La UCO investiga el origen y el reparto del dinero que movían Zaplana y los Cotino desde hace 20 años

MADRID.- Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizan, tras la explosión de la operación Erial, el supuesto cobro de comisiones del exministro Eduardo Zaplana desde hace más de dos décadas: Según la tesis de los investigadores, el exministro cobró en el extranjero importantes cantidades de dinero por concesiones públicas que dependían de la Generalitat Valenciana y que se remontan en algunos casos hasta 1997. Después, Zaplana habría repatriado fondos de forma paulatina para introducirlos en España, en un procedimiento que se intensificó en los últimos años y en el que los investigadores colocan como pieza fundamental a su exjefe de Gabinete, Juan Francisco García Gómez, que tras abandonar la política ejercía como abogado en Barcelona. 

Tal y como adelantó El Español la investigación arrancó gracias al documento de un ciudadano sirio incautado a Marcos Benavent, más conocido como el yonki del dinero.

En un segundo escalón a la hora de mover el dinero ya en España, los agentes colocan a otra persona de confianza del exministro, llamada Joaquín Barceló Llorens. La trayectoria política de Barceló ha estado unida a la de Zaplana desde que el segundo fue alcalde de Benidorm en 1991. 

Tras pasar por varios cargos en la Generalitat, los agentes consideran que su relación se extendió cuando Barceló dejó la política para levantar un importante patrimonio inmobiliario en España, dependiente de una madeja de sociedades como Costera del Globo SL o Desarrollos Integrales SL. 

Los agentes de la UCO trabajan con la tesis de que Barceló sirvió de testaferro a Zaplana para colocar el dinero ilegal en España y que parte de esas compras inmobiliarias pertenecen en realidad al exministro popular.

A este respecto, los agentes analiza además la compra de un piso en la zona centro de Madrid que se compró sin necesidad de hipoteca. Sin embargo, según ha podido saber El Español, la operación fue posible ya que con anterioridad, Zaplana se había desprendido de un inmueble de mayor valor en el Paseo de la Castellana de la capital.

En total y como resultado de las investigaciones, que arrancaron en 2015 pero que se intensificaron hace ahora año y medio, la Guardia Civil sospecha que Zaplana pudo mover una cantidad ligeramente superior a los 10 millones de euros. 

La clave de la investigación ahora es determinar tanto la cantidad de ese dinero que corresponde realmente al expresidente valenciano, ya que se ha movido a nombre de terceros, y si procede de comisiones cobradas por la concesión de contratos públicos cuando Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana. 

Por eso, el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia le investiga por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Fuentes próximas a la investigación consideran que parte de ese dinero habría permanecido oculto en cuentas extranjeras -paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay- hasta fechas recientes, cuando habría empezado a recuperarlo a través de pequeñas partidas. El dinero pasó por otros paraísos fiscales más tradicionales como Luxemburgo. Desde ahí daba el salto definitivo a España. 

Según ha sabido El Español, los investigadores señalan al ex director general de Turismo de la Generalitat Joaquín Barceló y a su mujer Felisa López como los creadores del entramado societario encargado de la repatriación del dinero.

Además, los agentes investigan también la estructura empresarial de los hermanos José y Vicente Cotino, sobrinos del exdirector de la Policía y exvicepresidente autonómico Juan Cotino. Y lo hacen con una doble función: por un lado buscan presuntos pagos al entorno del expresidente valenciano y por otro, investigan si parte de su entramado empresarial o de sus inversiones dentro y fuera de España pudieron servir para ocultar patrimonio de Eduardo Zaplana.

Algo similar sucede con las operaciones emprendidas por el despacho de Juan Francisco García Gómez. Queda por clarificar qué parte de esas operaciones pertenecía directamente al expresidente autonómico o si parte de ese dinero eran en realidad de otros clientes. Para eso, serán determinante la información obtenida de las escuchas telefónicas, que colocaría a Zaplana al frente de movimientos financieros e inversiones emprendidas formalmente por terceros. 

En esta parte de la investigación, la jueza Isabel Rodríguez ha citado también como investigadas al exdirector de la Policía y exconseller Juan Cotino y la mujer de Zaplana, Rosa Barceló.  La secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez, quedó puesta en libertad sin cargos tras declarar durante la noche del martes.

Tres años de investigación

Según ha podido confirmar El Español, la llamada operación Erial arrancó formalmente en 2015 y se centran en dos operaciones principales: las concesiones del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad Valenciana, firmadas en 1997, y las concesiones del Plan Eólico de la Comunidad en 2001. Según ha sabido El Español, los agentes señalan a Juan Francisco García, jefe del gabinete de Zaplana cuando era presidente valenciano, como presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones investigadas.

Sin embargo, fue hace año y medio cuando la investigación se intensificó gracias al resultado de las intervenciones telefónicas, que colocaban a Zaplana como conocedor y coordinador de operaciones financieras concretas. A partir de ese momento, la red de relaciones comenzó a crecer hasta pasar por varios paraísos fiscales. Este martes, la operación estalló a primera hora de la mañana cuando el expresidente autonómico salía de su casa para subir en su coche.

A la misma hora y de forma coordinada, eran detenidos en distintos puntos de España el exdirector de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens y su mujer, Felisa López; el que fuera jefe de gabinete de Zaplana y presidente del club de baloncesto Estudiantes, Juan Francisco García; también los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos de Juan Cotino. El listado se completa con el economista Francisco Grau Jornet.

Este último adquiere una relevancia destacada en el tapete de los investigadores. Se trata de un especialista financiero al servicio de Eduardo Zaplana. También es un hombre de confianza del exministro de Trabajo. Grau fue secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde 1998 hasta 2007. Su actividad empresarial más reciente está vinculada a la de Zaplana.

Para comprender ese lazo hay que reconstruir los pasos que siguió el ex dirigente popular cuando dejó la política. En 2008, Zaplana asumió el cargo de delegado para Europa de Telefónica. Al mismo tiempo, el ex diputado puso en marcha la consultora Decuria Consulting. Desde su creación, la consultoría ha acumulado una facturación superior a las dos millones de euros.

Desde entonces, Francisco Grau Jornet, hombre de confianza de Zaplana, ha sido el máximo responsable financiero de Decuria Consulting.

La adjudicación de las ITV y el plan eólico

La operación más antigua investigada se remonta a 1997, año en el que se adjudican las concesiones de la ITV en la Comunidad Valenciana. El Gobierno presidido por Eduardo Zaplana gestionó la privatización del servicio. El jefe del Gabinete, Juan Francisco García -detenido este martes- trazó las líneas generales del proyecto. En total se vendió una veintena de instalaciones por un montante próximo a los 37 millones de euros. La familia del empresario Vicente Cotino Escrivá recibió parte de las adjudicaciones.

Los escritos judiciales de la operación Erial ponen el foco además sobre otra operación de envergadura en la Comunidad Valenciana presidida por Eduardo Zaplana. En 2002 se programó la adjudicación del Plan Eólico valenciano, un megaproyecto dotado de 450 millones de euros para obtener energías renovables en siete grandes parques. Vicente Cotino, propietario de la empresa Sedesa, adquirió el 25% de los derechos de la VI zona, que entró en funcionamiento a partir de 2006.

Vicente Cotino es sobrino del exdirector general de la Policía y exconseller Juan Cotino. También empresario de confianza de Zaplana. Detenido este martes en el marco de la operación Erial, su nombre también está relacionado con la financiación irregular del PP valenciano. Él mismo admitió en dependencias de la Audiencia Nacional que fue uno de los empresarios que financió al partido a través de la empresa de Correa, Orange Market. Por ese caso, la Fiscalía le pide -junto a otros ocho empresarios que reconocieron actuaciones similares- el pago de una multa superior a un millón de euros.

Documentación en la Consellería

Los agentes de la UCO se presentaron este martes en la Conselleria de Economía valenciana para recabar información sobre las concesiones de la ITV y del Plan Eólico. Concretamente, solicitaron documentación relacionada con las adjudicaciones a las empresas relacionadas con Vicente Cotino y su hermano José.

Todos los movimientos financieros habrían engrosado unas cuentas en paraísos fiscales caribeños, en Panamá y Uruguay de las que Zaplana podría haber sido el principal beneficiario. Más de diez millones de euros que el exministro habría ido introduciendo en España, según las primeras pesquisas de la UCO, en pequeñas cantidades para no llamar la atención de las autoridades.

Los investigadores colocan a Zaplana en el centro de esa presunta trama que salpica a su círculo de máxima confianza.

Zaplana ocultó un imperio inmobiliario con la red societaria de un matrimonio amigo

MADRID.- Eduardo Zaplana habría recurrido a un alto cargo de los gobiernos de la Comunidad Valenciana que él mismo presidió para ocultar parte de un imperio inmobiliario financiado con dinero de comisiones ilegales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha conseguido identificar esas propiedades, que estaban a nombre de terceras personas y mercantiles, para ponerlas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, responsable de la llamada operación Erial.

En esa maquinaria de ocultación, que habría permanecido engrasada durante más de dos décadas, jugó presuntamente un papel fundamental un amigo de la infancia del exdirigente del PP al que este promocionó de forma insistente para puestos clave de la Administración. Se trata de Joaquín Barceló Llorens, que compartía con Zaplana hasta una peña de las fiestas de Benidorm, la ciudad en que ambos crecieron. Agentes de la UCO detuvieron a Barceló este martes junto a su mujer, Felisa López González, por su presunta implicación en la trama de blanqueo de capitales del exministro de Trabajo.

Barceló fue la mano derecha de Zaplana en la sombra. Primero, el político situó a su amigo al frente del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm cuando aún era alcalde de ese municipio (1991-1994). Después, al llegar a la presidencia de la Generalitat en 1995, confió de nuevo en Barceló para hacerse cargo de la dirección general de la Consejería de Turismo, un puesto que le permitió controlar todos los centros turísticos de la comunidad. 

Y por último, en 2003, el entonces titular de la cartera de Trabajo (2002-2004) volvió a intervenir para que su estrecho colaborador entrara en el consejo de administración del parque temático Terra Mítica como responsable de Relaciones Institucionales. Se mantuvo en el cargo hasta 2016.

Los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han acreditado tras más de dos años de investigaciones que, en paralelo a la carrera política del que llegó a ser portavoz del PP en el Congreso, Barceló y su mujer habrían constituido una decena de sociedades dedicadas a la promoción y alquiler de viviendas que posteriormente fueron instrumentalizadas por el propio Zaplana para blanquear parte de los 10,5 millones de euros que llegó a esconder en un estructura offshore con ramificaciones en Uruguay, Panamá, Reino Unido, Luxemburgo y Andorra.

Se trataría de un patrimonio distinto al que oficialmente poseían el exministro y su mujer Rosa Barceló, también investigada, aunque el dinero fluía entre esas dos esferas. Uno de esos movimientos fue precisamente el que hizo saltar las alarmas de forma definitiva. Zaplana se compró hace solo dos meses un piso de 270 metros en pleno barrio de Chamberí de Madrid sin necesidad de recurrir a financiación bancaria, como reveló El Confidencial este martes. El inmueble estaba valorado en unos dos millones de euros.

Un patrimonio de 7,4 millones

En el afloramiento de los fondos habrían intervenido las empresas inmobiliarias de Barceló y su esposa. La más antigua de las que siguen en activo es Costera del Glorio SL, controlada por Barceló desde 1999, cuando Zaplana ya llevaba cuatro años instalado en el Palau de la Generalitat Valenciana. El objeto social de la firma es el alquiler de bienes inmobiliarios. Tiene un patrimonio en viviendas y locales superior a los 1,9 millones de euros. 

Destaca un edificio entero de apartamentos en el número 13 de la calle Pescadores, de Benidorm, a solo 50 metros de la arena de la playa de Poniente. Felisa López también figura como administradora.

Otra mercantil bajo investigación es Gesdesarrollos Integrales SL, creada en 2006. En ese momento, Zaplana era el portavoz del PP de Mariano Rajoy en la Cámara Baja. Gesdesarrollos se centra en la promoción inmobiliaria y a fecha del pasado 31 de diciembre tenía en propiedad terrenos tasados en 2.056.870 euros. Barceló es su administrador único desde el primer año de funcionamiento de la empresa. Una tercera compañía suya, Medlevante SL, fue constituida un año antes. 

En 2014 tenía activos de 3,1 millones de euros. Y una cuarta, que lleva su apellido y el de su mujer y en la que participan ambos, Barceló López SL, controla un chalé en Polop y dos apartamentos en Villajoyosa “destinados a arrendamientos” que suman otros 430.000 euros. En total, solo esas cuatro sociedades agrupan bienes por importe de 7,4 millones de euros.

Los movimientos societarios del matrimonio habrían continuado en fechas más recientes. En 2012, Barceló desembarcó en otra promotora inmobiliaria, Gavina del Arsenal SL. Y en enero de 2017, su mujer se convirtió en administradora única de Volp Accesories & Others, una empresa dedicada al “comercio al por menor por correspondencia o internet” que había echado a andar un año antes.

En esa maraña de sociedades se escondería parte de las comisiones ilegales que presuntamente recibió Zaplana por amañar la adjudicación de concesiones para levantar parques eólicos y construir centros de inspección técnica de vehículos (ITV). 

Entre los empresarios más beneficiados por esas licitaciones irregulares se encontrarían los también detenidos este martes Vicente y José Cotino, propietarios de Sedesa y sobrinos del exvicepresidente valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino, que no fue arrestado pero será citado para declarar en las próximas horas en calidad de investigado.

El abogado uruguayo

Zaplana habría desviado posteriormente el dinero de las comisiones a Uruguay para dificultar su detección. Según han confirmado fuentes cercanas al caso, en ese país habría contado con el asesoramiento del abogado Fernando Belhot, director del bufete con sede en Montevideo South Capital Partners, especialista en la creación de entramados 'offshore' como el que habría utilizado el presunto cerebro del caso Erial. El nombre de Belhot aparece en la investigación de los papeles de Panamá.

La UCO ya se había topado con el letrado en el caso Lezo. En el trancurso de esas pesquisas, los agentes detectaron conversaciones en las que Zaplana se coordinaba con Belhot para tratar de cerrar un acuerdo comercial a tres bandas con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Finalmente, en febrero de 2017, los tres pactaron la compra de la licencia para España y Portugal de un producto químico para el tratamiento de aguas fabricado por la marca alemana Shieer. 

De los diálogos intervenidos, se desprendía que ese negocio podía ser una excusa, según el primer auto de imputación de González, para el “afloramiento de capital de origen ilícito”. “Las diligencias realizadas han revelado los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión”, apuntó el entonces instructor de la causa, el juez Eloy Velasco.

En otra conversación de Lezo, “Ignacio González proponía a Eduardo Zaplana montar una estructura financiera a través del abogado uruguayo —valorando positivamente que trabaja en jurisdicciones como Holanda, Estados Unidos o Uruguay— 'para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo...”. 

Según Velasco, “el hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.

La operación Erial ha desplazado el foco de esos diálogos hacia Zaplana. En conversación con este diario tras estallar Lezo, el abogado uruguayo admitió que conocía al exministro desde hacía años y que fue él quien le presentó a González. Belhot llegó incluso a abrir una oficina en Madrid en febrero de 2016 para avanzar en esas operaciones comerciales.

La lista de detenidos este martes la completan el antiguo jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García Gómez, y su asesor fiscal, Francisco Grau, que fue secretario del consejo de administración de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Asimismo, en los próximas días tendrán que prestar declaración en calidad de investigados otras siete personas. Entre ellas, además de la mujer de Zaplana y Juan Cotino, se encuentra su secretaria personal, Mitsouko Henríquez Alcántara.

Podemos propondrá «blindar» el servicio de Cercanías ante la llegada del AVE

MURCIA.- Dirigentes de Podemos en la Región de Murcia han demandado una mejora integral de los trenes de cercanías, ya que han caído en el «olvido» de los sucesivos gobiernos a costa del empeño en traer el «AVE del todo a 100».

Así lo expresó en una rueda de prensa el secretario general y portavoz de Grupo Parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, y el diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, que han comparecido en Santiago el Mayor, en la zona del paso a nivel, para denunciar precisamente la situación en la que se encuentran los trenes de Cercanías, demandando precisamente que «vuelvan a estar en la agenda pública, porque la Comunidad lo ha tratado como objetos volantes no identificados».

También intervinieron los concejales Pilar Marcos de Cartagena Si Se Puede, Angeles Micol de Ahora Murcia, Arcadio Martínez de Cambiemos Alcantarilla y Carlos Bern de Cambiemos Orihuela, dando su apoyo todos ellos a la manifestación que se realizará el miércoles, 30 de mayo, por la situación de los Cercanías.

Urralburu afirmó que «la llegada del AVE a Murcia no puede hacerse en detrimento de la red de trenes de cercanías que da servicio a más de cuatro millones de viajeros anuales» y añadió que para Podemos «es fundamental ponernos en la piel de los vecinos y vecinas, que en la orilla de la vía de Santiago el Mayor, verán como su vida cotidiana va a cambiar de forma radical, quedando aislados por un desorden y el empeño del PP de traer el AVE por encima de la gente».

En esta línea, Urralburu criticó ese «empeño en cortar la cinta antes de 2019» por traer la Alta Velocidad a Murcia, «que no superará los 100 kilómetros». Y es que, denunció, «son demasiados años mintiendo, no puede quedar clara cuál será la inversión total del soterramiento en Murcia, ni las fases, ni cuándo se levantará el muro».

Según Urralburu, «hay que ver la implicación sobre la articulación de la circulación ferroviaria en Murcia y el impacto que tendrá sobre los trenes de Cercanías, que tienen más de 35 años de antigüedad en Murcia». Por ello, «cansados de las mentiras del PP», Urralburu anunció que su partido llevará a cabo una iniciativa en la Asamblea Regional «para proteger el servicio de cercanías en toda la Región y su conexión con Alicante, para preservar el derecho de la gente a tener un tren digno».

Precisamente, según Pedreño «se han excluido los derechos de más de 3,5 millones de pasajeros». Como consecuencia de cómo se encuentran los Cercanías, advirtió de la pérdida de más de un millón de pasajeros. 

Y es que, manifestó, «con lo que cuesta un kilómetro de AVE, 6 millones de euros, se hubiera podido electrificar los 200 kilómetros de la red de cercanías en Murcia y no estaría dando los problemas que da día a día».

«Los gobiernos regionales no han hecho nada y han estado cegados por el sol intenso de la llegada del AVE a Murcia», manifestó Pedreño, quien dejó claro que el AVE «traerá más problemas para la red de Cercanías».

En concreto, subrayó que entre 2020 y 2023 «se paralizará a la altura de Albatera la circulación de cercanías por ser incompatibles a las actuales máquinas por el ancho internacional por el que circulará el AVE, de manera que conforme avance la Alta Velocidad se endurecerán los problemas».

Para ello, Podemos registrará este jueves en la Asamblea Regional y también en el Congreso una moción para el 'Plan de modernización y protección de la línea de Cercanías'. Esta incluirá la petición de solicitar la electrificación de la vía entre Alicante y Murcia, potenciar la intermodalidad entre los trenes y los distintos transportes públicos, aumentar las frecuencias en la línea de cercanías Murcia-Cartagena, así como abrir una línea desde Murcia a Cieza. 

Igualmente, apoyará la manifestación del 30 de mayo, todo ello con el objetivo de que «no se altere el funcionamiento normal de los cercanías».

La solución pasa por dos opciones según Pedreño: o se desdoblan las vías o si lo que se pretende es que los Cercanías circulen por el ancho internacional, «se fabriquen nuevas series, pero habría que empezar ya porque requiere de dos o tres años».

Desde Ahora Murcia, Angeles Micol lamentó que «estén desmantelando la red de cercanías por no esperar un tiempo». Y es que, comentó, «se asiste al cierre del paso a nivel de la Senda de los Garres sin previsión ni plan de movilidad». 

Por ello, considera que «es un auténtico desastre y mientras tanto el alcalde de Murcia, José Ballesta, está desaparecido».

Pilar Marcos, de Cartagena Si se Puede, criticó que los trenes que llegan a Cartagena «son del siglo XIX y llegan con cuentagotas». A su juicio, «se si mejoraran los trenes de Cercanías se mejoraría la calidad del aire», tras lo que recordó que la ciudad portuaria cuenta con tres pasos a nivel «muy peligroso».

Mientras que Arcadio Martínez, de Cambiemos Alcantarilla, reprobó que se tenga que sacar de la localidad «el único apeadero que hay», y demandó «trenes accesibles para todos». Asimismo, exigió que «se electrifique la línea de Cercanías y no quede aislada por la llegada del AVE».

Por su parte, Carlos Bern, de Cambiemos Orihuela, considera fundamental que «haya alianzas en las dos comunidades, porque ambas son víctimas», tras lo que ha llamado la atención sobre las condiciones en la que se encuentran los trenes, «con goteras, vagones que son un hervidero en verano y que sufren retrasos».

Un catedrático emérito y perito de la defensa de Cámara no ve prevaricación en 'Nueva Condomina'

MURCIA.- Un catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Ramón Fernández, declaró como perito, en el juicio que se sigue contra el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y dos exaltos cargos municipales por el 'caso Nueva Condomina', que el convenio urbanístico que dio origen a estas diligencias no es, ni subjetiva, ni objetivamente, constitutivo de prevaricación alguna.

Fernández, que ha elaborado el informe pericial a propuesta de la defensa de Cámara, sostuvo que no vio en el texto del convenio nada que le llamara la atención y que el mismo se ajustaba a la legalidad.

El dictamen concluye que una resolución, para que sea prevaricadora, necesita como condición 'sine qua non' que sea contraria a Derecho, algo que no ocurre en este caso.

Durante el interrogatorio, el perito expuso que el Ayuntamiento de Murcia recibió, solo con el estadio Nueva Condomina, mucho más de lo que le habría correspondido en aplicación de la cesión de los aprovechamientos urbanísticos. 

Y añadió que a lo largo de su práctica profesional en otras ciudades españolas se encontró con que esa cesión consistía en la entrega de polideportivos, un puente u otra obra similar, «pero nunca un estadio de esas dimensiones y de su valor».

La intervención de este perito fue impugnada por el fiscal Juan Pablo Lozano al señalar que el mismo se pronunciaba sobre aspectos jurídicos, lo que debía quedar reservado para la magistrada. 

Sin embargo, esta replicó que se trataba de una prueba aceptada en su día, por lo que debía practicarse con independencia de la valoración que haga de la misma al redactar la sentencia.

La sesión se inició con la declaración por videoconferencia de otro perito, el arquitecto murciano Mariano de la Villa, quien descalificó la valoración de los terrenos del convenio que efectuó una empresa tasadora por encargo del PSOE, quien actúa como acusación particular.

Para De la Villa, ese informe de parte, que valora los terrenos muy por encima del precio asignado por el Ayuntamiento, no puede ser tenido en cuenta porque, en su opinión, los cálculos no son correctos.

Bankia concede 258 solicitudes de salida de la empresa a través de un ERE en la Región

MURCIA.- Bankia ha concedido 258 solicitudes de salida de empleados de la empresa bancaria en la Región, según difundió este miércoles UGT, tras la reunión de la comisión de seguimiento celebrada ayer con la entidad.

En abril, ya salieron en España los 1.180 primeros trabajadores afectados por el ERE, que en total, incluye a 2.000 personas y hasta el mes de junio están previstas otras 455 salidas, y ya hasta finales de año, las 365 restantes.

En la Región de Murcia hay previstas 278 personas afectadas por el ERE, de las que la entidad bancaria ha recibido 264 solicitudes y no ha atendido a seis.

Asimismo hay un total de 52 movimientos de salida de empleados de Bankia de la Región de Murcia a otras provincias y 21 trabajadores que entrarán en la comunidad procedentes del resto de autonomías, mientras que a diez personas se les ha denegado salir de la Región aún cuando lo habían solicitado.

UGT insistió ayer en pedir el detalle completo y pormenorizado de la ejecución del ERE y en especial las solicitudes de movilidad aceptadas y denegadas con el motivo de la denegación.

PSOE y 'Cambiemos Murcia' afirman que el PP «sigue tratando» La Paz como «un negocio para especular»

MURCIA.- El concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Ayuso y el portavoz de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, han asegurado este miércoles en una rueda de prensa conjunta que el Partido Popular «sigue tratando» el Polígono de La Paz, en el que residen 5.000 personas, como «un negocio para especular«, y han criticado que el alcalde, José Ballesta, »no haya puesto un pie« en este barrio en los tres años que lleva al frente de la Corporación.

Ambos ediles han explicado en rueda de prensa que el Plan de Intervención Social Integral de La Paz, aprobado el pasado viernes en Junta de Gobierno, no incluye «ni un periodo de actuación, ni un solo plazo temporal de ejecución, ni un compromiso económico», lo que demuestra que el PP «no quiere resolver los problemas» del barrio, sino que estos «sigan creciendo» para facilitar «los negocios de especuladores» en esta zona céntrica del municipio.

Respecto al presupuesto del Plan, han informado de que la Junta de Gobierno no aprobó ningún presupuesto para el proyecto, y que los 100.000 euros anunciados en un medio de comunicación es una cifra «irrisoria» fruto de una «decisión política» del equipo de Gobierno, que prefiere destinar el dinero a actuaciones como la peatonalización del paseo Alfonso X, que tendrá un coste de unos cinco millones de euros; el paseo fluvial, que supondrá un desembolso de 3,5 millones, o el proyecto ADN Urbano en Santa Eulalia.

«Está claro que para el PP hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y vecinos y vecinas de categorías inferiores, como es el caso de las de La Paz», han sostenido Ayuso y Tornel, quienes han denunciado así la situación de «agravio comparativo» que sufren los residentes en este barrio desde hace muchos años con respecto a otras zonas urbanas, a pesar de las necesidades urbanísticas y sociales que presenta.

Ayuso y Tornel han insistido en que los trabajadores sociales que desempeñan su labor en La Paz «apenas tienen recursos» y no pueden atender las necesidades de la población. «El colegio Nuestra Señora de La Paz requiere de una atención específica; es necesario transformarlo en CEIBas (Colegio de Educación Infantil y Básica) para que los niños puedan iniciar en ese centro la ESO y evitar así el abandono escolar que se produce de forma generalizada».

En relación a la vivienda, los concejales han llamado la atención sobre el hecho de que en años posteriores el Ayuntamiento no ha solicitado ayudas por parte de la Comunidad Autónoma para rehabilitar viviendas, con la «clara intención» de que la situación habitacional en La Paz siga empeorando. 

«El PP está fomentando la desigualdad y disfrazando las garras de los especuladores que desde siempre han querido apoderarse de esos 140.000 metros cuadrados», han agregado.

Asimismo, han denunciado que Ballesta no ha visitado La Paz en estos tres años de Corporación, lo que demuestra que «lejos de lo que intenta hacer creer, no es el alcalde de todos ni para todos». 

Así, el regidor ha hecho caso omiso a la petición que la Junta Municipal Este aprobó cursar el 16 de junio del pasado año para solicitar su visita al barrio.

«PSOE y Cambiemos saben que no tienen razón cuando no quieren reconocer el trabajo que estamos llevando a cabo para la rehabilitación y recuperación del barrio de La Paz», ha aseverado Rebeca Pérez, portavoz del PP, ante las críticas vertidas este miércoles por representantes de ambos grupos municipales.

«Hay actuaciones en marcha de gran relevancia que demuestran, con hechos, que La Paz es un barrio de atención preferente para el Equipo de Gobierno», afirmó Pérez. Como ejemplos, ha citado la construcción de la nueva escuela infantil o la revisión de los 56 bloques y 1.642 viviendas del polígono con el objeto de hacer un diagnóstico técnico de la situación en la que se encuentran. 

El plan integral de intervención social aprobado hace unos días, según la portavoz, también es prueba evidente del trabajo que se está desarrollando. Contiene 45 medidas, algunas de ellas ya en marcha, pero «un programa de estas características no es la ejecución de una obra, que tiene fecha de inicio y fin», explicó la portavoz.

Existen otras iniciativas previstas, entre ellas, la remodelación del jardín del Palmeral, con un coste de 400.000 euros. «Pero las inversiones se realizan con dinero y este se dispone cuando se aprueban los presupuestos, de modo que si tanto interés tienen Cambiemos o el PSOE en que hagamos mejoras no tienen más que apoyar los presupuestos», dijo Rebeca Pérez.

Por último, ha invitado a la oposición a «visitar más el polígono o preguntar a los vecinos que han estado con el Alcalde en el barrio y así no se volverán a equivocar».

Se dedican 1,2 millones para «garantizar la estabilidad estructural» del Castillo de Monteagudo

MURCIA.- El Plan Director del Castillo de Monteagudo prevé actuaciones por valor de 1.183.017 euros para garantizar la estabilidad estructural de su recinto fortificado. Así lo anunció este miércoles el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Luis Lafuente, quien presentó el proyecto junto al director general de Bienes Culturales de la Consejería de Turismo y Cultura, Juan Antonio Lorca; el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Bernabé.

«El Plan Director es una herramienta imprescindible para llevar a cabo la recuperación de esta fortaleza de origen islámico declarada Bien de Interés Cultural en 2004, ya que en él se recopila toda la información de carácter histórico, jurídico o de conservación, entre otros aspectos, y que pauta las actuaciones que se deben acometer para garantizar su preservación y disfrute del público», señalaron fuentes del Gobierno regional.

Las intervenciones, promovidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), se centrarán en adecuar los accesos y en consolidar y restaurar las fábricas de tapial y piedra de la zona de mayor riesgo: el frente sur del castillo.

En un primer momento se llevará a cabo el acondicionamiento de nuevos accesos y la mejora de los existentes. A continuación, se desescombrarán los materiales procedentes de desprendimientos y se eliminará la vegetación, pintadas y residuos.

Se efectuará la consolidación estructural de la zona y de los lienzos de la muralla sur, así como del frente rocoso sobre el que se asienta. Por último, se instalarán elementos de señalización y la mejora de las pasarelas, escaleras y rampas de acceso al castillo.

El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) elaboró el pasado año, con una inversión de 52.030 euros, un borrador de este Plan Director que indicaba los problemas de degradación en los muros y torres de tapial del castillo, con el consiguiente riesgo que esto supone de potenciales desprendimientos.

Asimismo, sus accesos mostraban un grave riesgo de desplome por las características del terreno. La última intervención realizada en el conjunto defensivo abordó precisamente la adecuación de estos accesos, instalándose elementos de seguridad, pero gran parte de ellos han sido destruidos o expoliados.

El pasado mes de marzo, a raíz también de este estudio, las tres administraciones (estatal, regional y municipal) acordaron actuar de forma conjunta para recuperar el Castillo de Monteagudo y su entorno, incluyendo también los castillos de Larache y El Castillejo.

La Comunidad ya ha asignado presupuesto para el Castillo de Larache, de titularidad regional. La actuación consistirá en la culminación de la prospección arqueológica del inmueble y, además de esta actuación de investigación, se realizarán trabajos de consolidación y restauración arquitectónica durante este año.

Estas obras completarán las actuaciones anteriormente desarrolladas. En 2004 se realizó el proyecto básico y de ejecución relativo a la reparación y preservación de la fortaleza; y en 2007 y 2008 se llevó a cabo la segunda fase, que incluyó la supervisión arqueológica y sondeos para conocer el estado de conservación y la secuencia arqueológica.

La Región supera los niveles seguros de ozono

MADRID.- Nueve comunidades autónomas, la Región de Murcia incluida, han superado desde el pasado 15 de mayo los niveles de ozono situado en la troposfera (la capa de la atmósfera más próxima a la superficie terrestre), según los registros de un centenar de estaciones de control de la contaminación, ha informado hoy la organización Ecologistas en Acción.

Además de la Región de Murcia, son Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia y Baleares.

El ozono troposférico se encuentra entre el suelo y unos 10 kilómetros, y se forma por la reacción del dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos que emiten los automóviles.

El umbral de ozono "malo" establecido para la protección de la salud está fijado por la normativa europea en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, medidos en periodos de ocho horas, y en total no deben superar más de 25 días al año de media en los últimos tres periodos.

La organización explica que, en el marco de su campaña de sensibilización sobre el ozono, va a realizar unas jornadas divulgativas en las que informará a la población sobre sus efectos perjudiciales y las medidas preventivas, en las ciudades de Valencia, Tarragona, Valladolid y Sevilla, entre el 29 de mayo y el 5 de junio.

En España, el ozono es el contaminante que más afecta a la población, ya que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y causa 1.600 fallecimientos cada año, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este contaminante afecta, además, al crecimiento y la productividad de las plantas, incluso cuando no presentan signos visibles, aseguran los ecologistas.

Además, la causan la actividad de algunas industrias, una radiación solar intensa y la emisión de compuestos orgánicos volátiles.

El fenómeno, que se produce con más frecuencia en primavera y verano, se ha incrementado debido a la subida de las temperaturas medias y a las situaciones meteorológicas extremas provocadas por el cambio climático.

Ecologistas en Acción exige a la Administración que cumpla con sus compromisos legales y elabore "aunque sea con una década de retraso", los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir los niveles de ozono troposférico.

El ozono troposférico no es lo único perjudicial para los murcianos que se ha disparado en la Región. La Aemet ha alertado de que habrá radiación solar "muy alta" desde mañana en la Región.

La conexión del expresidente con Ciudadanos

VALENCIA.- Que en los últimos tiempos el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se había acercado de alguna forma a Ciudadanos es un hecho. Zaplana ya presentó en el Club Siglo XXI de Madrid al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, recuerda hoy Levante-EMV.

Fuentes populares apuntaban ayer que Zaplana también había mediado para que algunos cargos locales pudieran desembarcar en Ciudadanos. También uno de los diputados de Ciudadanos en las Corts, el alicantino Emigdio Tormo, estuvo muy vinculado en el pasado a Zaplana y a su mano derecha, el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, detenido en 2010 por el caso Brugal.

Hace unas semanas, la número dos del PP Eva Ortiz vinculó en un tenso debate en las Corts al propio Tormo con el pasado de casos corrupción que han salpicado a Ripoll y hasta le exigió explicaciones por esa relación, algo que descolocó a Tormo.

Tormo fue concejal del PP en Elx y director de la Agencia de Energía en la etapa del zaplanista Joaquín Ripoll. Tormo fue uno de los asistentes a la conferencia de Eduardo Zaplana en el Ateneo de València el pasado 16 de abril. Fuentes de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana negaron ayer cualquier relación de la dirección autonómica con el expresidente y acusaron al PP de lanzar esta cuestión para vincular a Zaplana con Cs.

En esa conferencia de Zaplana en el Ateneo Mercantil de València, en la que fue su última aparición pública, no acudió ningún representante de la actual dirección del PP, aunque sí el presidente de la gestora en València, Luis Santamaría.

Entre los asistentes estaban exconsellers como Mari Àngels Ramón-Llin, Miguel Peralta, Lola Johnson o Alicia de Miguel. También cargos actuales como la diputada en el Congreso Susana Camarero o a la autonómica Verónica Marcos. 

Además, hace ahora aproximadamente un año, Ciudadanos repescó precisamente a una asesora muy vinculada en el pasado a Zaplana, para convertirla en jefa de gabinete de la síndica en las Corts, Mari Carmen Sánchez.

El «legado» de Eduardo Zaplana se vuelve en contra de Ciudadanos

ALICANTE.- Ciudadanos se nutrió de antiguos referentes del zaplanismo en sus primeros pasos para su implantación en la Comunidad Valenciana. Dirigentes de la más estricta confianza de Eduardo Zaplana -quien en sus últimas apariciones públicas había sido crítico con la actual dirección del PP regional- abandonaron las filas populares para enrolarse en el partido de Albert Rivera. Entre ellos el actual diputado autonómico Edmigio Tormo, exconcejal en Elche quien en su época se enfrentó con la dirección que presidía Francisco Camps, recuerda hoy Abc.

Tormo, quien en el pasado ocupó cargos públicos en Administraciones gobernadas por el PP, dejó el partido en 2013 y en las elecciones autonómicas de dos años después fue cabeza de lista por Ciudadanos en la provincia de Alicante.

Fernando Mut -director general de Arquitectura en la conselleria de Infraestructuras cuando Zaplana era el presidente de la Generalitat- pasó también a Ciudadanos. En este caso, el que fuera candidato en Gandía por el PP llegó a ser coordinador territorial de Ciudadanos de Valencia, pero dejó su cargo en el partido en 2014, tras conocerse su imputación en el caso Innova, que investiga el supuesto desvío de 6 millones de euros que concedió el Gobierno destinados a un centro de innovación en Gandia.

Jorge Sedano, histórico zaplanista en Alcoy, también pasó del PP a Ciudadanos, aunque ha anunciado que al finalizar la legislatura dejará la política.

Mut y Tormo fueron dos de los asistentes al último acto público de Zaplana en Valencia antes de su detención. Una conferencia en el Ateneo Mercantil de Valencia en la que reivindicó su «legado» y criticó la ausencia de «relato» de Isabel Bonig. 

La actual presidenta del PP de la Comunidad Valenciana explicó este martes en una entrevista en La Linterna de la Cadena Cope que no le «consta» que haya una relación directa entre Ciudadanos y Zaplana.

Con todo, la dirección nacional del PP pretende insistir en ese vínculo. Al respecto, Bonig recordó que el exministro «era muy amigo de Aznar, y Aznar ha manifestado sus preferencias en alguna ocasión por Albert Rivera».

Con todo, ni el concejal por Valencia y coordinador autonómico de Ciudadanos, Fernando Giner, ni el diputado nacional y presumible candidato a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones de 2019, Toni Cantó, guardan relación con Zaplana, quien mantuvo hasta este martes -cuando fue suspendido de militancia- el carnet del PP.

Los populares recuerdan que Zaplana trató de encumbrar a Rivera en su etapa del presidente Club siglo XXI. El exministro dejó la política activa en abril de 2008, justo cuando Mariano Rajoy reforzó su poder en el partido tras el congreso del PP celebrado en Valencia.

Zaplana mantuvo el carnet, pero desde la distancia lanzó guiños a Ciudadanos, que se plasmaron en el fichaje por parte del partido de Rivera de antiguos dirigentes del PP de su época, como los referidos Tormo, Mut o Sedano.

Con todo, la formación naranja marcó distancias este martes respecto al exministro. La portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, subrayó que la detención del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana es «una mala noticia que demuestra que la corrupción estaba asentada en el bipartidismo tradicional».

Sánchez manifestó que es «el momento de pasar página» y que la Comunitat Valenciana sea noticia por las propuestas de regeneración «y no por la corrupción», y ha lamentado que parece que no cesa «la romería» de cargos del PP hacia los juzgados.

El PP presume de tomar «en tiempo récord» una decisión «drástica» sobre Zaplana

MADRID.- El PP está muy satisfecho de la respuesta fulminante que dio ayer tras la detención de Eduardo Zaplana por los supuestos delitos de malversación, blanqueo y prevaricación, en una operación policial desarrollada el en Valencia. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha presumido en el Congreso de la suspensión de militancia de Zaplana en «tiempo récord». Una decisión «drástica» que considera totalmente «acertada», tal como recoge Abc.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Maillo ha explicado que el caso de Zaplana era «lo suficientemente grave como para que el Partido Popular tomara una decisión tan drástica en tiempo récord. Es una decisión muy acertada».

El PP quiere subrayar de forma especial que «Zaplana pertenece al pasado» y todas las personas involucradas en la operación deben responder individualmente de las ilegalidades que hayan podido cometer. 

«A nadie se le detiene por casualidad y parece que hay hechos que son muy graves», ha insistido. «Son conductas totalmente reprochables». Maillo ha recordado que cuando Zaplana actuaba, Rajoy no era presidente del Gobierno ni del partido.

Maillo ha mostrado su confianza en que salga a relucir todo y que cada uno responda de forma individual.

 «La Justicia siempre llega, aunque pasen 10, 14 o 16 años. Lo que no vamos a tolerar es que se manche la imagen y las siglas de un partido honrado y honesto, con miles de cargos públicos que han hecho una labor en beneficio del país de una manera limpia».

El coordinador general del PP ha defendido que su partido no actúe con la misma celeridad en otros casos de supuesta corrupción. A su juicio, no todos los casos son iguales. 

«Tenemos que ser cuidadosos y justos a la hora de tomar algunas decisiones. La envergadura de los hechos que se empezaban a conocer hacía que teníamos que tomar una decisión muy rápida».

Unos papeles de la 'operación Taula' contra Rita Barberá, origen del caso contra Zaplana

MADRID.- El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana no llegó a salir ayer del garaje de su casa en pleno centro de Valencia. Cuando iba a hacerlo, poco después de las ocho de la mañana, para acudir a una cita médica, se encontró a una pareja de agentes de la Guardia Civil, que lo esperaban para detenerlo, recuerda hoy Abc. 

La UCO llevaba meses investigando si el expresidente de la Comunidad Valenciana se embolsó 10,5 millones de euros durante sus años al frente del Ejecutivo (e incluso después) a cambio de concesiones públicas; si ese dinero lo ocultó en varios paraísos fiscales a nombre de terceros y si después esas «mordidas» volvieron a España para reinvertirse y acabar formando parte del patrimonio del que fue ministro de Trabajo del presidente Aznar.

Los documentos encontrados en algunos de los registros confirman, según ha podido saber Abc, los indicios con los que trabajaban los investigadores. No solo eso, sino que ya se ha logrado localizar una parte importante de los fondos que habían sido blanqueados a través de una trama formada por allegados de Zaplana.

La operación «Erial» -en la que han sido detenidas siete personas- tuvo su origen en un hallazgo casual durante la operación «Taula», en la que se investigó a Rita Barberá y sus concejales. Durante el registro de un despacho de abogados relacionado con el «arrepentido» Marcos Benavent, el «yonki del dinero» según se autodefinió, la UCO encontró unos documentos que no guardaban relación ni con esos hechos ni con ninguna de las personas afectadas por la causa.

Benavent contó entonces que esos papeles se los había entregado en 2012 un sirio y aseguró que solo estaban bajo su custodia. Localizado el sirio, se confirmó cómo se habían obtenido los documentos y cómo se los había entregado a Benavent.

El hallazgo era tan importante que motivó una nueva denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción en los Juzgados de Valencia. Esos papeles obtenidos por azar reflejaban licitaciones públicas y exponían operaciones societarias relacionadas con esas adjudicaciones fraudulentas e incluso aparecían personas físicas y jurídicas. La causa recayó en el Juzgado nº 8 y en ella se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude, entre otros.

La UCO y la Fiscalía Anticorrupción tienen puesto el foco en el afloramiento de las comisiones que habrían sido entregadas a Zaplana por los empresarios que se beneficiaron de los contratos públicos bajo sospecha.

Las dos adjudicaciones públicas más importantes investigadas son la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en 1997 y una parte del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en concreto una concesión de 2005. Ambas recayeron en sociedades vinculadas a Sedesa y el grupo empresarial de la familia Cotino. A cambio de esas dos concesiones millonarias, Zaplana habría cobrado 10,5 millones de euros.

Las investigaciones han revelado las operaciones fraudulentas que se llevaron a cabo para adjudicar los contratos investigados, han permitido identificar a sus responsables, determinar cómo se pagaron las comisiones y cómo se blanquearon los beneficios a través de sociedades y testaferros. Y lo más importante: se ha logrado localizar una parte fundamental del dinero negro en Luxemburgo.

Varios agentes de paisano se trasladaron ayer a la Consejería de Economía con una orden judicial y requirieron documentación relacionada con los citados contratos. Uno de los expedientes que solicitaron fue el de explotación de la concesión administrativa de las ITV (servicio que se privatizó en 1997), unas adjudicaciones que fueron concedidas a la familia Cotino cuando Zaplana se encontraba al frente de la Generalitat.

Concretamente, se apunta a Vicente Cotino, empresario y sobrino del exdirector general de la Policía Juan Cotino, quien también fue detenido ayer. Este empresario es uno de los nueve que acaba de pactar con la Fiscalía tras reconocer que pagaron 1,2 millones en negro para saldar la deuda del PP valenciano con la trama Gürtel.

Los agentes requirieron igualmente el desarrollo y ejecución del Plan Eólico (adjudicación que se produjo en 2003), realizado por Zaplana durante su segunda legislatura para el impulso de las enegías renovables. 

El foco está puesto en la Sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, la cual resultó adjudicataria mediante concurso público del desarrollo eólico en varias zonas. La mercantil estaba participada por Endesa, Bancaja y Sedesa, controlada por Vicente Cotino, quien acabó vendiendo sus participaciones a Iberdrola.

Sobre Juan Cotino se sabe que será llamado a declarar primero por los investigadores y después por el juez como investigado. No se le ha detenido, pero hay indicios que lo apuntan.

El resto de personas arrestadas e investigadas, entre ellas la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, forman parte en principio de la trama para blanquear las «mordidas» y reintegrar los fondos en el sistema legal a través de distintos mecanismos.

Se trata del jefe de Gabinete durante el mandato de Zaplana, y mano derecha suya, Juan Francisco García (era presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones bajo sospecha); Joaquín Barceló (exdirector general de Turismo de la Generalitat y alto cargo en Terra Mítica) y su mujer Felisa López (ambos relacionados con la trama societaria para repatriar fondos desde Luxemburgo); Francisco Grau, asesor fiscal y financiero y vinculado a la CAM y otro socio de una de las sociedades que pagó comisiones.

La Guardia Civil realizó ayer una veintena de registros en Alicante, Valencia, Madrid y Barcelona. Se llevó los dos Audi de Zaplana y por la tarde se trasladó a su chalé de Benidorm.

Así fue la operación para detener a Zaplana: un sirio y el 'yonki del dinero' apuntaron a los 10 millones en Uruguay

VALENCIA/MADRID.- Un registro casual en una oficina de Marcos Benavent, conocido como el 'yonqui del dinero', el peculiar arrepentido del llamado caso Taula, explosionó ayer como una bomba de racimo en forma de otra macrooperación en la que fueron detenidos el ex presidente valenciano y ex ministro del PP, Eduardo Zaplana, y otras seis personas, entre ellas el empresario Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, ex director general de la Policía y ex vicepresidente del Gobierno regional, revela hoy El Mundo.

La llamada operación Erial, que así ha sido bautizada por la Guardia Civil, señala a Zaplana como parte de un entramado formado para el cobro fraudulento de hasta 10,5 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

El ex ministro y emblemático dirigente del PP habría sido descubierto intentando repatriar el dinero que mantenía oculto en Uruguay a través de un circuito internacional en el que también figuraba Luxemburgo, informan Ángeles Escrivá y Esteban Urreiztieta. La pista inicial que puso a los agentes sobre la pista fue un dosier entregado por un ciudadano sirio a Marcos Benavent.

Los agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en dependencias de la Consejería de Economía de la Generalitat y solicitaron toda la documentación disponible sobre el proceso de privatización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) iniciado en 1997 por el Gobierno de Zaplana con la supervisión directa de su jefe de gabinete -Juan Francisco García, ex presidente del club de baloncesto Estudiantes y aspirante a dirigir la ACB fue detenido en Barcelona- y los contratos de adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, que arrancó en 2001. García presidió la mesa de contratación.

Uno de los principales investigados en ambos procesos de contratación sería el grupo de empresas, entonces conocido como Sedesa, liderado por Vicente Cotino, que fue beneficiario de algunos de los lotes en que se dividieron ambos programas, tanto los relativos a las ITV como el de colocación de molinillos en todo el territorio para transformar el viento en energía, plan todavía en marcha.

Vicente Cotino ya fue condenado a año y medio de prisión junto al sucesor de Zaplana y ex presidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Cotino es también uno de los empresarios que han admitido haber participado en la financiación irregular de las campañas electorales del PP en el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel.

La investigación, que se inició hace dos años, ha permitido desentrañar las operativas fraudulentas utilizadas para la adjudicación dirigida de las licitaciones investigadas, identificar a los responsables, determinar el sistema de pago de comisiones y establecer los complejos sistemas utilizados para blanquear los beneficios obtenidos. La Guardia Civil cree haber localizado una parte importante de los mismos.

La operación se desplegó ayer con gran amplitud, con hasta 22 registros en domicilios particulares y sedes sociales de empresas. Además de Zaplana, García y Cotino, fueron detenidos José Cotino; Francisco Grau, economista y ex secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo; Joaquín Barceló Llorens, director del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm y ex directivo del parque Terra Mítica, y su mujer, Felisa López. Además, han sido imputados Juan Cotino, el ex director de la Policía, y la mujer de Zaplana, Rosa Barceló.

La detención de Eduardo Zaplana, el tercero de los ex jefes del Ejecutivo regional nombrados por el Partido Popular sometidos a investigación, cierra el círculo de una época en la Comunidad Valenciana, que se inició con el apoteósico triunfo de Zaplana sobre la izquierda en 1995 y concluyó veinte años después, en 2015, con la pérdida del poder a manos de una coalición liderada por el PSPV y los nacionalistas de Compromís, con apoyo de Podemos.

Para estupor de sus seguidores, que todavía eran legión entre los pata negra del PP -ayer se escuchó algún «aguanta, Eduardo»-, Zaplana fue detenido al filo de las ocho de la mañana cuando salía del garaje de la vivienda que tiene alquilada en Valencia para sus periódicas visitas a la ciudad, sea por motivos políticos, familiares o de salud, dada la grave enfermedad que se le diagnosticó hace un tiempo y por la que sigue siendo tratado.

La caída de Zaplana es, probablemente, la más relevante de las producidas hasta ahora en la región, incluyendo Gürtel, del que salió airoso su sucesor, Francisco Camps, ahora investigado por una posible malversación en la Fórmula 1.

El PP se desentiende de Zaplana y lo vincula con Rivera

MADRID.- El PP ha tardado menos de dos horas en hacer frente a otro episodio de descrédito por un nuevo caso de corrupción y ha decidido suspender de militancia a Eduardo Zaplana, ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat Valenciana, tras su detención esta mañana en el marco de una operación por presunto blanqueo de capitales procedentes de comisiones ilegales en su etapa al frente del Gobierno valenciano, según incide El Mundo. 

Esta actuación, para desentenderse de los problemas judiciales de quien fuera también portavoz del PP en el Congreso, se ha completado con la distribución a los medios de comunicación de informaciones que sitúan al ex dirigente valenciano en el ámbito de Ciudadanos. Desde el PP se ha explicado que algunos periodistas han solicitado estas noticias y se ha optado por enviarlas a todos. 

En el resumen se puede ver al ex ministro con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando éste pronunció una conferencia en el Club Siglo XXI, que Zaplana presidía. Junto a la imagen se reproduce un párrafo de una información en la que fuentes internas del PP apuntan a que fue él quien abrió a Rivera "las puertas del Ibex 35, con lo que conlleva de financiación". 

También se adjuntan noticias de 2015 del diario Las Provincias sobre el acercamiento a Ciudadanos de ex políticos del PP, todos muy cercanos a Zaplana.

Y una más reciente, de El Mundo del pasado abril, cuando el ex ministro en un ciclo de conferencias en el Ateneo Mercantil, criticó a PSPV y Compromís por "su falta de rumbo" y al PP por carecer de "relato político".

Mientras se recordaban estos hechos el PP ha consumado este martes la expulsión de Zaplana en dos actos. Primero se ha reunido el Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano y ha acordado la apertura de un expediente informativo, que se ha remitido a la dirección nacional para que proceda a la suspensión cautelar de militancia. El siguiente paso es que que este mismo órgano, pero a nivel nacional, valide la retirada del carné.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ya había anunciado esta mañana esta resolución en los pasillos del Congreso que se producía, ha dicho, a instancias del PP valenciano. Aunque todo queda a expensas de la investigación judicial, la detención, ha indicado Maíllo, es un hecho "grave" que obliga a tomar una decisión "drástica" y difícil".

"Nadie es detenido por casualidad", ha asegurado Maíllo para justificar la reacción inmediata del partido. Respetamos la presunción de inocencia, pero "el PP tiene que tomar medidas ante un hecho que parece que reviste gravedad".

El dirigente se ha esforzado en destacar que desde hace 10 años Zaplana no ocupa ningún cargo público pero eso, ha reconocido, "no impide que debamos tomar medidas". Zaplana, pese a los intentos de vincularlos a Cs, sigue siendo para el votante de centro derecha un dirigente del PP tanto por el poder territorial que tuvo en la Comunidad Valenciana como por su paso a lo política nacional en 2003, primero como ministro de Trabajo con José María Aznar y después como portavoz del PP en la oposición durante la legislatura 2004-2008 con Mariano Rajoy ya como líder del partido. No obstante, en los pasillos de la Cámara fuentes populares ironizaban hoy preguntando que "quién es Zaplana".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se encontraba en Salamanca, en el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, ha evitado pronunciarse sobre su detención que se ha producido sin que se haya transcurrido un mes de la "obligada" dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Preguntado por los periodistas por cómo se encuentra "de ánimo", Rajoy ha respondido con un escueto "muy bien".

Sólo el barón gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha atrevido a pronunciarse y ha expresado su "sorpresa" y "tristeza". "Le ha sorprendido a mucha gente porque no conocíamos ninguna información de forma directa o indirecta", ha dicho.

"Más allá de "la tristeza que produce que una persona que tuvo cargos muy relevantes en el PP haya sido detenida", Feijóo ha deseado que Zaplana "pueda esclarecer los hechos y podamos tener una información completa de su conducta y de sus actitudes".

Para el PP valenciano, carcomido por los casos de corrupción y sin opciones reales de resurrección por el lastre de todas las irregularidades de la era Camps, la detención de Zaplana ha sido un golpe político mayúsculo. Por ello han reclamado a Génova su expulsión inmediata para intentar poner un muro de contención.  "En el PPCV no nos vamos a poner de perfil en este asunto", ha manifestado en Valencia la dirigente María José Catalá. Todos los implicados que estén afliados al PP serán también expulsados.

La misma distancia quiere establecer el PP nacional. Maíllo, muy duro, ha defendido que deben ser"tajantes" y "claros" en la lucha contra la corrupción. "El PP no acepta que nadie intente aprovecharse de sus siglas" aunque, ha añadido, "no digo que éste sea el caso".

Cospedal promete a todos los militares un aumento de hasta el 8% de su salario

MADRID.- María Dolores de Cospedal ha presentado en el Congreso de los Diputados las cuentas correspondientes al Ministerio de Defensa incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. En el desglose de las cifras, la ministra ha apuntado a un aumento del 1,6% del gasto en personal (lo que representará un 54,4% de todo el presupuesto) en un plan dedicado a la mejora salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas. Cospedal ha asegurado que el plan supondrá un incremento de hasta el 8% de los sueldos de los militares, según El Español.

Los presupuestos destinados a Defensa en 2018 alcanzan los 9.255,9 millones de euros, incluyendo la partida destinada a las misiones en el exterior. La cuantía supone un incremento del 6,38% respecto al balance anterior, si también se le incorporan las misiones en el exterior.

"Si se atiende solo a la Sección 14, que es la sección presupuestaria exclusiva de Defensa, el total es 8.455,9 millones de euros, un 10,7% más que en 2017 después de que se haya incorporado por primera vez en este apartado una partida de más de 300 millones dedicada a las misiones en el exterior", detalla el Ministerio en un comunicado.

El aumento del presupuesto forma parte del compromiso que España ha adquirido con las alianzas internacionales en las que está integrada. El objetivo pasa por alcanzar en una década una inversión que ronde el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 0,9% que se registró en 2015.

Los policías locales podrán jubilarse a los 59 años

MADRID.- El grupo parlamentario del PP ha propuesto a todos las formaciones políticas del Congreso incluir en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 una sobrecotización para que puedan jubilarse de forma anticipada los miembros de los cuerpos de la Policía Local.

La formación ha presentado una enmienda, que previsiblemente será apoyada por todos los grupos parlamentarios, para que se aplique un tipo de cotización adicional del 10,60 % sobre la base de cotización por contingencias comunes a partir de la entrada en vigor de la norma reglamentaria que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación para los policías locales. 

De este modo, los policías locales podrían jubilarse a los 59 años, según ha expuesto la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a ABC. Según esta sobrecotización, el 8,84 % será a cargo de la administración y el 1,76 % a cargo del funcionario.

Al mismo tiempo el Gobierno está perfilando un real decreto que será el que recoja los coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los policías locales.

Por otra parte, la enmienda que será debatida y votada en el Pleno del Congreso también permite que los ayuntamientos puedan adelantar a 2018 la tasa de reposición de la Policía Local que debía producirse en 2019 y en 2020 con el fin de que las plantillas no queden mermadas y además puedan ser rejuvenecidas. 

«Tendremos sustituidas las plantillas de Policía Local en este mismo año sin tener que esperar al 19 o al 20 para sacar las plazas», ha puntualizado el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano. La iniciativa señala que esta tasa adicional se descontará de la que pudiera corresponder en los ejercicios 2019 y 2020.

La diputada del PP Carolina España ha valorado la negociación entre el Gobierno y las plataformas sindicales de los policías locales para sacar adelante esta propuesta y se ha mostrado segura de que será apoyada por todas las fuerzas políticas en el Pleno.

Ha explicado que la regulación de esta sobrecotización se ha incluido en los Presupuestos porque necesitaba contemplarse en un proyecto de ley.

Papa Francisco: “Hablar de pobreza y vivir como un faraón es el antitestimonio”

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Francisco ha defendido ante los obispispos italianos la pobreza evangélica, que es “madre y muro de la vida apostólica” y que él aprendió como jesuita. “La pobreza evangélica hace nacer y protege la vida apostólica”, ha reseñado. “Quien tiene fe no puede hablar de pobreza y vivir al mismo tiempo como un faraón. Es un ‘anti-testimonio’. Es escandaloso gestionar los bienes de la Iglesia como si fuesen personales”.

Para el Papa, la Iglesia debe gestionar con ejemplaridad, con reglas claras aquello por lo que un día rendirá cuentas. “Soy consciente y reconozco que en la Conferencia Episcopal Italiana se ha hecho mucho en los últimos años, pero todavía se debe hacer más”, ha dicho durante el discurso de apertura de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

Además, ha señalado ante los prelados que “no es pecado criticar aquí al Papa”. El Ponífice ha aprovechado su alocución para lamentar la crisis vocacional que padece la Iglesia y la ha comparado con una “hemorragia” ocasionada por la cultura del relativismo y los escándalos.

Así, ha hecho un repaso de sus tres principales preocupaciones respecto a la Iglesia en Italia y ha dado cuenta de la crisis de vocaciones, la pobreza evangélica y la reducción y fusión de Diócesis.

 

La compra de un piso de lujo sin préstamo en Chamberí precipitó la operación contra Zaplana

VALENCIA.- Tras dos años y medio de investigación en el más absoluto secreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil culminó ayer la «Operación Erial» que acabó con la detención del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana (1995-2002), y su círculo de confianza más cercano, además de los empresarios Vicente y José Cotino Escrivà. La operación ordenada por el Juzgado de Instrucción 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción se salda, por ahora, con siete detenidos y tres investigados no arrestados, además de 22 registros en viviendas, empresas y la Conselleria de Economía, recuerda hoy el diario Levante-EMV. 

Para hoy, la Guardia Civil aún tiene pendientes varias actuaciones en despachos y domicilios de los arrestados, que esta noche han permanecido en dependencias de la Comandancia de Patraíx, en València. Desde allí, en torno a las 9.30 horas, ha salido el expresidente de la Generalitat a bordo de un coche con destino a Madrid. Los agentes tienen previsto hoy registrar las propiedades del exministro en la capital española, sobre todo en su domicilio y en su oficina.

Por su parte, Vicente Cotino también ha salido esta mañana de la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix poco antes de las 9.00 horas. El empresario también ha abandonado las instalaciones a bordo de un vehículo y escoltado por agentes del Instituto Armado. A esa hora más o menos también ha salido caminando de la Comandancia Rosa Barceló, la esposa de Eduardo Zaplana, también imputada en la causa. 

Ayer, junto a Zaplana y los hermanos Cotino fueron detenidos el jefe de gabinete del expresidente del Consell, Juan Francisco García; el amigo íntimo de Zaplana y exdirector de relaciones institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, su mujer Felisa López (que presuntamente ejercían de testaferros de Zaplana) y Francisco Grau Jornet, asesor fiscal del exministro y representante de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Terra Mítica. En la causa también figuran como investigados, aunque ayer no llegaron a ser detenidos, el expresidente de las Corts, Juan Cotino, la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y su secretaria «de toda la vida», Mitsouko Henríquez.

La investigación judicial les imputa a todos ellos el catálogo de delitos habituales en las macrocausas de corrupción: asociación ilícita, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude en la contratación.

Los investigadores sospechan que Zaplana, que esta mañana ha sido trasladado por la Guardia Civil a Madrid para registrar las propiedades que el exministro tiene en la capital española, orquestó una perfecta maquinaria engrasada para el cobro de comisiones en, al menos, dos adjudicaciones multimillonarias de la Generalitat en los años 90 y 2000: las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) adjudicadas en el año 1997 bajo la tutela directa del jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; y el Plan eólico valenciano, convocado en 2001 y adjudicado a partir de 2002 en varias fases.

En este último macroconcurso, Sedesa, la empresa de la familia Cotino, logró junto a Endesa y Bancaja, Unidas Valencianos, la adjudicación de las zonas 5, 6 y 11 ubicadas en las sierras orientales de Castelló, el Palancia y la zona de Ayora-Caroig.

La investigación abierta en 2015 tira del hilo para comprobar que el exministro pudo haber obtenido «cantidades millonarias» de comisiones que durante años habrían estado a buen recaudo en diversos paraísos fiscales, que algunas fuentes ubican en Uruguay, Panamá y posiblemente Luxemburgo.

La operación se desencadenó tras la supuesta repatriación de parte de ese dinero oculto en paraísos fiscales. Y después de la compra de un piso, en marzo pasado, en el distrito madrileño de Chamberí, por un valor estimado de dos millones y sin préstamo hipotecario.

Precisamente el blanqueo de capitales, (con una prescripción de quince años para los cargos públicos o agentes de la autoridad) es lo que permite a los investigadores indagar sobre el resto de delitos que, debido al tiempo transcurrido, ya habrían prescrito. Aunque éste será con toda seguridad uno de los elementos de batalla de las defensas en la nueva instrucción por corrupción que investigan los juzgados valencianos.

Detenciones a las 8 de la mañana

La «Operación Erial» se inició alrededor de las 8 de la mañana cuando dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptaban al también exministro de Trabajo de José María Aznar cuando acababa de subir a un Audi Q-7 gris, parado en la esquina de la calle Lauria con Pascual y Genís de València. Los dos agentes, un hombre y una mujer, dieron el alto al coche. E «invitaron» a Zaplana a volver a su domicilio.

El segundo «Molt Honorable» en la historia de la democracia valenciana acababa de ser detenido por orden del Juzgado de Instrucción 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción. El registro de la vivienda en València del expresidente de la Generalitat se prolongó por espacio de casi seis horas. Al mediodía, dos grúas movilizadas por la comisión judicial retiraban dos vehículos propiedad de Zaplana (dos Audi de gama alta, uno gris y otro negro, al parecer comprados recientemente).

Poco antes de las dos de la tarde, una comitiva policial de dos coches salía del garaje de la calle Pascual y Genís: primero un Seat León con cinco agentes de la UCO con cajas repletas de documentación. Y después un BMW que transportaba al expresidente visiblemente afectado y sentado en el asiento trasero junto a un guardia civil.

Su siguiente destino fue la vivienda del exministro en la cala de Poniente de Benidorm donde se enfrentó a su segundo registro del día, diligencia se prolongó desde las 19.40 hasta las 22.15 horas. Luego, fue traído de vuelta a València para pasar la noche en dependencias policiales, como el resto de detenidos, ya que aún no está previsto que pasen a disposición de la jueza.

Entre las 8.00 y las 8.30 horas, agentes de la UCO también detenían a los hermanos Vicente y José Cotino Escrivá, implicados en esta causa por el presunto pago de comisiones. Los agentes registraron la alquería que la familia Cotino tiene entre Xirivella y Alaquàs, además de la sede central de Sedesa en Aldaia.

El arresto del jefe de gabinete de Zaplana también fue peculiar. Juan Francisco García, que reside habitualmente en València, fue detenido en Barcelona donde iba a pugnar por la presidencia de la Asociación de clubes de baloncesto (ACB), en una asamblea que iba a celebrarse ayer mismo. Tras conocer su detención, su candidatura fue retirada.

Tras la detención de Zaplana ya son tres los expresidentes de la Generalitat, todos del Partido Popular, imputados o condenados en diversas causas judiciales: José Luis Olivas (presidente de 2002 a 2003) fue condenado (curiosamente junto a Vicente Cotino) a un año y seis meses de cárcel por falsedad y delito contra la Hacienda Pública. 

Olivas tiene cuatro causas abiertas en la Audiencia Nacional y la de València por su gestión en Bancaja y Bankia.

Al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, también se le investiga en dos causas abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 y en la visita del Papa a València en 2006.

Trabajadores de 'Adif' denuncian la situación de la red ferroviaria en la Región

CARTAGENA.- Un comité representativo de Adif y Renfe de la Región de Murcia y representantes de CCOO se han reunido este miércoles con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, para exponerle la situación que como trabajadores están viendo en la red de cercanías y media distancia de Cartagena, así como la falta de inversión en redes ferroviarias y la vejez de los vehículos, algo que interfiere directamente en el confort de los pasajeros.

A la reunión han asistido el presidente del Comité de Empresa Renfe Operadora, Juan José Pérez; el presidente del Comité de Adif, José Miguel Celda; y el secretario del Comité Renfe Operadora, Francisco Martí.

Los representantes de Adif han informado que el 30 de mayo habrá en Murcia una movilización y han invitado a la ciudadanía a la participación, así como a representantes sociales, Ayuntamientos y "todos aquellos que se sientan identificados para pedir aquello que la Región de Murcia se merece", han añadido.

Asimismo, han indicado que con la alcaldesa han estado hablando del estado de abandono en el que se halla la estación Feve y Adif de Cartagena, y han destacado la necesidad de revertir la situación.

Las principales necesidades que hay que revertir y exigir al Ministerio de Fomento, según este comité, "es el cambio del ferrocarril diesel por el eléctrico y electrificar la Región de Murcia, ya que eso supondría la sustitución de trenes viejos, por otros más ecológicos, nuevos y limpios".

Zaplana, trasladado a Madrid para otros dos registros

MADRID.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen previsto trasladar este miércoles a Madrid al exministro Eduardo Zaplana para practicar nuevos registros antes de ponerle a disposición judicial, según fuentes cercanas a la investigación.

Zaplana, que fue detenido este martes a primera hora a las puertas de su domicilio en Valencia, ha pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad, después de que durante toda la jornada se efectuasen registros tanto en su domicilio de la capital como en Benidorm.

Este miércoles está previsto que los agentes, en compañía del detenido, efectúen nuevos registros en al menos una vivienda y un despacho del expresidente valenciano, según las mismas fuentes consultadas.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

Cesan al cartagenero Zaplana como miembro del Consejo Social de la UPCT

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, el cese del cartagenero Eduardo Zaplana Hernández-Soro como miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena.

La revocación de Eduardo Zaplana Hernández-Soro viene motivada por el cambio de las circunstancias que justificaron su nombramiento en noviembre de 2016.

En los próximos días será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente con el correspondiente cese.

Según explicó la portavoz del Ejecutivo, y antes del imputado Pedro Antonio Sánchez, Noelia Arroyo, «no caben comportamientos que no sean ejemplares en quienes representan a las instituciones públicas».

La portavoz consideró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha actuado de «manera contundente» tras la detención del exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana acusado de blanqueo y delito fiscal.

«No tenemos una varita mágica, y no podemos detectar qué va a pasar con determinadas personas ni somos responsables de sus hechos», señaló en relación con su nombramiento en 2016 como vocal del Consejo Social de la UPCT a propuesta del anterior Ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez.

En cualquier caso, consideró que se ha hecho «lo que procedía en este momento» al destituirlo de ese cargo porque «no caben comportamientos que no sean ejemplares en quienes representan a las instituciones públicas de la Región de Murcia».

«No caben personas sobre quienes haya sospecha de comportamientos que no sean ejemplares, no caben», insistió, y reiteró que cualquier persona que esté «bajo sospecha y dañe la credibilidad y la imagen de las instituciones públicas» no puede formar parte de ellas.

La 'Aemet' alerta de que habrá radiación solar "muy alta" desde mañana en la Región

MURCIA.- La Agencia estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que desde mañana jueves y hasta el próximo de domingo la previsión de la radiación solar para la Región de Murcia es "muy alta", de hasta 9.

El índice ultravioleta es una medida de la intensidad de la radiación solar en la superficie terrestre y se expresa de 0 a 11 y cuanto más alto, mayor es la probabilidad de lesiones cutáneas y oculares.
La radiación ultravioleta puede provocar daños en el colágeno de la piel y por lo tanto un envejecimiento prematuro de la misma. También daños y mutaciones en el ADN y existen muchas evidencias de que aumenta considerablemente el riesgo de contraer un cáncer de piel. Igualmente puede provocar problemas serios en los ojos como cataratas.
Por ello Aemet recomienda no salir a la calle durante las horas centrales del día, buscar la sombra y es imprescindible una crema de protección solar y sombrero.