MURCIA.- La Inspección de Trabajo ha conseguido este año que 5.648 contratos temporales de los 27.158 que han sido fiscalizados pasen a ser indefinidos, lo que supone que han sido reconvertidos en fijos el 20,7 por ciento del total, según los datos aportados por el director territorial, Diego Martínez Rafecas, a la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo, que coordina las actuaciones entre la Comunidad y la Administración central.
Además, 2.417 trabajadores han salido de la economía sumergida y han
sido dados de alta en la Seguridad Social de forma reglada.
La
Inspección de Trabajo depende directamente del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, pero también realiza campañas de
inspección a instancias de la Comunidad Autónoma, que tiene competencias
en material laboral.
El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas,
ha presidido esta mañana la Comisión Operativa Autonómica de la
Inspección de Trabajo, que ha planificado la actuación inspectora de
cara a 2020.
Además, la
comisión ha hecho balance de las principales cifras de la Inspección
durante 2019, que reflejan sanciones por valor de 5,6 millones de euros
(1,7 en materia de contratos y 3,9 por irregularidades relacionadas con
la prevención de riesgos laborales).
Por
lo que respecta a la economía irregular, las inspecciones han permitido
que 2.417 trabajadores pasen a estar incluidos de manera reglada dentro
del sistema. En esta cifra se engloban las 745 actas de infracción por
falta de afiliación de otros tantos trabajadores; las 1.166 altas en las
Seguridad Social de trabajadores no registrados en el sistema; el
afloramiento de 260 empleos irregulares; los 149 trabajadores
extranjeros que prestaban servicios sin permiso de trabajo, y la
detección de 97 perceptores de prestaciones incompatibles con el trabajo
por cuenta ajena.
Así, la tasa
de eficacia en economía irregular, es decir, el número de
irregularidades por cada cien visitas realizadas, se ha situado en el
28,1 por ciento, ligeramente inferior al año anterior. Por sectores, los
más significativos por tasa de eficacia son la construcción (28,1 por
ciento), la hostelería (24,4 por ciento) y la agricultura (23 por
ciento).
Motas subrayó que
"la conversión de contratos temporales en indefinidos beneficia a
trabajadores con nombres y apellidos que hoy cuentan con un empleo más
estable y completamente adaptado a la legalidad".
Asimismo, destacó que
"ha descendido notablemente la proporción de esos contratos temporales
modificados tras la inspección, y eso es sinónimo de más rigor por parte
de los empresarios".
Así, la
cifra de contratos temporales que en 2018 pasaron a indefinidos una vez
examinados fue del 50,3 por ciento, es decir, 30 puntos más.
El
pasado año se inspeccionaron 22.575 contratos y 11.363 se convirtieron
en indefinidos, mientras que en 2019 ha caído significativamente el
volumen de contratos temporales que presentaban irregularidades.
En
total, en materia de contratos se han detectado este año 673
infracciones, se propusieron sanciones por valor de 1,7 millones de
euros y se formularon 585 requerimientos.
La
mayoría de infracciones (el 32,6 por ciento) se debía a incumplimiento
de la normativa sobre contratos de trabajo, mientras que otras causas
fueron la superación del tiempo de trabajo y de horas extraordinarias
(el 30,6 por ciento); el impago o retraso de pago de salarios (el 18,7
por ciento), o la cesión ilegal de trabajadores (6 por ciento).
De
acuerdo con la planificación acordada con la Consejería, la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de la Región de Murcia ha hecho que de un
total de 928 contratos parciales analizados este año, 483 vieran
modificado su porcentaje de parcialidad (el 52 por ciento). Igualmente,
se han revisado 161 contratos de formación y aprendizaje y se han
apreciado 22 infracciones (13,6 por ciento).
En
cuanto al área de la prevención de riesgos laborales, se detectaron
1.325 infracciones, con sanciones de 3,9 millones de euros. De ellas, la
mayoría se correspondían con evaluaciones de riesgos deficientes,
seguidas de las relacionadas con la formación, las referentes a máquinas
y equipos de trabajo, las de vigilancia de la salud laboral y,
finalmente, las vinculadas a las condiciones de seguridad del centro de
trabajo. Igualmente, se investigaron un total de 329 accidentes de
trabajo (138 graves y mortales y 191 leves).
Finalmente,
este año se han practicado expedientes de liquidación a la Seguridad
Social por valor de 29,6 millones de euros, de los que 6,5 fueron
recaudaciones inducidas, es decir, dinero realmente ingresado en las
arcas de la Seguridad Social. En este campo se detectaron infracciones
como la compatibilización inadecuada de las prestaciones de incapacidad,
maternidad o jubilación con el trabajo por cuenta ajena
