaron acción alguna “susceptible de” afectar al núcleo esencial de los poderes del Estado, o propiciar su derrocamiento. Esta desproporción se ha culminado ingresando en prisión preventiva a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes sociales presentes en múltiples manifestaciones similares a la del pasado 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía, por cuyo desarrollo se entendió que habían delinquido.

Esta descomunal subversión de las leyes desembocó en la negra explosión de autoritarismo del pasado 1 de octubre. A alguien se le ocurrió que se había prohibido votar a toda la sociedad civil catalana, cuando ni tal prohibición se estableció por el Tribunal Constitucional, ni cabe concebirla tan generalizadamente en un Estado de Derecho Democrático, ni puede relacionarse la prohibición de organizar un referéndum con el hecho -muy distinto- de votar en el mismo.

En cuanto al frente jurídico-constitucional abierto contra la Catalunya independentista (ii), el artículo 155 CE habilita al Gobierno Central para adoptar en ciertos supuestos medias coercitivas contra las Comunidades Autónomas, colocando a los cargos de éstas en inferioridad jerárquica respecto de la Administración Central. La aplicación de este precepto ya se ha adelantado “de facto” por Rajoy y algunos de sus ministros, saltándose de la forma más descarada el preceptivo y vinculante control del Senado. La intervención autonómica que ahora pretende imponer el Gobierno viola el propio Estatut (artículo 67.7), inventándose una nueva causa de cese del President. 

El artículo 155 CE es como una caja negra que, sin embargo, se encuentra casi vacía y sin estrenar. La maldición histórica para España supone que el PP, el partido de la Gürtel, del rescate bancario y de la corrupción galopante, sea quien decida si procede destaparla en Catalunya. 

A lo largo de la crisis del Estatut, el Gobierno de Rajoy ha reinventado nuestro Ordenamiento Jurídico bajo una propaganda de posverdad que, inevitablemente, ha desembocado en el posderecho. No le quedaba otro remedio; ante la opinión pública debía convertir hechos políticos constituyentes en un asunto delictivo común, sujeto al Código Penal mediante una exhorbitante judicialización de la política. El PP rellena lo que la norma no contempla focalizado en eliminar a sus enemigos políticos. Pero el artículo 155 CE no prevé una suplantación política, sino una reorientación jerárquica, puntual y meramente administrativa. 

No puede concebirse que dicho precepto habilite para para convocar elecciones o regular estados excepcionales a capricho, al margen de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. En un precepto tan escuálido y cuya aplicación carece de precedentes, resulta descabellado dirigirse hacia las interpretaciones más extremas, sobre todo cuando conducen a imponer un régimen autoritario en Catalunya. Algo así, tan lesivo para el equilibrio de los poderes del Estado Autonómico, o se prevé expresamente, o forzoso es concluir que no se contempla. Pero el Gobierno Central, enfermo de corrupción, intenta obtener legitimación como pacificador de Catalunya, cuando en realidad una mayoría social en España, más bien, necesita protegerse del PP.

Mediante tal uso del artículo 155 el Gobierno Central expresa un manifiesto sesgo autoritario, no sólo porque pretende suplantar a todos los cargos democráticos de Catalunya (vulnerando el artículo 23 de la Constitución y el propio Estatut), sino también porque asimismo desplaza al propio Poder Judicial. Es decir, prejuzga la comisión de hechos sediciosos, y anticipa unilateralmente el reproche penal, sin que concurra resolución judicial firme. Entre tanto, fiscalía no se opone a que vaya conociendo de la supuesta sedición una magistrada instructora de la Audiencia Nacional, órgano judicial incompetente para abordar el asunto.

Al afrontar de modo tan impropio la crisis de Catalunya, por muchas cortinas de humo que monte, el Gobierno Central no puede evitar que se manifieste su debilidad en dos aspectos: Su incomprensión y su incoherencia.

La incomprensión estriba en que la Constitución Española nunca ha encajado con la mentalidad del PP. Ya desde su tramitación en el Congreso votaron en contra de su aprobación cinco diputados de Alianza Popular, entre ellos Álvaro de Lapuerta, tesorero del PP (1993-2008) e imputado en el caso Bárcenas. Respecto de estos disidentes Manuel Fraga, lejos de contrariarse, manifestó que nunca se había sentido tan portavoz de Alianza Popular, y que la referencia a las “nacionalidades” era incompatible con la unidad de la Nación (artículo 2 CE). 

El PP no habita en una España plural, sino en una plataforma territorial de intereses dominados por un reducido grupo oligárquico, actualmente en declive a nivel internacional. Una España diferente está emergiendo de las cenizas de la crisis, consciente por dura experiencia de que la senda autoritaria del actual Gobierno conduce a la pobreza y a la arbitrariedad, bajo represión y mordaza. El PP no ostenta la legitimidad y el respaldo social indispensable para resolver esta crisis. Basta su mera presencia para que millones de personas incluso desprecien los símbolos de los que se rodea. El mero discurso jurídico-formal ya suena vacío. Demasiada gente se ha enterado de que nuestra forma de gobierno no se rige por la división de poderes. No menos personas advierten que el Gobierno Central politiza el Derecho y judicializa la política, introduciendo troyanos en el sistema que aniquilan el Estado de Derecho. 

Sr. Rajoy, no justifica la denegación del diálogo su debilidad política para afrontar la negociación. En asunto tan relevante se impone la lealtad institucional, el deber de ser respetuoso con el programa constituyente de la Constitución de 1978. Todo el mundo ha comprendido esto y el sistema nunca antes se había infartado. El bloqueo actual, Sr. Rajoy, carece de precedentes, y no puede leerse en clave de media docena de preceptos penales, mal colgados en esa percha infinita que representa para Vd. el artículo 155 CE. Sería fantástico para su mentalidad que el término “nacionalidad” pasase al mismo cajón que otros términos y expresiones como, por ejemplo, “el derecho a disfrutar de una vivienda digna”. Se comprende. Pero los partidos independentistas, respaldados por millones de personas, no lo toleran. 

Al desarrollar esta estrategia, la incoherencia del PP resulta extraordinariamente llamativa. Por una parte, acude al Derecho para embutir un problema político del máximo rango -constituyente- en media docena de tipos penales. Resulta extravagante a simple vista. Pero, por otra parte, mediante tal estrategia ni siquiera se va a conseguir superar la crisis, sino más bien incrementarla o enquistarla. Los tipos penales de la rebelión o sedición no le van a resolver el problema político en Catalunya, Sr. Rajoy. Me cuesta creer que Vd. no se dé cuenta. No se trata de una milicia armada, de un grupo terrorista o de sesenta coroneles hastiados de la corrupción y que deciden alzarse contra los altos organismos de la nación. No, en absoluto, Sr. Rajoy. 

Hablamos de varios millones de personas que se manifiestan muy pacíficamente. Tras múltiples y reiteradas manifestaciones masivas, sólo en una de ellas se produjeron daños criminalizados en 3 vehículos públicos. Gran número de personas que viven en Catalunya quieren decidir si se independizan de España. Es imprescindible escucharles, dialogar y negociar con ellos. El posderecho que le han recomendado, una cuantas sentencias, requerimientos y encarcelamientos ilegales e ilegítimos son inútiles para resolver el grave problema ocasionado. La indignación generalizada no se resuelve a palos, o imponiendo un régimen autoritario mediante una reinvención disparatada del Derecho.

La implosión del Estatut ha discurrido en paralelo con la explosión del Régimen del 78. Legitimidades e ilegalidades. El frenético carnaval jurídico, esta clamorosa subversión de las normas, se debe a que no se ha querido afrontar la naturaleza y alcance del conflicto político invocado por Catalunya. Es imprescindible que la crisis se reconduzca a través de una convocatoria electoral. Reordene todo esto, señor Rajoy, porque su versión del 155 CE es tan ineficaz como entrar en la independencia sin al menos contar con el 60% del censo electoral a favor. 

(*) Ex magistrado

http://www.lavanguardia.com/politica/20171031/432490924077/elpidio-jose-silva-alzamiento-posderecho.html 

Agresiones intolerables / José Antich *

Cada vez con más frecuencia, los medios de comunicación son agredidos antes, durante o al final de las manifestaciones que se celebran en Barcelona en defensa de la unidad de España. Este domingo no ha sido una excepción y profesionales de TV3 y un periodista de El Nacional han padecido la violencia de unos energúmenos. 

El viernes, otro grupo de ultras atacaron la sede de Catalunya Ràdio, rompiendo los cristales de la emisora, lanzaron huevos e impidieron a los trabajadores abandonar las instalaciones hasta que llegaron los Mossos d'Esquadra. También atacaron a un equipo de BTV que grababa la agresión. 

Hace unos días, le sucedió a una periodista de RAC1. Y no son los únicos casos de estas últimas semanas. Hay un proceso de intimidación creciente para que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo y es obligación de los poderes públicos garantizarlo. 

Los responsables de cualquier manifestación han de ser los primeros interesados en evitar que eso suceda y que todo transcurra en paz. Se lo merecen las personas que acuden a las manifestaciones, de una manera muy mayoritaria en paz, a expresar legítimamente sus ideas. Se lo merecen los agentes de la policía autonómica que también fueron agredidos en la plaza de Sant Jaume y los ciudadanos que a través de las redes sociales denunciaron que habían padecido actos de violencia.

Bienvenidas sean todas las concentraciones de cualquier ideología, ya que la calle es de todos y es bueno que sea así. Hemos dicho más de una vez que también es una manera de contarse y, además, permite dejar de lado aquella tontería de la mayoría silenciosa. Los que se expresaban en estos términos después de las concentraciones millonarias convocadas por la ANC y Òmnium reunieron este domingo en Barcelona a unas 300.000 personas, según la Guardia Urbana. Es, ciertamente, mucha gente y seguro que la gran mayoría repudia estos actos vandálicos. Es necesario, entonces, que se esfuercen los convocantes en garantizar mayores medidas de seguridad.

El control absoluto de las instituciones que quiere llevar a cabo el Gobierno español a caballo del artículo 155 debe garantizar el derecho de manifestación y la seguridad de profesionales y ciudadanos, como ha ejercido con éxito la Generalitat. Poner bajo su control a los Mossos es algo más que retirar la escolta a los consellers para buscar un titular de autoridad y aplauso de los medios de Madrid. Es garantizar a los ciudadanos que la calle no es un espacio para los violentos. 

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

http://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-agresiones-intolerables_207360_102.html

La nación como propaganda / Ramón Cotarelo *

Y la propaganda no sirve para nada. Las naciones no se inventan o desinventan con manifestaciones apañadas, fotografías en los periódicos, ocupación en masa de pantallas. Hace falta la gente, la que vive la nación cotidianamente y la hace con plena voluntad; a esa gente no es preciso traerla en cientos de autobuses de toda España. 

Y, además, no cualquier gente. Ciudadanos/as comprometidas, activos, críticas, de comportamiento democrático, cívico y pacífico. No hay inconveniente en que a estas manifestaciones por la unidad de España se sumen grupos, puñados, escuadras de fascistas, nazis, franquistas de todas las organizaciones de extrema derecha que nutren la convocatoria. 

 

Aunque sería de agradecer que no anduvieran sembrando el terror por las calles de Barcelona, agrediendo a viandantes, apaleando a inmigrantes (al grito de ¡moro de mierda vete a tu casa!), destrozando mobiliario urbano, siendo unos gamberros. Pero hay poca esperanza. Están envalentonados con este gobierno que les deja hacer, sobre todo por la sospecha de que bastantes de ellos puedan ser sus propios agentes de paisano.

Hablemos claro: esa manifestación por la unidad de España es una manifestación por una España unida de corte claramente franquista. Por eso se oyen vivas a Franco. Estos gritos y señales, igual que el vandalismo de los matones, no salen en los medios audiovisuales españoles, en donde solo se ven banderas españolas del orden actual en ordenada movilización. Pero los medios extranjeros, todos, reflejan el contenido franquista y fascista de esta concentración. Solo falta a los nacionales asegurar que se trata de la consabida conspiración judeomasónica.

Que en ella tengan presencia muy visible los socialistas Borrell e Iceta junto al comunista Frutos al ladito de la derecha del PP y C's y notorios representantes de la extrema derecha prueba que el bloque nacional PP, PSOE (este con remilgos) y C's esta dispuesto a hacer lo que sea, literalmente lo que sea para vencer y arrasar el movimiento indepe. 

Otra cosa es que lo consiga. Porque este movimiento no es cosa de un grupo, camarilla, organización o partido, sino de una sociedad en su conjunto y complejidad. No conozco otro caso como el de la votación en el referéndum del pasado 1/10, en el que cerca de tres millones de personas acudieron a ejercer un derecho de sufragio en condiciones de hostilidad, agresividad y brutalidad estatales sin precedentes. 

 

Hace falta una moral cívica muy elevada. Cerca de 1.000 personas dieron con sus maltrechos huesos en los hospitales, pero un pueblo entero fue ejemplo mundial de voluntad política democrática. Se ganó el derecho a ser tratado como un Estado, resumió Puigdemont.

El gobierno no respeta ese derecho y procede por la vía represiva con una clara deriva dictatorial por cuanto ampara sus actos en el ilimitado artículo 155. Eso solo puede llevarlo a intensificar el conflicto e internacionalizarlo más. Es imposible vender al mundo una imagen del govern entre rejas. Y sin perspectiva real de solución puesto que esta no puede ignorar la voluntad vinculante del 90% de los votos del 1/10. 

Los guiños de Sánchez de que este amargo trago de la dictadura "constitucional" dará luego paso a unos días de entendimiento y arreglo y vino y rosas tienen el valor de las promesas de Sánchez.

La fractura entre España y Cataluña no puede arreglarsee por la vía represiva. La única solución es retirar todas las medidas coactivas del gobierno, restablecer la legalidad de la Generalitat y sentarse civilizadamente a una mesa a negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Dice Borrell que si el 75% del electorado pidiera la independencia, habría que reconocerla, pero que no se la van a "colar" con un 48%. Es un argumento pintoresco porque justamente eso es lo que se pide negociar. 

 

Se puede acordar esa cifra o una inferior u otra superior, si bien Palinuro siempre propugnará la pura mayoría de votos sin más pendejadas, de forma que el 48% le acomoda si los partidarios del "no" como el señor Borrell todavía son menos. Pero a continuación estaremos, imagino, todos de acuerdo en que, para salir de dudas, hay que averiguar las cantidades y eso puede hacerse de dos maneras: una, contando las banderas españolas que la Societat Civil Catalana es capaz de reunir en la Plaza de España de Barcelona; y, dos, realizando un referéndum legal para saber a qué atenernos. 

Pues las dos partes se valen de procedimientos distintos, la cuestión se encasquilla en la fuerza bruta y, por tanto, no tiene arreglo, hasta que se atienda a razones, que no son las del Estado español el fascista anterior, este otro heredero de aquel y su ayudante del PSOE.

 

Hoy lunes, a las 22:00 "Las cloacas de Interior" en Gol TV

 

Una vez pasada la manifestación fascista de ayer del PP, el PSOE, C's, la Falange, Democracia Nacional, Societat Civil Catalana y otros grupos franquistas en la que Borrell, Iceta, Frutos y otros de "izquierda" han ido del brazo con la extrema derecha franquista, corresponde hacer balance de los daños causados:

1) agresión nazi a un vendedor ambulante de banderas por ser indio (aunque los fascistas agresores lo llamaban moro).

2) nazis haciendo el saludo hitleriano ante los Mossos

3) una trabajadora de Ferrocarriles de la Generalitat agredida por los asistentes a la manifa de SCC

4) un fascista español agrediendo a una chica embarazada en Bcn.

5) intentos de agresiones fascistas españolas contra los mossos.

Con toda esa basura se han manifestado Borrell, Iceta, Paco Frutos, etc.

Reservad un tiempo para ver hoy lunes a las 22:00 en Gol TV el documental Las cloacas de Interior de que habla el vídeo de Albano Dante Fachín. 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Cinco realidades que dificultan la independencia de Cataluña / David Romero *

Este viernes, en una sesión accidentada y atípica, el 'Parlament' aprobaba la Constitución de la república independiente de Cataluña. Poco después, en las escalinatas del edificio, los diputados independentistas lo celebraban con la euforia y la sensación de solemnidad que corresponde a los momentos históricos.

En esa imagen destacaban dos figuras: la de Carlos Puigdemont (aún presidente de la Generalitat, a punto de ser cesado) y su mano derecha en el 'procés', Oriol Junqueras. Era llamativa la diferencia en sus actitudes: mientras Puigdemont se hacía cargo del momento y exhibía una tímida sonrisa de satisfacción, Oriol Junqueras parecía hondamente preocupado, como si sintiera la inminencia de alguna catástrofe. La imagen, en cierta medida, condensaba poéticamente el momento en que se encuentra Cataluña: la frágil satisfacción de los independentistas viene acompañada, desde luego, por la consciencia profunda de una realidad difícil y llena de amenazas.

Durante los últimos meses, no han faltado análisis previos y preguntas abiertas sobre la sostenibilidad económica, social y política de una Cataluña independiente, y la mayoría de ellos auguraba un futuro poco esperanzador para el proyecto secesionista. Hoy, ese futuro lucha obstinadamente por abrirse paso en la realidad, pese a la oposición del Estado español… y a las graves carencias con que nace esta pretendida república independiente de Cataluña. Por ese motivo, es ahora oportuno un repaso analítico de esas carencias:

Legalidad

Este viernes, el presidente español, Mariano Rajoy, salía satisfecho del pleno del Senado en el que se aprobaban las medidas con las que su Ejecutivo ha intervenido la autonomía de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Interpelado en los pasillos por un grupo de periodistas, señaló que la declaración de independencia llevada a cabo horas antes en el Parlamento catalán "no solo va contra la ley, sino que es un acto delictivo". En efecto, la Fiscalía General del Estado presentará el lunes al Tribunal Supremo una querella contra Carles Puigdemont y el resto de los miembros del 'Govern', por el delito de rebelión, para el que el código penal establece penas de prisión de hasta 30 años.

Pero esta declaración unilateral de independencia no es el único punto en el que el 'procés'ha vulnerado la legalidad española. El propio referéndum a cuyos resultados se remiten los independentistas para justificar la secesión fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, que anuló la Ley del Referéndum aprobada el 6 de septiembre en el Parlamento catalán.

Legitimidad democrática

Precisamente, esos plenos del 'Parlament' catalán de los días 6 y 7 de septiembre, en los que se llevó a cabo la votación y posterior aprobación de la mencionada Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad Jurídica, pusieron en entredicho la legitimidad democrática de todo el proceso independentista. Fueron sesiones en las que se vulneraron varios derechos parlamentarios de los diputados de la oposición y en las que se aprobaron leyes que desafiaban prohibiciones expresas del Tribunal Constitucional de España.

Por si fuera poco, las condiciones en las que se llevó a cabo el referéndum tampoco ofrecen ninguna garantía democrática. Se partía de una situación de división social tan profunda que la mayoría de los que se oponían a la independencia de Cataluña no estaban dispuestos a participar, precisamente por considerar que el referéndum carecía de legitimidad, que no era vinculante, y que además era ilegal. Por otra parte, la presión policial afectó de forma determinante a la logística de las votaciones, y los instrumentos de control de la participación eran a todas luces insuficientes: se llegó a demostrar que fue posible que la misma persona votase varias veces.

En suma, a día de hoy, pocos tienen dudas acerca de que los exagerados resultados del referéndum –con un 90,2% de votos al 'sí'– no reflejan la voluntad real del conjunto de los catalanes y, por lo tanto, es evidente que la independencia de Cataluña no está impulsada por una mayoría social suficiente, lo cual pone de manifiesto la debilidad de su esqueleto democrático y también la próxima carencia que vamos a comentar, que es probablemente la más profunda de todas.

Cohesión social

Es cierto que el independentismo es una fuerza política muy importante en Cataluña. Dos millones de personas en una población de algo más de siete millones son una proporción más que considerable, pero para lanzar con unas mínimas garantías de éxito un proyecto independentista que aspire a la creación de un Estado soberano hace falta una mayoría social amplia, con una capacidad de consenso suficiente para permitir una convivencia armoniosa.

Y ese no parece ser el caso de Cataluña, afectada actualmente por una fractura social honda y preocupante. Tal como comentaba para RT la periodista y politóloga Laura Fábregas, "una Cataluña independiente no sería gobernable ahora, porque la mayoría de la población está en contra de este proyecto, es decir: la opción abiertamente independentista no ganó en votos, y llevar a cabo un proceso de este tipo con tanta gente en contra no es fácil".

Reconocimiento internacional

En la celebración posterior a la proclamación de la independencia, el diputado de Junts Pel Si Lluís Llach colgó una bandera de las Naciones Unidas en la balaustrada de la escalinata del Parlament, a pocos metros de donde Puigdemont y Junqueras darían luego su primer discurso en la recién proclamada república.

Ciertamente, esa bandera pretendía tapar uno de los agujeros que podrían hundir el barco independentista casi antes del salir del puerto: la falta de apoyo internacional. Pero no pudo ocultar la nefasta verdad que atormenta a los fundadores de la nueva república: ninguno de los países a los que representa esa bandera se mostró favorable a la declaración de independencia.

Lo cierto es que ni la red de 'embajadas' catalanas desplegada en los últimos años por la Generalitat, ni los constantes guiños y reclamos a la Unión Europea, ni la construcción de un relato de tintes épicos y tono victimista de cara al exterior han sido suficientes para que el proyecto secesionista se granjeara la simpatía o el apoyo efectivo de la comunidad internacional. Muy al contrario, cada mandatario extranjero que se ha pronunciado últimamente al respecto lo ha hecho para apoyar expresamente al Gobierno de España o para pedir que cese la inestabilidad en la zona.

Se trata de una carencia grave. Tal como explica a RT el vicepresidente de la Unión de Europeístas y Federalistas en Madrid, Íñigo Cruz, el apoyo internacional "es hoy en día un elemento básico, porque el reconocimiento de un Estado independiente pasa por el reconocimiento del resto de Estados". Dicho de otra forma, "esto es como un club en el que si no te aceptan los socios no puedes pasar a ser parte del mismo: si los socios no te admiten, tu no tienes nada que hacer".

Por ello, Cruz considera que la recién proclamada república catalana tiene "poco recorrido, y con todos mis respetos, casi ninguno", y explica que en el extranjero "a nadie le interesa la causa catalana porque no parte de una situación clara de injusticia. Puede haber un problema político, que debería solucionarse con el diálogo, pero no se puede decir que haya una falta de derechos humanos o que haya una falta de democracia o de representatividad... Así lo han reconocido el Consejo de Europa, la Unión Europea y varios Estados miembros".

Sostenibilidad económica

Casi cualquier economista preguntado al respecto ha alertado en los últimos meses de los serios problemas económicos que podrían desencadenarse en Cataluña en caso de una ruptura con España. Uno de ellos, José Moisés Martín, comentó recientemente a RT que la independencia "si se hace a las bravas", sería "una catástrofe" tanto para la economía de Cataluña como para la de España, y en particular señaló que "en caso de separación de las cajas de pensiones, Cataluña no podría pagar sus pensiones, por lo menos al principio, porque no tiene caja, no tiene pirámide suficiente. Ahora mismo se está sosteniendo prácticamente con los préstamos que recibe del Estado español".

Y lo cierto es que ese no sería el único ni el más importante de los problemas. Si tenemos en cuenta lo analizado hasta ahora, es fácil entender que un país fundado en una declaración de independencia ilegal, sin apoyos en el exterior y con una división interna que amenaza con ser una constante fuente de inestabilidad, no es precisamente un paraíso para los inversores ni para las empresas.

Por lo demás, el comercio exterior se vería igualmente afectado por las condiciones comentadas; y otros factores como el cese de la percepción de fondos estructurales de la Unión Europea o su salida del Banco Central Europeo supondrían auténticos torpedos contra la línea de flotación de la economía catalana.

(*) Periodista

https://actualidad.rt.com/actualidad/253867-cinco-realidades-dificultan-independencia-cataluna

Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *

Lunes con todos los me­dios vol­cados en Cataluña y por­tadas que re­vientan en co­lores rojo y gualda tras un fin de se­mana de ten­sión eléc­trica que se fue di­si­pando para des­mentir a los ago­reros y dar paso a una tran­qui­lidad re­la­ti­va­mente re­la­jada con el con­tra­punto de Puigdemont, Junqueras y otros em­pe­ci­nados en su au­tismo, aunque se mul­ti­plican los aná­lisis sobre si tam­poco esta vez hubo de­cla­ra­ción de in­de­pen­dencia como blin­daje ju­di­cial pero que casa mal con el desafío. Expectación algo so­bre­ac­tuada en parte de la prensa in­ter­na­cional que pa­rece es­perar o desear un fo­llón. 

Mientras, en Washington tam­bién están los ner­vios a flor de piel, sobre todo en la Casa Blanca, ante la re­ve­la­ción este lunes de las impu­taciones pe­nales del fiscal es­pe­cial Robert Mueller sobre la co­ne­xión rusa, que po­drían llegar al círculo más ín­timo de Trump, in­cluidos fa­mi­liares suyos y hasta él mismo. Simultáneamente, un sondeo de The Wall Street Journal y la ca­dena NBC re­baja el res­paldo de Trump al 38%, el nivel más bajo de su pre­si­dencia y cinco puntos menos que hace un mes. El mismo diario fi­nan­ciero avanza que Jerome Powell, ac­tual go­ber­nador de la Reserva Federal, será nom­brado con toda pro­ba­bi­lidad nuevo pre­si­dente de la Fed para re­levar a Janet Yellen. 

HSBC ha anun­ciado este lunes unos be­ne­fi­cios brutos antes de im­puestos de 4.600 mi­llones de dó­lares en el tercer tri­mes­tre, cuatro veces más que hace uno año. 

TITULARES PRINCIPALES

La Vanguardia: PDECat y ERC asumen que de­berán con­cu­rrir al 21-D. Otro ti­tu­lar: La que­rella de la Fiscalía no pide la de­ten­ción de Puigdemont. Otro ti­tu­lar: El Gobierno opta por una pre­sencia no­toria pero no in­va­siva del Estado en Catalunya. Otro ti­tu­lar: Las firmas ca­ta­lanas del Ibex pierden 2.000 mi­llones en Bolsa desde el 1-O (Lalo Agustina). El Periódico: ‘¡Votarem!’ Cientos de miles de ca­ta­lanes mar­chan en BCN contra la DUI y por las ur­nas. Otro ti­tu­lar: El Gobierno inicia este lunes el des­em­barco en la Generalitat. 

Otro ti­tu­lar: Empieza la cam­paña del 21-D (Rafa Julve). El País: Los par­tidos se­ce­sio­nistas se in­clinan por ir a las elec­cio­nes. Otro ti­tu­lar: La banca entra en la crisis ca­ta­lana con el apoyo a la Constitución y 'la le­ga­lidad es­paño­la’. Capital Madrid: AEB y CECA res­paldan la de­fensa de la Constitución frente a la crisis ca­ta­lana. Otro ti­tu­lar: El Círculo de Empresarios res­palda las me­didas del Gobierno en la crisis ca­ta­lana. 

El Mundo: Encuesta Sigma Dos: El 58,3% de los ca­ta­lanes está en contra de la in­de­pen­den­cia, y sólo el 33,5% a favor (Daniel G. Sastre). Otro ti­tu­lar: Iglesias in­ter­viene la au­to­nomía de Podemos Cataluña por su acer­ca­miento a los in­de­pen­den­tistas (Álvaro Carvajal). El Confidencial: Un frente so­be­ra­nista di­vi­dido busca re­levo a Puigdemont para el 21-D (Marcos Lamelas). La Razón: Cs, PSC y PP ne­ce­si­ta­rían 300.000 votos más para vencer a los so­be­ra­nis­tas. Otro ti­tu­lar: Los Mossos no per­mi­tirán al ex Govern en­trar en sus des­pa­chos. 

Otro ti­tu­lar: La Fiscalía se que­re­llará contra Puigdemont y el Govern en la Audiencia Nacional y contra Forcadell y la Mesa en el Supremo. El Independiente: La DUI deja en el aire 30.000 puestos de fun­cio­na­rios y pagas ex­tras (David García-Maroto). Vozpopuli: El desafío in­de­pen­den­tista im­pac­tará a la eco­nomía de Cataluña y España. Otro ti­tu­lar: Sánchez y Rivera vetan la can­di­da­tura de unidad del PP. 

ECONOMÍA Y EMPRESAS

El Economista: La pen­sión sólo su­birá 2,3 euros en 2018 y pierde poder de com­pra. Otro ti­tu­lar: La in­de­pen­dencia dis­para un 30% las ventas de cava de fuera de Cataluña. Otro ti­tu­lar: REE debe jus­ti­ficar su sol­vencia en la CNMC para com­prar Hispasat. : Fomento res­cinde a Isolux tres obras del AVE tras de­clarar el con­curso. ABC: El Gobierno aho­rrará 2.000 mi­llones más en in­tereses de la deuda este año. Otro ti­tu­lar: La deuda pú­blica ce­rrará en el 98%. Expansión: Entrevista a Julio Gómez Pomar, se­cre­tario de Estado de Infraestructuras: 'Una guerra de opas sobre Abertis es po­si­ti­va'. 

Capital Madrid: Unesa, ante el reto de re­cu­perar poder con su nueva pre­si­denta: junto con la banca, fue el sector que más fuerza tuvo en los años no­venta, y Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa quieren re­lanzar el ‘lobby’ para se­guir siendo fuertes (Julián González). El Confidencial: Prisa pro­pone a Jaime Carvajal como pre­si­dente con el con­senso de la banca (Agustín Marco). Cinco Días: El pulso por el con­trol de Abertis se tras­lada al te­rreno de la banca. Otro ti­tu­lar: Metrovacesa se acer­cará a los 2.600 mi­llones de valor y apun­tará al Ibex. Vozpopuli: Abertis: Nadal toma el mando de la ofen­siva de Moncloa contra la OPA de Atlantia (Raúl Pozo). 

SECTOR FINANCIERO

Capital Madrid: El debut bur­sátil en rojo de Aedas pone en duda las pró­ximas sa­lidas a Bolsa: los in­ver­sores des­cuentan ya que el desafío se­ce­sio­nista en Cataluña abre un plazo largo de in­cer­ti­dum­bre, y el es­ce­nario en los mer­cados se com­plica tam­bién tras los úl­timos ‘profit war­ning’ (Quesada Vargas). Expansión: Santander se re­plantea todos los acuerdos y los ne­go­cios no es­tra­té­gicos he­re­dados de Popular (Nicolás M. Sarries). Vozpopuli: BBVA, Meliá, IAG: las co­ti­zadas no ca­ta­lanas que más su­fren en Bolsa la crisis ca­ta­lana (Alberto Ortín). El Periódico: Andorra pone en marcha su nuevo mo­delo ban­ca­rio. 

OPINIONES

Editorial en La Vanguardia: ‘Reparar el error: re­cons­truir’. Editorial en El Periódico: ‘Aires de cam­paña elec­to­ral'. Editorial en El País: ‘Nunca más: la so­ciedad civil ca­ta­lana re­cu­pera la voz, las ca­lles y las ins­ti­tu­cio­nes’. Pere Ríos en el mismo dia­rio: ‘La in­de­pen­dencia que sí se vo­tó'. Otro edi­to­rial: ‘El riesgo de la pre­ca­rie­dad'. Editorial en El Mundo: ‘Cataluña, con la de­mo­cracia y la Constitución’. José García Domínguez en el mismo dia­rio: ‘Delenda est Republiqueta’. Editorial en La Razón: ‘El sa­pa­ra­tismo no puede ga­nar’. 

Editorial en ABC: ‘La fuerza de la Cataluña plu­ral’. Otro edi­to­rial: ‘TV3, canal del in­de­pen­den­tis­mo’. Antonio Sánchez-Gijón en Capital Madrid: ‘La iz­quierda es­pañola, por fin, se pone al frente de la ma­ni­fes­ta­ción’. Nacho Cardero en El Confidencial: ‘Un exi­liado en Bélgica: Puigdemont se queda sin pre­si­den­cia, sin par­tido y sin pa­tria’. Miguel Alba en Vozpopuli: ‘Las 24 horas que tum­baron eco­nó­mi­ca­mente el ‘procés’. Jesús Cacho en el mismo me­dio: ‘Los ciu­da­danos de Cataluña tienen la pa­la­bra: ¡a por ello­s!’. 

(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2475 

C's pide al Gobierno que concrete las fechas para acometer la descontaminación de suelos en El Hondón de Cartagena

CARTAGENA.- Ciudadanos ha elevado al Congreso de los Diputados el proyecto de descontaminación de suelos en las parcelas de El Hondón (Cartagena) que ocupaban las viejas fábricas de fertilizantes. 

El diputado José Luis Martínez, vocal de la Comisión de Medio Ambiente, quiere conocer si el Gobierno tiene previsto acometer esta descontaminación siguiendo las últimas directrices marcadas por el Consejo de Seguridad Nuclear. 

“Hay elaborado un estudio bajo el manto de la Universidad Politécnica de Cartagena que destaca la presencia de pirita y fosfoyeso en esta zona. Según el Consejo de Seguridad Nuclear, sería necesario confinar la pirita y encapsular los fosfovesos para garantizar una adecuada descontaminación, y queremos saber si el Gobierno va a seguir estas directrices y sobre todo cuándo podrían iniciarse los trabajos”, ha señalado Martínez.

La pasada semana, el investigador responsable del grupo de investigación de Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos de la UPCT, Ángel Faz, expuso las conclusiones de sus trabajos sobre “Caracterización, diagnóstico y análisis de riesgos de los suelos, balsas y acopios en la parcela de El Hondón”, sobre los residuos existentes en la parcela que en su día ocuparon las fábricas de fertilizantes. 

El estudio determina que los residuos existentes en la zona son principalmente de pirita y fosfoyeso, un tipo de residuos cuya gestión queda bajo la tutela del Consejo de Seguridad Nuclear. Ahora, el anteproyecto de descontaminación deberá realizarse junto a la Dirección General de Medio Ambiente.

La Región de Murcia recibe más de 190.000 euros para proyectos municipales de gestión de residuos

MURCIA.- La Región de Murcia recibe ayudas por importe de 192.289 euros para la puesta en marcha de proyectos relacionados con el compostaje doméstico y la recogida separada de residuos orgánicos biodegradables y aceite doméstico, así como para la adaptación de puntos limpios y el sellado de vertederos. A estas ayudas hay que sumar la cuantía para actuaciones en las líneas 'PIMA Adapta Costas' y 'PIMA Adapta Ecosistemas' por valor de 285.277 euros.

Así se recoge en el informe hecho público por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, integrada por dicho órgano y los titulares de Medio Ambiente de las distintas comunidades, han acordado el reparto de las ayudas del Plan de Inversiones de Medio Ambiente (PIMA), que en el caso de la Región de Murcia suponen un total de cerca de medio millón de euros (477.566 euros).

El director general de Medio Ambiente, Juan Madrigal, explicó que "con esta nueva aportación, desde el Gobierno regional, y en coordinación con el resto de comunidades, continuaremos impulsando acciones de mejora del medio ambiente e integración de las políticas de calidad ambiental con las de lucha contra el cambio climático, para reducir así las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con ello los objetivos en el uso de energías renovables".

Madrigal detalló que "a esta nueva convocatoria habían concurrido diversos proyectos de ayuntamientos de la Región de Murcia que han sido aceptadas casi en su totalidad gracias a su calidad". De este modo, se han recogido dentro de la principal línea de trabajo, 'PIMA Residuos', algunas de las propuestas realizadas por los ayuntamientos de Alhama de Murcia, Alguazas, Molina de Segura, Mula, San Pedro del Pinatar y Cieza, para las que se ha dotado de una partida de 129.741 euros.

Además de estas iniciativas, la Conferencia Sectorial acordó la dotación presupuestaria a la Región de Murcia para trabajar en otras dos líneas de actuación: la puesta en marcha de proyectos relacionados con la adaptación de los puntos limpios y el sellado de vertederos.

El Ministerio ha acordado la concesión de un total de 15.625 euros para la adaptación de puntos limpios a la normativa vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), distribuidos en los municipios de Cieza, Molina de Segura y San Pedro del Pinatar, y de 46.923 euros para la adaptación de puntos limpios y el sellado de vertederos, para proyectos en Cieza, Jumilla, Puerto Lumbreras, San Javier y San Pedro.

La Consejería, añadió Madrigal, "coordinará la transferencia de las ayudas y colaborará en el seguimiento y desarrollo de algunas de las actuaciones como desarrollo de las medidas del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020, además de trabajar en diferentes campañas para continuar concienciando e implicando a la población en la necesidad de realizar la correcta separación, recogida y tratamiento de residuos".

Para el desarrollo de las actuaciones enmarcadas en la línea de trabajo 'PIMA Adapta Costas', la Región Murcia recibirá 189.737 euros. Su objetivo es la recopilación de información y bases de datos georreferenciadas de recursos, instalaciones, usos del territorio y actividades vulnerables al cambio climático en la costa. 

Se elaborarán nuevas herramientas para evaluar riesgos y ayudar en la toma de decisiones. Asimismo, se contempla la elaboración de planes de adaptación de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre adscritos a las comunidades para hacer frente a los posibles efectos adversos del cambio climático.

Por su parte, a través de la línea de trabajo 'PIMA Adapta Ecosistemas' también se trata de abordar el reto del cambio climático potenciando, en los bosques, pastizales y superficies agrícolas, las sinergias entre las siguientes acciones: medidas de adaptación y preparación de los ecosistemas ante los cambios en temperaturas y precipitaciones, haciéndolos menos vulnerables, y medidas para aumentar la retención de carbono por formaciones vegetales y el suelo. La partida destinada a la Región en este apartado asciende a un total de 95.540 euros.

Las exportaciones del sector regional del plástico aumentan un 16% durante los siete primeros meses del año

LORCA.- Las exportaciones del sector regional del plástico alcanzaron los 489 millones de euros durante los siete primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 16 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento confirma además la buena tendencia de un sector estratégico para la Región que da empleo en la actualidad a más de 2.500 trabajadores y cuyas ventas en los mercados internacionales han experimentado un aumento del 7,4 por ciento en los últimos cinco años hasta situarse el pasado año en 693 millones de euros.

El director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, destacó la buena marcha de este sector durante una visita a Coopbox, empresa especializada en el desarrollo de nuevas e innovadoras soluciones de 'packaging' y envasado.

"El plástico ha experimentado un importante desarrollo como sector auxiliar de otros ámbitos económicos con gran peso en la Región, como el agroalimentario o el del mueble y el calzado. Este crecimiento y consolidación, a su vez, ha permitido el desarrollo de un sector de materias primas y transformados plásticos basados en la innovación tecnológica, en la investigación y la ingeniería y en el empleo y desarrollo de nuevos materiales, que ha situado a la Región al nivel de los más avanzados competidores internacionales en ámbitos como la fabricación de embarcaciones, de cascos protectores para motos y bicis o de piezas y componentes tecnológicamente punteros para la industria de la automoción", señaló Joaquín Gómez.

En la actualidad, el sector cuenta en la Región con cerca de 175 empresas, lo que representa el 3,7 por ciento del total nacional. Estas 175 empresas de plástico y caucho aportan a la economía regional unos 550 millones de euros en valor de facturación, lo que supone a su vez el 4,5 por ciento de la producción industrial regional.

Durante la visita a Coopbox, el director de la agencia de desarrollo regional estuvo acompañado del director del Centro Tecnológico del Plástico y el Calzado, Rafael Losana, con quien analizó tanto las actuales líneas de investigación conjuntas como los nuevos proyectos de colaboración que contribuyan al desarrollo y a la creación de nuevos puestos de trabajo en este sector. 

El centro, integrado dentro de la red de Centros Tecnológicos de la Comunidad, está formado por más de 70 empresas y es una herramienta clave para el desarrollo de proyectos de I+D, control de calidad de productos y procesos o búsqueda de financiación.

En este sentido, Gómez recordó "el importante esfuerzo que está realizando el Gobierno regional, a través del Info, para incrementar la inversión en innovación en los dos últimos años". 

Así, por ejemplo, el Ejecutivo autonómico ha puesto a disposición de los empresarios regionales más de 35 millones de euros para financiar proyectos de innovación a través de varias líneas de ayudas como la convocatoria de I+D+i; el programa de Habilitadores 4.0 de la estrategia Murcia Industria 4.0 o el programa InfoFinancia.

En la actualidad, la Región de Murcia invierte en activos intangibles un 5,6 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), lo que la sitúa como la quinta comunidad autónoma que realiza un mayor esfuerzo inversor, solo superada por Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco.

Esta apuesta por la innovación y las inversiones en I+D+i están generando un relevante crecimiento industrial en la Región, cuyo índice de cifra de negocio alcanzó un 16,3 por ciento durante los siete primeros meses del año, situándose como la más alta de toda España. En ese periodo de tiempo, el índice de entrada de pedidos de la industria ha sido también, con un crecimiento del 16,5 por ciento, el que más ha aumentado de todas las comunidades autónomas.

Una de las empresas que se caracterizan por aplicar la investigación y las innovaciones a sus procesos y productos es Coopbox, que cuenta con 115 empleados y acaba de abrir una nueva línea de producción en su planta de Lorca. Esta empresa se integra a su vez en el grupo multinacional CCPL, líder en Europa en la oferta de soluciones completas de 'packaging' y a la vanguardia en el ámbito de la innovación de productos para el envasado de alimentos frescos.

Esta búsqueda constante de nuevas tecnologías, materiales y soluciones de envasado han llevado a la empresa a desarrollar gran variedad de productos, desde la bandeja básica de poliestireno expandido a soluciones drenantes con capacidad de absorber líquidos o bandejas más evolucionadas con barrera contra gases para el envasado en atmósferas modificadas.

Comienzan los trabajos para diseñar el Plan de Formación 2018 para empleados públicos de CARM y ayuntamientos

MURCIA.- La Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP) de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha comenzado los trabajos para diseñar el Plan de Formación 2018 que tiene como objetivo mejorar y actualizar las competencias de los funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos y ayuntamientos de la Región.

El director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego, explicó que "en los próximos días finalizaremos una serie de reuniones para recabar las necesidades formativas de los empleados y trabajar de forma conjunta en dicho plan".

Para realizar este proceso, se celebrarán en cada consejería y ayuntamientos encuentros con los responsables de formación y jefaturas de Policía Local para analizar el desarrollo del Plan de Formación 2017 y recabar las propuestas de cursos dirigidos al personal empleado público que configurarán la oferta de acciones formativas del Plan 2018.

Como novedad, de cara al Plan de Formación del próximo año, y con el fin de avanzar en procesos de transparencia y participación, los empleados públicos tienen a su disposición el catálogo inicial con los 300 cursos del Plan para que puedan realizar las propuestas oportunas. Además, para contribuir a la transferencia de la formación se ofrece la posibilidad de que las unidades administrativas puedan presentar proyectos de innovación orientados a añadir valor a la gestión pública.

Gallego destacó "el compromiso del Gobierno regional por mejorar la formación de los empleados públicos para ofrecer a los ciudadanos servicios de calidad", y resaltó "el buen trabajo y la vocación de servicio público de estos trabajadores".

Durante 2017 se celebran más de 300 acciones formativas, distribuidas en 11 áreas y en distintas modalidades de aprendizaje, para que alrededor de 8.000 empleados públicos de todas las administraciones públicas de la Región, especialmente de la autonómica y la local, puedan mejorar su formación.

El PP lamenta que el alcalde de Totana no se retracte sin ambigüedades y pida disculpas directas a la portavoz popular

TOTANA.- El PP lamenta que "el Sr. Alcalde de Totana todavía no se haya retractado de la expresión machista que dedicó a la portavoz municipal del PP, Isabel María Sánchez, ya que solo ha pedido unas disculpas ambiguas, vagas y muy genéricas sin ni siquiera nombrarla después del espectáculo que protagonizó al final del pleno del jueves. De su rueda de prensa se desprende poca convicción y sólo una escenificación para acallar las críticas", dice el PP en un comunicado.

"Desde el PP creemos que el Sr. Alcalde salió en rueda de prensa ante las presiones y críticas que sufrió desde la misma noche del pleno, pero las cuales sabían más a justificación por su propio Equipo de Gobierno, por la nota de prensa del PP y las redes sociales. Sus palabras tenían un doble lenguaje porque en ningún momento se dirige a la portavoz del PP pidiendo una disculpa sincera propia del cargo institucional que tiene y como representante de los hombres y mujeres de este pueblo. En el debate político no cabe todo y menos en una corporación con tantas mujeres como la de Totana.

El Pleno vivió el jueves uno de los momentos más desafortunados de la historia democrática reciente con una actitud intransigente, intolerante, dictatorial y nada dialogante, negando la intervención y el amparo a la portavoz popular que nos obligó a abandonar el pleno como gesto de protesta por el rodillo político y la humillación que sentimos.

Es muy triste que los medios regionales estén publicando noticias estos días que ponen al presidente de esta Corporación, que representa a miles de vecinos y vecinas de Totana, como una persona machista que acorraló con un refrán inapropiado a la concejala del PP de forma humillante y tercermundista. Es una mala imagen de nuestra Institución, de nuestro pueblo y Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde demostró su talante autoritario y poco democrático después del lamentable refrán negándole la palabra y tratándola mal, de una manera impropia del cargo que ostenta.

El Alcalde debe pedir perdón directamente y sin paños calientes a Isabel María Sánchez porque su ofensa es un ataque a todas las concejalas de la Corporación y a todas las mujeres de Totana y de la sociedad. Si no se pide perdón directamente, no a Isabel si no a todas las concejales, no es competente ni merecedor del cargo que tiene.

Reconocer un error es de valientes pero hacerlo con medias tintas es un acto de cobardía añadido al lamentable refrán machista y más después de haberse aprobado una moción contra la violencia de género".

El PP insta a las concejalas del Grupo Socialista a que exijan al Sr. Alcalde una rectificación clara y directa de sus palabras y pida disculpas "sin tiritas" a la persona de Isabel María "porque si no todas serán cómplices de sus palabras".

"Queremos agradecer las numerosas muestras de apoyo que hemos recibido desde el pleno por muchos vecinos y vecinas, concejales y concejalas, asociaciones, partidos políticos etc de Totana y de fuera".

Salud propone armonizar la normativa nacional que regula los establecimientos de tatuajes

MURCIA.- La Consejería de Sanidad ha propuesto armonizar la normativa nacional que regula los establecimientos de tatuajes y piercings para establecer los mismos contenidos en cuanto a autorizaciones, cursos para tatuadores y medidas de higiene.

El director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, expuso ante la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "la necesidad de realizar una comparativa de las legislaciones autonómicas sobre centros de tatuaje y piercings para homologar los requisitos de apertura, permisos y licencias, que actualmente se rigen por normas distintas con notables diferencias entre ellas".

En la actualidad, estos permisos se conceden por parte de ayuntamientos en algunas comunidades autónomas o por la Administración regional en otras, como es el caso de la Región de Murcia, y no son coincidentes en los requisitos para su apertura y uso.

Otra de las facetas pendientes de homogeneizar, explicó el director general, es el del control de las tintas que se emplean en estos centros. 

"En nuestro país sólo se permite el uso de las que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, lo que supone una mayor garantía para los usuarios", precisó.

El Decreto 17/2003, de 14 de marzo de 2003, regula las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos de tatuaje y de piercing de la Región de Murcia. En él se recogen las características generales que se exigen a los locales, normas generales de higiene y formación de los tatuadores, con el fin de proteger a quienes se someten a estas técnicas, ya que existe un riesgo potencial para la salud de transmisión de enfermedades a través de las heridas o pérdidas de revestimiento cutáneo.

El Decreto regula las características generales de las instalaciones, así como las garantías y responsabilidades, el equipamiento, instrumental y productos, además de las normas generales de higiene y seguridad y la formación de los aplicadores.

'Satse' denuncia riesgo jurídico para las enfermeras por la aplicación del protocolo regional para vacunar en colegios

MURCIA.- El Sindicato de Enfermería SATSE denuncia ante el consejero de Salud, Manuel Villegas, y el gerente del SMS, Asensio López, el riesgo legal que implica el protocolo regional para la administración de vacunas en los centros educativos en la inminente campaña sanitaria.

Dicho Protocolo autonómico recoge que son los profesionales de enfermería los que deben de ir a los colegios a vacunar a los niños pero sin la figura del médico que es el responsable de la prescripción. Esto se opone a lo señalado por el Real Decreto 954/2015 en vigor que tiene un rango superior.

El Real Decreto recoge también que los profesionales de enfermería no pueden realizar el Diagnóstico Diferencial entre Lipotimia y Anafilaxia porque, si bien están cualifiados para ello, se lo impide la actual regulación, al igual que actuar en el manejo de las reacciones vacunales en niños y adolescentes.

También se denuncia que el Protocolo de la Región de Murcia carece de validez ante el Real Decreto nacional ya que no está pasado por el Ministerio de Sanidad y validado como regula el propio RD 954/2015.

"Ante todo este atropello, SATSE aconseja a sus afiliados y a la enfermería murciana que no acudan a los colegios a vacunar si no van acompañados del personal médico requerido".

Para los representantes sindicales, la Administración no puede obligar a que los profesionales de enfermería incumplan la legislación vigente.

La CARM y 'Mapfre' acuerdan un plan para emplear como autónomos a parados

MURCIA.- La Comunidad Autónoma inició una colaboración en la Región de Murcia con la empresa aseguradora Mapfre para derivar desempleados inscritos en las oficinas del SEF a sus procesos de selección, de cara a una posterior formación e incorporación. De hecho, ya se celebró la primera sesión informativa en las dependencias de la empresa en Murcia, a la que asistieron 14 candidatos propuestos por el SEF.

El proceso de selección continúa abierto, y próximamente se celebrarán nuevas 'tandas' encaminadas a la selección de empleados. Por parte de los técnicos del SEF, se deriva a estas entrevistas de trabajo a demandantes de empleo que están interesados en el trabajo por cuenta propia, los cuales, en el caso de ser seleccionados, pasarán a desempeñar puestos relacionados con la venta de seguros.

Los seleccionados pasarán a ser responsables de nuevas oficinas de Mapfre, desde donde se fidelizarán y captarán nuevos clientes para ofrecerles sus servicios aseguradores y financieros. Una vez establecidas las nuevas oficinas, éstas podrán incrementar el potencial de empleo recurriendo a los servicios del SEF para buscar perfiles que, ya como empleadores, puedan necesitar. 

Fue la propia empresa la que se puso en contacto con responsables del SEF para la búsqueda de personas que hubieran declarado su interés en la opción laboral del autoempleo, así como para ofrecer difusión a esta demanda de trabajadores.

Los nuevos trabajadores podrán seguir en la empresa un plan de formación durante cuatro años, con el fin de adquirir las técnicas necesarias para convertirse en profesionales del sector. Durante este periodo dispondrán de una beca mensual, y una vez superada esa fase inicial, optarán a dirigir una oficina delegada de la empresa con una beca adicional y mensual durante otros cuatro años.

El director general del SEF, Alejandro Zamora, resaltó que «son cada vez más las empresas que confían en el SEF para filtrar candidatos porque contamos con personal especializado en esas labores de intermediación, y porque la derivación de candidatos se adapta minuciosamente a lo requerido por cada empresa».

Expertos del Comité Fitosanitario tratan el avance del 'ébola del olivo' y el estado del Mar Menor

MURCIA.- La situación por el avance de la plaga conocida como 'ébola del olivo' ('Xylella fastidiosa'), así como las prospecciones de plagas emergentes en la Unión Europea, fueron algunas de las cuestiones tratadas en la reunión del Comité Fitosanitario Nacional celebrado en Murcia, que estuvo presidida por el subdirector general de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, José María Cobos. En el encuentro participaron 23 representantes de las distintas administraciones.

Los expertos abordaron asuntos relacionados con los acuerdos sanitarios y el control en frontera, entre los que destaca las campañas específicas de exportación y las negociaciones en curso por parte del Ministerio para la apertura de mercados. Los participantes realizaron una visita técnica a explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y de la zona Arco Sur, donde pudieron conocer la problemática del Mar Menor. 

Además, mantuvieron una reunión con responsables de Proexport y visitaron la zona de La Palma, para conocer las actuaciones relativas al control de plagas y enfermedades de los cultivos denominados 'Baby leaf', que cuentan actualmente con una alta demanda por parte de los consumidores de productos vegetales de cuarta gama.

'Operación Mercader' / Joaquín García Cruz *

El tiempo lo cura todo, pero hay heridas que tardan en cicatrizar y otras que nunca sanan. También en política sucede. El desgarro que provocó en el PP la deserción de Alberto Garre es todavía una llaga purulenta de pronóstico difícil. Aún resuena en el alma de los populares el portazo que les dio su viejo camarada de los años duros en la oposición, el diputado que se jugó la soldada desacatando a su grupo parlamentario para proteger el Tajo-Segura y con aquel gesto de arrojo en el Congreso se ganó a los regantes. 

La carta a Mariano Rajoy en la que Alberto Garre se borraba del PP fue televisada en ‘prime time’ por todos los medios nacionales, que tenían el foco puesto sobre Murcia en aquellos días de marzo ante la certeza de que a Pedro Antonio Sánchez estaban a punto de darle las campanadas. Fue una misiva sin la menor concesión a la sutileza, hecha de hiel, en la que Garre acusaba a Rajoy de haber «sepultado bajo las alfombras las inmundicias de la corrupción política», y al PP regional le afeaba haber perdido 147.000 votos, 11 diputados y la mayoría absoluta en la Asamblea. Es pronto para olvidar aquel escarnio. Pero algo ha acontecido. 

La confirmación por Garre de que creará y liderará un partido político de corte regionalista preocupa y mucho al PP ante el escenario electoral novedoso de 2019, que propicia el acceso al Parlamento de formaciones minoritarias, y visto que los regantes (el colectivo social más querido de los populares) están tan cabreados con los gobiernos de Madrid y Murcia, por su incapacidad para sortear la sequía, como agradecidos a Garre por su hoja de servicios y sus contundentes mensajes trasvasistas. 

De ahí que se haya oído salir de la boca de dirigentes del PP, aunque vaporosa, una frase con aires de consigna: «Hay que hablar con Alberto». La misión de tantear al expresidente autonómico y tender puentes con él, ya sea para alcanzar un pacto de no agresión o incluso para neutralizarlo políticamente, no dimana del Comité Ejecutivo o de la Junta Directiva, ni consta como una resolución del partido, donde tampoco se ha debatido, y nadie del PP la reconoce en público. Tampoco se admite -oficialmente- desde la plataforma en la que Garre trabaja. La herida por el portazo de marzo sigue abierta en canal, y tanto el PP como el futuro partido de Garre están obligados a proclamar ante sus seguidores que saldrán a ganar en las urnas, en ningún caso a pactar. 

«Esto ya no hay quien lo pare»

Pero la misión está en marcha, y podría denominársela ‘Operación Mercader’ por su imaginaria similitud con la que la Unión Soviética encargó en 1940 al comunista español Ramón Mercader para deshacerse de León Trotski (al que mató), cuya heterodoxia marxista se percibía en Moscú como una amenaza para los intereses del Politburó. Esto de aquí es más prosaico, más de andar por casa, y se localiza en Torre Pacheco, muy lejos de Moscú. No pasará a la Historia. La ‘Operación Mercader’ hace referencia a Benito Mercader, exconsejero de Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Valcárcel, íntimo e hijo político de Garre, pachequero y cazador como él. 

Quizá la sospecha de que la ‘Operación Mercader’ ya está rulando tenga su origen en un aparte que ambos hicieron ante numerosos invitados a la boda de un amigo común, el 1 de julio pasado. El uno y el otro aseguran que no se han visto después. Sin embargo, los contactos (de los que, según la versión apócrifa circulante, habría participado también un influyente empresario), tienen toda la verosimilitud del mundo. Si Alberto Garre se presenta a los comicios, arañará diputados a un PP al que la fragmentación de la Asamblea podría dejar, incluso suponiendo que renovara su alianza ‘de facto’ con Ciudadanos, capitidisminuido y a merced de una mayoría alternativa deseosa de sacarlo del Gobierno a cualquier precio. 

«Hay que hablar con Alberto» no parece, por tanto, una consigna caprichosa. Ahí está el caso de Miguel Ángel Revilla, el de las anchoas, que se ha coaligado indistintamente con populares y socialistas, tanto monta, para auparse al poder de su comunidad autónoma con su minoritario Partido Regionalista de Cantabria (PRC). 

La encuesta de CSA Consultores que publica hoy ‘La Verdad’ arroja al respecto dos conclusiones a tener en cuenta. La primera es la que sitúa a Garre como el tercer político mejor valorado de Murcia, a solo una décima de Fernando López Miras, y con un nivel de conocimiento del 56,1%, únicamente tres décimas por debajo del presidente... y 13 puntos por encima de Miguel Sánchez, la cara visible de Ciudadanos. 

La segunda consideración guarda relación con la aceptación social de un nuevo partido de vocación regionalista. Cierto es que la mitad de la población consultada no ve que haga falta una formación de estas características, pero no debe ningunearse el reverso de la moneda: uno de cada tres encuestados juzga necesario un partido como el que Alberto Garre está amasando con sus colaboradores. 

De la proyección de tales datos sobre el censo electoral resulta un dividendo muy jugoso para un futuro partido regionalista, aun ponderando todas las precauciones propias de una encuesta de estas dimensiones. Si la ‘Operación Mercader’ no existe, algún día existirá, con este u otro apelativo, y se le dará carta de naturaleza. Al tiempo. 

De momento, la plataforma que impulsan Garre y el exconsejero popular José Gabriel Ruiz mantiene unos objetivos maximalistas y aparentemente más voluntariosos que realistas. De seis diputados para arriba, dice Garre, para un total de 45. Sería una buena cosecha, atendiendo al hecho de que Ciudadanos mantiene al Gobierno del PP cogido del cuello con solo cuatro diputados. 

Le pregunto al expresidente si a ratos flaquea en la penumbra, si a sus 65 años presenta síntomas de agotamiento, si cabría aventurar, en fin, que a última hora se apartará a un lado para no enfrentarse a sus excompañeros del PP en una campaña que podría devenir cruenta. 

«No», responde. Y asegura que pasan de 2.000 las personas que se han acercado a su proyecto, que 500 trabajan en las comisiones que cimentarán los futuros estatutos, que decanos y exdecanos figuran entre las incorporaciones más recientes... «Esto ya no hay quien lo pare», concluye.

Ya veremos. Puentes hay tendidos desde el PP, por si acaso, empezando por la ‘Operación Mercader’. ¿Y qué pasa con las heridas abiertas? Llegado el momento, bastará quizá con no echarles sal. 

(*) Columnista

http://www.laverdad.es/murcia/operacion-mercader-20171029074549-nt.html