MADRID.- Las organizaciones de interinos siguen organizándose para luchar contra
lo que consideran “situación fraudulenta” de los empleados públicos de
carácter temporal de larga duración. En esta ocasión , la Plataforma de
Interinos, que agrupa a diferentes asociaciones de interinos
independientes de todos los ámbitos de la Administración Pública, ha
puesto en marcha una denuncia masiva, vía telemática y gratuita ante la
Comisión Europea, “con el fin de que Europa se haga eco de la situación,
declarada por el propio TJUE en fraude de ley, y obligue a España a que
adopte las medidas adecuadas para solucionar este grave problema
laboral conforme a las directrices de la CE”.
Según señala la plataforma en una nota, “el Estado español viene
retrasando su obligación de transponer la normativa europea en materia
de contratación temporal en la Administración Pública”. Concretamente la
Directiva 1999/70/CE del Consejo de Estado de 28 de junio y su el
Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18
de marzo de 1999″, prosigue, al tiempo que advierte de que “por el año
de la normativa, es obvio que el Estado español no ha transpuesto esta
Directiva al ámbito de la Administración Pública en el periodo
obligatorio para ello (4 años, más 1 año de prórroga), a pesar de las
diversas sanciones que ha impuesto la UE por el incumplimiento de su
normativa”.
Los interino se quejan de que “ante la obligación impuesta a España
por la UE de reducir la temporalidad en la Administración Pública, la
respuesta del Estado español ha sido el acuerdo firmado entre el
Gobierno y los Sindicatos CCOO, CSIF Y UGT, el 19 de marzo de 2017
denominado Plan para la mejora del empleo público , conocido como el
‘acuerdazo'”.
“Este plan”, prosiguen, “sin llamarnos a engaños, es la aplicación de
un ERE en toda regla, es acabar de un plumazo con los interinos de
larga duración y sustituirlos por otros trabajadores más baratos, es
tratar de quitarse el problema de años y años de contrataciones
fraudulentas de un plumazo”. A juicio de estos interinos, “este acuerdo
habla, de forma engañosa, de estabilidad en el empleo público cuando en
realidad, únicamente establece la estabilidad del las plazas, no del
personal interino que ocupa esas plazas, es decir, que este Plan, entre
Administración y sindicatos, en lugar de revertir el fraude a la
legalidad, penaliza a los propios trabajadores víctimas de las
contrataciones fraudulentas, que la Administración ha utilizado a su
antojo, y les deja sin reconocimiento de ningún tipo de derecho”.
Para este coelctivo, “si es detestable que en un País Democrático la
propia Administración, que debe ser la defensora y garante de la
legalidad, incumpla el principio de legalidad y el de primacía de la
normativa comunitaria, ¿qué apelativo debería darse a los sindicatos que
deberían ser los defensores de los derechos de los trabajadores más
desprotegidos y que, por el contrario, firman sin temblarles el pulso y
defienden a ultranza, el despido masivo de miles de trabajadores
temporales de la Administración, a sabiendas de que los dejan totalmente
desprotegidos y sin ningún tipo de derecho?”.
Según la Plataforma de Interinos, “estamos ante un problema que ha
generado la propia Administración y, por tanto, únicamente tiene dos
vías de solución: la política y la judicial”. En cuanto a la política,
teniendo en cuenta que el Acuerdo continúa incumpliendo la normativa
europea, la Plataforma de Interinos reclama la aplicación directa del
art. 61.6 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público,
que al hablar de los sistemas selectivos de funcionarios de carrera
establece que “solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter
excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la
valoración de méritos”.
“En caso contrario”, advierten, “la irresponsabilidad de la
Administración abocará a tener que acudir a la vía judicial (a la que
muchos ya han recurrido) a unos 900.000 empleados públicos temporales,
en la que ya numerosas sentencias nacionales vienen reconociendo el uso
abusivo y fraudulento de los nombramientos temporales para cubrir
necesidades estructurales y permanentes, pero que supondría un colapso
de Juzgados y tribunales, ralentizaría la Administración de Justicia y
redundaría en un perjuicio para los ciudadanos, que tendrán que hacer
frente a indemnizaciones por despido millonarias”. Por ello, exigen
responsabilidad a los dirigentes políticos, “entendiendo que incluso
podrían llegar a tener que responder de su nefasta gestión ante los
tribunales por responsabilidad patrimonial, ya que están perfectamente
informados de que sus actuaciones son contrarias a las normas europeas”.
“Sólo falta que después del ‘acuerdazo’ que han firmado las
organizaciones sindicales y que va a dejar a miles de empleados públicos
temporales de larga duración en la calle, con una mano adelante y otra
atrás, nos recomienden iniciar demandas de estabilidad y despido
utilizando sus servicios jurídicos a buen precio. Sería un negocio
redondo”, concluyen.
